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Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía

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Art. 1Carácter de la leyLa Ley 5/2010 se dicta en desarrollo de las previsiones estatutarias sobre organización territorial de Andalucía y se aprueba con las prescripciones establecidas en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esas mismas prescripciones estatutarias condicionan también las modificaciones que afecten al régimen jurídico que la ley establece.
Art. 2Objeto de la leyLa ley determina las competencias y potestades de los municipios y demás entes locales y las reglas de las eventuales transferencias y delegaciones de competencias de la Comunidad Autónoma. Regula las relaciones entre las entidades locales y las instituciones de la Junta, la concertación y las técnicas de cooperación y colaboración. Contiene el régimen de los bienes, las modalidades de prestación de los servicios locales de interés general y la iniciativa económica, así como la demarcación territorial municipal y la organización administrativa de su territorio.
Art. 3Organización territorial de AndalucíaMunicipios y provincias, en su relación con la Comunidad Autónoma, integran un único nivel de gobierno. El municipio es la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación política y cauce inmediato de participación ciudadana. La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar las relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma. Por ley, o de acuerdo con esta ley, podrán crearse otras entidades locales complementarias.
Art. 4Autonomía localMunicipios y provincias gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes; actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas de su comunidad. La autonomía comprende, en todo caso, sus intereses públicos, órganos de gobierno y administración, territorio, servicios locales, iniciativa económica, personal, patrimonio y recursos de sus haciendas. Cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Municipios y provincias tienen plena personalidad jurídica.
Art. 5Potestad de autoorganizaciónLas entidades locales definen por sí mismas sus estructuras administrativas internas, para adaptarlas a sus necesidades específicas y permitir una gestión eficaz. Municipios y provincias han de contar con los órganos necesarios previstos en la legislación básica sobre régimen local; su funcionamiento, régimen de acuerdos y estatuto de sus miembros se ajustan a esa legislación, garantizándose en todo caso la acción de gobierno y la representación proporcional en los órganos asamblearios. El resto de los órganos complementarios se ajusta a los estatutos de cada entidad local.
Art. 6Principios generalesLas competencias de municipios y provincias se determinan por ley. Las que determina esta ley tienen la consideración de propias y mínimas y podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. La determinación de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía, y la legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía.
Art. 7Competencias localesLas competencias locales facultan para la regulación de las correspondientes materias, dentro de la potestad normativa de la entidad. En el ámbito de sus competencias propias, corresponde a la entidad local la ejecución administrativa, incluyendo la incoación y la resolución final de los procedimientos, de acuerdo con las leyes. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos previstos en la sección 4.ª del capítulo.
Art. 8Cláusula general de competenciaSin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.
Art. 9Competencias municipalesEnumera en 28 apartados las competencias propias de los municipios andaluces: urbanismo, vivienda, servicios sociales comunitarios, ciclo integral del agua de uso urbano, alumbrado público, residuos, limpieza viaria, transporte urbano, caminos y vías pecuarias, movilidad en vías urbanas, patrimonio histórico, medio ambiente, salud pública, seguridad en espacios públicos, consumo, turismo, cultura, deporte, cementerios, educación, desarrollo económico, actividades económicas, mercadillos, mercados de abastos, eventos menores, participación ciudadana, juzgados de paz e inmigración.
Art. 10Ejercicio y titularidad de las competencias localesPara el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes. En ningún caso se verán afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.
Art. 11Competencias de asistencia a los municipiosCon la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, la asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrá consistir en: asistencia técnica (información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico), asistencia económica (financiación de inversiones, actividades y servicios municipales) y asistencia material (prestación de servicios municipales). Podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada.
Art. 12Asistencia técnica de la provincia al municipioLa provincia presta asistencia técnica al municipio en: planeamiento y gestión urbanística; pliegos y procedimientos de contratación; ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones; tecnologías de la información y administración electrónica; estudios, planes y proyectos; asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la defensa jurídica; personal; formación de representantes locales; igualdad de género, y cualquier otra que determine. Una norma provincial fija los requisitos y la financiación, y la diputación decide motivadamente.
Art. 13Asistencia económica de la provincia al municipioLa provincia asiste económicamente a los municipios para inversiones, actividades y servicios municipales. Los planes y programas se regulan por norma provincial y se elaboran, con transparencia y publicidad, en fases: la diputación recaba información, fija criterios básicos (con apoyo preferente a los municipios de menor población), cada ayuntamiento formula su propuesta priorizada, la diputación formula el proyecto, audiencia a los ayuntamientos, modificaciones y aprobación definitiva por la diputación. El rechazo de prioridades municipales será motivado.
Art. 14Asistencia material de la provincia al municipioLa provincia presta los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, cuando este lo solicite, y determina la forma de gestión. Según norma provincial presta obligatoriamente, a petición del municipio, al menos: inspección, gestión y recaudación de tributos; disciplina urbanística y ambiental; disciplina del personal; representación y defensa judicial, y suplencias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores de cinco mil habitantes. Si un municipio incumple, la diputación, previo requerimiento, actúa por sustitución.
Art. 15Competencias materiales de la provinciaLa provincia tiene competencias en tres materias: carreteras provinciales, los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés provincial. En las tres se repite la referencia provincial: carreteras «provinciales» y archivos, museos e instituciones culturales «de interés provincial».
Art. 16Disposiciones comunes a la transferencia y la delegaciónRespetando la voluntad de las entidades afectadas y por razones de eficacia, eficiencia y economía, la Junta de Andalucía podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter ordinario en estos o en las provincias. Ambas figuras sirven al principio de diferenciación y se fundamentan en las características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los entes locales. Otros entes locales de los que formen parte los municipios podrán ejercerlas si lo prevé expresamente la ley de transferencia o el decreto de delegación.
Art. 17Transferencia de competenciasA iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pueden transferirse a los municipios competencias propias de la Comunidad Autónoma mediante ley, que determinará los recursos financieros y los medios personales, materiales y económicos, conforme a los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia y lealtad institucional. Un decreto de transferencia del Consejo de Gobierno, previa negociación con los municipios afectados, concreta el traspaso. La Comunidad Autónoma puede reservarse la ordenación, planificación y coordinación generales.
Art. 18Suspensión y revocación de la transferenciaPor razones de interés general, ante grave incumplimiento de las obligaciones asumidas por los municipios o notoria negligencia, ineficacia o gestión deficiente de las competencias transferidas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá suspender el ejercicio de la competencia por tiempo determinado, no superior a un año, previa audiencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la entidad o entidades locales afectadas. La revocación la propone la Comunidad Autónoma al Parlamento y se aprueba por ley, que regula la liquidación de recursos y cargas y la devolución de bienes.
Art. 19Delegación del ejercicio de competenciasLa Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las provincias o, en su caso, en otras entidades locales. La entidad local ejerce las potestades inherentes a la competencia sin que se altere su titularidad. La delegación respeta en todo caso la potestad de autoorganización local y se ejerce con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control del decreto de delegación. Su efectividad requiere aceptación expresa de la entidad delegada y cesión de uso de medios materiales, dotaciones y, en su caso, recursos humanos.
Art. 20El decreto de delegaciónEl decreto de delegación lo aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia. Contenido mínimo: normas legales que justifican la delegación; funciones delegadas; medios, su valoración y procedimiento de revisión; coste efectivo del servicio; fecha de efectividad y duración; condiciones, instrucciones, directrices, mecanismos de control y supuestos de revocación. La Comunidad Autónoma puede reservarse, entre otras facultades, la potestad reglamentaria, el recurso de alzada y promover la revisión de oficio.
Art. 21Obligaciones de la entidad delegadaLos municipios y demás entidades locales que asuman por delegación competencias propias de la Comunidad Autónoma están obligados a: cumplir los programas y directrices que esta pueda establecer; proporcionar información sobre el ejercicio de las competencias y atenerse a los requerimientos de subsanación de deficiencias del órgano competente de la Comunidad Autónoma; mantener el nivel de eficacia en el ejercicio de las competencias que tenían antes de la delegación, y cumplir los módulos de funcionamiento y los niveles de rendimiento mínimo señalados por la Comunidad Autónoma.
Art. 22Suspensión, renuncia y extinción de la delegación de competenciasSi se incumplen las obligaciones del decreto de delegación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previa audiencia a la entidad local y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, podrá suspender o dejar sin efecto la delegación y ejecutar directamente las competencias. Las entidades delegadas podrán renunciar en los casos del decreto de delegación o cuando circunstancias sobrevenidas justifiquen suficientemente la imposibilidad de su desempeño sin menoscabo de sus competencias propias o transferidas. El Consejo de Gobierno fija, previo expediente, los mecanismos de liquidación.
Art. 23La encomienda de gestiónLa Administración de la Junta de Andalucía puede acordar con las entidades locales y con sus entes dependientes o vinculados la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, en el marco de la legislación autonómica, mediante encomienda de gestión. Se formaliza en un convenio interadministrativo que determina, al menos, alcance, habilitación normativa y plazo de vigencia. Su efectividad requiere que vaya acompañada de dotación económica o incremento de financiación a favor de las entidades locales receptoras.
Art. 24Colaboración financieraLa Comunidad Autónoma financia las competencias locales propias y transferidas fundamentalmente mediante la participación en sus tributos (artículo 192.1 del Estatuto). Adicionalmente puede establecer programas de colaboración financiera específica para materias concretas: las beneficiarias se determinan con criterios objetivos y previa aceptación. Las entidades locales deben participar en su elaboración y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, en la definición de los parámetros de aplicación de los recursos. Los desarrolla y regula la consejería competente en materia de hacienda.
Art. 25Financiación de nuevas atribucionesSi la Comunidad Autónoma de Andalucía asigna a las entidades locales servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras.
Art. 26Servicios locales de interés generalSon servicios locales de interés general los que las entidades locales prestan o regulan y garantizan en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, y también las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas del Estatuto de Autonomía. Las entidades locales, de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.
Art. 27Principios informadores de los servicios locales de interés generalEl régimen de los servicios locales de interés general se inspira y fundamenta en once principios: universalidad; igualdad y no discriminación; continuidad y regularidad; precio adecuado a los costes del servicio; economía, suficiencia y adecuación de medios; objetividad y transparencia en la actuación administrativa; prevención y responsabilidad por la gestión pública; transparencia financiera y en la gestión; calidad en la prestación; calidad medioambiental y desarrollo sostenible; y adecuación entre forma jurídica y fin de la actividad como límite de la discrecionalidad administrativa.
Art. 28Clasificación de los servicios locales de interés generalLas entidades locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado. Hay servicio público cuando la propia entidad local realiza la actividad objeto de la prestación, de forma directa o mediante contrato administrativo. Hay servicio reglamentado cuando la actividad la realizan particulares conforme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.
Art. 29Régimen jurídico de los servicios locales de interés general en régimen de servicio reglamentadoLas ordenanzas de servicios reglamentados deben contemplar, entre otros aspectos: del servicio, condiciones técnicas, obligaciones específicas de servicio público, niveles mínimos de calidad en su caso, tarifas o precios y supuestos de subvención; de los usuarios, derechos y deberes; del prestatario, su situación jurídica, sanciones y supuestos de revocación o clausura. Los controles preventivos se rigen por las normas de derecho interno y europeo de la competencia. Los ciudadanos pueden exigir, en vía administrativa o contencioso-administrativa, la vigilancia y cumplimiento de la ordenanza.
Art. 30Creación de servicios públicosCada servicio público local se crea y regula por ordenanza, y su prestación se inicia al entrar esta en vigor. Solo se excluyen las actuaciones esporádicas o discontinuas (talleres, cursos, jornadas o actividades singulares de cultura, deporte, enseñanza, turismo y similares); si procede exigir precios públicos, son preceptivos los acuerdos de imposición y ordenación. La ordenanza determina al menos: prestaciones, financiación, modalidades de gestión y sanciones al prestador, estándares de calidad, derechos y deberes de los usuarios e inspección. Todo ciudadano puede exigir su prestación.
Art. 31Servicios públicos básicosLos servicios públicos básicos son los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía. En todo caso tienen esa consideración los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Art. 32Servicios públicos reservadosSe reservan a los municipios los servicios públicos básicos del artículo 92.2.d) del Estatuto; por ley cabe reservar otras actividades y servicios. La reserva habilita para prestarlos en monopolio, que acuerda el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de miembros, previo expediente con memoria justificativa, información pública y audiencia a los directamente afectados e informe provincial, obstativo si la reserva afecta de forma relevante al interés económico supramunicipal. Por ordenanza puede declararse obligatoria la recepción y uso de los servicios reservados.
Art. 33Modalidades de prestación en régimen de servicio públicoLos servicios públicos locales se gestionan de forma directa (por la entidad o sus entes vinculados o dependientes) o indirecta, mediante modalidades contractuales de colaboración. Modalidades directas: propia entidad, agencia pública administrativa, agencia pública empresarial, agencia especial, sociedad mercantil, sociedad interlocal y fundación pública local. Los servicios con ejercicio de autoridad no pueden prestarse por contrato, sociedad mercantil local o interlocal ni fundación. Constituir las entidades de las letras b a g exige memoria de ventajas con estudio económico financiero.
Art. 34Agencia pública administrativa localLas agencias administrativas locales son entidades públicas regidas por el Derecho Administrativo. Realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia local, salvo las potestades expropiatorias. No pueden crearse para ejercer actividades económicas en régimen de mercado. Su régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad es el de las entidades locales. Tienen las potestades que sus estatutos les atribuyan de manera expresa y un consejo rector.
Art. 35Agencia pública empresarial localLas agencias empresariales locales son entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestionan servicios o producen bienes de interés público susceptibles de contraprestación. No pueden crearse para actividades administrativas. Se rigen por el Derecho Privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas atribuidas expresamente en sus estatutos y lo regulado en la legislación de haciendas locales, sus estatutos y demás disposiciones generales. Las rige un consejo de administración.
Art. 36Agencia local en régimen especialLas agencias locales en régimen especial son entidades públicas que asumen actividades propias de las agencias administrativas y empresariales locales, siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad y requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por el Derecho Privado, con excepciones. Actúan conforme a un plan de acción anual y a un contrato plurianual de gestión, que aprueba el pleno de la entidad local. Una comisión de control, regulada en los estatutos, informa sobre la ejecución del contrato de gestión.
Art. 37Disposiciones comunes a las agencias localesLa creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas administrativas locales, de las agencias públicas empresariales locales y de las agencias especiales corresponde al pleno de la entidad local, que deberá aprobar sus estatutos. Los estatutos han de aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo. Su contenido mínimo es: denominación, funciones y competencias, con expresa indicación de las potestades atribuidas, y determinación de los máximos órganos de dirección del organismo.
Art. 38Sociedad mercantil localLas sociedades mercantiles locales tienen por objeto realizar actividades o gestionar servicios de competencia de la entidad local. Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias sujetas a la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una forma de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital es íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local. El pleno aprueba los estatutos y se constituye como junta general; se publican antes de funcionar.
Art. 39Sociedad interlocalLas entidades locales pueden crear sociedades interlocales, o participar en ellas, para prestar conjuntamente actividades y servicios de su competencia. Esa prestación se considera gestión propia si se cumplen cinco requisitos: capital exclusivo público local, con prohibición expresa de capital privado; control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios; acuerdos por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la componen; no tener encomendadas actividades de mercado; y prestar su actividad solo en el territorio de las entidades locales que la crean.
Art. 40Fundación pública localEs fundación pública local aquella en la que concurra alguna de estas circunstancias. Primera: aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, o patrimonio fundacional formado, con carácter de permanencia, en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por ellas. Segunda: representación mayoritaria de la entidad local, que existe cuando nombra, directamente o a través de sus entidades o empresas, a más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia.
Art. 41Creación, modificación y extinción de la fundación pública localRequieren acuerdo previo del pleno de la entidad: la creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria y la modificación de sus fines fundacionales. Ese acuerdo determina las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y designa a la persona que ha de actuar por la entidad en el acto de constitución y, en su caso, a su representación en el patronato.
Art. 42Régimen jurídico de la fundación pública localLas fundaciones públicas locales no pueden ejercer potestades públicas. Solo pueden realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras y deben contribuir a la consecución de sus fines, sin asumir la titularidad de las competencias de estas. En todo caso, las entidades locales designan a la mayoría de los miembros del patronato. En lo no regulado específicamente en el capítulo se rigen, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de aplicación.
Art. 43La empresa mixta de colaboración pública-privadaLos entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general constituyendo empresas mixtas o participando en ellas. La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local. En todo caso, su proceso de constitución debe asegurar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado se sujeta a los procedimientos de concurrencia aplicables según la legislación de contratos del sector público.
Art. 44Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés económico generalLas empresas a las que las administraciones locales hayan atribuido la gestión de servicios de interés económico general o concedido derechos especiales o exclusivos quedan sujetas a obligaciones de transparencia cuando realicen además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público. Deben llevar cuentas separadas e informar sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los métodos de asignación empleados, en los términos de la legislación estatal y del Derecho europeo.
Art. 45Iniciativa económica localLas entidades locales andaluzas pueden ejercer la iniciativa pública para desarrollar actividades económicas, en los términos del artículo 128.2 de la Constitución Española, en el marco de sus políticas propias y en régimen de libre concurrencia. Para ejercer actividades económicas en ese régimen hace falta un acuerdo de la entidad local adoptado por mayoría.
Art. 46Empresa pública localPara ejercer actividades económicas, las entidades locales adoptarán preferentemente la forma de empresa pública local. Lo es cualquier sociedad mercantil con limitación de responsabilidad en la que los entes locales ostenten, directa o indirectamente, una posición dominante por la propiedad, la participación financiera o las normas que la rigen. Su objeto son actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, bajo el principio de la libre competencia. En ningún caso podrán ejercer potestades públicas.
Art. 47Creación de la empresa pública localCrear una empresa pública local exige autorización del pleno por acuerdo adoptado por mayoría, previo expediente que acredite la conveniencia y oportunidad. El acuerdo se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y recoge como mínimo: denominación, forma jurídica, actividades del objeto social, facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles, participación local en el capital, líneas básicas de organización y adscripción. Incorpora y aprueba el proyecto de estatutos y el plan inicial de actuación. Los estatutos se aprueban y publican antes de la entrada en funcionamiento.
Art. 48Régimen jurídicoLa empresa pública local se rige por el ordenamiento jurídico privado, cualquiera que sea su forma jurídica, salvo en las materias en que se aplique la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación. Los estatutos determinan el funcionamiento del consejo de administración y de los restantes órganos de dirección. El personal se rige por el Derecho Laboral; el nombramiento del no directivo va precedido de convocatoria pública y procesos selectivos basados en igualdad, mérito y capacidad.
Art. 49Transparencia de las relaciones financierasLas empresas públicas locales deben suministrar información a la administración local de la que dependan, en los plazos que establezcan sus estatutos, sobre la recepción de fondos enviados por las distintas administraciones públicas, para garantizar la transparencia de las relaciones financieras. Además, en la memoria anual deben incluir información específica sobre la puesta a disposición de fondos por las administraciones públicas, directa o indirectamente, los objetivos perseguidos y su utilización efectiva.
Art. 50Concepto del patrimonio localEl patrimonio local es el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier título, pertenezcan a las entidades locales, orientado en su totalidad a la consecución de sus fines. Lo gestiona la propia entidad o entidades de ella dependientes, bajo su responsabilidad directa, salvo los elementos adscritos a los fines de las entidades de cooperación en que estén integradas. Según el uso o servicio destinado, se clasifican en demaniales y patrimoniales. Los bienes comunales, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, tienen la consideración de dominio público.
Art. 51Presunción de patrimonialidad de bienes y derechos en su adquisiciónLos bienes y derechos de las entidades locales se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales. Esa regla no impide que después se afecten al uso o servicio de interés general: el artículo deja a salvo expresamente su posterior afectación.
Art. 52Reglas generales sobre la disposición del patrimonioLos bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De los patrimoniales, las entidades locales de Andalucía pueden disponer mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y sin necesidad de autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe. Para imponer cargas o gravámenes sobre bienes o derechos patrimoniales se exigen los requisitos de su enajenación.
Art. 53Libertad de pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimonialesLos contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. Para la consecución del interés público, las entidades locales pueden concertar las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, con una condición: que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.
Art. 54Publicidad de la actividad local y garantíasLos ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas deben publicar en su sede electrónica o, en su defecto, en la de la respectiva diputación provincial, en cinco días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales sobre catorce materias (urbanismo, vivienda, servicios, presupuesto, personal, contratación, medio ambiente…). Lo publicado goza de garantías de integridad, veracidad y actualización. Los actos de otras administraciones u órganos judiciales que deban publicar van también en sede electrónica.
Art. 55Información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades localesLas entidades locales y sus organismos y entidades dependientes o vinculados trasladan a la Administración de la Junta de Andalucía la información de sus disposiciones y actos en el plazo, forma y por los medios de comunicación telemática, y conforme a los estándares de interoperabilidad establecidos por la Comunidad Autónoma. Esta puede recabar información complementaria para ampliar la recibida o cuando, conociendo alguna actuación local, no se le hubiese remitido en plazo. Las entidades locales pueden requerirle información sobre los actos que afecten al ejercicio de la competencia local.
Art. 56Impugnación de disposiciones y actosConforme a la legislación básica del Estado, la Junta de Andalucía puede someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, menoscaban sus competencias, interfieren su ejercicio o las exceden. Antes de ejercer la acción procesal puede requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto y, en su caso, suspenda su eficacia. Las entidades locales pueden impugnar las actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local.
Art. 57Consejo Andaluz de Gobiernos LocalesSe crea el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, órgano de representación de municipios y provincias ante las instituciones de la Junta, con autonomía orgánica y funcional y reglamento interno propio. Conoce con carácter previo anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales que afecten a competencias locales propias e informa sin carácter vinculante. Sus informes se aprueban por mayoría simple de los asistentes. Lo componen la representación local en el Consejo Andaluz de Concertación Local más cinco cargos electos locales; la presidencia se elige por mayoría absoluta.
Art. 58Coordinación administrativaLa Comunidad Autónoma puede ejercer facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales, especialmente las de cooperación, en cuatro supuestos: que la actividad o servicio trascienda los intereses propios locales, incida o condicione de forma relevante los intereses autonómicos, sea concurrente o complementario de los autonómicos, o haya delegación de competencias autonómicas. Se realiza a través de planes sectoriales e intersectoriales, no puede afectar en ningún caso a la autonomía local y busca la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta.
Art. 59Planes sectorialesLas leyes sectoriales autonómicas pueden facultar al Consejo de Gobierno para coordinar, mediante planes sectoriales de coordinación, el ejercicio de las competencias propias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de la Comunidad Autónoma. Dos requisitos: que sea necesario para asegurar la coherencia de actuación de las administraciones y que ese fin no pueda alcanzarse por la cooperación voluntaria o esta resulte manifiestamente inadecuada. Las entidades locales programan, planifican u ordenan dentro de esos planes; la ley sectorial debe precisar condiciones y límites.
Art. 60FinesLa cooperación territorial se orienta a ocho fines: propiciar un modelo territorial de desarrollo sostenible y cohesión económica, social y territorial; adecuar el gobierno del territorio a la realidad espacial y funcional; mejorar la calidad y gestión de servicios, equipamientos e infraestructuras básicas; garantizar las condiciones básicas de gobierno y gestión de las entidades intermunicipales; dotar a las entidades de mayor capacidad legal, técnica y financiera; favorecer proyectos comunes competitivos y la calidad de vida, y crear mecanismos de defensa de intereses comunes ante terceros.
Art. 61Principios de la cooperación territorialLa cooperación territorial en Andalucía se rige por siete principios generales: autonomía local, descentralización, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad. No pueden coexistir dos o más entidades de cooperación sobre un mismo territorio cuando coincidan en un mismo objeto; en ese supuesto, el expediente de creación de la nueva entidad debe incluir, en todo caso, la fórmula y el procedimiento de absorción de la entidad preexistente.
Art. 62TipologíaLa cooperación territorial se lleva a cabo a través de entidades e instrumentos. Son entidades de cooperación territorial las mancomunidades de municipios, los consorcios y cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica. Son instrumentos los convenios de cooperación, las redes de cooperación y cualquier otra modalidad que no dé lugar a un ente con personalidad jurídica. En ambas cláusulas abiertas la modalidad debe ajustarse a los fines y principios de la ley.
Art. 63Definición y objetoLos municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo mancomunidades, para la planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados de competencia propia. El objeto de la mancomunidad debe ser determinado y no puede comprender el ejercicio de la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos municipios.
Art. 64Ámbito territorial de las mancomunidadesEl ámbito territorial de la mancomunidad es el de sus municipios. No es indispensable que pertenezcan a la misma provincia ni que haya continuidad territorial, si esta no la requiere la naturaleza de los fines. Constituir mancomunidades con municipios de otras comunidades autónomas exige la aprobación del Consejo de Gobierno de Andalucía y cumplir la legislación de aquellas. Una mancomunidad andaluza puede prestar servicios provisionalmente a municipios de otra comunidad que lo soliciten, también con aprobación del Consejo de Gobierno y los requisitos o autorizaciones de esa comunidad.
Art. 65Personalidad y régimen jurídicoLas mancomunidades legalmente constituidas tienen la condición de entidad local de cooperación territorial, con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos. Su régimen jurídico es el establecido en sus propios estatutos, que deben respetar, en todo caso, la ley y las normas que la desarrollen. Sus potestades son las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus fines y deben contenerse de forma expresa en los estatutos.
Art. 66Contenido de los estatutosLos estatutos de las mancomunidades fijan su régimen orgánico y de funcionamiento y contienen, como mínimo, dieciséis determinaciones: denominación y sede; municipios; objeto, fines, potestades, servicios y obras; órgano de representación municipal; órganos de gobierno y administración y sus normas; recursos económicos, con aportaciones municipales proporcionales; período mínimo de permanencia, nunca superior a cuatro años; duración; modificación de estatutos; incorporación y separación; disolución y liquidación; derechos y obligaciones; régimen indemnizatorio, y bienes cedidos en uso.
Art. 67Garantía de representatividad municipal en las mancomunidadesSin perjuicio de la autonomía local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, sus atribuciones y régimen de funcionamiento, los estatutos deben garantizar que la composición del órgano de representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta. Los representantes en ese órgano se designan, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales.
Art. 68Iniciativa para la constitución de las mancomunidadesEl acuerdo inicial para la constitución de una mancomunidad debe ser adoptado por cada uno de los municipios interesados. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los plenos de cada uno de los ayuntamientos promotores.
Art. 69Aprobación inicial de los estatutosEl proyecto de estatutos lo redactan los concejales de los municipios promotores constituidos en asamblea, o una comisión designada por la asamblea de entre las personas representantes de cada municipio. La asamblea fija el régimen de funcionamiento y el calendario de trabajo. La presidencia y la secretaría de la asamblea las desempeñan las personas titulares de la alcaldía y la secretaría del ayuntamiento del municipio en que se celebren las sesiones. Redactado el proyecto, la asamblea lo aprueba inicialmente con el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.
Art. 70Información pública e informesEl proyecto de estatutos se somete a información pública por plazo mínimo de un mes, mediante publicación en los tablones de edictos de cada municipio interesado, en la correspondiente sede electrónica de titularidad municipal y provincial y en los boletines oficiales de las provincias en que radiquen. Además, se remite a las diputaciones provinciales afectadas para que lo informen en dos meses; transcurrido ese plazo sin que se hayan notificado los informes, el trámite se entiende cumplimentado y el procedimiento continúa.
Art. 71Aprobación de los estatutosUna vez recogidas, en su caso, las observaciones, sugerencias y alegaciones, la asamblea aprueba provisionalmente el proyecto de estatutos y lo remite, junto con todo lo actuado, a los diferentes municipios para su aprobación definitiva. Esta requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los distintos plenos municipales.
Art. 72Ratificación de acuerdosAprobados definitivamente los estatutos, los ayuntamientos remiten en el plazo de diez días certificación del acuerdo a la asamblea de concejales o, en su caso, a la comisión prevista en el artículo 69.1, que los ratificará en un acto único. La asamblea remite a la consejería competente sobre régimen local un ejemplar de los estatutos, por cualquier medio que permita garantizar su autenticidad, así como copia del expediente administrativo completo.
Art. 73Publicidad de las mancomunidadesLa asamblea remite al BOJA, en el plazo de tres días, el acuerdo junto con los estatutos de la mancomunidad. La publicación es constitutiva: determina el nacimiento de la mancomunidad, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro Andaluz de Entidades Locales. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de los estatutos deben constituirse los órganos de gobierno y comenzar su normal funcionamiento. La Administración de la Junta de Andalucía comunica la constitución a la Administración General del Estado.
Art. 74Modificación de los estatutosLa modificación se rige por los propios estatutos, respetando en todo caso la ley. La iniciativa puede partir de cualquiera de los municipios mancomunados o del órgano de gobierno de la mancomunidad; la aprobación corresponde, en todo caso, al órgano de representación municipal. Son trámites obligatorios la información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que informen en plazo no inferior a un mes. El acuerdo se remite al BOJA y se comunica a la consejería competente sobre régimen local para su registro, que lo comunica al Estado.
Art. 75Adhesión de municipiosConstituida la mancomunidad, los municipios que lo deseen pueden adherirse voluntariamente, con sujeción al procedimiento que determinen los estatutos. En todo caso, el pleno del ayuntamiento que pretende adherirse debe aprobar la adhesión y los estatutos por mayoría absoluta de su número legal de miembros, y hacen falta información pública e informe de la diputación o diputaciones provinciales interesadas. Adoptado el acuerdo de adhesión por la mancomunidad, se remite al BOJA y se comunica a la consejería competente sobre régimen local, que lo comunica a la Administración General del Estado.
Art. 76Separación de municipios mancomunadosNingún municipio puede separarse si, transcurrido el período mínimo de permanencia, mantiene deudas con la mancomunidad: con la solicitud debe liquidarlas, abonar la parte del pasivo que le sea proporcionalmente imputable y pagar los gastos de la separación. El órgano de representación municipal puede decidir, previa audiencia y por mayoría de dos tercios de sus componentes, la separación del municipio que incumpla gravemente sus obligaciones. Si quedan deudas, la mancomunidad, previo acuerdo de ese órgano, puede pedir a la Junta de Andalucía la retención de cantidades por igual importe.
Art. 77Disolución de mancomunidadesLa disolución se ajusta al régimen de los propios estatutos, que deben respetar en todo caso la ley. La mancomunidad disuelta mantiene su capacidad jurídica hasta que el órgano de gobierno colegiado apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio. El acuerdo de disolución se comunica a la consejería competente sobre régimen local, que lo traslada a la Administración General del Estado. La asamblea remite el acuerdo al BOJA para su publicación, y la extinción de la mancomunidad se produce con la publicación.
Art. 78Definición y composición de los consorciosEl consorcio es entidad pública voluntaria y asociativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés común, sometida al Derecho Administrativo. Las entidades locales pueden formarlo con las de distinto nivel territorial, con otras administraciones o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Los participados mayoritariamente por entidades locales y con fines de interés local se consideran entidades locales de cooperación territorial. Sus potestades, las estrictamente necesarias, constan expresamente en los estatutos.
Art. 79Estatutos de los consorciosLos estatutos fijan el régimen de funcionamiento del consorcio y contienen, como mínimo, once extremos: denominación y sede; entes que lo integran; objeto y fines; órganos de gobierno; normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de gerencia, en su caso; régimen financiero, presupuestario y contable; duración; procedimiento de incorporación y separación de miembros; procedimiento de modificación de los estatutos; causas, procedimiento de disolución y normas de liquidación; y régimen jurídico de los bienes cedidos en uso por los municipios que se separen.
Art. 80Procedimiento de constitución de los consorcios y aprobación de sus estatutosLas entidades que quieran consorciarse aprueban un convenio fundacional, al que pueden incorporar como anexo un proyecto de estatutos; si no, se redacta en la forma que el convenio determine. Los órganos plenarios de las entidades locales autorizan la suscripción del convenio y aprueban los estatutos por mayoría absoluta de su número legal de miembros. El proyecto de estatutos se somete a información pública por plazo mínimo de un mes y se remite a las diputaciones provinciales afectadas que no sean parte del convenio, para que informen en un mes. Su publicación en el BOJA es constitutiva.
Art. 81Órganos de gobierno de los consorciosLos órganos de gobierno del consorcio se integran por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción estatutaria y sin que ninguno de ellos ostente mayoría absoluta. Si junto con entidades locales participa la Administración de la Junta de Andalucía (mediante sus consejerías, agencias o empresas públicas dependientes) aportando medios materiales o financieros, el órgano de gobierno debe integrar un número de miembros de la Comunidad Autónoma que garantice la proporcionalidad de su aportación económica, sin suponer la mayoría absoluta del total de miembros del órgano.
Art. 82Modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del consorcioPara la modificación de los estatutos del consorcio, la adhesión y separación de sus miembros, la disolución y la liquidación se aplica lo dispuesto en la propia ley para las mancomunidades, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la naturaleza de los distintos entes consorciados.
Art. 83Convenios de cooperaciónMunicipios, provincias y entidades de cooperación territorial pueden celebrar convenios entre sí o con la Comunidad Autónoma para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias. El instrumento de formalización especifica ocho extremos, como la competencia que ejerce cada administración, la financiación y el plazo de vigencia. Cada convenio lleva memoria con antecedentes, razones de oportunidad y objetivos. Puede prever el traspaso de personal, sin ingreso en la función pública de otra administración. Aprobado, se remite copia a la consejería competente sobre régimen local.
Art. 84Redes de cooperación territorialLa cooperación territorial puede desarrollarse también mediante redes de ámbito inferior o igual al autonómico, nacional o internacional. Pueden integrarlas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que persigan fines de interés general local, y sus miembros pueden crear entidades con personalidad jurídica. Las redes de ciudades son el nivel básico y preferente. Las de ámbito andaluz deben promover estructuras flexibles, no jerarquizadas y basadas en la adopción consensuada de decisiones. Constituida la red, se da cuenta a la consejería competente sobre régimen local.
Art. 85Órganos paritarios de colaboraciónEl órgano supremo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales es el Consejo Andaluz de Concertación Local, cuyas atribuciones, composición y funcionamiento regula su propia ley de creación. Otros órganos de colaboración se crean por ley, que determina en todos los casos las funciones atribuidas, el ámbito material y territorial de actuación, la composición y el funcionamiento. Los órganos paritarios de colaboración tienen carácter deliberante o consultivo. Todo ello sin perjuicio de los órganos específicos que puedan establecer los planes sectoriales de coordinación.
Art. 86De los recursos de las haciendas de las entidades locales de cooperaciónLa hacienda de las entidades locales de cooperación territorial se integra por: ingresos de su patrimonio y demás de Derecho Privado; tasas, contribuciones especiales y precios públicos; subvenciones; producto de operaciones de crédito; producto de multas y sanciones; transferencias, en su caso, de otras administraciones; aportaciones de los municipios integrantes, en su caso; y cualquier otro ingreso de Derecho Público. Los recursos concretos son los previstos en sus estatutos o leyes de creación. Su régimen financiero no altera el de los municipios u otras entidades locales que las integran.
Art. 87De las aportaciones de los municipios integrantes de las entidades locales de cooperaciónLas aportaciones municipales garantizan la distribución proporcional de las cargas. Parámetros: número de habitantes, aprovechamiento de los servicios, participación en los tributos e ingresos del Estado y votos en el máximo órgano de gobierno. Las determina anualmente el máximo órgano colegiado de gobierno, previa consulta a los municipios, que las consignan en sus presupuestos. Transcurrido el plazo de ingreso, la entidad puede solicitar a la Junta de Andalucía la deducción de las entregas mensuales, con audiencia a los afectados. Cabe impugnar los presupuestos que no prevean la partida.
Art. 88Cooperación en materia de ingresos de Derecho PúblicoLa Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma y las entidades locales de cooperación reguladas en la ley pueden colaborar en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público de esas entidades, sin perjuicio de la colaboración con otras administraciones públicas.
Art. 89Concepto de término municipalEl término municipal es el espacio físico en el que el municipio puede ejercer válidamente sus competencias; ciertas competencias y actividades pueden desarrollarse fuera cuando sea adecuado a su naturaleza y conforme a los instrumentos jurídicos que se adopten. Abarca suelo, vuelo y subsuelo, pero sus modificaciones y dimensiones se refieren al plano superficial: no valen las alteraciones o intrusiones en el vuelo o subsuelo de forma autónoma al suelo. No lo menoscaban las competencias o derechos de otras personas dentro de él. Es continuo y no puede exceder del territorio de una provincia.
Art. 90La delimitación de los términos municipalesLa demarcación municipal es la actuación administrativa tendente a determinar la extensión y límites de las entidades locales territoriales, como elementos sustanciales de las mismas y definidores del ámbito espacial donde ejercen sus competencias, así como su capitalidad. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por acuerdo adoptado mediante decreto. El deslinde es la actuación de comprobación y ejecución de la demarcación municipal y en ningún caso puede implicar modificación de términos municipales.
Art. 91Modificaciones de los términos municipalesLos términos municipales pueden modificarse por segregación, fusión, agregación, incorporación y aumento o disminución de su cabida debido a dinámicas de la naturaleza. Con ellas, o combinándolas, cabe crear y suprimir municipios o solo alterar sus límites. La competencia corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía, previa instrucción del procedimiento, que en todo caso precisa informe técnico de la Dirección General del Instituto de Cartografía de Andalucía. La modificación se inscribe en el Registro Andaluz de Entidades Locales y se remite al Registro Estatal para su inscripción.
Art. 92La fusión de municipiosLa fusión es la creación de un municipio nuevo por la unión de dos o más preexistentes y limítrofes de la misma provincia, que se suprimen. Podrá acordarse cuando se dé alguna de estas circunstancias: a) falta de recursos para prestar, cada uno por sí o asociados, los servicios mínimos impuestos por la ley; b) confusión de sus núcleos de población por el desarrollo de sus edificaciones y demás espacios urbanos; c) condiciones geográficas, económicas, demográficas, administrativas o cualesquiera otras que la hagan necesaria o conveniente.
Art. 93La segregación de términos municipalesSegregar es separar parte del territorio de un término municipal para crear un municipio distinto o para agregarla a otro preexistente, limítrofe y de la misma provincia (sin crear ni suprimir municipios). Crear un municipio por segregación es excepcional, solo sobre núcleos de población, y exige la conformidad expresa del pleno del municipio que la sufre, por mayoría absoluta, más las circunstancias a) a g). La segregación-agregación no puede privar de recursos para los servicios básicos ni reducir servicios; cabe compensación territorial o, si no, económica, y solo procede en tres casos.
Art. 94La incorporación de municipiosLa incorporación es la anexión a un municipio de la totalidad del término municipal de otro u otros limítrofes, que se suprimen. Podrá acordarse por alguna o algunas de estas circunstancias: a) insuficiencia de medios para los servicios públicos obligatorios exigidos por la ley; b) descenso acusado y progresivo de la población de derecho o su total desaparición, que haga técnicamente desaconsejable prestarlos; c) incapacidad sobrevenida, total o sustancial, del territorio para sustentar edificaciones de uso residencial, por grandes obras, alteraciones geológicas o causas análogas.
Art. 95IniciativaLos procedimientos de creación y supresión de municipios o de alteración de sus términos pueden iniciarlos: uno, varios o todos los ayuntamientos afectados, por acuerdo de la mayoría absoluta del número legal de miembros; la diputación provincial de la provincia en que radiquen; o la consejería competente sobre régimen local. Si lo promueven varios ayuntamientos, se constituye una comisión mixta de representantes de estos para la formulación única de pareceres. No puede iniciarse un procedimiento si no han pasado cinco años desde que la Junta de Andalucía desestimó otro sustancialmente igual.
Art. 96Formación del expedienteTodo expediente de modificación de términos lleva: a) memoria detallada de las circunstancias exigidas y demás motivos; b) cartografía de la delimitación actual y la pretendida; c) informe económico sobre su posibilidad y conveniencia. Si la segregación constituye un nuevo municipio se añaden tres propuestas: nombre y núcleo de la capitalidad si tuviese más de uno; régimen especial de protección de acreedores; y atribución de bienes, créditos, derechos y obligaciones, usos públicos y aprovechamientos comunales, con bases para cuestiones futuras. En la fusión figura también la del apartado 2 a.
Art. 97De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de iniciativa municipalRecibida la iniciativa, la consejería competente sobre régimen local comprueba si surge de todos los municipios afectados o de parte. Antes de cualquier otro trámite da audiencia por cuatro meses a los que no participaron; el que no se pronuncie expresamente muestra su conformidad. Siguen: información pública de un mes (boletines de la Junta y de la provincia, tablones y sedes electrónicas), dictámenes que estime convenientes, parecer sucesivo de la diputación provincial y del Consejo Andaluz de Concertación Local en tres meses y remisión al Consejo Consultivo, informando a la vez al Estado.
Art. 98De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos iniciados por la consejería competente sobre régimen local o por la diputación provincialSi la iniciativa es de la consejería competente sobre régimen local o de la diputación provincial, se comunica a los municipios afectados para que se pronuncien en cuatro meses; el que no lo haga expresamente muestra su conformidad. La consejería somete iniciativa y acuerdos municipales a información pública por un mes y decide si continúa el expediente. Si continúa, recaba los dictámenes que estime convenientes, solicita el parecer del Consejo Andaluz de Concertación Local (tres meses) y somete lo actuado a dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, informando a la vez al Estado.
Art. 99Resolución del procedimientoTodos los expedientes de creación o supresión de municipios, y también los de alteración de términos municipales, se resuelven por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente sobre régimen local.
Art. 100Gobierno de los municipios en caso de segregaciónCreado un municipio por segregación, los que la experimentan conservan su número de concejalías hasta constituirse los nuevos ayuntamientos. El nuevo se rige provisionalmente por una comisión gestora con las vocalías que le correspondan de concejalías por la legislación electoral; la designa la diputación provincial según las últimas elecciones municipales en las mesas de lo segregado, a propuesta de partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. La comisión designa su presidencia entre sus miembros; si lo segregado era entidad local autónoma, preside quien la presidía.
Art. 101Gobierno de los municipios creados por fusiónAl crearse un municipio por fusión de dos o más limítrofes cesan todas las personas titulares de alcaldías y concejalías, y la diputación provincial designa de entre ellas una comisión gestora con tantas vocalías como concejalías correspondan a la población total resultante. Se designa a las personas titulares de concejalías con mayores cocientes, tras sumar los votos de todas las candidaturas presentadas en los municipios fusionados en las últimas elecciones municipales y dividir esas sumas, conforme a la Ley Orgánica 5/1985, tantas veces como puestos de concejalías tenga el nuevo municipio.
Art. 102Gobierno de los municipios en caso de mera alteración de términos municipalesLas alteraciones de términos municipales no suponen en ningún caso modificaciones en el número de concejalías de los respectivos ayuntamientos hasta la celebración de las próximas elecciones municipales, aunque hayan producido cambios en la población de los municipios afectados.
Art. 103Estatuto de las personas integrantes de la comisión gestoraLas personas titulares de la presidencia y de las vocalías de las comisiones gestoras tienen los mismos derechos y obligaciones que la legislación de régimen local establece, respectivamente, para las personas titulares de la alcaldía y de las concejalías: la presidencia se equipara a la alcaldía y las vocalías a las concejalías.
Art. 104Administración interinaEn todos los supuestos de creación de un nuevo municipio, y hasta tanto esté constituida su comisión gestora, la diputación provincial garantiza la prestación de los servicios públicos obligatorios a la población y actúa en su representación en cuantos asuntos sean de inaplazable gestión. Los promotores de la iniciativa están facultados para formular propuestas y colaborar con la diputación provincial en esas funciones provisionales.
Art. 105Concepto de capitalidadLa capitalidad de las entidades locales es la cualidad de los núcleos de población en que esas entidades tienen radicados de forma permanente sus órganos de gobierno y administración, y así viene especificado en las correspondientes inscripciones de los registros oficiales de entidades locales, el estatal y el autonómico.
Art. 106Causas de la alteración de la capitalidadEl cambio de capitalidad solo puede fundarse en alguna o algunas de estas cuatro circunstancias: a) desaparición, por cualquier causa, del núcleo de población donde estuviese establecida la capital; b) mayor accesibilidad del núcleo de población propuesto; c) mayor número de vecinos con residencia habitual en el núcleo propuesto; d) razones de índole histórica.
Art. 107Cambio de denominaciónEl cambio de denominación de un municipio sigue tres reglas: a) la denominación propuesta no puede ser idéntica a otra existente en el territorio nacional ni inducir a error en la organización de los servicios públicos; b) será en castellano, siendo de especial consideración la toponimia histórica del lugar; c) debe ser compatible con los principios y valores constitucionales y no implicar lesión a los derechos fundamentales. Además, los municipios no pueden usar nombres que no hayan sido debidamente autorizados.
Art. 108Procedimiento de cambio de nombre y de capitalidadEl nombre y la capitalidad de los municipios pueden alterarse por un procedimiento que en todo caso requiere: acuerdo del ayuntamiento, adoptado por el pleno con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros; información pública por treinta días; informe del Consejo Andaluz de Concertación Local; y aprobación por resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La resolución se publica en los boletines oficiales de la provincia y de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, y la modificación se inscribe en los registros de entidades locales estatal y andaluz.
Art. 109Organización territorial del municipioEl municipio, en ejercicio de su potestad de autoorganización y como manifestación de su plena autonomía política, puede organizar espacialmente el término municipal, o parte de él, en circunscripciones territoriales, con la finalidad de acercar la acción administrativa a la población, facilitar la participación ciudadana y dotar de mayor eficacia a la prestación de servicios. Las circunscripciones pueden ser desconcentradas (distritos, barrios, aldeas, pedanías u otras denominaciones análogas) o descentralizadas (entidades vecinales o entidades locales autónomas).
Art. 110Principios de la organización territorial del municipioLa organización territorial del término municipal está presidida por el principio de racionalidad y economía administrativa. Valora fundamentalmente seis criterios: volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más significativas y existencia de intereses peculiares de cada zona. En todo caso vela por la solidaridad del conjunto de la comunidad vecinal y por el acceso en igualdad a los servicios públicos de todos los vecinos y vecinas, con independencia de su lugar de residencia.
Art. 111Órganos de gestión desconcentradaLas circunscripciones territoriales desconcentradas no tienen personalidad jurídica. Las crea, modifica o suprime el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta. El acuerdo de creación fija el órgano u órganos de representación del gobierno municipal, su composición, la designación de sus titulares y su vinculación con el ayuntamiento, las competencias administrativas atribuidas (ejercidas por delegación y sujetas al Derecho Administrativo) y la estructura administrativa, modificable después. Siempre se asegura la unidad de gobierno y gestión del municipio.
Art. 112Las entidades de gestión descentralizadaCuando uno o varios núcleos de población separados del de la capitalidad del municipio tengan características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas comunes que revelen de forma notoria unos intereses colectivos peculiares que hagan conveniente una gestión diferenciada, el ayuntamiento podrá constituir una entidad descentralizada. Esta solo ejerce las competencias municipales fijadas en el instrumento de creación o en sus modificaciones, sin perjuicio de la unidad de gobierno municipal y de la representación general de los órganos municipales.
Art. 113Tipología de entidades descentralizadasLas entidades de gestión descentralizada tienen en todo caso personalidad jurídica y se sujetan al Derecho Administrativo. Pueden ser entidad vecinal o entidad local autónoma, según el alcance de la descentralización. Las entidades vecinales gestionan servicios locales de interés general y ejecutan obras de competencia municipal que asumen por delegación del ayuntamiento. Las entidades locales autónomas se crean para el gobierno y administración de sus propios intereses diferenciados de los generales del municipio, con competencias propias y las que el ayuntamiento les transfiera.
Art. 114Iniciativa para la creación de entidades descentralizadasLa iniciativa para constituir entidades vecinales y entidades locales autónomas corresponde al superior órgano colegiado ejecutivo del ayuntamiento, a cualquiera de los grupos políticos municipales o a la población interesada; en este caso hace falta petición escrita de la mayoría absoluta de los vecinos del territorio base de la entidad con derecho a voto en las elecciones locales. Se eleva al pleno, que la somete a consideración en la siguiente sesión ordinaria, salvo que no se presentara con quince días de antelación mínima. Aprobada la incoación, el pleno designa a una persona instructora.
Art. 115Instrucción del procedimiento de creación de entidades descentralizadasLa persona instructora practica los trámites oportunos hasta formular una memoria y una propuesta de resolución. La memoria analiza si se cumplen los requisitos legales y, en caso positivo, las causas que aconsejan o no la creación, ponderando al menos nueve factores (letras a a i). Memoria y propuesta se elevan al pleno en un máximo de cuatro meses desde el nombramiento. Si el pleno ve viable la creación, antes de deliberar somete el expediente a información pública por treinta días y lo remite a la diputación provincial y a la consejería competente sobre régimen local para informe.
Art. 116Aprobación de la creación de entidades descentralizadasCrear la entidad exige el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno; en otro caso se entiende rechazada. El instrumento de creación contiene el estatuto, con un contenido mínimo (letras a a i). Si es entidad local autónoma añade, entre otros, competencias propias y un sistema de financiación con vigencia general de cinco años, actualizado cada ejercicio. En un mes desde su aprobación se envía a la consejería competente sobre régimen local para publicarlo en el BOJA y, constituidos los órganos de gobierno, se inscribe en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Art. 117Organización y funcionamiento de las entidades vecinalesLos estatutos de la entidad vecinal deben prever una junta vecinal, integrada por la vocalía-presidencia y las vocalías, que serán en todo caso impar. Tras las elecciones municipales, la Junta Electoral de Zona declara los votos y determina las vocalías de cada formación; sus representantes legales designan en cinco días a vocales y suplentes, y la Junta Electoral los proclama. El alcalde o alcaldesa nombra, de entre los vocales, a quien preside. Si la alcaldía insta la convocatoria y la vocalía-presidencia no convoca en quince días, puede hacerlo directamente la alcaldía.
Art. 118Personal de las entidades vecinalesEl personal de las entidades vecinales puede ser propio o del ayuntamiento; este se adscribe por el acuerdo de constitución o sus modificaciones. Las plantillas, relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo que apruebe la junta vecinal necesitan autorización previa del órgano competente del ayuntamiento. El personal propio puede ser funcionario o laboral. Si no hay plazas de habilitación de carácter estatal, secretaría e intervención corresponden a los titulares del ayuntamiento; la tesorería puede conferirse a un miembro de la junta vecinal o a una persona funcionaria de la entidad.
Art. 119Suficiencia financiera de las entidades vecinalesLos ayuntamientos garantizan a las entidades vecinales los recursos necesarios para el ejercicio de sus competencias y su funcionamiento. Para ello deben consignar en sus presupuestos la asignación adecuada en función de la población, los servicios y las necesidades de la entidad, teniendo en cuenta además lo establecido en sus estatutos, sin que en ningún caso se deriven de ello consecuencias dañosas para los intereses del conjunto del municipio.
Art. 120Presupuestos de las entidades vecinalesLas entidades vecinales elaboran y aprueban cada año un presupuesto único que comprende todos sus ingresos y gastos, con sujeción a las normas económico-financieras que rigen para las entidades locales, a cuyas normas deben adecuar también su contabilidad y sus actuaciones de tesorería. Los municipios pueden comprobar el destino dado a los fondos de su procedencia, el grado de utilización de los recursos tributarios propios de las entidades y el nivel de prestación de los servicios públicos que tengan asignados.
Art. 121Supresión de las entidades vecinalesLas entidades vecinales pueden suprimirse cuando desaparezcan las circunstancias de hecho que justificaron su creación, siempre que hayan pasado cinco años desde esta, o cuando sea manifiesto el sistemático incumplimiento de sus fines o su inviabilidad económica. La supresión sigue un procedimiento análogo al de creación. El acuerdo de supresión fija la sucesión administrativa de la plantilla y la forma y condiciones de liquidación de deudas y créditos; el municipio se hace cargo frente a terceros de todos los bienes, recursos y obligaciones de la entidad.
Art. 122Potestades y prerrogativas de las entidades locales autónomasLa entidad local autónoma tiene nueve potestades: autoorganización; reglamentación de los servicios; presunción de legalidad y ejecutividad de sus acuerdos; revisión de oficio; administración, investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; inembargabilidad; tributaria y financiera para tasas y contribuciones especiales; sancionadora y de ejecución forzosa; y prelaciones y preferencias de la Hacienda Pública. Sus acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de crédito y tesorería los ratifica el ayuntamiento, en sesión donde un representante de la entidad tiene voz.
Art. 123Competencias propias de las entidades locales autónomasLas entidades locales autónomas tienen competencias propias, como mínimo, en once materias: licencias de obras menores; pavimentación, conservación y reparación de vías urbanas; alumbrado público; limpieza viaria; ferias y fiestas locales; abastos; servicios funerarios; abastecimiento de agua en baja (distribución, almacenamiento intermedio y suministro hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias); alcantarillado; recogida de residuos y control de alimentos. Al ejercerlas se tendrán presentes, en todo caso, las debidas facultades de coordinación del municipio.
Art. 124Participación de las entidades locales autónomas en asuntos municipalesEl ayuntamiento promoverá la intervención de la entidad local autónoma en los asuntos municipales que, sin ser competencia de esta, afecten directa y específicamente a sus intereses, permitiéndole expresar su parecer. Para ello facilitará a los miembros de la junta vecinal el acceso a los procedimientos e instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten. Las juntas vecinales pueden proponer al órgano correspondiente del ayuntamiento o de sus entes instrumentales decisiones y actuaciones de competencia municipal de interés para su entidad.
Art. 125Órganos de gobierno de las entidades locales autónomasLos órganos de gobierno de la entidad local autónoma son la junta vecinal y la presidencia de la entidad local autónoma. No pueden recibir denominaciones que induzcan a confusión sobre su naturaleza: la mención de la titularidad de la presidencia irá seguida siempre de la expresión «de la entidad local autónoma» y no podrá denominarse alcalde o alcaldesa; tampoco se podrá denominar ayuntamiento a la junta vecinal ni concejales a sus vocales.
Art. 126La titularidad de la presidencia de las entidades locales autónomasLa presidencia de la entidad local autónoma se elige directamente por la vecindad con residencia habitual en su ámbito y derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. El empate se resuelve a favor del candidato de la formación más votada en las secciones del territorio vecinal y, si persiste, por sorteo. Preside y ejecuta los acuerdos de la junta vecinal, representa a la entidad y dirige de forma inmediata sus servicios. Cesa por siete causas (letras a a g del apartado 3). No se le aplica el régimen de moción de censura o cuestión de confianza.
Art. 127La junta vecinal de las entidades locales autónomasLa junta vecinal, compuesta por la presidencia y las vocalías, asume el gobierno y la administración general de la entidad local autónoma: controla y fiscaliza a la presidencia, determina los recursos tributarios propios, aprueba presupuestos, cuentas, plantilla y oferta de empleo, y ejerce acciones administrativas y judiciales. El número de vocales es en todo caso par: dos hasta 250 vecinos, cuatro de 251 a 2.000, seis de 2.001 a 5.000 y ocho si excede de 5.000, sin superar el tercio de las concejalías del ayuntamiento.
Art. 128Impugnación de actos y responsabilidad patrimonial de las entidades locales autónomasLas resoluciones y acuerdos de los órganos de la entidad local autónoma ponen fin a la vía administrativa, salvo que la ley requiera la aprobación posterior municipal o de otras administraciones públicas o que se adopten en ejercicio de competencias delegadas por el ayuntamiento, en cuyo caso podrán ser recurridas ante este. La entidad responde directamente de los daños y perjuicios causados a particulares por el funcionamiento de los servicios públicos o la actuación de sus órganos, personal funcionario o agentes, en los términos de la legislación general sobre responsabilidad administrativa.
Art. 129Personal de las entidades locales autónomasEl régimen jurídico aplicable a la entidad local autónoma en lo relativo al personal a su servicio es el previsto en la propia ley para las entidades vecinales. El artículo no contiene reglas propias sobre personal: se limita a remitir al régimen de las entidades vecinales.
Art. 130Recursos financieros de las entidades locales autónomasLa hacienda de la entidad local autónoma se compone de recursos propios (ingresos de su patrimonio y de Derecho Privado, tributos salvo impuestos, multas, subvenciones, operaciones de crédito, precios públicos y demás prestaciones de Derecho Público), de la participación en los tributos del municipio y de los procedentes del Fondo de Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma. El municipio consigna anualmente una asignación, que aprueba el pleno del ayuntamiento; su acuerdo puede impugnarlo la entidad ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Art. 131Presupuesto de las entidades locales autónomas
Art. 132Supresión de las entidades locales autónomasLas entidades locales autónomas pueden ser suprimidas en los mismos supuestos, por el mismo procedimiento y con los mismos requisitos previstos para las entidades vecinales. La competencia para suprimirlas es del respectivo ayuntamiento, oída la junta vecinal de la entidad.