TRLRHL
Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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Crear cuenta gratis- Art. 1Ámbito de aplicaciónLos preceptos de la ley son bases del régimen jurídico financiero de la Administración local (art. 149.1.18.ª CE), salvo los apartados 2 y 3 del art. 186 y salvo los que regulan el sistema tributario local (art. 133 CE) y los que desarrollan las participaciones en los tributos del Estado (art. 142 CE); todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado del art. 149.1.14.ª CE. Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales del País Vasco y Navarra y de los tratados y convenios internacionales.
- Art. 2Enumeración de los recursos de las entidades localesLa hacienda local se nutre de: a) ingresos de su patrimonio y demás de derecho privado; b) tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos) y recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales; c) participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas; d) subvenciones; e) precios públicos; f) operaciones de crédito; g) multas y sanciones en su ámbito competencial; h) demás prestaciones de derecho público. Para cobrar los ingresos de derecho público tiene las prerrogativas legales de la hacienda del Estado.
- Art. 3DefiniciónSon ingresos de derecho privado los rendimientos o productos del patrimonio local y las adquisiciones por herencia, legado o donación. El patrimonio lo forman los bienes y los derechos reales o personales valorables económicamente no afectos al uso o servicio público. Nunca lo son los que procedan de bienes de dominio público local. Sí lo es lo obtenido al vender bienes desafectados del dominio público, aunque estuvieran en concesión; salvo otra previsión autonómica, el último concesionario tiene derecho preferente de adquisición directa sin subasta.
- Art. 4Régimen jurídicoLos derechos de la hacienda local comprendidos en el capítulo de ingresos de derecho privado se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.
- Art. 5Limitación de destinoLo obtenido por enajenar o gravar bienes y derechos patrimoniales no puede financiar gastos corrientes. Solo hay dos excepciones: las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y los efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.
- Art. 6Principios de tributación localLos tributos locales establecidos al amparo del art. 106.1 de la Ley 7/1985 deben respetar tres principios: a) no gravar bienes, actividades, rendimientos ni gastos de fuera del territorio de la entidad; b) no gravar negocios, actos o hechos realizados fuera de ese territorio ni bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni deban cumplirse en él; c) no obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales ni la fijación de residencia o la ubicación de empresas, sin impedir la ordenación urbanística.
- Art. 7DelegaciónConforme al art. 106.3 de la Ley 7/1985, las entidades locales pueden delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas la gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público. El acuerdo del Pleno fija alcance y contenido y, aceptada la delegación, se publica en los boletines oficiales de la provincia y de la comunidad autónoma. Los actos son impugnables según el procedimiento del ente gestor y, en último término, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Art. 8ColaboraciónEstado, comunidades autónomas y entidades locales colaboran en la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales y demás ingresos de derecho público locales: se facilitan información, se prestan asistencia, se comunican de inmediato hechos con trascendencia tributaria y pueden hacer planes de inspección conjunta. Las actuaciones de inspección o recaudación ejecutiva fuera del territorio de la entidad local las practica la comunidad autónoma si son en su ámbito y el Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación.
- Art. 9Beneficios fiscales, régimen y compensaciónSolo caben los beneficios fiscales en tributos locales previstos en normas con rango de ley o derivados de tratados internacionales, y los que establezcan las ordenanzas fiscales en los supuestos previstos por la ley; en particular, una bonificación de hasta el 5 % de la cuota por domiciliar deudas de vencimiento periódico, anticipar pagos o colaborar en la recaudación. Las leyes que creen beneficios fijarán su compensación, salvo para los de ordenanza. Si el Estado otorga moratorias o aplazamientos, debe compensar o anticipar a la entidad local.
- Art. 10Recargos e intereses de demoraLos recargos e intereses de demora de los tributos y demás ingresos de derecho público locales se exigen en los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado. Si la ordenanza fiscal lo prevé, no se exige interés de demora en los aplazamientos o fraccionamientos solicitados en período voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y el pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.
- Art. 11Infracciones y sanciones tributariasEn los tributos locales se aplica el régimen de infracciones y sanciones de la Ley General Tributaria y de las disposiciones que la complementen y desarrollen. Ese régimen se aplica con las especificaciones que resulten del propio texto refundido y con las que, en su caso, establezcan las Ordenanzas fiscales al amparo de la ley.
- Art. 12GestiónLa gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se rigen por la Ley General Tributaria, las demás leyes del Estado reguladoras de la materia y sus disposiciones de desarrollo. Las entidades locales pueden adaptar esa normativa, mediante sus ordenanzas fiscales, a su régimen de organización y funcionamiento interno, pero sin contravenir su contenido material.
- Art. 13ConsultasEn la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, la competencia para evacuar las consultas del artículo 88 de la Ley 58/2003, General Tributaria, corresponde a la entidad que ejerza dichas funciones.
- Art. 14Revisión de actos en vía administrativaRevisión especial de actos tributarios locales: artículo 110 LRBRL; devolución de ingresos indebidos y rectificación de errores por los arts. 32 y 220 LGT; no son revisables los actos confirmados por sentencia firme. Contra los actos de aplicación solo cabe reposición: la resuelve el órgano que dictó el acto; plazo de un mes para interponer y otro para resolver; sin abogado ni procurador; no suspende salvo sanciones; silencio desestimatorio; notificación en 10 días; después, contencioso-administrativo.
- Art. 15Ordenanzas fiscalesSalvo en los supuestos del artículo 59.1, las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar sus ordenanzas fiscales. En los impuestos del artículo 59.1, los ayuntamientos que quieran usar sus facultades para fijar los elementos de las cuotas deben acordarlo y aprobar ordenanzas. La potestad del artículo 12.2 se ejerce en las ordenanzas de cada tributo o en ordenanzas específicas de gestión, liquidación, inspección y recaudación.
- Art. 16Contenido de las ordenanzas fiscalesLas ordenanzas de los tributos del artículo 15.1 contendrán al menos: los elementos del tributo (hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, bases, tipo o cuota, período impositivo y devengo), los regímenes de declaración e ingreso y las fechas de aprobación y de comienzo de aplicación. Se aprueban simultáneamente a la imposición; las del 15.2, a la fijación de sus elementos. Las modificaciones incluyen la nueva redacción y las fechas.
- Art. 17Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscalesLos acuerdos provisionales sobre tributos y ordenanzas se exponen en el tablón de anuncios treinta días como mínimo para examen y reclamaciones, con anuncio en el boletín oficial de la provincia; diputaciones, entidades supramunicipales y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes publican además en un diario. Sin reclamaciones, el acuerdo queda definitivo sin acuerdo plenario. El acuerdo definitivo y el texto íntegro se publican en el boletín y no entran en vigor sin publicación.
- Art. 18Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionalesPara reclamar contra los acuerdos provisionales del artículo 17.1 son interesados: a) quienes tengan un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos; b) los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
- Art. 19Recurso contencioso administrativoLas ordenanzas fiscales rigen durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas. Contra ellas solo cabe recurso contencioso-administrativo desde su publicación en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial. Si una sentencia firme las anula o modifica, la entidad debe adecuar a la sentencia las actuaciones posteriores a su notificación, y se mantienen los actos firmes o consentidos salvo que la sentencia lo prohíba expresamente.
- Art. 20Hecho imponibleLas entidades locales pueden establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y por servicios o actividades de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo. Son tasas si el servicio no es de solicitud o recepción voluntaria (impuesta por ley o reglamento, o imprescindible para la vida privada o social) o si no lo presta el sector privado. Enumera supuestos y la tasa por matrimonios civiles.
- Art. 21Supuestos de no sujeción y de exenciónLas entidades locales no pueden exigir tasas por seis servicios: abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública y enseñanza en los niveles de educación obligatoria. Estado, comunidades autónomas y entidades locales no pagan tasas por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente ni por los que interesen inmediatamente a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
- Art. 22Compatibilidad con las contribuciones especiales
- Art. 23Sujetos pasivosSon contribuyentes en las tasas las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT que usen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular (art. 20.3) o que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por servicios o actividades locales (art. 20.4). Sustitutos: propietarios de inmuebles (servicios a ocupantes), constructores y contratistas (licencias urbanísticas), aseguradoras del riesgo (incendios, ruinas, salvamentos) y propietarios de fincas (entradas de vehículos). Los propietarios pueden repercutir las cuotas.
- Art. 24Cuota tributariaTasas por dominio público: valor de mercado de la utilidad; en licitación, el valor económico de la proposición; para empresas de suministros de interés general, el 1,5 % de sus ingresos brutos de facturación anual en cada municipio (excluida la telefonía móvil y sin repercusión a los usuarios). Por servicios, no pueden exceder el coste real o previsible. Cuota: tarifa, cantidad fija o ambas. Los daños al dominio público se reintegran con depósito previo y no se condonan. Cabe bonificar hasta el 95 % la tasa de residuos a ciertas empresas de alimentación y restauración.
- Art. 25Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económicoLos acuerdos de establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente nuevos servicios, deben adoptarse a la vista de informes técnico-económicos. En el primer caso el informe pone de manifiesto el valor de mercado; en el segundo, la previsible cobertura del coste. El informe se incorpora al expediente del acuerdo.
- Art. 26DevengoSegún su hecho imponible y lo que determine la ordenanza fiscal, la tasa se devenga al iniciarse el uso, el aprovechamiento, el servicio o la actividad (con posible depósito previo total o parcial) o al presentarse la solicitud, que no se tramita sin pago. Si es periódica, se devenga el 1 de enero y el período es el año natural, salvo inicio o cese, con prorrateo de la cuota. Si por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio o el aprovechamiento no se presta o desarrolla, procede devolver el importe.
- Art. 27GestiónLas entidades locales pueden exigir las tasas en régimen de autoliquidación. También pueden establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos para simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de las tasas o los procedimientos de liquidación o recaudación.
- Art. 28Hecho imponibleEl hecho imponible de las contribuciones especiales es que el sujeto pasivo obtenga un beneficio o un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.
- Art. 29Obras y servicios públicos localesSon obras y servicios locales: los que realicen las entidades locales en su ámbito de competencias para sus fines (salvo los ejecutados como dueñas de sus bienes patrimoniales); los atribuidos o delegados por otras entidades públicas o asumidos conforme a la ley; y los de otras entidades públicas o sus concesionarios con aportaciones de la entidad local. Los primeros siguen siendo locales aunque los realicen organismos autónomos, sociedades de capital íntegramente local, concesionarios con aportaciones o asociaciones de contribuyentes. Lo recaudado solo se destina a esa obra o servicio.
- Art. 30Sujeto pasivoSon sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT especialmente beneficiadas por las obras o servicios locales. Se consideran especialmente beneficiados: los propietarios, si afectan a bienes inmuebles; los titulares de explotaciones empresariales, si derivan de ellas; en extinción de incendios, además de los propietarios, las compañías de seguros del ramo en el término municipal; y, en galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.
- Art. 31Base imponibleLa base imponible de las contribuciones especiales es, como máximo, el 90 % del coste soportado por la entidad local. El coste incluye trabajos periciales y proyectos, importe de las obras, valor de los terrenos ocupados permanentemente (salvo excepciones), indemnizaciones por derribos y a arrendatarios, e intereses del crédito. El presupuesto es mera previsión: se toma el coste real. En obras de otras entidades o concesionarios, la base depende de la aportación local, con el mismo 90 %. Se restan subvenciones; la de un sujeto pasivo compensa primero su cuota.
- Art. 32Cuota tributariaLa base imponible de las contribuciones especiales se reparte entre los sujetos pasivos según la clase y naturaleza de obras y servicios. Regla general: metros lineales de fachada, superficie, volumen edificable y valor catastral (IBI), conjunta o separadamente. Extinción de incendios: entre las entidades que cubran el riesgo, según primas del año anterior; lo que exceda del 5 % de sus primas pasa a ejercicios sucesivos. Los beneficios fiscales no se reparten entre los demás. Fraccionamiento o aplazamiento: máximo cinco años.
- Art. 33DevengoLas contribuciones especiales se devengan cuando las obras se han ejecutado o el servicio ha comenzado a prestarse; si la obra es fraccionable, por tramos. Aprobado el acuerdo de imposición y ordenación, puede exigirse por anticipado el coste previsto del año siguiente, pero no una nueva anualidad sin ejecutar las obras del anticipo anterior. Obligado al pago: quien lo sea al devengo. Quien figure como sujeto pasivo, notificado, y transmita los bienes antes del devengo debe comunicarlo en un mes desde la transmisión. Los anticipos indebidos o excesivos se devuelven de oficio.
- Art. 34Acuerdos de imposición y de ordenaciónCobrar contribuciones especiales exige un acuerdo de imposición en cada caso concreto. La obra o el servicio que se costee con ellas no puede ejecutarse hasta aprobar su ordenación concreta. El acuerdo de ordenación es de inexcusable adopción y fija coste previsto, cantidad a repartir y criterios de reparto; puede remitirse a la ordenanza general si la hay. Las cuotas se notifican individualmente o, en su defecto, por edictos, y cabe recurso de reposición ante el ayuntamiento.
- Art. 35Gestión y recaudaciónSi una entidad local realiza obras o presta servicios de competencia local con la colaboración económica de otra y se imponen contribuciones especiales, la gestión y recaudación corresponden a la entidad que asume la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios. Cada entidad conserva su competencia para los acuerdos de imposición y de ordenación. Si una de ellas no aprueba el acuerdo concreto de ordenación, se rompe la unidad de actuación y cada una decide por separado.
- Art. 36Colaboración ciudadanaLos propietarios o titulares afectados por las obras pueden constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover obras o servicios de la entidad local, comprometiéndose a pagar la parte que debería aportar la entidad cuando su situación financiera no lo permita, además de la suya. También pueden constituirse en asociación, respecto de obras o servicios promovidos por la entidad local, durante el período de exposición al público del acuerdo de ordenación.
- Art. 37Asociación administrativa de contribuyentesPara constituir una asociación administrativa de contribuyentes, el acuerdo debe tomarlo la mayoría absoluta de los afectados, y estos deben representar, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. Se exigen los dos requisitos a la vez: mayoría de personas y peso en las cuotas.
- Art. 38Impuestos y recargosLas entidades locales exigen los impuestos previstos en esta ley sin necesidad de acuerdo de imposición, salvo cuando la propia ley lo requiera. Fuera de los supuestos que prevé expresamente esta ley, pueden establecer recargos sobre los impuestos propios de su comunidad autónoma y de otras entidades locales en los casos expresamente previstos en las leyes de la comunidad autónoma.
- Art. 39Participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomasLas entidades locales participan en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios que establece esta ley. Participan también en los tributos propios de las comunidades autónomas, en la forma y cuantía que determinen las leyes de sus respectivos Parlamentos.
- Art. 40SubvencionesLas subvenciones que obtengan las entidades locales para sus obras y servicios no pueden aplicarse a fines distintos de los de su concesión, salvo los sobrantes no reintegrables cuyo uso no estuviera previsto. Las entidades públicas otorgantes pueden verificar su destino; si no se destinaron a sus fines, la otorgante exigirá el reintegro o podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tenga derecho la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.
- Art. 41ConceptoLas entidades locales pueden establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley.
- Art. 42Servicios y actividades excluidas
- Art. 43Obligados al pago
- Art. 44CuantíaEl importe de los precios públicos debe cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Excepción: si existen razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que lo aconsejen, la entidad puede fijarlos por debajo de ese límite, pero entonces debe consignar en sus presupuestos las dotaciones oportunas para cubrir la diferencia resultante, si la hubiera.
- Art. 45Gestión
- Art. 46CobroLa obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque las entidades pueden exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Si el servicio o la actividad no se presta o desarrolla por causas no imputables al obligado al pago, procede devolver el importe correspondiente. Las deudas por precios públicos pueden exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
- Art. 47FijaciónEstablecer o modificar precios públicos corresponde al Pleno de la corporación, que puede delegar en la Comisión de Gobierno (art. 23.2.b de la Ley 7/1985). La entidad puede atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos que ella haya establecido para los servicios a su cargo, salvo si no cubren su coste; también a los consorcios, salvo que sus estatutos digan otra cosa. Deben enviar al ente local copia de la propuesta y del estado económico que acredite que cubren el coste.
- Art. 48Ámbitos subjetivo y objetivoEn los términos de la ley, pueden concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, a corto y a largo plazo, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes. También pueden concertar operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.
- Art. 48 bisPrincipio de prudencia financieraTodas las operaciones financieras de las Corporaciones Locales se sujetan al principio de prudencia financiera: condiciones para minimizar su riesgo y coste. Son financieras las que tienen por objeto activos financieros, pasivos financieros y avales, reavales u otras garantías públicas o medidas de apoyo extrapresupuestario. Las condiciones de los pasivos las fija Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera; las de activos y garantías, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
- Art. 49Finalidad, instrumentos y garantías reales y financierasPara financiar inversiones o sustituir operaciones preexistentes, las entidades locales y sus entes dependientes no financiados mayoritariamente con ingresos de mercado pueden acudir al crédito a largo plazo: emisión de deuda, préstamos o créditos, otra apelación al crédito o conversión de operaciones. Se detallan las garantías a corto y largo plazo. Las corporaciones pueden avalar a sus contratistas y concesionarios y a sociedades con participación privada en que tengan al menos el 30 %, sin avalar más del porcentaje de participación.
- Art. 50Inclusión de las operaciones de crédito en el presupuesto aprobadoPara concertar cualquier crédito previsto en la ley, salvo el del artículo 149, la corporación debe tener aprobado el presupuesto del ejercicio en curso y justificarlo al firmar el contrato o documento, ante la entidad financiera y el fedatario público. Con presupuesto prorrogado solo caben: operaciones de tesorería dentro de los límites legales, si las concertadas se han reembolsado, y crédito a largo plazo para inversiones vinculadas a modificaciones de crédito de los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.
- Art. 51Operaciones de crédito a corto plazoPara necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales pueden concertar crédito a corto plazo (no más de un año) si en conjunto no supera el 30 % de los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejercicio anterior; si se hace en el primer semestre sin liquidar ese ejercicio, se toma la liquidación del anterior. Son crédito a corto plazo, entre otras: anticipos a cuenta de impuestos liquidados por padrón o matrícula, préstamos para desfases transitorios de tesorería y emisiones de deuda a un año o menos.
- Art. 52Concertación de operaciones de crédito: régimen jurídico y competenciasConcertar o modificar cualquier operación de crédito exige informe previo de la Intervención, que analiza sobre todo la capacidad de la entidad para atender las obligaciones derivadas. El Presidente puede concertar el largo plazo previsto en el presupuesto si el acumulado del ejercicio no supera el 10 % de los recursos ordinarios previstos, y el corto plazo si las operaciones vivas, incluida la nueva, no superan el 15 % de los recursos corrientes liquidados del ejercicio anterior. Superados esos límites, aprueba el Pleno.
- Art. 53Operaciones de crédito a largo plazo: régimen de autorizaciónRequieren autorización del Ministerio de Hacienda (o de la comunidad autónoma competente, en operaciones en euros en la UE) el largo plazo, avales y sustituciones con ahorro neto negativo, que exige además plan de saneamiento a no más de tres años aprobado por el Pleno, o si el capital vivo supera el 110 % de los ingresos corrientes liquidados. Las entidades de más de 200.000 habitantes pueden optar por un escenario de consolidación presupuestaria. Siempre autoriza Hacienda las operaciones en el exterior y las emisiones de deuda.
- Art. 54Operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos y sociedades mercantilesLos organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes necesitan dos requisitos para concertar operaciones de crédito a largo plazo: la previa autorización del Pleno de la corporación y el informe de la Intervención.
- Art. 55Central de información de riesgosEl Ministerio de Hacienda mantiene una central de riesgos sobre las operaciones de crédito de las entidades locales y sus cargas financieras; bancos, cajas, demás entidades financieras y Administraciones públicas le remiten los datos, que son públicos en la forma que el Ministerio señale. El Banco de España colabora aportando la información de su Servicio Central de Información de Riesgos (art. 16 del Decreto Ley 18/1962) y Hacienda puede pedirle otros datos concretos. Las corporaciones locales informan del resto de su endeudamiento.
- Art. 56Recursos de los municipiosLa hacienda de los municipios está constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de la ley, en los términos y con las especialidades que recoge este título (el de los recursos de los municipios).
- Art. 57TasasLos ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas de la sección 3.ª del capítulo III del título I de la ley.
- Art. 58Contribuciones especialesLos ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, según las normas de la sección 4.ª del capítulo III del título I de la ley.
- Art. 59Enumeración de impuestosLos ayuntamientos exigirán tres impuestos: sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Además, podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con la ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales.
- Art. 60NaturalezaEl Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo y de carácter real. Lo que grava es el valor de los bienes inmuebles, en los términos establecidos en la propia ley. Tres datos que retener: directo, real y valor de los inmuebles.
- Art. 61Hecho imponible y supuestos de no sujeciónEl hecho imponible es la titularidad, sobre inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales, de estos derechos y por este orden: concesión administrativa, superficie, usufructo y propiedad. Realizado uno, el inmueble rústico o urbano no queda sujeto a las restantes modalidades. Si el inmueble está en varios términos municipales, pertenece a cada uno por la superficie que ocupe en él. No están sujetos las vías terrestres y el dominio público marítimo-terrestre e hidráulico de aprovechamiento público y gratuito, ni ciertos bienes de los municipios en que estén enclavados.
- Art. 62ExencionesExentos sin solicitud: inmuebles del Estado, comunidades autónomas o entidades locales afectos directamente a seguridad ciudadana y servicios educativos y penitenciarios, y del Estado afectos a la defensa nacional; bienes comunales y montes vecinales en mano común; Iglesia Católica y confesiones con acuerdo; Cruz Roja; convenios internacionales y Gobiernos extranjeros; montes de crecimiento lento; líneas de ferrocarriles. Previa solicitud: centros docentes concertados, monumentos o jardines históricos y montes repoblados (15 años). Potestativas: centros sanitarios públicos y cuotas mínimas.
- Art. 63Sujeto pasivoSon contribuyentes las personas naturales y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria titulares del derecho constitutivo del hecho imponible. En inmuebles de características especiales con varios concesionarios, cada uno lo es por su cuota; el ente u organismo público al que esté afectado o adscrito el inmueble informa anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda y actúa como sustituto del propietario por la superficie no concedida, sin poder repercutirle la deuda. Las Administraciones repercutirán la cuota en quienes usen sus bienes mediante contraprestación.
- Art. 64Afección real en la transmisión y responsabilidad solidaria en la cotitularidadSi cambia, por cualquier causa, la titularidad de los derechos del hecho imponible, el inmueble queda afecto al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria. Los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes de las deudas pendientes por el impuesto y de la afección del bien. Los copartícipes o cotitulares de las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria responden solidariamente, en proporción a sus participaciones si figuran inscritos en el Catastro; si no, por partes iguales en todo caso.
- Art. 65Base imponibleLa base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. Ese valor se determinará, se notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
- Art. 66Base liquidableLa base liquidable es el resultado de practicar en la base imponible la reducción de los artículos siguientes. En los procedimientos de valoración colectiva se notifica conjuntamente con la base imponible, con la motivación de la reducción aplicada; en ellos su determinación es competencia de la Dirección General del Catastro y es recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. Si se alteran términos municipales, y mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores, los inmuebles que pasen a otro municipio mantienen el régimen de bases del de origen.
- Art. 67Reducción en base imponibleLa reducción se aplica a inmuebles urbanos y rústicos: a) cuyo valor catastral se incremente por valoración colectiva general, por la primera ponencia total aprobada después del 1 de enero de 1997 o por ponencias sucesivas tras el período de reducción; b) de municipios con esa reducción cuyo valor se altere antes de acabar el plazo por valoración colectiva general, parcial o simplificada, o por procedimientos de inscripción. En características especiales, solo si el nuevo valor supera el doble del anterior (en su defecto, el 40 por ciento del nuevo). Es de oficio y sin compensación.
- Art. 68Duración y cuantía de la reducciónLa reducción se aplica durante nueve años desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio del artículo 70. Su cuantía resulta de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual calculado para cada inmueble. El coeficiente vale 0,9 el primer año y disminuye 0,1 anualmente hasta desaparecer. El componente individual es, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral del primer ejercicio de su vigencia y el valor base.
- Art. 69Valor base de la reducciónEl valor base es, como regla, la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. Excepciones: a) alteraciones inscribibles previas sin reflejo aún en el valor catastral; b) inmuebles del artículo 67.1.b).4.º: nuevo valor catastral multiplicado por un cociente, con dos decimales, que determina la Dirección General del Catastro; c) decremento de la base imponible por los coeficientes de las leyes de presupuestos. El Catastro publica los valores medios por edictos en el boletín oficial de la provincia, con plazo no inferior a 15 días.
- Art. 70Cómputo del período de reducción en supuestos especialesEn los casos del artículo 67, apartado 1.b).1.º, se inicia el cómputo de un nuevo período de reducción y se extingue el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando. En los casos del artículo 67, apartados 1.b).2.º, 3.º y 4.º, no se inicia un nuevo período de reducción, y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados toma el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.
- Art. 71Cuota íntegra y cuota líquidaLa cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen al que se refiere el artículo siguiente. La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
- Art. 72Tipo de gravamen. Recargo por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente y de alojamientos de uso turísticoTipo mínimo y supletorio: 0,4 por ciento (urbanos) y 0,3 (rústicos); máximo: 1,10 y 0,90. Características especiales: supletorio 0,6; diferenciado entre 0,4 y 1,3. Los tipos diferenciados por usos alcanzan, como máximo, al 10 por ciento de los urbanos de mayor valor catastral. Caben recargos sobre la cuota líquida por inmuebles residenciales desocupados con carácter permanente (más de dos años sin causa justificada) y por alojamientos de uso turístico; se devengan el 31 de diciembre. Tipos reducidos por nuevos valores: máximo seis años, no inferiores al 0,1 (urbanos) ni al 0,075 (rústicos).
- Art. 73Bonificaciones obligatoriasEn la cuota íntegra: 1) entre el 50 y el 90 por ciento para los inmuebles objeto de la actividad de empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria que no figuren en su inmovilizado, solicitada antes del inicio de las obras; sin acuerdo municipal, la máxima; máximo tres períodos impositivos. 2) 50 por ciento para viviendas de protección oficial y equiparables, a petición del interesado, durante los tres períodos impositivos siguientes al de la calificación definitiva. 3) 95 por ciento para los bienes rústicos de cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.
- Art. 74Bonificaciones potestativasBonificaciones potestativas en la cuota íntegra. Hasta el 90 por ciento: inmuebles urbanos en asentamientos singularizados por actividades primarias, inmuebles de características especiales y titulares de familia numerosa. Hasta el 95: organismos públicos de investigación y enseñanza universitaria, actividades de especial interés o utilidad municipal (declaración del Pleno por mayoría simple, previa solicitud) y alquiler de vivienda con renta limitada. Hasta el 50: sistemas de aprovechamiento de la energía del sol o ambiente y puntos de recarga, con homologación.
- Art. 75Devengo y período impositivoEl impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y el período impositivo coincide con el año natural. Los hechos, actos y negocios que deben declararse o comunicarse al Catastro Inmobiliario tienen efectividad en el devengo inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los inmuebles de características especiales coincide con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
- Art. 76Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro InmobiliarioLas alteraciones de los inmuebles susceptibles de inscripción catastral con trascendencia para el impuesto obligan a los sujetos pasivos a formalizar las declaraciones para inscribirlas en el Catastro. En los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación, las declaraciones se entienden realizadas cuando las alteraciones consten en la licencia o autorización municipal, y el sujeto pasivo queda exento de declarar. Los ayuntamientos podrán exigir que se acredite la declaración catastral de nueva construcción para tramitar la licencia de primera ocupación.
- Art. 77Gestión tributaria del impuestoLa liquidación, la recaudación y la revisión de los actos de gestión tributaria son competencia exclusiva de los ayuntamientos. Pueden agrupar en un único documento de cobro las cuotas de un mismo sujeto pasivo por bienes rústicos sitos en un mismo municipio, y determinan la base liquidable cuando la base imponible resulte de procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral. El impuesto se gestiona a partir del padrón catastral, formado anualmente para cada término municipal y se remite a las entidades gestoras antes del 1 de marzo.
- Art. 78Naturaleza y hecho imponibleEs un tributo directo de carácter real. Hecho imponible: el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, con o sin local determinado y estén o no en las tarifas. Empresariales: ganaderas independientes, mineras, industriales, comerciales y de servicios; no lo son las agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesqueras. Ganadería independiente: la que pasta en tierras no explotadas por su dueño, la estabulada fuera de fincas rústicas, la trashumante o trasterminante y la alimentada fundamentalmente con piensos de fuera de la finca.
- Art. 79Actividad económica gravadaUna actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando supone ordenar por cuenta propia medios de producción y recursos humanos, o solo uno de los dos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El contenido de las actividades gravadas se define en las tarifas del impuesto.
- Art. 80Prueba del ejercicio de actividad económica gravadaEl ejercicio de las actividades gravadas se puede probar por cualquier medio admisible en derecho. El artículo destaca, en particular, los medios contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio, pero no limita la prueba a ellos.
- Art. 81Supuestos de no sujeciónNo constituyen hecho imponible: la enajenación de bienes del activo fijo de las empresas inventariados como inmovilizado con más de dos años de antelación a la transmisión, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor utilizados durante igual período; la venta de productos recibidos en pago de trabajos personales o servicios profesionales; la exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento (sí está sujeta la exposición para regalo a los clientes); y, en la venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.
- Art. 82ExencionesExentos: a) Estado, comunidades autónomas y entidades locales, con los organismos autónomos del Estado y entidades análogas; b) inicio de actividad en territorio español, dos primeros períodos impositivos; c) personas físicas, y sociedades y entidades con cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros; d) entidades gestoras de la Seguridad Social y mutualidades; e) organismos públicos de investigación y ciertos centros de enseñanza; f) asociaciones y fundaciones de disminuidos sin ánimo de lucro; g) Cruz Roja Española; h) tratados. Los de a), d), g) y h) no declaran alta; e) y f) son rogadas.
- Art. 83Sujetos pasivosSon sujetos pasivos del impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
- Art. 84Cuota tributariaLa cuota tributaria resulta de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con la ley y con las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por cada ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.
- Art. 85Tarifas del impuestoLas tarifas, con las cuotas mínimas, y su Instrucción se aprueban por real decreto legislativo del Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Las cuotas no pueden exceder del 15 por ciento del beneficio medio presunto. Exacción: las cuotas mínimas municipales, el ayuntamiento donde se realiza la actividad; las provinciales, la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde se realiza la actividad; las nacionales, la del domicilio fiscal del sujeto pasivo. Central nuclear: área de 10 kilómetros de radio.
- Art. 86Coeficiente de ponderaciónSobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales se aplica, en todo caso, un coeficiente de ponderación según el importe neto de la cifra de negocios: 1,29 desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 euros; 1,30 hasta 10.000.000,00; 1,32 hasta 50.000.000,00; 1,33 hasta 100.000.000,00; 1,35 con más de 100.000.000,00, y 1,31 sin cifra neta de negocio. La cifra es la del conjunto de actividades económicas ejercidas por el sujeto pasivo.
- Art. 87Coeficiente de situaciónSobre las cuotas ya modificadas por el coeficiente de ponderación, los ayuntamientos pueden establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local, atendiendo a la categoría de la calle. El coeficiente no puede ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8; las categorías de calles, ni menos de 2 ni más de 9; y la diferencia con la categoría superior o inferior no puede ser menor de 0,10. Si no es posible distinguir más de una categoría de calle, no se puede establecer el coeficiente de situación.
- Art. 88Bonificaciones obligatorias y potestativasBonificaciones en todo caso: la de las cooperativas y sociedades agrarias de transformación, y el 50 por ciento para quien inicie una actividad profesional, durante cinco años desde la conclusión del segundo período impositivo. Por ordenanza fiscal y en cuota municipal: hasta el 50 por ciento por inicio de actividad empresarial, creación de empleo indefinido, energías renovables o cogeneración, locales alejados o plan de transporte, rendimiento negativo o bajo y puntos de recarga; hasta el 95 por ciento por especial interés o utilidad municipal, que declara el Pleno por mayoría simple.
- Art. 89Período impositivo y devengoEl período impositivo coincide con el año natural, salvo en las declaraciones de alta, en que va desde el comienzo de la actividad hasta el final del año. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas son irreducibles, salvo en el alta que no coincide con el año natural: se calculan en proporción a los trimestres naturales que restan, incluido el del comienzo. En la baja por cese se prorratean por trimestres naturales, excluido el del cese, y cabe pedir devolución. En espectáculos con cuotas por actuaciones aisladas, el devengo se produce con cada una.
- Art. 90Gestión tributaria del impuestoEl impuesto se gestiona a partir de su matrícula, que se forma anualmente para cada término con censos de actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, recargo provincial, y está a disposición del público en los ayuntamientos. Los sujetos pasivos deben presentar declaraciones censales de alta y comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico con trascendencia para el impuesto. Los cambios de datos de los censos se consideran acto administrativo. El impuesto puede exigirse en régimen de autoliquidación.
- Art. 91Matrícula del impuestoLa gestión censal (formación de la matrícula, calificación de actividades y señalamiento de cuotas) la lleva a cabo la Administración tributaria del Estado; en cuotas municipales puede delegarse en ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades que lo soliciten. Liquidación, recaudación y revisión de los actos de gestión tributaria: los ayuntamientos. Inspección: la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de delegaciones. Las reclamaciones contra los actos de gestión censal las conocen los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
- Art. 92Naturaleza y hecho imponibleEl Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas, de cualquier clase y categoría. Es apto el vehículo matriculado en los registros públicos mientras no haya causado baja, y también el provisto de permisos temporales y matrícula turística. No están sujetos los vehículos dados de baja por antigüedad de su modelo que puedan ser autorizados excepcionalmente para exhibiciones, certámenes o carreras, ni los remolques y semirremolques cuya carga útil no supere 750 kilogramos.
- Art. 93ExencionesExentos: los vehículos oficiales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana; los diplomáticos y consulares, a condición de reciprocidad, y los de organismos internacionales; los de tratados; ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria; los de personas de movilidad reducida y los matriculados a nombre de minusválidos (33 por ciento o más) para su uso exclusivo, por un solo vehículo; el transporte público urbano de más de nueve plazas, incluida la del conductor; y tractores, remolques y maquinaria con Cartilla de Inspección Agrícola. Las de e) y g) se instan.
- Art. 94Sujetos pasivosSon sujetos pasivos del impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
- Art. 95CuotaEl impuesto se exige según un cuadro de tarifas por potencia y clase de vehículo (turismos, de 12,62 a 112,00 euros; ciclomotores, 4,42), que puede modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los ayuntamientos pueden incrementar las cuotas con un coeficiente no superior a 2, que puede ser distinto por clase de vehículo y por tramo. Las ordenanzas fiscales pueden regular bonificaciones de hasta el 75 por ciento por clase de carburante y por características del motor, y de hasta el 100 por cien para vehículos históricos o con antigüedad mínima de veinticinco años.
- Art. 96Período impositivo y devengoEl período impositivo coincide con el año natural, salvo en la primera adquisición del vehículo, en que comienza el día en que se produce la adquisición. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. La cuota se prorratea por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo, y también en la baja temporal por sustracción o robo, desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
- Art. 97Gestión tributaria del impuestoLa gestión, la liquidación, la inspección y la recaudación del impuesto, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponden al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
- Art. 98AutoliquidaciónLos ayuntamientos podrán exigir el impuesto en régimen de autoliquidación: es una facultad, no una obligación. Además, son los propios ayuntamientos quienes, en sus respectivas ordenanzas fiscales, dispondrán la clase de instrumento acreditativo del pago del impuesto.
- Art. 99Justificación del pago del impuestoQuien solicite ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo debe acreditar previamente el pago del impuesto. Las Jefaturas no tramitarán el cambio de titularidad mientras el titular registral no acredite el pago del año anterior al del trámite. Los Ayuntamientos, o las entidades que recauden por delegación, comunican informáticamente al Registro de Vehículos, al finalizar el período voluntario, el impago del año en curso; si no hay anotaciones por impago, el pago se tiene por acreditado a los únicos efectos del trámite.
- Art. 100Naturaleza y hecho imponibleTributo indirecto que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra que exija licencia (se haya obtenido o no), declaración responsable o comunicación previa, si la licencia o el control corresponden al ayuntamiento de la imposición. Están exentas las obras cuyo dueño sea el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales destinadas directamente a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas y saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, sean de inversión nueva o de conservación.
- Art. 101Sujetos pasivosSon contribuyentes las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble. Se considera dueño de la obra a quien soporte los gastos o el coste de su realización. Si la obra no la realiza el contribuyente, son sustitutos quienes soliciten las licencias o presenten las declaraciones responsables o comunicaciones previas, o quienes realicen las obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
- Art. 102Base imponible, cuota y devengoLa base imponible es el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, entendido como su coste de ejecución material. Quedan fuera el IVA e impuestos análogos, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales públicas locales, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista y cualquier otro concepto que no integre estrictamente ese coste. La cuota resulta de aplicar a la base el tipo de gravamen, que fija cada ayuntamiento sin exceder del cuatro por cien. Se devenga al iniciarse la obra, aunque no se haya obtenido la licencia.
- Art. 103Gestión tributaria del impuestoAl concederse la licencia, presentarse la declaración responsable o comunicación previa, o iniciarse la obra, se practica liquidación provisional a cuenta según el presupuesto (visado si es preceptivo) o, si la ordenanza lo prevé, según índices o módulos; acabada la obra, el ayuntamiento comprueba y practica la definitiva. Bonificaciones potestativas: hasta el 95 % (especial interés o utilidad municipal; energía solar o ambiente), 50 % (planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras; viviendas de protección oficial) y 90 % (acceso de discapacitados; puntos de recarga).
- Art. 104Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeciónTributo directo que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos puesto de manifiesto al transmitirse la propiedad o al constituirse o transmitirse derechos reales de goce limitativos del dominio. No están sujetos los terrenos rústicos a efectos del IBI; sí los que deban considerarse urbanos, figuren o no así en el Catastro. No hay sujeción en aportaciones a la sociedad conyugal, en transmisiones entre cónyuges o a hijos por sentencias de nulidad, separación o divorcio, ni cuando se constate que no hubo incremento entre adquisición y transmisión, lo que debe acreditar el interesado.
- Art. 105ExencionesExentos por el acto: servidumbres; bienes de un Conjunto Histórico-Artístico o de interés cultural si se acreditan obras de conservación, mejora o rehabilitación a cargo del titular; y dación en pago o ejecución hipotecaria de la vivienda habitual (empadronamiento ininterrumpido al menos los dos años anteriores). Exentos por la persona: Estado, comunidades autónomas y entidades locales, el municipio de la imposición, instituciones benéficas o benéfico-docentes, entidades gestoras de la Seguridad Social, concesionarios de terrenos revertibles, Cruz Roja Española y los amparados por tratados.
- Art. 106Sujetos pasivosContribuyente: en las operaciones a título lucrativo, quien adquiere el terreno o aquel a cuyo favor se constituye o transmite el derecho real; en las operaciones a título oneroso, quien transmite el terreno o constituye o transmite el derecho real. En ambos casos puede ser persona física o jurídica o entidad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. En las onerosas, el adquirente es sujeto pasivo sustituto del contribuyente cuando este sea una persona física no residente en España.
- Art. 107Base imponibleLa base es el incremento de valor del terreno en un periodo máximo de veinte años: valor del terreno en el devengo (el determinado a efectos del IBI) por el coeficiente del periodo de generación. La ordenanza puede fijar un coeficiente reductor de hasta el 15 por ciento y, tras una valoración colectiva general, una reducción de hasta el 60 por ciento durante los cinco primeros años. Se toman años completos y, si el periodo es inferior a un año, meses completos. Los coeficientes tienen máximos legales, actualizables cada año. Si el incremento constatado es inferior, se toma este como base.
- Art. 108Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquidaEl tipo de gravamen lo fija cada ayuntamiento sin exceder del 30 por ciento; puede ser uno solo o uno para cada periodo de generación. La cuota íntegra resulta de aplicar el tipo a la base imponible, y la cuota líquida, de aplicar a la íntegra las bonificaciones. Las ordenanzas podrán bonificar hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra las transmisiones lucrativas por causa de muerte a favor de descendientes y adoptados, cónyuges y ascendientes y adoptantes, y las de terrenos con actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal por el Pleno por mayoría simple.
- Art. 109DevengoSe devenga en la fecha de la transmisión de la propiedad o de la constitución o transmisión del derecho real de goce. Si por resolución firme se declara la nulidad, rescisión o resolución del acto, hay devolución si no produjo efectos lucrativos y se reclama en cinco años desde la firmeza; no la hay si se debe a incumplimiento del sujeto pasivo. El mutuo acuerdo (también la avenencia en conciliación y el simple allanamiento) no da devolución y es acto nuevo sujeto. Condición suspensiva: no se liquida hasta que se cumpla; resolutoria: se exige desde luego, a reserva de devolución.
- Art. 110Gestión tributaria del impuestoLos sujetos pasivos presentan declaración, desde el devengo, en treinta días hábiles (actos ínter vivos) o en seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo (actos por causa de muerte). Los ayuntamientos pueden establecer la autoliquidación, salvo en el supuesto del artículo 107.2.a), párrafo tercero. También deben comunicar el hecho imponible el donante o constituyente en negocios lucrativos entre vivos y el adquirente en los onerosos. Los notarios remiten, en la primera quincena de cada trimestre, relación de los documentos autorizados en el trimestre anterior.
- Art. 111Ámbito subjetivoCon el alcance y condiciones del capítulo, se cede, en la proporción del artículo 112, el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos allí relacionados a los municipios que cumplan alguna de estas condiciones: ser capitales de provincia o de comunidad autónoma, o tener población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. A estos efectos se considera la población resultante de la actualización del Padrón municipal de habitantes vigente a la entrada en vigor del modelo.
- Art. 112Objeto de la cesiónSe ceden a cada municipio, de los rendimientos no cedidos a las Comunidades Autónomas: el 2,1336 por 100 de la cuota líquida estatal del IRPF; el 2,3266 por 100 de la recaudación líquida del IVA imputable a cada municipio; y el 2,9220 por 100 de la imputable por los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, el Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y Labores de Tabaco. Los municipios no podrán asumir, en ningún caso, competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación, inspección ni revisión: corresponden exclusivamente al Estado.
- Art. 113Rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes objeto de cesiónEn el IRPF, la cuota líquida suma: las cuotas líquidas estatales declaradas e ingresadas en plazo por los residentes en el municipio; el 50 por ciento de las cuotas de quienes optaron por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes; el 50 por ciento de los pagos a cuenta de los no obligados a declarar que no declararon y de quienes no declararon en plazo; y la deuda del Estado por actas de inspección, liquidaciones y declaraciones fuera de plazo. En IVA e Impuestos Especiales, es el porcentaje no cedido a las comunidades autónomas de los ingresos líquidos estatales, con criterio de caja.
- Art. 114RevisiónCon carácter cuatrienal se revisará el conjunto de municipios que se incluirán en el modelo de cesión descrito en el capítulo. Para ello se tiene en cuenta si, en el momento de la revisión, se cumplen los requisitos establecidos para delimitar el ámbito subjetivo regulado en el artículo 111.
- Art. 115Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FísicasSe cede a cada municipio el 2,1336 por ciento del rendimiento no cedido a las comunidades autónomas del IRPF producido en su territorio, que es el de los sujetos pasivos con residencia habitual en él. En tributación conjunta con residencias en municipios distintos, cuenta el del miembro con mayor base liquidable. Se reside donde se permanezca más días, computando las ausencias temporales; salvo prueba en contrario, donde radique la vivienda habitual. En su defecto, donde esté el principal centro de intereses y, si tampoco puede determinarse, en la última residencia declarada.
- Art. 116Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor AñadidoSe cede a cada municipio del ámbito subjetivo el 2,3266 por ciento del rendimiento no cedido a las comunidades autónomas del IVA que se impute producido en su territorio. La imputación aplica el índice de consumo de la comunidad autónoma a la recaudación líquida del Estado y pondera el resultado por la población de derecho del municipio respecto de la de su comunidad: PIVAtm = 0,017897 x RLIVAt x ICti x (Ptm / Pti). El índice de consumo lo certifica el Instituto Nacional de Estadística, y las poblaciones son las de la actualización del padrón municipal vigente a 31 de diciembre del año t.
- Art. 117Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos Especiales sobre fabricaciónSe cede a cada municipio del ámbito del artículo 111 el 2,9220 por ciento de los rendimientos no cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, el Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios y Alcohol y Bebidas Derivadas. Se imputa con el índice de consumo territorial de la comunidad autónoma (certificado por el INE), ponderado por la población de derecho. Hidrocarburos: índice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos (Ministerio de Economía). Tabaco: ventas a expendedurías (Comisionado para el Mercado de Tabacos).
- Art. 118Ámbito subjetivoLos municipios a los que se refiere el artículo 111 de la ley son los que participan en los tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en la sección a la que pertenece este artículo. El precepto no fija requisitos propios: delimita su ámbito subjetivo por remisión.
- Art. 119Regla general para determinar la participación en el Fondo Complementario de FinanciaciónLa participación de cada municipio en el Fondo Complementario de Financiación se determina, para cada ejercicio, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda por este concepto en el año base: PFCtm = PFC2004m x IEt/2004. Por año base se entiende el primero de aplicación del modelo, es decir, el año 2004.
- Art. 120Regla para determinar la participación en el Fondo Complementario de Financiación del año baseLa participación en el Fondo Complementario de Financiación del año base se calcula incrementando la participación en tributos del Estado de 2003 con el índice de evolución del artículo 121 y deduciendo de ese total la cesión de impuestos estatales (IRPF, IVA e Impuestos Especiales sobre fabricación) del año 2004. La participación de 2003 se entiende en términos brutos, con los elementos y particularidades de los apartados dos a cinco del artículo 65 y del apartado tres del artículo 72 de la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales del Estado para 2003.
- Art. 121Índice de evoluciónEl índice de evolución se determina, en todo caso, por el incremento de los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que corresponda la participación y el año base: IEt/2004 = ITEt / ITE2004. Los ITE son la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión a las comunidades autónomas, por IRPF, IVA y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, el Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y Labores de Tabaco. Para concretarlos se está a la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.
- Art. 122Ámbito subjetivo
- Art. 123Determinación del importe total de la participaciónLa participación total de cada ejercicio se determina aplicando un índice de evolución a la del año base (PIEt* = PIE2004* x IEt/2004). El índice es el incremento de los ingresos tributarios del Estado entre el año de la participación y el año base, en los términos del artículo 121. La del año base se obtiene incrementando en dicho índice la participación de 2003 del conjunto de municipios del artículo anterior, entendida en términos brutos, con los elementos y particularidades de los apartados dos a cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002.
- Art. 124Distribución del importe total de la participaciónLa participación total se distribuye: el 75 por ciento según los habitantes de derecho (cifras aprobadas por el Gobierno, último Padrón vigente), ponderados por coeficientes: más de 50.000, 1,40; de 20.001 a 50.000, 1,30; de 5.001 a 20.000, 1,17; hasta 5.000, 1,00. El 12,5 por ciento según el esfuerzo fiscal medio del segundo ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos, ponderado por habitantes. El 12,5 por ciento según el inverso de la capacidad tributaria. Ningún municipio recibirá menos que en la liquidación definitiva de 2003 en términos brutos.
- Art. 125Municipios turísticosSon municipios turísticos los del ámbito del artículo 122 que, además, tengan población de derecho superior a 20.000 habitantes y más viviendas de segunda residencia que principales, según el último Censo de Edificios y Viviendas. Se les cede el 2,0454 por ciento de los rendimientos no cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. Su participación individual se reduce en la cesión calculada en el año base 2004, evolucionada con el índice del artículo 123.2, y se incrementa en la cesión del año de que se trate.
- Art. 126RevisiónCon carácter cuatrienal se revisa el conjunto de municipios que se incluyen en cada uno de los modelos regulados en las dos secciones anteriores. La revisión tiene en cuenta si, en el momento de hacerla, se cumplen los requisitos establecidos para delimitar los ámbitos subjetivos regulados en los artículos 118 y 122.
- Art. 127Precios públicosLos ayuntamientos podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal. Es una facultad (podrán), no una obligación, y se ejerce según las normas contenidas en el capítulo VI del título I de la ley.
- Art. 128Normas comunesLos ayuntamientos con población de derecho no superior a 5.000 habitantes podrán imponer la prestación personal y de transporte para obras de competencia municipal o cedidas o transferidas por otras entidades públicas. Ambas son compatibles y pueden aplicarse a la vez. No concurrir sin previa redención obliga, salvo fuerza mayor, a pagar su importe más una sanción de la misma cuantía, por vía ejecutiva. Los períodos no deben coincidir con la época de mayor actividad laboral. Su imposición y ordenación se ajustan a las prescripciones de la ley sobre recursos tributarios.
- Art. 129Prestación personalEstán sujetos a la prestación personal los residentes del municipio, salvo: menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco; disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales; reclusos en establecimientos penitenciarios; y mozos mientras permanezcan en filas en cumplimiento del servicio militar. El ayuntamiento de la imposición cubre el riesgo por accidentes de los obligados. La prestación no excederá de 15 días al año ni de tres consecutivos y puede redimirse a metálico por el doble del salario mínimo interprofesional.
- Art. 130Prestaciones de transporteLa prestación de transporte es general, sin excepción alguna, para todas las personas físicas o jurídicas, residentes o no en el municipio, que tengan elementos de transporte en el término municipal afectos a explotaciones empresariales radicadas en él. Puede reducirse a metálico por tres veces el salario mínimo interprofesional. Para los vehículos de tracción mecánica no excederá de cinco días al año, sin que ninguno pueda ser consecutivo; en los demás casos, no más de 10 días al año ni de dos consecutivos.
- Art. 131Recursos de las ProvinciasLa Hacienda de las provincias está constituida por los recursos expresados en el artículo 2 de la ley, en los términos y con las especialidades que se recogen en el título al que pertenece este artículo. El precepto no enumera por sí mismo esos recursos: se remite al artículo 2.
- Art. 132TasasLas Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público provincial, según la sección 3.ª del capítulo III del título I, salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24.1. Además, seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la provincia, y pueden establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos y por la suscripción y venta de ejemplares.
- Art. 133Contribuciones especialesLas Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios. Lo harán según las normas contenidas en la sección 4.ª del capítulo III del título I de la ley.
- Art. 134Recargo de las Provincias sobre el Impuesto sobre Actividades EconómicasLas Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas: un porcentaje único sobre las cuotas municipales modificadas por el coeficiente de ponderación del artículo 86, con un tipo no superior al 40 por ciento. Lo gestiona la entidad que gestione el impuesto. El Estado, a instancia de las Administraciones acreedoras, puede retener de la participación de los municipios las deudas firmes por el recargo (certificación del Interventor local) y entrega lo retenido dentro del mes siguiente a la retención.
- Art. 135Ámbito subjetivoSe cede, en la proporción establecida en el artículo 136, el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos allí relacionados en favor de las provincias y de las comunidades autónomas uniprovinciales que, a la entrada en vigor de la ley, no hubiesen integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiere corresponder como comunidad autónoma.
- Art. 136Objeto de la cesiónA cada provincia y ente asimilado se le ceden, de los rendimientos no cedidos a las Comunidades Autónomas: el 1,2561 por 100 de la cuota líquida estatal del IRPF; el 1,3699 por 100 de la recaudación líquida imputable del IVA; y el 1,7206 por 100 de la recaudación líquida imputable de los Impuestos Especiales. Las bases se determinan con arreglo al artículo 113. No pueden asumir, en ningún caso, competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación, inspección ni revisión de esos tributos: su titularidad y ejercicio corresponde exclusivamente al Estado.
- Art. 137Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FísicasSe cede a cada provincia y ente asimilado del ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,2561 por ciento del rendimiento del IRPF no cedido a las comunidades autónomas y producido en su territorio, definido en el apartado 1 del artículo 113. Se considera producido en el territorio de una provincia o ente asimilado el rendimiento cedido que corresponda a los sujetos pasivos con residencia habitual en él. Para la residencia habitual se está a los apartados 3 a 8 del artículo 115; las menciones a los municipios se entienden hechas a las provincias y entes asimilados.
- Art. 138Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor AñadidoSe cede a cada provincia y ente asimilado del ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,3699 por ciento del rendimiento del IVA no cedido a las comunidades autónomas que se impute producido en su territorio. La imputación aplica el índice de consumo territorial de la comunidad autónoma a la que pertenezca (certificado por el Instituto Nacional de Estadística) a la recaudación líquida del Estado y pondera el resultado por la población de derecho de la provincia dentro de su comunidad, según el padrón vigente a 31 de diciembre del año t. Coeficiente de la fórmula: 0,010538.
- Art. 139Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos Especiales sobre FabricaciónSe cede a cada provincia y ente asimilado del artículo 135 el 1,7206 por ciento de los rendimientos no cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y Labores de Tabaco. Los cuatro primeros se imputan por índice de consumo territorial de la comunidad autónoma ponderado por población de derecho. Hidrocarburos, por el índice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos (Ministerio de Economía); Tabaco, por el de ventas a expendedurías (Comisionado para el Mercado de Tabacos).
- Art. 140Ámbito subjetivoParticipan en el modelo regulado en la sección las provincias y las comunidades autónomas uniprovinciales que, a la entrada en vigor de la ley, no hubieran integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiera corresponder con arreglo a su naturaleza institucional como comunidad autónoma. Son las entidades a las que se ha hecho referencia en el artículo 135.
- Art. 141Regla general para determinar la participación en el Fondo complementario de financiaciónLa participación en el Fondo Complementario de Financiación se determina, para cada ejercicio y para cada provincia, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda por este concepto en el año base del nuevo modelo, en los mismos términos establecidos para los municipios en el artículo 119. Año base es el primero de aplicación del modelo, es decir, el año 2004.
- Art. 142Regla para determinar la participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año baseLa participación en el Fondo Complementario de Financiación del año base se calcula deduciendo el importe del bloque de participación de la participación total que resulte de incrementar la participación en tributos del Estado del año 2003 en el índice de evolución establecido para los municipios, en los términos del apartado 1 del artículo 120. La participación de 2003 se entiende en términos brutos, con todos los elementos y las particularidades de los apartados cuatro y seis del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
- Art. 143Índice de evoluciónEl índice de evolución se determina, en todo caso, por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que corresponda la participación y el año base, en idénticos términos a los definidos para los municipios en el artículo 121.
- Art. 144Financiación de la asistencia sanitariaLos Presupuestos Generales del Estado incluyen un crédito para cubrir las asignaciones destinadas a las entidades del artículo 140 para el mantenimiento de sus centros sanitarios de carácter no psiquiátrico. Las cuantías se determinan para cada ejercicio y cada entidad aplicando el índice de evolución del artículo 143 a la financiación del año base. La del año base se obtiene incrementando en ese índice la participación en tributos del Estado a su favor en 2003 por este concepto, determinada según el apartado tres del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre.
- Art. 145Ámbito subjetivo
- Art. 146Determinación del importe de la participaciónLa participación de cada entidad citada en el artículo precedente, para cada ejercicio, se determina aplicando un índice de evolución a la del año base. Ese índice es el incremento de los ingresos tributarios del Estado entre el año de la participación y el año base, en los términos del artículo 121. La del año base se obtiene incrementando en dicho índice la participación en tributos del Estado que les corresponda en 2003 en concepto de financiación incondicionada, calculada según los apartados cuatro, cinco y siete del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre.
- Art. 147SubvencionesEntre las subvenciones acordadas por el Estado y las comunidades autónomas en favor de las diputaciones, conforme al artículo 40, se comprenden las destinadas a financiar los Planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, a que se refiere el artículo 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Además, participan de la naturaleza de las subvenciones las participaciones que las Diputaciones Provinciales tienen actualmente en las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado.
- Art. 148Precios públicosLas Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, según las normas contenidas en el capítulo VI del título I de la ley.
- Art. 149Otros recursosSi las diputaciones gestionan servicios propios de las comunidades autónomas, estas podrán fijar módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo, con sus dotaciones económicas, que las diputaciones podrán mejorar con su presupuesto. Si recaudan por cuenta de los ayuntamientos el IBI y el IAE, podrán concertar operaciones especiales de tesorería para anticiparles cada año hasta el 75 por ciento de la recaudación presumible: se cancelan antes de finalizar cada ejercicio, sin carga financiera para ellas y sin computar en los límites de los artículos 51, 52 y 53.
- Art. 150Recursos de las entidades supramunicipalesSon recursos de las entidades supramunicipales los previstos en sus respectivas normas de creación y los establecidos en la ley y en las disposiciones que la desarrollen. Además, se les aplica lo dispuesto en la ley respecto de los recursos de los ayuntamientos, con las especialidades que procedan en cada caso.
- Art. 151Contribuciones especialesSi una entidad supramunicipal establece contribuciones especiales por obras o por el establecimiento o ampliación de servicios que afecten a uno o varios términos municipales, su órgano superior de gobierno, al determinar las zonas afectadas o el beneficio especial de cada una, podrá distinguir entre el interés directo de los contribuyentes y el común en uno o varios términos. En ese caso los ayuntamientos afectados integrados en la entidad son contribuyentes y recaudan las cuotas individuales. Sus cuotas son compatibles con las que impongan por los gastos de su cooperación.
- Art. 152Ingresos tributariosLas comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades supramunicipales podrán establecer y exigir tasas, contribuciones especiales y precios públicos, de conformidad con sus respectivas normas de creación y en los términos de la ley y de las disposiciones que la desarrollen. El régimen financiero de las entidades supramunicipales no altera el propio de los ayuntamientos que las integren.
- Art. 153Recursos de las áreas metropolitanasLas áreas metropolitanas podrán contar con: a) un recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en su territorio, exigido a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos que el impuesto, en un porcentaje único sobre la base imponible, de tipo no superior al 0,2 por ciento; b) subvenciones finalistas que se podrán fijar en los Presupuestos Generales del Estado para servicios específicos que constituyan su objeto, con cuantía, perceptor y distribución fijados cada año. Las leyes autonómicas que las creen determinarán sus recursos de entre los del párrafo a) y los del artículo 152.
- Art. 154Recursos de las entidades municipales asociativasLas mancomunidades y demás entidades municipales asociativas disponen, además de los recursos citados en el artículo 151, de las aportaciones de los municipios que integren o formen parte de ellas. Esas aportaciones se determinan de acuerdo con lo establecido en los estatutos de creación respectivos.
- Art. 155Recursos de las comarcasLas comarcas no podrán exigir ninguno de los impuestos y recargos regulados en la ley ni percibir participación en los tributos del Estado. Las leyes de las comunidades autónomas que, de acuerdo con sus estatutos, creen en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios determinarán los recursos económicos que se les asignen.
- Art. 156Recursos de las entidades de ámbito territorial inferior al municipioLas entidades de ámbito territorial inferior al municipio no pueden tener impuestos propios ni participación en los tributos del Estado, pero sí en los del municipio a que pertenezcan. Las leyes autonómicas sobre régimen local que las regulen determinarán sus recursos de entre los previstos para los municipios, incluso la prestación personal y de transporte, salvo cuando la tuviera acordada el ayuntamiento con carácter de generalidad. A esos recursos se aplican las disposiciones sobre la hacienda municipal, con las adaptaciones derivadas de ser ingresos propios de sus entidades titulares.
- Art. 157Financiación
- Art. 158FinanciaciónLas entidades locales canarias disponen de los recursos regulados en esta ley, sin perjuicio de las peculiaridades de la legislación del régimen económico fiscal de Canarias. Los cabildos insulares reciben el mismo tratamiento que las diputaciones provinciales. A los municipios canarios del artículo 111 y a los cabildos únicamente se les cede el porcentaje del IRPF y de los Impuestos Especiales sobre Cerveza, Productos Intermedios y Alcohol y Bebidas Derivadas; esas cuantías son las únicas deducibles a efectos de los artículos 120 y 142.
- Art. 159FinanciaciónCeuta y Melilla disponen de los recursos previstos en sus respectivos regímenes fiscales especiales. Las cuotas tributarias de los impuestos municipales regulados en esta ley tienen una bonificación del 50 por ciento. Su participación en los tributos del Estado se determina con las normas de los municipios y, asimismo, con las de las provincias; el esfuerzo fiscal del artículo 124.1.b) se calcula con las cuotas íntegras de los impuestos municipales determinadas antes de aplicar esa bonificación.
- Art. 160Régimen financiero especial
- Art. 161Régimen financiero especial
- Art. 162DefiniciónLos presupuestos generales de las entidades locales son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de: las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos; los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio; y las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.
- Art. 163Ámbito temporalEl ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A él se imputan los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.
- Art. 164Contenido del presupuesto generalLas entidades locales elaboran y aprueban anualmente un presupuesto general que integra el de la propia entidad, los de sus organismos autónomos dependientes y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad. A efectos presupuestarios y contables, los organismos autónomos son de carácter administrativo o de carácter comercial, industrial, financiero o análogo; su norma de creación debe indicar expresamente su carácter.
- Art. 165Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto generalEl presupuesto general atiende al principio de estabilidad y contiene, para cada presupuesto integrado, los estados de gastos y de ingresos, además de las bases de ejecución, que no pueden modificar lo legislado para la administración económica. Los recursos satisfacen el conjunto de obligaciones, salvo ingresos afectados. Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin atender obligaciones minorando derechos salvo ley expresa; se exceptúan las devoluciones de ingresos indebidos. Cada presupuesto se aprueba sin déficit inicial.
- Art. 166Anexos al presupuesto generalAl presupuesto general se unen como anexos: a) los planes y programas de inversión y financiación a cuatro años, que podrán formular municipios y entidades supramunicipales; b) los programas anuales de las sociedades mercantiles locales; c) el estado de consolidación; d) el estado de previsión de la deuda. El plan de inversiones se completa con un programa financiero (inversión de cada uno de los cuatro ejercicios, ingresos de capital y operaciones de crédito). Se da cuenta al Pleno con la aprobación del presupuesto y se revisa cada año, añadiendo un ejercicio.
- Art. 167Estructura de los estados de ingresos y gastosEl Ministerio de Hacienda fija la estructura de los presupuestos locales; las entidades pueden clasificar además según su propia organización. Los gastos se clasifican por programas (área de gasto, política de gasto, grupos de programas y programas, ampliable a subprogramas) y económicamente (capítulo, artículo y concepto, ampliable a subconcepto y partida), separando gastos corrientes y de capital. Área, política, capítulo y artículo coinciden con los del Estado. La aplicación presupuestaria combina ambas clasificaciones (y la orgánica si se usa).
- Art. 168Procedimiento de elaboración y aprobación inicialEl Presidente forma el presupuesto y le une: memoria explicativa, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses), anexos de personal, inversiones, beneficios fiscales y convenios de gasto social con la comunidad autónoma, e informe económico-financiero. Organismos autónomos y sociedades mercantiles remiten sus presupuestos y previsiones antes del 15 de septiembre. El Presidente remite el presupuesto general, informado por la Intervención, al Pleno antes del 15 de octubre. El acuerdo de aprobación es único.
- Art. 169Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigorAprobado inicialmente, el presupuesto general se expone al público 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia (o de la comunidad autónoma uniprovincial); si no hay reclamaciones queda definitivamente aprobado y, si las hay, el Pleno tiene un mes para resolverlas. La aprobación definitiva debe hacerse antes del 31 de diciembre del año anterior. Entra en vigor tras publicarse resumido por capítulos. Si al empezar el ejercicio no está en vigor, se prorroga automáticamente el anterior con sus créditos iniciales.
- Art. 170Reclamación administrativa: legitimación activa y causasPueden reclamar contra el presupuesto aprobado inicialmente, como interesados: los habitantes del territorio de la entidad; los directamente afectados aunque no habiten en él; y colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades constituidas para velar por intereses profesionales, económicos y vecinales, en defensa de los suyos. Solo cabe reclamar por no ajustarse a los trámites legales, por omitir crédito para obligaciones exigibles o por manifiesta insuficiencia de ingresos respecto de gastos o de estos respecto de las necesidades.
- Art. 171Recurso contencioso-administrativoContra la aprobación definitiva del presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos de las normas de esa jurisdicción. Si la impugnación afecta o se refiere a la nivelación presupuestaria, el Tribunal de Cuentas debe informar antes de que se resuelva el recurso. La interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado.
- Art. 172Especialidad y limitación de los créditosPrincipio de especialidad: los créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que se autorizaron en el presupuesto general o en sus modificaciones debidamente aprobadas. Principio de limitación: los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante; los niveles de vinculación son los que fije en cada momento la legislación presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.
- Art. 173Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los compromisos de gastoLas obligaciones de pago solo son exigibles a la hacienda local si derivan de la ejecución del presupuesto o de sentencia judicial firme. No cabe embargo ni exigencia de fianzas contra la hacienda local, salvo sobre bienes patrimoniales no afectados a uso o servicio público. La ejecución de sentencias corresponde a la propia entidad; si hace falta crédito extraordinario o suplemento, se pide al Pleno en tres meses desde la notificación. Son nulos de pleno derecho los compromisos que superen los créditos autorizados.
- Art. 174Compromisos de gasto de carácter plurianualLos gastos plurianuales se subordinan al crédito de cada ejercicio. Se admiten si su ejecución empieza en el propio ejercicio y son: inversiones y transferencias de capital; ciertos contratos no estipulables o antieconómicos por un año; arrendamientos de inmuebles; cargas financieras de las deudas; y transferencias corrientes de convenios. Para a), b) y e), máximo cuatro ejercicios; para a) y e), límites del 70 %, 60 % y 50 % (tercero y cuarto). En casos excepcionales el Pleno puede ampliar anualidades y elevar porcentajes.
- Art. 175Bajas por anulación de créditosLos créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho. Las únicas excepciones son las señaladas en el artículo 182 de la ley.
- Art. 176Temporalidad de los créditosRegla general: con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo pueden contraerse obligaciones por adquisiciones, obras, servicios y demás gastos realizados en el año natural del propio ejercicio. Excepción: se aplican al presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones por liquidación de atrasos al personal retribuido con cargo a los presupuestos de la entidad y las de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de créditos (art. 182.3).
- Art. 177Créditos extraordinarios y suplementos de créditoSi un gasto no puede demorarse al ejercicio siguiente, el presidente ordena expediente de crédito extraordinario si no hay crédito, o de suplemento si es insuficiente o no ampliable. Informa la Intervención y aprueba el Pleno con los trámites del presupuesto (art. 169). Se financia con remanente líquido de tesorería, nuevos o mayores ingresos o bajas de créditos no comprometidos. Excepcionalmente, operaciones de crédito: ≤5 % de recursos corrientes, carga ≤25 % y canceladas antes de renovar la Corporación. En calamidades públicas, ejecutivos de inmediato; reclamaciones en ocho días.
- Art. 178Créditos ampliablesComo excepción al apartado 2 del artículo 172, son ampliables los créditos que, de modo taxativo y debidamente explicitados, se relacionen en las bases de ejecución del presupuesto. Su cuantía puede incrementarse, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios, en función de la efectividad de los recursos afectados.
- Art. 179Transferencias de crédito: límites formales y competenciaLas bases de ejecución regulan el régimen de transferencias y fijan el órgano competente para autorizarlas. En todo caso, las transferencias entre distintos grupos de función las aprueba el Pleno, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Los organismos autónomos también pueden hacer transferencias con estas reglas. Las aprobadas por el Pleno siguen las normas de información, reclamaciones, recursos y publicidad de los artículos 169, 170 y 171.
- Art. 180Transferencias de crédito: límites objetivosLímites de las transferencias de crédito: no afectan a créditos ampliables ni a extraordinarios concedidos en el ejercicio; no minoran créditos incrementados con suplementos o transferencias (salvo personal) ni los incorporados por remanentes no comprometidos de presupuestos cerrados; no incrementan créditos minorados por otras transferencias (salvo personal). No rigen para transferencias de los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni para créditos modificados por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.
- Art. 181Generaciones de créditoPueden generar crédito en los estados de gastos, en la forma reglamentaria, los ingresos no tributarios derivados de: aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con la entidad o sus organismos autónomos, gastos de sus fines; enajenaciones de bienes de la entidad o de sus organismos autónomos; prestación de servicios; reembolso de préstamos; y reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, para reponer el crédito en esa cuantía.
- Art. 182Incorporaciones de créditoPese al artículo 175, pueden incorporarse al presupuesto de gastos del ejercicio siguiente, si hay recursos financieros suficientes: créditos extraordinarios, suplementos y transferencias concedidos o autorizados en el último trimestre; créditos de compromisos del artículo 176.2.b); créditos por operaciones de capital; y créditos autorizados según la efectiva recaudación de derechos afectados. Los remanentes solo se aplican en el ejercicio de la incorporación y, en el caso a), a los mismos gastos. Los de proyectos con ingresos afectados se incorporan obligatoriamente, salvo desistimiento.
- Art. 183Régimen jurídicoLa ejecución de los créditos del presupuesto de gastos de las entidades locales se rige por lo dispuesto en la sección de la ley en que se integra el artículo y, de forma complementaria, por las normas que dicte cada entidad y que queden plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.
- Art. 184Fases del procedimiento de gestión de los gastosLa gestión del presupuesto de gastos se hace en cuatro fases, cuyo contenido fija el reglamento: a) autorización de gasto; b) disposición o compromiso de gasto; c) reconocimiento o liquidación de la obligación; d) ordenación de pago. Las entidades locales pueden, en la forma reglamentaria, abarcar en un solo acto administrativo dos o más de esas fases.
- Art. 185Competencias en materia de gestión de gastosDentro de los créditos autorizados, la autorización y disposición de gastos corresponden al presidente o al Pleno según la atribución de competencias de la normativa vigente. El reconocimiento y liquidación de obligaciones de compromisos legalmente adquiridos corresponde al presidente. Estas facultades pueden desconcentrarse o delegarse según el artículo 23 de la Ley 7/1985, recogiéndolo cada ejercicio en las bases de ejecución. En los organismos autónomos, las ejercen los órganos a los que sus estatutos las atribuyan.
- Art. 186Ordenación de pagosLa ordenación de pagos compete al presidente de la entidad local. El Pleno, a propuesta del presidente, puede crear una unidad de ordenación de pagos que ejerza sus funciones administrativas bajo la superior autoridad del presidente. En entidades de más de 500.000 habitantes de derecho, el Pleno, a propuesta del presidente, puede crear además una unidad central de tesorería. En los organismos autónomos la ejerce el órgano que la tenga atribuida por estatutos.
- Art. 187Plan de disposición de fondosLa expedición de las órdenes de pago debe ajustarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que establezca el presidente. Ese plan debe recoger en todo caso la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
- Art. 188Responsabilidad personalSon personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente: los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso; y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia.
- Art. 189Requisitos previos a la expedición de órdenes de pagoAntes de expedir órdenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos, debe acreditarse documentalmente, ante el órgano que reconoce las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor conforme a los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto. Los perceptores de subvenciones deben acreditar, antes de cobrarlas, que están al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y, después, justificar la aplicación de los fondos.
- Art. 190Pagos a justificar. Anticipos de caja fijaLas órdenes de pago cuyos documentos no pueden acompañarse al expedirse son «a justificar» y se aplican a sus créditos. Las bases de ejecución, previo informe de la Intervención, pueden regularlas (criterios, límites cuantitativos y conceptos). Se justifican en un máximo de tres meses y no cabe expedir nuevas por los mismos conceptos a quien tenga fondos pendientes de justificar. Para atenciones periódicas o repetitivas pueden ser anticipos de caja fija, justificados a lo largo del ejercicio en que se constituyó el anticipo.
- Art. 191Cierre y liquidación del presupuestoEl presupuesto se liquida, en recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre; los ingresos y pagos pendientes quedan a cargo de la Tesorería local. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre forman el remanente de tesorería, que se cuantifica teniendo en cuenta ingresos afectados y minorando los derechos de difícil o imposible recaudación. La liquidación se confecciona antes del 1 de marzo y la aprueba el presidente, previo informe de la Intervención.
- Art. 192Cierre y liquidación del presupuesto de organismos autónomosLa liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos se ajusta a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior; el reglamento regulará el cierre y la liquidación atendiendo a su carácter. La liquidación, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente del organismo, se remite a la entidad local para que la apruebe su presidente y a los efectos del artículo siguiente.
- Art. 193Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicasSi la liquidación arroja remanente de tesorería negativo, el Pleno o el órgano competente del organismo autónomo reducirán, en la primera sesión, los gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit; solo el Pleno puede revocarlo, a propuesta del presidente y previo informe del Interventor. Si no es posible, cabe una operación de crédito (art. 177.5); si no, el presupuesto siguiente se aprueba con superávit inicial no inferior al déficit. Se da cuenta al Pleno de la liquidación, y se remite copia al Estado y a la comunidad autónoma antes de acabar marzo.
- Art. 193 bisDerechos de difícil o imposible recaudaciónLas entidades locales informan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de aplicar los criterios de derechos de difícil o imposible recaudación, con estos mínimos sobre los derechos pendientes de cobro, según el ejercicio en que se liquidaron respecto del de la liquidación: los dos anteriores, 25 %; el tercero anterior, 50 %; el cuarto a quinto anteriores, 75 %; los restantes, 100 %.
- Art. 194Definición y régimen jurídicoLa tesorería de las entidades locales la constituyen todos los recursos financieros de la entidad local, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Los preceptos del capítulo se aplican también a los organismos autónomos. La tesorería se rige por ese capítulo y, en cuanto le sean de aplicación, por las normas del capítulo tercero del título cuarto de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Art. 195Control y régimen contable
- Art. 196FuncionesFunciones de la tesorería local: recaudar los derechos y pagar las obligaciones; servir al principio de unidad de caja, centralizando todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias; distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones; responder de los avales contraídos, y las demás que se deriven o relacionen con las anteriores. Se ejercen, en su caso, por la unidad central de tesorería a que hace referencia el artículo 186.
- Art. 197Caja y cuentas bancariasLas entidades locales pueden concertar los servicios financieros de su tesorería con entidades de crédito y ahorro abriendo cuatro tipos de cuentas: operativas de ingresos y pagos, restringidas de recaudación, restringidas de pagos y financieras de colocación de excedentes de tesorería. También pueden autorizar cajas de efectivo para los fondos de las operaciones diarias, sujetas a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
- Art. 198Medios de ingreso y de pagoLas entidades locales pueden dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos, que puede realizarse en las cajas de efectivo o en las entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan. También pueden pagar sus obligaciones por cualquiera de esos mismos medios.
- Art. 199Gestión de la tesoreríaLas entidades locales, de acuerdo con el artículo 51 de la ley, pueden concertar con cualesquiera entidades financieras operaciones de tesorería para cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos. Igualmente pueden rentabilizar sus excedentes temporales de tesorería mediante inversiones que reúnan las condiciones de liquidez y seguridad.
- Art. 200Régimen jurídicoLas entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos de esta ley. Las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria las entidades locales están igualmente sometidas a ese régimen, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas.
- Art. 201Rendición de cuentasLa sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas. La obligación alcanza a las operaciones cualquiera que sea su naturaleza, sin distinguir entre unas y otras.
- Art. 202Ejercicio contable
- Art. 203CompetenciaCorresponde al Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado: aprobar las normas contables generales de los entes locales y sus organismos autónomos; aprobar la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades locales y los planes especiales o parciales; establecer los libros obligatorios como regla general, y determinar la estructura y justificación de las cuentas y estados. Hay tratamiento contable simplificado para las entidades cuyas características lo requieran, que fija reglamentariamente el Ministerio.
- Art. 204Función contable de la IntervenciónA la Intervención de las entidades locales le corresponde llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos, de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la corporación. También le compete la inspección de la contabilidad de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno.
- Art. 205Fines de la contabilidad pública localLa contabilidad de los entes locales sirve a once fines: establecer el balance; determinar los resultados económico-patrimoniales y los analíticos (coste y rendimiento); registrar la ejecución de los presupuestos y la tesorería; proporcionar datos para la cuenta general y el Tribunal de Cuentas; facilitar información para estadísticas del Ministerio de Hacienda y para las cuentas del sector público y nacionales; rendir información para la toma de decisiones; posibilitar los controles de legalidad, financiero y de eficacia, y el inventario y control del inmovilizado y del endeudamiento.
- Art. 206Soporte de las anotaciones contablesLa contabilidad pública se lleva en libros, registros y cuentas, según los procedimientos técnicos más convenientes por la índole de las operaciones y de las situaciones que deban anotarse, y de forma que facilite el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior. En ellos se contabiliza la totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo, civil o mercantil, con repercusión financiera, patrimonial o económica en general.
- Art. 207Información periódica para el Pleno de la corporaciónLa Intervención de la entidad local remite al Pleno, por conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación. Lo hace en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.
- Art. 208Formación de la cuenta generalLas entidades locales forman la cuenta general a la terminación del ejercicio presupuestario. La cuenta general pone de manifiesto la gestión realizada en cuatro aspectos: económico, financiero, patrimonial y presupuestario.
- Art. 209Contenido de la cuenta general de las entidades localesLa cuenta general está integrada por la de la propia entidad, la de los organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local. Las dos primeras reflejan la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos; las de las sociedades son las de la normativa mercantil. Con tratamiento contable simplificado hay modelos simplificados. Se unen los estados consolidados que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública, que la acompañan, al menos, al someterse a aprobación del Pleno.
- Art. 210CompetenciaEl contenido, la estructura y las normas de elaboración de las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo anterior los determina el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Art. 211Memorias que acompañan a la cuenta generalLos municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañan a la cuenta general dos memorias: una justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, y otra demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.
- Art. 212Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta generalEl presidente rinde los estados y cuentas de la entidad local antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente; los organismos autónomos y sociedades de capital íntegramente local remiten las suyas en el mismo plazo. La cuenta general, formada por la Intervención, se somete antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas; se expone al público 15 días para reclamaciones, reparos u observaciones, y el Pleno puede aprobarla antes del 1 de octubre. Pronunciado el Pleno, aprobándola o rechazándola, el presidente la rinde al Tribunal de Cuentas.
- Art. 213Control internoEn las entidades locales se ejerce el control interno de su gestión económica, de sus organismos autónomos y de sus sociedades mercantiles dependientes, en tres modalidades: función interventora, control financiero (incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente) y control de la eficacia. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dicta sus normas. Los órganos interventores remiten cada año a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen.
- Art. 214Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventoraLa función interventora fiscaliza todos los actos de las entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos derivados y la recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos. Comprende: a) intervención crítica o previa; b) intervención formal de la ordenación del pago; c) intervención material del pago; d) intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
- Art. 215ReparosSi en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor está en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, debe formular sus reparos por escrito y antes de la adopción del acuerdo o resolución.
- Art. 216Efectos de los reparosSi la disconformidad afecta al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de la entidad local o sus organismos autónomos, se formaliza en nota de reparo que en ningún caso suspende el expediente. Si el reparo afecta a disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspende la tramitación hasta solventarlo si: a) hay insuficiencia de crédito o no es adecuado; b) no se fiscalizaron los actos origen de las órdenes de pago; c) se omitan requisitos o trámites esenciales; d) derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
- Art. 217DiscrepanciasSi el órgano afectado por el reparo no está de acuerdo, resuelve la discrepancia el presidente de la entidad local; su resolución es ejecutiva y esta facultad no es delegable en ningún caso. Corresponde en cambio al Pleno cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito; b) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
- Art. 218Informes sobre resolución de discrepanciasEl órgano interventor eleva al Pleno informe de todas las resoluciones del Presidente contrarias a los reparos y un resumen de las principales anomalías en ingresos; solo trata aspectos de la función fiscalizadora, no de oportunidad o conveniencia, y es punto independiente del orden del día. El Presidente puede presentar informe justificativo y, si hay discrepancias, elevar su resolución al órgano de control de la Administración con tutela financiera. Anualmente el interventor remite al Tribunal de Cuentas las resoluciones y acuerdos contrarios a reparos y el resumen de anomalías en ingresos.
- Art. 219Fiscalización previaNo requieren intervención previa: material no inventariable, contratos menores, gastos periódicos y de tracto sucesivo intervenido el período inicial, y gastos menores de 3.005,06 euros pagados por anticipos de caja fija. El Pleno, a propuesta del presidente y previo informe del interventor, puede limitarla a comprobar crédito adecuado, órgano competente y otros extremos que fije; las observaciones complementarias no suspenden. Luego, fiscalización plena sobre una muestra, con informe al Pleno. El Pleno puede sustituir la fiscalización previa de derechos por la toma de razón en contabilidad.
- Art. 220Ámbito de aplicación y finalidad del control financieroEl control financiero comprueba el funcionamiento económico-financiero de los servicios de las entidades locales, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes. Informa sobre la adecuada presentación de la información financiera, el cumplimiento de normas y directrices y el grado de eficacia y eficiencia en los objetivos. Se hace por procedimientos de auditoría conforme a las normas de auditoría del sector público y termina en informe escrito que, con las alegaciones del órgano auditado, se envía al Pleno para su examen.
- Art. 221Control de eficaciaEl control de eficacia tiene por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos y el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.
- Art. 222Facultades del personal controladorLos funcionarios con la función interventora y los designados para los controles financiero y de eficacia actúan con plena independencia. Pueden recabar los antecedentes que consideren necesarios, examinar y comprobar libros, cuentas y documentos, verificar arqueos y recuentos y, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, solicitar de quien corresponda informes técnicos y asesoramientos.
- Art. 223Control externoLa fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica de las entidades locales y de sus organismos y sociedades dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas. Las entidades locales le rinden, antes del 15 de octubre de cada año, la cuenta general del artículo 209 del ejercicio anterior. Tras fiscalizarla, se somete a la entidad local la propuesta de corrección de anomalías y de acciones procedentes, sin perjuicio de la responsabilidad contable. Quedan a salvo las facultades de fiscalización externa que los Estatutos atribuyan a las comunidades autónomas.