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Crear cuenta gratis- DA 2.ªCompetencias en materia de contratación en las Entidades LocalesAlcaldes y Presidentes son órgano de contratación en obras, suministros, servicios, concesiones y administrativos especiales si el valor estimado no supera el 10 % de los recursos ordinarios ni seis millones de euros (plurianuales de hasta cuatro años incluidos); por encima, el Pleno, que además aprueba los pliegos de cláusulas administrativas generales. En municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local. En contratos privados y patrimoniales el límite del Alcalde es el 10 % y tres millones. En la Mesa, los miembros electos no pueden suponer más de un tercio del total.
- DA 3.ªNormas específicas de contratación pública en las Entidades LocalesEspecialidades locales: tramitación anticipada de contratos que empiezan en el ejercicio siguiente o dependen de financiación externa, con adjudicación bajo condición suspensiva; fiscalización por el Interventor; en municipios de menos de 5.000 habitantes, certificación de existencia de crédito en lugar de aprobación del gasto; informes jurídicos del Secretario; aplazamiento de hasta cuatro años en la adquisición de inmuebles; y en municipios de menos de 20.000 habitantes, concesiones de varios servicios si la anualidad media no supera 200.000 euros.
Título PreliminarDisposiciones generales
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Capítulo IObjeto y ámbito de aplicación de la Ley
Sección 1.ªObjeto y ámbito de aplicación
- Art. 1Objeto y finalidadObjeto: regular la contratación del sector público para garantizar libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, y no discriminación e igualdad de trato; y asegurar una eficiente utilización de los fondos mediante la definición previa de las necesidades, la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. También regula efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Los criterios sociales y medioambientales se incorporan de manera transversal y preceptiva si guardan relación con el objeto del contrato.
- Art. 2Ámbito de aplicaciónSon contratos del sector público, sometidos a la Ley, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del artículo 3. Es oneroso el contrato en que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, de forma directa o indirecta. También se sujetan los contratos subvencionados por poderes adjudicadores en los supuestos del artículo 23. A Comunidades Autónomas y Administración Local la Ley se aplica en los términos de la Disposición final primera. Las prestaciones se identifican con el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).
- Art. 3Ámbito subjetivoForman parte del sector público las entidades de las letras a) a l) del apartado 1, entre ellas las fundaciones públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100 y los fondos sin personalidad jurídica. Son Administraciones Públicas las de las letras a), b), c) y l) y los consorcios y entidades de derecho público del apartado 2.b). Son poderes adjudicadores las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas, las entidades del apartado 3.d) y las asociaciones de todas ellas.
Sección 2.ªNegocios y contratos excluidos
- Art. 4Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidosLas relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en la sección de negocios y contratos excluidos quedan fuera del ámbito de la Ley y se rigen por sus normas especiales. Los principios de la Ley se aplican para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
- Art. 5Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de la SeguridadQuedan excluidos en defensa y seguridad: los convenios del ámbito del artículo 346 del TFUE; los contratos de obras, suministros y servicios comprendidos en la Ley 24/2011 y aquellos a los que esta no se aplique en virtud de su artículo 7; las concesiones de obras y de servicios en tres circunstancias (entre ellas, un programa de cooperación con al menos dos Estados miembros de la Unión Europea); y los contratos y convenios con procedimiento específico fijado por acuerdo o convenio internacional o por normas de una organización o institución financiera internacional.
- Art. 6Convenios y encomiendas de gestiónQuedan excluidos los convenios cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos de la Ley o en normas administrativas especiales, celebrados entre sí por las Administraciones y entidades que cita, con tres condiciones: sin vocación de mercado (se presume si realizan en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración); cooperación para lograr objetivos comunes; y guiarse únicamente por el interés público. También se excluyen los convenios con personas sujetas al derecho privado y las encomiendas de gestión.
- Art. 7Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacionalSe excluyen de la Ley: los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional; los contratos que deban adjudicarse por un procedimiento específico establecido en un instrumento jurídico celebrado conforme al TFUE con uno o varios Estados no signatarios, para la ejecución o realización conjunta de un proyecto; y los contratos con procedimiento específico establecido por las normas de contratación de una organización internacional o institución financiera internacional, si están financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución.
- Art. 8Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la InnovaciónLos contratos de investigación y desarrollo quedan excluidos de la Ley. La excepción son los que, además de estar incluidos en los códigos CPV que el artículo enumera (desde el 73000000-2, servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos, hasta el 73430000-5, ensayo y evaluación), cumplen dos condiciones: que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.
- Art. 9Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonialSe excluyen las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los del artículo 14, que se regulan por su legislación específica salvo que expresamente se declare aplicable la Ley. También la compraventa, donación, permuta, arrendamiento y negocios análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban calificarse como suministro o servicios: tienen siempre carácter de contratos privados y se rigen por la legislación patrimonial.
- Art. 10Negocios y contratos excluidos en el ámbito financieroEstán excluidos los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39/CE. También los servicios prestados por el Banco de España, las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y los contratos de préstamo y operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.
- Art. 11Otros negocios o contratos excluidosQuedan excluidos: la relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral; el servicio público cuya utilización requiera abonar una tarifa, tasa o precio público de aplicación general; los servicios de arbitraje y conciliación; los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio; los servicios relacionados con campañas políticas adjudicados por un partido político; y la prestación de servicios sociales por entidades privadas sin necesidad de celebrar contratos públicos.
Capítulo IIContratos del sector público
Sección 1.ªDelimitación de los tipos contractuales
- Art. 12Calificación de los contratosLos contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se califican de acuerdo con las normas de la propia sección. Los restantes contratos del sector público se califican según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.
- Art. 13Contrato de obrasEs contrato de obras el que tiene por objeto ejecutar una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, realizar trabajos del Anexo I, o realizar por cualquier medio una obra con los requisitos fijados por la entidad contratante que ejerza una influencia decisiva en su tipo o proyecto. «Obra» es el resultado de trabajos de construcción o de ingeniería civil sobre un bien inmueble, y también modificar la forma o sustancia del terreno o su vuelo o mejorar el medio físico o natural. El contrato se refiere a una obra completa, salvo partes de utilización independiente con autorización.
- Art. 14Contrato de concesión de obrasLa concesión de obras tiene por objeto que el concesionario realice prestaciones del contrato de obras, incluidas la restauración y reparación de construcciones existentes y la conservación y mantenimiento de lo construido. La contraprestación es o bien únicamente el derecho a explotar la obra, o bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. La explotación debe transferir al concesionario un riesgo operacional, de demanda, de suministro o ambos: no está garantizado que recupere las inversiones ni que cubra los costes.
- Art. 15Contrato de concesión de serviciosEn la concesión de servicios uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. La contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación implica transferir al concesionario el riesgo operacional, en los términos del apartado cuarto del artículo anterior.
- Art. 16Contrato de suministroSon contratos de suministro los de adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. No lo son los relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Lo son en todo caso: las entregas sucesivas por precio unitario sin cuantía total exacta; los equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas (salvo los programas de ordenador a medida, que son servicios); los de fabricación; y la adquisición de energía primaria o transformada.
- Art. 17Contrato de serviciosSon contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. Se incluyen aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No pueden ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- Art. 18Contratos mixtosContrato mixto es el que contiene prestaciones de otro u otros de distinta clase. Entre obras, suministros o servicios se atiende al carácter de la prestación principal; entre servicios y suministros, o servicios especiales del anexo IV y otros servicios, al mayor de los valores estimados. Con concesiones o con contratos ajenos a la Ley, si las prestaciones no son separables se atiende a la prestación principal. Si un elemento es una obra que supera los 50.000 euros debe elaborarse un proyecto; si hay elementos de concesión, estudio de viabilidad.
Sección 2.ªContratos sujetos a una regulación armonizada
- Art. 19Delimitación generalSon contratos sujetos a regulación armonizada los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios cuyo valor estimado, calculado conforme al artículo 101, sea igual o superior a las cuantías de los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante sea poder adjudicador; también los subvencionados del artículo 23. Cualquiera que sea su valor estimado quedan fuera, entre otros, los de programas audiovisuales o radiofónicos, los del sector de la defensa, los secretos o reservados, ciertos servicios jurídicos y el transporte de viajeros por ferrocarril o en metro.
- Art. 20Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: UmbralEstán sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.404.000 euros. Si la obra se adjudica por lotes separados y el valor acumulado de los lotes iguala o supera esa cantidad, las normas de la regulación armonizada se aplican a la adjudicación de cada lote. Los órganos de contratación pueden exceptuar los lotes de valor estimado inferior a un millón de euros, siempre que el importe acumulado de los exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de todos.
- Art. 21Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: UmbralLos contratos de suministro están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a 140.000 euros cuando los adjudican la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (en el sector de la defensa, solo para los productos del anexo II), o a 216.000 euros en los demás suministros. Por lotes cuenta el valor acumulado; pueden exceptuarse los lotes de menos de 80.000 euros si lo exceptuado no sobrepasa el 20 por 100 del total.
- Art. 22Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbralLos contratos de servicios están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a: 140.000 euros si adjudica la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; 216.000 euros si adjudican otras entidades del sector público; 750.000 euros en servicios sociales y otros servicios específicos del anexo IV. Por lotes cuenta el valor acumulado; pueden exceptuarse los lotes de menos de 80.000 euros si lo exceptuado no sobrepasa el 20 por 100 del total.
- Art. 23Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizadaSon contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada los de obras y de servicios subvencionados de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe por poderes adjudicadores, si son: a) obras de ingeniería civil o de construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y de uso administrativo, de valor estimado igual o superior a 5.404.000 euros; b) servicios vinculados a esas obras, de valor estimado igual o superior a 216.000 euros.
Sección 3.ªContratos administrativos y contratos privados
- Art. 24Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público
- Art. 25Contratos administrativosSon administrativos, si los celebra una Administración Pública: a) los de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, salvo —que son privados— los de servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos con los CPV indicados, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos; b) los declarados así por una Ley y los administrativos especiales. Se rigen por esta Ley y su desarrollo; supletoriamente, por el derecho administrativo y, en su defecto, el privado.
- Art. 26Contratos privadosSon contratos privados: a) los de las Administraciones Públicas con objeto distinto de los del artículo 25.1 a) y b); b) los de poderes adjudicadores que no son Administración Pública; c) los de entidades del sector público que no son poder adjudicador. Los primeros se rigen en preparación y adjudicación por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, y en efectos, modificación y extinción por el derecho privado. Los de la letra b), por el Título I del Libro Tercero; los de la c), por los artículos 321 y 322.
- Art. 27Jurisdicción competenteContencioso-administrativo: preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos; preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas, de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública y de las entidades que no son poder adjudicador; recursos contra las resoluciones de los órganos del artículo 44 y del 321.5; y contratos subvencionados del artículo 23. Civil: efectos y extinción de los contratos privados y financiación privada de las concesiones.
Libro PrimeroConfiguración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos
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Título IDisposiciones generales sobre la contratación del sector público
Capítulo IRacionalidad y consistencia de la contratación del sector público
- Art. 28Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contrataciónLas entidades del sector público no pueden celebrar otros contratos que los necesarios para sus fines institucionales. En procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, las necesidades y la idoneidad del objeto se determinan con precisión y constan en la documentación preparatoria antes de iniciar el procedimiento. Promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información. Programarán la contratación y darán a conocer su plan mediante anuncio de información previa que al menos recoja los contratos sujetos a regulación armonizada.
- Art. 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestaciónLa prórroga la acuerda el órgano de contratación y obliga al empresario si se preavisa con al menos dos meses (salvo plazo mayor en el pliego), excepto si la Administración se demoró más de seis meses en el pago; no cabe por consentimiento tácito. Suministros y servicios de prestación sucesiva y arrendamiento de bienes muebles: máximo cinco años con prórrogas, con las excepciones del apartado 4. Concesiones que sobrepasen cinco años: tope de 40, 25 o 10 años. Prórroga por no haberse formalizado el nuevo contrato: máximo nueve meses. Contratos menores: un año, sin prórroga.
- Art. 30Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificadosLa Administración puede ejecutar obras con medios propios no personificados o con empresarios colaboradores en los supuestos de las letras a) a h), como tener fábricas o servicios técnicos aptos, elementos auxiliares que ahorren más del 5 por 100 del presupuesto o den mayor celeridad, falta de ofertas o emergencia. Para fabricar bienes muebles, en el supuesto b) el ahorro ha de superar el 20 por 100. En obras de las letras a) y b) los colaboradores no pueden sobrepasar el 60 por ciento del proyecto. Autoriza el órgano competente para aprobar el gasto o el que determinen las normas autonómicas.
- Art. 31Potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical y horizontalLas entidades del sector público pueden cooperar entre sí sin que el resultado pueda calificarse de contractual. Cooperación vertical: uso de medios propios personificados, mediante el oportuno acuerdo de encargo. Cooperación horizontal: previa celebración de los correspondientes convenios. Pueden en todo caso acordar la realización conjunta de contrataciones específicas. Si el procedimiento se desarrolla en su totalidad de forma conjunta, la responsabilidad es conjunta; si no, lo es por las partes llevadas a cabo conjuntamente.
- Art. 32Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificadosLos poderes adjudicadores pueden ejecutar prestaciones por encargo a un medio propio personificado, a cambio de una compensación tarifaria; ese encargo no es contrato. Requisitos: control análogo al de sus servicios, más del 80 por ciento de la actividad para quien encarga (tres ejercicios anteriores), capital totalmente público si es ente privado y reconocimiento expreso en estatutos. En el sector público estatal, el Consejo de Ministros autoriza encargos de doce millones de euros o más. El medio propio puede contratar con terceros hasta el 50 por ciento del encargo, con excepciones.
- Art. 33Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificadosLas entidades del sector público que no sean poder adjudicador pueden ejecutar prestaciones mediante encargo a un medio propio personificado, a cambio de una compensación; ese encargo no tiene la consideración de contrato. Requisitos del medio propio: control directo o indirecto del ente que encarga, totalidad del capital social o patrimonio de titularidad pública y más del 80 por ciento de sus actividades realizadas para la entidad que encarga y lo controla o para otras controladas del mismo modo. También cabe entre entidades del sector público estatal controladas por la misma entidad.
Capítulo IILibertad de pactos y contenido mínimo del contrato
- Art. 34Libertad de pactosEn los contratos del sector público pueden incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Las prestaciones de diferentes contratos solo pueden fusionarse en un contrato mixto cuando estén directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan tratarlas como una unidad funcional, dirigida a satisfacer una determinada necesidad o a conseguir un fin institucional propio de la entidad contratante.
- Art. 35Contenido mínimo del contratoLos documentos de formalización deben incluir necesariamente, salvo que ya estén en los pliegos, las menciones de las letras a) a n): partes, capacidad de los firmantes, objeto y tipo, legislación aplicable con mención a la normativa de protección de datos, documentos que integran el contrato, precio cierto o modo de determinarlo, duración y prórrogas, condiciones de recepción y de pago, supuestos de modificación y resolución, crédito presupuestario, confidencialidad y cumplimiento del convenio colectivo. No puede añadir derechos y obligaciones distintos de los previstos en los pliegos.
Capítulo IIIPerfección y forma del contrato
- Art. 36Perfección de los contratosLos contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición; estos dos últimos se perfeccionan con su adjudicación. Los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada se perfeccionan conforme a la legislación por la que se rijan, y su formalización se notifica al órgano que otorgó la subvención. Salvo que el clausulado indique otra cosa, se entienden celebrados en la sede del órgano de contratación.
- Art. 37Carácter formal de la contratación del sector públicoLas entidades del sector público no pueden contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia conforme al artículo 120.1. Los contratos de las Administraciones Públicas se formalizan de acuerdo con el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos menores en el artículo 118. Los contratos de los poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas, cuando sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, deben formalizarse en los plazos del artículo 153.
Capítulo IVRégimen de invalidez
- Art. 38Supuestos de invalidezLos contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados del artículo 23, son inválidos en tres supuestos: cuando concurra alguna de las causas que los invalidan conforme al derecho civil; cuando sea inválido alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir alguna de las causas de derecho administrativo; y cuando la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.
- Art. 39Causas de nulidad de derecho administrativoSon causas de nulidad las del artículo 47 de la Ley 39/2015. Son igualmente nulos los contratos de poderes adjudicadores en los supuestos de las letras a) a h), entre ellos: falta de capacidad de obrar, solvencia, habilitación o clasificación, o prohibición para contratar; carencia o insuficiencia de crédito, salvo los supuestos de emergencia; falta de publicación del anuncio de licitación; inobservancia del plazo de formalización si concurren dos requisitos; y formalizar el contrato sin respetar la suspensión derivada del recurso especial en materia de contratación.
- Art. 40Causas de anulabilidad de derecho administrativoSon causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas de la propia Ley. En particular: el incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos; las disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración; y los encargos a medios propios que no observen alguno de los requisitos relativos a la condición de medio propio.
- Art. 41Revisión de oficioLa revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación se rige por el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015. A los exclusivos efectos de esta Ley son actos administrativos los de entidades del sector público que no sean Administraciones Públicas y los de contratos subvencionados. Sin perjuicio de las normas autonómicas, declara la nulidad o lesividad el órgano de contratación si contrata una Administración Pública. Salvo determinación expresa en contrario, esta competencia se entiende delegada con la de contratar, pero la indemnización por nulidad no es delegable.
- Art. 42Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidadLa nulidad firme de los actos preparatorios o de la adjudicación lleva consigo en todo caso la del contrato, que entra en fase de liquidación: las partes se restituyen lo recibido o, si no es posible, su valor, y la parte culpable indemniza. La nulidad de los actos no preparatorios afecta a estos y sus consecuencias. Si la declaración administrativa de nulidad produce un grave trastorno al servicio público, el mismo acuerdo puede mantener sus efectos, bajo sus mismas cláusulas, hasta adoptar medidas urgentes. La sentencia dictada previa declaración de lesividad puede acordar estos efectos.
- Art. 43Causas de invalidez de derecho civilCuando un contrato de los del artículo 38 sea inválido por causas reconocidas en el derecho civil, los requisitos y los plazos de ejercicio de las acciones son los establecidos en el ordenamiento civil. En cambio, si el contrato lo ha celebrado una Administración Pública, el procedimiento para hacer valer esas acciones es el previsto en los artículos anteriores para los actos y contratos administrativos anulables.
Capítulo VDel recurso especial
- Art. 44Recurso especial en materia de contratación: actos recurriblesCabe recurso especial en contratos de Administraciones Públicas y demás poderes adjudicadores: obras de valor estimado superior a tres millones de euros; suministro y servicios superior a cien mil; acuerdos marco y sistemas dinámicos sobre ellos; concesiones que superen tres millones. Son recurribles anuncios, pliegos, ciertos actos de trámite, adjudicación, modificaciones, encargos a medios propios y rescate de concesiones. No se da en el trámite de emergencia, excluye los recursos administrativos ordinarios y es potestativo y gratuito.
- Art. 45Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del EstadoEn el sector público estatal resuelve el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública: un Presidente y un mínimo de cinco vocales, en un mínimo de dos Secciones. Vocales: funcionarios de carrera con más de diez años de actividad profesional; Presidente: título de licenciado o grado en derecho y más de quince. Los designa el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministros de Hacienda y Función Pública y de Justicia, por seis años sin prórroga. El Secretario General tiene voz pero no voto.
- Art. 46Órgano competente para la resolución del recurso en las Comunidades Autónomas y Entidades LocalesLas Comunidades Autónomas fijan por sus normas quién resuelve los recursos, creando un órgano independiente, y pueden atribuir la competencia al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales mediante convenio con la Administración General del Estado, sufragando los gastos; Ceuta y Melilla tienen las mismas opciones. En las Corporaciones Locales decide la norma autonómica y, sin previsión expresa, el órgano autonómico. Municipios de gran población y Diputaciones Provinciales pueden crear un órgano propio por acuerdo del Pleno; el resto de Ayuntamientos, acudir al de su Diputación.
- Art. 47Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no sean Administración Pública y en relación con contratos subvencionadosRecursos contra actos de poderes adjudicadores que no son Administración Pública: resuelve el órgano independiente competente respecto de la Administración a la que esté vinculada la entidad autora del acto. Si está vinculada con varias, el de la que ostente el control o participación mayoritaria; con participación igual, el que elija el recurrente. En contratos subvencionados: el órgano independiente de la Administración a la que esté adscrito quien otorgó la subvención; si concurren varias, se atiende a la de mayor cuantía y, a igualdad de importe, al órgano que decida el recurrente.
- Art. 48LegitimaciónPuede interponer el recurso especial cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. También las organizaciones sindicales, cuando pueda deducirse fundadamente que en la ejecución del contrato el empresario incumplirá las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores. En todo caso se entiende legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.
- Art. 49Solicitud de medidas cautelaresAntes de interponer el recurso especial, los legitimados pueden pedir medidas cautelares al órgano competente para resolverlo, entre ellas la suspensión del procedimiento de adjudicación. Este decide de forma motivada en los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito; el mismo día de la petición la comunica al órgano de contratación, que tiene dos días hábiles para alegar. Contra estas resoluciones no cabe recurso alguno. Puede imponerse caución o garantía. Las medidas decaen si transcurre el plazo de interposición sin que el interesado recurra.
- Art. 50Iniciación del procedimiento y plazoEl recurso se inicia por escrito en quince días hábiles, desde el día siguiente a: la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante; esa misma publicación para los pliegos, si indica cómo acceder a ellos; el conocimiento de la posible infracción en actos de trámite; la notificación de la adjudicación; la publicación en el perfil, en modificaciones y encargos. Si se funda en las causas de nulidad del artículo 39.2 c), d), e) o f): treinta días desde la publicación de la formalización o la notificación; en los restantes casos, seis meses desde la formalización.
- Art. 51Forma y lugar de interposición del recurso especialEl escrito de interposición indica el acto recurrido, el motivo, los medios de prueba y, en su caso, las medidas que se soliciten, y se acompaña de los documentos de las letras a) a e), como una dirección de correo electrónico habilitada. Los defectos se subsanan en tres días hábiles desde el siguiente a la notificación; si no, se le tiene por desistido. La documentación subsanada va necesariamente al registro del órgano competente para resolver. El escrito puede presentarse en los lugares del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el registro del órgano de contratación o en el del que resuelve.
- Art. 52Acceso al expedienteQuien desee examinar el expediente antes de recurrir debe pedirlo al órgano de contratación, obligado a ponerlo de manifiesto con los límites de confidencialidad. La solicitud se hace dentro del plazo de interposición y el acceso se facilita en los cinco días hábiles siguientes a su recepción, sin paralizar en ningún caso el plazo para recurrir. Si se incumple, el recurrente puede alegarlo y el órgano que resuelve le da acceso en sus oficinas por diez días; en ese supuesto, dos días hábiles al órgano de contratación para informar y cinco días hábiles a los restantes interesados para alegar.
- Art. 53Efectos derivados de la interposición del recursoInterpuesto el recurso, la tramitación del procedimiento queda en suspenso cuando el acto recurrido es el de adjudicación. Esa suspensión no se produce en los contratos basados en un acuerdo marco ni en los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud del artículo 56.3.
- Art. 54Comunicaciones y notificacionesLas comunicaciones y el intercambio de documentación se harán por medios electrónicos. La regla alcanza a tres sujetos: los órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento.
- Art. 55InadmisiónEl órgano encargado de resolver el recurso, tras la reclamación y examen del expediente administrativo, podrá declarar su inadmisión cuando conste de modo inequívoco y manifiesto: a) la incompetencia del órgano para conocer del recurso; b) la falta de legitimación del recurrente o de acreditación de la representación; c) que se dirige contra actos no susceptibles de impugnación conforme al artículo 44; d) que se interpuso una vez finalizado el plazo. Si aprecia alguno, sin perjuicio del artículo 51.2, dictará resolución acordando la inadmisión.
- Art. 56Tramitación del procedimientoEl procedimiento se rige por la Ley 39/2015 con especialidades. El órgano competente notifica el recurso en el mismo día al órgano de contratación y reclama el expediente, que se remite con informe dentro de los dos días hábiles siguientes. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición da traslado a los restantes interesados, con cinco días hábiles para alegar en su registro, y decide en cinco días hábiles sobre las medidas cautelares solicitadas. De oficio caben en cualquier fase, con audiencia al órgano de contratación por dos días. Prueba: diez días hábiles.
- Art. 57Resolución del recurso especialRecibidas las alegaciones, o transcurrido su plazo y el de prueba, el órgano competente resuelve dentro de los cinco días hábiles siguientes y notifica a todos los interesados. La resolución estima en todo o en parte, desestima o inadmite, de forma motivada y congruente con la petición, y levanta la suspensión del acto de adjudicación si continuase suspendido. Si estima, el órgano de contratación da cuenta de su cumplimiento. A los dos meses desde el siguiente a la interposición sin notificación, el interesado podrá considerarlo desestimado para acudir al contencioso-administrativo.
- Art. 58Indemnizaciones y multasA solicitud del interesado, el órgano competente para resolver podrá imponer a la entidad contratante la obligación de indemnizarle por los daños y perjuicios de la infracción legal, resarciéndole, cuando menos, de los gastos de preparación de la oferta o de participación en el procedimiento. Si aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá multar al responsable con entre 1.000 y 30.000 euros, que se ingresan en todo caso en el Tesoro Público. Las cuantías podrán actualizarse por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.
- Art. 59Efectos de la resolución del recurso especialContra la resolución solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo, y pese a ello la resolución será directamente ejecutiva. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos competentes para resolver el recurso, que tampoco estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que estén adscritos. Esos órganos podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos de sus actos.
- Art. 60Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativaCuando se interponga recurso contencioso administrativo contra una resolución del órgano competente para la resolución del recurso, este, una vez recibida la diligencia del Tribunal jurisdiccional reclamando el expediente administrativo, emplazará para su comparecencia ante la Sala correspondiente al órgano de contratación autor del acto que hubiera sido objeto del recurso y a los restantes comparecidos en el procedimiento. El emplazamiento se hará en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Título IIPartes en el contrato
Capítulo IÓrgano de contratación
- Art. 61Competencia para contratarLa representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados, que tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre por norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria. Podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades cumpliendo las normas y formalidades de la delegación o desconcentración, si son órganos administrativos, o las del otorgamiento de poderes, si son órganos societarios o de una fundación.
- Art. 62Responsable del contratoCon independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato, que supervisa su ejecución, adopta decisiones y dicta instrucciones dentro de las facultades que le atribuyan. Podrá ser persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a ella. En obras, sus facultades las ejerce el Director Facultativo. En las concesiones de obra pública y de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general.
- Art. 63Perfil de contratanteEl perfil de contratante se difunde exclusivamente a través de Internet; el acceso es libre, sin identificación previa, salvo para servicios personalizados. La información se publica en formatos abiertos y reutilizables y permanece accesible no menos de 5 años. Los contratos menores se publican al menos trimestralmente, salvo los de valor estimado inferior a cinco mil euros pagados por anticipo de caja fija u otro similar. Se publica la formalización de los encargos a medios propios de importe superior a 50.000 euros, IVA excluido, y, al menos trimestralmente, los de más de 5.000 euros.
- Art. 64Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de interesesLos órganos de contratación deberán tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses. El conflicto abarca, al menos, toda situación en que el personal al servicio del órgano de contratación que participe en la licitación o pueda influir en su resultado tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia. Quien conozca un posible conflicto debe comunicarlo inmediatamente a dicho órgano.
Capítulo IICapacidad y solvencia del empresario
Sección 1.ªAptitud para contratar con el sector público
Subsección 1.ªNormas generales y normas especiales sobre capacidad
- Art. 65Condiciones de aptitudSolo pueden contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, cuando la Ley lo exija, estén debidamente clasificadas. Además deben contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible. En los contratos subvencionados del artículo 23, el contratista debe acreditar su solvencia y no estar incurso en la prohibición del artículo 71.1.a).
- Art. 66Personas jurídicasLas personas jurídicas solo pueden ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que les sean propios según sus estatutos o reglas fundacionales. Quienes concurran, individual o conjuntamente con otros, a la licitación de una concesión de obras o de servicios pueden hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión; su constitución y, en su caso, su forma se ajustarán a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones, la legislación específica.
- Art. 67Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico EuropeoLas empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tienen capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, si están habilitadas para realizar la prestación de que se trate con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas. Si esa legislación exige una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para prestar en él el servicio, deberán acreditar que cumplen ese requisito.
- Art. 68Empresas no comunitariasSin perjuicio de los acuerdos internacionales de España, las empresas no comunitarias deben justificar, con un informe de la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que su Estado admite a las empresas españolas en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescinde del informe para empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. El pliego puede exigir a las adjudicatarias de contratos de obras sucursal en España, con apoderados o representantes, e inscripción en el Registro Mercantil.
- Art. 69Uniones de empresariosLas uniones temporales de empresarios pueden contratar sin formalizarse en escritura pública hasta la adjudicación a su favor. Sus miembros quedan obligados solidariamente y nombran un representante o apoderado único. Su duración coincide, al menos, con la del contrato. Si su composición se modifica antes de la formalización, queda excluida. Formalizado el contrato, aumentar, disminuir o sustituir empresas exige autorización previa y expresa del órgano de contratación y haber ejecutado al menos un 20 por ciento del importe o, en concesiones, explotado al menos la quinta parte del plazo.
- Art. 70Condiciones especiales de compatibilidadEl órgano de contratación tomará medidas para que no falsee la competencia la participación de empresas que intervinieron en la preparación del contrato o le asesoraron; entre ellas, comunicar a los demás la información intercambiada y fijar plazos adecuados para ofertar. Su exclusión, y la de sus vinculadas, cabe cuando no haya otro medio de garantizar la igualdad de trato y previa audiencia. Los contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución, y de coordinación de seguridad y salud, no pueden adjudicarse a las adjudicatarias de esos contratos ni a sus vinculadas.
Subsección 2.ªProhibiciones de contratar
- Art. 71Prohibiciones de contratarNo pueden contratar, entre otros: los condenados por sentencia firme por los delitos de la letra a); los sancionados con carácter firme por las infracciones de la letra b); quienes hayan solicitado concurso voluntario o estén declarados en concurso, salvo convenio eficaz; quienes no estén al corriente de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social; las empresas de 50 o más trabajadores sin el 2 por ciento de empleados con discapacidad o sin plan de igualdad; quienes falseen la declaración responsable; y, según el apartado 2, quienes retiren indebidamente su proposición.
- Art. 72Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimientoLos órganos de contratación aprecian directamente las prohibiciones de las letras c), d), f), g) y h) del artículo 71.1, y las de a) y b) si la sentencia o resolución fija su alcance y duración. Si no, los fija el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Duración: la prevista en la sentencia penal firme; si no establece plazo, no más de cinco años desde la condena firme; en el resto, no más de tres años. En el caso del artículo 71.2.b), el procedimiento no puede iniciarse pasados tres meses desde la adjudicación.
- Art. 73Efectos de la declaración de la prohibición de contratarEn los casos del artículo 71.2 y de falsedad de la letra e) del 71.1, la prohibición afecta al ámbito del órgano de contratación competente para declararla y puede extenderse a su sector público; excepcionalmente, tras esa extensión, a todo el sector público por el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Si la declara ese Ministro, tiene efectos en todo el sector público. Salvo las de las letras c), d), g) y h), se comunican sin dilación al Registro; la inscripción caduca pasados 3 meses desde que termine su duración.
Subsección 3.ªSolvencia
- Art. 74Exigencia de solvenciaPara celebrar contratos con el sector público, los empresarios deben acreditar las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que determine el órgano de contratación. Este requisito se sustituye por el de la clasificación cuando esta sea exigible conforme a la Ley. Los requisitos mínimos de solvencia y la documentación para acreditarlos se indican en el anuncio de licitación y se especifican en el pliego del contrato, y deben estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.
- Art. 75Integración de la solvencia con medios externosEl empresario puede basarse en la solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de sus vínculos, si demuestra que dispondrá efectivamente de ellos durante toda la ejecución del contrato y la entidad no está incursa en prohibición de contratar. Para títulos de estudios y profesionales o experiencia profesional, únicamente si esas entidades van a ejecutar las obras o prestar los servicios. Se demuestra con su compromiso por escrito. En solvencia económica y financiera, el poder adjudicador puede exigir responsabilidad conjunta, incluso solidaria.
- Art. 76Concreción de las condiciones de solvenciaEn contratos de obras, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, y en los de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, puede exigirse a las personas jurídicas especificar nombres y cualificación profesional del personal responsable. Los órganos de contratación pueden exigir en pliegos el compromiso de adscribir medios personales o materiales, y lo exigirán si por la complejidad técnica es determinante concretarlos; se integra en el contrato como obligación esencial o con penalidades. La adscripción debe ser razonable, justificada y proporcional.
Subsección 4.ªClasificación de las empresas
- Art. 77Exigencia y efectos de la clasificaciónEn los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros la clasificación es requisito indispensable. En los de valor inferior, el empresario puede acreditar su solvencia indistintamente con la clasificación o cumpliendo los requisitos específicos de solvencia de los pliegos. En los contratos de servicios no es exigible, ni tampoco en los demás tipos de contratos. Se exige igualmente al cesionario si fue requerida al cedente. Por Real Decreto puede exceptuarse, de forma motivada, en determinados contratos de obras.
- Art. 78Exención de la exigencia de clasificaciónNo es exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, concurran aisladamente o integrados en una unión, aunque deben acreditar su solvencia. Excepcionalmente, si conviene a los intereses públicos, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, puede autorizar que la Administración General del Estado y sus entes contraten con personas no clasificadas. En las Comunidades Autónomas autorizan los órganos que estas designen.
- Art. 79Criterios aplicables y condiciones para la clasificaciónLa clasificación se hace en función de la solvencia y determina a qué contratos puede optar la empresa por su objeto y cuantía. Los contratos se dividen en grupos generales y subgrupos, por su naturaleza, y categorías, por cuantía: valor estimado si la duración es igual o inferior a un año y valor medio anual si es superior. Se deniega a empresas que puedan presumirse continuación de otras afectadas por una prohibición de contratar. En obras con singularidades, salvo casos excepcionales, los subgrupos exigibles no superan cuatro y la obra parcial debe superar el 20 por 100 del precio total.
- Art. 80Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y clasificaciones divergentesLos acuerdos de clasificación los adoptan, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas. Una empresa no puede tener a la vez clasificación estatal y autonómica, ni de varias Comunidades, pero sí una en obras y otra en servicios. Para cambiar de órgano debe comunicar su renuncia, que surte efecto desde el otorgamiento de la nueva; el nuevo órgano comunica su acuerdo en 15 días. Si coinciden varias, prevalece la más reciente.
- Art. 81Inscripción registral de la clasificaciónLos acuerdos de clasificación adoptados por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se inscriben de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Los adoptados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido la competencia se inscriben de oficio en el Registro de Licitadores de la Comunidad, si dispone de él, y el órgano que los adoptó los comunica al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para su inscripción.
- Art. 82Plazo de vigencia y revisión de las clasificacionesLa clasificación tiene vigencia indefinida mientras el empresario mantenga las condiciones en que se basó su concesión. Para conservarla debe justificarse anualmente la solvencia económica y financiera y, cada tres años, la técnica y profesional, con declaración responsable o, en su defecto, documentación actualizada. No aportarlas en plazo produce la suspensión automática y abre expediente de revisión. Es revisable a petición de los interesados o de oficio. El empresario debe comunicar toda variación que pueda dar lugar a revisión; omitirlo le hace incurrir en prohibición de contratar.
- Art. 83Comprobación de los elementos de la clasificaciónLos órganos competentes en materia de clasificación pueden solicitar en cualquier momento, tanto a las empresas clasificadas como a las pendientes de clasificación, los documentos que estimen necesarios para comprobar las declaraciones y hechos que estas hayan manifestado en los expedientes que tramiten. También pueden pedir informe sobre esos extremos a cualquier órgano de las Administraciones Públicas.
Sección 2.ªAcreditación de la aptitud para contratar
Subsección 1.ªCapacidad de obrar
Subsección 2.ªProhibiciones de contratar
Subsección 3.ªSolvencia
- Art. 86Medios de acreditar la solvenciaLa solvencia para un contrato se acredita con los documentos que determine el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91. En contratos no sujetos a regulación armonizada puede admitir además, de forma justificada, otros medios de prueba. Para la clasificación, los documentos son los reglamentariamente establecidos de entre los de esos artículos. La clasificación acredita la solvencia para contratos del mismo tipo e importe para los que no se exija. En concesiones de obras y de servicios con fases sucesivas, los pliegos pueden diferenciar requisitos por fase.
- Art. 87Acreditación de la solvencia económica y financieraLa solvencia económica y financiera se acredita, a elección del órgano de contratación, por volumen anual de negocios (mejor ejercicio de los tres últimos disponibles; el mínimo exigido no excede de una vez y media el valor estimado, excepto casos debidamente justificados), seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales o patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos. En contratos no sujetos a clasificación, si los pliegos no concretan: volumen de al menos una vez y media el valor estimado, o el valor anual medio si dura más de un año.
- Art. 88Solvencia técnica en los contratos de obrasEn los contratos de obras la solvencia técnica se acredita, a elección del órgano de contratación, por uno o varios medios: obras ejecutadas en los cinco últimos años con certificados de buena ejecución, personal técnico, títulos académicos y profesionales, medidas de gestión medioambiental, plantilla media anual y directivos de los tres últimos años, y maquinaria. En contratos de valor estimado inferior a 500.000 euros, la empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años) acredita por los medios de las letras b) a f).
- Art. 89Solvencia técnica en los contratos de suministroEn suministros, la solvencia técnica se acredita por uno o varios medios, a elección del órgano de contratación: relación de suministros de, como máximo, los tres últimos años; personal técnico; instalaciones; control; muestras; certificados y cadena de suministro. En contratos no sujetos a regulación armonizada, la empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años) no acredita por la relación de suministros. En defecto de especificación: relación de los tres últimos años con importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 % de la anualidad media.
- Art. 90Solvencia técnica o profesional en los contratos de serviciosEn servicios, la solvencia se aprecia por conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, y se acredita por uno o varios medios, a elección del órgano de contratación: relación de servicios de, como máximo, los tres últimos años; títulos, si no se evalúan como criterio de adjudicación; plantilla media de tres años, entre otros. En su defecto: relación de tres años con importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 % de la anualidad media. En contratos no armonizados, la empresa de antigüedad inferior a cinco años no acredita por esa relación.
- Art. 91Solvencia técnica o profesional en los restantes contratosEn los contratos distintos de los de obras, servicios o suministro, la solvencia profesional o técnica podrá acreditarse por los documentos y medios que se indican en el artículo anterior. El precepto no enumera medios propios: se limita a remitir al artículo que le precede.
- Art. 92Concreción de los requisitos y criterios de solvenciaEl órgano de contratación determina los requisitos mínimos de solvencia y los medios para acreditarla; se indican en el anuncio de licitación o en la invitación y se detallan en los pliegos (magnitudes, parámetros o ratios y umbrales o rangos de valores). En su ausencia se aplican los de los artículos 87 a 90. La clasificación en un grupo o subgrupo es prueba bastante de solvencia si el objeto está incluido en él y el importe anual medio es igual o inferior al de su categoría; el CPV determina el grupo o subgrupo. Reglamentariamente podrá eximirse la acreditación por debajo de un umbral.
- Art. 93Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidadEn los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan certificados de organismos independientes sobre normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas europeas de certificación. Reconocerán los certificados equivalentes de organismos de cualquier Estado miembro de la Unión Europea y aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes.
- Art. 94Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambientalEn los contratos sujetos a una regulación armonizada, si se exigen certificados de organismos independientes sobre normas de gestión medioambiental, los órganos de contratación harán referencia al EMAS de la Unión Europea, a otros sistemas reconocidos conforme al artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 o a otras normas basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados. Reconocerán certificados equivalentes de cualquier Estado miembro y aceptarán otras pruebas, como una descripción de las medidas ejecutadas, si el licitador demuestra su equivalencia.
- Art. 95Documentación e información complementariaEl órgano de contratación o el órgano auxiliar de este puede hacer dos cosas respecto de los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores: recabar del empresario aclaraciones sobre ellos o requerirle para que presente otros complementarios. Está formulado como facultad: «podrá».
Subsección 4.ªPrueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de Registros o listas oficiales de contratistas
- Art. 96Certificaciones de Registros de LicitadoresLa inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar. La inscripción en el Registro de una Comunidad Autónoma acredita lo mismo para contratar con ella, con las entidades locales de su ámbito territorial y con los entes dependientes de una y otras. El contenido se prueba mediante certificación del órgano encargado.
- Art. 97Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratarLos certificados de inscripción en las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar de los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado que los expide, constituyen una presunción de aptitud respecto de los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. Igual valor presuntivo tienen las certificaciones de organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación. Estos documentos deben indicar las referencias que permitieron la inscripción o la certificación y la clasificación obtenida.
Capítulo IIISucesión en la persona del contratista
Título IIIObjeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión
Capítulo INormas generales
- Art. 99Objeto del contratoEl objeto debe ser determinado y puede definirse por necesidades o funcionalidades, sin solución única. No cabe fraccionarlo para disminuir la cuantía y eludir publicidad o procedimiento. Si la naturaleza o el objeto lo permiten, se divide en lotes; no dividir exige motivos válidos justificados en el expediente, salvo en concesión de obras. Pueden limitarse los lotes a los que se oferta o que se adjudican, indicándolo en el anuncio y en el pliego. La oferta integradora exige cuatro requisitos. Cada lote constituye un contrato, salvo otra previsión en el pliego u ofertas integradoras.
- Art. 100Presupuesto base de licitaciónEl presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. Debe ser adecuado a los precios del mercado y se desglosa en el pliego o documento regulador indicando costes directos e indirectos y otros eventuales gastos. Si los salarios forman parte del precio total, indica los costes salariales con desagregación de género y categoría profesional, a partir del convenio laboral de referencia. No es necesario aprobarlo antes de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición.
- Art. 101Valor estimadoEl valor estimado se calcula sin IVA: en obras, suministros y servicios es el importe total pagadero; en concesiones, el importe neto de la cifra de negocios de la concesionaria. Incluye opciones eventuales, prórrogas, primas y las modificaciones al alza previstas. El método de cálculo debe figurar en todo caso en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En servicios sin precio total de hasta cuarenta y ocho meses se toma el valor de toda la duración; si la superan o no tienen duración cierta, el valor mensual por 48. Con lotes se atiende al valor global de todos.
- Art. 102PrecioLos contratos del sector público tienen siempre un precio cierto, con el IVA incluido e indicado como partida independiente. Con carácter general se expresa en euros, aunque puede preverse su pago total o parcial en otra moneda. Puede formularse en precios unitarios o a tanto alzado. Excepcionalmente caben precios provisionales tras un procedimiento negociado, un diálogo competitivo o una asociación para la innovación, y en ellos no cabe la revisión de precios. Se prohíbe el pago aplazado en los contratos de las Administraciones Públicas, con las excepciones del apartado 8.
Capítulo IIRevisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público
- Art. 103Procedencia y límitesLos precios solo pueden ser objeto de revisión periódica y predeterminada. Previa justificación en el expediente, cabe en contratos de obra, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, de suministro de energía y en otros con período de recuperación de la inversión igual o superior a cinco años. Salvo en suministro de energía, tiene lugar cuando se ha ejecutado al menos el 20 por ciento del importe (no exigible en concesión de servicios) y ha transcurrido un año desde la formalización. La fórmula es invariable durante la vigencia del contrato.
- Art. 104Revisión en casos de demora en la ejecuciónSi la cláusula de revisión se aplica sobre períodos en los que el contratista ha incurrido en mora, se tienen en cuenta los índices de precios de las fechas establecidas en el contrato para realizar la prestación en plazo. Si los índices del período real de ejecución producen un coeficiente inferior, se aplican estos últimos. Todo ello sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes.
- Art. 105Pago del importe de la revisiónEl importe de las revisiones que procedan se hace efectivo de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales. Para su cobertura se tramita a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto. Los posibles desajustes respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables, se pueden hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato.
Título IVGarantías exigibles en la contratación del sector público
Capítulo IGarantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas
Sección 1.ªGarantía provisional
Sección 2.ªGarantía definitiva
- Art. 107Exigencia de la garantía definitivaLas mejores ofertas obligan a constituir una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA; con precios provisionales se calcula sobre el precio máximo fijado y con precios unitarios se atiende al presupuesto base de licitación. El órgano de contratación puede eximir de ella justificándolo en el pliego, pero no en contratos de obras ni de concesión de obras. En casos especiales cabe una complementaria de hasta un 5 por 100, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100. En las concesiones de obras y de servicios lo fija en cada caso el órgano de contratación.
- Art. 108Garantías definitivas admisiblesLa garantía definitiva puede prestarse en efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública; mediante aval de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España; o mediante contrato de seguro de caución. Si lo prevén los pliegos, en obras, suministros y servicios, y en concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, puede constituirse mediante retención en el precio. Puede acreditarse por medios electrónicos.
- Art. 109Constitución, reposición y reajuste de garantíasEl licitador con la mejor oferta debe acreditar la constitución de la garantía definitiva en el plazo del artículo 150.2; si no lo hace por causas a él imputables, no se adjudica a su favor. Si se hacen efectivas sobre ella penalidades o indemnizaciones, debe reponerla o ampliarla en quince días desde la ejecución, o incurre en causa de resolución. Si una modificación varía el precio, se reajusta en quince días desde la notificación del acuerdo. Si el contrato excede los cinco años y el seguro de caución es de plazo inferior, debe renovarse o prorrogarse con dos meses de antelación mínima.
- Art. 110Responsabilidades a que están afectas las garantíasLa garantía definitiva responde únicamente de: la obligación de formalizar el contrato en plazo; las penalidades impuestas al contratista; la correcta ejecución de las prestaciones, incluidas las mejoras aceptadas, los gastos originados a la Administración por la demora del contratista y los daños y perjuicios cuando no proceda la resolución; y la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros responde de la inexistencia de vicios o defectos durante el plazo de garantía previsto en el contrato.
- Art. 111Devolución y cancelación de las garantías definitivasLa garantía no se devuelve o cancela hasta el vencimiento del plazo de garantía y el cumplimiento satisfactorio del contrato, o hasta que se declare su resolución sin culpa del contratista. El acuerdo de devolución se adopta y notifica en dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido un año desde la terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin recepción formal ni liquidación por causas no imputables al contratista, se devuelve una vez depuradas las responsabilidades; ese plazo se reduce a seis meses en los supuestos del último párrafo.
Sección 3.ªGarantías prestadas por terceros y preferencia en la ejecución de garantías
- Art. 112Régimen de las garantías prestadas por tercerosQuienes, sin ser el contratista, presten garantías a su favor no pueden utilizar el beneficio de excusión de los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil. El avalista o asegurador es parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada. En el seguro de caución, el tomador es el contratista y el asegurado la Administración contratante; la falta de pago de la prima no da derecho a resolver el contrato, ni extingue el seguro, ni suspende la cobertura, ni libera al asegurador; y este no puede oponer al asegurado las excepciones que le correspondan contra el tomador.
- Art. 113Preferencia en la ejecución de garantíasPara hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la Administración contratante tiene preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual sea su naturaleza y el título de su crédito. Si la garantía no basta para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la diferencia se cobra por el procedimiento administrativo de apremio, conforme a las normas de recaudación. En caso de concurso, los créditos derivados de obligaciones ex lege o surgidos de actos administrativos son créditos con privilegio general.
Capítulo IIGarantías exigibles en otros contratos del sector público
Libro SegundoDe los contratos de las Administraciones Públicas
201
Título IDisposiciones generales
Capítulo IDe las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas
Sección 1.ªDe la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas
Subsección 1.ªExpediente de contratación
- Art. 116Expediente de contratación: iniciación y contenidoLos contratos de las Administraciones Públicas requieren un expediente previo, iniciado por el órgano de contratación y publicado en el perfil de contratante. Abarca la totalidad del objeto e incorpora los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, el certificado de existencia de crédito y, en su caso, la fiscalización previa. Justifica, entre otros extremos, el procedimiento de licitación, el valor estimado con los costes laborales si existiesen y la decisión de no dividir en lotes. Con aportaciones de distinta procedencia hay un solo expediente.
- Art. 117Aprobación del expedienteCompletado el expediente, el órgano de contratación lo aprueba por resolución motivada y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación. Implica también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido establecerse antes o de que las normas de desconcentración o el acto de delegación dispongan lo contrario; entonces se recaba la aprobación del órgano competente. Se publica en el perfil de contratante. Los expedientes pueden ultimarse, incluso con adjudicación y formalización, aunque la ejecución deba iniciarse el ejercicio siguiente.
- Art. 118Expediente de contratación en contratos menoresSon contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras o a 15.000 euros en suministro o servicios, sin perjuicio del artículo 229. El expediente exige informe del órgano de contratación que justifique motivadamente la necesidad y que no se altera el objeto para evitar los umbrales, aprobación del gasto y factura; ese informe no se exige si se paga por anticipos de caja fija u otro sistema similar y el valor estimado no excede de 5.000 euros. En obras se añade el presupuesto y, si el trabajo afecta a la estabilidad, seguridad o estanqueidad, el informe de supervisión.
- Art. 119Tramitación urgente del expedienteCabe tramitación urgente si el contrato responde a una necesidad inaplazable o su adjudicación debe acelerarse por razones de interés público, con declaración de urgencia motivada del órgano de contratación. El expediente tiene preferencia de despacho: cinco días para informes y trámites, ampliables hasta diez por complejidad u otra causa justificada. Abierto el procedimiento de adjudicación, los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad, salvo los que el artículo exceptúa. El inicio de la ejecución no puede exceder de un mes desde la formalización.
- Art. 120Tramitación de emergenciaCuando la Administración deba actuar de manera inmediata por acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional, el órgano de contratación puede, sin tramitar expediente, ordenar la ejecución de lo necesario o contratar libremente, sin sujetarse a los requisitos formales, incluso el de crédito suficiente. Si contrata la Administración General del Estado o demás entidades públicas estatales, se da cuenta al Consejo de Ministros en treinta días como máximo. El inicio de la ejecución no puede superar un mes desde el acuerdo.
Subsección 2.ªPliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
- Art. 121Pliegos de cláusulas administrativas generalesEl Consejo de Ministros podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública y previo dictamen del Consejo de Estado, para los contratos de la Administración General del Estado y demás Administraciones Públicas estatales. Se ajustan a la Ley y a sus disposiciones de desarrollo. Las Comunidades Autónomas y las entidades de la Administración Local podrán aprobarlos según sus normas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente autonómico, si lo hubiera.
- Art. 122Pliegos de cláusulas administrativas particularesLos pliegos de cláusulas administrativas particulares los aprueba el órgano de contratación antes de la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación o, de no existir, de la adjudicación. Después solo pueden modificarse por error material, de hecho o aritmético; en otro caso hay retroacción de actuaciones. Incluyen, entre otras menciones, los criterios de solvencia y adjudicación y la obligación de respetar la normativa de protección de datos. Sus cláusulas son parte integrante de los contratos. Pueden establecer penalidades.
- Art. 123Pliego de prescripciones técnicas generalesEl Consejo de Ministros podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas generales, a propuesta del Ministro correspondiente y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. A esos pliegos han de ajustarse la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y las demás entidades que gocen de la condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.
- Art. 124Pliego de prescripciones técnicas particularesEl órgano de contratación aprueba los pliegos y documentos con las prescripciones técnicas particulares, que rigen la realización de la prestación y definen sus calidades y sus condiciones sociales y ambientales. Debe hacerlo con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato o, de no existir esta, antes de su adjudicación. Después solo podrán modificarse por error material, de hecho o aritmético; en otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
- Art. 125Definición de determinadas prescripciones técnicasDefine, a efectos de la Ley: «prescripción o especificación técnica» (en obras, las prescripciones contenidas principalmente en los pliegos que definen las características de un material, producto o suministro; en suministro o servicios, la especificación que figura en un documento); «norma» (aprobada por un organismo de normalización reconocido, de aplicación repetida o continuada y cumplimiento no obligatorio: internacional, europea o nacional); «evaluación técnica europea» (producto de construcción); «especificación técnica común» (ámbito de las TIC) y «referencia técnica».
- Art. 126Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicasLas prescripciones técnicas darán a los empresarios acceso en condiciones de igualdad y no crearán obstáculos injustificados a la competencia. Tendrán en cuenta la accesibilidad universal, salvo en casos debidamente justificados, y criterios de sostenibilidad si el objeto afecta o puede afectar al medio ambiente. Se formulan por rendimiento o exigencias funcionales, por referencia a especificaciones con la mención «o equivalente», o combinando ambas. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, no harán referencia a marcas, patentes o tipos.
- Art. 127EtiquetasEtiqueta es cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que obras, productos, servicios, procesos o procedimientos cumplen determinados requisitos. Los órganos de contratación podrán exigir una etiqueta específica en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución si se cumplen todas las condiciones de las letras a) a f). Si la exigen, deberán aceptar las etiquetas equivalentes y otros medios adecuados de prueba. La carga de la prueba de la equivalencia recae, en todo caso, en el candidato o licitador.
- Art. 128Informes de pruebas, certificación y otros medios de pruebaLos órganos de contratación podrán exigir un informe de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad, o un certificado expedido por este, como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución. Si exigen certificados de un organismo determinado, deberán aceptar los de otros equivalentes. Supletoriamente deberán aceptar otros medios de prueba adecuados, como un informe técnico del fabricante, cuando el empresario no tenga acceso a aquellos ni pueda obtenerlos en plazo por causa no imputable a él.
- Art. 129Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidadEl órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que candidatos o licitadores puedan obtener información sobre las obligaciones relativas a fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y contratación de un número o porcentaje específico de estas. Si facilita esa información, solicitará que manifiesten haberlas tenido en cuenta al elaborar sus ofertas, sin que ello obste a la aplicación del artículo 149.
- Art. 130Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajoCuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general imponga la subrogación, el pliego facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores afectados. La empresa que venía efectuando la prestación debe proporcionarla al órgano de contratación, a requerimiento de este, con los listados del personal. El pliego contemplará penalidades dentro de los límites del artículo 192. Si los costes laborales superan los informados, el contratista tiene acción directa contra el antiguo contratista.
Sección 2.ªDe la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas
Subsección 1.ªNormas generales
- Art. 131Procedimiento de adjudicaciónLa adjudicación se realiza ordinariamente con pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio y por procedimiento abierto o restringido; las concesiones de servicios especiales del Anexo IV, por el restringido. Caben el negociado sin publicidad (artículo 168), el diálogo competitivo o la licitación con negociación (artículo 167) y la asociación para la innovación (artículo 177). Los contratos menores pueden adjudicarse directamente. En asistencia sanitaria urgente de valor estimado inferior a 30.000 euros no rigen las normas de preparación y adjudicación.
- Art. 132Principios de igualdad, transparencia y libre competenciaLos órganos de contratación darán a licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y actuarán con transparencia y proporcionalidad. No puede limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro, salvo en los contratos reservados de la disposición adicional cuarta. La contratación no se concebirá para eludir la publicidad o el procedimiento ni para restringir artificialmente la competencia. Los hechos que puedan infringir la legislación de defensa de la competencia se notifican a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o a las autoridades autonómicas.
- Art. 133ConfidencialidadLos órganos de contratación no pueden divulgar la información que los empresarios designen como confidencial al presentar su oferta: secretos técnicos o comerciales, aspectos confidenciales de las ofertas e informaciones que puedan falsear la competencia. Ese deber no alcanza a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni de los informes del procedimiento: solo a documentos de difusión restringida. Tampoco impide divulgar las partes no confidenciales de los contratos. El contratista guarda la confidencialidad cinco años desde que conoce la información, salvo plazo mayor.
- Art. 134Anuncio de información previaLos órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa sobre los contratos de obras, suministros o servicios sujetos a regulación armonizada que proyecten adjudicar. Se publica, a su elección, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante. Cubre un máximo de 12 meses desde la fecha de envío, salvo en los servicios especiales del Anexo IV, en que puede abarcar un plazo superior. Si a las cuarenta y ocho horas de confirmada la recepción no hay notificación de la publicación, puede publicarse a nivel nacional.
- Art. 135Anuncio de licitaciónEl anuncio de licitación de los contratos de las Administraciones Públicas se publica en el perfil de contratante, salvo en los procedimientos negociados sin publicidad. En los contratos de la Administración General del Estado y de sus entidades vinculadas con naturaleza de Administración Pública, además en el «Boletín Oficial del Estado»; en los sujetos a regulación armonizada, además en el «Diario Oficial de la Unión Europea». No se publica antes que en dicho Diario, salvo falta de notificación a las 48 horas de la confirmación de la recepción.
- Art. 136Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposicionesLos órganos de contratación fijan los plazos de presentación de ofertas y solicitudes según el tiempo razonablemente necesario para prepararlas, atendida la complejidad del contrato y respetando los plazos mínimos de la Ley. Deben ampliar el plazo inicial si no se atendió un requerimiento de información relevante o si se introducen modificaciones significativas en los pliegos: clasificación requerida, importe y plazo, obligaciones del adjudicatario y cambio o variación del objeto. Presentar proposiciones no puede suponer la exigencia de cantidad alguna a los licitadores.
- Art. 137Reducción de plazos en caso de tramitación urgenteCuando el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, los plazos establecidos en la Sección dedicada a la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas se reducen. El artículo no detalla la reducción: remite a la forma prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 119 y a las demás disposiciones de la Ley.
- Art. 138Información a interesadosEl acceso a los pliegos es electrónico, por el perfil de contratante: libre, directo, completo y gratuito, desde la publicación del anuncio de licitación o el envío de la invitación. Excepcionalmente cabe acceso no electrónico (circunstancias técnicas, confidencialidad o, en concesiones, seguridad excepcional): se advierte en el anuncio o invitación y el plazo se prolonga cinco días, salvo tramitación urgente. La información adicional se da a más tardar 6 días antes del fin del plazo de ofertas si se pidió al menos 12 días antes; 4 días en ciertos expedientes urgentes.
- Art. 139Proposiciones de los interesadosLas proposiciones se ajustan a los pliegos; presentarlas supone aceptar incondicionadamente todas sus cláusulas, sin salvedad ni reserva, y autorizar a la mesa y al órgano de contratación a consultar el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Son secretas hasta su apertura. Cada licitador presenta una sola proposición y no puede ir en unión temporal si lo hace individualmente ni figurar en más de una unión: la infracción supone la no admisión de todas sus propuestas. El IVA se indica como partida independiente.
- Art. 140Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previosEn el procedimiento abierto la proposición lleva una declaración responsable ajustada al documento europeo único de contratación: sociedad válidamente constituida y representación, clasificación o solvencia, ausencia de prohibición de contratar y correo electrónico para notificaciones. También declaran las empresas cuya solvencia se usa, cada miembro de una unión temporal y cada lote si varía la solvencia. Los justificantes pueden pedirse, en todo caso, antes de adjudicar. Los requisitos deben concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en la perfección del contrato.
- Art. 141Declaración responsable y otra documentaciónEl pliego incluye, junto con la exigencia de declaración responsable, el modelo al que debe ajustarse, que seguirá el formulario de documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, sin perjuicio de la letra c) del apartado 4 del artículo 159. Si se establece la intervención de mesa de contratación, es esta la que califica la declaración responsable y la documentación; cuando aprecia defectos subsanables, da al empresario un plazo de tres días para corregirlos.
- Art. 142Admisibilidad de variantesEl órgano de contratación puede tomar en consideración variantes cuando haya criterios de adjudicación distintos del precio y los pliegos las prevean, expresando sus requisitos mínimos, modalidades y características y su vinculación con el objeto del contrato. La posibilidad se indica en el anuncio de licitación, precisando sobre qué elementos y en qué condiciones se autoriza. En suministros o servicios no puede rechazarse una variante autorizada solo porque daría lugar a un contrato de servicios en vez de suministro, o a la inversa.
- Art. 143Subasta electrónicaLa subasta electrónica es un proceso electrónico repetitivo que sigue a una primera evaluación completa de las ofertas. Cabe en procedimientos abiertos, restringidos y licitaciones con negociación, si las especificaciones pueden fijarse de manera precisa y las prestaciones no son de carácter intelectual. Se indica en el anuncio de licitación. Entre el envío de las invitaciones y su comienzo median, al menos, dos días hábiles. Puede tener varias fases y no puede divulgarse la identidad de los licitadores. No se usa en contratos relacionados con la calidad alimentaria.
- Art. 144Sucesión en el procedimientoSi durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato hay una fusión, escisión o transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, sucede a la empresa licitadora o candidata en su posición la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente. Condición: reunir capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acreditar solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Art. 145Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contratoLos contratos se adjudican con una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio, evaluada con criterios económicos y cualitativos; previa justificación en el expediente cabe la mejor relación coste-eficacia. Los criterios deben estar vinculados al objeto del contrato y figurar en los pliegos y en el anuncio. En servicios del Anexo IV y prestaciones de carácter intelectual, la calidad supone al menos el 51 por ciento de la puntuación. Las mejoras son prestaciones adicionales suficientemente especificadas, pasan a formar parte del contrato y no pueden modificarse.
- Art. 146Aplicación de los criterios de adjudicaciónCon un solo criterio, este se relaciona con los costes: el precio o la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Con varios, se da preponderancia a los valorables mediante fórmulas. En abierto o restringido, si los criterios de juicio de valor pesan más que los automáticos, los valora un comité de expertos de al menos tres miembros, no adscritos al órgano proponente, o un organismo técnico especializado; en lo demás, la mesa o los servicios del órgano de contratación. Las fórmulas se evalúan después. En varias fases, umbral mínimo del 50 por ciento en los criterios cualitativos.
- Art. 147Criterios de desempateLos pliegos pueden fijar criterios específicos de desempate, vinculados al objeto del contrato: trabajadores con discapacidad por encima de lo exigido, empresas de inserción, entidades sin ánimo de lucro en prestaciones sociales o asistenciales, Comercio Justo e igualdad entre mujeres y hombres. La documentación se aporta al producirse el empate, no antes. En defecto de previsión se aplican por orden: mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en exclusión social, menor porcentaje de contratos temporales, mayor porcentaje de mujeres y sorteo.
- Art. 148Definición y cálculo del ciclo de vidaEl ciclo de vida de un producto, obra o servicio abarca todas las fases consecutivas o interrelacionadas de su existencia, desde la investigación y el desarrollo hasta la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización. Su coste incluye, total o parcialmente, los costes sufragados por el órgano de contratación u otros usuarios (adquisición, utilización, mantenimiento y final de vida) y los imputados a externalidades medioambientales, si su valor monetario puede determinarse y verificarse. Los pliegos indican los datos a facilitar y el método.
- Art. 149Ofertas anormalmente bajasUna oferta presuntamente anormal solo se excluye tras el procedimiento de este artículo. La mesa o, en su defecto, el órgano de contratación identifica las ofertas con los parámetros objetivos de los pliegos; de las empresas de un mismo grupo solo se toma la más baja. Se requiere al licitador, con plazo suficiente, que justifique y desglose precios o costes, y se solicita asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa eleva propuesta motivada y el órgano de contratación excluye la oferta y adjudica a la mejor según el orden de clasificación.
- Art. 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contratoLa mesa o, en su defecto, el órgano de contratación clasifica las proposiciones por orden decreciente; con el precio como único criterio, la mejor oferta es la del precio más bajo. Ante indicios fundados de colusión en contratos sujetos a regulación armonizada, se trasladan a la autoridad de competencia, que informa en 20 días hábiles, y la licitación se suspende. El mejor clasificado tiene diez días hábiles para aportar documentación y garantía definitiva; si no lo hace, se entiende retirada su oferta y se le exige el 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
- Art. 151Resolución y notificación de la adjudicaciónLa resolución de adjudicación debe ser motivada, se notifica a los candidatos y licitadores y se publica en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. Notificación y publicidad deben permitir interponer recurso suficientemente fundado e incluyen: las razones del descarte de candidatos, los motivos de exclusión de licitadores con el desglose de valoraciones, y el nombre del adjudicatario con las características y ventajas de su proposición. La notificación indica el plazo de formalización y se realiza por medios electrónicos.
- Art. 152Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la AdministraciónAntes de la formalización, el órgano de contratación puede decidir no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento; lo notifica a candidatos o licitadores, informa a la Comisión Europea si el contrato se anunció en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y compensa los gastos. No adjudicar exige razones de interés público justificadas en el expediente e impide nueva licitación mientras subsistan. El desistimiento exige una infracción no subsanable de las normas de preparación o de adjudicación y no impide licitar de inmediato.
- Art. 153Formalización de los contratosLos contratos de las Administraciones Públicas se formalizan en documento administrativo; el contratista puede pedir escritura pública a su cargo. Si cabe recurso especial, no se formaliza antes de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación (las Comunidades Autónomas pueden incrementarlo sin exceder de un mes); después se requiere al adjudicatario para formalizar en cinco días. En los restantes casos, no más tarde de quince días hábiles. Si no se formaliza por causa del adjudicatario: 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
- Art. 154Anuncio de formalización de los contratosLa formalización se publica, junto con el contrato, en el perfil de contratante en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento; si el contrato está sujeto a regulación armonizada, además en el «Diario Oficial de la Unión Europea», al que el anuncio se envía a más tardar 10 días después de la formalización. Los contratos basados en un acuerdo marco se publican trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre. Para no publicar datos se solicita informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, evacuado en un máximo de diez días.
- Art. 155Comunicación a los candidatos y a los licitadoresLos órganos de contratación informan a cada candidato y licitador, en el plazo más breve posible, de las decisiones sobre acuerdos marco, adjudicación o admisión a un sistema dinámico de adquisición. A petición del interesado, y en cualquier caso en quince días desde la recepción de una solicitud por escrito, comunican: a los candidatos descartados, por qué se desestimó su candidatura; a los licitadores descartados, por qué se desestimó su oferta; y a quien presentó una oferta admisible, las ventajas de la seleccionada, el nombre del adjudicatario y el desarrollo de las negociaciones.
Subsección 2.ªProcedimiento abierto
- Art. 156Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitaciónEn el procedimiento abierto todo empresario interesado puede presentar proposición y queda excluida toda negociación. En contratos sujetos a regulación armonizada el plazo mínimo es de treinta y cinco días (obras, suministros y servicios) y treinta (concesiones) desde el envío del anuncio; puede reducirse a quince días con anuncio de información previa o por urgencia, y en cinco días si se aceptan ofertas por medios electrónicos. En contratos no armonizados: quince días desde el día siguiente a la publicación en el perfil de contratante, y veintiséis en obras y concesiones.
- Art. 157Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicaciónLa Mesa de contratación califica la documentación del artículo 140, presentada en sobre o archivo electrónico distinto, y después abre y examina las proposiciones y formula la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. Con pluralidad de criterios, la proposición va en dos sobres: juicio de valor y fórmulas. La apertura debe hacerse en el plazo máximo de veinte días desde el fin del plazo de presentación; la de la oferta económica, en acto público salvo que se prevean medios electrónicos. La propuesta no crea derecho alguno, pero apartarse de ella exige motivación.
- Art. 158AdjudicaciónEn el procedimiento abierto, si el único criterio es el precio, la adjudicación debe recaer en el plazo máximo de quince días desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Con pluralidad de criterios, o con el único del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo es de dos meses desde la apertura, salvo otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Ambos se amplían en quince días hábiles si hay que seguir los trámites del artículo 149.4. Si no se adjudica en plazo, los licitadores pueden retirar su proposición y recuperar la garantía provisional, de existir.
- Art. 159Procedimiento abierto simplificadoCabe en obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros y en suministros y servicios bajo las cantidades de los artículos 21.1.a) y 22.1.a), con juicios de valor que no superen el veinticinco por ciento (cuarenta y cinco en prestaciones intelectuales). Anuncio solo en el perfil de contratante; plazo mínimo de quince días, veinte en obras. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores, sin garantía provisional, valoración técnica en siete días. En obras inferiores a 80.000 euros y suministros y servicios inferiores a 60.000: diez días hábiles, sin acreditar solvencia ni garantía definitiva.
Subsección 3.ªProcedimiento restringido
- Art. 160CaracterizaciónEn el procedimiento restringido cualquier empresa interesada puede presentar una solicitud de participación, pero solo presentan proposiciones los empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, seleccione el órgano de contratación. Está prohibida toda negociación de los términos del contrato con solicitantes o candidatos. Los pliegos pueden prever primas o compensaciones por los gastos de la oferta en contratos de servicios cuando presentarla implique determinados desarrollos. Es especialmente adecuado para servicios intelectuales de especial complejidad.
- Art. 161Solicitudes de participaciónPlazo para presentar solicitudes de participación en el procedimiento restringido. Contratos sujetos a regulación armonizada: el suficiente y, en cualquier caso, no inferior a treinta días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea; en situación de urgencia, en obras, suministros y servicios, no inferior a quince días desde el envío del anuncio. Contratos no sujetos a regulación armonizada: como mínimo quince días desde la publicación del anuncio. Las solicitudes llevan la documentación del artículo 140, salvo la garantía provisional.
- Art. 162Selección de candidatosAntes del anuncio de licitación, el órgano de contratación fija los criterios objetivos de solvencia (de entre los artículos 87 a 91) para elegir a los candidatos. Señala un número mínimo de empresarios a invitar, no inferior a cinco, y puede fijar también un máximo. Si cumplen los criterios menos candidatos que ese mínimo, puede continuar con ellos, sin invitar a quien no solicitó participar ni a quien no reúna las condiciones. Criterios, mínimo y, en su caso, máximo se indican en el anuncio de licitación. La invitación a los seleccionados se hace simultáneamente y por escrito.
- Art. 163Contenido de las invitaciones e información a los candidatosLas invitaciones contienen una referencia al anuncio de licitación publicado e indican: fecha límite de recepción de ofertas; dirección de envío y lengua o lenguas; documentos a adjuntar, en su caso; criterios de adjudicación y su ponderación relativa u orden decreciente de importancia, si no figurasen en el anuncio; y lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. Incluyen además las indicaciones para acceder por medios electrónicos a los pliegos. Si se permite el acceso no electrónico, la invitación lo indica y explica cómo se pone la documentación a disposición de los candidatos.
- Art. 164ProposicionesPlazo de presentación de proposiciones en el procedimiento restringido. Contratos sujetos a regulación armonizada: el suficiente y, en cualquier caso, no inferior a treinta días desde el envío de la invitación escrita. Puede reducirse: a diez días si se envió anuncio de información previa; a no menos de diez días en situación de urgencia; y en cinco días si se aceptan ofertas por medios electrónicos. En las concesiones de obras y de servicios solo cabe esta última reducción. Contratos no sujetos a regulación armonizada: no inferior a diez días desde el envío de la invitación.
- Art. 165AdjudicaciónEn el procedimiento restringido, la adjudicación del contrato se rige por lo previsto en la Ley para el procedimiento abierto, con una única salvedad: no se aplica lo que se refiere a la necesidad de calificar previamente la documentación a que se refiere el artículo 140.
Subsección 4.ªProcedimientos con negociación
- Art. 166Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociaciónEn los procedimientos con negociación adjudica el órgano de contratación al licitador justificadamente elegido, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. El pliego de cláusulas administrativas particulares determina: los aspectos económicos y técnicos a negociar; las necesidades y las características exigidas; el procedimiento para negociar, con máxima transparencia, publicidad y no discriminación; los requisitos mínimos de todas las ofertas; y los criterios de adjudicación. Salvo las circunstancias del artículo 168, se publica anuncio de licitación.
- Art. 167Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociaciónLa licitación con negociación cabe en contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando: a) la prestación requiera un trabajo previo de diseño o adaptación; b) incluya un proyecto o soluciones innovadoras; c) no pueda adjudicarse sin negociaciones previas; d) no puedan fijarse con precisión las especificaciones técnicas; e) en un abierto o restringido previo solo hubiera ofertas irregulares o inaceptables; f) servicios sociales personalísimos para dar continuidad a quienes ya eran beneficiarios.
- Art. 168Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidadNegociado sin publicidad, solo en casos tasados: a) obras, suministros, servicios y concesiones: falta de ofertas o solicitudes adecuadas, empresario único (obra de arte, razones técnicas, derechos exclusivos) y contratos secretos o reservados; b) obras, suministros y servicios: imperiosa urgencia y ofertas irregulares o inaceptables previas; c) suministros: investigación, entregas adicionales (tres años por regla general), bolsas de materias primas y cese de proveedor; d) servicios: ganador de un concurso de proyectos; e) obras y servicios: repetición de similares, dentro de tres años.
- Art. 169Tramitación del procedimiento de licitación con negociaciónLa licitación con negociación exige, en todo caso, anuncio de licitación. Si se limita el número de empresas, el mínimo de candidatos invitados será de tres. Puede articularse en fases sucesivas. Durante la negociación rige la igualdad de trato y los cambios se comunican por escrito. No se negocian los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. En el expediente constan invitaciones, ofertas, razones de aceptación o rechazo y ventajas obtenidas. Al concluir se fija un plazo común para ofertas nuevas o revisadas; la mesa verifica, valora y propone, y el órgano de contratación adjudica.
- Art. 170Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidadEl procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación solo se usa cuando se dé alguna de las situaciones del artículo 168 y se tramita con arreglo a las normas del artículo 169, en lo que resulten de aplicación según el número de participantes, a excepción de lo relativo a la publicidad previa. Si únicamente participa un candidato, la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación deberá negociar con él, siempre y cuando sea posible.
- Art. 171Información a los licitadoresEn los procedimientos con negociación, el licitador que haya presentado una oferta admisible puede pedir por escrito que se le informe del desarrollo de las negociaciones. Contesta la mesa de contratación o, en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, lo antes posible y siempre dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud. La mesa o, en su defecto, el órgano de contratación puede no comunicar determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad del artículo 155.3.
Subsección 5.ªDiálogo competitivo
- Art. 172CaracterizaciónEn el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de estos, para desarrollar una o varias soluciones que servirán de base a las ofertas de los candidatos elegidos. Cualquier empresa interesada puede presentar solicitud de participación en respuesta al anuncio de licitación, aportando la información y documentación para la selección cualitativa que pida el órgano de contratación. Puede utilizarse en los casos del artículo 167 y debe ir precedido de anuncio de licitación.
- Art. 173Primas o compensacionesEn el diálogo competitivo, los órganos de contratación podrán establecer en el documento descriptivo primas o compensaciones para todos o algunos de los participantes. Si no son para todos, se reconocen a quienes obtuvieron los primeros puestos en el orden de clasificación de las ofertas, y su cuantía debe ser suficiente para fomentar la participación. Si se reconocen, el expediente debe acreditar la cobertura financiera. El pago se hace conforme al artículo 198, contando los plazos desde el día siguiente a la formalización del contrato.
- Art. 174Apertura del procedimiento y solicitudes de participaciónLos órganos de contratación dan a conocer sus necesidades y requisitos en el anuncio de licitación y los definen en él o en un documento descriptivo, que no podrá modificarse después; ahí figuran también los criterios de adjudicación y un plazo de ejecución aproximado. Se aplican normas del procedimiento restringido (artículos 160, 161 y 162). Si se limita el número de empresas invitadas a dialogar, el mínimo de candidatos capacitados será de tres. Las invitaciones indican fecha y lugar de inicio de la consulta, lengua, documentos de aptitud y ponderación u orden decreciente de los criterios.
- Art. 175Diálogo con los candidatosLa mesa especial del diálogo competitivo dialoga con los candidatos seleccionados sobre todos los aspectos del contrato, con trato igual y sin revelar soluciones ni datos confidenciales sin previo consentimiento. Puede articularse en fases sucesivas si así se indicó en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo. El licitador descartado puede pedir por escrito información, que se da en quince días. La mesa propone el fin del diálogo, el órgano de contratación lo declara cerrado y la mesa invita a presentar la oferta definitiva indicando fecha límite, dirección y lengua.
- Art. 176Presentación, examen de las ofertas y adjudicaciónLas ofertas incluyen todos los elementos requeridos y necesarios para el proyecto. La mesa puede pedir precisiones, aclaraciones, ajustes o información complementaria, sin modificar los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación. La mesa evalúa las ofertas según los criterios de adjudicación del anuncio de licitación o del documento descriptivo y selecciona la de mejor relación calidad precio; puede negociar con ese licitador para confirmar compromisos financieros u otras condiciones, sin alterar elementos sustanciales. Elevada la propuesta, adjudica el órgano de contratación.
Subsección 6.ªProcedimiento de asociación para la innovación
- Art. 177Caracterización del procedimiento de asociación para la innovaciónLa asociación para la innovación es un procedimiento para desarrollar productos, servicios u obras innovadores y comprar después los resultantes, si se ajustan a los niveles de rendimiento y costes máximos acordados. Los pliegos determinan la necesidad que el mercado no cubre, los requisitos mínimos y el régimen de propiedad intelectual e industrial. Puede crearse con uno o varios socios que actúen por separado. La fase de investigación y desarrollo se rige por normas reglamentarias, pliegos y, supletoriamente, el contrato de servicios; la de ejecución, por el contrato de la prestación de que se trate.
- Art. 178Selección de candidatosCualquier empresario puede solicitar participar en respuesta a una convocatoria de licitación, aportando la información sobre los criterios objetivos de solvencia pedida por el órgano de contratación. Plazo mínimo de recepción de solicitudes: treinta días desde el envío del anuncio de licitación si el contrato está sujeto a regulación armonizada; en otro caso, no menos de veinte días desde la publicación del anuncio en el perfil de contratante. Solo los invitados presentan proyectos de investigación e innovación. Si se limita el número de candidatos, el mínimo de invitados a negociar es tres.
- Art. 179Negociación y adjudicación de la asociaciónSeleccionados los candidatos, el órgano de contratación les invita a presentar sus proyectos. Los contratos se adjudican únicamente por la mejor relación calidad-precio. Salvo disposición en contrario, se negocian las ofertas iniciales y las ulteriores, excepto la definitiva; nunca los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. Caben fases sucesivas si se indicó en el anuncio de licitación y en los pliegos. Se exige igual trato e informar por escrito de los cambios, con tiempo para modificar ofertas. Los datos confidenciales no se revelan sin acuerdo previo, que no puede ser una renuncia general.
- Art. 180Estructura de la asociación para la innovaciónLa asociación para la innovación se estructura en fases sucesivas, fija objetivos intermedios para los socios y prevé el pago de la retribución en plazos adecuados. Al final de cada fase, el órgano de contratación puede resolver la asociación o, si hay varios socios, reducir su número resolviendo contratos individuales, siempre que los pliegos lo hayan previsto con sus condiciones. Ni la resolución ni la reducción dan lugar a indemnización, salvo la contraprestación por los trabajos realizados. Las soluciones y datos confidenciales de un socio no se revelan sin su acuerdo.
- Art. 181Adquisiciones derivadas del procedimiento de asociación para la innovaciónFinalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de contratación analiza si los resultados alcanzan los niveles de rendimiento y costes acordados y resuelve sobre la adquisición de las obras, servicios o suministros resultantes. Las adquisiciones se hacen en los términos del pliego de cláusulas administrativas particulares; si hay varios empresarios, se elige a quién comprar con los criterios objetivos del pliego. Si la adquisición conlleva prestaciones sucesivas, solo puede durar un máximo de cuatro años desde la recepción de la resolución sobre la adquisición.
- Art. 182Configuración y seguimiento de la asociación para la innovación por parte del órgano de contrataciónEl órgano de contratación velará por que la estructura de la asociación para la innovación, y en particular la duración y el valor de sus fases, reflejen el grado de innovación de la solución propuesta y la secuencia de las actividades de investigación y de innovación necesarias para desarrollar una solución innovadora aún no disponible en el mercado. El valor estimado de los suministros, servicios u obras no será desproporcionado respecto de la inversión necesaria para su desarrollo.
Subsección 7.ªNormas especiales aplicables a los concursos de proyectos
- Art. 183Ámbito de aplicaciónLos concursos de proyectos son procedimientos para obtener planos o proyectos, principalmente en arquitectura, urbanismo, ingeniería y procesamiento de datos, mediante una selección que, tras la licitación, se encomienda a un jurado. Hay dos tipos: los organizados dentro de la adjudicación de un contrato de servicios y los que tienen premios o pagos a los participantes. Estas normas son obligadas para proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo de especial complejidad. Son armonizados desde los umbrales del artículo 22.1 a) y b).
- Art. 184Bases del concursoLas normas de organización del concurso de proyectos se establecen conforme a la Subsección y se ponen a disposición de quienes estén interesados en participar. Si se admiten premios o pagos, las bases deben indicar, según el caso, la cantidad fija que se abonará como premio o como compensación por los gastos de los participantes. La valoración de las propuestas se refiere a su calidad y a sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales.
- Art. 185ParticipantesEl órgano de contratación puede limitar el número de participantes; entonces hay dos fases: selecciona entre los solicitantes con criterios objetivos, claros y no discriminatorios, que figuran en las bases y en el anuncio de licitación, e invita simultáneamente y por escrito a presentar propuestas. No cabe limitar el acceso a un ámbito territorial ni a personas físicas o jurídicas. La segunda fase puede tener dos sub-fases, idea concisa y propuesta, valoradas por el Jurado; el mínimo de candidatos es tres y quien supera la primera tiene derecho a compensación.
- Art. 186PublicidadLa licitación del concurso de proyectos se publica en la forma del artículo 135. Si el órgano de contratación se propone adjudicar un contrato de servicios ulterior por procedimiento negociado sin publicidad, debe indicarlo en el anuncio de licitación del concurso. Los resultados se publican en la forma del artículo 154, pero puede no publicarse si se prevé que su divulgación dificultaría la aplicación de la ley, sería contraria al interés público, perjudique intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o podría perjudicar la competencia leal entre proveedores de servicios.
- Art. 187Jurado y decisión del concursoFinalizado el plazo de presentación de propuestas se constituye un jurado, designado conforme a las bases; no interviene la mesa de contratación. Lo forman personas físicas independientes de los participantes y, si se exige una cualificación profesional específica, al menos dos tercios deben poseerla u otra equivalente. Decide sobre proyectos anónimos y clasifica en un informe firmado. El órgano de contratación adjudica al participante indicado por el jurado. Los plazos de pago de premios cuentan desde que la adjudicación sea notificada.
Sección 3.ªDe los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos
Subsección 1.ªEfectos de los contratos
- Art. 188Régimen jurídicoLos efectos de los contratos administrativos se rigen por dos fuentes: las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, tanto generales como particulares, o el documento descriptivo que los sustituya.
- Art. 189Vinculación al contenido contractualLos contratos deben cumplirse a tenor de sus cláusulas. La regla se establece sin perjuicio de las prerrogativas que la legislación establece en favor de las Administraciones Públicas.
Subsección 2.ªPrerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos
- Art. 190EnumeraciónDentro de los límites de la Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas de su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista, suspender la ejecución, acordar la resolución y determinar sus efectos. Tiene además facultades de inspección de las actividades del contratista, sin derecho general a inspeccionar sus instalaciones, salvo que estas y sus condiciones técnicas sean determinantes para las prestaciones.
- Art. 191Procedimiento de ejercicioPara ejercer las prerrogativas debe darse audiencia al contratista. En el sector público estatal se exige informe previo del Servicio Jurídico, salvo en los artículos 109 y 195. Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico en: interpretación, nulidad y resolución con oposición del contratista; modificaciones no previstas en el pliego superiores al 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido, con precio igual o superior a 6.000.000 de euros; y reclamaciones de 50.000 euros o más. Los acuerdos ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.
Subsección 3.ªEjecución de los contratos
- Art. 192Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuosoLos pliegos o el documento descriptivo pueden prever penalidades por cumplimiento defectuoso o por incumplir compromisos o condiciones especiales de ejecución. Deben ser proporcionales a la gravedad: cada una no puede superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total el 50 por cien. Ante un incumplimiento parcial imputable al contratista, la Administración puede optar por la resolución o por las penalidades determinadas en el pliego o documento descriptivo. Los pliegos de los acuerdos marco también pueden preverlas.
- Art. 193Demora en la ejecuciónEl contratista debe cumplir el plazo total y los parciales. La mora no precisa intimación previa. Ante demora imputable en el plazo total, la Administración opta entre resolver o imponer penalidades diarias de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio, IVA excluido; el pliego puede fijar otras si se justifica en el expediente. Cada múltiplo del 5 por 100 del precio, IVA excluido, faculta al órgano de contratación para resolver o continuar con nuevas penalidades. Igual para los plazos parciales si lo prevé el pliego o se presume razonablemente imposible cumplir el plazo total.
- Art. 194Daños y perjuicios e imposición de penalidadesSi hay incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o demora y no está prevista penalidad, o la prevista no cubre los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. Las penalidades se imponen por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado; el acuerdo es inmediatamente ejecutivo y se hacen efectivas deduciéndolas de los pagos totales o parciales al contratista o, cuando no puedan deducirse de ellos, sobre la garantía constituida.
- Art. 195Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratosLa resolución por demora la acuerda el órgano de contratación o el que tenga atribuida esa competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, si este formula oposición, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Si el retraso no es imputable al contratista y este ofrece cumplir si se amplía el plazo inicial, el órgano de contratación se lo concederá por un plazo, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que pida otro menor. El responsable del contrato informa sobre si el retraso le fue imputable.
- Art. 196Indemnización de daños y perjuicios causados a tercerosEl contratista indemniza los daños y perjuicios causados a terceros por las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Responde la Administración, dentro de los límites señalados en las leyes, si son consecuencia inmediata y directa de una orden suya, y también por los vicios del proyecto en el contrato de obras (pudiendo repetir contra el redactor del proyecto) o en el de suministro de fabricación. Los terceros pueden requerir al órgano de contratación, dentro del año siguiente al hecho, para que, oído el contratista, informe a quién corresponde la responsabilidad; ello interrumpe la prescripción.
- Art. 197Principio de riesgo y venturaLa ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, no de la Administración. El propio artículo deja a salvo una única reserva: lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239.
- Art. 198Pago del precioEl pago puede ser total o parcial, con abonos a cuenta (también por operaciones preparatorias, con garantía). La Administración aprueba la conformidad en treinta días desde la entrega y paga en los treinta días siguientes a esa aprobación; si se demora, abona intereses y costes de cobro. La factura se presenta en treinta días. Demora superior a cuatro meses: suspensión, avisando con un mes de antelación; superior a seis: resolución. Los abonos a cuenta solo se embargan por salarios y cuotas sociales o por deudas con subcontratistas y suministradores. Las Comunidades Autónomas pueden reducir los plazos.
- Art. 199Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones PúblicasTranscurrido el plazo del artículo 198.4, los contratistas pueden reclamar por escrito a la Administración contratante el pago y, en su caso, los intereses de demora. Si pasa un mes sin contestación, se entiende reconocido el vencimiento del plazo de pago y cabe recurso contencioso-administrativo contra la inactividad, con solicitud de pago inmediato como medida cautelar. El órgano judicial la adopta salvo que la Administración acredite que no procede el pago o que la cuantía no es la exigible, caso en que se limita a esta. Hay condena en costas si la estimación es total.
- Art. 200Transmisión de los derechos de cobroEl contratista puede ceder conforme a derecho su derecho de cobro frente a la Administración. Para que la cesión sea efectiva frente a ella es requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo, también en las segundas y sucesivas cesiones. Conocida la cesión, el mandamiento de pago se expide a favor del cesionario; antes, los mandamientos a nombre del contratista o del cedente surten efectos liberatorios. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica no producen efectos frente a la Administración, que puede oponer al cesionario todas las excepciones causales.
- Art. 201Obligaciones en materia medioambiental, social o laboralLos órganos de contratación tomarán medidas para garantizar que, en la ejecución, los contratistas cumplen las obligaciones medioambientales, sociales o laborales del derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o el derecho internacional que vincule al Estado, en particular las del anexo V. Pueden además comprobarlo durante la licitación respecto de candidatos y licitadores. El incumplimiento, en especial los impagos o retrasos reiterados de salarios o la aplicación grave y dolosa de condiciones salariales inferiores a convenio, da lugar a penalidades.
- Art. 202Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro ordenLos órganos de contratación pueden establecer condiciones especiales de ejecución vinculadas al objeto del contrato, no discriminatorias, compatibles con el Derecho de la Unión Europea e indicadas en el anuncio de licitación y en los pliegos. Es obligatoria al menos una de las del apartado 2 (económicas, de innovación, medioambientales o sociales), la de protección de datos si hay cesión de datos y la de desperdicio alimentario en servicios de alimentación en instituciones públicas. Los pliegos pueden prever penalidades o darles carácter de obligación esencial. Se exigen a todos los subcontratistas.
Subsección 4.ªModificación de los contratos
- Art. 203Potestad de modificación del contratoLos contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público, por el procedimiento del artículo 191 con las particularidades del 207. Quedan aparte la sucesión del contratista, la cesión, la revisión de precios y la ampliación del plazo. Durante su vigencia solo caben dos supuestos: modificación prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 204) y, excepcionalmente, no prevista (art. 205). Fuera de ellos procede resolver y celebrar otro contrato. Se formalizan (art. 153) y se publican (arts. 207 y 63).
- Art. 204Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particularesLos contratos de las Administraciones Públicas pueden modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial si el pliego de cláusulas administrativas particulares lo advirtió expresamente. La cláusula debe ser clara, precisa e inequívoca y detallar alcance, límites y naturaleza, condiciones verificables de forma objetiva y procedimiento; no puede suponer nuevos precios unitarios no previstos. El pliego no puede prever modificaciones que alteren la naturaleza global del contrato; sustituir alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual no la altera.
- Art. 205Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustancialesLas modificaciones no previstas en el pliego exigen un supuesto del apartado 2 y limitarse a lo estrictamente indispensable. Supuestos: a) prestaciones adicionales, si el cambio de contratista no es posible y la cuantía no excede del 50 por ciento del precio inicial, IVA excluido; b) circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, sin alterar la naturaleza global y con el mismo 50 por ciento; c) modificaciones no sustanciales. Es sustancial, entre otros casos, la que excede del 15 por ciento en obras o del 10 por ciento en los demás contratos.
- Art. 206Obligatoriedad de las modificaciones del contratoEn las modificaciones del artículo 205, las acordadas por el órgano de contratación son obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Si la modificación no resulta obligatoria, solo se acuerda previa conformidad por escrito del contratista; en caso contrario, el contrato se resuelve conforme a la letra g) del apartado 1 del artículo 211.
- Art. 207Especialidades procedimentalesLas modificaciones del artículo 204 se acuerdan en la forma especificada en los pliegos. Antes de las del artículo 205 se da audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si los preparó un tercero ajeno al órgano de contratación por un contrato de servicios, por plazo no inferior a tres días. Los contratos sujetos a regulación armonizada, salvo los del anexo IV, publican anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea» en los casos de las letras a) y b) del artículo 205.2. En todo caso, anuncio en el perfil de contratante en 5 días desde la aprobación.
Subsección 5.ªSuspensión y extinción de los contratos
- Art. 208Suspensión de los contratosSi la Administración acuerda la suspensión o esta tiene lugar por el artículo 198.5, se extiende un acta, de oficio o a solicitud del contratista, con las circunstancias que la motivan y la situación de hecho. La Administración abona los daños y perjuicios efectivamente sufridos; salvo que el pliego diga otra cosa, solo: mantenimiento de la garantía definitiva, indemnizaciones laborales, gastos salariales del personal adscrito, alquileres o mantenimiento de maquinaria y pólizas de seguro. Solo se indemnizan períodos documentados en el acta. El derecho a reclamar prescribe en un año.
- Art. 209Extinción de los contratos
- Art. 210Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestaciónEl contrato se entiende cumplido cuando el contratista realiza la totalidad de la prestación, según sus términos y a satisfacción de la Administración. Exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización, o en el plazo del pliego; se comunica a la Intervención cuando sea preceptivo. Se fija un plazo de garantía desde la recepción, salvo que no resulte necesario. Excepto en obras, la liquidación se acuerda, notifica y abona dentro de treinta días desde el acta de recepción o conformidad.
- Art. 211Causas de resoluciónCausas de resolución: muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad jurídica; declaración de concurso o de insolvencia; mutuo acuerdo; demora del contratista; demora en el pago de la Administración; incumplimiento de la obligación principal y de las esenciales calificadas en los pliegos; imposibilidad de ejecutar la prestación o modificaciones superiores al 20 por ciento del precio inicial; las específicas de cada categoría de contrato, e impago de salarios o incumplimiento de Convenios colectivos. Si concurren varias, rige la primera en el tiempo.
- Art. 212Aplicación de las causas de resoluciónLa resolución la acuerda el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. Por impago de salarios, a instancia de los representantes de los trabajadores, salvo subrogación y deuda superior al 5 por ciento del precio de adjudicación. La insolvencia y las modificaciones fuera de los artículos 204 y 205 dan siempre lugar a resolución. Por muerte del contratista individual cabe continuar con herederos o sucesores. En concurso, la Administración puede continuar con garantías adicionales: complementaria de al menos un 5 por 100. Plazo máximo de los expedientes: ocho meses.
- Art. 213Efectos de la resoluciónPor mutuo acuerdo, los derechos se acomodan a lo estipulado. El incumplimiento de la Administración determina el pago de daños y perjuicios al contratista. Por incumplimiento culpable del contratista se incauta la garantía y se indemniza lo que exceda de ella. Por la letra g) del artículo 211, indemnización del 3 por ciento de la prestación dejada de realizar. El acuerdo se pronuncia sobre la garantía. Puede iniciarse la nueva adjudicación, con tramitación de urgencia; hasta el nuevo contrato, el contratista adopta las medidas necesarias; su impugnación se resuelve en quince días hábiles.
Subsección 6.ªCesión de los contratos y subcontratación
- Art. 214Cesión de los contratosAl margen de la sucesión del contratista y de la subrogación hipotecaria, la modificación subjetiva solamente es posible por cesión cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos. Requisitos mínimos: autorización previa y expresa del órgano de contratación (dos meses para notificar; después se entiende otorgada); que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe o, en concesiones, explotado una quinta parte del plazo, salvo concurso; cesionario con capacidad, solvencia y sin prohibición de contratar; y escritura pública.
- Art. 215SubcontrataciónEl contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a los pliegos. En todo caso comunicará por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación y a más tardar al iniciar la ejecución, la intención de subcontratar. Si los pliegos obligaron a indicarlo en la oferta, los subcontratos que no se ajusten a ella esperarán veinte días, salvo autorización expresa anterior. La infracción puede acarrear, si lo prevén los pliegos, penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato o la resolución. Los subcontratos tienen naturaleza privada.
- Art. 216Pagos a subcontratistas y suministradoresEl contratista debe abonar a subcontratistas o suministradores el precio pactado en plazos no más desfavorables que los de la Ley 3/2004, computados desde la aceptación o verificación de los bienes o servicios, siempre que la factura se haya entregado en plazo. La aceptación se efectuará en un máximo de treinta días desde la entrega o la prestación; si no, se entiende producida. La demora da derecho a intereses y a la indemnización por los costes de cobro. Los subcontratistas del artículo 4.1 de la Ley 25/2013 usarán factura electrónica si su importe supera los 5.000 euros.
- Art. 217Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradoresLas Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar los pagos de los contratistas a subcontratistas o suministradores. La comprobación y las penalidades son obligatorias en contratos de obras y de servicios de valor estimado superior a 5 millones de euros con subcontratación igual o superior al 30 por ciento del precio. Acreditado el impago por resolución judicial o arbitral firme, procede en todo caso penalidad de hasta el cinco por ciento del precio, reiterable cada mes hasta el límite conjunto del 50 por ciento. Responde la garantía definitiva.
Capítulo IIRacionalización técnica de la contratación
Sección 1.ªNormas generales
Sección 2.ªAcuerdos marco
- Art. 219Funcionalidad y límitesUno o varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar acuerdos marco con una o varias empresas para fijar las condiciones de los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado, sin recurrir a ellos de forma abusiva ni de modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia. Su duración no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados, y se justificará en el expediente. La duración de los contratos basados es independiente, pero solo podrán adjudicarse durante la vigencia del acuerdo marco.
- Art. 220Procedimiento de celebración de acuerdos marcoPara celebrar un acuerdo marco se siguen las normas de procedimiento de las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo. Adjudicar contratos basados queda condicionado a que, en treinta días desde la formalización, se haya remitido el anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (si hay regulación armonizada) y publicado en el perfil de contratante, y en el «Boletín Oficial del Estado» si el acuerdo marco es de la Administración General del Estado. En los casos del artículo 155.3 puede no publicarse determinada información, justificándolo en el expediente.
- Art. 221Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marcoLos contratos basados se celebran entre las empresas y los órganos de contratación que fueron originariamente partes del acuerdo marco, salvo el artículo 227.4. Con una única empresa se adjudican según los términos del acuerdo, pudiendo consultarla por escrito. Con varias: si constan todos los términos, con o sin nueva licitación según prevea el pliego; si no constan, con nueva licitación. En ella se invita a todas las empresas en condiciones de realizar el objeto, o como mínimo a tres si el contrato no está sujeto a regulación armonizada; las ofertas se presentan por escrito.
- Art. 222Modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en un acuerdo marcoLos acuerdos marco y los contratos basados pueden modificarse según las reglas generales, pero por contrato basado no caben modificaciones sustanciales respecto del acuerdo marco. Los precios unitarios resultantes de modificar el acuerdo marco no pueden superar en un 20 por ciento a los anteriores ni los que las empresas parte ofrezcan en el mercado para los mismos productos. Los adjudicatarios pueden proponer sustituir bienes por otros con avances tecnológicos si el precio no sube más del 10 por 100 del inicial de adjudicación, salvo otro límite en el pliego.
Sección 3.ªSistemas dinámicos de adquisición
- Art. 223DelimitaciónLos órganos de contratación pueden articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, sin que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. Es un proceso totalmente electrónico, de duración limitada y determinada en los pliegos, abierto durante toda su vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección. Puede articularse en categorías definidas objetivamente de productos, obras o servicios.
- Art. 224ImplementaciónPara contratar en un sistema dinámico de adquisición se siguen las normas del procedimiento restringido, con especialidades. Se admite a todos los solicitantes que cumplan los criterios de selección, sin limitar el número de candidatos. Las comunicaciones se hacen únicamente por medios electrónicos. Antes de adjudicar contratos específicos hay que publicar anuncio de licitación en el perfil de contratante y dar acceso libre, directo y completo a los pliegos durante toda la vigencia. La participación es gratuita. Los cambios de vigencia se comunican a la Comisión Europea.
- Art. 225Incorporación de empresas al sistemaDurante toda la vigencia del sistema cualquier empresario interesado puede solicitar participar. El plazo mínimo para presentar solicitudes es de treinta días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Las solicitudes se evalúan en los diez días hábiles siguientes a su recepción, prorrogables a quince días hábiles en casos concretos justificados. Se informa lo antes posible de la admisión o no. Puede exigirse en cualquier momento de la vigencia una nueva declaración responsable, que se aporta en cinco días hábiles desde el requerimiento.
- Art. 226Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisiciónCada contrato en un sistema dinámico de adquisición debe ser objeto de una licitación. Se invita a todas las empresas previamente admitidas al sistema o, si hay categorías, en la categoría correspondiente. El plazo mínimo de ofertas es de diez días desde el envío de la invitación escrita. Se adjudica a la mejor oferta. Son irregulares o inaceptables las ofertas que no se ajusten a los pliegos, las presentadas fuera de plazo, las que muestren indicios de colusión o corrupción, las anormalmente bajas y las que superen el presupuesto base de licitación.
Sección 4.ªCentrales de contratación
Subsección 1.ªNormas generales
- Art. 227Funcionalidad y principios de actuaciónLas entidades del sector público pueden centralizar la contratación de obras, servicios y suministros atribuyéndola a servicios especializados. Las centrales de contratación adquieren suministros y servicios para otros entes del sector público, o adjudican contratos o celebran acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición de obras, suministros o servicios destinados a ellos. En los acuerdos marco centralizados pueden celebrar contratos basados otros entes identificados en el pliego regulador, si esa circunstancia consta en la convocatoria de licitación.
- Art. 228Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades LocalesLas Comunidades Autónomas crean sus centrales de contratación en la forma que prevean las normas de desarrollo que dicten. Las Corporaciones Locales pueden crearlas por acuerdo del Pleno, y también pueden crear las suyas Ceuta y Melilla. Mediante acuerdos, Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas, Entidades locales y sus organismos y entidades dependientes pueden adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras entidades del sector público. Una misma Administración, ente u organismo no puede contratar la provisión de la misma prestación a través de varias centrales de contratación.
Subsección 2.ªContratación centralizada en el ámbito estatal. Sistema estatal de contratación centralizada
- Art. 229Régimen generalEl Ministro de Hacienda y Función Pública puede declarar de contratación centralizada suministros, obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas. La declaración obliga a los entes del sector público estatal indicados, salvo contratos declarados secretos o reservados. El resto de entidades puede solicitar la adhesión a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. El órgano de contratación es la Junta de Contratación Centralizada. Se contrata mediante contrato, acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición.
- Art. 230Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la informaciónLa competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y sus elementos complementarios o auxiliares, en el ámbito obligatorio del apartado 2 del artículo anterior y no declarados de adquisición centralizada, corresponde en todo caso al órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada, oídos los Departamentos ministeriales u organismos interesados en la compra. El Ministro de Hacienda y Función Pública puede atribuirla a otros órganos y entidades estatales cuando circunstancias especiales o el volumen de adquisiciones así lo aconsejen.
Título IIDe los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas
Capítulo IDel contrato de obras
Sección 1.ªActuaciones preparatorias del contrato de obras
- Art. 231Proyecto de obrasLa adjudicación de un contrato de obras requiere la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponde al órgano de contratación, salvo que esa competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. Si se adjudican conjuntamente proyecto y obra, la ejecución de esta queda condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación.
- Art. 232Clasificación de las obrasPara elaborar los proyectos, las obras se clasifican, según su objeto y naturaleza, en: a) primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación; b) reparación simple; c) conservación y mantenimiento; d) demolición. Primer establecimiento: crea un bien inmueble. Reforma: ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un inmueble ya existente. Reparación: enmienda un menoscabo por causas fortuitas o accidentales; es gran reparación si afecta fundamentalmente a la estructura resistente. Conservación: menoscabo por el natural uso del bien.
- Art. 233Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboraciónEl proyecto de obras comprende, al menos: memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, presupuesto, programa de trabajos, referencias para el replanteo, estudio de seguridad y salud (o el básico) y lo que prevean otras normas. En obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y en los restantes proyectos, cabe simplificar, refundir o suprimir documentos si lo resultante basta para definir, valorar y ejecutar las obras. Incluye estudio geotécnico salvo que sea incompatible con la obra.
- Art. 234Presentación del proyecto por el empresarioLa contratación conjunta de proyecto y obra es excepcional y solo cabe, justificándolo en el expediente, cuando motivos de orden técnico obliguen a vincular al empresario a los estudios de las obras o cuando la dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones propias de las empresas. El contratista presenta el proyecto para su supervisión, aprobación y replanteo; sin acuerdo sobre precios queda exonerado de ejecutar y cobra la redacción del proyecto. En obras singulares hidráulicas o de transporte: tres meses y 5 por 100 de compensación.
- Art. 235Supervisión de proyectosAntes de aprobar el proyecto, si el presupuesto base de licitación del contrato de obras es igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deben solicitar un informe a las oficinas o unidades de supervisión de los proyectos, que verifican que se han tenido en cuenta las disposiciones generales legales o reglamentarias y la normativa técnica aplicable. Por debajo de esa cifra el informe es facultativo, salvo que las obras afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, en cuyo caso es igualmente preceptivo.
- Art. 236Replanteo del proyectoAprobado el proyecto y antes de aprobar el expediente de contratación de la obra se efectúa el replanteo, que consiste en comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos. En obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras se dispensa del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, pero no se inicia la ejecución hasta formalizar la ocupación. Si ceden terrenos o locales Entidades públicas, bastan los acuerdos de cesión y aceptación. Realizado el replanteo, el proyecto se incorpora al expediente.
Sección 2.ªEjecución del contrato de obras
- Art. 237Comprobación del replanteoLa ejecución del contrato de obras comienza con el acta de comprobación del replanteo. Dentro del plazo que consigne el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras efectúa, en presencia del contratista, la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación. Se extiende acta del resultado, firmada por ambas partes interesadas, y se remite un ejemplar al órgano que celebró el contrato.
- Art. 238Ejecución de las obras y responsabilidad del contratistaLas obras se ejecutan con estricta sujeción a las estipulaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato, y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, dé al contratista la Dirección facultativa de las obras. Las instrucciones verbales deben ratificarse por escrito en el más breve plazo posible para que sean vinculantes para las partes. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista responde de todos los defectos que puedan advertirse en la construcción.
- Art. 239Fuerza mayorEn casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente del contratista, este tiene derecho a una indemnización por los daños y perjuicios producidos en la ejecución del contrato. Son casos de fuerza mayor: a) los incendios causados por la electricidad atmosférica; b) los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes; c) los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.
- Art. 240Certificaciones y abonos a cuentaPara el pago, la Administración expide mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones de la obra ejecutada conforme a proyecto en ese período, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Sus abonos son pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones de la medición final, y no suponen aprobación ni recepción de las obras. El contratista también tiene derecho a abonos a cuenta por operaciones preparatorias, como instalaciones y acopio de materiales o equipos, asegurándolos mediante garantía.
- Art. 241Obras a tanto alzado y obras con precio cerradoSi la naturaleza de la obra lo permite cabe retribuir a tanto alzado, sin precios unitarios. Puede ser de precio cerrado: el precio ofertado se mantiene invariable y no se abonan las modificaciones necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. Requiere: previsión en el pliego de cláusulas administrativas particulares (que puede excluir unidades y abonarlas por precios unitarios); unidades definidas en el proyecto y replanteadas antes de la licitación, con acceso al terreno; abono mensual proporcional a la obra ejecutada; y variantes ofertadas bajo la misma modalidad.
Sección 3.ªModificación del contrato de obras
Sección 4.ªCumplimiento del contrato de obras
- Art. 243Recepción y plazo de garantíaA la recepción concurren un facultativo designado por la Administración, el director de las obras y el contratista, asistido si quiere de su facultativo. El órgano de contratación aprueba la certificación final en tres meses desde esta; en obras de valor estimado superior a doce millones de euros y liquidación especialmente compleja, los pliegos pueden ampliarlo sin superar cinco meses. El plazo de garantía comienza al levantarse el acta de recepción y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. El director facultativo informa en los quince días anteriores a su cumplimiento.
- Art. 244Responsabilidad por vicios ocultosSi, expirada la garantía, la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función por vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento del contratista, este responde de los daños y perjuicios durante quince años desde la recepción. En ese plazo responde también de los daños materiales por vicios o defectos de elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad. Las acciones por daños materiales prescriben a los dos años desde que se produzcan o manifiesten. Pasados los quince años sin daño, se extingue la responsabilidad.
Sección 5.ªResolución del contrato de obras
- Art. 245Causas de resoluciónAdemás de las causas generales de la Ley, el contrato de obras tiene cuatro causas de resolución propias: la demora injustificada en la comprobación del replanteo; la suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses; la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración; y el desistimiento.
- Art. 246Efectos de la resoluciónLa resolución da lugar a comprobar, medir y liquidar las obras realizadas, con citación del contratista. Indemnizaciones, IVA excluido: 2 por cien del precio de la adjudicación por demora injustificada del replanteo; 3 por cien por desistimiento antes de iniciar las obras o suspensión de su iniciación por la Administración más de cuatro meses; 6 por cien del precio de las obras dejadas de realizar por desistimiento una vez iniciadas o suspensión de más de ocho meses. Si urge continuar las obras, el contratista puede impugnar la valoración y el órgano de contratación resuelve en quince días.
Capítulo IIDel contrato de concesión de obras
Sección 1.ªActuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras
- Art. 247Estudio de viabilidadAntes de decidir construir y explotar unas obras en concesión se acuerda un estudio de viabilidad. Se somete a información pública un mes, prorrogable por idéntico plazo, y a informe, en un mes, de las Administraciones afectadas cuando la obra no figure en el planeamiento urbanístico. Cabe la iniciativa privada: tres meses para comunicar si se tramita, o un plazo mayor no superior a seis; el silencio equivale a no aceptación. Si culmina en concesión, salvo estudio insuficiente, su autor suma 5 puntos porcentuales o, de no ser adjudicatario, recupera los gastos incrementados en un 5 por cien.
- Art. 248Anteproyecto de construcción y explotación de las obrasAprobado el estudio de viabilidad, la Administración concedente podrá acordar la redacción de un anteproyecto, en función de la complejidad de las obras y del grado de definición de sus características. Contendrá, como mínimo, memoria, planos, presupuesto (incluido el coste de las expropiaciones) y un estudio del régimen de utilización y explotación. Se somete a información pública un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, y a informe de las Administraciones afectadas. Los licitadores podrán introducir variantes cuando el pliego lo autorice.
- Art. 249Proyecto de las obras y replanteo de esteSi las obras son definidas en todas sus características por la Administración concedente, se procede a la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto y al reconocimiento de la utilidad pública de la obra a efectos de expropiación forzosa. Cuando no existiera anteproyecto, el proyecto se somete, antes de su aprobación definitiva, a la tramitación prevista para los anteproyectos. El concesionario responde de los daños derivados de los defectos del proyecto cuando le corresponda su presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por la Administración.
- Art. 250Pliegos de cláusulas administrativas particularesLos pliegos de cláusulas administrativas particulares de la concesión de obras se refieren, al menos, a los aspectos de las letras a) a m): objeto, capacidad y solvencia, cesión del contrato y de participaciones, contenido de las proposiciones, retribución, garantías, plazos, penalidades y reparto de riesgos. En todo caso hay cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las participaciones. Las mejoras de los licitadores no pueden referirse a la ubicación de la obra. El riesgo operacional corresponde en todo caso al contratista. Las respuestas a las aclaraciones son vinculantes.
Sección 2.ªEfectos, cumplimiento y extinción de las concesiones
Sección 3.ªConstrucción de las obras objeto de concesión
- Art. 252Modalidades de ejecución de las obrasLas obras se realizan conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en los plazos del pliego, y pueden ejecutarse con ayuda de la Administración. El concesionario puede contratar con terceros, en todo o en parte, la ejecución que le corresponda. La ayuda puede consistir en ejecutar la Administración por su cuenta parte de la obra, que deberá tener características propias y ser objeto de recepción formal, o en su financiación parcial. El sistema de ayudas públicas debe respetar en todo caso la transferencia efectiva del riesgo operacional.
- Art. 253Responsabilidad en la ejecución de las obras por tercerosEl control de la ejecución de las obras que el concesionario contrate con terceros corresponde al propio concesionario. Ese control debe ajustarse al plan que el concesionario elabore y que resulte aprobado por el órgano de contratación. El órgano de contratación podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspección que estime oportunas.
- Art. 254Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obrasLas obras se ejecutan a riesgo y ventura del concesionario, que además asume el riesgo operacional de la concesión, salvo para la parte de la obra que pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración, a la que se aplica el régimen general del contrato de obras. Si la fuerza mayor implica mayores costes para el concesionario, se ajusta el plan económico-financiero. Si impide por completo realizar las obras, se resuelve el contrato y el órgano de contratación abona al concesionario el importe total de las ejecutadas y los mayores costes por endeudamiento con terceros.
- Art. 255Modificación del proyectoUna vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en la Subsección 4.ª, Sección 3.ª, Capítulo I, Título I, del Libro Segundo de la Ley y en la letra b) del apartado 1 del artículo 261. El plan económico-financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes.
- Art. 256Comprobación de las obrasAl terminar las obras, la Administración concedente levanta un acta de comprobación; su levantamiento y contenido se ajustan al pliego de cláusulas administrativas particulares. La acompañan un documento de valoración de la obra pública ejecutada, expedido por el órgano de contratación y con la inversión realizada, y, en su caso, una declaración de cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. Con abonos parciales, se suma la certificación final. Aprobar el acta lleva implícita la apertura al uso público e inicia la fase de explotación y la garantía de la obra ejecutada por terceros.
Sección 4.ªDerechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración concedente
Subsección 1.ªDerechos y obligaciones del concesionario
- Art. 257Derechos del concesionarioDerechos del concesionario: explotar las obras y percibir la tarifa por uso durante la concesión; mantener el equilibrio económico (artículo 270); usar los bienes de dominio público necesarios, incluidas aguas y materiales que aparezcan, estos exclusivamente para construir y previa autorización; recabar de la Administración expropiaciones, servidumbres y desahucios; ceder la concesión (artículo 214) e hipotecarla, con autorización previa del órgano de contratación en ambos casos; titulizar sus derechos de crédito; y los demás que reconozcan las leyes o los pliegos de condiciones.
- Art. 258Obligaciones del concesionarioObligaciones generales del concesionario: ejecutar las obras conforme al contrato; explotarlas asumiendo el riesgo operacional, con la continuidad y en los términos del contrato u ordenados después por el órgano de contratación; admitir a todo usuario según los principios de igualdad, universalidad y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la tarifa; cuidar del buen orden, la calidad y el uso de las obras; indemnizar los daños a terceros que le sean imputables según el artículo 196; proteger el dominio público vinculado; y las demás previstas en ley o en el pliego.
- Art. 259Uso y conservación de las obrasEl concesionario cuida de aplicar las normas sobre uso, policía y conservación. Su personal de explotación, en ausencia de agentes de la autoridad, puede adoptar medidas y formular denuncias; sirven de prueba las obtenidas por personal acreditado con medios previamente homologados. Puede impedir el uso a quien no abone la tarifa, sin perjuicio de la legislación sectorial. Debe mantener las obras según la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y de seguridad. Los pliegos pueden prever mecanismos de calidad con ventajas o penalizaciones, sin limitar el riesgo operacional.
- Art. 260Zonas complementarias de explotación comercialLas obras pueden incluir otras zonas o terrenos para actividades complementarias, comerciales o industriales, necesarias o convenientes por su utilidad para los usuarios y susceptibles de aprovechamiento económico diferenciado: hostelería, estaciones de servicio, zonas de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros. Se implantan conforme a los pliegos generales o particulares y, en su caso, a la legislación o el planeamiento urbanístico. Quedan sujetas a la unidad de gestión y control de la Administración concedente y las explota el concesionario, directamente o a través de terceros.
Subsección 2.ªPrerrogativas y derechos de la Administración
- Art. 261Prerrogativas y derechos de la AdministraciónEl órgano de contratación o, en su caso, el que determine la legislación específica puede: interpretar los contratos; modificarlos unilateralmente por interés público debidamente justificado; decidir el restablecimiento del equilibrio económico (artículo 270); acordar la resolución (artículos 279 y 280); establecer, en su caso, tarifas máximas; vigilar e inspeccionar; asumir la explotación en caso de secuestro o intervención; imponer penalidades; ejercer funciones de policía; e imponer temporalmente condiciones de uso ante situaciones excepcionales, abonando la indemnización que proceda.
- Art. 262Modificación de las obrasEl órgano de contratación puede acordar la modificación de las obras, así como su ampliación, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en la Ley. En su caso, se revisa el plan económico-financiero para acomodarlo a las nuevas circunstancias. Toda modificación que afecte al equilibrio económico de la concesión se rige por las normas generales de modificación y por el artículo 270.
- Art. 263Secuestro o intervención de la concesiónEl órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, puede acordar el secuestro o intervención si este no puede afrontar, temporalmente y con grave daño social, la explotación por causas ajenas o incurre en incumplimiento grave que la ponga en peligro. Se ejecuta si no corrige la deficiencia en el plazo fijado. El órgano explota directamente la obra, percibe la contraprestación y designa uno o varios interventores, por cuenta y riesgo del concesionario. Máximo tres años, prórrogas incluidas. Si al acabar no garantiza la asunción completa de sus obligaciones, se resuelve el contrato.
- Art. 264Penalidades por incumplimiento del concesionarioLos pliegos de cláusulas administrativas particulares fijan un catálogo de incumplimientos leves y graves. El órgano de contratación puede imponer penalidades económicas proporcionales, con límite del 10 por cien del presupuesto total de la obra en fase de construcción y, en explotación, del 20 por cien anual de los ingresos del año anterior; si el daño supera ese máximo, el límite se amplía hasta el valor del daño. Los graves pueden dar lugar a resolución o a secuestro temporal según los pliegos. Caben además multas coercitivas de 3.000 euros diarios a falta de legislación específica.
Sección 5.ªRégimen económico financiero de la concesión
- Art. 265Financiación de las obrasLas obras las financia, total o parcialmente, el concesionario, que en todo caso asume el riesgo operacional. Por razones de rentabilidad económica o social, o por singulares exigencias del fin público o interés general, la Administración puede aportar recursos públicos: financiación conjunta de la obra mediante subvenciones o préstamos reintegrables, con o sin interés, respetando en todo caso el riesgo operacional del concesionario. La construcción puede financiarse además con aportaciones de otras Administraciones, según convenio, y de otros organismos nacionales o internacionales.
- Art. 266Aportaciones Públicas a la construcción y garantías a la financiaciónLas Administraciones Públicas pueden financiar las obras con aportaciones durante la fase de ejecución (artículo 252) o una vez concluidas; su importe lo fijan los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima de los pliegos. Pueden ser no dinerarias, del órgano de contratación o de otra Administración con convenio. Los inmuebles entregados se integran en el patrimonio afecto a la concesión y revierten a la Administración al extinguirse. Han de estar previstas en el pliego y no pueden incrementarse tras la adjudicación. Igual régimen para garantías, avales y otras medidas de apoyo.
- Art. 267Retribución por la utilización de las obrasEl concesionario percibe de los usuarios o de la Administración una retribución por el uso de las obras, llamada tarifa, con naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. Las tarifas de los usuarios las fija el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación y son máximas: caben inferiores. La Administración puede abonar según disponibilidad y/o utilización; en pagos por disponibilidad, los pliegos prevén índices de corrección automáticos. También se retribuye con la zona comercial y debe separar contablemente aportaciones públicas, tarifas y zona comercial.
- Art. 268Aportaciones públicas a la explotaciónLas Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario aportaciones para garantizar la viabilidad económica de la explotación de las obras. En todo caso han de estar previstas en el pliego de condiciones y no podrán incrementarse después de la adjudicación, sin perjuicio del reequilibrio del artículo 270. Son: a) subvenciones, anticipos reintegrables y préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza, desde el inicio de la explotación o en su transcurso; b) ayudas, incluidas todo tipo de garantías, en casos excepcionales por razones de interés público.
- Art. 269Obras diferenciadasCuando dos o más obras mantengan una relación funcional, la concesión de obras no pierde su naturaleza aunque la utilización de una parte no esté sujeta a remuneración, siempre que esa parte sea también competencia de la Administración concedente e incida en la explotación de la concesión. El pliego de cláusulas administrativas particulares distinguirá la parte remunerada de la que no lo es. Los licitadores presentarán un plan económico-financiero que contemple ambas partes. Para determinar las tarifas se tendrá en cuenta, en todo caso, el importe total de las obras realizadas.
- Art. 270Mantenimiento del equilibrio económico del contratoLa concesión debe mantener su equilibrio económico. Se restablece si la Administración la modifica (art. 262) o si sus actuaciones obligatorias rompen de forma directa y sustancial la economía del contrato; fuera de eso, únicamente por fuerza mayor (art. 239). No hay derecho por incumplirse las previsiones de demanda. Medidas: tarifas, retribución, reducción del plazo y, en ciertos casos y con más de un 50 % de tarifas de usuarios, prórroga de hasta el 15 % de la duración inicial. El contratista puede desistir, sin indemnización, si los costes suben al menos el 5 % de la cifra de negocios.
Sección 6.ªFinanciación privada
Subsección 1.ªEmisión de títulos por el concesionario
- Art. 271Emisión de obligaciones y otros títulosEl concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, exterior e interior, emitiendo obligaciones, bonos u otros títulos semejantes admitidos en derecho. No podrán emitirse títulos cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice después del término de la concesión. Las emisiones de obligaciones podrán contar con el aval del Estado y de sus organismos públicos, conforme a la normativa presupuestaria. La emisión deberá comunicarse al órgano de contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se realice.
- Art. 272Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionarioPueden emitirse valores que representen una participación en derechos de crédito del concesionario (tarifas, ingresos comerciales y aportaciones de la Administración). La cesión se formaliza en escritura pública. Se representan en títulos o anotaciones en cuenta, en una o varias emisiones. La emisión requiere autorización previa del órgano de contratación: según el apartado 1, dos meses para notificar y silencio estimatorio; el apartado 6 habla de un mes y silencio desestimatorio. Ante una causa de resolución imputable al concesionario, la Administración puede optar entre el secuestro o intervención y resolver.
Subsección 2.ªHipoteca de la concesión
- Art. 273Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechosLas concesiones de obras, con los bienes y derechos que lleven incorporados, son hipotecables conforme a la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. No se admite la hipoteca en garantía de deudas que no guarden relación con la concesión. Las solicitudes de autorización se resuelven en un mes y se entienden desestimadas si no se resuelven y notifican en ese plazo. Los derechos del apartado 3 solo podrán pignorarse en garantía de deudas relacionadas con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que se publica en boletín oficial.
- Art. 274Derechos del acreedor hipotecarioAnte un grave deterioro del valor de la concesión hipotecada imputable al concesionario, el acreedor hipotecario puede pedir al órgano de contratación que se pronuncie y, si se confirma, que la Administración, previa audiencia del concesionario, le ordene hacer o no hacer lo que proceda; si ejercita esta acción se entiende que renuncia a la del artículo 117 de la Ley Hipotecaria. Antes de resolver por incumplimiento, la Administración dará audiencia al acreedor por si ofrece subrogarse. Impagada la deuda al vencimiento, tiene las facultades del apartado 3 si las prevé la escritura de hipoteca.
- Art. 275Ejecución de la hipotecaEl adjudicatario en la ejecución hipotecaria queda subrogado en la posición del concesionario, previa autorización administrativa. Quien desee participar como postor o eventual adjudicatario, incluso el acreedor hipotecario si la legislación sectorial no lo impide, debe comunicarlo al órgano de contratación; la autorización se notifica en el plazo máximo de 15 días, es reglada y se otorga si el peticionario cumple los requisitos exigidos al concesionario. Si la subasta queda desierta o nadie es autorizado, la Administración puede acordar el secuestro o intervención o resolver la concesión.
- Art. 276Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesionalCuando proceda la resolución de la concesión y existan titulares de derechos o cargas inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad: a) la Administración, comenzado el procedimiento, solicitará certificación del Registro para el expediente, a fin de que esos titulares puedan ser oídos; b) el registrador, al expedirla, extenderá nota al margen de la inscripción sobre la iniciación del procedimiento; c) para cancelar los asientos hacen falta resolución administrativa firme y el abono o depósito de las cantidades garantizadas, con el límite de las indemnizaciones del artículo 280.
Subsección 3.ªOtras fuentes de financiación
Sección 7.ªExtinción de las concesiones
- Art. 278Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por transcurso del plazoLos plazos fijados en los pliegos de condiciones de acuerdo con el artículo 29 solo podrán prorrogarse conforme al último inciso del apartado 3 del artículo 270. Las concesiones de obras hidráulicas se rigen, en cuanto a su duración, por el artículo 134.a) del texto refundido de la Ley de Aguas. La concesión se entiende extinguida por cumplimiento cuando transcurre el plazo inicialmente establecido o el resultante de las prórrogas acordadas o de las reducciones decididas. Quedan igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión y a la explotación de sus zonas comerciales.
- Art. 279Causas de resoluciónSon causas de resolución de la concesión de obras, además de las del artículo 211 salvo sus letras d) y e): a) la ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciarla por falta de interesados autorizados; b) la demora superior a seis meses del órgano de contratación en entregar la contraprestación, los terrenos o los medios auxiliares; c) el rescate de la explotación; d) la supresión de la explotación por interés público; e) la imposibilidad de explotar por acuerdos posteriores de la Administración; f) el secuestro o intervención por plazo superior al establecido.
- Art. 280Efectos de la resoluciónSi la resolución es imputable a la Administración, esta abona las inversiones en expropiación, obras y bienes necesarios según su grado de amortización (lineal); la cantidad se fija en tres meses, salvo otro plazo en el pliego. Si no le es imputable, se abona la valoración de la concesión conforme al artículo 281. Si es imputable al concesionario, se le incauta la garantía e indemniza los daños en lo que excedan de ella. En los supuestos del 279 b), c), d) y e) la Administración indemniza daños y perjuicios: beneficios futuros y pérdida de valor de obras no entregadas.
- Art. 281Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la AdministraciónSi la concesión de obras se resuelve por causas no imputables a la Administración, el órgano de contratación debe licitarla de nuevo por subasta al alza, con el precio como único criterio. Si queda desierta, nueva licitación en un mes como máximo, con tipo del 50 por ciento de la primera. El adjudicatario paga en dos meses desde la adjudicación. Entre la resolución y la apertura de ofertas de la primera licitación no pueden pasar más de tres meses. La Administración abona al primitivo concesionario el valor de la concesión en tres meses.
- Art. 282Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la AdministraciónEl tipo de la primera licitación se fija por los flujos futuros de caja de la explotación entre la resolución y la reversión, actualizados al interés de las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos. Los flujos se cuantifican por la media aritmética de un período equivalente a los años que restan, sin actualización por inflación. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos puede modificar instrumento y diferencial, previo informe de la Oficina Nacional de Evaluación. Si la obra no está terminada, el tipo es el 70 por cien de la inversión ejecutada.
- Art. 283Destino de las obras a la extinción de la concesiónAl extinguirse la concesión, el concesionario debe entregar a la Administración concedente, en buen estado de conservación y uso, las obras, los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y los de la zona de explotación comercial, si la hubiera; todo queda reflejado en un acta de recepción formal, ajustada al artículo 243. Los pliegos pueden prever que deban ser demolidos por el concesionario, reponiendo los bienes al estado anterior a la construcción. Los bienes afectos que vayan a revertir a la Administración no pueden ser objeto de embargo.
Capítulo IIIDel contrato de concesión de servicios
Sección 1.ªDelimitación del contrato de concesión de servicios
Sección 2.ªRégimen jurídico
Subsección 1.ªActuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios
Subsección 2.ªEfectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios
Sección 3.ªEjecución del contrato de concesión de servicios
- Art. 287Ejecución del contrato de concesión de serviciosEl concesionario debe organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características del contrato y dentro de sus plazos y, en su caso, ejecutar las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación. Si la concesión recae sobre un servicio público, la Administración conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. La concesión únicamente puede hipotecarse si conlleva obras o instalaciones fijas necesarias para el servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.
- Art. 288Obligaciones generalesEl concesionario debe: prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares su uso mediante el abono, en su caso, de las tarifas aprobadas, y seguir prestándolo, si el contrato se extingue por cumplimiento, hasta que se formalice el nuevo; cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar instrucciones; indemnizar los daños a terceros, excepto los imputables a la Administración; respetar la no discriminación por nacionalidad en los contratos de suministro consecuencia de la concesión; y cumplir las demás de la legislación, el pliego y la documentación contractual.
- Art. 289Prestaciones económicasEl concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, incluida una retribución fijada en función de la utilización del servicio, que percibe directamente de los usuarios o de la propia Administración. Las pactadas se denominan tarifas, tienen naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario y se revisan, en su caso, en la forma establecida en el contrato. El concesionario lleva contabilidad diferenciada a disposición de la entidad contratante. Si el pliego lo establece, abona a la Administración concedente un canon o participación.
Sección 4.ªModificación del contrato de concesión de servicios
Sección 5.ªCumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios
- Art. 291ReversiónAl finalizar el plazo de la concesión, el servicio revierte a la Administración y el contratista entrega las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. Durante un período prudencial anterior, que debe fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adopta las disposiciones para que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir no pueden ser objeto de embargo.
- Art. 292Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliaresSi la Administración no paga al concesionario la contraprestación económica o no le entrega los medios auxiliares a que se obligó, dentro de los plazos previstos en el contrato, y no procede la resolución del contrato o el concesionario no la solicita, este tiene derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquellos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.
- Art. 293Incumplimiento del concesionarioCuando el contrato recae sobre un servicio público y, por causas ajenas al concesionario o por su incumplimiento, se deriva una perturbación grave y no reparable por otros medios, la Administración podrá acordar su secuestro o intervención en los términos del artículo 263. En todo caso, el concesionario abonará los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. En cualquier caso, al incumplimiento del concesionario se le aplica el régimen de penalidades del artículo 264 de la concesión de obras, siempre que sea compatible con la naturaleza de la concesión de servicios.
Sección 6.ªResolución del contrato de concesión de servicios
- Art. 294Causas de resoluciónCausas: las del artículo 211, salvo sus letras d) y e), y además: a) ejecución hipotecaria desierta o imposible de iniciar por falta de interesados autorizados; b) demora de la Administración superior a seis meses en entregar la contraprestación o medios auxiliares; c) rescate por interés público, acreditando que la gestión directa es más eficaz y eficiente; d) supresión del servicio por interés público; e) explotación imposible por acuerdos posteriores de la Administración; f) secuestro superior al plazo del artículo 263.3 sin que el contratista garantice asumir por completo sus obligaciones.
- Art. 295Efectos de la resoluciónResolución imputable a la Administración: esta abona en todo caso las inversiones en expropiación de terrenos, obras y bienes necesarios para la explotación, según su grado de amortización, con criterio lineal. No imputable: se abona la valoración de la concesión del artículo 281. Se entienden no imputables las letras a), b) y f) del 211 y a) y f) del 294. Letra b) del 294: interés de demora de la Ley 3/2004 desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la liquidación de la indemnización. Letras b), c), d) y e) del 294: indemnización de daños y perjuicios, incluidos los beneficios futuros.
Sección 7.ªSubcontratación del contrato de concesión de servicios
Sección 8.ªRegulación supletoria del contrato de concesión de servicios
Capítulo IVDel contrato de suministro
Sección 1.ªRegulación de determinados contratos de suministro
- Art. 298ArrendamientoEn el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asume durante el plazo de vigencia del contrato la obligación de mantener el objeto del mismo. Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Administración como canon de mantenimiento se fijan separadamente de las que constituyen el precio del arriendo.
- Art. 299Contratos de fabricaciónA los contratos de fabricación se les aplican directamente las normas generales y especiales del contrato de obras que el órgano de contratación determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. Quedan a salvo las relativas a su publicidad y procedimiento de adjudicación, que se acomodarán, en todo caso, al contrato de suministro.
Sección 2.ªEjecución del contrato de suministro
- Art. 300Entrega y recepciónEl contratista debe entregar los bienes en el tiempo y lugar fijados en el contrato y conforme a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. No tiene derecho a indemnización por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo mora de la Administración al recibirlos. Si la recepción formal es posterior a la entrega, la Administración responde de la custodia entre una y otra. Recibidos de conformidad bienes o productos perecederos, la Administración responde de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la del suministrador por vicios o defectos ocultos.
- Art. 301Pago del precioEl adjudicatario tiene derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración, con arreglo a las condiciones del contrato. Si el precio se determina mediante precios unitarios, se puede incrementar el número de unidades a suministrar hasta el 10 por ciento del precio del contrato sin tramitar expediente de modificación, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.
- Art. 302Pago en metálico y en otros bienesSi razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejan, el pliego de cláusulas administrativas particulares puede prever que el precio se pague parte en dinero y parte en otros bienes de la misma clase, sin que el importe de estos supere en ningún caso el 50 por cien del precio total. El compromiso de gasto se limita a lo no satisfecho con bienes. La entrega la acuerda el órgano de contratación e implica por sí sola la baja en inventario y, en su caso, la desafectación. Ese importe se valora en la adjudicación y debe consignarse expresamente en las ofertas.
- Art. 303Facultades de la Administración en el proceso de fabricaciónLa Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato. Puede ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
Sección 3.ªCumplimiento del contrato de suministro
- Art. 304Gastos de entrega y recepciónSalvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes del suministro al lugar convenido son de cuenta del contratista. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos, se hace constar así en el acta de recepción y se dan al contratista las instrucciones precisas para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
- Art. 305Vicios o defectos durante el plazo de garantíaSi en el plazo de garantía se acreditan vicios o defectos, la Administración puede reclamar al contratista la reposición de los bienes inadecuados o su reparación si fuese suficiente; el contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes. Si el órgano de contratación estima que no son aptos para el fin pretendido por vicios imputables al contratista y se presume que reponer o reparar no bastará, puede rechazarlos antes de expirar el plazo, quedando exento de pago o recuperando el precio. Sin reparos ni denuncia al terminar el plazo, el contratista queda exento.
Sección 4.ªResolución del contrato de suministro
- Art. 306Causas de resoluciónAdemás de las causas generales, el contrato de suministro se resuelve por: a) el desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de su iniciación por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses desde la fecha señalada en el contrato para la entrega; b) el desistimiento una vez iniciada la ejecución o la suspensión del suministro por plazo superior a ocho meses acordada por la Administración. En ambos casos, salvo que en el pliego se señale otro plazo menor.
- Art. 307Efectos de la resoluciónLa resolución del suministro da lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos realizados; cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, esta abona el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. En los supuestos de la letra a) del artículo anterior, el contratista solo tiene derecho a una indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación, IVA excluido. En los de la letra b), al 6 por ciento del precio de adjudicación de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.
Capítulo VDel contrato de servicios
Sección 1.ªDisposiciones generales
- Art. 308Contenido y límitesSalvo que los pliegos o el documento contractual dispongan otra cosa, los servicios que desarrollen productos protegidos por propiedad intelectual o industrial llevan aparejada su cesión a la Administración contratante; aun excluida, el órgano de contratación podrá autorizar su uso al sector público. No cabe instrumentar la contratación de personal mediante contratos de servicios, incluidos los menores, ni consolidar a quienes hicieron los trabajos. En aplicaciones informáticas el objeto puede definirse por componentes. Proyecto y dirección de obra pueden contratarse juntos, motivándolo.
- Art. 309Determinación del precioEl pliego de cláusulas administrativas fija el sistema de precio de los servicios: componentes de la prestación, unidades de ejecución o de tiempo, tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, honorarios por tarifas o una combinación. Con unidades de ejecución, y si el pliego lo establece, no es modificación la variación del número de unidades realmente ejecutadas, que puede recogerse en la liquidación si no supone un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. En servicios complejos con inversión inicial cabe una retribución que compense.
- Art. 310Régimen de contratación para actividades docentesEn los contratos de actividades docentes en centros del sector público (cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración, seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o actividades similares), siempre que las realicen personas físicas, la Ley no se aplica a la preparación y adjudicación. Puede establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de garantía por el contratista, sin que pueda autorizarse su cesión. Para acreditar la existencia del contrato basta la designación o nombramiento por autoridad competente.
Sección 2.ªEjecución de los contratos de servicios
- Art. 311Ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos de serviciosEl contrato se ejecuta con sujeción a su clausulado y a los pliegos y según las instrucciones del responsable del contrato, si se hubiere designado; en otro caso, de los servicios dependientes del órgano de contratación. El contratista responde de la calidad técnica y de las consecuencias de omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas. La Administración puede rechazar la prestación con vicios imputables al contratista y, en garantía, reclamar la subsanación. Los contratos de mera actividad o de medios se extinguen por el cumplimiento del plazo o de las prórrogas.
- Art. 312Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadaníaEn los servicios con prestaciones directas a la ciudadanía: a) antes de contratar debe fijarse su régimen jurídico, que declare la actividad asumida como propia por la Administración; b) el adjudicatario presta el servicio con continuidad, cuida de su buen orden e indemniza los daños a terceros, salvo los imputables a la Administración; c) los bienes afectos no pueden embargarse; d) cabe secuestro o intervención ante perturbación grave; e) la Administración conserva los poderes de policía; f) con carácter general, se presta en dependencias diferenciadas; g) causas de resolución añadidas.
Sección 3.ªResolución de los contratos de servicios
Sección 4.ªDe la subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras
- Art. 314Subsanación de errores y corrección de deficienciasSi el contrato consiste en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación exige al contratista subsanar los defectos imputables en un plazo no superior a dos meses. Si no se corrigen, la Administración opta entre resolver (incautación de la garantía e indemnización del 25 por ciento del precio) o dar un nuevo plazo de un mes improrrogable (penalidad del 25 por ciento). Otro incumplimiento: resolución, indemnización igual al precio pactado y pérdida de la garantía. La renuncia antes del último plazo: indemnización de la mitad del precio y pérdida de la garantía.
- Art. 315Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyectoSi el presupuesto de la obra se desvía en más de un 20 por ciento, por exceso o por defecto, del coste real por errores u omisiones imputables al contratista consultor, se minora el precio del proyecto: desviación de más del 20 y menos del 30, indemnización del 30 por ciento; de más del 30 y menos del 40, del 40; de más del 40, del 50, IVA excluido. Se abona en un mes desde la notificación de la resolución. Además responde de los daños por defectos del proyecto: 50 por ciento de su importe, hasta cinco veces el precio pactado, exigible en diez años desde la recepción.
Libro TerceroDe los contratos de otros entes del sector público
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Título IContratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas
- Art. 316Régimen jurídico
- Art. 317Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizadaLos contratos sujetos a regulación armonizada que concierten los poderes adjudicadores a que se refiere este Título se preparan y adjudican conforme a las normas de las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de la propia Ley. La remisión abarca las dos fases: la preparación y la adjudicación.
- Art. 318Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizadaEn los contratos no sujetos a regulación armonizada: a) los de valor estimado inferior a 40.000 euros (obras, concesiones de obras y concesiones de servicios) o a 15.000 euros (servicios y suministros) podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria; b) los de obras y concesiones desde 40.000 e inferiores a 5.404.000 euros, y los de servicios y suministros superiores a 15.000 e inferiores a 216.000 euros, por cualquier procedimiento de la Sección 2.ª, salvo el negociado sin publicidad, reservado a los casos del artículo 168.
- Art. 319Efectos y extinciónEfectos y extinción de los contratos de poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas: derecho privado, aunque se les aplican los arts. 201, 202, 203 a 205, 214 a 217, 218 a 228 y las condiciones de pago de los arts. 198.4, 210.4 y 243.1. La modificación no prevista en el pliego, con importe igual o superior a 6.000.000 de euros y cuantía superior al 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido, exige autorización del órgano de adscripción o tutela, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.
- Art. 320De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyectoEn los contratos de servicios que consistan en la elaboración íntegra de un proyecto de obra se exigirá la responsabilidad del contratista por los defectos o errores del proyecto. Esa responsabilidad se exige de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314, al que el precepto remite.
Título IIContratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores
- Art. 321Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadoresLas entidades del sector público que no son poderes adjudicadores aprueban instrucciones de contratación, publicadas en el perfil de contratante (en el sector público estatal, con informe previo del órgano de asesoramiento jurídico). Sin aplicarlas pueden adjudicar directamente contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros (obras) o 15.000 euros (servicios y suministros); desde esas cifras, anuncio en el perfil, plazo de ofertas no inferior a diez días y selección motivada. El informe de la autoridad de competencia del apartado 6 se evacua en veinte días hábiles como máximo.
- Art. 322Efectos, modificación y extinción de los contratos. Responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyectoLos efectos, la modificación y la extinción de los contratos de las entidades del Sector Público que no ostenten la condición de poder adjudicador se regulan por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación. En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de conformidad con el artículo 314.
Libro CuartoOrganización administrativa para la gestión de la contratación
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Título IÓrganos competentes en materia de contratación
Capítulo IÓrganos de contratación
- Art. 323Órganos de contratación estatalesLos Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado. En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas estatales lo son sus Presidentes o Directores, y en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sus Directores generales, a falta de disposición específica. La contratación centralizada estatal corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada. Pueden constituirse Juntas de Contratación.
- Art. 324Autorización para contratarLas entidades del sector público estatal que sean poder adjudicador conforme al artículo 3.3 necesitan autorización del Consejo de Ministros: con valor estimado igual o superior a doce millones de euros; con pago por arrendamiento financiero o con opción de compra y más de cuatro años de anualidades; y en acuerdos marco y sistemas dinámicos desde doce millones. Se obtiene antes de aprobar el expediente y es genérica. También autoriza las modificaciones no previstas en el pliego superiores al 10 por ciento del precio inicial, IVA excluido, y la resolución.
- Art. 325DesconcentraciónLas competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, sean o no dependientes del órgano de contratación. En las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, las competencias de contratación de sus Directores podrán desconcentrarse en la forma y con los requisitos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Capítulo IIÓrganos de asistencia
- Art. 326Mesas de contrataciónLos órganos de contratación de las Administraciones Públicas están asistidos por una mesa en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, salvo que contrate una Junta de Contratación. La forman un Presidente, los vocales reglamentarios y un Secretario, nombrados por el órgano de contratación. No pueden integrarla cargos públicos representativos ni personal eventual. Califica la documentación, valora las proposiciones y propone la adjudicación.
- Art. 327Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación para la innovaciónEn los procedimientos de diálogo competitivo o de asociación para la innovación que sigan las Administraciones Públicas se constituye una mesa con la composición del apartado 3 del artículo anterior, a la que se incorporan personas especialmente cualificadas en la materia, designadas por el órgano de contratación. Su número será igual o superior a un tercio de los componentes de la Mesa y participan en las deliberaciones con voz y voto.
Capítulo IIIÓrganos consultivos
- Art. 328Junta Consultiva de Contratación Pública del EstadoLa Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal: órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son vocales natos, con voz pero sin voto. Cada tres años remite un informe a la Comisión Europea, en los quince días siguientes a su adopción, y lo publica en un mes.
- Art. 329Comité de cooperación en materia de contratación públicaSe crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de cooperación en materia de contratación pública, órgano colegiado que actúa en Pleno o en Secciones. El Pleno lo preside el Director General del Patrimonio del Estado y lo integran cinco vocales de la Administración General del Estado, un representante por cada Comunidad y Ciudad Autónoma (uno ocupa la Vicepresidencia) y uno de la asociación o federación de Entidades Locales con mayor implantación. Cuenta en todo caso con cinco Secciones y se atiende con los medios de la Junta Consultiva.
- Art. 330Órganos consultivos en materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y MelillaLos órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las Comunidades Autónomas ejercen su competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las Entidades que integren el sector público autonómico y, de establecerse así en sus normas reguladoras, de las Entidades Locales incluidas en el mismo. Todo ello sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- Art. 331Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y MelillaLas Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de Cooperación regulado en el artículo 329, a través de sus órganos competentes y respecto de sus ámbitos territoriales, dos informes, cada uno con una periodicidad de al menos cada tres años: uno sobre las cuestiones de las letras b) a f) del apartado 4 del artículo 328 y otro sobre las del apartado 8 del artículo 332. La documentación incluirá información de los órganos de contratación de las Administraciones locales y sus entidades vinculadas o dependientes con perfil de contratante alojado en el servicio autonómico.
- Art. 332Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la ContrataciónCrea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano colegiado con plena independencia orgánica y funcional, adscrito a efectos puramente organizativos y presupuestarios al Ministerio de Hacienda y Función Pública. La integran un presidente y cuatro vocales, funcionarios de carrera del Subgrupo A1 con al menos 10 años de experiencia, designados por el Consejo de Ministros por un periodo improrrogable de seis años. Aprueba la Estrategia Nacional de Contratación Pública y elabora un informe de supervisión y un informe anual.
- Art. 333La Oficina Nacional de EvaluaciónLa Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y presidida por su Presidente, analiza la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y de servicios. Emite informe preceptivo previo a la licitación si el valor estimado supera un millón de euros y hay aportaciones públicas o apoyo a la financiación, o si la tarifa la asume total o parcialmente el poder adjudicador y las obras o gastos de primer establecimiento superan un millón. Plazo: treinta días hábiles, reducible a la mitad por urgencia.
- Art. 334Estrategia Nacional de Contratación PúblicaLa Estrategia Nacional de Contratación Pública es el instrumento jurídico vinculante, aprobado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a propuesta del Comité de cooperación, con un horizonte temporal de cuatro años. Se remite a la Comisión Europea y se publica transcurrido un mes. El Comité la valora transcurridos los dos primeros años y, al finalizar, elabora un informe; la nueva Estrategia se aprueba en seis meses desde la adopción del informe. La primera, en nueve meses desde la publicación de la Ley.
Capítulo IVElaboración y remisión de información
- Art. 335Remisión de contratos al Tribunal de CuentasDentro de los tres meses siguientes a la formalización se remite al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización autonómico copia certificada del documento de formalización y extracto del expediente, si el precio de adjudicación (o el valor estimado en acuerdos marco) excede de 600.000 euros en obras, concesiones y acuerdos marco; 450.000 en suministros; y 150.000 en servicios y contratos administrativos especiales. Además se remite relación del resto de contratos, incluidos los menores, excepto los inferiores a cinco mil euros pagados por anticipo de caja fija u otro sistema similar.
- Art. 336Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los contratosLos órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de obras, suministros o servicios o acuerdo marco, sujetos a regulación armonizada, y cada vez que establezcan un sistema dinámico de adquisición. Incluye al menos, entre otros extremos, el nombre y dirección del poder adjudicador, el objeto y precio, el adjudicatario y los motivos de elección de su oferta. No se exige en contratos basados en acuerdos marco celebrados con arreglo a los apartados 3 y 4.a) del artículo 221. Se remite a la Comisión Europea o al Comité de cooperación cuando lo soliciten.
Título IIRegistros Oficiales
Capítulo IRegistros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
- Art. 337Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PúblicoEl Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público inscribe los datos relevantes para acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar, incluidas las facultades de sus representantes y apoderados. Depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública y su llevanza corresponde a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Es interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado; si los poderes discrepan, prevalece el inscrito en el Registro Oficial.
- Art. 338Inscripciones y publicaciones de oficioEn el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas se hacen constar de oficio las clasificaciones otorgadas por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y las otorgadas por los órganos autonómicos competentes, siempre que no resulten contradictorias con aquellas. También constan los datos de las prohibiciones de contratar del apartado 2 del artículo 73: el órgano del que emane la sentencia o resolución debe remitir de oficio testimonio o copia a la Junta Consultiva. Las inscribibles en un registro autonómico se comunican al Registro Oficial para su publicación.
- Art. 339Inscripciones a solicitud de los interesadosEn el Registro podrán constar, cuando así lo solicite el interesado, estos datos de los empresarios: los de personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas jurídicas; la extensión de las facultades de los representantes o apoderados; las autorizaciones o habilitaciones profesionales y demás requisitos para actuar en su sector de actividad; la solvencia económica y financiera, reflejada de forma independiente de la clasificación; y los demás datos de interés que se determinen reglamentariamente. El procedimiento y los requisitos de inscripción se establecerán reglamentariamente.
- Art. 340Competencia para la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PúblicoLas inscripciones de oficio en el Registro Oficial, salvo las del apartado 2, las practica el órgano del Ministerio de Hacienda y Función Pública designado para su llevanza, que también adopta los acuerdos de inscripción solicitados por los interesados. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar su propio Registro practican determinadas inscripciones en él, previa suscripción de un convenio con ese Ministerio. Todas las inscripciones tienen los mismos efectos acreditativos y eficacia plena frente a los órganos de contratación del Sector Público.
- Art. 341Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades AutónomasLas Comunidades Autónomas podrán llevar sus propios Registros de licitadores y empresas clasificadas. Inscribirán las clasificaciones del segundo párrafo del artículo 81 y, en todo caso, las prohibiciones de contratar declaradas por sus órganos, por los de las entidades locales de su ámbito territorial o por los organismos y entidades dependientes de una u otras. El órgano que impone la prohibición remite de oficio copia al registro. A solicitud del interesado pueden inscribirse los datos del artículo 339. La inscripción acredita los datos ante los órganos de contratación de ese mismo ámbito.
- Art. 342Voluntariedad de la inscripciónLa inscripción en los Registros de licitadores y empresas clasificadas es voluntaria para los empresarios, sin perjuicio de las inscripciones obligatorias que se practican de oficio (artículo 338 y apartado 1 del artículo 341). Los empresarios podrán determinar qué datos desean que se reflejen. La inscripción implica su consentimiento para la difusión por medios electrónicos de los datos inscritos, en los términos y con los límites que legal o reglamentariamente se determinen. Los interesados podrán en todo momento solicitar la cancelación, salvo en los casos de inscripción obligatoria.
- Art. 343Actualización de la información registralLos empresarios inscritos deben comunicar al registro cualquier variación de sus datos y las circunstancias sobrevenidas que determinen una prohibición de contratar susceptible de inscripción. Omitirlo mediando dolo, culpa o negligencia podrá dar lugar a la suspensión de la inscripción, de sus efectos y del derecho a certificados, salvo en las inscripciones practicadas de oficio. La falta de actualización no perjudicará a la Administración, organismo o entidad que contrató con base en el registro. El órgano competente rectifica de oficio los datos incorrectos, incompletos o no actualizados.
- Art. 344PublicidadEl Registro será público y se podrá acceder de forma abierta, previa identificación de la persona que accede; además contará con un buscador que facilite su uso. Las modalidades y requisitos para la publicidad de los asientos se determinarán reglamentariamente. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se podrá excluir la publicidad de las empresas clasificadas cuando el número de empresas clasificadas en determinados grupos, subgrupos y categorías sea lo suficientemente reducido para dar lugar a un riesgo de colusión entre ellas.
- Art. 345Colaboración entre RegistrosEl Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas se facilitarán mutuamente la información relativa a las prohibiciones de contratar inscritas en ellos. El procedimiento y las especificaciones necesarias para intercambiar esa información por medios electrónicos se establecerán mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.