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Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

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Art. 1Regulación jurídica de los bienes
Art. 2Clasificación de bienes
Art. 3Carácter de los bienes de dominio públicoLos bienes de dominio público, incluidos los comunales, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. Esas notas se mantienen mientras los bienes conserven su carácter, y el artículo las enuncia de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Art. 4Centros docentesLos edificios públicos destinados a centros de educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial son de titularidad de las entidades locales. Si la Administración educativa decide impartir en ellos educación secundaria, formación profesional u otras enseñanzas no universitarias por necesidades de escolarización, la titularidad no cambia, sin perjuicio del régimen de conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros docentes que resulte de aplicación según la normativa vigente.
Art. 5Competencia para alterar la calificación de los bienesLas entidades locales acuerdan la alteración de la calificación jurídica de sus bienes, previo expediente que acredite su oportunidad o necesidad. La alteración es automática en tres supuestos: aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y de proyectos de obras y servicios (en estos, si así se manifiesta en el acuerdo plenario); adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público o comunal; y adquisición por usucapión, con arreglo al Derecho Civil, de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal.
Art. 6Desafectación de bienes comunalesLos bienes comunales solo pueden desafectarse cuando no hayan sido objeto de disfrute comunal por un tiempo superior a los últimos diez años continuados, aunque en alguno de ellos haya habido actos aislados de aprovechamiento. Se requiere acuerdo de la entidad local con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa información pública por plazo de un mes.
Art. 7Mutación demanialLa mutación demanial se produce por el cambio de destino de un bien que sea de dominio público, por el procedimiento que reglamentariamente se determine. El artículo cita en particular dos supuestos: la alteración del uso o servicio al que estuviere destinado el bien y la concurrencia de afectaciones que fueren compatibles.
Art. 7 bisMutación demanial externaLas entidades locales de Andalucía pueden afectar bienes y derechos demaniales de su patrimonio a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a otras administraciones públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. Esta mutación no altera la titularidad de los bienes ni su carácter demanial. Se aplica a esas administraciones cuando prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a las entidades locales de Andalucía para un uso o servicio público de su competencia.
Art. 7 terMutación demanial subjetivaLa titularidad de los bienes y derechos demaniales locales puede transmitirse a otras Administraciones públicas para un uso general o servicio público de su competencia. Se formaliza en documento administrativo firmado por los representantes de ambas, título suficiente para la inscripción registral. Gastos y tributos son, en todo caso, de la Administración beneficiaria. Si el bien no se destina al fin en plazo, deja de estarlo, se niega su inspección, se incumplen condiciones o llega el término, revierte a la entidad local. El derecho de reversión se inscribe en el Registro de la Propiedad.
Art. 8Adquisición de bienes y derechosLas entidades locales pueden adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos, y también ejercitar las acciones pertinentes para la defensa de su patrimonio. Todo ello de conformidad con lo establecido en la propia Ley 7/1999 y en la demás normativa que resulte de aplicación.
Art. 9Adquisición onerosa o lucrativaLas entidades locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso o lucrativo, de derecho público o de derecho privado, de conformidad con el ordenamiento jurídico. El artículo menciona en particular cuatro: expropiación forzosa, cesión de naturaleza urbanística, prescripción adquisitiva y sucesión administrativa, esta última especialmente a consecuencia de modificaciones de términos municipales o transferencias de competencias de otras Administraciones.
Art. 10Procedimiento de adquisiciónLa adquisición onerosa se rige, en preparación y adjudicación, por la normativa de contratación de las Administraciones Públicas. Lo habitual es el concurso; cabe el negociado por singularidad histórica, cultural, artística o técnica del bien, por circunstancias imprevisibles que hagan inaplazable la adquisición o si el precio no excede de 3.000.000 de pesetas. En el negociado constan: memoria justificativa (supuestos a y b), informe autonómico para bienes históricos o artísticos, valoración pericial de los inmuebles y comunicación a la Consejería si son valores mobiliarios.
Art. 11Adquisición gratuitaLa adquisición gratuita no está sujeta a restricción alguna; si lleva aneja condición, modo o carga, exige expediente que acredite que el valor del gravamen no excede del valor de lo adquirido. La herencia se acepta en todo caso a beneficio de inventario. La aceptación expresa es del presidente si es incondicional y del pleno si hay condiciones. Renunciar a herencias, legados o donaciones exige acuerdo del pleno, previo expediente: mayoría absoluta del número legal de miembros si la cuantía excede del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y simple en los demás supuestos.
Art. 12Cesión temporal de bienes
Art. 13Adquisición condicional y modalSi la entidad local adquirió bienes bajo condición o modalidad de afectación permanente a determinados destinos, estas se entienden cumplidas y consumadas cuando los bienes hayan servido a esos destinos durante treinta años, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público, de acuerdo con la normativa estatal. También se entienden cumplidas si los bienes se destinan con posterioridad a finalidades análogas a las fijadas en el acto de adquisición.
Art. 14Sucesión administrativaHay sucesión administrativa en la titularidad de los bienes de las entidades locales en dos casos: cuando se modifique el ámbito territorial, de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes, y cuando se transfieran competencias de otra Administración Pública a una entidad local con traspaso aparejado de los bienes afectos a su ejercicio. La sucesión comprende los bienes de dominio público y los patrimoniales afectados por la modificación.
Art. 15Adquisición por expropiaciónLa adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa se rige por su normativa específica. Los bienes y derechos así adquiridos quedan incorporados al patrimonio de la entidad local y, en su caso, afectados al uso o servicio público por razón del fin que haya justificado la expropiación.
Art. 16Enajenación de bienesLa enajenación, gravamen o permuta de inmuebles patrimoniales exige determinar su situación física y jurídica, deslindarlos si es necesario, inscribirlos en el Registro de la Propiedad y valorarlos por técnico competente. El importe no puede financiar gastos corrientes, salvo parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o bienes no utilizables en servicios locales. No se enajenan bienes en litigio, salvo que el adquirente asuma expresamente el riesgo. Para valores mobiliarios o participaciones se exige informe de la Consejería de Economía y Hacienda en un mes, favorable si no se emite.
Art. 17Enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo
Art. 18Competencia para enajenarEnajenar, gravar o permutar bienes corresponde al Presidente de la entidad o al Pleno. Cuál de los dos decide en cada caso depende de la distribución de competencias que establezca la legislación Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Art. 19Regulación de la enajenaciónLa enajenación de bienes patrimoniales se rige, en lo que toca a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas.
Art. 20Formas de enajenación
Art. 21Procedimiento de adjudicación directaLa adjudicación directa de bienes patrimoniales se aplica a: parcelas sobrantes por planes urbanísticos; subastas o concursos fallidos, sin modificar condiciones y culminando en un año desde el acuerdo que lo declare; inmuebles de precio inferior a 18.000 euros; bienes no utilizables valorados técnicamente; ejercicio de un derecho reconocido en norma; actos entre administraciones y sus entidades; sociedades de capital público mayoritario; entidades sin ánimo de lucro de utilidad pública; fincas rústicas vendidas a un colindante; venta a copropietarios, y al ocupante por razones excepcionales.
Art. 22Parcelas sobrantesLas parcelas sobrantes del artículo 21.a) se enajenan al propietario o propietarios colindantes o se permutan con terrenos de su propiedad. Si los colindantes son varios, la venta o permuta se hace de modo que las parcelas resultantes se ajusten al criterio más racional de ordenación del suelo, previo dictamen técnico. Si algún propietario se niega a adquirir la parcela que le corresponde, la entidad local puede expropiarle su terreno para regularizar o normalizar la configuración de las fincas conforme al planeamiento urbanístico.
Art. 23Aportación de bienesLas entidades locales pueden aportar, previa valoración, la propiedad u otros derechos reales sobre bienes patrimoniales a sus entes públicos, sociedades mercantiles participadas, cooperativas y sociedades civiles; su responsabilidad se limita a lo que conste en la escritura de constitución. La adscripción de bienes afectos a un servicio público no transmite la titularidad demanial. A las sociedades participadas cabe aportar la concesión demanial valorada, con canon; exige informe jurídico, estudio económico financiero con tasación pericial y mayoría absoluta del número legal de miembros.
Art. 24Permuta de bienesLas entidades locales pueden permutar bienes inmuebles patrimoniales previa tramitación de expediente que acredite su necesidad, siempre que la diferencia de valor entre los bienes no sea superior al cuarenta por ciento del que lo tenga mayor y observando en todo caso los requisitos del artículo 16 de la Ley. La diferencia de valores debe compensarse económicamente.
Art. 25Permuta de cosa futuraCabe permutar inmuebles patrimoniales por bienes futuros si estos son determinados o determinables sin nuevo convenio y consta racionalmente que llegarán a existir. El permutante presta aval suficiente por el valor del bien, previa tasación pericial del técnico designado por la entidad local; se cancela cuando el bien futuro exista y se haya consumado la permuta. No se exige aval con otras Administraciones Públicas o entidades públicas dependientes o vinculadas. No cabe enajenar inmuebles a cambio de obras, salvo para gestionar una actuación sistemática prevista en el planeamiento urbanístico.
Art. 26Cesión gratuita de bienesLas entidades locales pueden ceder sus bienes patrimoniales de forma total o parcialmente gratuita a dos tipos de destinatarios: otras Administraciones o entidades públicas, y entidades privadas declaradas de interés público, siempre que estas los destinen a fines de utilidad pública o interés social que cumplan o contribuyan al cumplimiento de los propios de la entidad local.
Art. 27Destino de los bienes cedidosSi el inmueble cedido no se destina al uso previsto en plazo, o deja de estarlo, revierte a la entidad local con las mejoras; esta cobra, previa tasación pericial, los detrimentos. Si no se estipula otra cosa, los fines se cumplen en un máximo de cinco años y el destino se mantiene los treinta siguientes. La reversión automática debe constar expresamente; basta acta notarial, notificada con requerimiento de entrega. La cesión se formaliza en escritura pública o documento administrativo, se inscribe en el Registro de la Propiedad y se notifica a la Consejería de Gobernación y Justicia.
Art. 28Destino del dominio públicoEl destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos. No obstante, pueden ser objeto de otros usos de interés general, siempre que sean compatibles con su afectación principal.
Art. 29Utilización de los bienes de dominio públicoLos bienes de dominio público pueden utilizarse en dos modalidades: uso común (general o especial) y uso privativo. El uso común general corresponde por igual a todas las personas, cuando no concurren especiales circunstancias, sin que la utilización de unos impida la de otros. En el uso común especial concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares. El uso privativo consiste en ocupar una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás.
Art. 30Ejercicio del uso común y del uso privativoEl uso común general de los bienes de dominio público se ejerce libremente de acuerdo a su naturaleza y tiene carácter preferente frente a cualquier otro, especial o privado, que resulte incompatible con él. Las entidades locales deben posibilitarlo a las personas discapacitadas suprimiendo las barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten. El uso común especial se sujeta a licencia y el uso privativo requiere el otorgamiento de concesión administrativa.
Art. 31Formalización de la concesiónLas concesiones se formalizan en documento administrativo dentro de los treinta días siguientes al de la notificación de su adjudicación, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995. Pueden elevarse a escritura pública si lo solicita el concesionario, que corre con los gastos. El procedimiento de otorgamiento se regula reglamentariamente y puede iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada. Las concesiones se otorgan previa licitación y por tiempo determinado.
Art. 32Extinción de la concesiónLas concesiones sobre el dominio público no pueden exceder de setenta y cinco años. Se extinguen por vencimiento del plazo, pérdida física o jurídica del bien, desafectación del bien, mutuo acuerdo, revocación, resolución judicial, renuncia del concesionario, caducidad y cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas de la concesión. En todos esos supuestos la extinción requiere resolución administrativa, previa la tramitación de expediente.
Art. 33La revocación de la concesiónLa revocación de la concesión puede fundarse en tres motivos: el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario, la aparición de circunstancias que de haber existido habrían justificado su denegación, o la adopción por la entidad local de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia de su extinción. La revocación fundada en nuevos criterios de apreciación comporta la indemnización de los daños y perjuicios que se causen, determinados en expediente contradictorio.
Art. 34Ocupaciones del dominio público en precarioLas ocupaciones del dominio público realizadas en precario sin determinación de plazo, y las simplemente toleradas, pueden ser dejadas sin efecto por la entidad local en cualquier momento y sin indemnización alguna.
Art. 35Uso común especial y privativo
Art. 36La cesión de uso de los bienesEl arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales puede hacerse mediante subasta pública, concurso o procedimiento negociado. Los bienes patrimoniales deben administrarse con criterios de máxima rentabilidad. No obstante, las entidades locales pueden valorar motivaciones de índole social, cultural y deportiva, promoción urbanística o fomento del turismo u otras análogas, que hagan prevalecer una rentabilidad social por encima de la económica.
Art. 37Adjudicación de los arrendamientosCesiones de uso de bienes patrimoniales. Subasta: cuando el precio sea el único criterio y en cualquier otro caso sin concurso o negociado expresamente establecido. Concurso: viviendas de promoción o protección pública, fines de interés general, coparticipación de la entidad local en el uso, o características que deban valorarse y justificarse en el expediente. Negociado sin publicidad: duración inferior a cinco años o precio inferior a dos millones de pesetas al año; subasta o concurso fallidos (rebaja de hasta un diez por ciento, plazo de un año); urgencia; bienes complementarios.
Art. 38Formalización de la cesiónEl documento en que se formaliza la cesión de uso es administrativo. No obstante, puede elevarse a escritura pública cuando lo solicite el cesionario, y en ese caso los gastos derivados de su otorgamiento son a su costa.
Art. 39Efectos y extinción de la cesiónLos efectos y la extinción del arrendamiento, o de cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales, se rigen por las normas de derecho privado que les sean de aplicación, según su naturaleza.
Art. 40Cesión de viviendas al personal de la corporaciónLas entidades locales que, bajo cualquier título y en fincas de su pertenencia, tengan cedidas viviendas a su personal por razón de los servicios que presten darán por terminada la ocupación cuando se produzca la extinción de la relación de empleo o la excedencia voluntaria, o la extinción del título bajo el cual estuviera cedida la vivienda. Corresponde a la corporación acordar y ejecutar por sí misma el desahucio, previa instrucción del correspondiente expediente.
Art. 41Cesión gratuita temporalPuede cederse el uso gratuito y temporal de un bien patrimonial, previa tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, y también a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro para esos mismos fines. Excepcionalmente, y por razones de interés público, caben cesiones en precario por plazo inferior a un año, acordadas por el presidente de la corporación; el transcurso del término concedido es título suficiente para proceder, en su caso, al desahucio administrativo.
Art. 42Regulación del aprovechamiento de los bienesLa regulación del aprovechamiento de los bienes comunales corresponde al pleno de la corporación, que la ejerce en los términos que prevén la propia Ley 7/1999 y la legislación sectorial aplicable.
Art. 43Régimen de explotación de bienes comunalesEl aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales se efectúa en régimen de explotación común o colectiva. Si no es posible, se realiza conforme a las ordenanzas locales o a la costumbre y, en defecto de estas, se adjudica por lotes entre los vecinos. Si tampoco es posible, los bienes se pueden arrendar o ceder mediante precio, de acuerdo con la normativa de contratación de las Administraciones Públicas y previa comunicación a la Consejería de Gobernación y Justicia. Los vecinos postores tienen preferencia, en igualdad de condiciones, sobre los que no tengan tal carácter.
Art. 44Regulación de aprovechamientosCada forma de aprovechamiento se ajusta a la normativa existente en la materia y, en su detalle, a las ordenanzas locales o a las normas consuetudinarias tradicionalmente observadas.
Art. 45Adjudicación mediante precioEn las adjudicaciones mediante precio, las entidades locales determinan el destino del producto obtenido. Al hacerlo dan preferencia, en lo posible, a la prestación de servicios que tengan directa relación con los beneficiarios del aprovechamiento comunal.
Art. 46Cesión del aprovechamientoLa cesión, por cualquier título, del aprovechamiento de bienes comunales debe acordarla el pleno de la corporación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
Art. 47Otros fines socialesPuede delimitarse una parte de los bienes comunales para fines específicos, tales como enseñanza, recreo escolar, caza u otros fines que determinen las respectivas ordenanzas. La extensión de esos cotos y su régimen jurídico deben ajustarse a las previsiones de la legislación sectorial aplicable.
Art. 48Derecho de tanteo y retractoLas entidades locales pueden ejercer el derecho de tanteo o retracto en las subastas de los aprovechamientos de sus bienes comunales con dos condiciones: que el aprovechamiento se adjudique en la máxima postura ofrecida por los licitadores y que sujeten a derrama o reparto vecinal la distribución del disfrute y el pago del remate.
Art. 49Planes de ordenaciónLa formación de los planes de ordenación y aprovechamiento de los bienes comunales de carácter forestal debe subordinarse a lo que disponga la normativa sectorial correspondiente.
Art. 50Otras formas de aprovechamientoLas entidades locales fomentarán, de acuerdo con los vecinos titulares de los aprovechamientos, tres cosas: la industrialización y comercialización de los productos de sus bienes comunales, la reactivación económica y el fomento de la ocupación. El verbo es «fomentarán» y el acuerdo es con los vecinos titulares de los aprovechamientos.
Art. 51Obligaciones respecto a sus bienesLas entidades locales tienen la obligación de conservar, proteger y mejorar sus bienes. Cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio histórico de Andalucía, las actuaciones de conservación, mantenimiento, custodia y mejora que les correspondan deberán sujetarse a lo previsto en su normativa específica.
Art. 52Conservación y mejora de los bienesLos organismos autónomos y las sociedades civiles, mercantiles o cooperativas con bienes locales adscritos deben conservarlos y hacer las reparaciones y mejoras necesarias; igual obligación tienen concesionarios y cesionarios. Las mejoras revierten, salvo pacto contrario, en beneficio de los bienes, sin participación ni indemnización. Si el bien está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, la entidad local titular necesita previa autorización de la Consejería de Cultura para cambios, obras y cambios de uso.
Art. 53Deber de conservar y explotar los montesLas entidades locales tienen la obligación de explotar los montes de su propiedad y de realizar su conservación y fomento. Todo ello con arreglo a lo establecido en la normativa específica sobre montes y aprovechamientos forestales.
Art. 54Repoblación de montes de las entidades localesLa repoblación forestal y la ordenación y mejora de los montes de su pertenencia corresponde a las entidades locales, con intervención de la Administración de la Comunidad Autónoma. Si actúa la entidad local, los proyectos y condiciones de ejecución requieren informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma. En defecto de actuación local, la Administración autonómica podrá repoblar por su cuenta, con opción de la entidad local a adquirir el monte formado reintegrando el capital invertido, con o sin interés y deducida, en su caso, la posible subvención.
Art. 55El aprovechamiento de otras riquezasEl aprovechamiento de la riqueza cinegética o piscícola, rústica o forestal se regula por dos bloques: la normativa sectorial aplicable y la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas. La entidad local podrá adjudicarse los aprovechamientos, a reserva de lo que establezca la normativa autonómica al respecto.
Art. 56Normas sobre administración del patrimonioEn la administración de su patrimonio, las entidades locales observarán las normas dictadas por los diversos órganos de las Administraciones estatal o autonómica en materia de sus respectivas competencias. Son las normas dictadas para el mejor aprovechamiento o régimen de bosques, montes, terrenos cultivables u otros bienes, cualquiera que fuese su naturaleza.
Art. 57El inventario generalLas entidades locales están obligadas a formar un inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. Además, se presumirá que un bien de dominio público, destinado a un uso o servicio público, pertenece a la entidad local en la forma prevista en la propia inscripción.
Art. 58El inventario consolidadoEl inventario general consolidado se integra por cuatro inventarios parciales: a) el de bienes, derechos y obligaciones de la entidad local, incluidos los cedidos a otras Administraciones o a particulares que hayan de revertir a la entidad; b) el del patrimonio municipal del suelo; c) el del patrimonio histórico; y d) los de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia dependientes de la entidad local.
Art. 59Actualización del inventarioLas entidades locales deberán tener actualizado su inventario. Además, todo acto administrativo de adquisición, enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica de los bienes se anotará en el inventario.
Art. 60Rectificación del inventario
Art. 61CompetenciaLa aprobación, rectificación y comprobación del inventario general corresponde al pleno de la corporación. En los organismos autónomos y en los entes públicos con personalidad propia dependientes de la entidad local o vinculados a la misma, las aprobaciones, rectificaciones y comprobaciones se aprueban mediante acuerdo de sus respectivas asambleas u órganos superiores de gobierno, adoptados de conformidad con su normativa reguladora.
Art. 62Obligación de inscribirLas entidades locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales susceptibles de ello, así como las actuaciones que incidan sobre los mismos. La inscripción se hará en la forma, modo y con los requisitos que establezca la normativa de aplicación.
Art. 63Enumeración de potestadesLas entidades locales tienen cuatro potestades: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. También podrán establecer e imponer sanciones, según la normativa sectorial aplicable o las ordenanzas locales, para la defensa de su patrimonio y para asegurar su adecuada utilización. Todo ello sin perjuicio de la normativa específica para cualquier tipo de bien. Con carácter general, los actos de iniciación, impulso y tramitación corresponden al Presidente de la Entidad, y los actos administrativos resolutorios, al Pleno de la Corporación.
Art. 64Extensión de la potestad de investigaciónInvestigar es una obligación de las entidades locales. Recae sobre la situación de los bienes y derechos que presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste inequívocamente, a fin de determinar la titularidad de los mismos o cuando exista controversia en los títulos de dominio. La obligación se extiende en todo caso a los bienes demaniales.
Art. 65La facultad de deslindeLas entidades locales pueden promover y ejecutar el deslinde total o parcial de sus bienes inmuebles cuando los límites sean imprecisos o existan indicios de usurpación. Se inicia de oficio o a instancia de persona interesada; en ambos casos lo acuerda el pleno y se notifica a los interesados según el procedimiento reglamentario. Adoptado el acuerdo inicial, se comunica al Registro de la Propiedad si la finca está inscrita, para que se extienda nota preventiva al margen de la inscripción de dominio. Los montes públicos catalogados se rigen por su normativa específica.
Art. 66La recuperación de los bienesLas entidades locales pueden recuperar por sí mismas, en cualquier momento, la tenencia de sus bienes de dominio público. La posesión de los bienes patrimoniales pueden recobrarla por sí mismas en el plazo de un año desde la constancia de la usurpación o de la perturbación en la posesión; basta con que dentro de ese plazo se haya notificado al usurpador o perturbador el acuerdo de recuperación, conminándole a dejar el bien a la libre disposición de la entidad. Transcurrido el plazo, deberá ejercitarse la correspondiente acción judicial.
Art. 67Disponibilidad de edificios cedidosLas entidades locales pueden recuperar la plena disponibilidad de los edificios cuyo uso tengan cedido a otras Administraciones Públicas y demás entidades de Derecho público de ella dependientes, cuando esos edificios dejen de cumplir la función que motivó la entrega.
Art. 68El desahucio de bienesLas entidades locales pueden desahuciar en vía administrativa sus bienes inmuebles: a) cuando se extinga el derecho de ocupación de particulares sobre bienes de dominio público (autorización, concesión o cualquier otro título); b) cuando hayan sido usurpados u ocupados por particulares sin título jurídico alguno, clandestinamente o contra la voluntad de la entidad; c) cuando declaren extinguido el derecho de ocupación de bienes entregados a funcionarios y demás personal por razón de su puesto. Los patrimoniales sólo se recuperan directamente en un año desde la constancia de la ocupación.
Art. 69Ocupación de bienes expropiadosLas entidades locales también tienen la facultad de ocupar por vía administrativa los bienes expropiados, una vez cumplidos los requisitos previstos en la normativa de aplicación. El artículo no detalla esos requisitos: se remite a dicha normativa.
Art. 70Competencia para acordar el desahucioEl desahucio lo acuerda el pleno. No obstante, el presidente puede adoptar, por razón de urgencia y motivadamente, las resoluciones tendentes a repeler usurpaciones o prevenir daños graves para el interés general a los bienes, dando cuenta al pleno en la primera sesión. Conforme al artículo 101 de la Ley 30/1992, no se admiten a trámite interdictos contra actuaciones administrativas realizadas en materia de su competencia y por el procedimiento legalmente establecido. El recurso contencioso-administrativo no impide ejecutar el acuerdo, sin perjuicio de la suspensión por los tribunales.
Art. 71El procedimiento de desahucioEl reglamento del desahucio debe respetar estas reglas: a) la extinción de derechos de particulares sobre bienes de dominio público o comunales la acuerda el órgano competente, en todo caso previa audiencia del interesado; b) para repeler ocupaciones ilegítimas basta un requerimiento de desalojo a los ocupantes, si pudieren ser hallados, dejando constancia de las diligencias; c) la indemnización se fija administrativamente y basta consignar su importe; d) los gastos son de cuenta del desahuciado, exigibles por apremio, y en el lanzamiento cabe retener bienes suficientes y proporcionados.
Art. 72Obligación del ejercicio de accionesLas entidades locales están obligadas a ejercitar las acciones y recursos precisos para defender sus bienes y derechos. Compete al pleno, salvo los urgentes, que ejerce el presidente dando cuenta al pleno en la primera sesión. Cualquier vecino en pleno uso de sus derechos puede requerirla para que actúe; el requerimiento suspende por treinta días hábiles el plazo para ejercer la acción. Si en ese plazo la entidad no acuerda ejercerla, los vecinos pueden subrogarse en nombre e interés de aquélla. Si la acción prospera, el actor tiene derecho al reembolso de costas y daños y perjuicios.
Art. 73El allanamientoLas entidades locales pueden allanarse a las demandas que afecten a sus bienes y derechos, celebrar transacciones sobre ellos y someter a arbitraje los litigios que se susciten, mediante acuerdo del pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Las transacciones que superen el cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto requieren dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
Art. 74Embargo de bienes y derechosConforme al artículo 154.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tribunales, jueces y autoridades administrativas no pueden despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto en la ejecución de hipotecas sobre bienes patrimoniales no afectados directamente a la prestación de servicios públicos. No obstante, pueden embargarse, en los supuestos que procedan, los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.
Art. 75Custodia de bienesLas autoridades y el personal al servicio de las entidades locales que tengan a su cargo la gestión y utilización de sus bienes o derechos están obligados a su custodia, conservación, aprovechamiento y explotación racional. Responden ante la entidad de los daños y perjuicios que sobrevengan a esos bienes o derechos por su actuación con dolo, culpa o negligencia graves. Esta responsabilidad se exige en vía administrativa, previa audiencia del interesado.
Art. 76Daños en el dominio públicoQuien, aun por simple inobservancia, cause daños en el dominio público local, ocupe bienes sin título habilitante o lo utilice contrariando su destino normal o sus normas será sancionado con multa entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, con independencia de la reparación del daño y de la restitución de lo usurpado, y con audiencia del infractor en todo caso. Se gradúa por la cuantía del daño, el beneficio obtenido, la reincidencia y las circunstancias personales y económicas. La entidad no puede, en ningún caso, dejar de adoptar medidas para devolver los bienes al estado anterior.
Art. 77Tipificación de sancionesSon sancionables en las ordenanzas locales las infracciones que supongan ocupar bienes sin título habilitante, utilizarlos contrariando su destino normal o las normas que lo regulan, y causar daños materiales a los bienes. Las ordenanzas definen la cuantía atendiendo a la buena o mala fe del infractor, la reincidencia, la utilidad que la infracción le haya reportado y el daño causado al patrimonio, con esta escala: leves, de 10.000 a 500.000 pesetas; graves, de 500.001 a 2.500.000 pesetas; muy graves, de 2.500.001 a 5.000.000 de pesetas.
Art. 78Responsabilidad penalLa entidad local debe ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta. La incoación del procedimiento penal deja en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que la jurisdicción penal se haya pronunciado. No obstante, pueden adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado anterior.