Tema 15 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 60. Fines

La cooperación territorial se orienta a ocho fines: propiciar un modelo territorial de desarrollo sostenible y cohesión económica, social y territorial; adecuar el gobierno del territorio a la realidad espacial y funcional; mejorar la calidad y gestión de servicios, equipamientos e infraestructuras básicas; garantizar las condiciones básicas de gobierno y gestión de las entidades intermunicipales; dotar a las entidades de mayor capacidad legal, técnica y financiera; favorecer proyectos comunes competitivos y la calidad de vida, y crear mecanismos de defensa de intereses comunes ante terceros.

Artículo 61. Principios de la cooperación territorial

La cooperación territorial en Andalucía se rige por siete principios generales: autonomía local, descentralización, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad. No pueden coexistir dos o más entidades de cooperación sobre un mismo territorio cuando coincidan en un mismo objeto; en ese supuesto, el expediente de creación de la nueva entidad debe incluir, en todo caso, la fórmula y el procedimiento de absorción de la entidad preexistente.

Artículo 62. Tipología

La cooperación territorial se lleva a cabo a través de entidades e instrumentos. Son entidades de cooperación territorial las mancomunidades de municipios, los consorcios y cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica. Son instrumentos los convenios de cooperación, las redes de cooperación y cualquier otra modalidad que no dé lugar a un ente con personalidad jurídica. En ambas cláusulas abiertas la modalidad debe ajustarse a los fines y principios de la ley.

Artículo 63. Definición y objeto

Los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo mancomunidades, para la planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados de competencia propia. El objeto de la mancomunidad debe ser determinado y no puede comprender el ejercicio de la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos municipios.

Artículo 64. Ámbito territorial de las mancomunidades

El ámbito territorial de la mancomunidad es el de sus municipios. No es indispensable que pertenezcan a la misma provincia ni que haya continuidad territorial, si esta no la requiere la naturaleza de los fines. Constituir mancomunidades con municipios de otras comunidades autónomas exige la aprobación del Consejo de Gobierno de Andalucía y cumplir la legislación de aquellas. Una mancomunidad andaluza puede prestar servicios provisionalmente a municipios de otra comunidad que lo soliciten, también con aprobación del Consejo de Gobierno y los requisitos o autorizaciones de esa comunidad.

Artículo 65. Personalidad y régimen jurídico

Las mancomunidades legalmente constituidas tienen la condición de entidad local de cooperación territorial, con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos. Su régimen jurídico es el establecido en sus propios estatutos, que deben respetar, en todo caso, la ley y las normas que la desarrollen. Sus potestades son las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus fines y deben contenerse de forma expresa en los estatutos.

Artículo 66. Contenido de los estatutos

Los estatutos de las mancomunidades fijan su régimen orgánico y de funcionamiento y contienen, como mínimo, dieciséis determinaciones: denominación y sede; municipios; objeto, fines, potestades, servicios y obras; órgano de representación municipal; órganos de gobierno y administración y sus normas; recursos económicos, con aportaciones municipales proporcionales; período mínimo de permanencia, nunca superior a cuatro años; duración; modificación de estatutos; incorporación y separación; disolución y liquidación; derechos y obligaciones; régimen indemnizatorio, y bienes cedidos en uso.

Artículo 67. Garantía de representatividad municipal en las mancomunidades

Sin perjuicio de la autonomía local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, sus atribuciones y régimen de funcionamiento, los estatutos deben garantizar que la composición del órgano de representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta. Los representantes en ese órgano se designan, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales.

Artículo 68. Iniciativa para la constitución de las mancomunidades

El acuerdo inicial para la constitución de una mancomunidad debe ser adoptado por cada uno de los municipios interesados. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los plenos de cada uno de los ayuntamientos promotores.

Artículo 69. Aprobación inicial de los estatutos

El proyecto de estatutos lo redactan los concejales de los municipios promotores constituidos en asamblea, o una comisión designada por la asamblea de entre las personas representantes de cada municipio. La asamblea fija el régimen de funcionamiento y el calendario de trabajo. La presidencia y la secretaría de la asamblea las desempeñan las personas titulares de la alcaldía y la secretaría del ayuntamiento del municipio en que se celebren las sesiones. Redactado el proyecto, la asamblea lo aprueba inicialmente con el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.

Artículo 70. Información pública e informes

El proyecto de estatutos se somete a información pública por plazo mínimo de un mes, mediante publicación en los tablones de edictos de cada municipio interesado, en la correspondiente sede electrónica de titularidad municipal y provincial y en los boletines oficiales de las provincias en que radiquen. Además, se remite a las diputaciones provinciales afectadas para que lo informen en dos meses; transcurrido ese plazo sin que se hayan notificado los informes, el trámite se entiende cumplimentado y el procedimiento continúa.

Artículo 71. Aprobación de los estatutos

Una vez recogidas, en su caso, las observaciones, sugerencias y alegaciones, la asamblea aprueba provisionalmente el proyecto de estatutos y lo remite, junto con todo lo actuado, a los diferentes municipios para su aprobación definitiva. Esta requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los distintos plenos municipales.

Artículo 72. Ratificación de acuerdos

Aprobados definitivamente los estatutos, los ayuntamientos remiten en el plazo de diez días certificación del acuerdo a la asamblea de concejales o, en su caso, a la comisión prevista en el artículo 69.1, que los ratificará en un acto único. La asamblea remite a la consejería competente sobre régimen local un ejemplar de los estatutos, por cualquier medio que permita garantizar su autenticidad, así como copia del expediente administrativo completo.

Artículo 73. Publicidad de las mancomunidades

La asamblea remite al BOJA, en el plazo de tres días, el acuerdo junto con los estatutos de la mancomunidad. La publicación es constitutiva: determina el nacimiento de la mancomunidad, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro Andaluz de Entidades Locales. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de los estatutos deben constituirse los órganos de gobierno y comenzar su normal funcionamiento. La Administración de la Junta de Andalucía comunica la constitución a la Administración General del Estado.

Artículo 74. Modificación de los estatutos

La modificación se rige por los propios estatutos, respetando en todo caso la ley. La iniciativa puede partir de cualquiera de los municipios mancomunados o del órgano de gobierno de la mancomunidad; la aprobación corresponde, en todo caso, al órgano de representación municipal. Son trámites obligatorios la información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que informen en plazo no inferior a un mes. El acuerdo se remite al BOJA y se comunica a la consejería competente sobre régimen local para su registro, que lo comunica al Estado.

Artículo 75. Adhesión de municipios

Constituida la mancomunidad, los municipios que lo deseen pueden adherirse voluntariamente, con sujeción al procedimiento que determinen los estatutos. En todo caso, el pleno del ayuntamiento que pretende adherirse debe aprobar la adhesión y los estatutos por mayoría absoluta de su número legal de miembros, y hacen falta información pública e informe de la diputación o diputaciones provinciales interesadas. Adoptado el acuerdo de adhesión por la mancomunidad, se remite al BOJA y se comunica a la consejería competente sobre régimen local, que lo comunica a la Administración General del Estado.

Artículo 76. Separación de municipios mancomunados

Ningún municipio puede separarse si, transcurrido el período mínimo de permanencia, mantiene deudas con la mancomunidad: con la solicitud debe liquidarlas, abonar la parte del pasivo que le sea proporcionalmente imputable y pagar los gastos de la separación. El órgano de representación municipal puede decidir, previa audiencia y por mayoría de dos tercios de sus componentes, la separación del municipio que incumpla gravemente sus obligaciones. Si quedan deudas, la mancomunidad, previo acuerdo de ese órgano, puede pedir a la Junta de Andalucía la retención de cantidades por igual importe.

Artículo 77. Disolución de mancomunidades

La disolución se ajusta al régimen de los propios estatutos, que deben respetar en todo caso la ley. La mancomunidad disuelta mantiene su capacidad jurídica hasta que el órgano de gobierno colegiado apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio. El acuerdo de disolución se comunica a la consejería competente sobre régimen local, que lo traslada a la Administración General del Estado. La asamblea remite el acuerdo al BOJA para su publicación, y la extinción de la mancomunidad se produce con la publicación.

Artículo 78. Definición y composición de los consorcios

El consorcio es entidad pública voluntaria y asociativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés común, sometida al Derecho Administrativo. Las entidades locales pueden formarlo con las de distinto nivel territorial, con otras administraciones o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Los participados mayoritariamente por entidades locales y con fines de interés local se consideran entidades locales de cooperación territorial. Sus potestades, las estrictamente necesarias, constan expresamente en los estatutos.

Artículo 79. Estatutos de los consorcios

Los estatutos fijan el régimen de funcionamiento del consorcio y contienen, como mínimo, once extremos: denominación y sede; entes que lo integran; objeto y fines; órganos de gobierno; normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de gerencia, en su caso; régimen financiero, presupuestario y contable; duración; procedimiento de incorporación y separación de miembros; procedimiento de modificación de los estatutos; causas, procedimiento de disolución y normas de liquidación; y régimen jurídico de los bienes cedidos en uso por los municipios que se separen.

Artículo 80. Procedimiento de constitución de los consorcios y aprobación de sus estatutos

Las entidades que quieran consorciarse aprueban un convenio fundacional, al que pueden incorporar como anexo un proyecto de estatutos; si no, se redacta en la forma que el convenio determine. Los órganos plenarios de las entidades locales autorizan la suscripción del convenio y aprueban los estatutos por mayoría absoluta de su número legal de miembros. El proyecto de estatutos se somete a información pública por plazo mínimo de un mes y se remite a las diputaciones provinciales afectadas que no sean parte del convenio, para que informen en un mes. Su publicación en el BOJA es constitutiva.

Artículo 81. Órganos de gobierno de los consorcios

Los órganos de gobierno del consorcio se integran por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción estatutaria y sin que ninguno de ellos ostente mayoría absoluta. Si junto con entidades locales participa la Administración de la Junta de Andalucía (mediante sus consejerías, agencias o empresas públicas dependientes) aportando medios materiales o financieros, el órgano de gobierno debe integrar un número de miembros de la Comunidad Autónoma que garantice la proporcionalidad de su aportación económica, sin suponer la mayoría absoluta del total de miembros del órgano.

Artículo 82. Modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del consorcio

Para la modificación de los estatutos del consorcio, la adhesión y separación de sus miembros, la disolución y la liquidación se aplica lo dispuesto en la propia ley para las mancomunidades, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la naturaleza de los distintos entes consorciados.

Artículo 83. Convenios de cooperación

Municipios, provincias y entidades de cooperación territorial pueden celebrar convenios entre sí o con la Comunidad Autónoma para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias. El instrumento de formalización especifica ocho extremos, como la competencia que ejerce cada administración, la financiación y el plazo de vigencia. Cada convenio lleva memoria con antecedentes, razones de oportunidad y objetivos. Puede prever el traspaso de personal, sin ingreso en la función pública de otra administración. Aprobado, se remite copia a la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 84. Redes de cooperación territorial

La cooperación territorial puede desarrollarse también mediante redes de ámbito inferior o igual al autonómico, nacional o internacional. Pueden integrarlas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que persigan fines de interés general local, y sus miembros pueden crear entidades con personalidad jurídica. Las redes de ciudades son el nivel básico y preferente. Las de ámbito andaluz deben promover estructuras flexibles, no jerarquizadas y basadas en la adopción consensuada de decisiones. Constituida la red, se da cuenta a la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 85. Órganos paritarios de colaboración

El órgano supremo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales es el Consejo Andaluz de Concertación Local, cuyas atribuciones, composición y funcionamiento regula su propia ley de creación. Otros órganos de colaboración se crean por ley, que determina en todos los casos las funciones atribuidas, el ámbito material y territorial de actuación, la composición y el funcionamiento. Los órganos paritarios de colaboración tienen carácter deliberante o consultivo. Todo ello sin perjuicio de los órganos específicos que puedan establecer los planes sectoriales de coordinación.

Artículo 89. Concepto de término municipal

El término municipal es el espacio físico en el que el municipio puede ejercer válidamente sus competencias; ciertas competencias y actividades pueden desarrollarse fuera cuando sea adecuado a su naturaleza y conforme a los instrumentos jurídicos que se adopten. Abarca suelo, vuelo y subsuelo, pero sus modificaciones y dimensiones se refieren al plano superficial: no valen las alteraciones o intrusiones en el vuelo o subsuelo de forma autónoma al suelo. No lo menoscaban las competencias o derechos de otras personas dentro de él. Es continuo y no puede exceder del territorio de una provincia.

Artículo 90. La delimitación de los términos municipales

La demarcación municipal es la actuación administrativa tendente a determinar la extensión y límites de las entidades locales territoriales, como elementos sustanciales de las mismas y definidores del ámbito espacial donde ejercen sus competencias, así como su capitalidad. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por acuerdo adoptado mediante decreto. El deslinde es la actuación de comprobación y ejecución de la demarcación municipal y en ningún caso puede implicar modificación de términos municipales.

Artículo 91. Modificaciones de los términos municipales

Los términos municipales pueden modificarse por segregación, fusión, agregación, incorporación y aumento o disminución de su cabida debido a dinámicas de la naturaleza. Con ellas, o combinándolas, cabe crear y suprimir municipios o solo alterar sus límites. La competencia corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía, previa instrucción del procedimiento, que en todo caso precisa informe técnico de la Dirección General del Instituto de Cartografía de Andalucía. La modificación se inscribe en el Registro Andaluz de Entidades Locales y se remite al Registro Estatal para su inscripción.

Artículo 92. La fusión de municipios

La fusión es la creación de un municipio nuevo por la unión de dos o más preexistentes y limítrofes de la misma provincia, que se suprimen. Podrá acordarse cuando se dé alguna de estas circunstancias: a) falta de recursos para prestar, cada uno por sí o asociados, los servicios mínimos impuestos por la ley; b) confusión de sus núcleos de población por el desarrollo de sus edificaciones y demás espacios urbanos; c) condiciones geográficas, económicas, demográficas, administrativas o cualesquiera otras que la hagan necesaria o conveniente.

Artículo 93. La segregación de términos municipales

Segregar es separar parte del territorio de un término municipal para crear un municipio distinto o para agregarla a otro preexistente, limítrofe y de la misma provincia (sin crear ni suprimir municipios). Crear un municipio por segregación es excepcional, solo sobre núcleos de población, y exige la conformidad expresa del pleno del municipio que la sufre, por mayoría absoluta, más las circunstancias a) a g). La segregación-agregación no puede privar de recursos para los servicios básicos ni reducir servicios; cabe compensación territorial o, si no, económica, y solo procede en tres casos.

Artículo 94. La incorporación de municipios

La incorporación es la anexión a un municipio de la totalidad del término municipal de otro u otros limítrofes, que se suprimen. Podrá acordarse por alguna o algunas de estas circunstancias: a) insuficiencia de medios para los servicios públicos obligatorios exigidos por la ley; b) descenso acusado y progresivo de la población de derecho o su total desaparición, que haga técnicamente desaconsejable prestarlos; c) incapacidad sobrevenida, total o sustancial, del territorio para sustentar edificaciones de uso residencial, por grandes obras, alteraciones geológicas o causas análogas.

Artículo 95. Iniciativa

Los procedimientos de creación y supresión de municipios o de alteración de sus términos pueden iniciarlos: uno, varios o todos los ayuntamientos afectados, por acuerdo de la mayoría absoluta del número legal de miembros; la diputación provincial de la provincia en que radiquen; o la consejería competente sobre régimen local. Si lo promueven varios ayuntamientos, se constituye una comisión mixta de representantes de estos para la formulación única de pareceres. No puede iniciarse un procedimiento si no han pasado cinco años desde que la Junta de Andalucía desestimó otro sustancialmente igual.

Artículo 96. Formación del expediente

Todo expediente de modificación de términos lleva: a) memoria detallada de las circunstancias exigidas y demás motivos; b) cartografía de la delimitación actual y la pretendida; c) informe económico sobre su posibilidad y conveniencia. Si la segregación constituye un nuevo municipio se añaden tres propuestas: nombre y núcleo de la capitalidad si tuviese más de uno; régimen especial de protección de acreedores; y atribución de bienes, créditos, derechos y obligaciones, usos públicos y aprovechamientos comunales, con bases para cuestiones futuras. En la fusión figura también la del apartado 2 a.

Artículo 97. De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de iniciativa municipal

Recibida la iniciativa, la consejería competente sobre régimen local comprueba si surge de todos los municipios afectados o de parte. Antes de cualquier otro trámite da audiencia por cuatro meses a los que no participaron; el que no se pronuncie expresamente muestra su conformidad. Siguen: información pública de un mes (boletines de la Junta y de la provincia, tablones y sedes electrónicas), dictámenes que estime convenientes, parecer sucesivo de la diputación provincial y del Consejo Andaluz de Concertación Local en tres meses y remisión al Consejo Consultivo, informando a la vez al Estado.

Artículo 98. De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos iniciados por la consejería competente sobre régimen local o por la diputación provincial

Si la iniciativa es de la consejería competente sobre régimen local o de la diputación provincial, se comunica a los municipios afectados para que se pronuncien en cuatro meses; el que no lo haga expresamente muestra su conformidad. La consejería somete iniciativa y acuerdos municipales a información pública por un mes y decide si continúa el expediente. Si continúa, recaba los dictámenes que estime convenientes, solicita el parecer del Consejo Andaluz de Concertación Local (tres meses) y somete lo actuado a dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, informando a la vez al Estado.

Artículo 99. Resolución del procedimiento

Todos los expedientes de creación o supresión de municipios, y también los de alteración de términos municipales, se resuelven por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 100. Gobierno de los municipios en caso de segregación

Creado un municipio por segregación, los que la experimentan conservan su número de concejalías hasta constituirse los nuevos ayuntamientos. El nuevo se rige provisionalmente por una comisión gestora con las vocalías que le correspondan de concejalías por la legislación electoral; la designa la diputación provincial según las últimas elecciones municipales en las mesas de lo segregado, a propuesta de partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. La comisión designa su presidencia entre sus miembros; si lo segregado era entidad local autónoma, preside quien la presidía.

Artículo 101. Gobierno de los municipios creados por fusión

Al crearse un municipio por fusión de dos o más limítrofes cesan todas las personas titulares de alcaldías y concejalías, y la diputación provincial designa de entre ellas una comisión gestora con tantas vocalías como concejalías correspondan a la población total resultante. Se designa a las personas titulares de concejalías con mayores cocientes, tras sumar los votos de todas las candidaturas presentadas en los municipios fusionados en las últimas elecciones municipales y dividir esas sumas, conforme a la Ley Orgánica 5/1985, tantas veces como puestos de concejalías tenga el nuevo municipio.

Artículo 102. Gobierno de los municipios en caso de mera alteración de términos municipales

Las alteraciones de términos municipales no suponen en ningún caso modificaciones en el número de concejalías de los respectivos ayuntamientos hasta la celebración de las próximas elecciones municipales, aunque hayan producido cambios en la población de los municipios afectados.

Artículo 103. Estatuto de las personas integrantes de la comisión gestora

Las personas titulares de la presidencia y de las vocalías de las comisiones gestoras tienen los mismos derechos y obligaciones que la legislación de régimen local establece, respectivamente, para las personas titulares de la alcaldía y de las concejalías: la presidencia se equipara a la alcaldía y las vocalías a las concejalías.

Artículo 104. Administración interina

En todos los supuestos de creación de un nuevo municipio, y hasta tanto esté constituida su comisión gestora, la diputación provincial garantiza la prestación de los servicios públicos obligatorios a la población y actúa en su representación en cuantos asuntos sean de inaplazable gestión. Los promotores de la iniciativa están facultados para formular propuestas y colaborar con la diputación provincial en esas funciones provisionales.

Artículo 105. Concepto de capitalidad

La capitalidad de las entidades locales es la cualidad de los núcleos de población en que esas entidades tienen radicados de forma permanente sus órganos de gobierno y administración, y así viene especificado en las correspondientes inscripciones de los registros oficiales de entidades locales, el estatal y el autonómico.

Artículo 106. Causas de la alteración de la capitalidad

El cambio de capitalidad solo puede fundarse en alguna o algunas de estas cuatro circunstancias: a) desaparición, por cualquier causa, del núcleo de población donde estuviese establecida la capital; b) mayor accesibilidad del núcleo de población propuesto; c) mayor número de vecinos con residencia habitual en el núcleo propuesto; d) razones de índole histórica.

Artículo 107. Cambio de denominación

El cambio de denominación de un municipio sigue tres reglas: a) la denominación propuesta no puede ser idéntica a otra existente en el territorio nacional ni inducir a error en la organización de los servicios públicos; b) será en castellano, siendo de especial consideración la toponimia histórica del lugar; c) debe ser compatible con los principios y valores constitucionales y no implicar lesión a los derechos fundamentales. Además, los municipios no pueden usar nombres que no hayan sido debidamente autorizados.

Artículo 108. Procedimiento de cambio de nombre y de capitalidad

El nombre y la capitalidad de los municipios pueden alterarse por un procedimiento que en todo caso requiere: acuerdo del ayuntamiento, adoptado por el pleno con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros; información pública por treinta días; informe del Consejo Andaluz de Concertación Local; y aprobación por resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La resolución se publica en los boletines oficiales de la provincia y de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, y la modificación se inscribe en los registros de entidades locales estatal y andaluz.

Artículo 109. Organización territorial del municipio

El municipio, en ejercicio de su potestad de autoorganización y como manifestación de su plena autonomía política, puede organizar espacialmente el término municipal, o parte de él, en circunscripciones territoriales, con la finalidad de acercar la acción administrativa a la población, facilitar la participación ciudadana y dotar de mayor eficacia a la prestación de servicios. Las circunscripciones pueden ser desconcentradas (distritos, barrios, aldeas, pedanías u otras denominaciones análogas) o descentralizadas (entidades vecinales o entidades locales autónomas).

Artículo 110. Principios de la organización territorial del municipio

La organización territorial del término municipal está presidida por el principio de racionalidad y economía administrativa. Valora fundamentalmente seis criterios: volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más significativas y existencia de intereses peculiares de cada zona. En todo caso vela por la solidaridad del conjunto de la comunidad vecinal y por el acceso en igualdad a los servicios públicos de todos los vecinos y vecinas, con independencia de su lugar de residencia.

Artículo 111. Órganos de gestión desconcentrada

Las circunscripciones territoriales desconcentradas no tienen personalidad jurídica. Las crea, modifica o suprime el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta. El acuerdo de creación fija el órgano u órganos de representación del gobierno municipal, su composición, la designación de sus titulares y su vinculación con el ayuntamiento, las competencias administrativas atribuidas (ejercidas por delegación y sujetas al Derecho Administrativo) y la estructura administrativa, modificable después. Siempre se asegura la unidad de gobierno y gestión del municipio.

Artículo 112. Las entidades de gestión descentralizada

Cuando uno o varios núcleos de población separados del de la capitalidad del municipio tengan características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas comunes que revelen de forma notoria unos intereses colectivos peculiares que hagan conveniente una gestión diferenciada, el ayuntamiento podrá constituir una entidad descentralizada. Esta solo ejerce las competencias municipales fijadas en el instrumento de creación o en sus modificaciones, sin perjuicio de la unidad de gobierno municipal y de la representación general de los órganos municipales.

Artículo 113. Tipología de entidades descentralizadas

Las entidades de gestión descentralizada tienen en todo caso personalidad jurídica y se sujetan al Derecho Administrativo. Pueden ser entidad vecinal o entidad local autónoma, según el alcance de la descentralización. Las entidades vecinales gestionan servicios locales de interés general y ejecutan obras de competencia municipal que asumen por delegación del ayuntamiento. Las entidades locales autónomas se crean para el gobierno y administración de sus propios intereses diferenciados de los generales del municipio, con competencias propias y las que el ayuntamiento les transfiera.

Artículo 114. Iniciativa para la creación de entidades descentralizadas

La iniciativa para constituir entidades vecinales y entidades locales autónomas corresponde al superior órgano colegiado ejecutivo del ayuntamiento, a cualquiera de los grupos políticos municipales o a la población interesada; en este caso hace falta petición escrita de la mayoría absoluta de los vecinos del territorio base de la entidad con derecho a voto en las elecciones locales. Se eleva al pleno, que la somete a consideración en la siguiente sesión ordinaria, salvo que no se presentara con quince días de antelación mínima. Aprobada la incoación, el pleno designa a una persona instructora.

Artículo 115. Instrucción del procedimiento de creación de entidades descentralizadas

La persona instructora practica los trámites oportunos hasta formular una memoria y una propuesta de resolución. La memoria analiza si se cumplen los requisitos legales y, en caso positivo, las causas que aconsejan o no la creación, ponderando al menos nueve factores (letras a a i). Memoria y propuesta se elevan al pleno en un máximo de cuatro meses desde el nombramiento. Si el pleno ve viable la creación, antes de deliberar somete el expediente a información pública por treinta días y lo remite a la diputación provincial y a la consejería competente sobre régimen local para informe.

Artículo 116. Aprobación de la creación de entidades descentralizadas

Crear la entidad exige el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno; en otro caso se entiende rechazada. El instrumento de creación contiene el estatuto, con un contenido mínimo (letras a a i). Si es entidad local autónoma añade, entre otros, competencias propias y un sistema de financiación con vigencia general de cinco años, actualizado cada ejercicio. En un mes desde su aprobación se envía a la consejería competente sobre régimen local para publicarlo en el BOJA y, constituidos los órganos de gobierno, se inscribe en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

Artículo 117. Organización y funcionamiento de las entidades vecinales

Los estatutos de la entidad vecinal deben prever una junta vecinal, integrada por la vocalía-presidencia y las vocalías, que serán en todo caso impar. Tras las elecciones municipales, la Junta Electoral de Zona declara los votos y determina las vocalías de cada formación; sus representantes legales designan en cinco días a vocales y suplentes, y la Junta Electoral los proclama. El alcalde o alcaldesa nombra, de entre los vocales, a quien preside. Si la alcaldía insta la convocatoria y la vocalía-presidencia no convoca en quince días, puede hacerlo directamente la alcaldía.

Artículo 118. Personal de las entidades vecinales

El personal de las entidades vecinales puede ser propio o del ayuntamiento; este se adscribe por el acuerdo de constitución o sus modificaciones. Las plantillas, relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo que apruebe la junta vecinal necesitan autorización previa del órgano competente del ayuntamiento. El personal propio puede ser funcionario o laboral. Si no hay plazas de habilitación de carácter estatal, secretaría e intervención corresponden a los titulares del ayuntamiento; la tesorería puede conferirse a un miembro de la junta vecinal o a una persona funcionaria de la entidad.

Artículo 119. Suficiencia financiera de las entidades vecinales

Los ayuntamientos garantizan a las entidades vecinales los recursos necesarios para el ejercicio de sus competencias y su funcionamiento. Para ello deben consignar en sus presupuestos la asignación adecuada en función de la población, los servicios y las necesidades de la entidad, teniendo en cuenta además lo establecido en sus estatutos, sin que en ningún caso se deriven de ello consecuencias dañosas para los intereses del conjunto del municipio.

Artículo 120. Presupuestos de las entidades vecinales

Las entidades vecinales elaboran y aprueban cada año un presupuesto único que comprende todos sus ingresos y gastos, con sujeción a las normas económico-financieras que rigen para las entidades locales, a cuyas normas deben adecuar también su contabilidad y sus actuaciones de tesorería. Los municipios pueden comprobar el destino dado a los fondos de su procedencia, el grado de utilización de los recursos tributarios propios de las entidades y el nivel de prestación de los servicios públicos que tengan asignados.

Artículo 121. Supresión de las entidades vecinales

Las entidades vecinales pueden suprimirse cuando desaparezcan las circunstancias de hecho que justificaron su creación, siempre que hayan pasado cinco años desde esta, o cuando sea manifiesto el sistemático incumplimiento de sus fines o su inviabilidad económica. La supresión sigue un procedimiento análogo al de creación. El acuerdo de supresión fija la sucesión administrativa de la plantilla y la forma y condiciones de liquidación de deudas y créditos; el municipio se hace cargo frente a terceros de todos los bienes, recursos y obligaciones de la entidad.

Artículo 122. Potestades y prerrogativas de las entidades locales autónomas

La entidad local autónoma tiene nueve potestades: autoorganización; reglamentación de los servicios; presunción de legalidad y ejecutividad de sus acuerdos; revisión de oficio; administración, investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; inembargabilidad; tributaria y financiera para tasas y contribuciones especiales; sancionadora y de ejecución forzosa; y prelaciones y preferencias de la Hacienda Pública. Sus acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de crédito y tesorería los ratifica el ayuntamiento, en sesión donde un representante de la entidad tiene voz.

Artículo 123. Competencias propias de las entidades locales autónomas

Las entidades locales autónomas tienen competencias propias, como mínimo, en once materias: licencias de obras menores; pavimentación, conservación y reparación de vías urbanas; alumbrado público; limpieza viaria; ferias y fiestas locales; abastos; servicios funerarios; abastecimiento de agua en baja (distribución, almacenamiento intermedio y suministro hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias); alcantarillado; recogida de residuos y control de alimentos. Al ejercerlas se tendrán presentes, en todo caso, las debidas facultades de coordinación del municipio.

Artículo 124. Participación de las entidades locales autónomas en asuntos municipales

El ayuntamiento promoverá la intervención de la entidad local autónoma en los asuntos municipales que, sin ser competencia de esta, afecten directa y específicamente a sus intereses, permitiéndole expresar su parecer. Para ello facilitará a los miembros de la junta vecinal el acceso a los procedimientos e instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten. Las juntas vecinales pueden proponer al órgano correspondiente del ayuntamiento o de sus entes instrumentales decisiones y actuaciones de competencia municipal de interés para su entidad.

Artículo 125. Órganos de gobierno de las entidades locales autónomas

Los órganos de gobierno de la entidad local autónoma son la junta vecinal y la presidencia de la entidad local autónoma. No pueden recibir denominaciones que induzcan a confusión sobre su naturaleza: la mención de la titularidad de la presidencia irá seguida siempre de la expresión «de la entidad local autónoma» y no podrá denominarse alcalde o alcaldesa; tampoco se podrá denominar ayuntamiento a la junta vecinal ni concejales a sus vocales.

Artículo 126. La titularidad de la presidencia de las entidades locales autónomas

La presidencia de la entidad local autónoma se elige directamente por la vecindad con residencia habitual en su ámbito y derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. El empate se resuelve a favor del candidato de la formación más votada en las secciones del territorio vecinal y, si persiste, por sorteo. Preside y ejecuta los acuerdos de la junta vecinal, representa a la entidad y dirige de forma inmediata sus servicios. Cesa por siete causas (letras a a g del apartado 3). No se le aplica el régimen de moción de censura o cuestión de confianza.

Artículo 127. La junta vecinal de las entidades locales autónomas

La junta vecinal, compuesta por la presidencia y las vocalías, asume el gobierno y la administración general de la entidad local autónoma: controla y fiscaliza a la presidencia, determina los recursos tributarios propios, aprueba presupuestos, cuentas, plantilla y oferta de empleo, y ejerce acciones administrativas y judiciales. El número de vocales es en todo caso par: dos hasta 250 vecinos, cuatro de 251 a 2.000, seis de 2.001 a 5.000 y ocho si excede de 5.000, sin superar el tercio de las concejalías del ayuntamiento.

Artículo 128. Impugnación de actos y responsabilidad patrimonial de las entidades locales autónomas

Las resoluciones y acuerdos de los órganos de la entidad local autónoma ponen fin a la vía administrativa, salvo que la ley requiera la aprobación posterior municipal o de otras administraciones públicas o que se adopten en ejercicio de competencias delegadas por el ayuntamiento, en cuyo caso podrán ser recurridas ante este. La entidad responde directamente de los daños y perjuicios causados a particulares por el funcionamiento de los servicios públicos o la actuación de sus órganos, personal funcionario o agentes, en los términos de la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

Artículo 129. Personal de las entidades locales autónomas

El régimen jurídico aplicable a la entidad local autónoma en lo relativo al personal a su servicio es el previsto en la propia ley para las entidades vecinales. El artículo no contiene reglas propias sobre personal: se limita a remitir al régimen de las entidades vecinales.

Artículo 130. Recursos financieros de las entidades locales autónomas

La hacienda de la entidad local autónoma se compone de recursos propios (ingresos de su patrimonio y de Derecho Privado, tributos salvo impuestos, multas, subvenciones, operaciones de crédito, precios públicos y demás prestaciones de Derecho Público), de la participación en los tributos del municipio y de los procedentes del Fondo de Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma. El municipio consigna anualmente una asignación, que aprueba el pleno del ayuntamiento; su acuerdo puede impugnarlo la entidad ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 131. Presupuesto de las entidades locales autónomas

Artículo 132. Supresión de las entidades locales autónomas

Las entidades locales autónomas pueden ser suprimidas en los mismos supuestos, por el mismo procedimiento y con los mismos requisitos previstos para las entidades vecinales. La competencia para suprimirlas es del respectivo ayuntamiento, oída la junta vecinal de la entidad.

Artículo 1. Objeto

El decreto determina la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos fijados por el Capítulo III del Título II de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Para ello ordena la figura de las personas titulares de los órganos directivos periféricos en que se organice y las unidades administrativas que se les adscriban, así como sus funciones y competencias.

Artículo 2. Organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía

La Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar, mediante decreto del Consejo de Gobierno y sin perjuicio del artículo 35.3 de la Ley 9/2007, una de dos estructuras provinciales: a) Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Provinciales de cada una de las Consejerías; b) Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Territoriales. Las Territoriales podrán tener asignados los servicios periféricos de determinadas materias de una Consejería, el conjunto de los de una Consejería o agrupar los de varias.

Artículo 3. De las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son los máximos órganos directivos periféricos representantes de la Junta de Andalucía en la provincia. El artículo lo afirma de conformidad con el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y con el Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Nombramiento, separación y rango de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son nombradas y separadas mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Tienen rango de Dirección General, tal y como establece el artículo 2.2 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre.

Artículo 5. Incompatibilidades de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía están sometidas al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos.

Artículo 6. Suplencia de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

En caso de vacante, las competencias de la Delegación del Gobierno las ejerce la persona titular de otra Delegación Provincial o, en su caso, de la Delegación Territorial que designe la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas las Delegaciones del Gobierno. En caso de ausencia o enfermedad, o de abstención o recusación declarada, la persona titular de la Delegación del Gobierno es sustituida por la de la Delegación Provincial o, en su caso, Territorial que ella designe como suplente; si esa designación no es posible, se aplica la regla de la vacante.

Artículo 7. Funciones y competencias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

A las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno les corresponden las funciones y competencias de los artículos 36 y 37 de la Ley 9/2007 y 6 y 7 del Decreto 512/1996, la coordinación de las relaciones informativas de la Administración de la Junta en la provincia y las que se les atribuyan o deleguen. Las Delegaciones ejercen además, en su provincia, las competencias de servicios periféricos que fije un decreto del Consejo de Gobierno. Dependen orgánicamente de la Consejería de adscripción y funcionalmente de la competente por la materia, cuya persona titular resuelve la alzada.

Artículo 8. De las Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno es nombrada por libre designación por la persona titular de la Consejería de la que dependa la Delegación, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería de que dependa en la provincia y, respecto de los servicios comunes adscritos, las funciones de las letras a) a f).

Artículo 9. La Oficina de la Vicepresidencia

Artículo 10. De las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las Delegaciones Provinciales de las Consejerías son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta integrados en la estructura orgánica de las Consejerías. Podrá existir una por Consejería en cada provincia cuando lo establezcan los decretos de estructura orgánica. Sus titulares representan a la Consejería en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios, bajo la superior dirección y supervisión de la persona titular de la Consejería. Principios: eficacia, eficiencia y economía del gasto público, sin duplicidades.

Artículo 11. Nombramiento y separación de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

El nombramiento y la separación de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías se hacen por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente. El artículo lo establece de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 12. Incompatibilidades de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería

La persona titular de la Delegación Provincial de una Consejería de la Administración de la Junta de Andalucía está sometida al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril.

Artículo 13. Competencias de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería

A las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía les corresponden las competencias establecidas en el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como cualquier otra que se les atribuya o que les sea delegada.

Artículo 14. De las Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales

La persona titular de la Secretaría General de la Delegación Provincial es nombrada por libre designación por la persona titular de la Consejería de la que la Delegación dependa, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación Provincial, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería de que dependa en la provincia y, además, las funciones de las letras a) a f).

Artículo 15. De las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Las Delegaciones Territoriales son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta de Andalucía. Dependen orgánicamente de la Consejería que se establezca por decreto del Consejo de Gobierno y funcionalmente de la Consejería o Consejerías competentes por razón de la materia. Contra los actos de sus titulares que no agoten la vía administrativa cabe recurso de alzada, que resuelve la persona titular de la Consejería con las competencias funcionales de la materia; si versa sobre materias del servicio de gestión de recursos comunes, la de la Consejería de adscripción orgánica.

Artículo 16. Nombramiento y separación de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Delegación Territorial es nombrada y separada por decreto del Consejo de Gobierno. La propuesta corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de la Presidencia si la Delegación asume competencias de varias Consejerías, y a la persona titular de la Consejería correspondiente cuando se trate de una sola de ellas.

Artículo 17. Incompatibilidades de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía están sometidas al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril.

Artículo 18. Régimen de suplencias de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

En caso de vacante, las competencias propias de la Delegación Territorial las ejerce la persona titular de la Delegación del Gobierno o de la Delegación Territorial que designe la Consejería a la que esté adscrita orgánicamente la Delegación Territorial. En caso de ausencia o enfermedad de la persona titular, o cuando se haya declarado su abstención o recusación, la sustituye la persona titular de la Delegación Territorial o de la Delegación del Gobierno que designe como suplente; si esa designación no es posible, se aplica la regla de la vacante.

Artículo 19. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Funciones de la persona titular de la Delegación Territorial en su provincia: a) representación ordinaria de las Consejerías con servicios periféricos adscritos y, en su caso, de sus agencias; b) dirigir las unidades bajo dependencia funcional de los órganos directivos; c) jefatura de todo el personal; d) cauce ordinario de relación con los servicios centrales, los órganos periféricos del Estado y las entidades locales; e) trasladar órdenes e instrucciones a las Secretarías Generales Provinciales; f) potestades administrativas; g) las demás atribuidas, desconcentradas o delegadas.

Artículo 20. Estructura de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

En las Delegaciones Territoriales se integran los servicios periféricos de las Consejerías que así se establezcan por decreto. En cada Delegación Territorial en la que se integren servicios periféricos de diferentes Consejerías existirá un servicio de gestión de recursos comunes. Si la Delegación asume competencias funcionales de una sola Consejería, o de solo una parte de sus servicios periféricos, se aplica lo establecido en el artículo 40 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para las Delegaciones Provinciales.

Artículo 21. El servicio de gestión de recursos comunes de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

El servicio de gestión de recursos comunes existe cuando la Delegación Territorial integra servicios periféricos de diferentes Consejerías. Su titular es nombrado por libre designación por la persona titular de la Consejería de adscripción orgánica de la Delegación, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública. Depende orgánica y funcionalmente de la persona titular de la Delegación. Funciones: coordinación de los servicios comunes, sus asuntos de personal y económicos, archivo y registro, tramitación de recursos y otras de administración general.

Artículo 22. De las Secretarías Generales Provinciales de las Consejerías

Al frente de los servicios periféricos de cada Consejería existe una Secretaría General Provincial, órgano administrativo periférico del que dependen las unidades administrativas. Excepcionalmente caben hasta dos en las Delegaciones Territoriales que asuman competencias funcionales de una sola Consejería, por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de esa Consejería y previo informe favorable de las de Administración Pública y Hacienda. Los servicios periféricos dependen funcionalmente de su Consejería y orgánicamente de la Delegación, del Gobierno o Territorial, en que se integren.

Artículo 23. Personas titulares de las Secretarías Generales Provinciales de la Consejería

A la persona titular de la Secretaría General Provincial la nombra la titular de la Consejería de la que dependa funcionalmente, por libre designación, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería en la provincia, la asistencia técnico-jurídica, la gestión económica y la tramitación de recursos. En ausencia, vacante o enfermedad actúa quien designe esa titular.

Artículo 24. Gestión compartida entre las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Cuando la reestructuración de las Consejerías afecte a la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, se puede acordar, de forma excepcional y transitoria, la gestión compartida de determinadas funciones de las Delegaciones, tanto Territoriales como del Gobierno, cuando los servicios periféricos de las Consejerías afectadas dejen de estar adscritos a dichas Delegaciones. Las áreas que se relacionan en el artículo 25 podrán prestar las funciones que les sean asignadas, con el objetivo de conseguir la máxima eficacia y eficiencia.

Artículo 25. Funciones de gestión compartida

Pueden ser objeto de gestión compartida siete funciones: a) la gestión de recursos humanos; b) la gestión económica; c) la gestión de la contratación administrativa; d) la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones; e) la gestión relativa a la administración general de equipos e instalaciones; f) el asesoramiento técnico-jurídico; g) la gestión del registro y la atención a la ciudadanía.

Artículo 26. Ordenación de la gestión compartida

Las funciones objeto de gestión compartida, las unidades y los puestos afectados funcionalmente por la materia se establecen mediante orden conjunta de las Consejerías afectadas. Asimismo se determinan los oportunos mecanismos de coordinación. En todo caso, las unidades administrativas y puestos que realicen con su estructura la gestión compartida dependen de las respectivas Delegaciones Territoriales o de las Delegaciones del Gobierno, y la coordinación entre las Delegaciones afectadas corresponde a sus respectivas Secretarías Generales.

Artículo 42

Las Comunidades Autónomas, según sus Estatutos, pueden crear comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios; la iniciativa puede partir de estos. No se crea si se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que representen al menos la mitad del censo electoral. Si abarca más de una Provincia, se exige informe favorable de las Diputaciones. Las leyes autonómicas fijan ámbito, órganos (representativos de los Ayuntamientos), competencias y recursos. Los Municipios conservan los servicios del artículo 26 y alguna intervención en las materias del 25.2.

Artículo 43

Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas mediante Ley, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, conforme a sus Estatutos. Son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas con vinculaciones económicas y sociales que exigen planificación conjunta y coordinación de servicios y obras. La ley autonómica fija sus órganos (con todos los Municipios representados), su régimen económico y de funcionamiento y los servicios y obras metropolitanos.

Artículo 44

Los municipios pueden asociarse en mancomunidades para ejecutar obras y servicios determinados de su competencia. Tienen personalidad y capacidad jurídicas y se rigen por sus Estatutos (ámbito, objeto, órganos, recursos, duración…); sus órganos de gobierno representan a los ayuntamientos mancomunados. Estatutos: los elaboran los concejales de los municipios promotores en asamblea, informa la Diputación y los aprueban todos los Plenos; procedimiento similar para modificar o suprimir. Caben municipios de distintas comunidades si sus normativas lo permiten.

Artículo 89. Estructura territorial

Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. La Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones locales ajustarán sus relaciones a los principios de información mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales determinados en el Estatuto, en la legislación básica del Estado y en la normativa autonómica de desarrollo, con plena observancia de la garantía institucional de la autonomía local reconocida por la Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local.

Artículo 90. Principios de la organización territorial

La organización territorial de Andalucía se regirá por nueve principios: autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.

Artículo 91. El municipio

El municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma, con personalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses; su representación, gobierno y administración corresponden a los Ayuntamientos. La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes de la misma provincia se harán según la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado. Los municipios tienen plena capacidad de autoorganización dentro de las disposiciones generales establecidas por ley.

Artículo 92. Competencias propias de los municipios

El Estatuto garantiza a los municipios un núcleo competencial propio, ejercido con plena autonomía y sujeto sólo a controles de constitucionalidad y legalidad. Los Ayuntamientos tienen competencias propias, en los términos que determinen las leyes, sobre: urbanismo; vivienda; servicios sociales comunitarios; servicios básicos (agua, alumbrado, residuos, limpieza viaria, incendios, transporte público); vías públicas; movilidad; cooperación en patrimonio, medio ambiente y salud pública; seguridad en espacios públicos; consumo; turismo; cultura; deporte; cementerio; y otras que fijen las leyes.

Artículo 93. Transferencia y delegación de competencias en los Ayuntamientos

Una ley aprobada por mayoría absoluta regulará la transferencia y delegación de competencias en los Ayuntamientos, siempre con la necesaria suficiencia financiera y de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia, coordinación y lealtad institucional. La planificación y control quedan en el ámbito de la Junta de Andalucía. Lo transferido o delegado a los Municipios deberá referirse sustancialmente a su prestación o ejercicio, y la Comunidad mantendrá, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales.

Artículo 94. Agrupación de municipios

Una ley regulará las funciones de las áreas metropolitanas, mancomunidades, consorcios y aquellas otras agrupaciones de municipios que se establezcan (la relación queda abierta). Para ello se tendrán en cuenta las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los distintos entes locales.

Artículo 95. Órgano de relación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos

Una ley de la Comunidad Autónoma regulará la creación, composición y funciones de un órgano mixto con representación de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos andaluces. Ese órgano funcionará como ámbito permanente de diálogo y colaboración institucional y será consultado en la tramitación parlamentaria de las disposiciones legislativas y planes que afecten de forma específica a las Corporaciones locales.

Artículo 96. La provincia

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios; alterar sus límites exige ley orgánica de las Cortes Generales. Su gobierno y administración autónoma corresponden a la Diputación, que tiene: coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación con los municipios; las competencias que le atribuya la legislación; y las que le delegue la Comunidad Autónoma. La Junta coordina a las Diputaciones en materias de interés general por ley de mayoría absoluta, y en todo caso los planes provinciales de obras y servicios.

Artículo 97. Comarcas

La comarca es la agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines. Una ley del Parlamento de Andalucía podrá regular la creación de comarcas y establecerá también sus competencias. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno.

Artículo 98. Ley de régimen local

Una ley de régimen local, en el marco de la legislación básica del Estado, regulará: las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales; las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y con la Administración de la Comunidad Autónoma, incluidas formas asociativas mancomunales, convencionales y consorciales; y cuantas materias se deduzcan del artículo 60. Tendrá en cuenta las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los entes.

Artículo 35. Órganos territoriales

Son órganos territoriales provinciales las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y, en su caso, las Delegaciones Territoriales. Estas se crean por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de la Presidencia; su titular se nombra y separa por Decreto del Consejo de Gobierno. Otras estructuras u órganos provinciales o inferiores los crea el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería o Consejerías interesadas.

Artículo 36. Titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía representan al Gobierno en la provincia y son allí la primera autoridad de la Administración de la Junta. Se nombran y separan por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas. Coordinan y supervisan los servicios y actividades de la Junta en la provincia, bajo la superior dirección y supervisión de esa persona titular de la Consejería, y ejercen además las competencias de los servicios periféricos que se les asignen.

Artículo 37. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Delegación del Gobierno, en su provincia, debe: representar a la Junta y presidir sus actos; dirigir su Delegación; coordinar las Delegaciones Provinciales y Territoriales; comunicar a la Junta con el Estado y las entidades locales; requerir a estas que anulen actos ilegales o promover su impugnación; informar a la Presidencia de los conflictos de atribuciones; instar al Consejo de Gobierno a plantear los de jurisdicción; representarla en los órganos colegiados de seguridad; y velar por sus normas. Tiene la potestad sancionadora atribuida y la residual.

Artículo 38. Titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías representan a su Consejería en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios de la Delegación, bajo la superior dirección y la supervisión de la persona titular de la Consejería. Su nombramiento y separación se hacen por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente.

Artículo 39. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Corresponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías: representar ordinariamente a la Consejería en la provincia y dirigir las unidades de la Delegación; la jefatura de todo el personal de la Delegación y la gestión ordinaria que expresamente se les delegue; ser cauce ordinario de relación con los servicios centrales, los órganos periféricos del Estado y las entidades locales; requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen actos y acuerdos que infrinjan el ordenamiento; y las funciones desconcentradas por decreto o delegadas.

Artículo 40. Estructura de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las Delegaciones Provinciales de las Consejerías forman parte de la estructura orgánica de su Consejería, y los decretos de estructura orgánica de cada Consejería pueden determinar las competencias que se les desconcentran. Su organización y funcionamiento responden específicamente a los principios de eficacia, eficiencia y economía del gasto público, evitando duplicar órganos, unidades administrativas y funciones respecto de la organización central, y procurando la mayor proximidad y facilidad en las relaciones con la ciudadanía.