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Crear cuenta gratisTítulo IDisposiciones generales
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- Art. 1Artículo 1Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos; institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de sus colectividades. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan de idéntica autonomía para gestionar sus intereses respectivos.
- Art. 2Artículo 2Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben asegurar a Municipios, Provincias e Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles competencias según la actividad pública y su capacidad de gestión, conforme a los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las Leyes básicas del Estado deben determinar las competencias locales en las materias que regulen.
- Art. 3Artículo 3El artículo 3 distingue dos grupos. Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Gozan también de la condición de Entidades Locales, sin ser territoriales, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a esta Ley y a sus Estatutos de Autonomía), las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.
- Art. 4Artículo 4Municipios, provincias e islas tienen en todo caso, en su esfera competencial: reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; ejecución forzosa y sancionadora; revisión de oficio; prerrogativas de la Hacienda Pública e inembargabilidad de sus bienes y derechos. A otras entidades locales, las que concreten las leyes autonómicas; a las mancomunidades, las de sus Estatutos o, en su defecto, todas las precisas.
- Art. 5Artículo 5Para cumplir sus fines y dentro de sus competencias, las Entidades locales tienen, de acuerdo con la Constitución y las leyes, plena capacidad jurídica para: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos; establecer y explotar obras o servicios públicos; obligarse; interponer los recursos establecidos, y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
- Art. 6Artículo 6Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que tienen encomendados y actúan según los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El control de legalidad de sus acuerdos y actos lo ejercen los Tribunales.
- Art. 7Artículo 7Las competencias locales son propias o atribuidas por delegación. Las propias solo las determina la Ley y se ejercen con autonomía y bajo la propia responsabilidad, coordinadas con las demás Administraciones. El Estado y las CCAA pueden delegar; lo delegado se ejerce según la disposición o acuerdo de delegación, con sujeción al artículo 27. Otras competencias distintas solo si no peligra la sostenibilidad financiera ni hay ejecución simultánea del mismo servicio, con informes previos necesarios y vinculantes.
- Art. 8Artículo 8Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, las Provincias y las islas pueden realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.
- Art. 9Artículo 9Las normas que desarrollen la Ley 7/1985 y afecten a Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular. Queda a salvo lo que la propia Ley dispone para los regímenes municipales o provinciales especiales.
- Art. 10Artículo 10La Administración Local y las demás Administraciones se relacionan con cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Procede coordinar las competencias locales cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de la Entidad, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios. En especial, la coordinación asegura el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y es compatible con la autonomía local.
Título IIEl municipio
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Capítulo ITerritorio y población
- Art. 12Artículo 12
- Art. 13Artículo 13Crear, suprimir o alterar municipios se rige por la ley autonómica, sin tocar límites provinciales; exigen audiencia de los municipios, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico e informe de quien ejerza la tutela financiera. Crear municipios exige núcleos de al menos 4.000 habitantes. Los municipios colindantes de la misma provincia pueden fusionarse por convenio, aprobado por mayoría simple de cada pleno; no cabe segregarse hasta pasados diez años. Las Diputaciones, con la Comunidad Autónoma, coordinan y supervisan la integración de servicios.
- Art. 14Artículo 14Un cambio de denominación de un Municipio solo tiene carácter oficial cuando, tras anotarse en el Registro creado por la Administración del Estado para inscribir todas las entidades de la Ley, se publica en el «Boletín Oficial del Estado». La denominación puede ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
- Art. 15Artículo 15Toda persona que viva en España debe inscribirse en el Padrón del municipio donde resida habitualmente; quien viva en varios, únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de inscritos en el Padrón constituye la población del municipio, y los inscritos son sus vecinos. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón.
- Art. 16Artículo 16El Padrón es el registro administrativo de los vecinos; sus datos prueban la residencia y el domicilio habitual, y sus certificaciones son documento público y fehaciente. La inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración y ajenos a la UE, al EEE o a Estados asimilados se renueva cada dos años; si no se renueva, caduca sin necesidad de audiencia previa. El artículo enumera los datos obligatorios, admite datos voluntarios (representante, teléfono, correo) y regula la cesión de los obligatorios; los voluntarios no se ceden en ningún caso.
- Art. 17Artículo 17Formar, mantener, revisar y custodiar el Padrón corresponde al Ayuntamiento, que lo gestiona informáticamente; Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares la asumen en municipios sin capacidad. El INE coordina los Padrones y puede acudir a la ejecución sustitutoria; su Presidente resuelve discrepancias y propone al Gobierno las cifras oficiales. El Consejo de Empadronamiento, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y presidido por el Presidente del INE, funciona en Pleno y Comisión. Los inscritos en el Padrón de españoles residentes en el extranjero son vecinos solo para el sufragio.
- Art. 18Artículo 18Enumera los derechos y deberes de los vecinos: ser elector y elegible; participar en la gestión municipal; utilizar los servicios públicos y acceder a los aprovechamientos comunales; contribuir con prestaciones económicas y personales; ser informado previa petición razonada (art. 105 CE); pedir consulta popular; exigir el servicio si es competencia propia obligatoria; iniciativa popular (art. 70 bis) y los demás que fijen las leyes. El padrón no prueba la residencia legal del extranjero.
Capítulo IIOrganización
- Art. 19Artículo 19El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en Concejo Abierto. Los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; el Alcalde, por los Concejales o por los vecinos, según la legislación electoral general. Los municipios del título X se rigen por él y, en lo no previsto, por el régimen común de los artículos siguientes.
- Art. 20Artículo 20En todos los ayuntamientos existen Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local, en municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Con el mismo umbral, órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno, con participación proporcional de todos los grupos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en los municipios del título X o si lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta o lo dispone el reglamento. La Comisión Especial de Cuentas, en todos.
- Art. 21Artículo 21El Alcalde preside la Corporación. Entre sus atribuciones: dirigir el gobierno y la administración municipal, convocar y presidir Pleno y Junta de Gobierno Local con voto de calidad, dictar bandos, jefatura superior del personal y de la Policía Municipal, otorgar licencias y concertar créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios. Nombra a los Tenientes de Alcalde. No puede delegar convocar y presidir, voto de calidad, créditos, jefatura del personal, separación, despido ni las letras a), e), j), k), l) y m), aunque la j) sí en la Junta de Gobierno Local.
- Art. 22Artículo 22Lo integran todos los Concejales y lo preside el Alcalde. Le corresponden en todo caso (y a la Asamblea vecinal en Concejo Abierto), entre otras: control y fiscalización de los órganos de gobierno, alteración del término municipal, aprobación inicial del planeamiento general, reglamento orgánico y ordenanzas, presupuestos y cuentas, lesividad y créditos que excedan del 10 % de los recursos ordinarios. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, públicas y por llamamiento nominal. Puede delegar en Alcalde y Junta de Gobierno Local, salvo 2.a) a i), l), p) y el apartado 3.
- Art. 23Artículo 23La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y Concejales en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. Asiste al Alcalde y ejerce las atribuciones delegadas o legales. Los Tenientes de Alcalde lo sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad; los designa y remueve el Alcalde entre los miembros de la Junta o, si no existe, entre los Concejales. El Alcalde puede delegar en miembros de la Junta (o Tenientes) y hacer delegaciones especiales en cualquier Concejal.
- Art. 24Artículo 24Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorarla. Su organización, funciones y competencias son las que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo al asentamiento de la población en el término municipal y sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En los municipios del artículo 121 se aplica el régimen de gestión desconcentrada del artículo 128.
- Art. 24 bisArtículo 24 bisLas leyes autonómicas de régimen local regulan los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del Municipio para administrar núcleos de población separados (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos…). La iniciativa corresponde indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento, que debe ser oído en todo caso. Solo pueden crearse si resultan una opción más eficiente según la Ley Orgánica 2/2012.
Capítulo IIICompetencias
- Art. 25Artículo 25El Municipio puede promover actividades y prestar servicios públicos para la comunidad vecinal. El apartado 2 enumera, de la a) a la p), las materias en que ejercerá en todo caso competencias propias (urbanismo, medio ambiente urbano, agua, policía local, tráfico, cementerios, cultura, deporte, igualdad, energía…). Esas competencias se determinan por Ley, que irá con memoria económica, no puede suponer mayor gasto, debe evitar atribuciones simultáneas a otra Administración y exige ponderar antes la capacidad de gestión de la entidad local.
- Art. 26Artículo 26Servicios obligatorios en todo caso. Todos: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable a domicilio, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación. Más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Más de 20.000: protección civil, necesidad y exclusión social, incendios e instalaciones deportivas de uso público. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Con menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios y el Ministerio decide la forma de prestación.
- Art. 27Artículo 27El Estado y las CCAA pueden delegar competencias en los Municipios. La delegación debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y respetar la estabilidad presupuestaria; fija alcance, condiciones y duración (no inferior a cinco años), con memoria económica y sin mayor gasto. Exige aceptación del Municipio y financiación suficiente, siendo nula sin dotación. La delegante puede dar instrucciones, pedir información, revocar o ejecutar por sí misma. La renuncia la acuerda el Pleno.
- Art. 28Artículo 28En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos para sus competencias y una prestación de calidad y sostenible de los servicios mínimos obligatorios: racionalización organizativa, gestión común o asociativa, personal en común con otros municipios y fomento del desarrollo. Su aplicación requiere decisión de la Comunidad Autónoma, conformidad previa del municipio afectado e informe de las entidades locales afectadas.
Capítulo IVRegímenes Especiales
- Art. 29Artículo 29Funcionan en Concejo Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente tengan ese régimen y aquellos en que lo aconsejen su localización geográfica, la mejor gestión u otras circunstancias; estos últimos requieren petición de la mayoría de los vecinos, mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación autonómica. Gobiernan un Alcalde y una asamblea vecinal de todos los electores. En municipios de menos de 100 residentes el alcalde puede convocar Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia.
- Art. 30Artículo 30Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Ley 7/1985, pueden establecer regímenes especiales para los Municipios pequeños o de carácter rural y para los que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
Título IIILa Provincia
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Capítulo IOrganización
- Art. 32Artículo 32En todas las Diputaciones existen el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, y también órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno y de seguimiento de la gestión, salvo que la legislación autonómica prevea otra forma organizativa. En ellos participan todos los grupos políticos en proporción a sus Diputados en el Pleno. Los demás órganos complementarios los regula cada Diputación, y las leyes autonómicas pueden prever una organización provincial complementaria.
- Art. 32 bisPersonal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos InsularesEl personal directivo que haya en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra según criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional, de cuerpos o escalas del subgrupo A1. Excepción: el Reglamento Orgánico puede permitir que el titular no sea funcionario, en atención a las características específicas de las funciones de esos órganos directivos.
- Art. 33Artículo 33El Pleno de la Diputación lo forman el Presidente y los Diputados. Le corresponden, entre otras: organización, ordenanzas, presupuestos, planes provinciales, control de los órganos de gobierno, plantilla y RPT, dominio público, conflictos de competencias, acciones judiciales, lesividad, créditos por encima del 10 % de los recursos ordinarios y las de mayoría especial. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, de forma pública y por llamamiento nominal. Puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno, salvo las letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ) y el número 3.
- Art. 34Artículo 34El Presidente de la Diputación dirige el gobierno y la administración de la provincia, la representa, convoca y preside el Pleno y la Junta de Gobierno y decide los empates con voto de calidad. Concierta créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios (tesorería, hasta el 15 % de los ingresos corrientes liquidados), aprueba la oferta de empleo público, ostenta la jefatura del personal y nombra a los Vicepresidentes. No puede delegar, entre otras, convocar y presidir, el voto de calidad, los créditos, la jefatura de personal y las letras a), i) y j).
- Art. 35Artículo 35La Junta de Gobierno la forman el Presidente y Diputados en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Presidente, dando cuenta al Pleno. Le corresponde asistir al Presidente y ejercer lo que este le delegue o le atribuyan las leyes. El Presidente puede delegar en sus miembros y hacer delegaciones especiales en cualquier Diputado. Los Vicepresidentes, designados por el Presidente entre miembros de la Junta, le sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad.
Capítulo IICompetencias
- Art. 36Artículo 36Competencias propias de la Diputación: las atribuidas por leyes estatales y autonómicas y, en todo caso: coordinar los servicios municipales; asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica (garantiza secretaría e intervención en menos de 1.000 habitantes); servicios supramunicipales (asume tratamiento de residuos en menos de 5.000 y prevención y extinción de incendios en menos de 20.000, si no los prestan); recaudación, apoyo financiero, administración electrónica y contratación centralizada en menos de 20.000; y seguimiento de costes efectivos. Aprueba cada año el plan provincial.
- Art. 37Artículo 37Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones y encomendarles la gestión ordinaria de servicios propios según sus Estatutos; en la encomienda, las Diputaciones actúan con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. El Estado puede delegar en ellas competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo. El ejercicio de lo delegado se acomoda al artículo 27.
- Art. 38Artículo 38Cláusula de extensión: las previsiones que este Capítulo y los restantes de la Ley 7/1985 establecen para la Diputación se aplican también a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
Capítulo IIIRegímenes especiales
- Art. 39Artículo 39Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Ley 7/1985 no se les aplica de forma directa, sino con carácter supletorio.
- Art. 40Artículo 40Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Comunidad Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que en el régimen ordinario corresponden a las Diputaciones Provinciales. Queda exceptuada la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su propio Estatuto.
- Art. 41Artículo 41Los Cabildos Insulares Canarios, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por la disposición adicional decimocuarta y, supletoriamente, por las normas de las Diputaciones provinciales, cuyas competencias asumen. Subsisten en Canarias las mancomunidades provinciales interinsulares solo como órganos de representación y expresión de intereses provinciales: las integran los Presidentes de los Cabildos y las preside el del Cabildo de la isla donde está la capital. A los Consejos Insulares de Baleares se les aplican las normas de las Diputaciones.
Título IVOtras Entidades locales
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- Art. 42Artículo 42Las Comunidades Autónomas, según sus Estatutos, pueden crear comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios; la iniciativa puede partir de estos. No se crea si se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que representen al menos la mitad del censo electoral. Si abarca más de una Provincia, se exige informe favorable de las Diputaciones. Las leyes autonómicas fijan ámbito, órganos (representativos de los Ayuntamientos), competencias y recursos. Los Municipios conservan los servicios del artículo 26 y alguna intervención en las materias del 25.2.
- Art. 43Artículo 43Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas mediante Ley, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, conforme a sus Estatutos. Son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas con vinculaciones económicas y sociales que exigen planificación conjunta y coordinación de servicios y obras. La ley autonómica fija sus órganos (con todos los Municipios representados), su régimen económico y de funcionamiento y los servicios y obras metropolitanos.
- Art. 44Artículo 44Los municipios pueden asociarse en mancomunidades para ejecutar obras y servicios determinados de su competencia. Tienen personalidad y capacidad jurídicas y se rigen por sus Estatutos (ámbito, objeto, órganos, recursos, duración…); sus órganos de gobierno representan a los ayuntamientos mancomunados. Estatutos: los elaboran los concejales de los municipios promotores en asamblea, informa la Diputación y los aprueban todos los Plenos; procedimiento similar para modificar o suprimir. Caben municipios de distintas comunidades si sus normativas lo permiten.
- Art. 45Artículo 45
Título VDisposiciones comunes a las Entidades locales
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Capítulo IRégimen de funcionamiento
- Art. 46Artículo 46Órganos colegiados: sesiones ordinarias y extraordinarias, que pueden ser urgentes. Pleno ordinario: cada mes (más de 20.000 hab. y Diputaciones), cada dos meses (5.001 a 20.000), cada tres (hasta 5.000). Extraordinario: lo decide el Presidente o lo pide 1/4 del número legal (máx. 3 por concejal al año), sin demora de más de 15 días hábiles; si no, queda convocado el 10.º día hábil siguiente a las 12 h. Convocatoria con 2 días hábiles. Quórum: 1/3, nunca menos de 3. Empate: nueva votación y voto de calidad. Sesiones a distancia en situaciones excepcionales.
- Art. 47Artículo 47Regla general: mayoría simple de los miembros presentes (más votos afirmativos que negativos). Mayoría absoluta del número legal de miembros para las materias del apartado 2, entre ellas: concesión de bienes o servicios por más de cinco años si excede del 20 % de los recursos ordinarios; operaciones financieras, quitas o esperas si superan el 10 %; enajenación de bienes si excede del 20 %; cesión gratuita de bienes a otras Administraciones. En los municipios del artículo 121 rige el artículo 123.2.
- Art. 48Artículo 48Cuando sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la solicitud se cursa por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma. Si el dictamen lo deben pedir conjuntamente entidades de distintas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursa por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas, a petición de la entidad de mayor población.
- Art. 49Artículo 49Procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales: a) aprobación inicial por el Pleno; b) información pública y audiencia a los interesados durante un plazo mínimo de treinta días para reclamaciones y sugerencias; c) resolución de las presentadas en plazo y aprobación definitiva por el Pleno. Si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo provisional se entiende definitivamente adoptado.
- Art. 50Artículo 50Conflictos de atribuciones en una misma Corporación: los resuelve el Pleno si afectan a órganos colegiados, sus miembros o entidades del artículo 45; el Alcalde o Presidente, en los demás. Conflictos de competencias entre entidades locales: la Comunidad Autónoma si son de la misma y el Estado si son de distinta, previa audiencia de las Comunidades afectadas; cabe recurso contencioso-administrativo. Deslinde entre municipios de distintas Comunidades: el Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de municipios y Comunidades y dictamen del Consejo de Estado.
- Art. 51Artículo 51Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos. Hay dos salvedades: que una disposición legal establezca lo contrario o que se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.
- Art. 52Artículo 52Contra los actos y acuerdos locales que ponen fin a la vía administrativa cabe acudir a la jurisdicción competente, con recurso de reposición previo y potestativo. Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno (salvo que una ley sectorial exija aprobación ulterior del Estado o de la comunidad autónoma, o proceda recurso ante estas en los supuestos del art. 27.2); las de órganos inferiores que resuelvan por delegación de esos órganos; y las de cualquier otro órgano si lo establece una disposición legal.
- Art. 53Artículo 53Las Corporaciones locales pueden revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común establece para la Administración del Estado. Todo ello sin perjuicio de las previsiones específicas de los artículos 65, 67 y 110 de la propia Ley 7/1985.
- Art. 54Artículo 54Las entidades locales responden directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes. La responsabilidad se exige en los términos de la legislación general sobre responsabilidad administrativa.
Capítulo IIRelaciones interadministrativas
- Art. 55Artículo 55Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, según el principio de lealtad institucional, deben en sus relaciones recíprocas: a) respetar el ejercicio legítimo de competencias ajenas y sus consecuencias; b) ponderar todos los intereses públicos implicados, también los encomendados a otras; c) valorar el impacto presupuestario y financiero de sus actuaciones; d) facilitar la información relevante sobre la propia gestión; e) prestar, en su ámbito, cooperación y asistencia activas.
- Art. 56Artículo 56Las entidades locales deben remitir al Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y forma reglamentarios, copia o extracto comprensivo de sus actos y acuerdos; responden los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios. Estado y Comunidades Autónomas pueden recabar información concreta sobre la actividad municipal, incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes. A su vez, deben facilitar a los representantes legales locales el acceso a sus instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.
- Art. 57Artículo 57La cooperación económica, técnica y administrativa de la Administración local con el Estado y las Comunidades Autónomas es voluntaria, mediante consorcios o convenios, y cada acuerdo se comunica a las Administraciones interesadas no intervinientes. Debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y cumplir la estabilidad presupuestaria. El consorcio solo cabe si no puede usarse un convenio, sin arriesgar la sostenibilidad financiera ni demandar más recursos de los previstos. Tras una emergencia civil por catástrofes, las entidades locales pueden aportar medios a las afectadas.
- Art. 57 bisGarantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas
- Art. 58Artículo 58Las leyes estatales o autonómicas pueden crear órganos de colaboración con las entidades locales, únicamente deliberantes o consultivos, de ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial. El Gobierno puede crear en cada Comunidad Autónoma una Comisión Territorial de Administración Local. Quien apruebe instrumentos de planificación debe dar participación a las demás Administraciones. El informe previo de los municipios es requisito indispensable en concesiones o autorizaciones sobre el dominio público situado en su territorio.
- Art. 59Artículo 59En los supuestos del artículo 10.2, y si no bastan los procedimientos de los artículos anteriores, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas pueden atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo de Gobierno la facultad de coordinar la Administración Local, en especial a las Diputaciones Provinciales. Se coordina mediante planes sectoriales de objetivos y prioridades, en cuyo marco actúan las entidades locales. La Ley debe precisar condiciones, límites y el control que se reserven las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas.
- Art. 60Artículo 60Si una entidad local incumple obligaciones impuestas directamente por la Ley, el incumplimiento afecta a competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma y su cobertura económica está legal o presupuestariamente garantizada, la Administración afectada, según su ámbito competencial, le recordará su cumplimiento concediéndole el plazo necesario, nunca inferior a un mes. Si el incumplimiento persiste, se adoptarán las medidas necesarias para cumplir la obligación a costa y en sustitución de la entidad local.
- Art. 61Artículo 61El Consejo de Ministros puede disolver, mediante real decreto, los órganos de las corporaciones locales por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que incumpla obligaciones constitucionales. Actúa por iniciativa propia, con conocimiento del Consejo de Gobierno autonómico, o a su solicitud; en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. Es dañoso en todo caso apoyar de forma reiterada y grave al terrorismo, enaltecerlo o justificarlo, o menospreciar o humillar a las víctimas o sus familiares. Después rige la legislación electoral, si procede.
- Art. 62Artículo 62Cuando la naturaleza de la actividad haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias, las Leyes reguladoras de la acción pública en esa materia asegurarán, en todo caso, a las entidades locales su participación o integración en actuaciones o procedimientos conjuntos con la Administración del Estado y/o la de la Comunidad Autónoma, atribuyéndole a una de éstas la decisión final. Estas técnicas nunca podrán afectar a la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local.
Capítulo IIIImpugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones
- Art. 63Artículo 63Además de los legitimados por el régimen general del contencioso-administrativo, pueden impugnar los actos y acuerdos locales contrarios al ordenamiento: la Administración del Estado y la autonómica, en los casos y términos de este Capítulo, y los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra. Las entidades locales territoriales pueden impugnar disposiciones y actos estatales o autonómicos que lesionen su autonomía y, en los términos del artículo 119, promover la impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes estatales o autonómicas que la lesionen.
- Art. 64Artículo 64La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas pueden pedir ampliación de la información del artículo 56.1. Debe remitirse en el plazo máximo de veinte días hábiles; en el caso del artículo 67, cinco días hábiles. Mientras tanto se suspende el cómputo de los plazos de los artículos 65.2 y 67.1, que se reanudan a partir de la recepción de la documentación interesada.
- Art. 65Artículo 65Si el Estado o la Comunidad Autónoma considera que un acto local infringe el ordenamiento, puede requerir a la entidad, invocando expresamente este artículo, para que lo anule en el plazo máximo de un mes. El requerimiento debe ser motivado, expresar la normativa vulnerada y formularse en quince días hábiles desde la recepción de la comunicación del acuerdo. Luego puede impugnarlo en vía contencioso-administrativa, en el plazo de su Ley, contado desde el vencimiento del requerimiento o la recepción del rechazo. También puede impugnarlo directamente, sin requerimiento.
- Art. 66Artículo 66Los actos o acuerdos locales que menoscaben competencias del Estado o de las CCAA, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia local pueden impugnarse por cualquiera de los procedimientos del artículo anterior. La impugnación precisará la lesión o extralimitación y las normas vulneradas. Si pide expresamente la suspensión, razonada en el interés general o comunitario, el Tribunal, si la estima fundada, la acordará en el primer trámite subsiguiente; a instancia de la entidad local y oyendo a la Administración demandante, podrá alzarla en cualquier momento, en todo o en parte.
- Art. 67Artículo 67Si una Entidad local adopta actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento de anulación al Presidente de la Corporación hecho dentro de los diez días siguientes a su recepción, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes. El plazo dado al Presidente no puede superar cinco días; la suspensión se ejerce en diez días desde el fin de ese plazo o desde la respuesta del Presidente, si es anterior. Suspendido el acto, el Delegado debe impugnarlo en diez días ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Art. 68Artículo 68Las entidades locales están obligadas a ejercer las acciones necesarias para defender sus bienes y derechos. Cualquier vecino en pleno goce de sus derechos civiles y políticos puede requerirles su ejercicio; el requerimiento se comunica a los posibles afectados y suspende el plazo de las acciones por treinta días hábiles. Si en esos treinta días la entidad no acuerda ejercerlas, los vecinos pueden ejercitarlas en nombre e interés de la entidad. Si la acción prospera, el actor tiene derecho al reembolso de las costas procesales y a la indemnización de los daños y perjuicios.
Capítulo IVInformación y participación ciudadanas
- Art. 69Artículo 69Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Las formas, medios y procedimientos de participación que establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión de los órganos representativos regulados por la Ley.
- Art. 70Artículo 70Las sesiones del Pleno son públicas, pero el debate y votación de asuntos que afecten al derecho del artículo 18.1 CE podrán ser secretos si así se acuerda por mayoría absoluta. Las de la Junta de Gobierno Local, no. Las ordenanzas se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta su publicación completa y el plazo del artículo 65.2, salvo presupuestos y ordenanzas fiscales. Los ciudadanos pueden obtener copias y certificaciones de acuerdos y consultar archivos; denegarlo o limitarlo por seguridad y defensa del Estado, delitos o intimidad exige resolución motivada.
- Art. 70 bisArtículo 70 bisLos ayuntamientos regulan en normas orgánicas procedimientos y órganos de participación vecinal, en el municipio y en los distritos. Iniciativa popular: la ejercen los vecinos con sufragio activo municipal; firmas mínimas: 20 % hasta 5.000 hab., 15 % de 5.001 a 20.000 y 10 % desde 20.001. Se debate y vota en el Pleno, con informe de legalidad del secretario (y del interventor si tiene contenido económico); en los municipios del art. 121, secretario general del Pleno e Interventor general. Puede incluir consulta popular (art. 71). Impulso de las TIC y ventanilla única de servicios.
- Art. 70 terArtículo 70 terLas Administraciones con competencias urbanísticas tendrán a disposición de quien lo pida copias completas de los instrumentos vigentes, documentos de gestión y convenios, y publicarán por medios telemáticos su contenido actualizado y los actos de tramitación relevantes. En municipios menores de 5.000 habitantes podrá publicarse a través de entes supramunicipales de asistencia técnica. Si una alteración no integral aumenta edificabilidad o densidad o cambia usos, constarán los propietarios y titulares de derechos reales de los cinco años anteriores.
- Art. 70 quaterArtículo 70 quaterLas Entidades Locales deben facilitar el acceso a los servicios públicos promoviendo las tecnologías de la información, y elaborarán planes para implementar mecanismos digitales que faciliten el acceso de vecinos y empresas. Deben crear y mantener un portal de internet de información y de acceso a los servicios públicos digitalizados, en el que publicarán la información que consideren adecuada y, en su caso, la relación de servicios accesibles o sus vínculos. En municipios de menos de 20.000 habitantes se prestarán con las adaptaciones y plazos que determine la legislación autonómica.
- Art. 71Artículo 71Los Alcaldes pueden someter a consulta popular asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos. Requisitos: previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma cuando esta tenga competencia estatutariamente atribuida. Quedan excluidos los asuntos relativos a la Hacienda local.
- Art. 72Artículo 72Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos: les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas, e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del artículo 69.2. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.
Capítulo VEstatuto de los miembros de las Corporaciones locales
- Art. 73Artículo 73La legislación electoral regula el número de miembros de las Corporaciones locales, su elección, mandato, inelegibilidad e incompatibilidad. Tras tomar posesión gozan de honores y prerrogativas y deben cumplir sus deberes. Se constituyen en grupos políticos; quien no se integra en el de su formación o lo abandona es miembro no adscrito, sin más derechos que en su grupo de procedencia (salvo coaliciones). El Pleno puede asignar a los grupos una dotación con componente fijo igual para todos y otro variable según miembros, que no puede pagar personal ni activos fijos patrimoniales.
- Art. 74Artículo 74Quedan en servicios especiales los miembros de las Corporaciones locales que sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos, y los funcionarios de carrera de otras Administraciones que desempeñen en ella un cargo retribuido y de dedicación exclusiva. En ambos casos la Corporación abona las cotizaciones de las mutualidades obligatorias, incluidas las cuotas de clases pasivas. Al personal laboral, idénticas reglas. Quien no tenga dedicación exclusiva tiene garantizada durante el mandato la permanencia en su centro de trabajo, sin traslados ni concursos forzosos.
- Art. 75Artículo 75Cobran retribuciones los miembros con dedicación exclusiva (con alta en la Seguridad Social e incompatibles con otras retribuciones públicas) y los de dedicación parcial por el tiempo efectivo. Solo quien no tiene dedicación exclusiva ni parcial cobra asistencias. Todos cobran indemnizaciones por gastos efectivos. Declaran incompatibilidades, actividades y bienes antes de tomar posesión, al cese, al final del mandato y si cambian las circunstancias (Registro de Actividades y de Bienes Patrimoniales). Dos años de limitaciones tras el mandato si hubo responsabilidades ejecutivas.
- Art. 75 bisRégimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades LocalesLos Presupuestos Generales del Estado fijan cada año el límite máximo que pueden cobrar los miembros de las Corporaciones Locales por retribuciones y asistencias (sin contar trienios de funcionarios en servicios especiales), según la tabla referida a Secretario de Estado: íntegro en más de 500.000 habitantes y con reducciones del 10 % al 60 %. Por debajo de 1.000 no hay dedicación exclusiva, solo parcial excepcional. Presidentes de Diputación: tope del Alcalde del municipio más poblado de la provincia; Cabildos y Consejos Insulares: 100 %, 70 % o 50 % de ese tope según población.
- Art. 75 terLimitación en el número de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusivaLimita cuántos miembros de un Ayuntamiento pueden tener dedicación exclusiva según su población: ninguno por debajo de 1.000 habitantes, uno entre 1.001 y 2.000, y así hasta 25 entre 700.001 y 1.000.000; Madrid 45 y Barcelona 32. En las Diputaciones, el mismo número que el tramo del municipio más poblado de la provincia. En Cabildos y Consejos Insulares: islas de más de 800.000 habitantes, 2 menos que el número actual de miembros; en las de menos, el 60 % de los cargos electos.
- Art. 76Artículo 76Además de las causas de incompatibilidad que fije la Ley, los miembros de las Corporaciones locales deben abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de un asunto cuando concurra alguna causa de la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. Si intervienen pese a ello, los actos en que participen serán inválidos cuando su actuación haya sido determinante.
- Art. 77Artículo 77Todos los miembros de las Corporaciones locales pueden obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno los antecedentes, datos o informaciones que tengan los servicios de la Corporación y que necesiten para su función. La solicitud se resuelve motivadamente en los cinco días naturales siguientes a su presentación.
- Art. 78Artículo 78Los miembros de las Corporaciones locales responden civil y penalmente por actos y omisiones en el ejercicio del cargo, ante los Tribunales de Justicia competentes y por el procedimiento ordinario aplicable. De los acuerdos responden quienes los votaron favorablemente. La Corporación puede exigirles responsabilidad si por dolo o culpa grave causaron daños a ella o a terceros indemnizados por ella. Los Presidentes pueden multarlos por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de obligaciones, según la Ley autonómica y, supletoriamente, la estatal.
Título VIBienes, actividades y servicios, y contratación
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Capítulo IBienes
- Art. 79Artículo 79El patrimonio de las entidades locales es el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen. Sus bienes son de dominio público o patrimoniales. Son de dominio público los destinados a un uso o servicio público, y son comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
- Art. 80Artículo 80Los bienes comunales y los demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a ningún tributo. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.
- Art. 81Artículo 81Para alterar la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales hace falta un expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante, la alteración es automática en dos casos: la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios, y la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos.
- Art. 82Artículo 82Las entidades locales tienen dos prerrogativas sobre sus bienes. La primera es recuperar por sí mismas su posesión: en cualquier momento los de dominio público y en el plazo de un año los patrimoniales. La segunda es el deslinde, que se ajusta a la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, a la de montes.
- Art. 83Artículo 83
Capítulo IIActividades y servicios
- Art. 84Artículo 84Las Entidades locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos mediante: a) ordenanzas y bandos; b) previa licencia y otros controles preventivos (salvo lo dispuesto en la Ley 17/2009 para actividades de servicios); c) comunicación previa o declaración responsable; d) control posterior al inicio de la actividad; e) órdenes individuales de mandato o prohibición. La intervención se ajusta a igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad. Las licencias de otras Administraciones no eximen de obtener las licencias locales.
- Art. 84 bisArtículo 84 bisPor regla general, las actividades no se someten a licencia ni a control preventivo. Cabe exigirlo a actividades económicas por orden público, seguridad pública, salud pública o medio ambiente no salvaguardables con declaración responsable o comunicación, o si el número de operadores es limitado. Las instalaciones solo requieren autorización si lo establece una Ley; el riesgo se evalúa, entre otras, por potencia, aforo, ruido, aguas residuales, materiales inflamables y patrimonio histórico. Con licencias concurrentes, la Entidad Local motiva el interés general concreto.
- Art. 84 terArtículo 84 terCuando una actividad no precisa autorización habilitante y previa, las Entidades locales deben establecer y planificar dos tipos de procedimientos: los de comunicación necesarios y los de verificación posterior del cumplimiento, por los interesados, de los requisitos precisos para ejercerla previstos en la legislación sectorial.
- Art. 85Artículo 85Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. Se gestionan de la forma más sostenible y eficiente entre: gestión directa (propia Entidad Local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital público) o gestión indirecta (formas del contrato de gestión de servicios públicos). La entidad pública empresarial y la sociedad mercantil solo caben si una memoria justificativa acredita que son más sostenibles y eficientes; la memoria se eleva al Pleno y se recaba informe del interventor local.
- Art. 85 bisArtículo 85 bisOrganismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales se rigen por los arts. 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, con especialidades: el Pleno los crea, modifica, refunde y suprime y aprueba sus estatutos; quedan adscritos a una Concejalía, Área u órgano equivalente (las EPE también a un organismo autónomo); el máximo directivo ha de ser titulado superior (el profesional privado, con más de cinco años de ejercicio); consejo rector en los organismos autónomos y consejo de administración en las EPE. Los estatutos se aprueban y publican antes de su funcionamiento efectivo.
- Art. 85 terArtículo 85 terLas sociedades mercantiles locales se rigen íntegramente, sea cual sea su forma jurídica, por Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una de las formas del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010, de 2 de julio); la escritura de constitución fija el capital que aportan las Administraciones o entidades del sector público titulares. Los estatutos determinan la designación y funcionamiento de la Junta General, del Consejo de Administración y de los máximos órganos de dirección.
- Art. 86Artículo 86Las Entidades Locales pueden ejercer la iniciativa pública en actividades económicas si está garantizada la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. El expediente incluye un análisis del mercado y lo aprueba el Pleno, que fija la forma de gestión. Se reservan a las Entidades Locales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. El monopolio exige además la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma. El Estado puede impugnarlos si incumplen la estabilidad presupuestaria.
- Art. 87Artículo 87
Capítulo IIIContratación
Título VIIPersonal al servicio de las Entidades locales
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Capítulo IDisposiciones generales
- Art. 89Artículo 89El personal al servicio de las entidades locales está integrado por tres clases: funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual, que es el que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
- Art. 90Artículo 90Cada Corporación local aprueba cada año, a través del Presupuesto, la plantilla, con todos los puestos reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Responde a racionalidad, economía y eficiencia, se ajusta a la ordenación general de la economía y los gastos de personal no pueden rebasar los límites generales. Las Corporaciones forman la relación de puestos de trabajo; el Estado fija las normas para confeccionarla, los puestos tipo y la carrera administrativa. Los Registros de personal, según normas del Gobierno, determinan las nóminas.
- Art. 91Artículo 91Las Corporaciones locales forman públicamente su oferta de empleo según los criterios de la normativa básica estatal. La selección de todo el personal, funcionario o laboral, se hace de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y por concurso, oposición o concurso-oposición libre, garantizando en todo caso igualdad, mérito y capacidad, así como publicidad.
Capítulo IIDisposiciones comunes a los funcionarios de carrera
- Art. 92Funcionarios al servicio de la Administración localEn lo no dispuesto en esta Ley, los funcionarios locales se rigen por el EBEP (Ley 7/2007), la restante legislación estatal de función pública y la autonómica (art. 149.1.18.ª CE). Con carácter general, los puestos de la Administración local y sus Organismos Autónomos los desempeña personal funcionario. Solo los funcionarios de carrera ejercen las funciones que impliquen participar directa o indirectamente en potestades públicas o en la salvaguardia de intereses generales, las de autoridad y las reservadas para garantizar objetividad, imparcialidad e independencia.
- Art. 92 bisFuncionarios de administración local con habilitación de carácter nacionalSecretaría (fe pública y asesoramiento legal preceptivo) y control y fiscalización interna, contabilidad, tesorería y recaudación son funciones reservadas a habilitados nacionales, en subescalas de Secretaría, Intervención-tesorería y Secretaría-intervención. El concurso estatal es la provisión normal (méritos: mínimo 80% generales, hasta 15% autonómicos, hasta 5% locales), con libre designación excepcional. Incoan la Corporación (leves), la CA (salvo muy graves) y el Ministerio (muy graves); sancionan el Ministro (muy graves), la CA (suspensión y destitución) y el órgano local (leves).
- Art. 93Artículo 93Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tienen la misma estructura e idéntica cuantía que las fijadas con carácter general para toda la función pública. Las complementarias siguen la estructura y criterios de valoración objetiva del resto de funcionarios públicos; su cuantía global la fija el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que señale el Estado. Las Corporaciones reflejan anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones, en los términos de la legislación básica de función pública.
- Art. 94Artículo 94La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local es, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. También se les aplican las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.
- Art. 95Artículo 95La participación de los funcionarios locales, a través de sus organizaciones sindicales, en la determinación de sus condiciones de empleo es la establecida con carácter general para todas las Administraciones Públicas en el Estatuto básico de la función pública.
- Art. 96Artículo 96El Instituto de Estudios de Administración Local desarrollará cursos de perfeccionamiento, especialización y promoción para los funcionarios de las entidades locales. Colaborará en esas funciones con los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas y con las instituciones de este tipo que acuerden constituir las propias Corporaciones.
- Art. 97Artículo 97Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de trabajo se publican en el «Boletín Oficial del Estado». Las bases se publican en el «Boletín Oficial de la Provincia», salvo las de las pruebas selectivas para obtener la habilitación de carácter nacional, que van al «Boletín Oficial del Estado».
Capítulo IIISelección y formación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y sistema de provisión de plazas
Capítulo IVSelección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo
- Art. 100Artículo 100La selección de los funcionarios es competencia de cada Corporación local, salvo la de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. No obstante, la Administración del Estado establece reglamentariamente: a) las reglas básicas y los programas mínimos del procedimiento de selección y formación; b) los títulos académicos exigidos para las pruebas selectivas y los Diplomas del Instituto de Estudios de Administración Local o de los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas que puedan exigirse como complemento.
- Art. 101Artículo 101Los puestos vacantes que deban cubrir los funcionarios del artículo 100 se proveen en convocatoria pública por concurso de méritos o libre designación, según las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas. Además de los funcionarios propios de la entidad convocante, pueden participar funcionarios de cualquier Administración pública, supeditándose su participación a lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo.
- Art. 102Artículo 102Las pruebas de selección y los concursos de provisión de puestos del Capítulo se rigen por las bases que aprueba el Presidente de la Corporación, que también los convoca. En las pruebas selectivas, el tribunal u órgano similar eleva la relación de aprobados al Presidente, que hace el nombramiento. Al Presidente corresponde además la resolución motivada de los concursos de provisión, previa propuesta de esos órganos de selección.
Capítulo VDel personal laboral y eventual
- Art. 103Artículo 103El personal laboral de las entidades locales lo selecciona la propia Corporación. Al hacerlo debe atenerse, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y respetar al máximo el principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos.
- Art. 103 bisMasa salarial del personal laboral del sector público localLas Corporaciones locales aprueban cada año la masa salarial del personal laboral del sector público local, con los límites y condiciones básicos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Abarca la Entidad, sus organismos, entidades públicas empresariales, entes y sociedades mercantiles dependientes, consorcios adscritos y fundaciones constituidas con aportación mayoritaria o cuyo patrimonio fundacional permanente proceda en más de un 50 por 100 de esas entidades. Se publica en la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia (o de la Comunidad uniprovincial) en 20 días.
- Art. 104Artículo 104El Pleno de cada Corporación fija, al comienzo de su mandato, el número, características y retribuciones del personal eventual; solo puede modificarlo al aprobar los presupuestos anuales. Su nombramiento y cese son libres y corresponden al Alcalde o Presidente de la entidad local. Cesan automáticamente cuando cesa o expira el mandato de la autoridad a la que asesoran o prestan confianza. Nombramientos, retribuciones y dedicación se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el de la Corporación.
- Art. 104 bisPersonal eventual de las Entidades LocalesLímites de personal eventual por población: 2.000-5.000, uno excepcionalmente si no hay concejales con dedicación exclusiva; hasta 10.000, uno; hasta 20.000, dos; hasta 50.000, siete; hasta 75.000, la mitad de concejales; hasta 500.000, el número de concejales; más de 500.000, el 0,7% de la plantilla (más seis, doce o dieciocho en el municipio mayor de un Área Metropolitana). Diputaciones: como el municipio más poblado de la provincia. Publicación semestral e informe trimestral del Presidente al Pleno.
Título VIIIHaciendas Locales
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- Art. 105Artículo 1051. De conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para cumplir los fines de las entidades locales. 2. Se nutren de tributos propios, de las participaciones reconocidas en los tributos del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, y de los otros recursos que prevea la Ley.
- Art. 106Artículo 106Las entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos conforme a la legislación estatal de Haciendas locales y a las Leyes autonómicas en los supuestos que aquella prevea. Su potestad reglamentaria tributaria se ejerce mediante Ordenanzas fiscales (de sus tributos propios) y Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección, y pueden dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias. La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios es competencia suya, sin perjuicio de delegaciones y fórmulas de colaboración.
- Art. 107Artículo 1071. Las Ordenanzas fiscales de los tributos locales empiezan a aplicarse al publicarse definitivamente en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que ellas mismas señalen otra fecha. 2. Obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.
- Art. 108Artículo 108Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y de los demás ingresos de Derecho Público de las entidades locales (prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias) se formula el recurso de reposición específico de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En los municipios del título X de esta ley ese recurso es potestativo.
- Art. 109Artículo 109Las deudas entre el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y sus entidades de Derecho público dependientes y las Entidades Locales, o viceversa, pueden extinguirse total o parcialmente por compensación si son vencidas, líquidas y exigibles, conforme a la normativa de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública. Igual cabe con las deudas de derecho público entre las Comunidades Autónomas y sus entidades dependientes y las entidades o sociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las Entidades Locales.
- Art. 110Artículo 1101. El Pleno de la Corporación declara la nulidad de pleno derecho y revisa los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y por el procedimiento de los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 2. En los demás casos, las entidades locales no pueden anular sus propios actos declarativos de derechos: su revisión exige la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa.
- Art. 111Artículo 111Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, y las modificaciones de las Ordenanzas fiscales, se aprueban, publican y entran en vigor conforme a las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales. No se les aplica lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la propia Ley 7/1985.
- Art. 112Artículo 112Las entidades locales aprueban cada año un presupuesto único con las obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos previstos del ejercicio. Coincide con el año natural e integra el de la entidad y los de sus organismos y empresas dependientes. El Estado fija su estructura. Tras la aprobación inicial se expone al público para reclamaciones; el definitivo se inserta en el Boletín de la Corporación, si lo tuviera, y resumido en el de la Provincia. El Pleno lo aprueba definitivamente antes del 31 de diciembre del año anterior; si no, se prorroga automáticamente el anterior.
- Art. 113Artículo 113Contra los actos que ponen fin a las reclamaciones sobre acuerdos de las Corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo. El Tribunal de Cuentas debe informar siempre que la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. Ni ese recurso ni las reclamaciones de los artículos 49, 108 y 112.3 suspenden por sí solos la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
- Art. 114Artículo 114Todas las entidades locales quedan sometidas al régimen de contabilidad pública. El plan de cuentas de las entidades locales lo establece, con carácter general, la Administración del Estado.
- Art. 115Artículo 115La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica que lo regula y sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en ella.
- Art. 116Artículo 116Las cuentas anuales se someten antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, formada por miembros de los distintos grupos políticos de la Corporación. Antes de que las apruebe el Pleno, se someten a información pública para que puedan formularse reclamaciones, reparos u observaciones. Además, puede denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas.
- Art. 116 bisContenido y seguimiento del plan económico-financieroSi una corporación incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de deuda pública o la regla de gasto, su plan económico-financiero incluirá al menos: supresión de competencias distintas de las propias y delegadas; gestión integrada o coordinada de servicios obligatorios; incremento de ingresos; racionalización organizativa; supresión de entidades inferiores al municipio incumplidoras o cuyo período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el máximo, y propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.
- Art. 116 terCoste efectivo de los serviciosTodas las Entidades Locales calculan antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes del ejercicio inmediato anterior. El cálculo tiene en cuenta los costes reales directos e indirectos; los criterios se desarrollan por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los costes se comunican a ese Ministerio para su publicación.
Título IXOrganizaciones para la cooperación entre las Administraciones Públicas en materia de Administración Local
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- Art. 117Artículo 117Órgano permanente de colaboración entre la Administración General del Estado y la local. La preside el Ministro de Administraciones Públicas, con igual número de representantes locales (los designa la asociación estatal con mayor implantación) y estatales; se regula por real decreto. La convoca su Presidente, de oficio o a solicitud local. El Pleno delega en Subcomisiones salvo informar anteproyectos sobre normativa básica local, Haciendas Locales y Leyes Orgánicas que afecten a la Administración Local.
- Art. 118Artículo 118La Comisión emite informe sobre: anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones del Estado en materias que afecten a la Administración local; criterios para autorizar operaciones de endeudamiento de las Corporaciones locales; y, previamente, los supuestos en que el Consejo de Ministros acuerde aplicar el artículo 61. Además hace propuestas y sugerencias al Gobierno, en especial sobre competencias, subvenciones y transferencias del Estado, participación en los tributos del Estado y Presupuestos Generales. Puede pedir estudios e informes al Instituto de Estudios de Administración Local.
- Art. 119Artículo 119La Comisión puede pedir a los órganos constitucionalmente legitimados que impugnen ante el Tribunal Constitucional las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas que estime lesivas para la autonomía local garantizada constitucionalmente. La misma solicitud puede hacerla la representación de las entidades locales en la Comisión.
- Art. 120Artículo 120El Instituto de Estudios de Administración Local, adscrito al Ministerio de Administración Territorial, es entidad de Derecho público con personalidad, patrimonio propio y plena autonomía funcional. Fines: investigación, estudio, información y difusión en materia local, y selección y formación de funcionarios locales. Órganos de gobierno: Director y Consejo Rector. El Consejo Rector aprueba presupuesto, programa y Memoria anuales; lo preside el Director, con 8 representantes locales, 3 autonómicos y 5 estatales. Su Reglamento lo aprueba el Ministerio a propuesta del Consejo Rector.
- Art. 120 bisArtículo 120 bisEl Estado impulsará la colaboración con las comunidades autónomas para crear órganos de cooperación conjuntos en materia de régimen local, bien bajo la forma jurídica de Conferencia Sectorial, bien de otra naturaleza, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Título XRégimen de organización de los municipios de gran población
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Capítulo IÁmbito de aplicación
Capítulo IIOrganización y funcionamiento de los órganos municipales necesarios
- Art. 122Organización del PlenoEl Pleno (Alcalde y Concejales) es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos. Lo convoca y preside el Alcalde, que decide los empates con voto de calidad y puede delegar solo convocatoria y presidencia en un concejal. Tiene reglamento orgánico propio, un secretario general y Comisiones proporcionales a los grupos. El asesoramiento legal del secretario es preceptivo si lo pide un tercio de miembros, en mayorías especiales, cuando lo exija una ley o, en control, si lo pide la cuarta parte de Concejales.
- Art. 123Atribuciones del PlenoEn los municipios de gran población el Pleno controla a los órganos de gobierno, vota la moción de censura y la cuestión de confianza, aprueba reglamentos orgánicos, ordenanzas, presupuestos, plantilla y cuenta general, entre otras. Exigen mayoría absoluta del número legal de miembros los acuerdos de los párrafos c), e), f), j) y o) y los del planeamiento general; los demás, mayoría simple. Solo son delegables los de los párrafos d), k), m) y ñ), en las comisiones del apartado 4 del artículo anterior.
- Art. 124El AlcaldeEl Alcalde ostenta la máxima representación del municipio, responde de su gestión política ante el Pleno y tiene tratamiento de Excelencia. Sus funciones van de la a) a la ñ): representar, dirigir la política municipal, convocar y presidir Pleno y Junta de Gobierno con voto de calidad, nombrar Tenientes de Alcalde y Presidentes de Distritos, bandos, urgencias, personal, Policía Municipal, etc. Puede delegar por decreto salvo b), e), h), j), presidir la Junta, voto de calidad y bandos; c) y k) solo en la Junta de Gobierno Local.
- Art. 125Los Tenientes de AlcaldeEn los municipios de gran población, el Alcalde podrá nombrar Tenientes de Alcalde, pero solo entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local. Le sustituyen por el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Tienen el tratamiento de Ilustrísima.
- Art. 126Organización de la Junta de Gobierno LocalLa Junta de Gobierno Local, presidida por el Alcalde, colabora colegiadamente en la dirección política y ejerce las funciones del artículo 127. El Alcalde nombra y separa libremente a sus miembros: no más de un tercio del número legal del Pleno, además del Alcalde, y hasta un tercio pueden no ser concejales. Para constituirse, los concejales presentes deben superar a los no concejales. Responde ante el Pleno de forma solidaria. La Secretaría es de un miembro concejal designado por el Alcalde, con un órgano de apoyo a cargo de un habilitado nacional. Deliberaciones secretas.
- Art. 127Atribuciones de la Junta de Gobierno LocalEnumera las atribuciones de la Junta de Gobierno Local: aprobar proyectos de ordenanzas, reglamentos (salvo los del Pleno) y presupuesto, instrumentos urbanísticos, licencias, gestión económica y de personal (RPT, oferta de empleo, bases, eventuales, separación de funcionarios, despidos), nombrar y cesar órganos directivos, potestad sancionadora, etc. Los tribunales de oposición serán predominantemente técnicos. Puede delegar e), f), g), h) y l), pero no RPT, retribuciones, oferta de empleo, personal eventual ni separación del servicio.
- Art. 128Los distritosLos ayuntamientos deben crear distritos: divisiones territoriales propias con órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Corresponde al Pleno crear y regular los distritos (en los términos del artículo 123) y fijar, en una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de recursos presupuestarios que gestionarán los distritos en su conjunto. La presidencia del distrito corresponde en todo caso a un concejal.
- Art. 129La asesoría jurídicaExistirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, con asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio del ayuntamiento, salvo lo reservado al secretario del Pleno (art. 122.5.e). Su titular lo nombra y separa la Junta de Gobierno Local, entre licenciados en derecho que sean funcionarios con habilitación nacional o de carrera del Estado, CCAA o entidades locales a los que se exija para ingresar título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.
- Art. 130Órganos superiores y directivosEn los municipios de gran población son órganos superiores el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. Son directivos: coordinadores y directores generales, titulares del órgano de apoyo a la Junta y de la asesoría jurídica, Secretario general del Pleno, interventor general y, en su caso, titular de gestión tributaria; también los máximos directivos de organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales. Coordinadores y directores generales: funcionarios A1, salvo excepción del Reglamento Orgánico Municipal. Todos, sujetos a la Ley 53/1984.
- Art. 131El Consejo Social de la CiudadEn los municipios de gran población existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. Le corresponden las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas y la emisión de informes, estudios y propuestas en tres materias: desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.
- Art. 132Defensa de los derechos de los vecinosPara defender los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno crea una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, regulada en normas orgánicas. La integran representantes de todos los grupos del Pleno, en proporción a sus miembros. Puede supervisar la Administración municipal y debe dar cuenta al Pleno con un informe anual de quejas, deficiencias y sugerencias o recomendaciones no admitidas; también puede emitir informes extraordinarios por gravedad o urgencia. Todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal están obligados a colaborar con ella.
Capítulo IIIGestión económico-financiera
- Art. 133Criterios de la gestión económico-financieraLa gestión económico-financiera de los municipios de gran población sigue estos criterios: estabilidad presupuestaria; separación de contabilidad y fiscalización; contabilidad conforme a la Ley 39/1988 de Haciendas Locales; control de legalidad presupuestaria sobre el presupuesto o estado de previsión; seguimiento de los costes de los servicios; asignación de recursos por objetivos, con eficacia y eficiencia; tesorería según las bases de ejecución y el plan financiero; y control interno de todo acto económico, sea cual fuere la naturaleza jurídica de la entidad.
- Art. 134Órgano u órganos de gestión económico-financiera y presupuestariaEn los municipios de gran población, las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación las ejerce el órgano u órganos que determine el Reglamento orgánico municipal. Su titular o titulares deberá ser un funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, salvo el del órgano que desarrolle las funciones de presupuestación.
- Art. 135Órgano de Gestión TributariaEl Pleno de un municipio de gran población puede crear un órgano de gestión tributaria con las competencias de la Administración Tributaria local, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión. Le corresponden, al menos: gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de actos tributarios; recaudación ejecutiva de los demás ingresos de derecho público; sanciones tributarias; política de ingresos; normas tributarias propias; y seguimiento del presupuesto de ingresos tributarios. Si se crea, la recaudación y su titular se adscriben a él.
- Art. 136Órgano responsable del control y de la fiscalización internaEl control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponde a un órgano administrativo llamado Intervención general municipal. Actúa con plena autonomía respecto de los órganos, entidades y cargos directivos cuya gestión fiscaliza, con completo acceso a la contabilidad y a los documentos necesarios. Su titular se nombra entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
- Art. 137Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativasEn los municipios de gran población existe un órgano especializado que resuelve las reclamaciones sobre gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público municipales, dictamina las ordenanzas fiscales y elabora estudios si se le requiere. Su resolución pone fin a la vía administrativa; solo cabe contencioso-administrativo. Reposición previa potestativa. Número impar de miembros, mínimo tres, designados por el Pleno por mayoría absoluta. Funciona con independencia técnica, celeridad y gratuidad.
Capítulo IVConferencia de Ciudades
Título XITipificación de las infracciones y sanciones por las Entidades Locales en determinadas materias
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- Art. 139Tipificación de infracciones y sanciones en determinadas materiasPara ordenar la convivencia de interés local y el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, tipificar infracciones e imponer sanciones por incumplir deberes, prohibiciones o limitaciones de sus ordenanzas, conforme a los criterios de los artículos siguientes.
- Art. 140Clasificación de las infraccionesLas infracciones de ordenanzas locales son muy graves, graves o leves. Son muy graves: perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa (salvo capítulo IV de la LO 1/1992); impedir el uso de un servicio o espacio público a quien tiene derecho; impedir el funcionamiento de un servicio público u obstruirlo de forma grave y relevante; y deteriorar grave y relevantemente equipamientos de un servicio público o espacios públicos (no derivado de alteraciones de la seguridad ciudadana). Las demás, graves o leves según la intensidad de la perturbación o daños.
- Art. 141Límites de las sanciones económicasSalvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar estas cuantías: infracciones muy graves, hasta 3.000 euros; infracciones graves, hasta 1.500 euros; infracciones leves, hasta 750 euros.