Tema 16 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 4

Municipios, provincias e islas tienen en todo caso, en su esfera competencial: reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; ejecución forzosa y sancionadora; revisión de oficio; prerrogativas de la Hacienda Pública e inembargabilidad de sus bienes y derechos. A otras entidades locales, las que concreten las leyes autonómicas; a las mancomunidades, las de sus Estatutos o, en su defecto, todas las precisas.

Artículo 46

Órganos colegiados: sesiones ordinarias y extraordinarias, que pueden ser urgentes. Pleno ordinario: cada mes (más de 20.000 hab. y Diputaciones), cada dos meses (5.001 a 20.000), cada tres (hasta 5.000). Extraordinario: lo decide el Presidente o lo pide 1/4 del número legal (máx. 3 por concejal al año), sin demora de más de 15 días hábiles; si no, queda convocado el 10.º día hábil siguiente a las 12 h. Convocatoria con 2 días hábiles. Quórum: 1/3, nunca menos de 3. Empate: nueva votación y voto de calidad. Sesiones a distancia en situaciones excepcionales.

Artículo 47

Regla general: mayoría simple de los miembros presentes (más votos afirmativos que negativos). Mayoría absoluta del número legal de miembros para las materias del apartado 2, entre ellas: concesión de bienes o servicios por más de cinco años si excede del 20 % de los recursos ordinarios; operaciones financieras, quitas o esperas si superan el 10 %; enajenación de bienes si excede del 20 %; cesión gratuita de bienes a otras Administraciones. En los municipios del artículo 121 rige el artículo 123.2.

Artículo 48

Cuando sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la solicitud se cursa por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma. Si el dictamen lo deben pedir conjuntamente entidades de distintas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursa por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas, a petición de la entidad de mayor población.

Artículo 49

Procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales: a) aprobación inicial por el Pleno; b) información pública y audiencia a los interesados durante un plazo mínimo de treinta días para reclamaciones y sugerencias; c) resolución de las presentadas en plazo y aprobación definitiva por el Pleno. Si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo provisional se entiende definitivamente adoptado.

Artículo 50

Conflictos de atribuciones en una misma Corporación: los resuelve el Pleno si afectan a órganos colegiados, sus miembros o entidades del artículo 45; el Alcalde o Presidente, en los demás. Conflictos de competencias entre entidades locales: la Comunidad Autónoma si son de la misma y el Estado si son de distinta, previa audiencia de las Comunidades afectadas; cabe recurso contencioso-administrativo. Deslinde entre municipios de distintas Comunidades: el Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de municipios y Comunidades y dictamen del Consejo de Estado.

Artículo 51

Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos. Hay dos salvedades: que una disposición legal establezca lo contrario o que se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.

Artículo 52

Contra los actos y acuerdos locales que ponen fin a la vía administrativa cabe acudir a la jurisdicción competente, con recurso de reposición previo y potestativo. Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno (salvo que una ley sectorial exija aprobación ulterior del Estado o de la comunidad autónoma, o proceda recurso ante estas en los supuestos del art. 27.2); las de órganos inferiores que resuelvan por delegación de esos órganos; y las de cualquier otro órgano si lo establece una disposición legal.

Artículo 53

Las Corporaciones locales pueden revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común establece para la Administración del Estado. Todo ello sin perjuicio de las previsiones específicas de los artículos 65, 67 y 110 de la propia Ley 7/1985.

Artículo 54

Las entidades locales responden directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes. La responsabilidad se exige en los términos de la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

Artículo 55

Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, según el principio de lealtad institucional, deben en sus relaciones recíprocas: a) respetar el ejercicio legítimo de competencias ajenas y sus consecuencias; b) ponderar todos los intereses públicos implicados, también los encomendados a otras; c) valorar el impacto presupuestario y financiero de sus actuaciones; d) facilitar la información relevante sobre la propia gestión; e) prestar, en su ámbito, cooperación y asistencia activas.

Artículo 56

Las entidades locales deben remitir al Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y forma reglamentarios, copia o extracto comprensivo de sus actos y acuerdos; responden los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios. Estado y Comunidades Autónomas pueden recabar información concreta sobre la actividad municipal, incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes. A su vez, deben facilitar a los representantes legales locales el acceso a sus instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.

Artículo 57

La cooperación económica, técnica y administrativa de la Administración local con el Estado y las Comunidades Autónomas es voluntaria, mediante consorcios o convenios, y cada acuerdo se comunica a las Administraciones interesadas no intervinientes. Debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y cumplir la estabilidad presupuestaria. El consorcio solo cabe si no puede usarse un convenio, sin arriesgar la sostenibilidad financiera ni demandar más recursos de los previstos. Tras una emergencia civil por catástrofes, las entidades locales pueden aportar medios a las afectadas.

Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas

Artículo 58

Las leyes estatales o autonómicas pueden crear órganos de colaboración con las entidades locales, únicamente deliberantes o consultivos, de ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial. El Gobierno puede crear en cada Comunidad Autónoma una Comisión Territorial de Administración Local. Quien apruebe instrumentos de planificación debe dar participación a las demás Administraciones. El informe previo de los municipios es requisito indispensable en concesiones o autorizaciones sobre el dominio público situado en su territorio.

Artículo 59

En los supuestos del artículo 10.2, y si no bastan los procedimientos de los artículos anteriores, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas pueden atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo de Gobierno la facultad de coordinar la Administración Local, en especial a las Diputaciones Provinciales. Se coordina mediante planes sectoriales de objetivos y prioridades, en cuyo marco actúan las entidades locales. La Ley debe precisar condiciones, límites y el control que se reserven las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas.

Artículo 60

Si una entidad local incumple obligaciones impuestas directamente por la Ley, el incumplimiento afecta a competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma y su cobertura económica está legal o presupuestariamente garantizada, la Administración afectada, según su ámbito competencial, le recordará su cumplimiento concediéndole el plazo necesario, nunca inferior a un mes. Si el incumplimiento persiste, se adoptarán las medidas necesarias para cumplir la obligación a costa y en sustitución de la entidad local.

Artículo 61

El Consejo de Ministros puede disolver, mediante real decreto, los órganos de las corporaciones locales por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que incumpla obligaciones constitucionales. Actúa por iniciativa propia, con conocimiento del Consejo de Gobierno autonómico, o a su solicitud; en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. Es dañoso en todo caso apoyar de forma reiterada y grave al terrorismo, enaltecerlo o justificarlo, o menospreciar o humillar a las víctimas o sus familiares. Después rige la legislación electoral, si procede.

Artículo 62

Cuando la naturaleza de la actividad haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias, las Leyes reguladoras de la acción pública en esa materia asegurarán, en todo caso, a las entidades locales su participación o integración en actuaciones o procedimientos conjuntos con la Administración del Estado y/o la de la Comunidad Autónoma, atribuyéndole a una de éstas la decisión final. Estas técnicas nunca podrán afectar a la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local.

Artículo 63

Además de los legitimados por el régimen general del contencioso-administrativo, pueden impugnar los actos y acuerdos locales contrarios al ordenamiento: la Administración del Estado y la autonómica, en los casos y términos de este Capítulo, y los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra. Las entidades locales territoriales pueden impugnar disposiciones y actos estatales o autonómicos que lesionen su autonomía y, en los términos del artículo 119, promover la impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes estatales o autonómicas que la lesionen.

Artículo 64

La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas pueden pedir ampliación de la información del artículo 56.1. Debe remitirse en el plazo máximo de veinte días hábiles; en el caso del artículo 67, cinco días hábiles. Mientras tanto se suspende el cómputo de los plazos de los artículos 65.2 y 67.1, que se reanudan a partir de la recepción de la documentación interesada.

Artículo 65

Si el Estado o la Comunidad Autónoma considera que un acto local infringe el ordenamiento, puede requerir a la entidad, invocando expresamente este artículo, para que lo anule en el plazo máximo de un mes. El requerimiento debe ser motivado, expresar la normativa vulnerada y formularse en quince días hábiles desde la recepción de la comunicación del acuerdo. Luego puede impugnarlo en vía contencioso-administrativa, en el plazo de su Ley, contado desde el vencimiento del requerimiento o la recepción del rechazo. También puede impugnarlo directamente, sin requerimiento.

Artículo 66

Los actos o acuerdos locales que menoscaben competencias del Estado o de las CCAA, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia local pueden impugnarse por cualquiera de los procedimientos del artículo anterior. La impugnación precisará la lesión o extralimitación y las normas vulneradas. Si pide expresamente la suspensión, razonada en el interés general o comunitario, el Tribunal, si la estima fundada, la acordará en el primer trámite subsiguiente; a instancia de la entidad local y oyendo a la Administración demandante, podrá alzarla en cualquier momento, en todo o en parte.

Artículo 67

Si una Entidad local adopta actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento de anulación al Presidente de la Corporación hecho dentro de los diez días siguientes a su recepción, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes. El plazo dado al Presidente no puede superar cinco días; la suspensión se ejerce en diez días desde el fin de ese plazo o desde la respuesta del Presidente, si es anterior. Suspendido el acto, el Delegado debe impugnarlo en diez días ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 68

Las entidades locales están obligadas a ejercer las acciones necesarias para defender sus bienes y derechos. Cualquier vecino en pleno goce de sus derechos civiles y políticos puede requerirles su ejercicio; el requerimiento se comunica a los posibles afectados y suspende el plazo de las acciones por treinta días hábiles. Si en esos treinta días la entidad no acuerda ejercerlas, los vecinos pueden ejercitarlas en nombre e interés de la entidad. Si la acción prospera, el actor tiene derecho al reembolso de las costas procesales y a la indemnización de los daños y perjuicios.

Artículo 69

Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Las formas, medios y procedimientos de participación que establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión de los órganos representativos regulados por la Ley.

Artículo 70

Las sesiones del Pleno son públicas, pero el debate y votación de asuntos que afecten al derecho del artículo 18.1 CE podrán ser secretos si así se acuerda por mayoría absoluta. Las de la Junta de Gobierno Local, no. Las ordenanzas se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta su publicación completa y el plazo del artículo 65.2, salvo presupuestos y ordenanzas fiscales. Los ciudadanos pueden obtener copias y certificaciones de acuerdos y consultar archivos; denegarlo o limitarlo por seguridad y defensa del Estado, delitos o intimidad exige resolución motivada.

Artículo 70 bis

Los ayuntamientos regulan en normas orgánicas procedimientos y órganos de participación vecinal, en el municipio y en los distritos. Iniciativa popular: la ejercen los vecinos con sufragio activo municipal; firmas mínimas: 20 % hasta 5.000 hab., 15 % de 5.001 a 20.000 y 10 % desde 20.001. Se debate y vota en el Pleno, con informe de legalidad del secretario (y del interventor si tiene contenido económico); en los municipios del art. 121, secretario general del Pleno e Interventor general. Puede incluir consulta popular (art. 71). Impulso de las TIC y ventanilla única de servicios.

Artículo 70 ter

Las Administraciones con competencias urbanísticas tendrán a disposición de quien lo pida copias completas de los instrumentos vigentes, documentos de gestión y convenios, y publicarán por medios telemáticos su contenido actualizado y los actos de tramitación relevantes. En municipios menores de 5.000 habitantes podrá publicarse a través de entes supramunicipales de asistencia técnica. Si una alteración no integral aumenta edificabilidad o densidad o cambia usos, constarán los propietarios y titulares de derechos reales de los cinco años anteriores.

Artículo 70 quater

Las Entidades Locales deben facilitar el acceso a los servicios públicos promoviendo las tecnologías de la información, y elaborarán planes para implementar mecanismos digitales que faciliten el acceso de vecinos y empresas. Deben crear y mantener un portal de internet de información y de acceso a los servicios públicos digitalizados, en el que publicarán la información que consideren adecuada y, en su caso, la relación de servicios accesibles o sus vínculos. En municipios de menos de 20.000 habitantes se prestarán con las adaptaciones y plazos que determine la legislación autonómica.

Artículo 71

Los Alcaldes pueden someter a consulta popular asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos. Requisitos: previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma cuando esta tenga competencia estatutariamente atribuida. Quedan excluidos los asuntos relativos a la Hacienda local.

Artículo 72

Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos: les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas, e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del artículo 69.2. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.

Artículo 73

La legislación electoral regula el número de miembros de las Corporaciones locales, su elección, mandato, inelegibilidad e incompatibilidad. Tras tomar posesión gozan de honores y prerrogativas y deben cumplir sus deberes. Se constituyen en grupos políticos; quien no se integra en el de su formación o lo abandona es miembro no adscrito, sin más derechos que en su grupo de procedencia (salvo coaliciones). El Pleno puede asignar a los grupos una dotación con componente fijo igual para todos y otro variable según miembros, que no puede pagar personal ni activos fijos patrimoniales.

Artículo 74

Quedan en servicios especiales los miembros de las Corporaciones locales que sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos, y los funcionarios de carrera de otras Administraciones que desempeñen en ella un cargo retribuido y de dedicación exclusiva. En ambos casos la Corporación abona las cotizaciones de las mutualidades obligatorias, incluidas las cuotas de clases pasivas. Al personal laboral, idénticas reglas. Quien no tenga dedicación exclusiva tiene garantizada durante el mandato la permanencia en su centro de trabajo, sin traslados ni concursos forzosos.

Artículo 75

Cobran retribuciones los miembros con dedicación exclusiva (con alta en la Seguridad Social e incompatibles con otras retribuciones públicas) y los de dedicación parcial por el tiempo efectivo. Solo quien no tiene dedicación exclusiva ni parcial cobra asistencias. Todos cobran indemnizaciones por gastos efectivos. Declaran incompatibilidades, actividades y bienes antes de tomar posesión, al cese, al final del mandato y si cambian las circunstancias (Registro de Actividades y de Bienes Patrimoniales). Dos años de limitaciones tras el mandato si hubo responsabilidades ejecutivas.

Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales

Los Presupuestos Generales del Estado fijan cada año el límite máximo que pueden cobrar los miembros de las Corporaciones Locales por retribuciones y asistencias (sin contar trienios de funcionarios en servicios especiales), según la tabla referida a Secretario de Estado: íntegro en más de 500.000 habitantes y con reducciones del 10 % al 60 %. Por debajo de 1.000 no hay dedicación exclusiva, solo parcial excepcional. Presidentes de Diputación: tope del Alcalde del municipio más poblado de la provincia; Cabildos y Consejos Insulares: 100 %, 70 % o 50 % de ese tope según población.

Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva

Limita cuántos miembros de un Ayuntamiento pueden tener dedicación exclusiva según su población: ninguno por debajo de 1.000 habitantes, uno entre 1.001 y 2.000, y así hasta 25 entre 700.001 y 1.000.000; Madrid 45 y Barcelona 32. En las Diputaciones, el mismo número que el tramo del municipio más poblado de la provincia. En Cabildos y Consejos Insulares: islas de más de 800.000 habitantes, 2 menos que el número actual de miembros; en las de menos, el 60 % de los cargos electos.

Artículo 76

Además de las causas de incompatibilidad que fije la Ley, los miembros de las Corporaciones locales deben abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de un asunto cuando concurra alguna causa de la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. Si intervienen pese a ello, los actos en que participen serán inválidos cuando su actuación haya sido determinante.

Artículo 77

Todos los miembros de las Corporaciones locales pueden obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno los antecedentes, datos o informaciones que tengan los servicios de la Corporación y que necesiten para su función. La solicitud se resuelve motivadamente en los cinco días naturales siguientes a su presentación.

Artículo 78

Los miembros de las Corporaciones locales responden civil y penalmente por actos y omisiones en el ejercicio del cargo, ante los Tribunales de Justicia competentes y por el procedimiento ordinario aplicable. De los acuerdos responden quienes los votaron favorablemente. La Corporación puede exigirles responsabilidad si por dolo o culpa grave causaron daños a ella o a terceros indemnizados por ella. Los Presidentes pueden multarlos por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de obligaciones, según la Ley autonómica y, supletoriamente, la estatal.

Artículo 79

El patrimonio de las entidades locales es el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen. Sus bienes son de dominio público o patrimoniales. Son de dominio público los destinados a un uso o servicio público, y son comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

Artículo 80

Los bienes comunales y los demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a ningún tributo. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.

Artículo 81

Para alterar la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales hace falta un expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante, la alteración es automática en dos casos: la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios, y la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos.

Artículo 82

Las entidades locales tienen dos prerrogativas sobre sus bienes. La primera es recuperar por sí mismas su posesión: en cualquier momento los de dominio público y en el plazo de un año los patrimoniales. La segunda es el deslinde, que se ajusta a la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, a la de montes.

Artículo 83

Artículo 84

Las Entidades locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos mediante: a) ordenanzas y bandos; b) previa licencia y otros controles preventivos (salvo lo dispuesto en la Ley 17/2009 para actividades de servicios); c) comunicación previa o declaración responsable; d) control posterior al inicio de la actividad; e) órdenes individuales de mandato o prohibición. La intervención se ajusta a igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad. Las licencias de otras Administraciones no eximen de obtener las licencias locales.

Artículo 84 bis

Por regla general, las actividades no se someten a licencia ni a control preventivo. Cabe exigirlo a actividades económicas por orden público, seguridad pública, salud pública o medio ambiente no salvaguardables con declaración responsable o comunicación, o si el número de operadores es limitado. Las instalaciones solo requieren autorización si lo establece una Ley; el riesgo se evalúa, entre otras, por potencia, aforo, ruido, aguas residuales, materiales inflamables y patrimonio histórico. Con licencias concurrentes, la Entidad Local motiva el interés general concreto.

Artículo 84 ter

Cuando una actividad no precisa autorización habilitante y previa, las Entidades locales deben establecer y planificar dos tipos de procedimientos: los de comunicación necesarios y los de verificación posterior del cumplimiento, por los interesados, de los requisitos precisos para ejercerla previstos en la legislación sectorial.

Artículo 85

Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. Se gestionan de la forma más sostenible y eficiente entre: gestión directa (propia Entidad Local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital público) o gestión indirecta (formas del contrato de gestión de servicios públicos). La entidad pública empresarial y la sociedad mercantil solo caben si una memoria justificativa acredita que son más sostenibles y eficientes; la memoria se eleva al Pleno y se recaba informe del interventor local.

Artículo 85 bis

Organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales se rigen por los arts. 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, con especialidades: el Pleno los crea, modifica, refunde y suprime y aprueba sus estatutos; quedan adscritos a una Concejalía, Área u órgano equivalente (las EPE también a un organismo autónomo); el máximo directivo ha de ser titulado superior (el profesional privado, con más de cinco años de ejercicio); consejo rector en los organismos autónomos y consejo de administración en las EPE. Los estatutos se aprueban y publican antes de su funcionamiento efectivo.

Artículo 85 ter

Las sociedades mercantiles locales se rigen íntegramente, sea cual sea su forma jurídica, por Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una de las formas del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010, de 2 de julio); la escritura de constitución fija el capital que aportan las Administraciones o entidades del sector público titulares. Los estatutos determinan la designación y funcionamiento de la Junta General, del Consejo de Administración y de los máximos órganos de dirección.

Artículo 86

Las Entidades Locales pueden ejercer la iniciativa pública en actividades económicas si está garantizada la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. El expediente incluye un análisis del mercado y lo aprueba el Pleno, que fija la forma de gestión. Se reservan a las Entidades Locales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. El monopolio exige además la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma. El Estado puede impugnarlos si incumplen la estabilidad presupuestaria.

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

El personal al servicio de las entidades locales está integrado por tres clases: funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual, que es el que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

Artículo 90

Cada Corporación local aprueba cada año, a través del Presupuesto, la plantilla, con todos los puestos reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Responde a racionalidad, economía y eficiencia, se ajusta a la ordenación general de la economía y los gastos de personal no pueden rebasar los límites generales. Las Corporaciones forman la relación de puestos de trabajo; el Estado fija las normas para confeccionarla, los puestos tipo y la carrera administrativa. Los Registros de personal, según normas del Gobierno, determinan las nóminas.

Artículo 91

Las Corporaciones locales forman públicamente su oferta de empleo según los criterios de la normativa básica estatal. La selección de todo el personal, funcionario o laboral, se hace de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y por concurso, oposición o concurso-oposición libre, garantizando en todo caso igualdad, mérito y capacidad, así como publicidad.

Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local

En lo no dispuesto en esta Ley, los funcionarios locales se rigen por el EBEP (Ley 7/2007), la restante legislación estatal de función pública y la autonómica (art. 149.1.18.ª CE). Con carácter general, los puestos de la Administración local y sus Organismos Autónomos los desempeña personal funcionario. Solo los funcionarios de carrera ejercen las funciones que impliquen participar directa o indirectamente en potestades públicas o en la salvaguardia de intereses generales, las de autoridad y las reservadas para garantizar objetividad, imparcialidad e independencia.

Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Secretaría (fe pública y asesoramiento legal preceptivo) y control y fiscalización interna, contabilidad, tesorería y recaudación son funciones reservadas a habilitados nacionales, en subescalas de Secretaría, Intervención-tesorería y Secretaría-intervención. El concurso estatal es la provisión normal (méritos: mínimo 80% generales, hasta 15% autonómicos, hasta 5% locales), con libre designación excepcional. Incoan la Corporación (leves), la CA (salvo muy graves) y el Ministerio (muy graves); sancionan el Ministro (muy graves), la CA (suspensión y destitución) y el órgano local (leves).

Artículo 93

Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tienen la misma estructura e idéntica cuantía que las fijadas con carácter general para toda la función pública. Las complementarias siguen la estructura y criterios de valoración objetiva del resto de funcionarios públicos; su cuantía global la fija el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que señale el Estado. Las Corporaciones reflejan anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones, en los términos de la legislación básica de función pública.

Artículo 94

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local es, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. También se les aplican las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.

Artículo 95

La participación de los funcionarios locales, a través de sus organizaciones sindicales, en la determinación de sus condiciones de empleo es la establecida con carácter general para todas las Administraciones Públicas en el Estatuto básico de la función pública.

Artículo 96

El Instituto de Estudios de Administración Local desarrollará cursos de perfeccionamiento, especialización y promoción para los funcionarios de las entidades locales. Colaborará en esas funciones con los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas y con las instituciones de este tipo que acuerden constituir las propias Corporaciones.

Artículo 97

Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de trabajo se publican en el «Boletín Oficial del Estado». Las bases se publican en el «Boletín Oficial de la Provincia», salvo las de las pruebas selectivas para obtener la habilitación de carácter nacional, que van al «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

La selección de los funcionarios es competencia de cada Corporación local, salvo la de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. No obstante, la Administración del Estado establece reglamentariamente: a) las reglas básicas y los programas mínimos del procedimiento de selección y formación; b) los títulos académicos exigidos para las pruebas selectivas y los Diplomas del Instituto de Estudios de Administración Local o de los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas que puedan exigirse como complemento.

Artículo 101

Los puestos vacantes que deban cubrir los funcionarios del artículo 100 se proveen en convocatoria pública por concurso de méritos o libre designación, según las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas. Además de los funcionarios propios de la entidad convocante, pueden participar funcionarios de cualquier Administración pública, supeditándose su participación a lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 102

Las pruebas de selección y los concursos de provisión de puestos del Capítulo se rigen por las bases que aprueba el Presidente de la Corporación, que también los convoca. En las pruebas selectivas, el tribunal u órgano similar eleva la relación de aprobados al Presidente, que hace el nombramiento. Al Presidente corresponde además la resolución motivada de los concursos de provisión, previa propuesta de esos órganos de selección.

Artículo 103

El personal laboral de las entidades locales lo selecciona la propia Corporación. Al hacerlo debe atenerse, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y respetar al máximo el principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos.

Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público local

Las Corporaciones locales aprueban cada año la masa salarial del personal laboral del sector público local, con los límites y condiciones básicos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Abarca la Entidad, sus organismos, entidades públicas empresariales, entes y sociedades mercantiles dependientes, consorcios adscritos y fundaciones constituidas con aportación mayoritaria o cuyo patrimonio fundacional permanente proceda en más de un 50 por 100 de esas entidades. Se publica en la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia (o de la Comunidad uniprovincial) en 20 días.

Artículo 104

El Pleno de cada Corporación fija, al comienzo de su mandato, el número, características y retribuciones del personal eventual; solo puede modificarlo al aprobar los presupuestos anuales. Su nombramiento y cese son libres y corresponden al Alcalde o Presidente de la entidad local. Cesan automáticamente cuando cesa o expira el mandato de la autoridad a la que asesoran o prestan confianza. Nombramientos, retribuciones y dedicación se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el de la Corporación.

Artículo 104 bis. Personal eventual de las Entidades Locales

Límites de personal eventual por población: 2.000-5.000, uno excepcionalmente si no hay concejales con dedicación exclusiva; hasta 10.000, uno; hasta 20.000, dos; hasta 50.000, siete; hasta 75.000, la mitad de concejales; hasta 500.000, el número de concejales; más de 500.000, el 0,7% de la plantilla (más seis, doce o dieciocho en el municipio mayor de un Área Metropolitana). Diputaciones: como el municipio más poblado de la provincia. Publicación semestral e informe trimestral del Presidente al Pleno.

Artículo 105

1. De conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para cumplir los fines de las entidades locales. 2. Se nutren de tributos propios, de las participaciones reconocidas en los tributos del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, y de los otros recursos que prevea la Ley.

Artículo 106

Las entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos conforme a la legislación estatal de Haciendas locales y a las Leyes autonómicas en los supuestos que aquella prevea. Su potestad reglamentaria tributaria se ejerce mediante Ordenanzas fiscales (de sus tributos propios) y Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección, y pueden dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias. La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios es competencia suya, sin perjuicio de delegaciones y fórmulas de colaboración.

Artículo 107

1. Las Ordenanzas fiscales de los tributos locales empiezan a aplicarse al publicarse definitivamente en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que ellas mismas señalen otra fecha. 2. Obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.

Artículo 108

Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y de los demás ingresos de Derecho Público de las entidades locales (prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias) se formula el recurso de reposición específico de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En los municipios del título X de esta ley ese recurso es potestativo.

Artículo 109

Las deudas entre el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y sus entidades de Derecho público dependientes y las Entidades Locales, o viceversa, pueden extinguirse total o parcialmente por compensación si son vencidas, líquidas y exigibles, conforme a la normativa de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública. Igual cabe con las deudas de derecho público entre las Comunidades Autónomas y sus entidades dependientes y las entidades o sociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las Entidades Locales.

Artículo 110

1. El Pleno de la Corporación declara la nulidad de pleno derecho y revisa los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y por el procedimiento de los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 2. En los demás casos, las entidades locales no pueden anular sus propios actos declarativos de derechos: su revisión exige la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Artículo 111

Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, y las modificaciones de las Ordenanzas fiscales, se aprueban, publican y entran en vigor conforme a las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales. No se les aplica lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la propia Ley 7/1985.

Artículo 112

Las entidades locales aprueban cada año un presupuesto único con las obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos previstos del ejercicio. Coincide con el año natural e integra el de la entidad y los de sus organismos y empresas dependientes. El Estado fija su estructura. Tras la aprobación inicial se expone al público para reclamaciones; el definitivo se inserta en el Boletín de la Corporación, si lo tuviera, y resumido en el de la Provincia. El Pleno lo aprueba definitivamente antes del 31 de diciembre del año anterior; si no, se prorroga automáticamente el anterior.

Artículo 113

Contra los actos que ponen fin a las reclamaciones sobre acuerdos de las Corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo. El Tribunal de Cuentas debe informar siempre que la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. Ni ese recurso ni las reclamaciones de los artículos 49, 108 y 112.3 suspenden por sí solos la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Artículo 114

Todas las entidades locales quedan sometidas al régimen de contabilidad pública. El plan de cuentas de las entidades locales lo establece, con carácter general, la Administración del Estado.

Artículo 115

La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica que lo regula y sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en ella.

Artículo 116

Las cuentas anuales se someten antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, formada por miembros de los distintos grupos políticos de la Corporación. Antes de que las apruebe el Pleno, se someten a información pública para que puedan formularse reclamaciones, reparos u observaciones. Además, puede denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas.

Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero

Si una corporación incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de deuda pública o la regla de gasto, su plan económico-financiero incluirá al menos: supresión de competencias distintas de las propias y delegadas; gestión integrada o coordinada de servicios obligatorios; incremento de ingresos; racionalización organizativa; supresión de entidades inferiores al municipio incumplidoras o cuyo período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el máximo, y propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios

Todas las Entidades Locales calculan antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes del ejercicio inmediato anterior. El cálculo tiene en cuenta los costes reales directos e indirectos; los criterios se desarrollan por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los costes se comunican a ese Ministerio para su publicación.

Artículo 117

Órgano permanente de colaboración entre la Administración General del Estado y la local. La preside el Ministro de Administraciones Públicas, con igual número de representantes locales (los designa la asociación estatal con mayor implantación) y estatales; se regula por real decreto. La convoca su Presidente, de oficio o a solicitud local. El Pleno delega en Subcomisiones salvo informar anteproyectos sobre normativa básica local, Haciendas Locales y Leyes Orgánicas que afecten a la Administración Local.

Artículo 118

La Comisión emite informe sobre: anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones del Estado en materias que afecten a la Administración local; criterios para autorizar operaciones de endeudamiento de las Corporaciones locales; y, previamente, los supuestos en que el Consejo de Ministros acuerde aplicar el artículo 61. Además hace propuestas y sugerencias al Gobierno, en especial sobre competencias, subvenciones y transferencias del Estado, participación en los tributos del Estado y Presupuestos Generales. Puede pedir estudios e informes al Instituto de Estudios de Administración Local.

Artículo 119

La Comisión puede pedir a los órganos constitucionalmente legitimados que impugnen ante el Tribunal Constitucional las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas que estime lesivas para la autonomía local garantizada constitucionalmente. La misma solicitud puede hacerla la representación de las entidades locales en la Comisión.

Artículo 120

El Instituto de Estudios de Administración Local, adscrito al Ministerio de Administración Territorial, es entidad de Derecho público con personalidad, patrimonio propio y plena autonomía funcional. Fines: investigación, estudio, información y difusión en materia local, y selección y formación de funcionarios locales. Órganos de gobierno: Director y Consejo Rector. El Consejo Rector aprueba presupuesto, programa y Memoria anuales; lo preside el Director, con 8 representantes locales, 3 autonómicos y 5 estatales. Su Reglamento lo aprueba el Ministerio a propuesta del Consejo Rector.

Artículo 120 bis

El Estado impulsará la colaboración con las comunidades autónomas para crear órganos de cooperación conjuntos en materia de régimen local, bien bajo la forma jurídica de Conferencia Sectorial, bien de otra naturaleza, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 1. Regulación jurídica de los bienes

Artículo 2. Clasificación de bienes

Artículo 3. Carácter de los bienes de dominio público

Los bienes de dominio público, incluidos los comunales, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. Esas notas se mantienen mientras los bienes conserven su carácter, y el artículo las enuncia de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 4. Centros docentes

Los edificios públicos destinados a centros de educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial son de titularidad de las entidades locales. Si la Administración educativa decide impartir en ellos educación secundaria, formación profesional u otras enseñanzas no universitarias por necesidades de escolarización, la titularidad no cambia, sin perjuicio del régimen de conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros docentes que resulte de aplicación según la normativa vigente.

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes

Las entidades locales acuerdan la alteración de la calificación jurídica de sus bienes, previo expediente que acredite su oportunidad o necesidad. La alteración es automática en tres supuestos: aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y de proyectos de obras y servicios (en estos, si así se manifiesta en el acuerdo plenario); adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público o comunal; y adquisición por usucapión, con arreglo al Derecho Civil, de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal.

Artículo 6. Desafectación de bienes comunales

Los bienes comunales solo pueden desafectarse cuando no hayan sido objeto de disfrute comunal por un tiempo superior a los últimos diez años continuados, aunque en alguno de ellos haya habido actos aislados de aprovechamiento. Se requiere acuerdo de la entidad local con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa información pública por plazo de un mes.

Artículo 7. Mutación demanial

La mutación demanial se produce por el cambio de destino de un bien que sea de dominio público, por el procedimiento que reglamentariamente se determine. El artículo cita en particular dos supuestos: la alteración del uso o servicio al que estuviere destinado el bien y la concurrencia de afectaciones que fueren compatibles.

Artículo 7 bis. Mutación demanial externa

Las entidades locales de Andalucía pueden afectar bienes y derechos demaniales de su patrimonio a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a otras administraciones públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. Esta mutación no altera la titularidad de los bienes ni su carácter demanial. Se aplica a esas administraciones cuando prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a las entidades locales de Andalucía para un uso o servicio público de su competencia.

Artículo 7 ter. Mutación demanial subjetiva

La titularidad de los bienes y derechos demaniales locales puede transmitirse a otras Administraciones públicas para un uso general o servicio público de su competencia. Se formaliza en documento administrativo firmado por los representantes de ambas, título suficiente para la inscripción registral. Gastos y tributos son, en todo caso, de la Administración beneficiaria. Si el bien no se destina al fin en plazo, deja de estarlo, se niega su inspección, se incumplen condiciones o llega el término, revierte a la entidad local. El derecho de reversión se inscribe en el Registro de la Propiedad.

Artículo 8. Adquisición de bienes y derechos

Las entidades locales pueden adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos, y también ejercitar las acciones pertinentes para la defensa de su patrimonio. Todo ello de conformidad con lo establecido en la propia Ley 7/1999 y en la demás normativa que resulte de aplicación.

Artículo 9. Adquisición onerosa o lucrativa

Las entidades locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso o lucrativo, de derecho público o de derecho privado, de conformidad con el ordenamiento jurídico. El artículo menciona en particular cuatro: expropiación forzosa, cesión de naturaleza urbanística, prescripción adquisitiva y sucesión administrativa, esta última especialmente a consecuencia de modificaciones de términos municipales o transferencias de competencias de otras Administraciones.

Artículo 10. Procedimiento de adquisición

La adquisición onerosa se rige, en preparación y adjudicación, por la normativa de contratación de las Administraciones Públicas. Lo habitual es el concurso; cabe el negociado por singularidad histórica, cultural, artística o técnica del bien, por circunstancias imprevisibles que hagan inaplazable la adquisición o si el precio no excede de 3.000.000 de pesetas. En el negociado constan: memoria justificativa (supuestos a y b), informe autonómico para bienes históricos o artísticos, valoración pericial de los inmuebles y comunicación a la Consejería si son valores mobiliarios.

Artículo 11. Adquisición gratuita

La adquisición gratuita no está sujeta a restricción alguna; si lleva aneja condición, modo o carga, exige expediente que acredite que el valor del gravamen no excede del valor de lo adquirido. La herencia se acepta en todo caso a beneficio de inventario. La aceptación expresa es del presidente si es incondicional y del pleno si hay condiciones. Renunciar a herencias, legados o donaciones exige acuerdo del pleno, previo expediente: mayoría absoluta del número legal de miembros si la cuantía excede del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y simple en los demás supuestos.

Artículo 12. Cesión temporal de bienes

Artículo 13. Adquisición condicional y modal

Si la entidad local adquirió bienes bajo condición o modalidad de afectación permanente a determinados destinos, estas se entienden cumplidas y consumadas cuando los bienes hayan servido a esos destinos durante treinta años, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público, de acuerdo con la normativa estatal. También se entienden cumplidas si los bienes se destinan con posterioridad a finalidades análogas a las fijadas en el acto de adquisición.

Artículo 14. Sucesión administrativa

Hay sucesión administrativa en la titularidad de los bienes de las entidades locales en dos casos: cuando se modifique el ámbito territorial, de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes, y cuando se transfieran competencias de otra Administración Pública a una entidad local con traspaso aparejado de los bienes afectos a su ejercicio. La sucesión comprende los bienes de dominio público y los patrimoniales afectados por la modificación.

Artículo 15. Adquisición por expropiación

La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa se rige por su normativa específica. Los bienes y derechos así adquiridos quedan incorporados al patrimonio de la entidad local y, en su caso, afectados al uso o servicio público por razón del fin que haya justificado la expropiación.

Artículo 16. Enajenación de bienes

La enajenación, gravamen o permuta de inmuebles patrimoniales exige determinar su situación física y jurídica, deslindarlos si es necesario, inscribirlos en el Registro de la Propiedad y valorarlos por técnico competente. El importe no puede financiar gastos corrientes, salvo parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o bienes no utilizables en servicios locales. No se enajenan bienes en litigio, salvo que el adquirente asuma expresamente el riesgo. Para valores mobiliarios o participaciones se exige informe de la Consejería de Economía y Hacienda en un mes, favorable si no se emite.

Artículo 17. Enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo

Artículo 18. Competencia para enajenar

Enajenar, gravar o permutar bienes corresponde al Presidente de la entidad o al Pleno. Cuál de los dos decide en cada caso depende de la distribución de competencias que establezca la legislación Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 19. Regulación de la enajenación

La enajenación de bienes patrimoniales se rige, en lo que toca a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas.

Artículo 20. Formas de enajenación

Artículo 21. Procedimiento de adjudicación directa

La adjudicación directa de bienes patrimoniales se aplica a: parcelas sobrantes por planes urbanísticos; subastas o concursos fallidos, sin modificar condiciones y culminando en un año desde el acuerdo que lo declare; inmuebles de precio inferior a 18.000 euros; bienes no utilizables valorados técnicamente; ejercicio de un derecho reconocido en norma; actos entre administraciones y sus entidades; sociedades de capital público mayoritario; entidades sin ánimo de lucro de utilidad pública; fincas rústicas vendidas a un colindante; venta a copropietarios, y al ocupante por razones excepcionales.

Artículo 22. Parcelas sobrantes

Las parcelas sobrantes del artículo 21.a) se enajenan al propietario o propietarios colindantes o se permutan con terrenos de su propiedad. Si los colindantes son varios, la venta o permuta se hace de modo que las parcelas resultantes se ajusten al criterio más racional de ordenación del suelo, previo dictamen técnico. Si algún propietario se niega a adquirir la parcela que le corresponde, la entidad local puede expropiarle su terreno para regularizar o normalizar la configuración de las fincas conforme al planeamiento urbanístico.

Artículo 23. Aportación de bienes

Las entidades locales pueden aportar, previa valoración, la propiedad u otros derechos reales sobre bienes patrimoniales a sus entes públicos, sociedades mercantiles participadas, cooperativas y sociedades civiles; su responsabilidad se limita a lo que conste en la escritura de constitución. La adscripción de bienes afectos a un servicio público no transmite la titularidad demanial. A las sociedades participadas cabe aportar la concesión demanial valorada, con canon; exige informe jurídico, estudio económico financiero con tasación pericial y mayoría absoluta del número legal de miembros.

Artículo 24. Permuta de bienes

Las entidades locales pueden permutar bienes inmuebles patrimoniales previa tramitación de expediente que acredite su necesidad, siempre que la diferencia de valor entre los bienes no sea superior al cuarenta por ciento del que lo tenga mayor y observando en todo caso los requisitos del artículo 16 de la Ley. La diferencia de valores debe compensarse económicamente.

Artículo 25. Permuta de cosa futura

Cabe permutar inmuebles patrimoniales por bienes futuros si estos son determinados o determinables sin nuevo convenio y consta racionalmente que llegarán a existir. El permutante presta aval suficiente por el valor del bien, previa tasación pericial del técnico designado por la entidad local; se cancela cuando el bien futuro exista y se haya consumado la permuta. No se exige aval con otras Administraciones Públicas o entidades públicas dependientes o vinculadas. No cabe enajenar inmuebles a cambio de obras, salvo para gestionar una actuación sistemática prevista en el planeamiento urbanístico.

Artículo 26. Cesión gratuita de bienes

Las entidades locales pueden ceder sus bienes patrimoniales de forma total o parcialmente gratuita a dos tipos de destinatarios: otras Administraciones o entidades públicas, y entidades privadas declaradas de interés público, siempre que estas los destinen a fines de utilidad pública o interés social que cumplan o contribuyan al cumplimiento de los propios de la entidad local.

Artículo 27. Destino de los bienes cedidos

Si el inmueble cedido no se destina al uso previsto en plazo, o deja de estarlo, revierte a la entidad local con las mejoras; esta cobra, previa tasación pericial, los detrimentos. Si no se estipula otra cosa, los fines se cumplen en un máximo de cinco años y el destino se mantiene los treinta siguientes. La reversión automática debe constar expresamente; basta acta notarial, notificada con requerimiento de entrega. La cesión se formaliza en escritura pública o documento administrativo, se inscribe en el Registro de la Propiedad y se notifica a la Consejería de Gobernación y Justicia.

Artículo 28. Destino del dominio público

El destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos. No obstante, pueden ser objeto de otros usos de interés general, siempre que sean compatibles con su afectación principal.

Artículo 29. Utilización de los bienes de dominio público

Los bienes de dominio público pueden utilizarse en dos modalidades: uso común (general o especial) y uso privativo. El uso común general corresponde por igual a todas las personas, cuando no concurren especiales circunstancias, sin que la utilización de unos impida la de otros. En el uso común especial concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares. El uso privativo consiste en ocupar una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás.

Artículo 30. Ejercicio del uso común y del uso privativo

El uso común general de los bienes de dominio público se ejerce libremente de acuerdo a su naturaleza y tiene carácter preferente frente a cualquier otro, especial o privado, que resulte incompatible con él. Las entidades locales deben posibilitarlo a las personas discapacitadas suprimiendo las barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten. El uso común especial se sujeta a licencia y el uso privativo requiere el otorgamiento de concesión administrativa.

Artículo 31. Formalización de la concesión

Las concesiones se formalizan en documento administrativo dentro de los treinta días siguientes al de la notificación de su adjudicación, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995. Pueden elevarse a escritura pública si lo solicita el concesionario, que corre con los gastos. El procedimiento de otorgamiento se regula reglamentariamente y puede iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada. Las concesiones se otorgan previa licitación y por tiempo determinado.

Artículo 32. Extinción de la concesión

Las concesiones sobre el dominio público no pueden exceder de setenta y cinco años. Se extinguen por vencimiento del plazo, pérdida física o jurídica del bien, desafectación del bien, mutuo acuerdo, revocación, resolución judicial, renuncia del concesionario, caducidad y cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas de la concesión. En todos esos supuestos la extinción requiere resolución administrativa, previa la tramitación de expediente.

Artículo 33. La revocación de la concesión

La revocación de la concesión puede fundarse en tres motivos: el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario, la aparición de circunstancias que de haber existido habrían justificado su denegación, o la adopción por la entidad local de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia de su extinción. La revocación fundada en nuevos criterios de apreciación comporta la indemnización de los daños y perjuicios que se causen, determinados en expediente contradictorio.

Artículo 34. Ocupaciones del dominio público en precario

Las ocupaciones del dominio público realizadas en precario sin determinación de plazo, y las simplemente toleradas, pueden ser dejadas sin efecto por la entidad local en cualquier momento y sin indemnización alguna.

Artículo 35. Uso común especial y privativo

Artículo 36. La cesión de uso de los bienes

El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales puede hacerse mediante subasta pública, concurso o procedimiento negociado. Los bienes patrimoniales deben administrarse con criterios de máxima rentabilidad. No obstante, las entidades locales pueden valorar motivaciones de índole social, cultural y deportiva, promoción urbanística o fomento del turismo u otras análogas, que hagan prevalecer una rentabilidad social por encima de la económica.

Artículo 37. Adjudicación de los arrendamientos

Cesiones de uso de bienes patrimoniales. Subasta: cuando el precio sea el único criterio y en cualquier otro caso sin concurso o negociado expresamente establecido. Concurso: viviendas de promoción o protección pública, fines de interés general, coparticipación de la entidad local en el uso, o características que deban valorarse y justificarse en el expediente. Negociado sin publicidad: duración inferior a cinco años o precio inferior a dos millones de pesetas al año; subasta o concurso fallidos (rebaja de hasta un diez por ciento, plazo de un año); urgencia; bienes complementarios.

Artículo 38. Formalización de la cesión

El documento en que se formaliza la cesión de uso es administrativo. No obstante, puede elevarse a escritura pública cuando lo solicite el cesionario, y en ese caso los gastos derivados de su otorgamiento son a su costa.

Artículo 39. Efectos y extinción de la cesión

Los efectos y la extinción del arrendamiento, o de cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales, se rigen por las normas de derecho privado que les sean de aplicación, según su naturaleza.

Artículo 40. Cesión de viviendas al personal de la corporación

Las entidades locales que, bajo cualquier título y en fincas de su pertenencia, tengan cedidas viviendas a su personal por razón de los servicios que presten darán por terminada la ocupación cuando se produzca la extinción de la relación de empleo o la excedencia voluntaria, o la extinción del título bajo el cual estuviera cedida la vivienda. Corresponde a la corporación acordar y ejecutar por sí misma el desahucio, previa instrucción del correspondiente expediente.

Artículo 41. Cesión gratuita temporal

Puede cederse el uso gratuito y temporal de un bien patrimonial, previa tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, y también a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro para esos mismos fines. Excepcionalmente, y por razones de interés público, caben cesiones en precario por plazo inferior a un año, acordadas por el presidente de la corporación; el transcurso del término concedido es título suficiente para proceder, en su caso, al desahucio administrativo.

Artículo 42. Regulación del aprovechamiento de los bienes

La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales corresponde al pleno de la corporación, que la ejerce en los términos que prevén la propia Ley 7/1999 y la legislación sectorial aplicable.

Artículo 43. Régimen de explotación de bienes comunales

El aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales se efectúa en régimen de explotación común o colectiva. Si no es posible, se realiza conforme a las ordenanzas locales o a la costumbre y, en defecto de estas, se adjudica por lotes entre los vecinos. Si tampoco es posible, los bienes se pueden arrendar o ceder mediante precio, de acuerdo con la normativa de contratación de las Administraciones Públicas y previa comunicación a la Consejería de Gobernación y Justicia. Los vecinos postores tienen preferencia, en igualdad de condiciones, sobre los que no tengan tal carácter.

Artículo 44. Regulación de aprovechamientos

Cada forma de aprovechamiento se ajusta a la normativa existente en la materia y, en su detalle, a las ordenanzas locales o a las normas consuetudinarias tradicionalmente observadas.

Artículo 45. Adjudicación mediante precio

En las adjudicaciones mediante precio, las entidades locales determinan el destino del producto obtenido. Al hacerlo dan preferencia, en lo posible, a la prestación de servicios que tengan directa relación con los beneficiarios del aprovechamiento comunal.

Artículo 46. Cesión del aprovechamiento

La cesión, por cualquier título, del aprovechamiento de bienes comunales debe acordarla el pleno de la corporación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

Artículo 47. Otros fines sociales

Puede delimitarse una parte de los bienes comunales para fines específicos, tales como enseñanza, recreo escolar, caza u otros fines que determinen las respectivas ordenanzas. La extensión de esos cotos y su régimen jurídico deben ajustarse a las previsiones de la legislación sectorial aplicable.

Artículo 48. Derecho de tanteo y retracto

Las entidades locales pueden ejercer el derecho de tanteo o retracto en las subastas de los aprovechamientos de sus bienes comunales con dos condiciones: que el aprovechamiento se adjudique en la máxima postura ofrecida por los licitadores y que sujeten a derrama o reparto vecinal la distribución del disfrute y el pago del remate.

Artículo 49. Planes de ordenación

La formación de los planes de ordenación y aprovechamiento de los bienes comunales de carácter forestal debe subordinarse a lo que disponga la normativa sectorial correspondiente.

Artículo 50. Otras formas de aprovechamiento

Las entidades locales fomentarán, de acuerdo con los vecinos titulares de los aprovechamientos, tres cosas: la industrialización y comercialización de los productos de sus bienes comunales, la reactivación económica y el fomento de la ocupación. El verbo es «fomentarán» y el acuerdo es con los vecinos titulares de los aprovechamientos.

Artículo 51. Obligaciones respecto a sus bienes

Las entidades locales tienen la obligación de conservar, proteger y mejorar sus bienes. Cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio histórico de Andalucía, las actuaciones de conservación, mantenimiento, custodia y mejora que les correspondan deberán sujetarse a lo previsto en su normativa específica.

Artículo 52. Conservación y mejora de los bienes

Los organismos autónomos y las sociedades civiles, mercantiles o cooperativas con bienes locales adscritos deben conservarlos y hacer las reparaciones y mejoras necesarias; igual obligación tienen concesionarios y cesionarios. Las mejoras revierten, salvo pacto contrario, en beneficio de los bienes, sin participación ni indemnización. Si el bien está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, la entidad local titular necesita previa autorización de la Consejería de Cultura para cambios, obras y cambios de uso.

Artículo 53. Deber de conservar y explotar los montes

Las entidades locales tienen la obligación de explotar los montes de su propiedad y de realizar su conservación y fomento. Todo ello con arreglo a lo establecido en la normativa específica sobre montes y aprovechamientos forestales.

Artículo 54. Repoblación de montes de las entidades locales

La repoblación forestal y la ordenación y mejora de los montes de su pertenencia corresponde a las entidades locales, con intervención de la Administración de la Comunidad Autónoma. Si actúa la entidad local, los proyectos y condiciones de ejecución requieren informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma. En defecto de actuación local, la Administración autonómica podrá repoblar por su cuenta, con opción de la entidad local a adquirir el monte formado reintegrando el capital invertido, con o sin interés y deducida, en su caso, la posible subvención.

Artículo 55. El aprovechamiento de otras riquezas

El aprovechamiento de la riqueza cinegética o piscícola, rústica o forestal se regula por dos bloques: la normativa sectorial aplicable y la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas. La entidad local podrá adjudicarse los aprovechamientos, a reserva de lo que establezca la normativa autonómica al respecto.

Artículo 56. Normas sobre administración del patrimonio

En la administración de su patrimonio, las entidades locales observarán las normas dictadas por los diversos órganos de las Administraciones estatal o autonómica en materia de sus respectivas competencias. Son las normas dictadas para el mejor aprovechamiento o régimen de bosques, montes, terrenos cultivables u otros bienes, cualquiera que fuese su naturaleza.

Artículo 57. El inventario general

Las entidades locales están obligadas a formar un inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. Además, se presumirá que un bien de dominio público, destinado a un uso o servicio público, pertenece a la entidad local en la forma prevista en la propia inscripción.

Artículo 58. El inventario consolidado

El inventario general consolidado se integra por cuatro inventarios parciales: a) el de bienes, derechos y obligaciones de la entidad local, incluidos los cedidos a otras Administraciones o a particulares que hayan de revertir a la entidad; b) el del patrimonio municipal del suelo; c) el del patrimonio histórico; y d) los de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia dependientes de la entidad local.

Artículo 59. Actualización del inventario

Las entidades locales deberán tener actualizado su inventario. Además, todo acto administrativo de adquisición, enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica de los bienes se anotará en el inventario.

Artículo 60. Rectificación del inventario

Artículo 61. Competencia

La aprobación, rectificación y comprobación del inventario general corresponde al pleno de la corporación. En los organismos autónomos y en los entes públicos con personalidad propia dependientes de la entidad local o vinculados a la misma, las aprobaciones, rectificaciones y comprobaciones se aprueban mediante acuerdo de sus respectivas asambleas u órganos superiores de gobierno, adoptados de conformidad con su normativa reguladora.

Artículo 62. Obligación de inscribir

Las entidades locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales susceptibles de ello, así como las actuaciones que incidan sobre los mismos. La inscripción se hará en la forma, modo y con los requisitos que establezca la normativa de aplicación.

Artículo 63. Enumeración de potestades

Las entidades locales tienen cuatro potestades: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. También podrán establecer e imponer sanciones, según la normativa sectorial aplicable o las ordenanzas locales, para la defensa de su patrimonio y para asegurar su adecuada utilización. Todo ello sin perjuicio de la normativa específica para cualquier tipo de bien. Con carácter general, los actos de iniciación, impulso y tramitación corresponden al Presidente de la Entidad, y los actos administrativos resolutorios, al Pleno de la Corporación.

Artículo 64. Extensión de la potestad de investigación

Investigar es una obligación de las entidades locales. Recae sobre la situación de los bienes y derechos que presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste inequívocamente, a fin de determinar la titularidad de los mismos o cuando exista controversia en los títulos de dominio. La obligación se extiende en todo caso a los bienes demaniales.

Artículo 65. La facultad de deslinde

Las entidades locales pueden promover y ejecutar el deslinde total o parcial de sus bienes inmuebles cuando los límites sean imprecisos o existan indicios de usurpación. Se inicia de oficio o a instancia de persona interesada; en ambos casos lo acuerda el pleno y se notifica a los interesados según el procedimiento reglamentario. Adoptado el acuerdo inicial, se comunica al Registro de la Propiedad si la finca está inscrita, para que se extienda nota preventiva al margen de la inscripción de dominio. Los montes públicos catalogados se rigen por su normativa específica.

Artículo 66. La recuperación de los bienes

Las entidades locales pueden recuperar por sí mismas, en cualquier momento, la tenencia de sus bienes de dominio público. La posesión de los bienes patrimoniales pueden recobrarla por sí mismas en el plazo de un año desde la constancia de la usurpación o de la perturbación en la posesión; basta con que dentro de ese plazo se haya notificado al usurpador o perturbador el acuerdo de recuperación, conminándole a dejar el bien a la libre disposición de la entidad. Transcurrido el plazo, deberá ejercitarse la correspondiente acción judicial.

Artículo 67. Disponibilidad de edificios cedidos

Las entidades locales pueden recuperar la plena disponibilidad de los edificios cuyo uso tengan cedido a otras Administraciones Públicas y demás entidades de Derecho público de ella dependientes, cuando esos edificios dejen de cumplir la función que motivó la entrega.

Artículo 68. El desahucio de bienes

Las entidades locales pueden desahuciar en vía administrativa sus bienes inmuebles: a) cuando se extinga el derecho de ocupación de particulares sobre bienes de dominio público (autorización, concesión o cualquier otro título); b) cuando hayan sido usurpados u ocupados por particulares sin título jurídico alguno, clandestinamente o contra la voluntad de la entidad; c) cuando declaren extinguido el derecho de ocupación de bienes entregados a funcionarios y demás personal por razón de su puesto. Los patrimoniales sólo se recuperan directamente en un año desde la constancia de la ocupación.

Artículo 69. Ocupación de bienes expropiados

Las entidades locales también tienen la facultad de ocupar por vía administrativa los bienes expropiados, una vez cumplidos los requisitos previstos en la normativa de aplicación. El artículo no detalla esos requisitos: se remite a dicha normativa.

Artículo 70. Competencia para acordar el desahucio

El desahucio lo acuerda el pleno. No obstante, el presidente puede adoptar, por razón de urgencia y motivadamente, las resoluciones tendentes a repeler usurpaciones o prevenir daños graves para el interés general a los bienes, dando cuenta al pleno en la primera sesión. Conforme al artículo 101 de la Ley 30/1992, no se admiten a trámite interdictos contra actuaciones administrativas realizadas en materia de su competencia y por el procedimiento legalmente establecido. El recurso contencioso-administrativo no impide ejecutar el acuerdo, sin perjuicio de la suspensión por los tribunales.

Artículo 71. El procedimiento de desahucio

El reglamento del desahucio debe respetar estas reglas: a) la extinción de derechos de particulares sobre bienes de dominio público o comunales la acuerda el órgano competente, en todo caso previa audiencia del interesado; b) para repeler ocupaciones ilegítimas basta un requerimiento de desalojo a los ocupantes, si pudieren ser hallados, dejando constancia de las diligencias; c) la indemnización se fija administrativamente y basta consignar su importe; d) los gastos son de cuenta del desahuciado, exigibles por apremio, y en el lanzamiento cabe retener bienes suficientes y proporcionados.

Artículo 72. Obligación del ejercicio de acciones

Las entidades locales están obligadas a ejercitar las acciones y recursos precisos para defender sus bienes y derechos. Compete al pleno, salvo los urgentes, que ejerce el presidente dando cuenta al pleno en la primera sesión. Cualquier vecino en pleno uso de sus derechos puede requerirla para que actúe; el requerimiento suspende por treinta días hábiles el plazo para ejercer la acción. Si en ese plazo la entidad no acuerda ejercerla, los vecinos pueden subrogarse en nombre e interés de aquélla. Si la acción prospera, el actor tiene derecho al reembolso de costas y daños y perjuicios.

Artículo 73. El allanamiento

Las entidades locales pueden allanarse a las demandas que afecten a sus bienes y derechos, celebrar transacciones sobre ellos y someter a arbitraje los litigios que se susciten, mediante acuerdo del pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Las transacciones que superen el cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto requieren dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

Artículo 74. Embargo de bienes y derechos

Conforme al artículo 154.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tribunales, jueces y autoridades administrativas no pueden despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto en la ejecución de hipotecas sobre bienes patrimoniales no afectados directamente a la prestación de servicios públicos. No obstante, pueden embargarse, en los supuestos que procedan, los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.

Artículo 75. Custodia de bienes

Las autoridades y el personal al servicio de las entidades locales que tengan a su cargo la gestión y utilización de sus bienes o derechos están obligados a su custodia, conservación, aprovechamiento y explotación racional. Responden ante la entidad de los daños y perjuicios que sobrevengan a esos bienes o derechos por su actuación con dolo, culpa o negligencia graves. Esta responsabilidad se exige en vía administrativa, previa audiencia del interesado.

Artículo 76. Daños en el dominio público

Quien, aun por simple inobservancia, cause daños en el dominio público local, ocupe bienes sin título habilitante o lo utilice contrariando su destino normal o sus normas será sancionado con multa entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, con independencia de la reparación del daño y de la restitución de lo usurpado, y con audiencia del infractor en todo caso. Se gradúa por la cuantía del daño, el beneficio obtenido, la reincidencia y las circunstancias personales y económicas. La entidad no puede, en ningún caso, dejar de adoptar medidas para devolver los bienes al estado anterior.

Artículo 77. Tipificación de sanciones

Son sancionables en las ordenanzas locales las infracciones que supongan ocupar bienes sin título habilitante, utilizarlos contrariando su destino normal o las normas que lo regulan, y causar daños materiales a los bienes. Las ordenanzas definen la cuantía atendiendo a la buena o mala fe del infractor, la reincidencia, la utilidad que la infracción le haya reportado y el daño causado al patrimonio, con esta escala: leves, de 10.000 a 500.000 pesetas; graves, de 500.001 a 2.500.000 pesetas; muy graves, de 2.500.001 a 5.000.000 de pesetas.

Artículo 78. Responsabilidad penal

La entidad local debe ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta. La incoación del procedimiento penal deja en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que la jurisdicción penal se haya pronunciado. No obstante, pueden adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado anterior.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Los preceptos de la ley son bases del régimen jurídico financiero de la Administración local (art. 149.1.18.ª CE), salvo los apartados 2 y 3 del art. 186 y salvo los que regulan el sistema tributario local (art. 133 CE) y los que desarrollan las participaciones en los tributos del Estado (art. 142 CE); todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado del art. 149.1.14.ª CE. Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales del País Vasco y Navarra y de los tratados y convenios internacionales.

Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales

La hacienda local se nutre de: a) ingresos de su patrimonio y demás de derecho privado; b) tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos) y recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales; c) participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas; d) subvenciones; e) precios públicos; f) operaciones de crédito; g) multas y sanciones en su ámbito competencial; h) demás prestaciones de derecho público. Para cobrar los ingresos de derecho público tiene las prerrogativas legales de la hacienda del Estado.

Artículo 3. Definición

Son ingresos de derecho privado los rendimientos o productos del patrimonio local y las adquisiciones por herencia, legado o donación. El patrimonio lo forman los bienes y los derechos reales o personales valorables económicamente no afectos al uso o servicio público. Nunca lo son los que procedan de bienes de dominio público local. Sí lo es lo obtenido al vender bienes desafectados del dominio público, aunque estuvieran en concesión; salvo otra previsión autonómica, el último concesionario tiene derecho preferente de adquisición directa sin subasta.

Artículo 4. Régimen jurídico

Los derechos de la hacienda local comprendidos en el capítulo de ingresos de derecho privado se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.

Artículo 5. Limitación de destino

Lo obtenido por enajenar o gravar bienes y derechos patrimoniales no puede financiar gastos corrientes. Solo hay dos excepciones: las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y los efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

Artículo 6. Principios de tributación local

Los tributos locales establecidos al amparo del art. 106.1 de la Ley 7/1985 deben respetar tres principios: a) no gravar bienes, actividades, rendimientos ni gastos de fuera del territorio de la entidad; b) no gravar negocios, actos o hechos realizados fuera de ese territorio ni bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni deban cumplirse en él; c) no obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales ni la fijación de residencia o la ubicación de empresas, sin impedir la ordenación urbanística.

Artículo 7. Delegación

Conforme al art. 106.3 de la Ley 7/1985, las entidades locales pueden delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas la gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público. El acuerdo del Pleno fija alcance y contenido y, aceptada la delegación, se publica en los boletines oficiales de la provincia y de la comunidad autónoma. Los actos son impugnables según el procedimiento del ente gestor y, en último término, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 8. Colaboración

Estado, comunidades autónomas y entidades locales colaboran en la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales y demás ingresos de derecho público locales: se facilitan información, se prestan asistencia, se comunican de inmediato hechos con trascendencia tributaria y pueden hacer planes de inspección conjunta. Las actuaciones de inspección o recaudación ejecutiva fuera del territorio de la entidad local las practica la comunidad autónoma si son en su ámbito y el Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación.

Artículo 9. Beneficios fiscales, régimen y compensación

Solo caben los beneficios fiscales en tributos locales previstos en normas con rango de ley o derivados de tratados internacionales, y los que establezcan las ordenanzas fiscales en los supuestos previstos por la ley; en particular, una bonificación de hasta el 5 % de la cuota por domiciliar deudas de vencimiento periódico, anticipar pagos o colaborar en la recaudación. Las leyes que creen beneficios fijarán su compensación, salvo para los de ordenanza. Si el Estado otorga moratorias o aplazamientos, debe compensar o anticipar a la entidad local.

Artículo 10. Recargos e intereses de demora

Los recargos e intereses de demora de los tributos y demás ingresos de derecho público locales se exigen en los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado. Si la ordenanza fiscal lo prevé, no se exige interés de demora en los aplazamientos o fraccionamientos solicitados en período voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y el pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias

En los tributos locales se aplica el régimen de infracciones y sanciones de la Ley General Tributaria y de las disposiciones que la complementen y desarrollen. Ese régimen se aplica con las especificaciones que resulten del propio texto refundido y con las que, en su caso, establezcan las Ordenanzas fiscales al amparo de la ley.

Artículo 12. Gestión

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se rigen por la Ley General Tributaria, las demás leyes del Estado reguladoras de la materia y sus disposiciones de desarrollo. Las entidades locales pueden adaptar esa normativa, mediante sus ordenanzas fiscales, a su régimen de organización y funcionamiento interno, pero sin contravenir su contenido material.

Artículo 13. Consultas

En la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, la competencia para evacuar las consultas del artículo 88 de la Ley 58/2003, General Tributaria, corresponde a la entidad que ejerza dichas funciones.

Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa

Revisión especial de actos tributarios locales: artículo 110 LRBRL; devolución de ingresos indebidos y rectificación de errores por los arts. 32 y 220 LGT; no son revisables los actos confirmados por sentencia firme. Contra los actos de aplicación solo cabe reposición: la resuelve el órgano que dictó el acto; plazo de un mes para interponer y otro para resolver; sin abogado ni procurador; no suspende salvo sanciones; silencio desestimatorio; notificación en 10 días; después, contencioso-administrativo.

Artículo 15. Ordenanzas fiscales

Salvo en los supuestos del artículo 59.1, las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar sus ordenanzas fiscales. En los impuestos del artículo 59.1, los ayuntamientos que quieran usar sus facultades para fijar los elementos de las cuotas deben acordarlo y aprobar ordenanzas. La potestad del artículo 12.2 se ejerce en las ordenanzas de cada tributo o en ordenanzas específicas de gestión, liquidación, inspección y recaudación.

Artículo 16. Contenido de las ordenanzas fiscales

Las ordenanzas de los tributos del artículo 15.1 contendrán al menos: los elementos del tributo (hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, bases, tipo o cuota, período impositivo y devengo), los regímenes de declaración e ingreso y las fechas de aprobación y de comienzo de aplicación. Se aprueban simultáneamente a la imposición; las del 15.2, a la fijación de sus elementos. Las modificaciones incluyen la nueva redacción y las fechas.

Artículo 17. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales

Los acuerdos provisionales sobre tributos y ordenanzas se exponen en el tablón de anuncios treinta días como mínimo para examen y reclamaciones, con anuncio en el boletín oficial de la provincia; diputaciones, entidades supramunicipales y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes publican además en un diario. Sin reclamaciones, el acuerdo queda definitivo sin acuerdo plenario. El acuerdo definitivo y el texto íntegro se publican en el boletín y no entran en vigor sin publicación.

Artículo 18. Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales

Para reclamar contra los acuerdos provisionales del artículo 17.1 son interesados: a) quienes tengan un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos; b) los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

Artículo 19. Recurso contencioso administrativo

Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas. Contra ellas solo cabe recurso contencioso-administrativo desde su publicación en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial. Si una sentencia firme las anula o modifica, la entidad debe adecuar a la sentencia las actuaciones posteriores a su notificación, y se mantienen los actos firmes o consentidos salvo que la sentencia lo prohíba expresamente.

Artículo 20. Hecho imponible

Las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y por servicios o actividades de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo. Son tasas si el servicio no es de solicitud o recepción voluntaria (impuesta por ley o reglamento, o imprescindible para la vida privada o social) o si no lo presta el sector privado. Enumera supuestos y la tasa por matrimonios civiles.

Artículo 21. Supuestos de no sujeción y de exención

Las entidades locales no pueden exigir tasas por seis servicios: abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública y enseñanza en los niveles de educación obligatoria. Estado, comunidades autónomas y entidades locales no pagan tasas por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente ni por los que interesen inmediatamente a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 22. Compatibilidad con las contribuciones especiales

Artículo 23. Sujetos pasivos

Son contribuyentes en las tasas las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT que usen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular (art. 20.3) o que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por servicios o actividades locales (art. 20.4). Sustitutos: propietarios de inmuebles (servicios a ocupantes), constructores y contratistas (licencias urbanísticas), aseguradoras del riesgo (incendios, ruinas, salvamentos) y propietarios de fincas (entradas de vehículos). Los propietarios pueden repercutir las cuotas.

Artículo 24. Cuota tributaria

Tasas por dominio público: valor de mercado de la utilidad; en licitación, el valor económico de la proposición; para empresas de suministros de interés general, el 1,5 % de sus ingresos brutos de facturación anual en cada municipio (excluida la telefonía móvil y sin repercusión a los usuarios). Por servicios, no pueden exceder el coste real o previsible. Cuota: tarifa, cantidad fija o ambas. Los daños al dominio público se reintegran con depósito previo y no se condonan. Cabe bonificar hasta el 95 % la tasa de residuos a ciertas empresas de alimentación y restauración.

Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico

Los acuerdos de establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente nuevos servicios, deben adoptarse a la vista de informes técnico-económicos. En el primer caso el informe pone de manifiesto el valor de mercado; en el segundo, la previsible cobertura del coste. El informe se incorpora al expediente del acuerdo.

Artículo 26. Devengo

Según su hecho imponible y lo que determine la ordenanza fiscal, la tasa se devenga al iniciarse el uso, el aprovechamiento, el servicio o la actividad (con posible depósito previo total o parcial) o al presentarse la solicitud, que no se tramita sin pago. Si es periódica, se devenga el 1 de enero y el período es el año natural, salvo inicio o cese, con prorrateo de la cuota. Si por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio o el aprovechamiento no se presta o desarrolla, procede devolver el importe.

Artículo 27. Gestión

Las entidades locales pueden exigir las tasas en régimen de autoliquidación. También pueden establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos para simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de las tasas o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Artículo 56. Recursos de los municipios

La hacienda de los municipios está constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de la ley, en los términos y con las especialidades que recoge este título (el de los recursos de los municipios).

Artículo 57. Tasas

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas de la sección 3.ª del capítulo III del título I de la ley.

Artículo 58. Contribuciones especiales

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, según las normas de la sección 4.ª del capítulo III del título I de la ley.

Artículo 59. Enumeración de impuestos

Los ayuntamientos exigirán tres impuestos: sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Además, podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con la ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales.

Artículo 162. Definición

Los presupuestos generales de las entidades locales son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de: las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos; los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio; y las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Artículo 163. Ámbito temporal

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A él se imputan los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

Artículo 164. Contenido del presupuesto general

Las entidades locales elaboran y aprueban anualmente un presupuesto general que integra el de la propia entidad, los de sus organismos autónomos dependientes y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad. A efectos presupuestarios y contables, los organismos autónomos son de carácter administrativo o de carácter comercial, industrial, financiero o análogo; su norma de creación debe indicar expresamente su carácter.

Artículo 165. Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general

El presupuesto general atiende al principio de estabilidad y contiene, para cada presupuesto integrado, los estados de gastos y de ingresos, además de las bases de ejecución, que no pueden modificar lo legislado para la administración económica. Los recursos satisfacen el conjunto de obligaciones, salvo ingresos afectados. Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin atender obligaciones minorando derechos salvo ley expresa; se exceptúan las devoluciones de ingresos indebidos. Cada presupuesto se aprueba sin déficit inicial.

Artículo 166. Anexos al presupuesto general

Al presupuesto general se unen como anexos: a) los planes y programas de inversión y financiación a cuatro años, que podrán formular municipios y entidades supramunicipales; b) los programas anuales de las sociedades mercantiles locales; c) el estado de consolidación; d) el estado de previsión de la deuda. El plan de inversiones se completa con un programa financiero (inversión de cada uno de los cuatro ejercicios, ingresos de capital y operaciones de crédito). Se da cuenta al Pleno con la aprobación del presupuesto y se revisa cada año, añadiendo un ejercicio.

Artículo 167. Estructura de los estados de ingresos y gastos

El Ministerio de Hacienda fija la estructura de los presupuestos locales; las entidades pueden clasificar además según su propia organización. Los gastos se clasifican por programas (área de gasto, política de gasto, grupos de programas y programas, ampliable a subprogramas) y económicamente (capítulo, artículo y concepto, ampliable a subconcepto y partida), separando gastos corrientes y de capital. Área, política, capítulo y artículo coinciden con los del Estado. La aplicación presupuestaria combina ambas clasificaciones (y la orgánica si se usa).

Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial

El Presidente forma el presupuesto y le une: memoria explicativa, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses), anexos de personal, inversiones, beneficios fiscales y convenios de gasto social con la comunidad autónoma, e informe económico-financiero. Organismos autónomos y sociedades mercantiles remiten sus presupuestos y previsiones antes del 15 de septiembre. El Presidente remite el presupuesto general, informado por la Intervención, al Pleno antes del 15 de octubre. El acuerdo de aprobación es único.

Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor

Aprobado inicialmente, el presupuesto general se expone al público 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia (o de la comunidad autónoma uniprovincial); si no hay reclamaciones queda definitivamente aprobado y, si las hay, el Pleno tiene un mes para resolverlas. La aprobación definitiva debe hacerse antes del 31 de diciembre del año anterior. Entra en vigor tras publicarse resumido por capítulos. Si al empezar el ejercicio no está en vigor, se prorroga automáticamente el anterior con sus créditos iniciales.

Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas

Pueden reclamar contra el presupuesto aprobado inicialmente, como interesados: los habitantes del territorio de la entidad; los directamente afectados aunque no habiten en él; y colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades constituidas para velar por intereses profesionales, económicos y vecinales, en defensa de los suyos. Solo cabe reclamar por no ajustarse a los trámites legales, por omitir crédito para obligaciones exigibles o por manifiesta insuficiencia de ingresos respecto de gastos o de estos respecto de las necesidades.

Artículo 171. Recurso contencioso-administrativo

Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos de las normas de esa jurisdicción. Si la impugnación afecta o se refiere a la nivelación presupuestaria, el Tribunal de Cuentas debe informar antes de que se resuelva el recurso. La interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado.

Artículo 213. Control interno

En las entidades locales se ejerce el control interno de su gestión económica, de sus organismos autónomos y de sus sociedades mercantiles dependientes, en tres modalidades: función interventora, control financiero (incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente) y control de la eficacia. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dicta sus normas. Los órganos interventores remiten cada año a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen.

Artículo 214. Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora

La función interventora fiscaliza todos los actos de las entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos derivados y la recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos. Comprende: a) intervención crítica o previa; b) intervención formal de la ordenación del pago; c) intervención material del pago; d) intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Artículo 215. Reparos

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor está en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, debe formular sus reparos por escrito y antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Artículo 216. Efectos de los reparos

Si la disconformidad afecta al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de la entidad local o sus organismos autónomos, se formaliza en nota de reparo que en ningún caso suspende el expediente. Si el reparo afecta a disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspende la tramitación hasta solventarlo si: a) hay insuficiencia de crédito o no es adecuado; b) no se fiscalizaron los actos origen de las órdenes de pago; c) se omitan requisitos o trámites esenciales; d) derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Artículo 217. Discrepancias

Si el órgano afectado por el reparo no está de acuerdo, resuelve la discrepancia el presidente de la entidad local; su resolución es ejecutiva y esta facultad no es delegable en ningún caso. Corresponde en cambio al Pleno cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito; b) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias

El órgano interventor eleva al Pleno informe de todas las resoluciones del Presidente contrarias a los reparos y un resumen de las principales anomalías en ingresos; solo trata aspectos de la función fiscalizadora, no de oportunidad o conveniencia, y es punto independiente del orden del día. El Presidente puede presentar informe justificativo y, si hay discrepancias, elevar su resolución al órgano de control de la Administración con tutela financiera. Anualmente el interventor remite al Tribunal de Cuentas las resoluciones y acuerdos contrarios a reparos y el resumen de anomalías en ingresos.

Artículo 219. Fiscalización previa

No requieren intervención previa: material no inventariable, contratos menores, gastos periódicos y de tracto sucesivo intervenido el período inicial, y gastos menores de 3.005,06 euros pagados por anticipos de caja fija. El Pleno, a propuesta del presidente y previo informe del interventor, puede limitarla a comprobar crédito adecuado, órgano competente y otros extremos que fije; las observaciones complementarias no suspenden. Luego, fiscalización plena sobre una muestra, con informe al Pleno. El Pleno puede sustituir la fiscalización previa de derechos por la toma de razón en contabilidad.

Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero

El control financiero comprueba el funcionamiento económico-financiero de los servicios de las entidades locales, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes. Informa sobre la adecuada presentación de la información financiera, el cumplimiento de normas y directrices y el grado de eficacia y eficiencia en los objetivos. Se hace por procedimientos de auditoría conforme a las normas de auditoría del sector público y termina en informe escrito que, con las alegaciones del órgano auditado, se envía al Pleno para su examen.

Artículo 221. Control de eficacia

El control de eficacia tiene por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos y el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

Artículo 222. Facultades del personal controlador

Los funcionarios con la función interventora y los designados para los controles financiero y de eficacia actúan con plena independencia. Pueden recabar los antecedentes que consideren necesarios, examinar y comprobar libros, cuentas y documentos, verificar arqueos y recuentos y, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, solicitar de quien corresponda informes técnicos y asesoramientos.

Artículo 223. Control externo

La fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica de las entidades locales y de sus organismos y sociedades dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas. Las entidades locales le rinden, antes del 15 de octubre de cada año, la cuenta general del artículo 209 del ejercicio anterior. Tras fiscalizarla, se somete a la entidad local la propuesta de corrección de anomalías y de acciones procedentes, sin perjuicio de la responsabilidad contable. Quedan a salvo las facultades de fiscalización externa que los Estatutos atribuyan a las comunidades autónomas.

Artículo 4. Autonomía local

Municipios y provincias gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes; actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas de su comunidad. La autonomía comprende, en todo caso, sus intereses públicos, órganos de gobierno y administración, territorio, servicios locales, iniciativa económica, personal, patrimonio y recursos de sus haciendas. Cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Municipios y provincias tienen plena personalidad jurídica.

Artículo 5. Potestad de autoorganización

Las entidades locales definen por sí mismas sus estructuras administrativas internas, para adaptarlas a sus necesidades específicas y permitir una gestión eficaz. Municipios y provincias han de contar con los órganos necesarios previstos en la legislación básica sobre régimen local; su funcionamiento, régimen de acuerdos y estatuto de sus miembros se ajustan a esa legislación, garantizándose en todo caso la acción de gobierno y la representación proporcional en los órganos asamblearios. El resto de los órganos complementarios se ajusta a los estatutos de cada entidad local.

Artículo 26. Servicios locales de interés general

Son servicios locales de interés general los que las entidades locales prestan o regulan y garantizan en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, y también las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas del Estatuto de Autonomía. Las entidades locales, de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.

Artículo 27. Principios informadores de los servicios locales de interés general

El régimen de los servicios locales de interés general se inspira y fundamenta en once principios: universalidad; igualdad y no discriminación; continuidad y regularidad; precio adecuado a los costes del servicio; economía, suficiencia y adecuación de medios; objetividad y transparencia en la actuación administrativa; prevención y responsabilidad por la gestión pública; transparencia financiera y en la gestión; calidad en la prestación; calidad medioambiental y desarrollo sostenible; y adecuación entre forma jurídica y fin de la actividad como límite de la discrecionalidad administrativa.

Artículo 28. Clasificación de los servicios locales de interés general

Las entidades locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado. Hay servicio público cuando la propia entidad local realiza la actividad objeto de la prestación, de forma directa o mediante contrato administrativo. Hay servicio reglamentado cuando la actividad la realizan particulares conforme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.

Artículo 29. Régimen jurídico de los servicios locales de interés general en régimen de servicio reglamentado

Las ordenanzas de servicios reglamentados deben contemplar, entre otros aspectos: del servicio, condiciones técnicas, obligaciones específicas de servicio público, niveles mínimos de calidad en su caso, tarifas o precios y supuestos de subvención; de los usuarios, derechos y deberes; del prestatario, su situación jurídica, sanciones y supuestos de revocación o clausura. Los controles preventivos se rigen por las normas de derecho interno y europeo de la competencia. Los ciudadanos pueden exigir, en vía administrativa o contencioso-administrativa, la vigilancia y cumplimiento de la ordenanza.

Artículo 30. Creación de servicios públicos

Cada servicio público local se crea y regula por ordenanza, y su prestación se inicia al entrar esta en vigor. Solo se excluyen las actuaciones esporádicas o discontinuas (talleres, cursos, jornadas o actividades singulares de cultura, deporte, enseñanza, turismo y similares); si procede exigir precios públicos, son preceptivos los acuerdos de imposición y ordenación. La ordenanza determina al menos: prestaciones, financiación, modalidades de gestión y sanciones al prestador, estándares de calidad, derechos y deberes de los usuarios e inspección. Todo ciudadano puede exigir su prestación.

Artículo 31. Servicios públicos básicos

Los servicios públicos básicos son los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía. En todo caso tienen esa consideración los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 32. Servicios públicos reservados

Se reservan a los municipios los servicios públicos básicos del artículo 92.2.d) del Estatuto; por ley cabe reservar otras actividades y servicios. La reserva habilita para prestarlos en monopolio, que acuerda el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de miembros, previo expediente con memoria justificativa, información pública y audiencia a los directamente afectados e informe provincial, obstativo si la reserva afecta de forma relevante al interés económico supramunicipal. Por ordenanza puede declararse obligatoria la recepción y uso de los servicios reservados.

Artículo 33. Modalidades de prestación en régimen de servicio público

Los servicios públicos locales se gestionan de forma directa (por la entidad o sus entes vinculados o dependientes) o indirecta, mediante modalidades contractuales de colaboración. Modalidades directas: propia entidad, agencia pública administrativa, agencia pública empresarial, agencia especial, sociedad mercantil, sociedad interlocal y fundación pública local. Los servicios con ejercicio de autoridad no pueden prestarse por contrato, sociedad mercantil local o interlocal ni fundación. Constituir las entidades de las letras b a g exige memoria de ventajas con estudio económico financiero.

Artículo 34. Agencia pública administrativa local

Las agencias administrativas locales son entidades públicas regidas por el Derecho Administrativo. Realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia local, salvo las potestades expropiatorias. No pueden crearse para ejercer actividades económicas en régimen de mercado. Su régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad es el de las entidades locales. Tienen las potestades que sus estatutos les atribuyan de manera expresa y un consejo rector.

Artículo 35. Agencia pública empresarial local

Las agencias empresariales locales son entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestionan servicios o producen bienes de interés público susceptibles de contraprestación. No pueden crearse para actividades administrativas. Se rigen por el Derecho Privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas atribuidas expresamente en sus estatutos y lo regulado en la legislación de haciendas locales, sus estatutos y demás disposiciones generales. Las rige un consejo de administración.

Artículo 36. Agencia local en régimen especial

Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas que asumen actividades propias de las agencias administrativas y empresariales locales, siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad y requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por el Derecho Privado, con excepciones. Actúan conforme a un plan de acción anual y a un contrato plurianual de gestión, que aprueba el pleno de la entidad local. Una comisión de control, regulada en los estatutos, informa sobre la ejecución del contrato de gestión.

Artículo 37. Disposiciones comunes a las agencias locales

La creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas administrativas locales, de las agencias públicas empresariales locales y de las agencias especiales corresponde al pleno de la entidad local, que deberá aprobar sus estatutos. Los estatutos han de aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo. Su contenido mínimo es: denominación, funciones y competencias, con expresa indicación de las potestades atribuidas, y determinación de los máximos órganos de dirección del organismo.

Artículo 38. Sociedad mercantil local

Las sociedades mercantiles locales tienen por objeto realizar actividades o gestionar servicios de competencia de la entidad local. Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias sujetas a la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una forma de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital es íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local. El pleno aprueba los estatutos y se constituye como junta general; se publican antes de funcionar.

Artículo 39. Sociedad interlocal

Las entidades locales pueden crear sociedades interlocales, o participar en ellas, para prestar conjuntamente actividades y servicios de su competencia. Esa prestación se considera gestión propia si se cumplen cinco requisitos: capital exclusivo público local, con prohibición expresa de capital privado; control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios; acuerdos por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la componen; no tener encomendadas actividades de mercado; y prestar su actividad solo en el territorio de las entidades locales que la crean.

Artículo 40. Fundación pública local

Es fundación pública local aquella en la que concurra alguna de estas circunstancias. Primera: aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, o patrimonio fundacional formado, con carácter de permanencia, en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por ellas. Segunda: representación mayoritaria de la entidad local, que existe cuando nombra, directamente o a través de sus entidades o empresas, a más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia.

Artículo 41. Creación, modificación y extinción de la fundación pública local

Requieren acuerdo previo del pleno de la entidad: la creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria y la modificación de sus fines fundacionales. Ese acuerdo determina las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y designa a la persona que ha de actuar por la entidad en el acto de constitución y, en su caso, a su representación en el patronato.

Artículo 42. Régimen jurídico de la fundación pública local

Las fundaciones públicas locales no pueden ejercer potestades públicas. Solo pueden realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras y deben contribuir a la consecución de sus fines, sin asumir la titularidad de las competencias de estas. En todo caso, las entidades locales designan a la mayoría de los miembros del patronato. En lo no regulado específicamente en el capítulo se rigen, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de aplicación.

Artículo 43. La empresa mixta de colaboración pública-privada

Los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general constituyendo empresas mixtas o participando en ellas. La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local. En todo caso, su proceso de constitución debe asegurar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado se sujeta a los procedimientos de concurrencia aplicables según la legislación de contratos del sector público.

Artículo 44. Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés económico general

Las empresas a las que las administraciones locales hayan atribuido la gestión de servicios de interés económico general o concedido derechos especiales o exclusivos quedan sujetas a obligaciones de transparencia cuando realicen además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público. Deben llevar cuentas separadas e informar sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los métodos de asignación empleados, en los términos de la legislación estatal y del Derecho europeo.

Artículo 45. Iniciativa económica local

Las entidades locales andaluzas pueden ejercer la iniciativa pública para desarrollar actividades económicas, en los términos del artículo 128.2 de la Constitución Española, en el marco de sus políticas propias y en régimen de libre concurrencia. Para ejercer actividades económicas en ese régimen hace falta un acuerdo de la entidad local adoptado por mayoría.

Artículo 46. Empresa pública local

Para ejercer actividades económicas, las entidades locales adoptarán preferentemente la forma de empresa pública local. Lo es cualquier sociedad mercantil con limitación de responsabilidad en la que los entes locales ostenten, directa o indirectamente, una posición dominante por la propiedad, la participación financiera o las normas que la rigen. Su objeto son actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, bajo el principio de la libre competencia. En ningún caso podrán ejercer potestades públicas.

Artículo 47. Creación de la empresa pública local

Crear una empresa pública local exige autorización del pleno por acuerdo adoptado por mayoría, previo expediente que acredite la conveniencia y oportunidad. El acuerdo se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y recoge como mínimo: denominación, forma jurídica, actividades del objeto social, facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles, participación local en el capital, líneas básicas de organización y adscripción. Incorpora y aprueba el proyecto de estatutos y el plan inicial de actuación. Los estatutos se aprueban y publican antes de la entrada en funcionamiento.

Artículo 48. Régimen jurídico

La empresa pública local se rige por el ordenamiento jurídico privado, cualquiera que sea su forma jurídica, salvo en las materias en que se aplique la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación. Los estatutos determinan el funcionamiento del consejo de administración y de los restantes órganos de dirección. El personal se rige por el Derecho Laboral; el nombramiento del no directivo va precedido de convocatoria pública y procesos selectivos basados en igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 49. Transparencia de las relaciones financieras

Las empresas públicas locales deben suministrar información a la administración local de la que dependan, en los plazos que establezcan sus estatutos, sobre la recepción de fondos enviados por las distintas administraciones públicas, para garantizar la transparencia de las relaciones financieras. Además, en la memoria anual deben incluir información específica sobre la puesta a disposición de fondos por las administraciones públicas, directa o indirectamente, los objetivos perseguidos y su utilización efectiva.

Artículo 50. Concepto del patrimonio local

El patrimonio local es el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier título, pertenezcan a las entidades locales, orientado en su totalidad a la consecución de sus fines. Lo gestiona la propia entidad o entidades de ella dependientes, bajo su responsabilidad directa, salvo los elementos adscritos a los fines de las entidades de cooperación en que estén integradas. Según el uso o servicio destinado, se clasifican en demaniales y patrimoniales. Los bienes comunales, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, tienen la consideración de dominio público.

Artículo 51. Presunción de patrimonialidad de bienes y derechos en su adquisición

Los bienes y derechos de las entidades locales se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales. Esa regla no impide que después se afecten al uso o servicio de interés general: el artículo deja a salvo expresamente su posterior afectación.

Artículo 52. Reglas generales sobre la disposición del patrimonio

Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De los patrimoniales, las entidades locales de Andalucía pueden disponer mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y sin necesidad de autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe. Para imponer cargas o gravámenes sobre bienes o derechos patrimoniales se exigen los requisitos de su enajenación.

Artículo 53. Libertad de pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimoniales

Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. Para la consecución del interés público, las entidades locales pueden concertar las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, con una condición: que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.

Artículo 54. Publicidad de la actividad local y garantías

Los ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas deben publicar en su sede electrónica o, en su defecto, en la de la respectiva diputación provincial, en cinco días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales sobre catorce materias (urbanismo, vivienda, servicios, presupuesto, personal, contratación, medio ambiente…). Lo publicado goza de garantías de integridad, veracidad y actualización. Los actos de otras administraciones u órganos judiciales que deban publicar van también en sede electrónica.

Artículo 55. Información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales

Las entidades locales y sus organismos y entidades dependientes o vinculados trasladan a la Administración de la Junta de Andalucía la información de sus disposiciones y actos en el plazo, forma y por los medios de comunicación telemática, y conforme a los estándares de interoperabilidad establecidos por la Comunidad Autónoma. Esta puede recabar información complementaria para ampliar la recibida o cuando, conociendo alguna actuación local, no se le hubiese remitido en plazo. Las entidades locales pueden requerirle información sobre los actos que afecten al ejercicio de la competencia local.

Artículo 56. Impugnación de disposiciones y actos

Conforme a la legislación básica del Estado, la Junta de Andalucía puede someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, menoscaban sus competencias, interfieren su ejercicio o las exceden. Antes de ejercer la acción procesal puede requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto y, en su caso, suspenda su eficacia. Las entidades locales pueden impugnar las actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local.

Artículo 77

Artículo 78

Sesiones ordinarias: las de periodicidad preestablecida, que fija el propio Pleno por acuerdo en sesión extraordinaria convocada por el Alcalde o Presidente dentro de los treinta días siguientes a la sesión constitutiva, sin exceder del límite trimestral. Extraordinarias: las convoca el Alcalde o Presidente por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros, por escrito razonado y firmado por todos. Si la piden, se convoca dentro de los cuatro días siguientes y no puede demorarse más de dos meses desde la entrada del escrito en el Registro General.

Artículo 79

Son sesiones extraordinarias urgentes las que convoca el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985. En ellas, el primer punto del orden del día debe ser el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia; si el Pleno no la aprecia, la sesión se levanta acto seguido.

Artículo 80

El Alcalde o Presidente convoca todas las sesiones del Pleno; la convocatoria de las extraordinarias ha de ser motivada. A la convocatoria se acompañan el orden del día, comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores que deban aprobarse en la sesión. Convocatoria, orden del día y borradores se notifican a los Concejales o Diputados en su domicilio. Entre la convocatoria y la celebración no pueden transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en las sesiones extraordinarias urgentes.

Artículo 81

La convocatoria de una sesión, ordinaria o extraordinaria, abre un expediente en el que deben constar: la relación de expedientes conclusos que prepara la Secretaría; la fijación del Orden del día por el Alcalde o Presidente; las copias de las notificaciones a los miembros; copia del anuncio en el tablón de edictos y, en su caso, prensa local; la minuta del acta; los oficios de remisión de los acuerdos al Estado y a la Comunidad Autónoma, y la publicación de los acuerdos en el tablón de edictos. La notificación de las órdenes del día debe quedar acreditada en la Secretaría General.

Artículo 82

El orden del día lo fija el Alcalde o Presidente asistido de la Secretaría; puede recabar la asistencia de los miembros de la Comisión de Gobierno (donde no exista, de los Tenientes de Alcalde) y consultar, si lo estima oportuno, a los portavoces. Solo caben asuntos previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda. Por urgencia debidamente motivada pueden incluirse asuntos no informados, pero no cabe acuerdo sobre ellos sin que el Pleno ratifique su inclusión. En las sesiones ordinarias se incluye siempre el punto de ruegos y preguntas.

Artículo 83

Son nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, y también los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el Órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 84

Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación ha de estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría. Cualquier miembro de la Corporación puede examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos, pero los originales no pueden salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto.

Artículo 85

El Pleno celebra sus sesiones en la Casa Consistorial, Palacio Provincial o sede de la Corporación de que se trate. En los supuestos de fuerza mayor puede habilitarse otro edificio o local, a través de la convocatoria o de una resolución del Alcalde o Presidente dictada previamente y notificada a todos los miembros de la Corporación; en todo caso, esta circunstancia se hace constar en acta. En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S. M. El Rey.

Artículo 86

Las convocatorias de las sesiones, los órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo y dictámenes de las Comisiones informativas se redactan en lengua castellana o en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos de la Corporación. Se redactan asimismo en la lengua cooficial cuando lo exija la legislación de la Comunidad Autónoma o lo acuerde la Corporación. En los debates pueden utilizarse, indistintamente, la lengua castellana o la cooficial de la Comunidad Autónoma respectiva.

Artículo 87

Toda sesión, ordinaria o extraordinaria, ha de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si el día termina sin haberse debatido y resuelto todos los asuntos del orden del día, el Presidente puede levantar la sesión, y los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión. Durante la sesión, el Presidente puede acordar interrupciones a su prudente arbitrio, para que los grupos deliberen por separado sobre la cuestión debatida o para descanso en los debates.

Artículo 88

Las sesiones del Pleno son públicas. Puede ser secreto el debate y la votación de los asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos del artículo 18.1 de la Constitución, si así se acuerda por mayoría absoluta. Pueden instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión. El público no puede intervenir ni manifestar agrado o desagrado; en casos extremos el Presidente puede expulsar a quien impida el normal desarrollo de la sesión. Levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas del público sobre temas concretos de interés municipal.

Artículo 89

Los miembros de la Corporación toman asiento en el Salón de Sesiones unidos a su grupo. El orden de colocación de los grupos lo determina el Presidente, oídos los portavoces, y tiene preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos.

Artículo 90

El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres; el quórum debe mantenerse durante toda la sesión y en todo caso han de asistir el Presidente y el Secretario o quienes legalmente les sustituyan. Sin quórum en primera convocatoria, la sesión se entiende convocada automáticamente a la misma hora, dos días después; si tampoco se alcanza, la Presidencia deja sin efecto la convocatoria y pospone los asuntos a la primera sesión posterior, ordinaria o extraordinaria.

Artículo 91

La sesión comienza preguntando el Presidente por observaciones al acta anterior: si no las hay, se considera aprobada; no cabe modificar el fondo de los acuerdos, solo subsanar meros errores materiales o de hecho. Los asuntos se debaten y votan por el orden del día, aunque el Alcalde o Presidente puede alterar el orden o retirar un asunto que exija mayoría especial si esta no pudiera obtenerse. En sesiones ordinarias, antes de ruegos y preguntas, caben mociones de urgencia: el Portavoz justifica la urgencia y el Pleno vota la procedencia del debate. No se aplica a las mociones de censura.

Artículo 92

Cualquier Concejal puede pedir durante el debate la retirada de un expediente para incorporarle documentos o informes, o que quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. La petición se vota tras terminar el debate y antes de la votación sobre el fondo; si la mayoría simple vota a favor, no se vota la propuesta de acuerdo. En asuntos fuera del orden del día que requieran informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención, si no pudieran emitirlo en el acto, pedirán al Presidente el aplazamiento; si no se atiende, el Secretario lo hace constar en el acta.

Artículo 93

La consideración de cada punto del orden del día comienza con la lectura, íntegra o en extracto, por el Secretario, del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente o, si es un asunto urgente no dictaminado por ella, de la proposición que se somete al Pleno. A solicitud de cualquier grupo deberá darse lectura íntegra a las partes del expediente o del informe o dictamen de la Comisión que se considere conveniente para mejor comprensión. Si nadie solicita la palabra tras la lectura, el asunto se somete directamente a votación.

Artículo 94

Si se promueve debate, el Alcalde o Presidente ordena las intervenciones: solo se habla con su autorización; se inicia con la exposición y justificación de la propuesta; sigue un primer turno de los grupos, con intervenciones de igual duración; cabe turno por alusiones, breve y conciso; hay segundo turno si lo solicita algún grupo, y cierra el ponente. Solo interrumpe el Presidente. Las cuestiones de orden las resuelve el Presidente sin debate. Secretaría e Intervención intervienen si el Presidente las requiere, o piden la palabra ante dudas de legalidad o repercusiones presupuestarias.

Artículo 95

El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden al miembro de la Corporación que: profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad; produzca interrupciones o altere el orden de las sesiones; o pretenda hablar sin tener concedida la palabra o una vez retirada. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local y adoptar medidas para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 96

Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el Salón mientras se discuta y vote el asunto. Excepción: cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, tendrá derecho a permanecer y defenderse.

Artículo 97

Dictamen: propuesta al Pleno tras el estudio de la Comisión Informativa. Proposición: asunto incluido en el orden del día, que exige ratificar antes su inclusión. Moción: se somete directamente al Pleno, por escrito u oralmente. Voto particular: modificación de un dictamen por un miembro de la Comisión. Enmienda: modificación de dictamen o proposición por cualquier miembro, por escrito al Presidente antes de la deliberación. Ruego: propuesta de actuación; se debate, nunca se vota. Pregunta: las escritas con veinticuatro horas de antelación se contestan ordinariamente en la sesión.

Artículo 98

Finalizado el debate se procede a la votación. Antes de comenzar, el Alcalde o Presidente plantea clara y concisamente sus términos y la forma de emitir el voto. Una vez iniciada no puede interrumpirse por ningún motivo: el Presidente no concede la palabra y ningún miembro corporativo puede entrar en el salón o abandonarlo. Terminada la votación ordinaria, el Alcalde o Presidente declara lo acordado. En la nominal, el secretario computa inmediatamente los sufragios y anuncia en voz alta el resultado, y el Alcalde o Presidente proclama el acuerdo adoptado.

Artículo 99

El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes: más votos afirmativos que negativos. Mayoría absoluta: más de la mitad del número legal de miembros. La mayoría del artículo 47.2 de la Ley 7/1985 existe cuando los afirmativos igualan o superan los dos tercios del número de hecho y, en todo caso, la mayoría absoluta del número legal; solo en el supuesto del artículo 29.2 los dos tercios se refieren al número legal. Si no quedan candidatos o suplentes a nombrar, los quórum se refieren al número de hecho. El voto es personal e indelegable.

Artículo 100

El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, y los miembros de la Corporación pueden abstenerse de votar. Se considera que se abstienen quienes se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación; si se reintegran al Salón antes de la votación, pueden tomar parte en ella. En caso de empate se efectúa una nueva votación y, si persiste, decide el voto de calidad del Presidente.

Artículo 101

Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. Ordinarias: se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. Nominales: se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente, respondiendo cada miembro de la Corporación en voz alta «sí», «no» o «me abstengo». Secretas: se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación va depositando en una urna o bolsa.

Artículo 102

El sistema normal de votación es la votación ordinaria. La votación nominal requiere la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. La votación secreta solo puede utilizarse para elección o destitución de personas.

Artículo 103

Una vez proclamado el acuerdo, pueden solicitar del Presidente un turno de explicación de voto dos clases de grupos: los que no hubieren intervenido en el debate y los que, tras el debate, hubieren cambiado el sentido de su voto. Es una facultad («podrán solicitar») y la petición se dirige al Presidente.

Artículo 104

El Pleno controla y fiscaliza la actuación de los demás órganos de gobierno a través de tres medios: a) requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación; b) debate sobre la actuación de la Comisión de Gobierno; c) moción de censura al Alcalde o Presidente. Además, el Reglamento Orgánico Municipal podrá establecer otros medios de control y fiscalización de los órganos de gobierno.

Artículo 105

Todo miembro de la Corporación que por delegación del Alcalde o Presidente ostente la responsabilidad de un área de gestión debe comparecer ante el Pleno cuando éste lo acuerde, para responder a las preguntas sobre su actuación. Acordada la comparecencia, el Alcalde o Presidente la incluye en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria y notifica al interesado el acuerdo y la fecha; entre la notificación y la sesión han de transcurrir, al menos, tres días. De la comparecencia no pueden derivar acuerdos sin cumplir los requisitos del artículo 83.

Artículo 106

El Pleno, a propuesta del Alcalde o Presidente o a solicitud de, al menos, la cuarta parte del número legal de miembros corporativos, podrá acordar una sesión extraordinaria para debatir la gestión de la Comisión de Gobierno. Interviene primero el autor de la propuesta; contesta un miembro de la Comisión designado por ésta; tras sendos turnos de réplica, los demás grupos políticos pueden formular preguntas, que contesta un miembro de la Comisión. Cabe una moción y, si el Pleno admite debatirla, se incluye en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria.

Artículo 107

La sesión extraordinaria para deliberar y votar la moción de censura al Alcalde o Presidente se convoca expresamente con ese único asunto en el orden del día. La moción se formaliza por escrito presentado en el Registro General de la entidad. Entre su presentación y la sesión han de transcurrir, al menos, siete días. La denegación de la convocatoria debe ser motivada y solo puede basarse en que la moción no reúne los requisitos de la Ley Orgánica 5/1985. Dentro de los dos días siguientes a la convocatoria pueden presentarse en el Registro General otras mociones de censura alternativas.

Artículo 108

Las mociones de censura al Alcalde o Presidente se ajustan a lo dispuesto en la legislación general electoral. El debate y los demás aspectos de procedimiento se regulan por los Reglamentos orgánicos de las entidades locales. El artículo no fija plazos, mayorías ni trámites propios: se limita a señalar esas dos fuentes.

Artículo 109

De cada sesión el Secretario extiende acta con: lugar (nombre del Municipio y local); día, mes y año; hora de comienzo; nombre y apellidos del Presidente, de los presentes, de los ausentes excusados y de los que falten sin excusa; carácter ordinario o extraordinario y primera o segunda convocatoria; asistencia del Secretario y presencia del responsable de la Intervención, cuando concurra; asuntos, opiniones sintetizadas e incidencias; votaciones; parte dispositiva de los acuerdos, y hora en que se levanta. Si no hay sesión, el Secretario suple el acta con diligencia autorizada con su firma.

Artículo 110

A la redacción de las actas se le aplica lo dispuesto en el artículo 86.1 en cuanto a la utilización de las lenguas. El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribe en el Libro de Actas y se autoriza con las firmas del Alcalde o Presidente y del Secretario. Secuencia que retener: aprobación por el Pleno, transcripción en el Libro de Actas y dos firmas.

Artículo 111

Las Asambleas vecinales funcionan según los usos, costumbres y tradiciones locales; en su defecto, Ley 7/1985 y leyes autonómicas de Régimen Local, y en defecto de éstas, este artículo. Se reúnen donde tengan por costumbre, con sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre en día festivo, convocadas a toque de campana, pregón, anuncio u otro medio tradicional. Quórum: una tercera parte de los vecinos, presentes o representados, sin que los presentes bajen de tres, y con Presidente y Secretario. Ningún vecino representa a más de un tercio. Acuerdos por mayoría de votos.

Artículo 112

La Comisión de Gobierno celebra sesión constitutiva, a convocatoria del Alcalde o Presidente, en los diez días siguientes a la designación de sus miembros. En defecto de previsión expresa del Reglamento orgánico, sesión ordinaria cada quince días como mínimo; el Alcalde o Presidente fija por Decreto día y hora. Las extraordinarias y urgentes, cuando las convoque el Alcalde, que además puede reunirla en cualquier momento para conocer su parecer o pedir su asistencia antes de dictar resoluciones. Sede: Casa Consistorial, Palacio Provincial o edificio sede de la entidad, salvo fuerza mayor.

Artículo 113

Las sesiones de la Comisión de Gobierno siguen el capítulo primero del título, con modificaciones: mínimo veinticuatro horas entre convocatoria y sesión, salvo las extraordinarias y urgentes (urgencia declarada por mayoría de los miembros); no son públicas, y en diez días se envía copia del acta a todos los miembros de la Corporación; quórum de mayoría absoluta y, en segunda convocatoria, una hora después, la tercera parte y no menos de tres; informe previo de la Comisión Informativa en competencias delegadas por el Pleno; actas en libro distinto. En reuniones deliberantes no adopta acuerdos.

Artículo 114

La delegación de atribuciones requiere, para ser eficaz, la aceptación del Delegado. Se entiende aceptada tácitamente si en tres días hábiles desde la notificación del acuerdo el destinatario no manifiesta expresamente ante el órgano delegante que no la acepta. Las delegaciones del Pleno en el Alcalde o Presidente o en la Comisión de Gobierno, y las del Alcalde o Presidente en esta, no quedan revocadas por el mero cambio de titular de la Alcaldía o Presidencia o de composición de la Comisión. Revocar o modificar exige las mismas formalidades que otorgar.

Artículo 115

Si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conserva: a) recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación; b) ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. Además, los actos del órgano delegado se entienden dictados por el delegante, a quien corresponde resolver los recursos de reposición, salvo que el Decreto o acuerdo de delegación confiera expresamente la resolución de esos recursos.

Artículo 116

El órgano delegante puede avocar en cualquier momento la competencia delegada, con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común. Si revoca la delegación, el órgano que ostente la competencia originaria puede revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad delegada, en los mismos casos y condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos administrativos.

Artículo 117

Artículo 118

La delegación de atribuciones se entiende hecha por término indefinido. Hay dos salvedades: que la resolución o acuerdo de la delegación disponga otra cosa, o que la temporalidad de la delegación se derive de su propia naturaleza.

Artículo 208

Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición legal establezca lo contrario o que se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril. La eficacia queda demorada cuando lo exija el contenido del acto, cuando esté supeditada a su notificación y publicación o cuando una Ley exija su aprobación por otra Administración Pública.

Artículo 209

Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados pueden ejercer las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, previo recurso de reposición o reclamación previa en los casos en que proceda. Junto a los legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, pueden impugnar los actos y acuerdos que incurran en infracción del ordenamiento jurídico los miembros de las Corporaciones locales que hubieran votado en contra de ellos.

Artículo 210

Ponen fin a la vía administrativa: a) las resoluciones del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o proceda recurso ante estas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985; b) las de autoridades y órganos inferiores cuando resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa; c) la de cualquier otra autoridad u órgano cuando lo establezca una disposición legal.

Artículo 211

Antes del recurso contencioso-administrativo contra actos o acuerdos de las autoridades y entidades locales que pongan fin a la vía administrativa debe formularse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto o acuerdo, en el plazo de un mes desde su notificación. Es potestativo en materia de presupuestos, imposición y ordenación de tributos y en los demás casos en que lo sea según la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Para los Concejales o miembros que votaron en contra, el plazo se cuenta desde la fecha de la sesión en que se votó el acuerdo.

Artículo 212

Para ejercitar acciones fundadas en el Derecho privado o laboral contra las autoridades y entidades locales hace falta haber reclamado antes ante ellas mismas. Esa reclamación previa se tramita y se resuelve por las normas contenidas en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 213

Para reclamar contra cualquier acuerdo o resolución, tanto en la vía gubernativa como en la judicial, no es requisito indispensable consignar antes la cantidad exigida. La regla se entiende sin perjuicio de los procedimientos de apremio y de los afianzamientos o garantías legales.

Artículo 214

La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, cada una en el ámbito de sus competencias, están legitimadas para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, en los casos y términos del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Esas impugnaciones están exceptuadas del recurso previo de reposición.

Artículo 215

La Administración estatal o autonómica puede requerir la anulación del acto local que estime que infringe el ordenamiento jurídico, invocando expresamente el artículo 65 de la Ley 7/1985. El requerimiento, motivado y con la normativa vulnerada, se formula en quince días hábiles desde que recibe su comunicación; pedir más información lo interrumpe. La entidad puede anularlo, oídos en su caso los interesados. Cabe impugnar en dos meses tras vencer el plazo del requerimiento o recibir su rechazo, o directamente en dos meses desde la comunicación. Nada de ello suspende por sí solo el acto.

Artículo 216

Los actos y acuerdos locales que menoscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia local pueden ser impugnados directamente, sin previo requerimiento, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente, en quince días hábiles desde la recepción de la comunicación del acuerdo. Requisitos de la impugnación y efectos suspensivos: artículo 66, párrafo segundo, de la Ley 7/1985.

Artículo 217

Si una entidad local adopta actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Corporación y en caso de no ser atendido, puede suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para proteger dicho interés. Debe impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de diez días desde la suspensión.

Artículo 218

Sin perjuicio de las previsiones específicas de los artículos 65, 67 y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los órganos de las entidades locales pueden revisar sus actos, resoluciones y acuerdos en los términos y con el alcance de la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común. Cuando proceda legalmente, el dictamen del Consejo de Estado se solicita por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma y a través del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Artículo 219

Las entidades locales territoriales están legitimadas para impugnar las disposiciones y actos de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía, tal como la garantizan la Constitución y la Ley 7/1985. También lo están para promover, en los términos del artículo 119 de esa Ley, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de Leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas cuando se estime que son estas las que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada.

Artículo 220

Las entidades locales deben ejercer las acciones necesarias para defender sus bienes y derechos. Cualquier vecino en pleno goce de sus derechos civiles y políticos puede requerirlo; el requerimiento se comunica a los posibles afectados y suspende el plazo de ejercicio por treinta días hábiles. Si en esos treinta días la entidad no lo acuerda, los vecinos pueden ejercitar la acción en nombre e interés de la entidad, que les facilitará antecedentes, documentos y pruebas. Si prospera, el actor tiene derecho al reembolso de las costas procesales y a indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 221

Los acuerdos para ejercer acciones en defensa de los bienes y derechos de las entidades locales deben adoptarse previo dictamen del Secretario o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado. La representación y defensa en juicio de los entes locales corresponde a los Letrados que sirvan en sus Servicios Jurídicos, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y defienda.

Artículo 74

Bienes de uso público local: caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía competan a la Entidad local. Bienes de servicio público: los destinados a fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y edificios sede, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos y los montes catalogados de propiedad provincial.

Artículo 75

Los bienes comunales se aprovechan preferentemente en explotación colectiva o comunal. Si es impracticable, rige la costumbre u Ordenanza local y, en su defecto, se adjudican lotes o suertes a los vecinos, en proporción directa a sus familiares a cargo e inversa a su situación económica. Si es imposible, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá autorizar la subasta pública con preferencia de los postores vecinos en igualdad de condiciones. En aprovechamientos forestales cabe exigir arraigo si lo fijan Ordenanzas especiales aprobadas por ese órgano, previo dictamen consultivo.

Artículo 76

Son bienes patrimoniales o de propios los que reúnen tres notas: ser propiedad de la Entidad local, no estar destinados a uso público ni afectados a algún servicio público, y poder constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad.

Artículo 77

En casos extraordinarios, y previo acuerdo municipal adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, podrá fijarse una cuota anual que deberán abonar los vecinos por la utilización de los lotes que se les adjudiquen. Su fin es compensar estrictamente los gastos que origine la custodia, conservación y administración de los bienes.

Artículo 78

Los bienes comunales que no hayan sido objeto de disfrute comunal durante más de diez años, aunque haya habido algún acto aislado de aprovechamiento, podrán perder su carácter comunal por acuerdo de la Entidad local. Requiere información pública previa, voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y posterior aprobación de la Comunidad Autónoma. Si resultan calificados como patrimoniales y son susceptibles de aprovechamiento agrícola, deberán arrendarse a quienes se comprometan a explotarlos, con preferencia para los vecinos del Municipio.

Artículo 79

Toda enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles habrá de comunicarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma; si su valor excede del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación, requiere además autorización de ese órgano. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente salvo a Entidades o Instituciones públicas y para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.

Artículo 80

Las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública. La única excepción que recoge el artículo es el caso de enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario.

Artículo 81

Cuando las enajenaciones o gravámenes se refieran a monumentos, edificios u objetos de índole artística o histórica, será necesario el informe previo del órgano estatal o autonómico competente, de acuerdo con la legislación sobre Patrimonio Histórico y Artístico.

Artículo 82

No implican enajenación ni gravamen las cesiones de parcelas del patrimonio municipal a vecinos braceros, aunque su disfrute dure más de diez años, ni las otorgadas a vecinos para plantar arbolado en terrenos no catalogados como de utilidad pública. Las acuerda el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros. Los cesionarios se hacen, en su caso, dueños del arbolado que cultiven y durante los cinco años primeros pueden acotar las parcelas; si ello perjudica aprovechamientos comunales y hay reclamaciones vecinales, la cesión se suspende hasta nuevo acuerdo del Pleno.

Artículo 83

El arrendamiento de bienes patrimoniales de las Entidades locales se regirá, en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación, por las normas jurídico-públicas que regulen la contratación.

Artículo 84

Las Entidades locales pueden explotar sus montes y realizan su conservación y fomento. Les corresponde la repoblación forestal, ordenación y mejora de sus montes, estén o no declarados de utilidad pública, con intervención del Estado o de la Comunidad Autónoma. Si poseen montes despoblados en superficie igual o superior a cien hectáreas, deben repoblar la cuarta parte de esa superficie. Si no lo hacen pese a la colaboración recibida, el Estado o la Comunidad Autónoma podrán repoblar por su cuenta, concediendo a la Entidad local opción para adquirir la propiedad del monte formado.

Artículo 85

Las Entidades locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales. Para ello es suficiente la certificación que, con relación al inventario aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario con el visto bueno del Alcalde o Presidente, que producirá iguales efectos que una escritura pública.

Artículo 86

Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen. De él se remitirá copia a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma. Se rectificará anualmente y se comprobará siempre que se renueve la Corporación.

Artículo 87

Los valores mobiliarios podrán depositarse, por acuerdo plenario, en establecimientos bancarios en que exista intervención del Estado. Los resguardos de depósito se conservarán en la Caja de la Entidad local.

Artículo 126

Las plantillas comprenden todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, y se aprueban anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto. Pueden ampliarse si el incremento del gasto se compensa reduciendo otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables, o si deriva de servicios obligatorios impuestos por disposiciones legales. Modificarlas durante la vigencia del Presupuesto exige los trámites de modificación de este. Las relaciones de puestos se confeccionan según el artículo 90.2 de la Ley 7/1985.

Artículo 127

Aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remite copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días. Ello es sin perjuicio de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen del Presupuesto.

Artículo 128

Las Corporaciones locales aprueban y publican anualmente la oferta de empleo público dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública. No cabe nombrar interinos para plazas no incluidas en la oferta, salvo vacantes realmente producidas con posterioridad a su aprobación. El interino cesa automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados, y los nuevos interinos se nombran para las plazas que continúen vacantes una vez concluidos los procesos selectivos.

Artículo 129

Gobierno, a propuesta del Ministro de Administración Territorial: límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias, límites generales a los gastos de personal, normas básicas de la carrera administrativa y demás normas básicas por Real Decreto. Ministerio: normas para confeccionar las relaciones de puestos y habilitados nacionales. Órganos de la Corporación: las restantes, como aprobar plantillas y relaciones de puestos, escalas, subescalas y clases, e ingreso en Administración Especial; estos acuerdos se comunican al Ministerio y al órgano autonómico en treinta días.

Artículo 130

Son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. Son funcionarios de carrera los que, en virtud de nombramiento legal, desempeñan servicios de carácter permanente en una Entidad local, figuran en las correspondientes plantillas y perciben sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del presupuesto de las Corporaciones.

Artículo 131

Los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se integran en las escalas, subescalas, clases y categorías de cada Corporación, con arreglo a lo que previene la propia Ley. Las subescalas, clases y categorías quedan agrupadas, conforme a la legislación básica del Estado, en los grupos que esta determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso.

Artículo 132

Corresponde a los funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones señaladas en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como las que, en su desarrollo y en orden a la clasificación de puestos, se determinen en las normas estatales sobre confección de las relaciones de puestos de trabajo y descripción de puestos de trabajo-tipo.

Artículo 133

El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local se ajusta a la legislación básica del Estado sobre función pública. Se establece teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, e incluye a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.

Artículo 134

Las convocatorias son siempre libres, pero puede reservarse a promoción interna hasta un máximo del 50 por 100 de las plazas convocadas, para funcionarios que reúnan la titulación y demás requisitos exigidos en la convocatoria. Se aplican las normas de la propia Ley y las que dicte el Estado en uso de las autorizaciones de los artículos 98.1 y 100.2 de la Ley 7/1985; en lo no previsto en ellas, la reglamentación de ingreso en la función pública de la respectiva Comunidad Autónoma, y supletoriamente el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado.

Artículo 135

Para ser admitido a las pruebas de acceso a la Función Pública local es necesario: ser español; tener cumplidos 18 años de edad; estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones; y no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Artículo 136

El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos corresponde al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación que, por delegación de aquel, ostente la jefatura directa de personal. Es nulo el nombramiento como funcionario de la Entidad local de quienes estén incursos en causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente. Idénticas reglas se aplican al personal interino a que se refiere el artículo 128.2.

Artículo 137

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de cuatro requisitos: superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos de formación preceptivos; nombramiento conferido por la autoridad competente; prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida; y tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente.

Artículo 138

La condición de funcionario de carrera de la Administración local se pierde por renuncia, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria de separación del servicio, pena de inhabilitación absoluta o especial y jubilación forzosa o voluntaria. La renuncia no inhabilita para nuevo ingreso. Recuperada la nacionalidad, se puede solicitar la rehabilitación. La pérdida por separación del servicio o por inhabilitación es definitiva, sin perjuicio de los supuestos de rehabilitación. La relación funcionarial cesa durante el tiempo de la condena a la pena de suspensión de cargo público.

Artículo 139

La jubilación de los funcionarios tiene lugar: forzosamente por cumplimiento de la edad; de oficio o a petición del interesado, por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones; y a instancia del interesado, por haber cumplido sesenta años de edad y completado treinta años de servicios efectivos. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir los sesenta y cinco años. Los derechos pasivos se rigen por su legislación específica, que deberá ser homologada a la normativa general de los funcionarios civiles del Estado.

Artículo 140

Los funcionarios de carrera de la Administración local pueden hallarse en estas situaciones: servicio activo, servicio en Comunidades Autónomas, excedencia forzosa o voluntaria, servicios especiales y suspensión. Se regulan por la normativa básica estatal y por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local.

Artículo 141

Se asegura a los funcionarios de carrera en las Entidades locales el derecho al cargo, sin perjuicio de su adscripción a unos u otros puestos de trabajo por los órganos competentes. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional gozan, asimismo, del derecho a la inamovilidad en la residencia; los demás funcionarios también, en cuanto el servicio lo consienta. Las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el ejercicio de sus cargos y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales debidos a su rango y a la dignidad de la función pública.

Artículo 142

Los funcionarios de la Administración local tienen derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva. Supletoriamente, tienen derecho a las previstas en la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.

Artículo 143

Las Entidades locales están obligadas, en los términos de la legislación vigente, a facilitar a sus funcionarios una adecuada asistencia médico-farmacéutica, que incluirá la quirúrgica y de especialidades. Ello se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional de esta Ley y en las disposiciones dictadas en su desarrollo.

Artículo 144

Los funcionarios de Administración local tienen las obligaciones determinadas por la legislación sobre función pública de la correspondiente Comunidad Autónoma y, en todo caso, las previstas en la legislación básica del Estado sobre función pública.

Artículo 145

El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración local es el establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración local.

Artículo 146

Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus cargos se califican de leves, graves y muy graves. Prescriben: las leves, al mes; las graves, a los dos años; las muy graves, a los seis años. La forma de computar esos plazos de prescripción se determinará reglamentariamente.

Artículo 147

Las faltas muy graves son las tipificadas por la legislación básica de la función pública. Las faltas graves y leves son las establecidas en la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, en la legislación de funcionarios civiles del Estado.

Artículo 148

Sanciones: a) apercibimiento, b) deducción proporcional de las retribuciones, c) suspensión de funciones, d) destitución del cargo, e) separación del servicio. Leves: sólo a) y b); las de puntualidad y asistencia leves, deducción proporcional. Graves: b), c) y d). Muy graves: c), d) y e). La d) sólo se aplica a funcionarios con habilitación de carácter nacional; a ellos no se les aplica la suspensión por más de un año, sustituida por destitución con prohibición de nuevo destino por un máximo de tres años. La suspensión firme determina la pérdida del puesto de trabajo.

Artículo 149

No se pueden imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino en virtud de expediente instruido al efecto con audiencia del interesado; la tramitación del expediente se rige por las disposiciones reglamentarias correspondientes. Las faltas leves pueden ser corregidas sin necesidad de instruir expediente, dando audiencia, en todo caso, al interesado.

Artículo 150

Incoan los expedientes disciplinarios: el Presidente de la Corporación, en todo caso, o el miembro que por delegación suya ostente la jefatura directa del personal; y la Dirección General de Administración Local, para funcionarios con habilitación de carácter nacional, por faltas cometidas en Corporación distinta de aquélla en la que presten servicios o cuando, por la gravedad de los hechos, pudiera dar lugar a destitución o separación del servicio. Quien incoa nombra Instructor, decreta o alza la suspensión provisional e instruye diligencias previas.

Artículo 151

Imponen las sanciones por faltas graves o muy graves al resolver el expediente: a) el Ministro de Administraciones Públicas, la destitución del cargo o la separación del servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional, y su suspensión de funciones cuando la falta se cometió en Corporación distinta de la que prestan servicios actualmente; b) el Pleno de la Corporación, las sanciones a funcionarios con habilitación de carácter nacional no comprendidas en a) y la separación del servicio de otros funcionarios cuyo nombramiento esté atribuido a la Corporación.

Artículo 152

Las sanciones disciplinarias se anotan en las hojas de servicios de los funcionarios y, en todo caso, en el Registro de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación se rige por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la de funcionarios civiles del Estado. Los separados del servicio por sanción disciplinaria podrán ser rehabilitados acreditando la cancelación de antecedentes penales, en su caso, el cumplimiento de las responsabilidades y una conducta acreedora a ello a juicio de la autoridad que deba decidir.

Artículo 153

Los funcionarios de Administración local sólo son remunerados por sus Corporaciones respectivas y por los conceptos del artículo 23 de la Ley 30/1984. Por eso no pueden participar en la distribución de fondos de ninguna clase ni cobrar remuneraciones distintas, ni siquiera por confección de proyectos, dirección o inspección de obras, presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes e informes. Las cantidades de esos fondos se incluyen en el presupuesto de ingresos de las Corporaciones. Estructura, criterios de valoración y cuantías se rigen por el artículo 93 de la Ley 7/1985.

Artículo 154

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año fija los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales. Si se refieren a la cuantía global de las retribuciones de los funcionarios, se entienden sin perjuicio de las ampliaciones de plantillas del artículo 126.2 y 3. Aun así, la Ley de Presupuestos u otras leyes especiales o coyunturales pueden fijar reglas específicas o limitar las retribuciones individuales. La ordenación del pago de gastos de personal tiene preferencia sobre cualquier otro con cargo a los fondos de la Entidad.

Artículo 155

Si un funcionario presta servicios sucesivamente en distintos cuerpos o, en su caso, subescalas, clases o categorías, tiene derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los anteriores. Si cambia de cuerpo o, en su caso, de subescala, clase o categoría antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considera tiempo de servicio prestado en el nuevo a que pase a pertenecer.

Artículo 156

El disfrute de las retribuciones complementarias no crea derechos adquiridos en favor de los funcionarios. La salvedad que recoge el artículo es lo establecido legalmente respecto del grado consolidado en relación con el nivel de complemento de destino.

Artículo 157

La ayuda familiar y las indemnizaciones por razón del servicio o por residencia en ciertos lugares del territorio nacional del personal al servicio de las Corporaciones locales que tenga derecho a ellas son las mismas que correspondan al personal al servicio de la Administración del Estado. En ningún caso hay derecho a percibir indemnización por casa-habitación.

Artículo 158

La obtención de la habilitación de carácter nacional se rige por lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por las normas reglamentarias que la desarrollen. El artículo no añade reglas propias: señala dónde está la regulación.

Artículo 159

Crear, suprimir y clasificar los puestos reservados a habilitados de carácter nacional es competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas, según los límites de población, presupuesto y demás circunstancias que fije reglamentariamente la Administración del Estado. A solicitud de ciertos municipios (población muy superior a la residente en importantes temporadas, centro de comarca y otras análogas), la Comunidad Autónoma puede clasificar el puesto en categoría superior a la de su población. El Gobierno regula la situación de los funcionarios cuyo puesto cambie de clasificación.

Artículo 160

La provisión de puestos vacantes reservados a habilitados de carácter nacional se rige por el artículo 99 de la Ley 7/1985; en Madrid y Barcelona se tiene en cuenta su Disposición adicional sexta. Las Comunidades Autónomas pueden hacer nombramientos provisionales, de acuerdo con las Corporaciones afectadas y previa conformidad de los interesados, y revocarlos de acuerdo con la Corporación. También pueden autorizar acumulaciones (vacante, ausencia o enfermedad, en entidad local próxima), conferir comisiones de servicios y autorizar permutas.

Artículo 161

En todas las entidades locales existe, al menos, un puesto con la responsabilidad administrativa de la función del artículo 92.3 a) de la Ley 7/1985. La Administración del Estado determina reglamentariamente cuándo procede agrupar Municipios u otras entidades para sostenerlo en común como puesto único; las agrupaciones las acuerda el órgano competente de la Comunidad Autónoma, que también clasifica los puestos resultantes. Las entidades sin medios y no agrupadas quedan dispensadas cuando lo determine el Estado: sus funciones pasan a los servicios de asistencia o a la acumulación.

Artículo 162

La función de la Secretaría comprende dos cometidos: el asesoramiento legal preceptivo de la Corporación, así como de su Presidencia y Comisiones, y la fe pública de todos los actos y acuerdos. El alcance y contenido de esa función lo determina reglamentariamente la Administración del Estado.

Artículo 163

En las Entidades locales en que lo establezca reglamentariamente la Administración del Estado existe, al menos, un puesto de trabajo distinto del previsto en el artículo 161 con la responsabilidad administrativa de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad. En las restantes Entidades locales, esas funciones forman parte de las que legalmente corresponden a los puestos del artículo 161.

Artículo 164

En las Entidades locales del número 1 del artículo anterior existe también un puesto específico con la responsabilidad administrativa de las funciones de tesorería, que incluye el manejo y custodia de fondos y valores de la Entidad, y recaudación, que implica la Jefatura de los Servicios correspondientes; su alcance y contenido lo determina reglamentariamente la Administración del Estado. El habilitado que lo desempeñe debe constituir fianza antes de entrar en posesión, igual que cualquier otro funcionario o miembro de la Corporación que se haga cargo de esa responsabilidad.

Artículo 165

Además de los puestos mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de los artículos anteriores, las Corporaciones locales pueden crear otros puestos reservados igualmente a esos funcionarios, en los términos que determine reglamentariamente la Administración del Estado. La clasificación de esos puestos corresponde a las Comunidades Autónomas. En todo caso, su provisión se ajusta al sistema general del artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 166

Lo dispuesto en los artículos anteriores no impide asignar a los puestos de trabajo a que se refieren otras funciones distintas o complementarias. Las funciones complementarias se asignan a través de la relación de puestos de trabajo. Mientras esta no haya sido aprobada por el Pleno de la Corporación, el Presidente de la Entidad, en uso de sus atribuciones básicas de dirección de la administración, puede encomendar ese tipo de funciones a los funcionarios que desempeñan dichos puestos.

Artículo 167

Los funcionarios de carrera de la Administración local sin habilitación de carácter nacional se integran en las escalas de Administración General y Administración Especial de cada Corporación, agrupadas en grupos conforme a la legislación básica del Estado sobre función pública, según la titulación exigida para su ingreso. Administración General: subescalas Técnica, De gestión, Administrativa, Auxiliar y Subalterna. Administración Especial: Técnica y De Servicios Especiales. Cada Corporación crea las Escalas, Subescalas y clases y clasifica en ellas a los funcionarios, según esta Ley.

Artículo 168

La provisión de los puestos de trabajo que, de conformidad con la relación aprobada, estén reservados a funcionarios de carrera o puedan ser desempeñados por ellos se rige por las normas que dicte la Administración del Estado en desarrollo de la legislación básica en materia de función pública local.

Artículo 169

La Escala de Administración General desempeña las funciones comunes a la actividad administrativa. Tareas: Técnica, gestión, estudio y propuesta de nivel superior; Gestión, apoyo a esas funciones; Administrativa, trámite y colaboración; Auxiliar, mecanografía, archivo y similares; Subalternos, vigilancia y custodia interior. Ingreso: Técnica, Administrativa y Auxiliar por oposición libre; Subalterna por concurso, oposición o concurso-oposición libre, según acuerdo de la Corporación. Promoción interna: 25 por 100 en la Técnica y 50 por 100 en la Administrativa, con cinco años de servicios.

Artículo 170

Son funcionarios de Administración Especial los que tienen atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio. Los puestos de funcionarios de servicios especiales pueden existir en cualquier clase de Corporación. El personal de los Servicios de Informática de las Corporaciones locales que no resulte incluido en las Subescalas de Administración General se clasifica, según la naturaleza de su especialidad y los títulos exigidos para su ingreso, en la clase que corresponda de las Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales.

Artículo 171

Pertenecen a la Subescala Técnica de Administración Especial quienes desarrollan tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio las leyes exigen determinados títulos académicos o profesionales. Por el carácter y nivel del título se dividen en Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares. Ingreso: oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, con el título correspondiente, sin perjuicio de las normas que pueda dictar la Administración del Estado. Los Médicos de la Beneficencia Provincial: regulación específica o estos procedimientos.

Artículo 172

Pertenecen a la Subescala de Servicios Especiales los funcionarios que desarrollan tareas que requieren una aptitud específica y para cuyo ejercicio no se exige, con carácter general, la posesión de títulos académicos o profesionales determinados. Sin perjuicio de las peculiaridades de cada Corporación, comprende estas clases: Policía Local y sus auxiliares, Servicio de Extinción de Incendios, Plazas de Cometidos Especiales, Personal de Oficios y Agentes forestales y medioambientales. Ingreso: oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva.

Artículo 173

La Policía Local ejerce sus funciones de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo no detalla esas funciones: se limita a esa remisión.

Artículo 174

La clase de cometidos especiales comprende al personal de las Bandas de Música y a los restantes funcionarios que realicen tareas de carácter predominantemente no manual, no comprendidas en el artículo 171.1, en las diversas ramas o sectores de actuación de las Corporaciones locales. Se subdividen en categorías según el nivel de titulación exigido.

Artículo 175

Se integran en la clase de Personal de Oficios los funcionarios que realizan tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Dentro de cada uno se clasifican en Encargado, Maestro, Oficial, Ayudante y Operario, según el grado de responsabilidad o de especialización, siendo necesario en todo caso poseer la titulación exigida para el ingreso. Ello sin perjuicio de que estas tareas no tengan la consideración de funciones públicas del artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 175 bis

Se integran en la clase de agentes forestales y medioambientales las personas funcionarias que tengan asignadas funciones de vigilancia, policía y custodia de bienes medioambientales y forestales. El acceso requiere disponer de la titulación exigida en función del subgrupo de clasificación, de los previstos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el que se incluya la categoría correspondiente.

Artículo 176

El personal eventual se rige por el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Sus puestos reservados deben figurar en la plantilla de personal de la Corporación. Puede desempeñar determinados puestos de carácter directivo incluidos en la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con las normas que dicte el Estado para su confección; en ese caso debe reunir las condiciones específicas exigidas a los funcionarios que puedan desempeñarlos. En ningún caso el desempeño de un puesto reservado a este personal constituye mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna.

Artículo 177

La selección del personal laboral se rige por el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. La contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial y demás modalidades previstas en la legislación laboral, y el régimen de esas relaciones es, en su integridad, el de las normas de Derecho Laboral. Es nulo el contrato laboral por tiempo indefinido celebrado por una Entidad local con persona incursa en alguna de las causas de incapacidad específica que sean de aplicación a los funcionarios y al personal interino.

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Artículo 1. Regulación jurídica de los bienes

El patrimonio de las Entidades Locales de Andalucía lo forman todos los bienes, derechos y acciones que les pertenezcan por cualquier título. Su régimen sigue la prelación de normas del artículo 1.2 de la Ley 7/1999 y, en su caso, el derecho privado. Los Patrimonios Municipales del Suelo se rigen por su legislación específica (sin perjuicio del artículo 17 de la Ley 7/1999) y los montes vecinales en mano común y los catalogados, por su normativa específica.

Artículo 2. Clasificación de los bienes

Artículo 3. Bienes de dominio público

Son de dominio público local los bienes destinados a un uso o servicio público y los comunales. Uso público: caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques y demás obras de utilización general de titularidad local. Servicio público: los destinados a competencias o fines públicos (Casas Consistoriales, mercados, cementerios, museos, montes catalogados, polideportivos…). La afectación por planes urbanísticos se produce al ceder el bien. Comunales: su aprovechamiento pertenece al común de la vecindad; su administración y conservación corresponde a la Entidad Local titular.

Artículo 4. Carácter de los bienes de dominio público

Artículo 5. Bienes patrimoniales

Son patrimoniales los bienes de titularidad local no destinados directamente al uso público, ni afectados a un servicio público local, ni al aprovechamiento comunal, y que pueden ser fuente de ingresos. Si no consta la afectación, se presume el carácter patrimonial. Entre otros, son patrimoniales: participaciones y títulos de capital en empresas, cooperativas o asociaciones; los bienes adjudicados en el procedimiento recaudatorio contra deudores tributarios; y las parcelas sobrantes y los bienes o efectos no utilizables.

Artículo 6. Parcelas sobrantes

Parcelas sobrantes: porciones de terreno de la Entidad Local que, por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no admiten uso o aprovechamiento adecuado. Las declara la Presidencia, previa depuración física y jurídica, valoración técnica e información pública de veinte días en el tablón y en el Boletín Oficial de la Provincia. En Entidades de menos de dos mil habitantes basta edicto en los tablones y lugares consuetudinarios. No hace falta expediente si el carácter de sobrante deriva del planeamiento general.

Artículo 7. Bienes o efectos no utilizables

Son bienes o efectos no utilizables los que, por deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación, resultan inservibles o inadecuados para la finalidad y destino que les correspondía. La declaración como no utilizable corresponde a la Presidencia de la Entidad Local, previo informe técnico que valore el bien y motive su condición de no utilizable.

Artículo 8. Centros docentes

Los edificios públicos de centros de educación infantil, primaria o especial son de titularidad de las Entidades Locales, que se ocupan de su conservación, mantenimiento y vigilancia; usarlos para otras enseñanzas no cambia la titularidad. Si se dejan de impartir las enseñanzas, la Entidad Local puede pedir a la Administración educativa autonómica la desafectación del uso docente: sin resolución expresa en tres meses, se entiende otorgada. Una vez desafectado, la Entidad dispone libremente del edificio para fines de interés local.

Artículo 9. Procedimiento de alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales

El Pleno acuerda la alteración de la calificación jurídica de los bienes, con expediente motivado: incoación por la Presidencia; información pública de un mes en el BOP y tablón; y acuerdo plenario por mayoría absoluta del número legal de miembros si son demaniales o comunales. La alteración es automática, entre otros casos, por aprobación definitiva del planeamiento general, adscripción de bienes patrimoniales durante más de veinticinco años o usucapión. Los bienes desafectados no son patrimoniales hasta su recepción formal aprobada por el Pleno.

Artículo 10. Desafectación de bienes comunales

Los bienes comunales solo pueden desafectarse si no han sido objeto de disfrute comunal durante más de diez años, aunque en alguno haya habido actos aislados de aprovechamiento. Procedimiento: resolución de la Presidencia que ordena incoar el expediente; información pública de un mes en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón; y acuerdo plenario por mayoría absoluta del número legal de miembros, que se eleva a la Junta de Andalucía para su aprobación.

Artículo 11. Mutaciones demaniales

Mutación demanial objetiva: automática, por cambio de destino público del bien, si se altera el uso o servicio por otro del mismo carácter o concurren afectaciones compatibles. Mutación subjetiva: cambia la Administración titular sin modificar el destino público; se formaliza mediante convenio administrativo entre las Administraciones intervinientes y se inscribe en el Registro de la Propiedad. En ninguno de los dos casos hace falta el procedimiento del artículo 9.1.

Artículo 12. Reglas para la adquisición y disposición onerosas de bienes inmuebles patrimoniales

La adquisición y disposición onerosas de bienes inmuebles patrimoniales siguen la normativa de contratación con estas reglas: depuración física y jurídica, con deslinde e inscripción si hace falta; valoración técnica, que se repite si el acuerdo no llega en un año; autorización autonómica previa si el valor supera el 25 % de los recursos ordinarios (dos meses, silencio positivo); y acuerdo del órgano competente. Por debajo del 25 %, se comunica en seis días a la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia; el Pleno decide por mayoría absoluta si el valor supera el 20 %.

Artículo 13. Reglas para la adquisición y disposición onerosas de bienes y derechos de naturaleza no inmobiliaria

La adquisición y disposición onerosas de bienes y derechos no inmobiliarios se rigen así: los suministros, por la legislación de contratos y los artículos siguientes; las operaciones singulares, con valoración técnica fehaciente y los procedimientos del Reglamento; los valores mobiliarios, por la normativa de servicios públicos locales y el Reglamento. Para enajenar valores mobiliarios o participaciones en sociedades hace falta informe autonómico, que debe emitirse en un mes desde la entrada del expediente; si no se emite, se entiende favorable.

Artículo 14. Contenido del expediente administrativo

Toda adquisición o disposición onerosa de bienes y derechos patrimoniales exige expediente con: memoria de la Presidencia que especifique los bienes y acredite su depuración física y jurídica cuando proceda; pliego de condiciones; pliego de prescripciones técnicas si lo requiere el contrato; informe de la Intervención con la retención de crédito cuando corresponda (si hay aportaciones de distinta procedencia, se acredita su disponibilidad documentalmente); e informe de valoración técnico. Después el órgano de contratación aprueba el expediente y se inicia la licitación.

Artículo 15. Contenido de los pliegos de condiciones

Los pliegos deben recoger: objeto y características; plazo de cumplimiento y, en su caso, de elevación a escritura pública; causas especiales de resolución; documentación; tipo de licitación según valoración técnica; partida presupuestaria en las adquisiciones; garantía provisional (en su caso) y definitiva; posibilidad de mejoras o variantes; criterios de adjudicación valorados porcentualmente de forma decreciente si se adjudica por concurso; plazo y modo de garantía; modelo de oferta; derechos y obligaciones; forma de pago; y otras determinaciones.

Artículo 16. Garantías

El artículo no regula las garantías por sí mismo: remite a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas todo lo relativo a su constitución, régimen, extensión y cancelación en las operaciones sobre bienes de las Entidades Locales.

Artículo 17. Formas de pago

El precio de la licitación se paga en el momento que fije el pliego. El pliego puede permitir, en casos justificados, el pago aplazado, que devenga como mínimo el interés legal del dinero y se garantiza con aval bancario. Si el adjudicatario constituye hipoteca o prenda sin desplazamiento sobre el bien para pagarlo, enajenación e hipoteca se formalizan en unidad de acto. Las Entidades pueden adquirir con compromisos plurianuales; las anualidades e importes los fija el pliego.

Artículo 18. Subasta

En la subasta, si hay empate tras leer las ofertas, se adjudica por «puja a la llana»: la Presidencia pide a los empatados que formulen de viva voz posturas al alza hasta que no haya más, y gana la postura más alta. Si la subasta queda desierta, la Entidad puede optar por el negociado sin publicidad o por nuevas licitaciones rebajando (enajenación) o incrementando (adquisición) el valor de tasación, sin superar el 25 % del valor originario. Pasado un año desde la primera licitación sin adjudicación, hace falta nueva tasación.

Artículo 19. Adquisición de bienes y derechos

Las Entidades Locales pueden adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos y deben ejercitar las acciones pertinentes para defender su patrimonio, conforme a la Ley 7/1999, a este Reglamento y a la demás normativa aplicable.

Artículo 20. Adquisición onerosa o lucrativa

Las Entidades Locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso o lucrativo, de derecho público o privado, y en particular: por expropiación forzosa; por cesión de naturaleza urbanística; por prescripción adquisitiva; por procedimiento judicial o administrativo; y por sucesión administrativa, especialmente por modificaciones de términos municipales o transferencias de competencias de otras Administraciones.

Artículo 21. Procedimiento de adquisición de bienes y derechos a título oneroso

La adquisición onerosa se rige, en preparación y adjudicación, por la legislación de contratos; la destinada al Patrimonio Municipal del Suelo, por su legislación específica. El concurso es la forma habitual. Cabe subasta si el precio es el único criterio y negociado en los casos del artículo 10 de la Ley 7/1999 o si concurso o subasta quedan sin adjudicar, sin alterar las condiciones si se adjudica en un año. El expediente incluye memoria justificativa, valoración pericial técnica y, en su caso, informes y comunicaciones autonómicas.

Artículo 22. Adquisición de bienes y derechos a título gratuito

La adquisición gratuita no tiene restricciones, pero si lleva carga o gravamen solo se acepta tras expediente con informe técnico que acredite que el gravamen no excede del valor de lo adquirido. La herencia se acepta siempre a beneficio de inventario: si es incondicional, la acepta expresamente la Presidencia; si hay condiciones, el Pleno. La renuncia a adquisiciones gratuitas es del Pleno: mayoría absoluta si los bienes superan el 10 % de los recursos ordinarios y mayoría simple en los demás casos. Las cesiones gratuitas temporales requieren acta de entrega de la Secretaría.

Artículo 23. Adquisición condicional y modal

Si la Entidad Local adquirió bienes con condición o modo de afectación permanente a un destino, la condición se entiende cumplida cuando han servido a ese destino durante treinta años, aunque luego dejen de hacerlo por circunstancias sobrevenidas de interés público declaradas por el Pleno. También se entienden cumplidas si, alteradas las circunstancias, se destinan a finalidades análogas; esa analogía la declara el Pleno, previa audiencia de los posibles interesados.

Artículo 24. Adquisición por expropiación

La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa y su incorporación al patrimonio de la Entidad Local no se regulan en el Reglamento: se rigen por su normativa específica.

Artículo 25. Adquisición por cesión de naturaleza urbanística

Artículo 26. Adquisición por prescripción y por ocupación

Las Entidades Locales adquieren por prescripción el dominio y los demás derechos reales conforme al Código Civil, sin perjuicio de disposiciones especiales. La ocupación de bienes muebles por las Entidades Locales se rige por el Código Civil y las leyes especiales.

Artículo 27. Adquisición por procedimiento judicial o administrativo

Cuando se adjudican bienes o derechos a una Entidad Local en un procedimiento judicial o administrativo, primero se identifica con precisión el bien (si no lo estuviera) y lo tasa personal técnico. Después se califica y se inscribe la adquisición en el Inventario y en los registros correspondientes.

Artículo 28. Sucesión administrativa

Hay sucesión administrativa en la titularidad de bienes y derechos de las Entidades Locales cuando se modifica su ámbito territorial por los procedimientos legales o cuando otra Administración les transfiere competencias con traspaso de los bienes afectos. La sucesión comprende los bienes de dominio público y los patrimoniales afectados, aunque los acuerdos pueden fijar peculiaridades respecto de los patrimoniales.

Artículo 29. Aceptación de Patrocinios

Las Entidades Locales pueden aceptar Patrocinios para promover la participación privada en fines de interés general, según su Ordenanza de Patrocinio. Se destinan a actividades deportivas, culturales, educativas, turísticas, de festejos u otras de interés social, y a restaurar y mantener bienes históricos, artísticos o culturales. No pueden generar privilegios respecto a la actividad municipal ni relación laboral, ni usarse como criterio de valoración en licitaciones futuras.

Artículo 30. Formas de Patrocinio

El Patrocinio puede adoptar tres formas: aportaciones económicas que contribuyen a los gastos de la actividad patrocinada; aportación del material necesario para la actividad; y cesiones de bienes muebles o inmuebles.

Artículo 31. Contenido mínimo de las Ordenanzas de Patrocinio

Las Ordenanzas de Patrocinio deben contener, entre otras: la obligación de la Entidad Local de publicar cada año, en el medio de comunicación de mayor difusión del municipio, las actividades previstas para patrocinio ese año, para comprobar que existe concurrencia en la firma de los convenios; los requisitos de los patrocinadores; y el procedimiento de aceptación y gestión del Patrocinio.

Artículo 32. Régimen jurídico de la disposición onerosa de bienes y derechos patrimoniales

La disposición de bienes y derechos patrimoniales se prepara y adjudica según el Capítulo I de este Título. Rigen para ella las prohibiciones de contratar de la normativa de contratos públicos. Si el valor de los bienes supera el 20 % de los recursos ordinarios del presupuesto, hace falta acuerdo del Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros. Los concesionarios de bienes de dominio público tienen derecho de adquisición preferente cuando esos bienes se enajenan tras perder su condición demanial.

Artículo 33. Enajenación, gravamen, aportación y permuta de bienes inmuebles

La enajenación, el gravamen, la aportación o la permuta de bienes inmuebles se rigen por las reglas del artículo 12 del Reglamento, sin perjuicio de lo que dispongan los artículos siguientes para cada supuesto.

Artículo 34. Destino del importe de las disposiciones onerosas

Lo obtenido por la disposición onerosa de bienes patrimoniales no puede financiar gastos corrientes. Solo se exceptúan los ingresos procedentes de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y de bienes no utilizables en servicios locales.

Artículo 35

No se puede disponer de bienes en litigio o de titularidad controvertida sin advertirlo expresamente en el pliego y sin que los adquirentes asuman el riesgo del litigio. Si el litigio surge durante la adjudicación, se suspende la tramitación y la Entidad decide en un mes si continúa; si continúa, debe constar que los adquirentes asumen el riesgo. La eficacia queda condicionada a la sentencia firme, sin que licitadores ni adquirente puedan exigir responsabilidad a la Entidad.

Artículo 36

Enajenar, gravar, aportar o permutar bienes del Patrimonio Municipal del Suelo cuyo valor exceda del 25 % de los recursos ordinarios exige autorización autonómica previa al acuerdo definitivo; se resuelve en dos meses y el silencio es positivo, y la solicitud incluye los documentos del artículo 12.2 salvo la letra e). Si el valor no excede del 25 %, el acto se comunica en seis días desde su adopción a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, que a su vez da traslado a la consejería autonómica.

Artículo 37. Enajenación de bienes patrimoniales mediante subasta o concurso

La forma normal de enajenar bienes patrimoniales es el procedimiento abierto por subasta pública. Se usa el concurso siempre que el precio no sea el único criterio determinante y, en particular, cuando: afecte a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública; el bien se destine a fines de interés general fijados en el pliego; el pliego permita pagar parcialmente en especie; o se enajenen acciones o participaciones de empresas públicas con transformación del modo de gestión.

Artículo 38. Enajenación de bienes y derechos patrimoniales por procedimiento negociado

Cabe el procedimiento negociado sin publicidad para enajenar bienes patrimoniales en seis supuestos: parcelas sobrantes; subastas o concursos desiertos, inadmitidos o con adjudicatario que no formaliza (sin cambiar condiciones y culminando en un año desde el acuerdo que lo declare); urgencia reconocida, con informe favorable que debe emitirse en diez días (si no se emite, se entiende favorable); precio inferior a 12.020,24 euros; bienes no utilizables ya valorados; y ejercicio de un derecho reconocido por una norma.

Artículo 39. Disposiciones de bienes y derechos entre Administraciones Públicas

Cuando las Administraciones Públicas disponen de bienes y derechos entre sí, o entre ellas y las Entidades públicas dependientes o vinculadas, el instrumento que debe usarse es el convenio administrativo. Es la única regla del artículo: la forma jurídica de estas disposiciones entre sujetos públicos.

Artículo 40

Las parcelas sobrantes se enajenan a los propietarios colindantes o se permutan con terrenos de éstos. Si hay varios colindantes, la venta o permuta debe ajustar las parcelas resultantes al criterio más racional de ordenación del suelo, previo dictamen técnico. Si un propietario se niega a adquirir, la Entidad puede expropiarle su terreno para regularizar las fincas conforme al planeamiento general, pudiendo ser beneficiario el colindante más conveniente, también previo dictamen técnico.

Artículo 41. Patrimonio de los entes públicos dependientes o vinculados

Los entes públicos con personalidad creados por las Entidades Locales tienen patrimonio propio, además de los bienes que se les adscriban; la adscripción nunca transmite la titularidad. Los bienes adscritos se usan solo para los fines asignados al ente. Las adquisiciones onerosas que superen el diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto del ente necesitan autorización de la Entidad Local de la que depende, conforme a sus Estatutos.

Artículo 42. Reincorporación de bienes adscritos

Los bienes y derechos que la Entidad Local adscribió a un ente dependiente y que resulten innecesarios para sus fines se reincorporan al patrimonio de esa Entidad Local. La reincorporación se hace según lo previsto en los estatutos o, en su caso, en los términos del acuerdo de aportación o adscripción.

Artículo 43. Destino del patrimonio en caso de disolución

Si se disuelve un ente público dependiente, tras liquidar su patrimonio, sus bienes y derechos se incorporan o revierten a la Entidad Local de la que depende. Excepción: los bienes cedidos por otras Administraciones o por particulares sujetos a condición, término o modo, y los cedidos en uso que deban reintegrarse, revierten a sus titulares en los términos del acuerdo de cesión.

Artículo 44. Aportaciones al capital social

Las aportaciones dinerarias de las Entidades Locales a sociedades mercantiles en cuyo capital participen, y a cooperativas y sociedades civiles en que tengan participación con objeto de servicios o actividades económicas de su competencia, deben estar totalmente desembolsadas y representadas por sus títulos. Las no dinerarias (propiedad u otros derechos reales sobre bienes patrimoniales) se valoran según la legislación mercantil y cumplen la normativa de servicios locales.

Artículo 45. Aportación de concesión demanial

Aportar una concesión demanial a una sociedad da lugar a un canon, previa valoración técnica, que se abona a la Entidad Local y aprueba su órgano competente; si el servicio no es monopolio, el canon debe respetar la libre competencia europea. Puede aportarse como prestación accesoria, retribuida o no: se fija en la escritura de constitución y en los Estatutos, la Entidad Local puede modificarla por modificación estatutaria y nunca integra el capital social. Se valora el valor material y el de explotación.

Artículo 46. Memoria justificativa de la aportación

Cuando se opte por aportar la concesión demanial como prestación accesoria, el expediente debe incluir una memoria que justifique esa opción en sus aspectos económico-jurídicos y técnicos. La opción puede motivarse en la gratuidad y naturaleza de los servicios que se presten.

Artículo 47. Permuta de bienes

Las Entidades Locales pueden permutar inmuebles patrimoniales previo expediente que acredite su necesidad, si la diferencia de valor no supera el cuarenta por ciento del bien de mayor valor; la diferencia se compensa económicamente. Excepcionalmente, por interés público, puede autorizarse una diferencia mayor sin exceder del cincuenta por ciento, con compensación económica; la autorización se otorga en dos meses desde la entrada del expediente y, si no se resuelve, se entiende concedida.

Artículo 48. Permuta de cosa futura

Cabe permutar inmuebles patrimoniales por bienes futuros si están determinados o son determinables sin nuevo acuerdo y consta racionalmente que existirán. También es permuta de cosa futura compensar la diferencia de valor con una obra en parte de los terrenos. No se permutan inmuebles por ejecución de obras, salvo la excepción legal. El particular debe prestar aval por el valor del bien, previa tasación pericial y anotación registral; se cancela cuando el bien futuro exista y se consume la permuta. Con Administraciones o entes públicos no se exige aval.

Artículo 49. Procedimiento para la permuta

La permuta, salvo lo previsto en la normativa urbanística, sigue en su preparación y adjudicación los procedimientos de adquisición y disposición onerosa del Reglamento. El órgano competente debe pedir ofertas de inmuebles o derechos mediante anuncio público en el Boletín Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios de la Entidad y algún medio de comunicación de mayor difusión. La persona adjudicataria se elige según el pliego de condiciones.

Artículo 50. Cesión de bienes patrimoniales

La cesión total o parcialmente gratuita de bienes patrimoniales exige expediente y acuerdo con mayoría absoluta del número legal de miembros. Solo se cede a las entidades que fija la ley. El Pleno, por mayoría absoluta, puede considerar de interés público local a entidades privadas sin ánimo de lucro con domicilio en su territorio. Es parcialmente gratuita si se paga menos del valor de tasación o se impone una contraprestación económica. Puede ser directa, pero debe promoverse concurrencia si fines y bien lo aconsejan.

Artículo 51. Expediente administrativo de la cesión

El expediente de cesión gratuita debe incluir: memoria que justifique el beneficio para el vecindario; nota simple registral si es inmueble; certificado de la Secretaría de que el bien figura en el Inventario como patrimonial; informe de la Intervención sobre la inexistencia de deudas o, si existen, compromiso del cesionario de subrogarse; valoración técnica; certificación de información pública no inferior a veinte días en tablón y BOP; y aceptación del cesionario.

Artículo 52. Formalización e inscripción

La cesión se formaliza en escritura pública o documento administrativo, que se inscribe en el Registro de la Propiedad cuando proceda. Las cesiones gratuitas deben comunicarse a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, remitiendo copia autenticada del expediente completo.

Artículo 53. Reversión de los bienes patrimoniales cedidos

Si el inmueble cedido no se destina al uso previsto en el plazo del acuerdo, o deja de estarlo, la cesión se resuelve y el bien revierte con sus mejoras; la Entidad cobra, previa tasación, los detrimentos. Salvo otra cosa en el acuerdo, los fines deben cumplirse en cinco años como máximo y mantenerse treinta más. La reversión automática debe constar en el acuerdo; basta acta notarial, con audiencia de quince días durante la que se suspende la entrega, y cabe el desahucio administrativo.

Artículo 54. Normativa aplicable

Los bienes de dominio público destinados a uso público se rigen por la Ley 7/1999 y por este Reglamento, sin perjuicio de la legislación sectorial. Los destinados a servicio público se rigen por las normas reguladoras de los servicios públicos locales y, subsidiariamente, por la Ley 7/1999 y este Reglamento. Esas normas de servicios se aplican también con preferencia cuando usar un bien de uso público sea requisito necesario para prestar un servicio público local. Otros usos de interés general compatibles con la afectación principal requieren acuerdo del Pleno, previa memoria justificativa.

Artículo 55. Modalidades de uso

El uso del dominio público puede ser común (de toda la ciudadanía por igual, sin que el de unos impida el de otros), que es general si no hay circunstancias singulares y especial si concurren peligrosidad, intensidad de uso u otras similares; o privativo, que ocupa una parte del dominio limitando o excluyendo a los demás, con o sin transformación. Además puede ser normal (conforme a la afectación principal) o anormal (no conforme); el anormal es compatible si así lo declara el Pleno con memoria justificativa.

Artículo 56. Ejercicio del uso común general

El uso común general del dominio público se ejerce libremente, conforme a su naturaleza, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las disposiciones aplicables. Las Entidades Locales deben remover los obstáculos que lo impidan o dificulten, y este uso tiene carácter preferente frente a cualquier otro.

Artículo 57. Ejercicio del uso común especial

El uso común especial normal requiere licencia municipal. Las licencias se otorgan directamente a quien reúna las condiciones, salvo que su número esté limitado (concurrencia); las directas se resuelven en un mes. Para ferias, verbenas y eventos similares cabe la puja a la llana. El comercio ambulante sigue su legislación sectorial. Se acude a sorteo público si hay igualdad de condiciones sin criterio o para deshacer empates. No son transmisibles las licencias personales o de número limitado; las demás, según las Ordenanzas.

Artículo 58. Ejercicio de los usos privativos y anormal del dominio público

El uso privativo, con o sin transformación del dominio público, y el uso anormal requieren concesión demanial. Hay transformación cuando se altera sustancialmente la configuración física del bien, incluida la construcción de edificaciones o instalaciones permanentes o la demolición de las existentes. Las concesiones se otorgan conforme a la legislación de contratos, con las especialidades del capítulo, siendo preferente el procedimiento abierto y la forma de concurso; pueden iniciarse de oficio o a instancia de parte.

Artículo 59. Normas comunes a las licencias y concesiones sobre bienes de dominio público

Licencias y concesiones se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, nunca por tiempo indefinido y con un máximo de setenta y cinco años, salvo que la normativa sectorial fije otro. El uso común especial, el privativo y el anormal pueden dar lugar a tasa o precio público. Las otorga el órgano competente según la legislación básica de régimen local. Las solicitudes de uso del dominio público local se entienden desestimadas por silencio. Las licencias por licitación siguen el régimen de concesiones.

Artículo 60. Normas específicas sobre las concesiones

Los pliegos de las concesiones demaniales deben recoger, entre otras: objeto y límite; obras e instalaciones; plazo improrrogable, salvo normativa específica; obligaciones y derechos; régimen de precios; subvención; garantía provisional del dos por ciento y definitiva del cuatro por ciento del valor del dominio ocupado o del proyecto de obras si es mayor; canon; mantenimiento; reversión o no; rescate por interés público; penalizaciones; desalojo con lanzamiento; e inspección.

Artículo 61. Solicitud de uso común especial o privativo de un bien de dominio público

Quien por iniciativa propia pretenda un uso común especial o privativo del dominio público debe presentar a la Entidad Local titular una memoria que explique la utilización y sus fines y justifique su conveniencia, oportunidad o necesidad; puede acompañar un proyecto o anteproyecto. El órgano competente para resolver definitivamente examina la solicitud y, atendiendo al interés público, la admite a trámite o la rechaza.

Artículo 62. Formulación y contenido del Proyecto técnico de la actividad proyectada

Admitida la ocupación, si la solicitud no traía documento técnico o solo anteproyecto, el órgano competente puede encargar el proyecto a su personal técnico o convocar concurso de proyectos; puede acordar modificaciones, encargándolas al peticionario o haciéndolas bajo su responsabilidad. En el concurso, la Entidad elige el proyecto más conveniente según las bases y puede modificarlo. El proyecto incluye los datos exigidos por la normativa y, además, la valoración del dominio público a ocupar.

Artículo 63. Abono de los gastos de redacción del Proyecto

Los gastos de redacción del proyecto se repercuten a la persona adjudicataria según el pliego de cláusulas administrativas particulares de la licencia o concesión. La Entidad Local valora el proyecto con las normas del colegio profesional correspondiente. El adjudicatario abona el valor de tasación en quince días desde el siguiente a la notificación de la adjudicación.

Artículo 64. Licitación del proyecto y especialidades del pliego de cláusulas administrativas particulares

Aprobados el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, se someten a información pública veinte días. Sin reclamaciones, o resueltas, se convoca licitación según la legislación de contratos. Los pliegos pueden incluir como especialidades: criterios de adjudicación, rebaja de la subvención, mejora del canon anual, mejora de precios, reducción del plazo y devolución de hasta el cincuenta por ciento de la garantía definitiva al acreditarse la finalización de las obras revertibles.

Artículo 65. Derecho de tanteo del solicitante inicial

El solicitante inicial tiene derecho de tanteo si participa en la licitación y su oferta no dista más de un diez por ciento de la elegida, sobre el total de la puntuación de los criterios de adjudicación. Valoradas las ofertas, la mesa de contratación le requiere para que lo ejercite en diez días; si no lo hace, decae. Después, la mesa eleva al órgano competente la propuesta de adjudicación.

Artículo 66. Concesión por uso anormal de los bienes de dominio público

Si se pretende una ocupación anormal del dominio público, se sigue el procedimiento de los artículos anteriores con dos especialidades: la memoria del solicitante debe justificar la conveniencia del uso anormal para el interés general, y la valoración del dominio público a ocupar debe justificar por separado el daño y perjuicio que la ocupación causará al uso normal.

Artículo 67. Gestión y modificación de la concesión

El adjudicatario ejecuta las obras y gestiona la concesión según el proyecto aprobado y el pliego. Otorgada la concesión no caben modificaciones sustanciales del proyecto ni de las condiciones económicas: lo son las que superen el treinta por ciento del presupuesto de las obras o el quince por ciento de cualquier condición económica. Las modificaciones requieren autorización motivada de la Entidad concedente con informe técnico, y obligan al concesionario si no superan esos límites, manteniendo el equilibrio económico.

Artículo 68. Extinción de la concesión

Extinguir una concesión por alguna de las causas legales exige incoar expediente administrativo con: la causa, indicando si es o no imputable al concesionario; la relación de bienes revertibles; trámite de audiencia del concesionario; resolución del órgano competente que declare la extinción; y fijación de la indemnización si procede.

Artículo 69. Caducidad

La causa normal de extinción de la concesión es la caducidad por vencimiento del plazo. Al producirse, la totalidad de los bienes e instalaciones revierte íntegramente a la Entidad Local sin pagar indemnización alguna, salvo que el pliego de cláusulas administrativas disponga otra cosa.

Artículo 70. Pérdida física y jurídica del bien sobre el que ha sido otorgada la concesión

Regula qué pasa con la concesión si se pierde el bien. Si la pérdida física se debe a caso fortuito o fuerza mayor, no hay indemnización. Si es imputable al concesionario, este indemniza a la Entidad Local del perjuicio. Si un tercero acredita un mejor derecho sobre el bien por resolución administrativa o judicial firme, hay pérdida jurídica: la Entidad Local abona al concesionario los daños y perjuicios, y puede hacer valer frente al nuevo titular sus derechos económicos sobre las construcciones o instalaciones del concesionario.

Artículo 71. Desafectación del bien

Si el bien objeto de la concesión pierde su condición demanial (deja de ser de dominio público), la concesión se extingue. La Entidad Local queda obligada a indemnizar al concesionario los daños y perjuicios que se le hubiesen producido, en su caso, es decir, solo si se han producido.

Artículo 72. Mutuo acuerdo

La concesión puede extinguirse por mutuo acuerdo cuando, sin que concurra causa imputable al concesionario, razones de interés público u otras de carácter excepcional justifiquen que la concesión no continúe. Si hay causa imputable al concesionario, no es el cauce del mutuo acuerdo.

Artículo 73. Renuncia del concesionario

La renuncia del concesionario necesita la previa aceptación de la Entidad Local concedente. Si la concesión incluye un servicio al público, puede exigirse al concesionario que lo siga prestando un plazo no superior a seis meses, hasta que la Entidad decida asumirlo directamente o adjudicarlo de nuevo. Si la renuncia causa perjuicios a la Entidad Local, esta tiene derecho a indemnización del concesionario.

Artículo 74. Revocación

El incumplimiento grave por el concesionario de alguna obligación del pliego de cláusulas administrativas particulares da lugar a la revocación de la concesión. Es en todo caso grave: el impago del canon en el plazo de seis meses desde que naciera la obligación de pago, y la inejecución de obras o falta de prestación del servicio al público en el plazo y condiciones del pliego. Acordada la revocación, la Entidad puede exigir indemnizaciones, además de las penalidades de los pliegos.

Artículo 75. Extinción de las licencias

Las licencias otorgadas sobre el dominio público se extinguen y revocan por las causas del artículo 32 de la Ley 7/1999, y siempre previo expediente instruido al efecto. El dato propio del Reglamento es la exigencia de ese expediente previo.

Artículo 76. Criterios de utilización

Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales se administran con criterios de máxima rentabilidad, según las pautas del ámbito civil y mercantil, sin perjuicio del artículo 36.3 de la Ley 7/1999. Las Entidades pueden aprobar un plan de racionalización y mejora de gestión del patrimonio inmobiliario para optimizar el uso de los edificios administrativos (reubicación de unidades y previsión de necesidades). Lo aprueba la Presidencia de la Entidad Local.

Artículo 77. Régimen general de las cesiones de uso

Arrendamientos y demás cesiones de uso de bienes patrimoniales (salvo las gratuitas temporales del art. 41 Ley 7/1999) siguen la normativa de contratos en preparación y adjudicación; se adjudican por subasta si el precio es el único criterio y no procede concurso ni negociado. En concurso y negociado cabe valorar criterios sociales, culturales, deportivos y análogos. La cesión comporta renta o canon según el valor medio del mercado para bienes similares. Cabe cesión directa y gratuita a entes dependientes y sociedades de capital local, sin perder la titularidad.

Artículo 78. Cesiones temporales a otras Entidades o instituciones públicas y Entidades privadas sin ánimo de lucro

Las Entidades Locales pueden ceder temporal y gratuitamente bienes patrimoniales a entidades o instituciones públicas y a entidades privadas sin ánimo de lucro de interés general o público y social. Duración máxima: treinta años, prórrogas incluidas (las acuerda el Pleno). Al vencer, los bienes revierten con sus componentes y accesorios sin compensación al cesionario, con posibilidad de desahucio administrativo. El expediente incluye, entre otros, certificado del carácter patrimonial, memoria justificativa y acuerdo del Pleno.

Artículo 79. Cesiones gratuitas en precario

La Presidencia de la Entidad Local puede, excepcionalmente y por razones de interés público, ceder en precario bienes patrimoniales por plazo inferior a un año. El expediente incluye la solicitud motivada del interesado y la resolución de la Presidencia que autoriza la cesión con sus condiciones. Las prórrogas no pueden hacer superar ese plazo. La Presidencia puede revocarla en cualquier momento antes de que acabe, sin indemnización para el cesionario.

Artículo 80. Formalización de las cesiones de uso de bienes patrimoniales

Las cesiones de uso de bienes patrimoniales, salvo las en precario, se formalizan en documento administrativo que describe el bien, su situación física y su estado de conservación, suscrito por la Presidencia y el cesionario ante la persona titular de la Secretaría. Puede elevarse a escritura pública a costa del interesado si lo solicita. La reversión se formaliza igual. Las cesiones gratuitas en precario solo necesitan la resolución de la Presidencia de la Entidad cedente.

Artículo 81. Resolución de las cesiones temporales

La Entidad cedente puede comprobar en cualquier momento el uso y la conservación de los bienes cedidos. Si no se usan normalmente o se incumplen las condiciones, o si el uso causa un deterioro superior al normal, requiere al cesionario advirtiéndole de la resolución. Si persiste, declara la resolución y exige la entrega inmediata; si no se entrega, recuperación de oficio. Si la resolución es imputable al cesionario, los bienes revierten sin indemnización. El cesionario responde de los perjuicios hasta la recepción formal.

Artículo 82. Regulación del aprovechamiento de los bienes

El Pleno regula mediante Ordenanza el aprovechamiento de los bienes comunales. Cada aprovechamiento se ajusta a la normativa de la materia y a las Ordenanzas locales o normas consuetudinarias tradicionales. En supuestos especiales, con acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, puede fijarse una cuota anual al vecindario por los lotes adjudicados, solo para compensar los gastos de custodia, conservación y administración. La Ordenanza puede exigir condiciones de arraigo o permanencia.

Artículo 83. Régimen de explotación de bienes comunales

Los comunales se aprovechan en explotación común o colectiva: uso general y simultáneo por todo el vecindario. Si no es posible, según Ordenanzas o costumbre y, en su defecto, por lotes entre la vecindad, en proporción directa a las personas a cargo del adjudicatario e inversa a su situación económica. Si tampoco es posible, pueden arrendarse o cederse mediante precio según la legislación de contratos. Del importe, la Entidad no puede detraer más del diez por ciento para fines ajenos a sus servicios propios; los vecinos postores tienen preferencia en igualdad de condiciones.

Artículo 84. Ejercicio del derecho de tanteo y retracto

La Presidencia de la Entidad Local ejerce el derecho de tanteo y retracto del artículo 48 de la Ley 7/1999. El tanteo se ejercita en el plazo de cinco días desde la propuesta de adjudicación; el retracto, en el plazo de quince días desde la adjudicación.

Artículo 85. Ambito subjetivo

Están obligados a conservar, proteger, defender y mejorar los bienes: las Entidades Locales; sus organismos autónomos y entidades dependientes con personalidad propia, respecto de los bienes adscritos y propios; las sociedades civiles, mercantiles o cooperativas, respecto de los bienes que les adscriba la Entidad a la que pertenezcan; los concesionarios; y los cesionarios y cualquier persona que por cualquier título posea y utilice bienes de la Entidad.

Artículo 86. Legislación sectorial aplicable

Los actos de conservación, defensa y mejora de bienes sujetos a legislación sectorial se rigen por ella, con el Reglamento como norma supletoria. Las Entidades Locales formulan y aprueban, con carácter cuatrienal, planes de adecuación de sus bienes inmuebles a las normas técnicas sobre seguridad e higiene y supresión de barreras arquitectónicas.

Artículo 87. Actos de conservación

El Pleno fija por acuerdo los criterios de conservación de los bienes de la Entidad. Los actos de conservación preservan las características físicas y funcionales del bien y corresponden a la Entidad u organismo que lo utilice, salvo lo que diga el acuerdo de adscripción o cesión. Esos acuerdos fijan las obligaciones de conservación de quien recibe el bien e incluyen siempre la reparación de daños por uso anormal o contrario al destino; pueden extenderse a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que no sean fuerza mayor.

Artículo 88. Actos de mejora

Los actos de mejora buscan aumentar las características funcionales o el valor del bien sin alterar su destino. Las mejoras revierten, salvo pacto contrario, en beneficio de los bienes, sin que pueda reclamarse participación ni indemnización por ellas, ni al hacerlas ni en la reversión o devolución del bien.

Artículo 89. Bienes fungibles

Para los bienes fungibles sin características singulares, la obligación de conservarlos tiene un límite: que los gastos de conservación superen su valor o el de su reposición, o que se hayan quedado obsoletos para la función o utilidad que prestan.

Artículo 90. Bienes muebles de características singulares

Los bienes muebles de características singulares de orden cultural o histórico artístico pueden depositarse en museos que garanticen su adecuada conservación y disfrute general o, en su caso, en establecimientos bancarios que garanticen su seguridad.

Artículo 91. Valores mobiliarios

Los valores mobiliarios se custodian en la caja de la Entidad Local. La Presidencia puede acordar su depósito en establecimientos bancarios; en ese caso, los resguardos se conservan en la caja de la Entidad.

Artículo 92. Repoblación de terrenos forestales

Corresponden a las Entidades Locales la explotación, conservación, fomento, repoblación, ordenación y mejora de sus montes, sin perjuicio de las competencias autonómicas. El informe autonómico del artículo 54.3 de la Ley 7/1999 se emite en un mes; si no, se entiende favorable. Pueden concertar acuerdos con otras Administraciones o entidades públicas forestales, comunicándolos a la Consejería competente si no interviene. Los titulares de montes despoblados deben repoblarlos; si no lo hacen, la Comunidad Autónoma puede hacerlo previo requerimiento.

Artículo 93. Repoblación mediante consorcio con particulares

La repoblación de terrenos forestales locales puede hacerse mediante consorcio con particulares, solos o asociados, sean o no vecinos del municipio. La iniciativa puede venir de la Entidad propietaria, de la Comunidad Autónoma o de los particulares. Los productos del monte se reparten según la proporción de los estatutos, conforme a las aportaciones de cada uno. El consorcio se formaliza en escritura pública y se inscribe en el Registro de la Propiedad; sin ello carece de eficacia.

Artículo 94. Aprovechamiento de otras riquezas

El aprovechamiento de la riqueza cinegética o piscícola, rústica o forestal se regula por la legislación sectorial autonómica aplicable en cada caso y, subsidiariamente, por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. La Entidad Local puede reservarse estos aprovechamientos según lo que disponga la legislación sectorial autonómica.

Artículo 95. Inventario general consolidado

Las Entidades Locales deben formar un inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, sea cual sea su naturaleza o forma de adquisición. Se presume que un bien de dominio público destinado a un uso o servicio público pertenece a la Entidad Local en la forma prevista en la propia inscripción.

Artículo 96. Inventarios parciales

El Inventario general consolidado se integra por cuatro inventarios parciales: el de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad (incluidos los cedidos a otras administraciones o particulares que hayan de revertir); el del Patrimonio Municipal del Suelo; el del patrimonio histórico; y el de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia dependientes de la Entidad.

Artículo 97. Actualización del inventario

Las Entidades Locales deben tener actualizado su inventario, sin perjuicio de su rectificación y comprobación. La Presidencia ordena anotar en él todo acto de adquisición, enajenación, gravamen o cualquier otro que repercuta en la situación física y jurídica de los bienes y derechos.

Artículo 98. Rectificación del inventario

El inventario general consolidado se rectifica una vez al año (anualmente), reflejando en esa rectificación las incidencias que hayan tenido los bienes y derechos de la Entidad durante ese período anual.

Artículo 99. Comprobación del inventario

El Pleno comprueba el inventario general siempre que se renueve la Corporación. Para ello, la Secretaría notifica a los miembros de la Corporación que el inventario está a su disposición durante cinco días, para que lo comprueben y formulen alegaciones. Si no se presentan, se extiende diligencia que lo acredite.

Artículo 100. Competencia sobre el inventario

El Pleno aprueba, rectifica y actualiza el inventario general consolidado. En organismos autónomos y entes dependientes o vinculados con personalidad propia, las aprobaciones, rectificaciones y comprobaciones las acuerdan sus asambleas u órganos superiores de gobierno según su normativa. El inventario aprobado por el Pleno lo autentica la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia.

Artículo 101. Utilización de medios técnicos

Las Entidades Locales promoverán el uso de medios técnicos, informáticos y telemáticos para elaborar el inventario y mantenerlo adecuadamente. Es un mandato de impulso: no fija plazos, órganos ni requisitos concretos.

Artículo 102. Anotación de los bienes y derechos

Los bienes y derechos se anotan en el inventario con numeración correlativa dentro de cada epígrafe. Además, se consignan las variaciones que se produzcan y la cancelación de los asientos.

Artículo 103. Epígrafes del inventario general consolidado

En el inventario general consolidado, los bienes y derechos se anotan por separado según su naturaleza, en diez epígrafes: 1 inmuebles; 2 derechos reales; 3 muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico; 4 valores mobiliarios; 5 derechos de carácter personal; 6 vehículos; 7 semovientes; 8 muebles no comprendidos en los anteriores; 9 bienes y derechos revertibles; 10 propiedades inmateriales.

Artículo 104. Epígrafe de bienes inmuebles

El inventario de inmuebles recoge diecisiete datos (letras a a q): nombre, naturaleza y calificación, situación (en urbanas, vía pública y número; en rústicas, paraje, polígono y parcela catastral), linderos y deslinde, superficie, características de edificios, destino y uso, régimen jurídico, título, inscripción registral, derechos reales y personales, cuantía de adquisición e inversiones, valor real, frutos y rentas y valor cultural y medioambiental. Se levantan planos y pueden incluirse las vías de dominio y uso público.

Artículo 105. Epígrafe de derechos reales sobre inmuebles

El inventario de derechos reales sobre inmuebles comprende ocho circunstancias: naturaleza; inmueble sobre el que recae; contenido del derecho; título de adquisición; signatura de inscripción en el Registro de la Propiedad; cuantía de la adquisición, solo si fue onerosa; valor real del derecho; y frutos y rentas que produzca.

Artículo 106. Epígrafe de bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico

El inventario de muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico expresa: descripción que facilite su identificación; razón de su valor artístico, histórico o económico, con mención de las declaraciones de que haya sido objeto; y lugar en que esté y unidad administrativa que lo custodia. En todo caso se conservan fotografías autenticadas por el Secretario de la Corporación.

Artículo 107. Epígrafe de valores mobiliarios

El inventario de valores mobiliarios recoge: clase; número y valor nominal de títulos o anotaciones en cuenta; organismo o entidad emisora; serie y numeración; fecha y precio de adquisición si fue onerosa; valor actualizado; frutos y rentas; y lugar de depósito. Las aportaciones a entidades públicas o privadas que den a la Entidad Local la condición de miembro se inventarían con las características aplicables según la legislación mercantil.

Artículo 108. Epígrafe de derechos personales

El inventario de los derechos personales de la Entidad Local expresa cinco datos: concepto; identificación del obligado; valor real; título de adquisición; y vencimiento, en su caso.

Artículo 109. Epígrafe de vehículos

El inventario de vehículos detalla seis datos: clase y modelo; matrícula; título de adquisición; destino; cuantía de la adquisición, en su caso; y valor actualizado.

Artículo 110. Epígrafe de bienes semovientes

Artículo 111. Epígrafe de otros bienes muebles

Los bienes muebles no incluidos en los epígrafes anteriores se describen sucintamente, lo necesario para individualizarlos. No se inventarían los bienes fungibles o de escaso valor; su custodia corresponde a las unidades administrativas que los utilicen.

Artículo 112. Epígrafe de bienes y derechos revertibles

En el epígrafe de bienes y derechos revertibles se anotan todos aquellos cuyo dominio o disfrute haya de revertir o consolidarse en la Entidad Local llegado cierto día o al cumplirse o no una condición. La unidad que tenga adscrito el bien comunica con antelación suficiente la fecha de reversión a la Presidencia. Se incluyen, entre otros, los bienes cedidos sujetos a condición, modo, carga o plazo, las concesiones y los arrendamientos.

Artículo 113. Epígrafe de propiedades inmateriales

El epígrafe de propiedades inmateriales describe las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, las marcas y las patentes de la Entidad Local, y el medio de soporte, tangible o intangible, en que se expresan, en la medida necesaria para identificarlas, con referencia a la signatura de su inscripción en el registro correspondiente, en su caso.

Artículo 114. Archivo de la documentación

El Archivo de cada Entidad Local tendrá una división específica llamada «Patrimonio», subdividida en las unidades necesarias identificadas por un código de dígitos, donde se archivan todos los documentos con datos del inventario, en cualquier soporte. Al inventariar cada bien o derecho se consigna, como último dato, la signatura del lugar del archivo donde está su documentación.

Artículo 115. Obligación de inscribir

Las Entidades Locales deben inscribir en el Registro de la Propiedad sus inmuebles y derechos reales y las actuaciones que les afecten, según la legislación hipotecaria. Basta una certificación referida al inventario aprobado, expedida por la persona titular de la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia. La misma obligación rige para bienes inscribibles en otros registros públicos a efectos de su protección.

Artículo 116. Alteración de la calificación de los bienes

Cualquier alteración de la calificación jurídica de los bienes inscritos debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad y en los demás registros públicos. Estos asientos se practican mediante certificación de la persona titular de la Secretaría, referida al inventario y a los actos que hayan motivado la alteración.

Artículo 117. Régimen de determinadas inscripciones

La inscripción de bienes procedentes de actuaciones urbanísticas y la de bienes adquiridos por expropiación se rigen por su legislación específica. Las agrupaciones, divisiones, segregaciones y agregaciones se inscriben mediante certificación de la persona titular de la Secretaría referida al inventario y a los actos que las motivaron. Los convenios interadministrativos sobre bienes, una vez firmados, son título suficiente para inscribir sus operaciones.

Artículo 118. Bienes y derechos de Entidades dependientes de las Entidades Locales

Los organismos autónomos y otras entidades dependientes con personalidad jurídica propia deben inscribir en el registro los bienes y derechos que adquieran. Los bienes de la Entidad Local que se les adscriban siguen inscritos a nombre de la Entidad Local, haciendo constar la adscripción en el registro según su legislación.

Artículo 119. Enumeración de las potestades

Las Entidades Locales tienen sobre sus bienes y derechos cuatro potestades: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. Además pueden establecer e imponer sanciones para defender su patrimonio y asegurar su adecuada utilización. El ejercicio de estas potestades se ajusta a la Ley 7/1999 y a este Título, sin perjuicio de la normativa específica de cada tipo de bien.

Artículo 120. Reglas generales sobre competencia

Con carácter general, en los procedimientos de las potestades de defensa del patrimonio, la Presidencia de la Entidad Local inicia e instruye y el Pleno dicta los actos que ponen fin al procedimiento. Por urgencia debidamente motivada, la Presidencia puede adoptar medidas de defensa del patrimonio, dando cuenta al Pleno para su ratificación en la primera sesión que celebre.

Artículo 121. Bienes situados en el territorio de otra Entidad Local

Las Entidades Locales pueden ejercer en vía administrativa sus potestades de defensa sobre bienes situados fuera de su territorio. Para ello lo comunican a la Entidad Local en cuyo territorio se encuentren, para que, con su colaboración, se adopten las medidas que procedan.

Artículo 122. Impugnación de acuerdos

Las resoluciones que ponen fin a los procedimientos de defensa de los bienes se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las cuestiones de propiedad u otros derechos reales se ventilan ante la jurisdicción civil. Contra las actuaciones locales de defensa de sus bienes, dentro de su competencia y con el procedimiento debido, no caben acciones judiciales de tutela sumaria de la tenencia o posesión.

Artículo 123. Plazo para resolver

El plazo para resolver y notificar los procedimientos de las potestades de este Título es de seis meses desde su iniciación. Si no se resuelve en plazo, se producen los efectos que prevé la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 124. Extensión de la potestad

Las Entidades Locales están obligadas a investigar la situación física y jurídica de los bienes y derechos que presuman suyos para determinar su titularidad, cuando no conste inequívocamente o haya controversia en los títulos de dominio. Esta obligación se extiende en todo caso a los bienes demaniales.

Artículo 125. Inicio del procedimiento

La investigación se inicia siempre de oficio, por resolución de la Presidencia, ya sea por propia iniciativa o actuaciones de los servicios propios, por actuaciones ante órganos jurisdiccionales, por comunicaciones de otras Administraciones o por denuncia o información de particulares. Antes de abrir el expediente la Presidencia puede recabar informes y estudios. Iniciado, se piden a los registros los antecedentes del bien y se incorporan las certificaciones.

Artículo 126. Información pública y emplazamiento a las personas interesadas

El acuerdo de inicio de la investigación se publica en veinte días hábiles en el Boletín Oficial de la provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, en el tablón de edictos de la Entidad y, en su caso, en el de la Entidad donde radique el bien. El anuncio identifica con claridad el bien. A la vez se emplaza a los afectados conocidos, que pueden alegar en veinte días hábiles, aportar títulos y pedir la apertura de prueba.

Artículo 127. Período y práctica de la prueba

Cumplidos la publicación, el emplazamiento y las alegaciones, puede abrirse un período de prueba si: los hechos y datos del expediente son contradictorios; lo han solicitado los interesados, salvo que por resolución motivada se rechacen las pruebas por manifiestamente improcedentes o innecesarias; o la Entidad Local lo juzga necesario para resolver o conveniente para el interés público.

Artículo 128. Informes

Transcurrido el plazo de alegaciones y, en su caso, el período de prueba, se emiten en diez días informes técnico y jurídico sobre el resultado de las actuaciones. Ambos informes deben pronunciarse sobre si la titularidad del bien o derecho investigado está o no debidamente justificada.

Artículo 129. Audiencia a las personas interesadas

Emitidos los informes técnico y jurídico, el expediente se pone de manifiesto a las personas interesadas durante diez días para que lo examinen y aleguen. Si presentan alegaciones, el instructor emite un nuevo informe que contiene la propuesta de resolución.

Artículo 130. Resolución del procedimiento

La investigación termina por acuerdo del Pleno. Si es favorable a la Entidad Local, justifica la titularidad pública del bien; si no, expresa los motivos. Con resolución favorable se adoptan tres medidas: tasación pericial por persona técnica competente; anotación en el Inventario y, en su caso, en los registros públicos; y ejercicio de las acciones administrativas o judiciales precisas para hacer efectivo el derecho.

Artículo 131. Extensión de la potestad

Las Entidades Locales pueden promover, acordar y ejecutar el deslinde total o parcial de sus inmuebles en dos supuestos: cuando sus límites sean imprecisos o cuando, por posibles usurpaciones, haya incertidumbre sobre ellos. Se aplican las reglas de este Capítulo sin perjuicio de normas específicas de ciertos bienes; el deslinde de montes públicos catalogados se rige por su normativa específica.

Artículo 132. Inicio del procedimiento

El deslinde se inicia de oficio (por actuaciones de los servicios, información de particulares o de otras entidades públicas) o a solicitud de persona interesada; si esta desiste o renuncia, puede continuarse si, previos informes técnico y jurídico, concurren los presupuestos. En ambos casos acuerda el inicio el Pleno, previa memoria con justificación, descripción y plano, títulos y referencias, y situaciones posesorias. Pasados tres meses sin acuerdo, la solicitud puede entenderse desestimada. Se da traslado al Registro y no cabe procedimiento judicial con igual pretensión.

Artículo 133. Presupuesto de gastos

Acordado por el Pleno el inicio del deslinde, se elabora un presupuesto provisional de gastos basado en la memoria. Si el procedimiento es de oficio, se habilita el crédito según la normativa de haciendas locales. Si es a instancia de parte, los gastos corren a cargo de quienes lo promueven, que deben dar su conformidad expresa, sin perjuicio de la liquidación definitiva final. Sin conformidad, el procedimiento finaliza, sin perjuicio de que la Entidad pueda continuarlo conforme al artículo 132.1.b).

Artículo 134. Información pública y emplazamiento a las personas interesadas

El acuerdo de inicio del deslinde se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, en el tablón de edictos de la Entidad y, en su caso, en el de la Entidad donde radique el bien, con una antelación mínima de treinta días al inicio del apeo, contada desde la última publicación. El anuncio identifica las fincas y el lugar, fecha y hora del apeo. Se notifica a colindantes y titulares inscritos de derechos reales al menos con treinta días de antelación.

Artículo 135. Alegaciones

En el deslinde, los interesados pueden presentar alegaciones y documentos hasta diez días antes del señalado para el apeo; después no se admite ninguno, sin perjuicio de las manifestaciones en el propio acto. Los servicios técnicos y jurídicos las examinan y proponen medidas, rectificaciones o salvedades. Si hace falta practicar pruebas o pedir documentación, el órgano competente puede suspender el apeo, notificándolo; el resultado se pone de manifiesto diez días y se cita a los interesados para el apeo.

Artículo 136. Acto de apeo

El apeo fija sobre el terreno los linderos y se documenta en acta. Asisten al menos una persona técnica competente designada por la Entidad, el personal necesario y la persona titular de la Secretaría o funcionario en quien delegue; los interesados pueden ir con asesores. El acta se redacta preferentemente en el lugar, la firman todos y recoge lugar, fecha y hora, asistentes, terreno, líneas perimetrales, finca, manifestaciones, conformidad y hora final. Si no se termina en un día, se continúa sin nueva citación en un plazo no superior a cinco días.

Artículo 137. Resolución

Concluido el deslinde, el expediente se eleva al Pleno de la Entidad Local, que es quien lo aprueba. Antes de la aprobación hace falta informe de los servicios técnicos o jurídicos, pero solo si las personas interesadas manifestaron su disconformidad en el acto de apeo.

Artículo 138. Efectos del deslinde

Aprobado el deslinde: a) quedan determinados los límites de la finca o fincas y, en su caso, se declara la posesión a favor de la Entidad; b) la Entidad queda facultada para ejercer las acciones judiciales que procedan si hay hechos obstativos a la posesión pública. El deslinde se inscribe en el Registro de la Propiedad si la finca está inscrita; si no, primero se inmatricula la finca y el deslinde aprobado.

Artículo 139. Amojonamiento

El amojonamiento es la colocación de hitos, señales o cualquier referencia física que refleje sobre el terreno los límites declarados por el deslinde. Se cita a las personas interesadas; si no puede hacerse el día señalado por causas debidamente justificadas, hay que citar de nuevo. La persona titular de la Secretaría, o el funcionario en quien delegue, levanta acta con los medios físicos usados y las manifestaciones de los presentes.

Artículo 140. Bienes de dominio público

Las Entidades Locales deben recuperar por sí mismas, en cualquier momento y siguiendo el procedimiento establecido, la tenencia de sus bienes de dominio público, incluidos los comunales, siempre que consten indicios de usurpación o se haya perturbado la posesión.

Artículo 141. Bienes patrimoniales

Los bienes patrimoniales se recobran de oficio, siguiendo el procedimiento establecido, en el plazo de un año desde la constancia de la usurpación o perturbación. En ese mismo plazo de un año el acuerdo de recuperación se notifica al usurpador o perturbador, conminándole a dejar el bien a libre disposición de la Entidad o a cesar en la perturbación. Pasado el plazo, hay que ejercitar la acción judicial correspondiente.

Artículo 142. Inicio del procedimiento

El procedimiento de recuperación de oficio se inicia por cualquiera de las formas del artículo 125 del Reglamento y lo acuerda la Presidencia de la Entidad Local. Si hay usurpación, el acuerdo debe contener al menos: descripción del bien, acreditación de la posesión pública previa a la ocupación ilegítima y hechos y circunstancias de la usurpación. Si hay perturbación, basta concretar los hechos en que se funda.

Artículo 143. Audiencia a las personas interesadas y prueba

El acuerdo de inicio de la recuperación se notifica al usurpador o perturbador y a quienes puedan tener interés legítimo en la resolución. Las personas interesadas tienen diez días para formular alegaciones, aportar documentos y proponer pruebas, indicando los medios de que pretendan valerse. La prueba sigue el artículo 127 del Reglamento.

Artículo 144. Propuesta de resolución

Vistas las alegaciones, los documentos y la prueba, el instructor formula la propuesta de resolución, que debe pronunciarse sobre la procedencia de la recuperación. Si no comparecen personas interesadas, el acuerdo de inicio puede considerarse propuesta de resolución.

Artículo 145. Resolución

El Pleno resuelve el procedimiento de recuperación y declara, en su caso, su procedencia. La resolución favorable declara la posesión de la Entidad, sin perjuicio de tercero y del derecho sobre la propiedad o la posesión definitiva, y faculta para usar los medios de ejecución forzosa. Si los hechos pudieran ser delito, se da traslado de la resolución a la autoridad judicial competente o al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la ejecución forzosa.

Artículo 146. Usurpaciones manifiestas o recientes

Para repeler usurpaciones manifiestas o recientes no hace falta tramitar el procedimiento de recuperación de los artículos anteriores. En esos casos la Presidencia de la Entidad Local, previa audiencia del usurpador o perturbador, adopta las medidas necesarias para mantener la posesión pública del bien.

Artículo 147. Objeto

Las Entidades Locales pueden recuperar la plena disponibilidad de los bienes cuyo uso tengan cedido o adscrito a otras Administraciones Públicas y a las Entidades de Derecho Público dependientes de ellas cuando esos bienes dejen de cumplir la función que motivó la entrega.

Artículo 148. Procedimiento

El Pleno acuerda iniciar la recuperación y lo comunica a la Administración o Entidad cesionaria, explicando las circunstancias que acreditan el incumplimiento de la cesión y dándole audiencia durante quince días. El Pleno resuelve sobre la recuperación a la vista de las alegaciones y de los informes de los servicios técnicos o jurídicos. El acuerdo de recuperación se comunica fijando plazo para poner el bien a disposición; pasado ese plazo pueden ejercitarse de inmediato las acciones necesarias.

Artículo 149. Prórroga de la cesión

La Administración o Entidad cesionaria puede proponer que la cesión continúe para otros usos o fines en beneficio del vecindario de la Entidad cedente, o pedir una prórroga debidamente justificada. El Pleno de la Entidad cedente se pronuncia sobre la propuesta o solicitud y, si la decisión es favorable, se suscribe un convenio que regule las condiciones de la prórroga o cesión.

Artículo 150. Competencia

Las Entidades Locales pueden promover y ejecutar el desahucio administrativo de sus inmuebles y ocuparlos, en los supuestos legalmente previstos y con el procedimiento de este capítulo. Acordar el desahucio corresponde al Pleno. No obstante, la Presidencia puede adoptar, por urgencia y motivadamente, resoluciones para repeler usurpaciones o prevenir daños graves para el interés general a los bienes, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Artículo 151. Extinción del derecho de ocupación sobre bienes inmuebles de dominio público

La extinción del derecho de ocupación del dominio público (autorización, concesión u otro título) la declara el Pleno, previa audiencia del titular y de cualquier interesado, que tienen quince días para alegar, aportar documentos y proponer pruebas. Si se extingue por fallecimiento, se oye al principal continuador. Si es por término o plazo, los trámites hasta la propuesta pueden adelantarse. Los servicios jurídicos informan las alegaciones. Puede reconocerse indemnización. El precario se extingue con preaviso de diez días.

Artículo 152. Extinción del derecho a ocupar bienes inmuebles de las Entidades Locales por razón del puesto de trabajo

La extinción del derecho del personal de las Entidades Locales a ocupar inmuebles por razón de su puesto de trabajo sigue lo dispuesto en el artículo anterior. La jubilación forzosa se considera extinción del derecho por vencimiento del término, a los efectos del apartado 3 del artículo anterior.

Artículo 153. Extinción del derecho a ocupar bienes por motivo de su expropiación forzosa

La extinción del derecho a ocupar inmuebles de las Entidades Locales por expropiación forzosa se rige por su legislación específica. Desde que se acuerda la incoación del expediente expropiatorio, la Entidad debe abstenerse de arrendar el bien o conferir cualquier derecho de ocupación sobre él. La expropiación extingue los arrendamientos y cualesquiera otros derechos de posesión y ocupación.

Artículo 154. Reglas para determinar la indemnización

Cuando proceda indemnizar la extinción de derechos de ocupación: a) la Entidad requiere al interesado para que en quince días pida motivadamente la cantidad, con documentos e informes; b) con los informes técnicos y jurídicos, la Presidencia acepta la cuantía o fija la procedente en un máximo de dos meses desde la solicitud; c) puede fijarse en el propio acuerdo de extinción, sin estos trámites, si el expediente tiene los datos precisos.

Artículo 155. Pago de la indemnización

Si la extinción obliga a indemnizar, hay que pagar o consignar antes del requerimiento de desalojo. Por especiales circunstancias de interés público que justifiquen la urgencia, puede requerirse el desalojo abonando o consignando una cantidad alzada fijada provisional y motivadamente. Si la definitiva es mayor, la diferencia se incrementa con el interés legal del dinero desde el abono o consignación. Las consignaciones se hacen en la Caja General de Depósitos o en la Caja de la Entidad.

Artículo 156. Requerimiento para el desalojo y entrega del bien

Extinguido el derecho sin indemnización, o pagada o consignada esta, se requiere al ocupante para que desaloje y entregue el bien en quince días. Si no atiende, se le requiere de nuevo con plazo de ocho días; si tampoco, la Entidad lleva a cabo el lanzamiento con sus propios medios. Si hace falta acceder al inmueble sin consentimiento del ocupante, se pide autorización judicial a la mayor brevedad.

Artículo 157. Gastos del lanzamiento

Los gastos del desalojo no voluntario son de cuenta del desahuciado y se fijan contradictoriamente: la Entidad notifica una cantidad provisional con certificación detallada y el interesado tiene diez días para mostrar conformidad o disconformidad razonada; después la Entidad fija la cantidad definitiva y requiere el pago en los plazos del abono voluntario de deudas tributarias, y si no paga, por apremio. Incluyen salarios del personal y medios materiales según el tiempo invertido. Pueden retenerse bienes del ocupante.

Artículo 158. Desahucio en caso de usurpaciones

Si los bienes han sido usurpados y ocupados sin título, clandestinamente o contra la voluntad del titular, acordar el desahucio corresponde al Pleno. La Presidencia debe adoptar motivadamente resoluciones para impedir o repeler usurpaciones de inmediato y prevenir daños graves, dando cuenta al Pleno en la primera sesión. Estas actuaciones son compatibles con la vía penal, y la denuncia o el proceso penal no suspenden las actuaciones administrativas de recuperación posesoria.

Artículo 159. Desalojo en caso de usurpaciones

En las usurpaciones, el bien se recupera mediante requerimiento directo a las personas ocupantes, si pueden ser halladas e identificadas. El requerimiento les conmina a desalojar en el plazo perentorio que se les señale según las circunstancias del caso y advierte de que, pasado el plazo, la Entidad desalojará con sus propios medios. Se entrega a quienes ocupen el bien al practicar la diligencia, dejando siempre constancia escrita. Si no desalojan, la Entidad actúa de forma inmediata en el día y hora señalados, con las reglas del artículo 157 sobre gastos y retención de bienes.

Artículo 160. Obligación del ejercicio de acciones

Las Entidades Locales no tienen una mera facultad, sino la obligación de ejercitar las acciones e interponer los recursos que sean procedentes para defender sus bienes y derechos. La obligación alcanza tanto a las acciones como a los recursos, siempre que sean los procedentes para esa defensa.

Artículo 161. Competencia para el ejercicio

El ejercicio de acciones judiciales y la interposición de recursos corresponde al Pleno en las materias de su competencia, y a la Presidencia en las suyas, aunque las haya delegado. Por urgencia, la Presidencia puede también acordarlo en materias del Pleno, dándole cuenta en la primera sesión que celebre para su ratificación si procede. En extrema urgencia, con riesgo de que precluyan plazos y daño al interés general, los representantes procesales pueden adoptar las decisiones procesales pertinentes, dando cuenta inmediata a la Presidencia para la resolución definitiva.

Artículo 162. Ejercicio de acción por el vecindario

Cualquier vecino o vecina en pleno goce de sus derechos civiles y políticos puede requerir a la Entidad Local que ejercite acciones en defensa de sus bienes o derechos. La Entidad comunica el requerimiento a los posibles afectados y suspende treinta días hábiles el plazo para ejercitarlas. Si en esos treinta días no acuerda ejercitarlas, el requirente puede hacerlo por sí mismo, en nombre e interés de la Entidad, que debe facilitarle los medios de prueba pertinentes. Si la acción prospera, tiene derecho al reembolso de costas y a la indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 163. Informes preceptivos

Los acuerdos para ejercitar las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de las Entidades Locales deben adoptarse previo dictamen de la persona titular de la Secretaría o de los Servicios Jurídicos de la Entidad. En su defecto, el dictamen corresponde a los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial o a un Letrado en ejercicio.

Artículo 164. Allanamiento, transacción y arbitraje

Las Entidades Locales pueden allanarse a demandas, transigir sobre sus bienes y derechos y someter sus litigios a arbitraje. Las transacciones que superen el cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto requieren dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Los acuerdos del Pleno van precedidos de informes de Secretaría e Intervención. En reconocida urgencia, con informes favorables, puede actuarse procesalmente oída la Junta de Portavoces, si es mayoritariamente favorable. El órgano competente para ejercer acciones puede acordar toda forma de terminación de la controversia.

Artículo 165. Responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal de las Entidades Locales

Las autoridades y el personal de las Entidades Locales que tengan a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos responden directamente ante la Entidad de los daños por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves. La Entidad fija la indemnización de oficio o a instancia de parte, sin perjuicio de las sanciones administrativas y de pasar el tanto de culpa a los órganos jurisdiccionales. La responsabilidad se exige por el procedimiento de responsabilidad patrimonial al que remite el apartado 3.

Artículo 166. Responsabilidad administrativa de la ciudadanía

Quien, por dolo, culpa, negligencia o aun por simple inobservancia, cause daños en el dominio público local, lo ocupe sin título habilitante o contraríe su destino normal o sus normas, será sancionado en vía administrativa con multa de entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado. Ello sin perjuicio de reparar el daño y de restituir, en su caso, el bien ocupado irregularmente.

Artículo 167. Criterios generales del régimen sancionador

Las Entidades Locales tienen la potestad sancionadora. Para graduar las sanciones atienden, entre otros, a: cuantía del daño, beneficio obtenido, intencionalidad, reincidencia (infracciones de la misma naturaleza en el plazo de un año declaradas por resoluciones firmes) y circunstancias personales y económicas fijadas en las Ordenanzas. Si la multa es inferior al beneficio, se eleva hasta ese importe, con el límite del artículo 166. Siempre deben adoptarse medidas para restaurar el orden jurídico y reponer los bienes cuando sea posible.

Artículo 168. Infracciones y sanciones

Son infracciones en materia de bienes locales: ocupar bienes sin título habilitante, utilizarlos contrariando su destino normal o sus normas, y causarles daños materiales. Las Ordenanzas fijan la cuantía de las sanciones con los criterios del artículo 167.2 y esta escala: leves, de 60,10 a 3.005,06 euros; graves, de 3.005,07 a 15.025,30 euros; muy graves, de 15.025,31 a 30.050,61 euros. La competencia para sancionar corresponde a la Presidencia de la Entidad Local.

Artículo 169. Procedimiento sancionador

Imponer sanciones exige abrir y tramitar el procedimiento sancionador conforme a la normativa a la que remite el apartado 1 (Título IX de la Ley 30/1992 y Real Decreto 1398/1993). La Presidencia de la Entidad Local encomienda la instrucción a un funcionario de la propia Entidad, y no puede actuar como instructor el mismo órgano al que corresponda resolver.

Artículo 170. Medidas provisionales

En el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y durante su tramitación, el instructor puede proponer medidas provisionales que garanticen el destino y las características del bien, incluida en su caso la suspensión de actividades, que adopta por razones de urgencia el órgano que acordó el inicio. Hay urgencia siempre que puedan producirse daños de carácter irreparable en los bienes. En todo caso, la Presidencia adopta las medidas cautelares oportunas para asegurar el resultado de la resolución.

Artículo 171. Responsabilidad penal

Si los hechos pueden ser constitutivos de delito o falta, la Entidad Local debe ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la penal. Suspende el procedimiento administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones, sin perjuicio de las medidas cautelares urgentes. Para la responsabilidad penal del personal, el apartado 2 remite a otra norma.

Artículo 75

El Tribunal puede pedir a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias y resuelve dentro del mes siguiente a la expiración del plazo de alegaciones o del fijado para esas informaciones complementarias, que no será superior a otros treinta días. La sentencia determina a qué órgano corresponden las atribuciones controvertidas, declara nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resuelve, en su caso, sobre las situaciones jurídicas producidas a su amparo.

Artículo 75 bis

Pueden dar lugar a un conflicto en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley y las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. La decisión del Tribunal Constitucional vincula a todos los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos.

Artículo 75 ter

Pueden plantear el conflicto: el municipio o provincia destinatario único de la ley; municipios que sean al menos un séptimo de los existentes en el ámbito de la ley y un sexto de su población oficial; o provincias que sean al menos la mitad de las existentes y la mitad de la población oficial. Hace falta acuerdo del pleno de las Corporaciones por mayoría absoluta del número legal de miembros y, antes de formalizarlo, dictamen preceptivo no vinculante del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico. Las asociaciones de entidades locales pueden asistir.

Artículo 75 quater

Los dictámenes a que se refiere el artículo anterior deben solicitarse dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación de la ley que se entienda lesiva de la autonomía local. Dentro del mes siguiente a recibir el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma correspondiente, los municipios o provincias legitimados pueden plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, acreditando los requisitos del artículo anterior y alegando sus fundamentos jurídicos.

Artículo 75 quinquies

Planteado el conflicto en defensa de la autonomía local, el Tribunal puede inadmitirlo por auto motivado (falta de legitimación u otros requisitos no subsanables, o controversia notoriamente infundada). Admitido, da traslado en diez días a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma autora de la ley y, en todo caso, a los del Estado; personación y alegaciones en veinte días. El Tribunal notifica, publica y resuelve en quince días. La sentencia declara si hay vulneración; la inconstitucionalidad de la ley exige nueva sentencia si el Pleno se plantea la cuestión.

Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales

Alcaldes y Presidentes son órgano de contratación en obras, suministros, servicios, concesiones y administrativos especiales si el valor estimado no supera el 10 % de los recursos ordinarios ni seis millones de euros (plurianuales de hasta cuatro años incluidos); por encima, el Pleno, que además aprueba los pliegos de cláusulas administrativas generales. En municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local. En contratos privados y patrimoniales el límite del Alcalde es el 10 % y tres millones. En la Mesa, los miembros electos no pueden suponer más de un tercio del total.

Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales

Especialidades locales: tramitación anticipada de contratos que empiezan en el ejercicio siguiente o dependen de financiación externa, con adjudicación bajo condición suspensiva; fiscalización por el Interventor; en municipios de menos de 5.000 habitantes, certificación de existencia de crédito en lugar de aprobación del gasto; informes jurídicos del Secretario; aplazamiento de hasta cuatro años en la adquisición de inmuebles; y en municipios de menos de 20.000 habitantes, concesiones de varios servicios si la anualidad media no supera 200.000 euros.