Tema 11 del temario de Auxiliar Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto

El Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito y determinar las normas aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas. Refleja además doce fundamentos de actuación, de la a) a la l): entre ellos, servicio a los ciudadanos, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, transparencia, jerarquía y negociación colectiva. La objetividad, profesionalidad e imparcialidad se garantizan con la inamovilidad del funcionario de carrera.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al laboral de: la Administración General del Estado; las Administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla; las entidades locales; los organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas o dependientes; y las Universidades Públicas. Para el personal de investigación caben normas singulares. Docentes y estatutarios de los Servicios de Salud se rigen por legislación específica estatal y autonómica y por el Estatuto, con excepciones. Es supletorio para el personal no incluido.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales

El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación autonómica, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia

El Estatuto solo se aplica directamente, cuando lo disponga su legislación específica, a ocho colectivos: funcionarios de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas autonómicas; funcionarios de los demás Órganos Constitucionales y de los órganos estatutarios autonómicos; Jueces, Magistrados, Fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia; militares de las Fuerzas Armadas; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; personal retribuido por arancel; Centro Nacional de Inteligencia; y Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se rige por sus normas específicas y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Estatuto. Su personal laboral se rige por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública

En desarrollo del Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral

El personal laboral de las Administraciones públicas se rige por la legislación laboral, por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan. Excepción: en los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto, y no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensiones del contrato de trabajo por esos mismos supuestos de hecho.

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en cuatro clases: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos de la ley de desarrollo de cada Administración.

Artículo 10. Funcionarios interinos

Interinos: nombrados por necesidad y urgencia justificadas por: vacantes (máximo tres años); sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario); programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses por ley de Función Pública); exceso o acumulación de tareas (nueve meses dentro de dieciocho). Selección pública, por igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Cese de oficio y sin compensación. A los tres años la vacante solo la ocupa un funcionario de carrera, salvo proceso desierto; el interino permanece si la convocatoria se publicó en esos tres años.

Artículo 11. Personal laboral

Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas; el contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijarán los criterios para determinar los puestos que puede desempeñar, respetando el artículo 9.2. La selección es pública y se rige por igualdad, mérito y capacidad; en el laboral temporal, también por celeridad, para atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Artículo 12. Personal eventual

Personal eventual: nombrado con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y cobra de créditos consignados para ese fin. Las leyes de Función Pública determinan qué órganos de gobierno pueden tenerlo; el número máximo lo fijan los respectivos órganos de gobierno; número y retribuciones son públicos. Nombramiento y cese libres; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que sirve. No es mérito para el acceso ni para la promoción interna. Se le aplica, en lo adecuado, el régimen de los funcionarios de carrera.

Artículo 13. Personal directivo profesional

El Gobierno y los órganos de gobierno autonómicos podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo y los criterios para determinar su condición. Principios: es directivo quien desarrolla funciones directivas profesionales definidas como tales en las normas de cada Administración; se designa por mérito, capacidad e idoneidad, con publicidad y concurrencia; se evalúa por eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados; sus condiciones de empleo no son materia de negociación colectiva; si es laboral, relación especial de alta dirección.

Artículo 14. Derechos individuales

Derechos individuales de los empleados públicos: inamovilidad del funcionario de carrera; desempeño efectivo de sus funciones; progresión en la carrera y promoción interna; retribuciones e indemnizaciones; participar en los objetivos de su unidad y ser informado; defensa jurídica ante cualquier orden jurisdiccional; formación continua, preferentemente en horario laboral; respeto a la intimidad y dignidad; no discriminación; conciliación; intimidad y desconexión digital; libertad de expresión; seguridad y salud; vacaciones y permisos; jubilación; Seguridad Social; libre asociación profesional.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Los empleados públicos tienen cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos del artículo 46 del Estatuto.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional. Carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso. Las leyes de Función Pública pueden aplicar, aislada o simultáneamente: carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto), carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical (a un Subgrupo o Grupo superior) y promoción interna horizontal (cuerpos o escalas del mismo Subgrupo). Cabe progresar a la vez en ambas carreras si se implantan en un mismo ámbito.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera

Las leyes de Función Pública podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera aplicando, entre otras, dos reglas: a) un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, con remuneración fijada para cada uno y ascensos consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales; b) se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, y podrán incluirse otros méritos y aptitudes por la especificidad de la función y la experiencia adquirida.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera

La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que garanticen igualdad, mérito y capacidad y los principios del artículo 55.2. El funcionario debe poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener al menos dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y superar las pruebas selectivas. Las leyes de Función Pública articularán los sistemas de promoción interna y podrán determinar los cuerpos y escalas accesibles desde otros del mismo Subgrupo. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral

El personal laboral tiene derecho a la promoción profesional. Su carrera profesional y su promoción se hacen efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño

Las Administraciones Públicas establecerán sistemas de evaluación del desempeño, procedimiento que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Criterios: transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Sus efectos: carrera horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias. La continuidad en un puesto obtenido por concurso queda vinculada a la evaluación, con audiencia al interesado y resolución motivada. Carrera horizontal, complemento del 24 c) y cese del puesto de concurso exigen aprobar antes sistemas objetivos.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

Para cada ejercicio presupuestario, la correspondiente ley de presupuestos debe reflejar tres cosas: las cuantías de las retribuciones básicas de los funcionarios, el incremento de las cuantías globales de sus retribuciones complementarias y el incremento de la masa salarial del personal laboral. Además, no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios

Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas y complementarias. Básicas: retribuyen según la adscripción del cuerpo o escala a un Subgrupo o Grupo y la antigüedad en él; incluyen sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Complementarias: retribuyen las características del puesto, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados. Pagas extraordinarias: dos al año, cada una de una mensualidad de básicas y todas las complementarias, salvo las del artículo 24 c) y d). No cabe percibir participación en tributos u otros ingresos públicos ni premio en multas.

Artículo 23. Retribuciones básicas

Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y están integradas única y exclusivamente por dos conceptos: el sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (Grupo cuando no tenga Subgrupo), y los trienios, que son una cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y la estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios las establecen las correspondientes leyes de cada Administración Pública, atendiendo, entre otros, a estos factores: a) la progresión alcanzada en el sistema de carrera administrativa; b) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad del puesto o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o resultados obtenidos; d) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción (Grupo si no tiene Subgrupo). También perciben las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en que se les nombre. Se reconocen los trienios por servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente a partir de esa entrada en vigor.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas las determinan las Administraciones Públicas. El artículo solo fija un mínimo: deben corresponderse, al menos, con las del sueldo del Subgrupo o Grupo (Grupo cuando no tenga Subgrupo) en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral

Las retribuciones del personal laboral se determinan conforme a tres fuentes: la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. En todo caso debe respetarse lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.

Artículo 28. Indemnizaciones

Artículo 29. Retribuciones diferidas

Las Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial que fijen las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos y conforme a la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones

La parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y se aplica sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengan ni perciben las retribuciones del tiempo en que hayan permanecido en esa situación; esa deducción de haberes tampoco tiene carácter de sanción ni afecta al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

Artículo 31. Principios generales

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.

Artículo 33. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.

Artículo 34. Mesas de Negociación

Hay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.

Artículo 37. Materias objeto de negociación

Se negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos

Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación

Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Pueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.

Artículo 46. Derecho de reunión

Además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Las Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de sus funcionarios; la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Además, adoptarán medidas de flexibilización horaria para la conciliación de los empleados públicos con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y de quienes tengan necesidades de cuidado respecto de hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

Artículo 47 bis. Teletrabajo

El teletrabajo es la prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, si las necesidades del servicio lo permiten, fuera de las dependencias de la Administración mediante tecnologías de la información y comunicación. Requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y es voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. Quien teletrabaja tiene los mismos deberes y derechos, salvo los inherentes a la presencia. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos

Enfermedad grave u hospitalización de cónyuge, pareja, primer grado o conviviente, 5 días hábiles; segundo grado, 4. Fallecimiento: primer grado, 3 días hábiles en la misma localidad y 5 en distinta; segundo grado, 2 y 4. Traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Lactancia de hijo menor de doce meses, una hora de ausencia. Prematuros hospitalizados, hasta 2 horas diarias retribuidas. Familiar de primer grado con enfermedad muy grave, reducción de hasta el 50 %, retribuida, máximo un mes. Asuntos particulares, 6 días al año. Matrimonio o pareja de hecho, 15 días.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Nacimiento, adopción y progenitor distinto de la madre biológica: 19 semanas (32 en monoparentalidad): 6 obligatorias, 11 (22) dentro de los doce meses y 2 (4) hasta los ocho años. Hospitalización del neonato: hasta 13 semanas más. Discapacidad del hijo: 2 semanas más. Preaviso de quince días en el disfrute interrumpido. Adopción internacional: hasta dos meses con retribuciones básicas. Violencia de género: retribuciones íntegras si la jornada se reduce un tercio o menos. Cáncer: reducción de al menos la mitad, hasta los 23 años. Permiso parental: hasta ocho semanas, no retribuido.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos

Los funcionarios tienen derecho, cada año natural, a veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas, o a la parte proporcional si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no son hábiles a estos efectos. Si un permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o el embarazo impide disfrutarlas, pueden disfrutarse después, siempre que no pasen más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron. No se sustituyen por dinero, salvo conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del funcionario.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

El régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral no se detalla en este artículo: se limita a indicar que se estará a lo establecido en este capítulo del Estatuto y en la legislación laboral correspondiente. Son, por tanto, dos fuentes a la vez: el capítulo y la legislación laboral.

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 53. Principios éticos

Principios éticos: respetar la Constitución y el ordenamiento; perseguir los intereses generales con objetividad, imparcialidad e interés común; lealtad y buena fe; respeto de los derechos fundamentales sin discriminación; abstenerse si hay interés personal; no contraer obligaciones económicas con conflicto de intereses; no aceptar tratos de favor de personas físicas o entidades privadas; eficacia, economía y eficiencia; no influir en la agilización de trámites sin justa causa; diligencia y resolver en plazo; dedicación al servicio público; secreto de las materias clasificadas y discreción.

Artículo 54. Principios de conducta

Principios de conducta: tratar con atención y respeto a ciudadanos, superiores y demás empleados; cumplir jornada y horario; obedecer las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento, que se comunica inmediatamente a los órganos de inspección; informar a los ciudadanos; administrar los bienes públicos con austeridad; rechazar regalos que excedan de los usos habituales, sociales y de cortesía; garantizar la constancia de los documentos; mantener actualizada la formación; observar la seguridad y salud laboral; proponer mejoras; atender en la lengua oficial solicitada.

Artículo 55. Principios rectores

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones, entidades y organismos del artículo 2 seleccionan a su personal funcionario y laboral garantizando esos principios y estos: publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en su actuación; adecuación entre el contenido de los procesos y las funciones o tareas; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

Artículo 56. Requisitos generales

Para participar en procesos selectivos hay que reunir cinco requisitos: nacionalidad española (sin perjuicio del artículo siguiente), capacidad funcional, dieciséis años cumplidos sin exceder la edad máxima de jubilación forzosa (otra edad máxima, solo por ley), no estar separado por expediente disciplinario ni inhabilitado por resolución judicial, y la titulación exigida. Caben otros requisitos específicos con relación objetiva y proporcionada con funciones y tareas, establecidos de manera abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados

Los nacionales de Estados miembros de la UE acceden como funcionarios en igualdad con los españoles, salvo a empleos que impliquen participar en el ejercicio del poder público o salvaguardar intereses del Estado o de las Administraciones. Se aplica al cónyuge no separado de derecho y a descendientes menores de veintiún años o mayores dependientes, y a personas incluidas en Tratados de la UE ratificados por España con libre circulación de trabajadores. Los extranjeros con residencia legal acceden como personal laboral. Eximir de la nacionalidad: solo por ley.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para que accedan a ellas los funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de las pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para su puesto en el organismo internacional.

Artículo 59. Personas con discapacidad

En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las tareas, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración. Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas es para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo. Cada Administración adopta adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso y, superado este, en el puesto.

Artículo 60. Órganos de selección

Los órganos de selección son colegiados; su composición se ajusta a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tiende a la paridad entre mujer y hombre. No pueden formar parte de ellos el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia es siempre a título individual: no cabe ostentarla en representación o por cuenta de nadie.

Artículo 61. Sistemas selectivos

Procesos abiertos y de libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y la discriminación positiva. Si se valoran méritos, su puntuación será proporcionada y no determinará por sí misma el resultado. Funcionarios de carrera: oposición y concurso-oposición; concurso solo por ley y con carácter excepcional. Laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso. No pueden proponerse más aprobados que plazas, salvo que lo prevea la convocatoria; ante renuncias, el órgano convocante puede pedir al de selección una relación complementaria.

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera

La condición de funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente cuatro requisitos: superar el proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Quien, superado el proceso, no acredite reunir los requisitos de la convocatoria no podrá ser funcionario y sus actuaciones quedarán sin efecto.

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera

Cinco causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: la renuncia a la condición de funcionario; la pérdida de la nacionalidad; la jubilación total del funcionario; la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia

La renuncia voluntaria a la condición de funcionario se manifiesta por escrito y la Administración la acepta expresamente. No puede aceptarse si el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o se ha dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad

Perder la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento (la española, la de otro Estado miembro de la Unión Europea o la de Estados con libre circulación de trabajadores por tratados celebrados por la Unión Europea y ratificados por España) determina la pérdida de la condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público

La inhabilitación absoluta, como pena principal o accesoria, cuando la sentencia que la impone ha adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. La inhabilitación especial, también principal o accesoria y con sentencia firme, la produce solo respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Artículo 67. Jubilación

La jubilación del funcionario puede ser voluntaria (a solicitud suya, si reúne los requisitos del Régimen de Seguridad Social aplicable), forzosa (de oficio a los sesenta y cinco años) o por incapacidad permanente. Cabe solicitar la prolongación en el servicio activo como máximo hasta los setenta años; la Administración competente resuelve de forma motivada. Se excluye a quienes tengan normas estatales específicas de jubilación. En el Régimen General, la edad forzosa es la de sus normas para la pensión contributiva sin coeficiente reductor por edad.

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario

Hay dos vías de rehabilitación. Si la relación de servicios se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado puede solicitarla una vez desaparecida la causa objetiva, y le será concedida. Si la condición se perdió por condena a pena principal o accesoria de inhabilitación, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán concederla con carácter excepcional, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito; sin resolución expresa en plazo, se entiende desestimada.

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación

La planificación de recursos humanos busca la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos económicos, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Las Administraciones podrán aprobar Planes de ordenación con medidas como: análisis de disponibilidades y necesidades de personal, previsiones sobre organización del trabajo y estructuras de puestos, movilidad, promoción interna, formación y movilidad forzosa, e incorporaciones por Oferta de empleo público.

Artículo 70. Oferta de empleo público

Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso son objeto de la Oferta de empleo público o instrumento similar. Ello obliga a convocar los procesos selectivos de las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo de convocatoria. La ejecución debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años. Se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, debe publicarse en el Diario oficial correspondiente y puede contener medidas de planificación.

Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos

Cada Administración Pública constituirá un Registro con los datos del personal de los artículos 2 y 5 del Estatuto, atendiendo a las peculiaridades de determinados colectivos. Los Registros podrán disponer también de información agregada sobre los restantes recursos humanos de su sector público. Por convenio de Conferencia Sectorial se fijan los contenidos mínimos comunes y los criterios de intercambio homogéneo de información, con respeto a la protección de datos. Si una Entidad Local carece de capacidad financiera o técnica, cooperan el Estado y las Comunidades Autónomas.

Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos

Las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos en el marco de sus competencias de autoorganización. Lo hacen de acuerdo con las normas que regulan cuatro materias —la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones— y conforme a lo previsto en el capítulo en el que se inserta el artículo.

Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo

Los empleados públicos tienen derecho a desempeñar un puesto de trabajo según el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del Estatuto. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las de su puesto si son adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen y sin merma en las retribuciones. Los puestos podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad.

Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización mediante relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares. Su contenido mínimo («al menos») es: la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Estos instrumentos serán públicos.

Artículo 75. Cuerpos y escalas

Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. Los cuerpos y escalas se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Toda referencia de la ley a cuerpos y escalas comprende igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.

Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera

Los cuerpos y escalas se clasifican según la titulación exigida para el acceso. Grupo A, con dos Subgrupos (A1 y A2): título universitario de Grado, o el otro título universitario que exija la ley; la clasificación en cada Subgrupo depende del nivel de responsabilidad de las funciones y de las características de las pruebas de acceso. Grupo B: título de Técnico Superior. Grupo C, con dos Subgrupos según la titulación exigida para el ingreso: C1, Bachiller o Técnico; C2, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 77. Clasificación del personal laboral

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

Las Administraciones Públicas proveen los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La provisión se lleva a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Las leyes de Función Pública de desarrollo podrán establecer otros procedimientos para: la movilidad del artículo 81.2, permutas entre puestos, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos y supresión de los mismos.

Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

El concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos: valora méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes, por órganos colegiados de carácter técnico. Su composición responde a profesionalidad y especialización y se adecúa a la paridad entre mujer y hombre; su funcionamiento, a imparcialidad y objetividad. Las leyes de Función Pública fijan el plazo mínimo de ocupación para volver a concursar. Víctimas del terrorismo o amenazados pueden recibir una puntuación que, como máximo, alcance la de la antigüedad. Si hay supresión o remoción, se asigna otro puesto.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera

La libre designación con convocatoria pública es la apreciación discrecional, por el órgano competente, de la idoneidad de los candidatos respecto de los requisitos del puesto. Las leyes de Función Pública de desarrollo fijan los criterios para determinar los puestos que, por su especial responsabilidad y confianza, pueden cubrirse así. El órgano competente para el nombramiento puede recabar la intervención de especialistas. Los titulares pueden ser cesados discrecionalmente, pero tras el cese se les debe asignar un puesto conforme al sistema de carrera de cada Administración.

Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera

Cada Administración puede establecer reglas para ordenar la movilidad voluntaria si aprecia sectores prioritarios con necesidades específicas de efectivos. De manera motivada, por necesidades de servicio o funcionales, puede trasladar a sus funcionarios a unidades, departamentos u organismos o entidades distintos, respetando retribuciones y condiciones esenciales de trabajo. Si excepcionalmente hay cambio de residencia, se prioriza la voluntariedad. El traslado forzoso da derecho a indemnización. En urgente e inaplazable necesidad cabe la provisión provisional, con convocatoria pública.

Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista

Las mujeres víctimas de violencia de género o sexual obligadas a abandonar su puesto en la localidad tienen derecho al traslado a otro puesto de su cuerpo, escala o categoría, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Los funcionarios víctimas del terrorismo y los funcionarios amenazados, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o sentencia judicial firme, lo tienen cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, si no, dentro de la comunidad autónoma. En ambos casos el traslado es forzoso y se protege la intimidad.

Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral

La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se realizan, en primer lugar, de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación. En su defecto, se acude al sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente por convenio de Conferencia Sectorial. Quien obtiene destino en otra Administración queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Si pierde el puesto de concurso, permanece en la de destino. Tras el cese en libre designación, la de destino tiene un mes para adscribirlo o comunicar que no lo hará; luego el funcionario tiene un mes para pedir el reingreso en origen y, si no lo pide, pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera se hallan en servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. Las leyes de Función Pública de desarrollo pueden regular otras situaciones cuando concurra, entre otras, alguna de estas circunstancias: imposibilidad transitoria de asignar puesto por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, o conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo; acceso a otros cuerpos o escalas, o paso al sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Artículo 86. Servicio activo

Están en servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública de desarrollo del Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad de destino, y no les corresponda otra situación. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a sus deberes y responsabilidades. Se rigen por el Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales

Pasa a servicios especiales, entre otros supuestos, quien es miembro del Gobierno o alto cargo, realiza una misión internacional superior a seis meses, es Diputado, Senador o parlamentario autonómico con retribuciones periódicas, desempeña cargos electivos locales retribuidos y de dedicación exclusiva, es personal eventual y no opta por el servicio activo, o es activado como reservista voluntario. Percibe las retribuciones del cargo, más los trienios; el tiempo computa para ascensos, trienios, promoción interna y Seguridad Social, y puede reingresar, al menos, en la misma localidad.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas

Quien obtiene destino en otra Administración por transferencias o por provisión de puestos queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Los transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en su Función Pública, en servicio activo en ella, respetando Grupo o Subgrupo y derechos económicos, y mantienen sus derechos en origen. Los que obtuvieron puesto por provisión se rigen por la legislación de la Administración de destino, conservan su condición de funcionario de la de origen y pueden participar en sus convocatorias; ese tiempo computa como servicio activo en origen.

Artículo 89. Excedencia

Modalidades: voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por violencia de género o sexual y por violencia terrorista. Interés particular: cinco años de servicios inmediatamente anteriores, subordinada a las necesidades del servicio, sin retribuciones ni cómputo. Cuidado de hijo o de familiar hasta segundo grado: máximo tres años, computable, reserva del puesto al menos dos años. Violencia de género: reserva seis meses, prorrogable por tres meses hasta dieciocho, y retribuciones íntegras los dos primeros meses.

Artículo 90. Suspensión de funciones

El funcionario en suspensión queda privado, mientras dure, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. Si la suspensión excede de seis meses, pierde el puesto de trabajo. La suspensión firme se impone por sentencia dictada en causa criminal o por sanción disciplinaria; la disciplinaria no puede exceder de seis años. El suspenso no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en sus organismos, agencias o entidades de derecho público. Cabe también la suspensión provisional durante un procedimiento judicial o expediente disciplinario.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo

Los plazos, procedimientos y condiciones para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera se regulan reglamentariamente, según las situaciones administrativas de procedencia. Esa regulación ha de respetar el derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación. Los convenios colectivos pueden determinar que este capítulo se aplique al personal incluido en su ámbito de aplicación, pero solo en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

Funcionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.

Artículo 96. Sanciones

Sanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.

Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan entre sí, en las materias objeto del Estatuto, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, respetando en todo caso el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

Artículo 100. Órganos de cooperación

La Conferencia Sectorial de Administración Pública es el órgano de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la Administración Local, cuyos representantes designa la Federación Española de Municipios y Provincias. Crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público, órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia: impulsa los principios constitucionales en el acceso, estudia los proyectos de legislación básica y elabora estudios e informes, que se remiten a los sindicatos de la Mesa General. Elabora sus propias normas de organización y funcionamiento.

Disposición adicional séptima. Planes de igualdad

Las Administraciones Públicas deben respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y evitar toda discriminación laboral entre mujeres y hombres. Al inicio de cada legislatura aprobarán un Plan para la Igualdad, que fija objetivos y medidas, se negocia con la representación legal de los empleados públicos y se evalúa anualmente. Se crea, en el plazo de 3 meses, un Registro de Planes de Igualdad adscrito al departamento con competencias en función pública, al que se remiten los planes y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Disposición adicional decimoséptima. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público

Las Administraciones Públicas deben evitar irregularidades en la contratación laboral temporal y en los nombramientos de interinos; las actuaciones irregulares generan responsabilidades. Es nulo de pleno derecho todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria que suponga incumplir los plazos máximos de permanencia como personal temporal. El interino afectado recibe veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, hasta doce mensualidades, salvo cese disciplinario o renuncia voluntaria; el laboral temporal, la diferencia entre ese máximo y su indemnización.

Artículo 1. Objeto

La ley tiene un doble objeto: por un lado, definir y ordenar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía; por otro, determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía que esté incluido en su ámbito de aplicación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica a: a) funcionarios de la Administración General de la Junta (Consejerías, Delegaciones, otros órganos, agencias administrativas y de régimen especial, o adscritos a agencias públicas empresariales); b) laborales de la misma (legislación laboral, texto refundido del EBEP, legislación básica, artículos de esta ley que lo dispongan y normas convencionales); c) contratados por entidades instrumentales: normas propias y, en todo caso, principios de acceso, deberes, código de conducta, potestad disciplinaria y cupos de reserva; d) directivos públicos profesionales: título II.

Artículo 3. Personal con legislación específica

Se aplica a: docentes no universitarios y estatutarios del SAS (supletoria); Administración de Justicia (si su normativa lo dispone); Universidades públicas; Administraciones locales (respetando autonomía local y legislación básica); Oficina contra el Fraude, Consejos Consultivo, Audiovisual, Económico y Social y de Transparencia; investigadores; y eventuales (régimen del funcionario de carrera en lo adecuado). Excluidos: altos cargos, salvo la dirección pública profesional, y contratistas y su personal. Parlamento, Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas: solo si lo dispone su legislación.

Artículo 4. Principios de actuación

Principios de la función pública andaluza: sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento; servicio público; simplificación de procedimientos; transparencia y rendición de cuentas; objetividad; igualdad entre mujeres y hombres y de personas con discapacidad; equidad retributiva; conciliación; talento (máxima validez predictiva en selección y promoción); cualificación; jerarquía; eficacia; negociación colectiva; participación; coordinación entre Administraciones; cuidado de las personas; seguridad y salud; teletrabajo; y los demás de la normativa básica.

Artículo 5. Transparencia y derecho de acceso a la información

A las Administraciones del ámbito de la ley y a sus entidades instrumentales se les aplican las obligaciones de publicidad activa sobre su personal. Con carácter general, salvo que prevalezca la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos, se da acceso a la información con datos meramente identificativos (plantillas, catálogos, relaciones de puestos, retribuciones de los puestos). Es público el acceso a las autorizaciones de compatibilidad. Las retribuciones de puestos de directivos, eventuales y libre designación se facilitan siempre en cómputo íntegro anual.

Artículo 6. Integridad y conflicto de intereses

El personal actúa conforme a siete principios: profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. Este comprende cualquier participación en una actuación administrativa o procedimiento en que tenga, directa o indirectamente, intereses financieros, políticos, económicos o personales que pudieran comprometer el ejercicio imparcial, independiente y objetivo de sus funciones. En esos casos se aplica el régimen de abstención y recusación.

Artículo 7. Órganos superiores

Artículo 8. Competencias del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno establece, dirige y coordina la política general de personal de la Administración de la Junta. En particular: iniciativa legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva; dar instrucciones a quienes negocien por la Administración y aprobar expresa y formalmente los acuerdos; fijar las directrices del régimen retributivo; determinar los puestos vedados a nacionales de otros Estados; establecer el dimensionamiento de efectivos a propuesta de Función Pública y Hacienda; aprobar la oferta de empleo público; y conceder la rehabilitación tras inhabilitación.

Artículo 9. Competencias de la Consejería competente en materia de Función Pública

La Consejería competente en Función Pública planifica los recursos humanos y desarrolla, ejecuta y coordina la política de personal del Consejo de Gobierno. Su titular: propone anteproyectos de ley, reglamentos, acuerdos y la oferta de empleo; aprueba y modifica las relaciones de puestos; fija criterios de interpretación; impone la separación del servicio; nombra funcionarios de carrera de la Administración General y contrata laborales fijos del convenio propio; aprueba convenios de movilidad interadministrativa; y tiene la competencia residual. Con Hacienda, propone las normas retributivas.

Artículo 10. Competencias de las Consejerías

A las personas titulares de cada Consejería les corresponde la superior jefatura y dirección del personal adscrito a ellas. En particular, dictan las instrucciones de servicio, dirigen la actividad de ese personal y adoptan las resoluciones sobre los aspectos de la relación de empleo derivados de la ocupación de un puesto concreto: carrera, situaciones administrativas, retribuciones, permisos y sanciones disciplinarias que no impliquen separación del servicio, entre otros. También tienen las demás competencias que legal y reglamentariamente se les atribuyan sobre ese personal.

Artículo 11. Competencias específicas de las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y Justicia

En sus ámbitos respectivos, las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y Justicia ejercen las competencias que se les atribuyan legal y reglamentariamente respecto de, respectivamente: el personal docente que presta servicios en los centros públicos educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el personal adscrito al Servicio Andaluz de Salud y el personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma.

Artículo 12. Concepto y clases

Es personal al servicio de la Administración pública el que desempeña funciones retribuidas al servicio de los intereses generales en el ámbito de la ley. El personal empleado público se clasifica en cuatro clases: funcionario de carrera, funcionario interino, laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y eventual. También es personal al servicio de la Administración pública el directivo público profesional, regulado en el título II.

Artículo 13. Personal funcionario de carrera

Define al personal funcionario de carrera con cuatro notas: lo es en virtud de nombramiento legal; está vinculado a la Administración pública por una relación estatutaria; esa relación la regula el Derecho Administrativo; y desempeña servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

Artículo 14. Personal funcionario interino

Interino: nombrado con carácter temporal, por necesidad y urgencia justificadas, en cuatro casos: vacantes (máximo tres años), sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario), programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses) y exceso o acumulación de tareas (nueve meses en dieciocho). En vacantes y sustituciones ocupa puestos de la relación de puestos de trabajo; en programas y acumulación, puestos coyunturales fuera de ella y con autorización previa de la Consejería de Función Pública. Debe ser ajeno a la función pública de la Junta.

Artículo 15. Funciones del personal funcionario y laboral en la Administración de la Junta de Andalucía

Reserva al personal funcionario las funciones que impliquen participación directa o indirecta en potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales y, además, una lista: fe pública, constatación de hechos con presunción de veracidad, registros con efecto constitutivo, órdenes de policía, medidas cautelares, control económico-financiero, reintegro de subvenciones, deslinde… Los puestos se desempeñan con carácter general por funcionarios; el personal laboral puede ocupar los del apartado 4 (no permanentes, oficios, instrumentales, de apoyo…).

Artículo 16. Concepto y clases

Personal laboral: presta servicios profesionales retribuidos en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito. Por la duración del contrato es fijo (proceso selectivo con igualdad, mérito, capacidad y publicidad), por tiempo indefinido (sentencia judicial firme o normativa básica estatal) o temporal (necesidad y urgencia; se añade la celeridad). Por la jornada, a tiempo completo o parcial. Su clasificación profesional se fija mediante negociación colectiva.

Artículo 17. Concepto y adscripción

Personal eventual: en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, y se retribuye con cargo a créditos presupuestarios consignados para ese fin. No puede hacer gestión ordinaria, tareas técnicas ni funciones exclusivas de funcionarios. Pueden contar con él los titulares de Presidencia, Vicepresidencias, Consejerías, Instituciones estatutarias y entidades con autonomía reconocida por ley. El Consejo de Gobierno fija número máximo, características y retribuciones, que son públicos.

Artículo 18. Nombramiento y cese

El nombramiento y el cese del personal eventual son libres y corresponden a la persona titular del órgano en el que preste la función de confianza o asesoramiento. Ser eventual no puede ser mérito para el acceso a la función pública, la promoción interna ni la contratación laboral. Cesa por las causas de la normativa básica estatal, por renuncia y, en todo caso, cuando cesa la autoridad a la que presta la función; sin derecho a indemnización. Con el Consejo de Gobierno en funciones puede continuar hasta la formación del nuevo.

Artículo 19. Concepto y clases de personal directivo público profesional

En la Administración General de la Junta de Andalucía es personal directivo público profesional quien desempeña puestos de estructura orgánica de las Consejerías y sus agencias administrativas y de régimen especial catalogados así en la relación de puestos de dirección pública profesional. Dos clases: alto cargo, y funcionario de carrera o laboral fijo. El Estatuto de este personal se aprueba mediante ley. El alto cargo exige titulación universitaria de grado o equivalente; la otra clase, la de acceso al Grupo A. La relación la aprueba y mantiene la Consejería de Función Pública.

Artículo 20. Funciones del personal directivo público profesional

La misión general del personal directivo público profesional es definir, planificar y garantizar el correcto desarrollo de las estrategias y actuaciones de su unidad administrativa, en coordinación con las demás y de acuerdo con la acción de gobierno. Respeta los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y ética y los principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad. Entre otras funciones: planificación estratégica, liderar equipos con perspectiva de género, gestionar recursos, evaluar, innovar, simplificar procedimientos y rendir cuentas mediante informes o memorias.

Artículo 21. Régimen jurídico y retributivo del personal directivo público profesional

El régimen jurídico y retributivo del personal directivo depende de la condición del puesto, se regula en su Estatuto y no es materia de negociación colectiva. Para cada puesto se elabora y firma un acuerdo de gestión, que entra en vigor con el nombramiento y es público; fija objetivos, evaluación y retribuciones variables y puede modificarse de común acuerdo, con publicidad. El nombramiento se publica en el BOJA. El funcionario directivo que no sea alto cargo queda en servicio activo sin reserva de puesto y, tras su cese, vuelve a un puesto de las mismas características.

Artículo 22. Selección del personal directivo público profesional

La selección del personal directivo público profesional obedece a los principios de mérito, capacidad y publicidad y a criterios de idoneidad, valorando capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales, competencias técnicas y competencias directivas. Se realiza mediante convocatorias y procesos públicos que garanticen la transparencia y la libre concurrencia. El Estatuto del personal directivo público profesional establece los procesos, los criterios y los elementos de las convocatorias.

Artículo 23. Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional

Crea la Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional, adscrita a la Consejería competente en materia de Función Pública, que convoca y desarrolla los procesos de selección. A sus titulares los nombra y los cesa el Consejo de Gobierno (el cese, previo informe de la Comisión), entre personas de reconocido prestigio profesional y atendiendo a la paridad. La asesora la Consejería proponente, puede contar con personas expertas, rinde cuentas en el Parlamento y sus resoluciones son públicas y motivadas.

Artículo 24. Nombramiento y cese del personal directivo público profesional

Para cubrir un puesto directivo, la Consejería o agencia interesada solicita a la Comisión la convocatoria y la propuesta de personas candidatas. El cese se produce por las causas legales propias de su condición, por finalización del período del nombramiento, por renuncia voluntaria o por decisión motivada basada en la evaluación negativa de los objetivos del acuerdo de gestión. El alto cargo cesa además por decisión discrecional debidamente motivada del órgano competente para su designación o por ordenación o redistribución de competencias de las Consejerías.

Artículo 25. Acreditación de competencias directivas para el personal directivo público profesional funcionario o laboral

El Instituto Andaluz de Administración Pública realiza procesos abiertos para acreditar las competencias directivas del personal funcionario de carrera o laboral fijo que pueda acceder a puestos de dirección pública profesional. Las convocatorias garantizan transparencia y libre concurrencia. Se verifican capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas, u otros sistemas predictores del comportamiento. Mantener la acreditación podrá exigir formación con aprovechamiento y superar pruebas. El Instituto podrá contar con personas expertas.

Artículo 26. Evaluación de cumplimiento del personal directivo público profesional

El personal directivo público profesional está sujeto a evaluación continua y periódica del cumplimiento de su cargo o puesto, según el acuerdo de gestión, como mínimo cada dos años. La realiza el superior jerárquico de quien dependa o al que esté adscrito, que puede pedir asesoramiento o colaboración a la comisión o al Instituto Andaluz de Administración Pública. El resultado determina la continuidad en el puesto y la cuantía de la parte variable de las retribuciones. Acuerdos de gestión y resultados son públicos. Debe dedicar un mínimo de horas al año a su formación y desarrollo.

Artículo 27. Responsabilidad disciplinaria y compromiso ético del personal directivo público profesional

El personal directivo público profesional está sometido al código de conducta del personal empleado público y a los compromisos éticos, de permanencia y confidencialidad derivados del acuerdo de gestión asumido con su nombramiento. Se le aplica la legislación disciplinaria y de incompatibilidades que le corresponda según sea alto cargo o personal funcionario o laboral. Debe cumplir un código ético y de conducta elaborado y mantenido en vigor por una comisión de ética, órgano colegiado de asesoramiento adscrito a la Consejería competente en materia de Función Pública.

Artículo 28. Derechos individuales

Reconoce al personal de la Administración de la Junta de Andalucía los derechos individuales del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y enumera, entre otros, inamovilidad del funcionario de carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación continua preferentemente en horario laboral, desconexión digital o vacaciones. Añade otros: participar en valores y tareas de la unidad, información y formación al incorporarse, proyectos transversales, innovación, acceso al expediente personal y movilidad. Garantiza una protección eficaz, homogénea y conjunta en seguridad y salud.

Artículo 29. Derechos individuales ejercidos colectivamente

De acuerdo con el artículo 15 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa básica estatal, el personal de la Administración de la Junta de Andalucía tiene cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos, según la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos de la normativa básica estatal.

Artículo 30. Garantía de derechos y conciliación de la vida profesional con la personal y familiar

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará al personal a su servicio los medios necesarios para hacer efectivos los derechos que la ley le reconoce. Presta especial atención a los que facilitan la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar y a la corresponsabilidad, fundamentalmente respecto de tres ámbitos: la protección de la maternidad y la paternidad, la igualdad de género y la atención a las personas dependientes.

Artículo 31. Protección a las víctimas de violencia de género

En todo caso, cuando una empleada sea víctima de violencia de género, sus ausencias al trabajo, sean totales o parciales, se considerarán justificadas en dos supuestos: por motivos de seguridad, o por el tiempo y en las condiciones que así lo determinen los servicios sociales o de salud.

Artículo 32. Responsabilidad social corporativa y cooperación internacional para el desarrollo

El personal de la Administración de la Junta de Andalucía podrá colaborar en las acciones y medidas que se adopten en materia de responsabilidad social corporativa y cooperación internacional al desarrollo, contribuyendo a su mejora. La Administración fomentará esas conductas y facilitará al personal la participación en las acciones y medidas de ese tipo que se lleven a cabo en el ámbito de su organización.

Artículo 33. Deberes

De conformidad con el artículo 52 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal incluido en el ámbito de la ley debe desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y al resto del ordenamiento, y con respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y promoción del entorno cultural y medioambiental. Son deberes suyos los principios éticos y de conducta; esto último se aplica también al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

Artículo 34. Responsabilidad

El personal responde de la buena gestión pública encomendada y de contribuir a los objetivos de su unidad, equipo o grupo de trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de las personas de superior jerarquía; también por sus funciones como miembro de consejos de administración, patronatos u órganos análogos. Si la Administración debe indemnizar por daño causado por su personal con dolo, culpa o negligencia graves, exigirá de oficio en vía administrativa la responsabilidad, con audiencia de la persona interesada; igual si el daño es a bienes o derechos de la Administración.

Artículo 35. Disposiciones comunes

En el desarrollo normativo de la jornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones deberá impulsarse la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, el interés superior de las personas menores, mayores y dependientes, así como con discapacidad, y la corresponsabilidad entre progenitores. También se impulsarán medidas tendentes a la conciliación, racionalización y adaptación de horarios y la desconexión digital en el ámbito laboral. Ambos apartados se aplican igualmente al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

Artículo 36. Jornada de trabajo y horario del personal funcionario

De acuerdo con la normativa básica estatal, se determinarán y desarrollarán reglamentariamente la jornada general y las jornadas especiales del personal funcionario, los horarios y otras medidas que pudieran adoptarse en el marco de la negociación colectiva. La jornada será a tiempo completo; los puestos que puedan desempeñarse a tiempo parcial se establecerán previa negociación colectiva. Es jornada a tiempo parcial la que requiere prestar servicios un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada del personal funcionario a tiempo completo comparable.

Artículo 37. Teletrabajo y modalidades de prestación del servicio

En la Administración general de la Junta de Andalucía la modalidad presencial es la ordinaria y la modalidad a distancia se articula a través del teletrabajo. Sus supuestos y condiciones se fijan reglamentariamente, previa negociación colectiva, cuando el contenido del puesto lo admita y el servicio lo permita. Ha de autorizarse expresamente, es compatible con la presencial y, en todo caso, voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos y se garantiza la desconexión digital.

Artículo 38. Permisos del personal funcionario

El personal funcionario tiene derecho a los permisos recogidos en la normativa estatal básica, en los términos, alcance y condiciones que se determinen reglamentariamente, y también a los otros permisos o medidas que adopte la Administración, incluidos los acordados en la negociación colectiva. En materia de permisos y reducciones de jornada, la pareja estable se equipara al matrimonio y la persona conviviente al cónyuge, de acuerdo con la legislación andaluza sobre parejas de hecho.

Artículo 39. Vacaciones del personal funcionario

Vacaciones retribuidas cada año según la normativa básica estatal, o las proporcionales al tiempo de servicio activo. Por antigüedad: 15 años, 23 días hábiles; 20 años, 24; 25 años, 25; 30 o más, 26. Los sábados no son hábiles. Pueden disfrutarse fuera del año natural, hasta dieciocho meses desde el final del año en que se originaron, si lo impiden maternidad, paternidad, incapacidad temporal u otras situaciones listadas. No se sustituyen por dinero, salvo cese por causas ajenas a la voluntad del personal; en jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta dieciocho meses.

Artículo 40. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

La jornada de trabajo, los horarios, los permisos y las vacaciones del personal laboral se rigen por tres fuentes: lo dispuesto en el propio capítulo en que se inserta el artículo, la legislación laboral correspondiente y los convenios colectivos que resulten de aplicación.

Artículo 41. Régimen jurídico

El personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley queda sujeto al régimen de incompatibilidades que resulta de cuatro fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley, las disposiciones que las desarrollen y las normas sectoriales que le sean de aplicación.

Artículo 42. Principios del sistema de incompatibilidades

No cabe autorizar compatibilidad para un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, salvo supuestos legalmente previstos. Nunca cabe compatibilizar la actividad pública con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, retribuido o no, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar los intereses generales, ni con actividades privadas directamente relacionadas con las de la Consejería, departamento, entidad o institución de destino. Alcanza al personal contratado por entidades instrumentales.

Artículo 43. Dedicación exclusiva a las funciones públicas

No se reconoce compatibilidad para actividades privadas (dedicación exclusiva) a: personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo; personal funcionario y laboral de la Administración General con factor de incompatibilidad en sus complementos; personal de entidades instrumentales con complemento que incluya expresamente ese factor; docentes no universitarios con complemento específico superior al 30 % de las retribuciones básicas; estatutarios del SAS con complemento específico por dedicación exclusiva, y personal de Justicia cuando lo prevea su normativa.

Artículo 44. Renuncia a la dedicación exclusiva a las funciones públicas

El Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, determina las condiciones y el procedimiento para que el personal al que se refiere el artículo anterior que así se considere pueda renunciar a la dedicación exclusiva a las funciones públicas, así como los puestos, categorías y funciones en que podrá hacerse. La renuncia lleva consigo la del complemento retributivo correspondiente. Los puestos para cuyo desempeño no se admita la renuncia se establecen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 45. Conceptos de formación, aprendizaje y acreditación de competencias

Formación es el proceso planificado para la adquisición, retención y transferencia de competencias de las personas y para la organización. Aprendizaje es el proceso individual de cada persona empleada pública de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, por formación planificada o por autodesarrollo, diálogo, enseñanza o experiencia. Acreditación de competencias es el proceso por el que se reconoce a una persona una competencia (conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores) o un conjunto de ellas, según un esquema de desarrollo reglamentario.

Artículo 46. Objetivos de la formación y el aprendizaje permanente

El objetivo de la formación y el aprendizaje permanente es la mejora de la Administración y, en consecuencia, de la prestación del servicio público y el progreso de la sociedad. Se persigue mediante siete vías: mejora de las competencias generales y específicas del personal; implantación de nuevos sistemas de trabajo; recualificación de las personas; desarrollo de la carrera profesional; aprendizaje organizacional; difusión y aprovechamiento del conocimiento tácito y explícito, y puesta a disposición y enriquecimiento de los entornos de aprendizaje.

Artículo 47. La formación como derecho

Todo el personal, sin excepción, tiene derecho a actualizar y perfeccionar sus competencias. El órgano encargado elabora la programación con la participación negociada de la representación sindical. El tiempo de formación programada es trabajo efectivo. Cabe formarse durante permisos por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento, excedencias por motivos familiares e incapacidad temporal, si la salud o las circunstancias lo permiten; quien se reincorpore sin haberlo hecho tiene preferencia durante un año. La denegación por la persona superior jerárquica debe motivarse.

Artículo 48. La formación como deber

El personal debe contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos participando en las actividades formativas y transfiriendo el conocimiento, de acuerdo con el artículo 28, apartado 2.b), de la ley. Por eso debe asistir, salvo causa justificada, a las actividades programadas cuando su finalidad sea adquirir las competencias adecuadas para las funciones o tareas que le sean propias, o las competencias o formación necesaria derivada del dictado de normas que afecten a su trabajo.

Artículo 49. Modalidades de aprendizaje y formación

Las acciones de formación y aprendizaje deben cumplir tres exigencias: guardar relación con las competencias y la práctica profesional del personal a quien se dirigen, responder a los requerimientos detectados y cumplir los demás requisitos establecidos sobre su contenido, metodología, profesorado, recursos materiales y evaluación. A estos efectos, la actividad de los órganos responsables de la formación tiene entre sus objetivos consolidar la elaboración de mapas de competencias ligados a la carrera profesional, a la selección y al aprendizaje.

Artículo 50. Promoción profesional del personal funcionario de carrera

El funcionario de carrera tiene derecho a la promoción profesional, articulada mediante la carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso según los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Sus criterios generales se negocian colectivamente. Es individual, voluntaria, progresiva y retribuida. Modalidades: carrera horizontal (sin cambiar de puesto) y vertical (ascenso en la estructura de puestos por provisión), y promoción interna horizontal (otro cuerpo o especialidad del mismo subgrupo o grupo) y vertical (a otro superior).

Artículo 51. Promoción profesional del personal laboral

La promoción y la carrera profesional del personal laboral se articulan a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto de la legislación estatal de carácter básico, así como en los convenios colectivos que resulten de aplicación, en los que se tendrán en cuenta los criterios regulados en este título de la ley (el dedicado a la promoción profesional).

Artículo 52. Concepto

La carrera horizontal reconoce de forma individualizada el desarrollo profesional y el desempeño mediante el ascenso por tramos, sin cambiar de puesto, según una valoración positiva, objetiva y reglada. Ninguna causa organizativa ni de ordenación de puestos limita este derecho. Los méritos (trayectoria, formación, evaluación del desempeño, entre otros) se concretan por reglamento, previa negociación colectiva. El acceso a los tramos es consecutivo y, alcanzados, quedan consolidados. El funcionario interino tiene derecho a ella como el de carrera, de forma adecuada a su condición temporal.

Artículo 53. Sistema de tramos de la carrera horizontal

Cada grupo o subgrupo tiene una carrera horizontal con los tramos fijados por reglamento, previa negociación colectiva, con un máximo de seis. Para iniciarla y ascender se exigen años completos de permanencia, continuados o no, y superar la valoración; computan los años en el grupo o subgrupo, en el mismo o distinto puesto. Quien accede a un grupo o subgrupo superior empieza en su primer tramo y conserva el complemento del de origen, al que suma los nuevos tramos sin superar el importe del último tramo de su grupo o subgrupo. El tiempo como interino en el mismo grupo o subgrupo computa.

Artículo 54. Reconocimiento

La valoración del desarrollo profesional para reconocer el ascenso a cada tramo la realiza una comisión técnica de carácter colegiado, establecida al efecto en la convocatoria, que garantizará la objetividad y transparencia del procedimiento. No se puede solicitar una nueva valoración para el ascenso al mismo tramo hasta que pase, desde la última realizada, el tiempo que se establezca reglamentariamente. También por reglamento, previa negociación colectiva, se fijará el procedimiento de valoración y se regularán la composición y el funcionamiento de la comisión técnica.

Artículo 55. Efectos

El reconocimiento del ascenso a cada tramo comporta, para el personal en servicio activo en la Administración de la Junta de Andalucía, la percepción mensual del complemento de carrera profesional, según las cuantías contempladas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En todo caso, el complemento se percibe en la nómina del mes siguiente al de reconocimiento de cada tramo, o en el que finalice el plazo máximo reglamentariamente establecido para dictar la resolución de reconocimiento.

Artículo 56. Concepto

La carrera vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante la obtención, con carácter definitivo y a través de la provisión por los procedimientos ordinarios del artículo 124 de la ley, de puestos que, según su clasificación, pueden conllevar una mayor responsabilidad, dedicación o dificultad técnica. Se despliega dentro de un mismo grupo o subgrupo de clasificación y requiere cumplir todos los requisitos exigidos para la cobertura del puesto de trabajo.

Artículo 57. Criterios generales

La promoción interna se rige por la normativa estatal básica, esta ley y sus reglamentos. La Administración la incentiva así: mínimo del 25 % de plazas en la oferta de empleo público; exenciones de pruebas y/o reducción de temarios; preferencia para elegir destino sobre el turno libre; derecho al destino en el puesto que se desempeña si está adscrito al nuevo cuerpo o especialidad; cursos formativos, que podrán sustituir alguna prueba; y procesos mediante cursos selectivos, que solo podrá superar un número de personas equivalente, como máximo, al de plazas convocadas.

Artículo 58. Modalidades de promoción interna

La promoción interna tiene dos modalidades. La horizontal supone el acceso a otro cuerpo o especialidad dentro del mismo subgrupo o grupo de pertenencia. La vertical supone el ascenso desde un subgrupo o grupo de clasificación hasta otro superior, de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico; el personal funcionario de carrera del subgrupo C1 que reúna la titulación exigida podrá promocionar al A2 sin pasar por el grupo B. La promoción interna se lleva a cabo por el sistema selectivo de concurso-oposición o de actividades formativas selectivas.

Artículo 59. Concepto

La evaluación del desempeño mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de resultados, para mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos. Sus normas y criterios generales se negocian colectivamente. Busca mejorar la gestión pública y el rendimiento del personal y se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente. Ocho principios: transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación y publicidad.

Artículo 60. Sistemas y criterios de valoración

Los sistemas de evaluación del desempeño deben ser transparentes, bajo los principios de imparcialidad y objetividad. Reglamentariamente, previa negociación colectiva, se crearán comisiones de seguimiento, colegiadas y paritarias (Administración y organizaciones sindicales), y se fijarán los sistemas, las competencias, la periodicidad y los órganos técnicos colegiados de revisión. La conducta profesional se presume positiva, salvo valoración negativa expresa y motivada. Para funcionar, se exige implementar antes el instrumento de planificación estratégica.

Artículo 61. Efectos de la evaluación del desempeño para el personal funcionario

El resultado positivo en la evaluación es condición necesaria para cobrar las retribuciones vinculadas al desempeño y ascender de tramo en la carrera horizontal; reglamentariamente, previa negociación colectiva, podrá exigirse para valorar la experiencia como mérito. El primer resultado negativo lleva a un programa de formación específico; tres o más negativos y consecutivos pueden dar lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia y con resolución motivada. El interino se evalúa en los mismos términos, de la forma adecuada a su condición temporal. Los resultados individuales se anotan en el Registro de Personal.

Artículo 62. La evaluación del desempeño para el personal laboral

La evaluación del desempeño del personal laboral no sigue un procedimiento propio de esta ley: se articula a través de los procedimientos previstos en los convenios colectivos que resulten de aplicación y en la demás normativa laboral correspondiente. En esos procedimientos se tendrán en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 60, apartado 3.

Artículo 63. Principios del sistema retributivo

El sistema retributivo se funda en tres principios: garantía de las retribuciones y adecuación a responsabilidades, funciones y desempeño de cada puesto; un componente de retribuciones variables vinculado a la evaluación del desempeño; y transparencia y publicidad. El personal funcionario solo cobra por los conceptos de esta ley; el laboral, por los del convenio colectivo aplicable, adecuados a este título. Las Leyes del Presupuesto reflejan cada ejercicio las cuantías de las básicas, el incremento global de las complementarias y el de la masa salarial del personal laboral.

Artículo 64. Retribuciones del personal funcionario

Las retribuciones del personal funcionario se clasifican en básicas personales y complementarias, y en ellas se incluyen las pagas extraordinarias. El personal funcionario no puede percibir participación en tributos ni en otros ingresos de las Administraciones públicas como contraprestación de un servicio, ni participación o premio relacionados con multas, aunque estén normativamente atribuidos a los servicios. El de la Administración General de la Junta solo cobra por los conceptos de esta ley, sin perjuicio de la normativa estatal básica.

Artículo 65. Retribuciones básicas personales del personal funcionario de carrera

Son retribuciones básicas personales el sueldo de cada subgrupo o grupo, los trienios y el componente de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. El trienio es una cantidad igual para cada subgrupo o grupo por cada tres años de servicio. Quien pasa por cuerpos de distinto grupo conserva los trienios devengados y los cobra en su totalidad por la cuantía del grupo en el que esté en servicio activo al devengarlos, o del cuerpo desde el que pasó a servicios especiales, sin percibir menos que la suma de los importes individualizados reconocidos en cada grupo.

Artículo 66. Retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera

Las complementarias retribuyen el puesto, la carrera, el desempeño y los servicios extraordinarios. Son: el de carrera profesional (tramo de carrera horizontal); de nivel competencial (dificultad técnica y responsabilidad; grados del 1 al 20); del puesto (condiciones particulares, incluidas peligrosidad y penosidad); por desempeño (variable, sin derecho adquirido); gratificaciones por servicios extraordinarios (nunca fijas ni periódicas); por horario nocturno, festivo y guardias; y complementos personales transitorios, absorbibles, excluidos con tres o más resultados negativos y consecutivos.

Artículo 67. Pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias son dos al año. Cada una equivale a una mensualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retribuciones complementarias que retribuyan los factores del artículo 66, apartados 2.a), 2.b) y 2.c). Se devengan el día 1 de los meses de junio y diciembre, proporcionalmente a la situación del personal funcionario durante el período de cada paga.

Artículo 68. Retribuciones diferidas

La Administración de la Junta de Andalucía podrá destinar cantidades a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que cubran la contingencia de jubilación del personal incluido en su ámbito. El tope es el porcentaje de la masa salarial que fijen las leyes de presupuestos generales del Estado, y se actúa conforme a la normativa reguladora de los planes de pensiones. Esas cantidades tienen, a todos los efectos, la consideración de retribución diferida.

Artículo 69. Indemnizaciones por razón del servicio

El personal funcionario percibirá las indemnizaciones por razón del servicio en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente. Los tipos y las cuantías de esas indemnizaciones serán únicos por cada concepto para todo el personal.

Artículo 70. Otras retribuciones

El personal funcionario podrá percibir las retribuciones que se fijen reglamentariamente por participar en comisiones de selección y de valoración de procesos de provisión, colaborar en procesos selectivos y participar en actividades formativas o divulgativas organizadas por las Administraciones públicas. Dos condiciones: que la participación cumpla la normativa sobre incompatibilidades y que el total anual no supere el límite reglamentario. También podrá percibir ayudas de acción social y el premio por jubilación por cualquier causa, en los términos reglamentarios.

Artículo 71. Retribuciones del personal funcionario interino

El personal funcionario interino percibe, en proporción a la jornada laboral que tenga establecida, las retribuciones básicas del grupo o subgrupo de adscripción y las pagas extraordinarias por los conceptos que le correspondan. En las mismas condiciones cobra las complementarias del artículo 66.2, letras b), c) y f), el complemento por desempeño cuando proceda y las gratificaciones por servicios extraordinarios. El interino de programas temporales o por exceso o acumulación de tareas percibe el complemento de puesto asimilado a las funciones que deba realizar, según el reglamento.

Artículo 72. Retribuciones del personal funcionario en prácticas

El personal funcionario en prácticas cobra el sueldo del subgrupo o grupo en el que aspira a ingresar y, en su caso, los trienios reconocidos antes del curso selectivo o de las prácticas; si desempeña un puesto, también sus complementarias. Quien ya sea funcionario o laboral de una Administración incluida en la ley puede optar por mantener sus retribuciones. Paga la Administración que convocó el proceso selectivo, salvo que se desempeñe un puesto: entonces paga aquella en la que esté el puesto. Por convenio con reciprocidad cabe abonar las del apartado 2 a personal de otras Administraciones.

Artículo 73. Retribuciones del personal eventual

Según la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo, el personal eventual cobra el sueldo del grupo o subgrupo al que se asimile el puesto, el complemento de puesto de trabajo, el de nivel competencial y, en su caso, el de desempeño (especial rendimiento, interés o iniciativa). Tiene dos pagas extraordinarias al año. Si además es funcionario de carrera de la Junta, percibe el complemento de carrera profesional del tramo reconocido; si lo es de otra Administración, podrá reconocerse su progreso. Se devengan desde el día de toma de posesión hasta el día del cese.

Artículo 74. Retribuciones del personal directivo público profesional

El personal directivo público profesional percibe el sueldo del grupo o subgrupo al que se asimilen sus funciones, los trienios reconocidos (si es funcionario de carrera o laboral de cualquier Administración con derecho a reingreso en la de origen) y el complemento de puesto de trabajo del puesto directivo. Si es funcionario de carrera de la Junta, además el complemento de carrera del tramo reconocido; si lo es de otra, podrá reconocerse su progreso. Puede percibir el complemento de desempeño, que retribuye el cumplimiento de objetivos previamente fijados. Dos pagas extraordinarias al año.

Artículo 75. Retribuciones del personal funcionario pendiente de adscripción

El funcionario removido de un puesto de concurso, cesado en uno de libre designación, reingresado desde servicios especiales (a los que accedió desde servicio activo o desde una situación con reserva de plaza) o cuyo puesto se suprime cobra, hasta que sea adscrito provisionalmente a un puesto: retribuciones básicas del grupo o subgrupo, complemento de carrera, cuantía del nivel competencial y complemento de puesto de trabajo del puesto de referencia, más las pagas extraordinarias. Las abona, con cargo a sus créditos, la Consejería u organismo en el que venía prestando servicios.

Artículo 76. Retribuciones en situación de permiso por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia natural, permiso por cuidado de hijos e hijas afectados por cáncer u otra enfermedad grave e incapacidad temporal

Los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural y cuidado de hijo o hija con cáncer u otra enfermedad grave son servicio efectivo, con plenitud de derechos económicos; las variables salen de la media del año inmediatamente anterior (o del tiempo en el puesto, de ser inferior). En incapacidad temporal no profesional se cobra un complemento por la diferencia entre la prestación de Seguridad Social y las retribuciones fijas y periódicas del mes de la baja; si es profesional, se suma la media de las variables.

Artículo 77. Deducción de retribuciones

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada da lugar, salvo justificación, a una deducción proporcional de haberes no sancionadora, sin perjuicio de la sanción disciplinaria. El valor hora parte de las retribuciones íntegras mensuales, divididas por los días naturales del mes y, a su vez, por las horas que deban cumplirse de media cada día, incrementadas en la parte proporcional del descanso semanal; también se tiene en cuenta para la paga extraordinaria. Quien ejerce el derecho de huelga no devenga ni percibe retribuciones por ese tiempo, sin carácter sancionador ni efecto en su protección social.

Artículo 78. Devengo de retribuciones

Las retribuciones fijas y mensuales se pagan por meses completos según la situación y derechos del primer día hábil del mes. Se liquida por días en la toma de posesión del primer destino, reingreso o cambio de destino; inicio y reincorporación de licencias sin retribución; cese en el servicio activo (salvo fallecimiento, jubilación o retiro con pensión pública por mensualidades completas); reducción de jornada o permiso sin sueldo, y demás supuestos. El importe diario divide el mensual entre los días naturales del mes. Las pagas extraordinarias se devengan el día 1 de junio y diciembre.

Artículo 79. Régimen de la Seguridad Social y derechos pasivos del personal funcionario al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía

El régimen de Seguridad Social del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía será el establecido por la normativa estatal que resulte de aplicación. La regla alcanza a tres colectivos: el personal funcionario propio y de nuevo ingreso, el procedente de otras Administraciones y el que haya ingresado voluntariamente en cuerpos propios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Artículo 80. Prestaciones por incapacidad temporal

Para el personal no funcionario se podrán reconocer, previa negociación colectiva y de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico, los supuestos de enfermedad que, por su naturaleza y gravedad, dan lugar a un complemento. Ese complemento en ningún caso podrá superar el importe medio de sus retribuciones del año inmediatamente anterior al de la fecha de inicio de la incapacidad, actualizado según el incremento retributivo que haya podido producirse.

Artículo 81. Principios generales

El personal incluido en la ley tiene derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo; su ejercicio se rige por la normativa estatal básica, su normativa de desarrollo y esta ley. Para el personal con contrato laboral rige la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del título, de la normativa estatal básica y de los convenios colectivos aplicables. Estos derechos se ejercen a través de los órganos y sistemas específicos del título y de la normativa básica, sin perjuicio de otras formas de colaboración.

Artículo 82. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación, y se efectúa mediante la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales. Se constituirán Mesas de Negociación, en las que están legitimadas la representación de la Administración pública correspondiente y las organizaciones sindicales que determine la normativa estatal básica. La Administración facilita los recursos materiales y humanos.

Artículo 83. Tipología de las Mesas de Negociación

La negociación se estructura en las Mesas de la normativa estatal básica. En la Mesa General común la representación sindical se distribuye según los resultados electorales, y también están las organizaciones de la Mesa General de las Administraciones públicas que hubieran obtenido el diez por ciento de representantes. En la de funcionarios y estatutarios están los sindicatos más representativos estatales y andaluces y los que alcancen el diez por ciento o más. Las Mesas Generales pueden acordar Mesas Sectoriales. Ninguna parte puede superar quince miembros.

Artículo 84. Proceso negociador

Las Administraciones deben negociar las materias de la normativa estatal básica; negociar es el intento de buena fe de llegar a un acuerdo entre la Administración y la representación sindical. El proceso se abre en la fecha fijada de común acuerdo o, en su defecto, en el plazo máximo de un mes desde que lo promueva la mayoría de una de las partes. Las variaciones de representatividad se acreditan cada dos años con certificado de la Oficina Pública de Registro. Sin acuerdo y agotada, en su caso, la solución extrajudicial, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo del funcionario.

Artículo 85. Materias objeto de negociación en relación con el personal funcionario

Enumera trece materias de negociación obligada del personal funcionario (letras a a m): incremento retributivo, retribuciones complementarias, evaluación del desempeño, criterios generales de acceso, carrera y provisión, acción social, ofertas de empleo, calendario, permisos o movilidad, entre otras. Cada materia se negocia en un único órgano: lo común a funcionario, estatutario y laboral, en la Mesa General común; lo común a funcionario y estatutario que no afecte al laboral, en la Mesa General del personal funcionario; lo que afecte a más de un sector sin ser todos, también en esta.

Artículo 86. Órganos de representación

Los órganos de representación del personal funcionario y estatutario son los delegados y delegadas de personal y las juntas de personal. Unidades electorales en la Junta de Andalucía: Administración General, nueve (una por provincia y otra para los servicios centrales con sede en Sevilla); docentes no universitarios, una por provincia; Servicio Andaluz de Salud, una por centro directivo sanitario; Administración de Justicia, una por provincia. En cada Universidad pública, dos. Cada Administración dispondrá de un registro de órganos de representación.

Artículo 87. Garantías, derechos y deberes de la función representativa del personal

Los miembros de las juntas de personal y los delegados y delegadas de personal tienen estas garantías: acceso y libre circulación por su unidad electoral, salvo zonas reservadas; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en procedimientos disciplinarios durante el mandato y el año inmediatamente posterior; crédito de horas mensuales retribuidas; no ser trasladados ni sancionados por causas ligadas al mandato, ni durante su vigencia ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión; y no discriminación. Guardan sigilo aun expirado el mandato.

Artículo 88. Solución extrajudicial de conflictos de carácter general del personal funcionario, estatutario y laboral

En cada ámbito sectorial, la Mesa de Negociación podrá acordar que la solución extrajudicial de los conflictos de carácter general del personal funcionario o estatutario se intente en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. Para el personal laboral, al negociar los convenios colectivos se valorará prever que, si la comisión paritaria no logra una solución, los conflictos colectivos puedan someterse a la mediación y conciliación de ese Sistema y, previo acuerdo de las partes, a sus procesos de arbitraje.

Artículo 89. Objetivos de la planificación

La planificación de los recursos humanos tiene como objetivo contribuir a la eficiencia y eficacia en la acción pública, en la prestación de los servicios y en la utilización de los recursos económicos, personales, materiales y tecnológicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, gestión, formación, motivación, promoción profesional y movilidad. Los instrumentos de planificación del empleo público son tres: los planes de ordenación de recursos humanos, la oferta de empleo público o instrumento similar y los registros de personal.

Artículo 90. Objeto y contenido

El Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, podrá aprobar planes de ordenación de recursos humanos, referidos tanto al personal funcionario como al laboral, dentro de los límites presupuestarios. Para el personal laboral rigen la legislación laboral y las normas convencionales. Contienen medidas como movilidad voluntaria y forzosa, promoción interna, recualificación, incorporación por oferta de empleo público, teletrabajo, tiempo parcial o incentivos a la jubilación voluntaria. Su elaboración va precedida de un análisis de disponibilidades o necesidades de personal.

Artículo 91. Objeto y contenido

Las necesidades de personal con asignación presupuestaria que deban proveerse con nuevo ingreso son objeto de oferta de empleo público o instrumento similar. Contenido mínimo: número de vacantes para funcionario de carrera y laboral fijo, su agrupación y el número de plazas por sistema de acceso. Aprobarla obliga a convocar los procesos selectivos, con hasta un diez por ciento adicional de plazas; se ejecuta en el plazo improrrogable de tres años y se aprueba anualmente, previa negociación colectiva. No pueden convocarse plazas no comprometidas en la oferta.

Artículo 92. Registro de personal

Cada Administración pública y las entidades de su sector instrumental deben constituir un Registro en el que se inscriban los datos relativos a su personal. La inscripción se hace de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal de carácter básico.

Artículo 93. Registro de personal de la Administración General de la Junta de Andalucía

En la Administración General de la Junta de Andalucía existe un Registro General de Personal, adscrito a la Consejería competente en materia de Función Pública, donde se inscriben todos los actos que afecten al desarrollo profesional del personal de su ámbito. La inscripción es requisito de eficacia de los actos de reconocimiento de derechos en materia de personal, puede denegarse en los supuestos reglamentarios y no convalida los vicios de los actos. Los datos gozan de la protección de la normativa de protección de datos y pueden anonimizarse, de forma no reversible, para la mejor gestión.

Artículo 94. Derecho de acceso al Registro y certificación de datos

El personal comprendido en el ámbito de aplicación del Registro tiene derecho a acceder a él, a conocer los asientos registrales practicados que se refieran a su vida administrativa, a obtener certificaciones de esos asientos y al resto de derechos enunciados en la normativa sobre protección de datos personales. Todo ello se ejerce en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 95. Organización y funcionamiento del Registro General de Personal

La organización y el funcionamiento del Registro General de Personal se determinan reglamentariamente, a propuesta de la Consejería competente en materia de Función Pública, con criterios mínimos y homogeneizadores que faciliten la coordinación con otros Registros. Cada Consejería de la Junta de Andalucía o agencia del sector público andaluz es competente para promover las inscripciones de los actos que generen el desarrollo y la carrera profesional de su personal y para proporcionar y mantener actualizada la información de sus recursos humanos.

Artículo 96. Coordinación entre Registros de Personal

El Registro General de Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía estará coordinado con los Registros de Personal de los diferentes sectores de la Administración de la Junta, con los de las entidades de su sector público, con el Registro Central de Personal de la Administración del Estado y con el resto de Registros de Personal de las Administraciones públicas de Andalucía. La forma y el contenido de la coordinación de los Registros de Personal de las Administraciones públicas de Andalucía se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 97. Cooperación con Registros de entidades locales

La Administración de la Junta de Andalucía cooperará con las entidades locales de Andalucía cuando estas no tengan la suficiente capacidad financiera o técnica para la constitución, desarrollo y mantenimiento de sus Registros. Lo hará respetando las competencias atribuidas a las Diputaciones Provinciales.

Artículo 98. Información sobre otro personal

El Registro General de Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía creará una sección diferenciada con información de los Registros de personal de las entidades locales, de las Universidades públicas de Andalucía y del personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma, para analizar y valorar la situación del empleo público de Andalucía. Con igual finalidad, y previos los acuerdos o convenios pertinentes, se podrán crear secciones diferenciadas sobre los recursos humanos de otras instituciones de autogobierno.

Artículo 99. La gestión integrada de recursos humanos

En la Administración de la Junta de Andalucía podrá existir un único sistema de gestión integrada de recursos humanos, mediante la aplicación informática correspondiente, bajo la dependencia y dirección de la Consejería competente en materia de Función Pública. El Registro General de Personal será una base de datos en la que la Administración y, en su caso, el personal podrán solicitar la anotación de los méritos curriculares que reglamentariamente se determinen, y servirá para automatizar la gestión. Las agencias podrán implantar su propia gestión integrada, interoperable con la de la Junta.

Artículo 100. Cuerpos, escalas y especialidades de la Administración de la Junta de Andalucía

El personal funcionario se agrupa en cuerpos, escalas y especialidades y, en su caso, opciones; las especialidades y opciones se pueden crear por la especialización de las funciones o por la titulación exigida para el ingreso. Todos se crean, modifican y suprimen por ley. La norma de creación fijará como mínimo: denominación; subgrupo o grupo; funciones básicas, que no podrán corresponderse con las de los órganos de la Administración; y nivel académico o titulación de ingreso. El Consejo de Gobierno podrá establecer los efectos para el ingreso de las titulaciones o niveles de nueva creación.

Artículo 101. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera

Los cuerpos, escalas y especialidades se clasifican según la titulación exigida para el acceso. Grupo A: A1 (Doctor o Doctora, Máster universitario o Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente) y A2 (Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente); se reparten entre A1 y A2 según el nivel de responsabilidad de las funciones y las características de las pruebas de acceso. Grupo B: Técnico Superior. Grupo C: C1 (Bachiller, Técnico o equivalente) y C2 (Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente).

Artículo 102. Cuerpos generales y especiales

Los cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía son generales (funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa) o especiales (actividades objeto de una peculiar carrera o especialidad). Generales: Superior de Administración (A1), Gestión Administrativa (A2), Técnico de Gestión Administrativa (B), Administrativo (C1) y Auxiliar Administrativo (C2). Especiales: Superior Facultativo (A1), Técnico Facultativo (A2), Técnico de Gestión y Técnico de Suboficiales de Bomberos Forestales (B), Ayudantes (C1) y Auxiliar Técnico (C2), más los que enumera el apartado 4.

Artículo 103. Clasificación del personal laboral

El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral y el respectivo convenio colectivo. Además, la Administración orientará la negociación colectiva hacia el objetivo de una clasificación profesional equiparable al sistema nacional de cualificaciones, a fin de garantizar la homogeneidad de todo el personal.

Artículo 104. Relaciones de puestos de trabajo

El puesto de trabajo es la unidad básica de la estructura del empleo público. Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento con que la Administración General de la Junta planifica, racionaliza y ordena su personal; son públicas y tienen un contenido mínimo por puesto. Su elaboración, tramitación, aprobación y modificación corresponden a la Consejería competente en materia de función pública. La persona titular del órgano directivo central competente aprueba las modificaciones automáticas del apartado 6 y la creación de puestos imprescindibles por extraordinaria y urgente necesidad.

Artículo 105. Principios rectores

El acceso al empleo público se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La Junta seleccionará a su personal garantizando además: publicidad de convocatorias y bases, y de la planificación y seguimiento de los procesos; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia, discrecionalidad técnica y confidencialidad en su actuación; fiabilidad y validez predictiva de los instrumentos; adecuación entre contenido de los procesos y funciones; y agilidad y eficiencia, sin perjuicio de la objetividad.

Artículo 106. Requisitos de acceso

Requisitos generales para participar en procesos selectivos: nacionalidad española, sin perjuicio del artículo 107; capacidad funcional; dieciséis años cumplidos sin exceder de la edad máxima de jubilación forzosa (se podrá exigir dieciocho si hay ejercicio de autoridad o riesgo para la salud; otra edad máxima, solo por ley); no estar separado por procedimiento disciplinario ni inhabilitado; titulación exigida; y no ser ya funcionario de carrera del cuerpo y especialidad o laboral fijo de la categoría convocados. Las bases podrán añadir requisitos específicos, abstractos y generales.

Artículo 107. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados

Los nacionales de Estados de la Unión Europea acceden como personal funcionario en igualdad con los españoles, salvo a empleos que impliquen participación en el ejercicio del poder público o salvaguardia de intereses generales; el Consejo de Gobierno determina los cuerpos o puestos vedados. Se aplica al cónyuge no separado de derecho, a los descendientes menores de veintiún años o mayores dependientes y a personas de Tratados con libre circulación. Ellos y los extranjeros con residencia legal pueden ser personal laboral. Solo por ley cabe eximir de la nacionalidad para ser funcionario.

Artículo 108. Acceso al empleo público del personal funcionario de organismos internacionales

Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones para el acceso del personal funcionario de nacionalidad española de organismos internacionales, siempre que posea la titulación requerida y supere los correspondientes procesos selectivos. Estas personas podrán quedar exentas de las pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional, de acuerdo con lo que dispongan las bases del proceso selectivo.

Artículo 109. Acceso al empleo público de personas con discapacidad

En las ofertas de empleo público o instrumento similar se reserva un cupo de vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen el proceso selectivo y acrediten la discapacidad y su compatibilidad con las tareas. La reserva se calcula sobre el total de vacantes de la oferta y puede concentrarse en las convocatorias que mejor se adapten; las plazas de promoción interna computan en todo caso en el cupo. Para ir por el cupo hay que indicarlo expresamente en la solicitud y tener reconocida la discapacidad con efectos anteriores al fin del plazo de solicitudes.

Artículo 110. Órganos de selección

Por decreto del Consejo de Gobierno se crean órganos de selección especializados y permanentes, adscritos a la Consejería competente en materia de Función Pública. Son colegiados, de número impar, con mayoría de funcionarios de carrera cuando se selecciona personal de este tipo, pero en ningún caso con mayoría del mismo cuerpo que se selecciona; se pertenece a título individual. No pueden integrarlos, entre otros, el personal de elección o designación política, interino, laboral temporal o eventual, ni quien haya preparado aspirantes en los cinco años anteriores a la convocatoria.

Artículo 111. Sistemas selectivos

Los procesos selectivos son abiertos y garantizan la libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y de la discriminación positiva. Los sistemas son oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos. En el concurso-oposición, la puntuación de los méritos no determina en ningún caso por sí misma el resultado. Para personal funcionario de carrera rigen la oposición y el concurso-oposición; el concurso es excepcional y solo cabe en virtud de ley que lo autorice. El personal laboral fijo puede seleccionarse por los tres, según el convenio colectivo aplicable.

Artículo 112. Contenido y características de los procesos selectivos

Las pruebas deben conectar con las funciones y tareas de los puestos convocados, y los méritos han de ser objetivos y adecuados a ellas. Las convocatorias pueden condicionar el acceso a cursos de formación o a un período de prácticas, con más asistentes que plazas, de duración no superior a seis meses para el Grupo A y de tres meses para el resto de grupos. Mientras dura esa fase, cuando el acceso depende de superarla, la persona aspirante es personal funcionario en prácticas. La valora el órgano de selección inicial u otro que se determine reglamentariamente.

Artículo 113. Convocatoria

Los procesos de selección se inician de oficio mediante convocatoria pública que incluye las bases. Pueden aprobarse bases generales para sucesivas convocatorias: las aprueba la persona titular de la Consejería competente en materia de Función Pública para el personal funcionario de la Administración General y el laboral del Convenio Colectivo. Las convocatorias de ese personal corresponden a dicha Consejería, se publican en el BOJA o boletín oficial correspondiente y vinculan a la Administración, a los órganos de selección y a quienes participan.

Artículo 114. Relación de personas aprobadas

Los órganos de selección no pueden proponer el acceso de más personas aprobadas que plazas convocadas, excepto cuando lo prevea la propia convocatoria. Si hay cursos o período de prácticas, el límite se refiere a sus resultados definitivos. Si se propuso igual número de aspirantes que de plazas y hay renuncias antes del nombramiento, contratación, toma de posesión o incorporación, el órgano convocante puede requerir una relación complementaria. En caso de empate, las bases pueden dar prioridad al sexo cuya presencia sea inferior al cuarenta por ciento en la fecha de publicación de la oferta.

Artículo 115. Selección de personal funcionario interino y personal laboral temporal

El personal funcionario interino y el laboral temporal se seleccionan por procedimientos ágiles que garanticen igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Las bolsas de empleo son el instrumento preferente y su criterio preferente de ordenación es la mayor puntuación en la fase de oposición. Agotadas las bolsas, se remite oferta al órgano gestor de las políticas de empleo. Los puestos vacantes así ocupados se incluyen en la oferta de empleo público del ejercicio del nombramiento o contrato y, si no fuera posible, en el siguiente, salvo supresión o amortización.

Artículo 116. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera

La condición de personal funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente: superación del proceso selectivo, incluidas, en su caso, prácticas o pruebas; acreditación, en su caso, de los requisitos de la convocatoria dentro del plazo que se establezca y siempre antes del nombramiento; nombramiento publicado en el BOJA o boletín correspondiente; acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía para Andalucía y del resto del ordenamiento jurídico; y toma de posesión en plazo. Quien no acredite los requisitos no puede ser nombrado y quedan sin efecto las actuaciones.

Artículo 117. Causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera

Son cinco las causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera: la renuncia a la condición de personal funcionario; la pérdida de la nacionalidad, salvo que no sea requisito de acceso, en los términos del artículo 119; la jubilación total; la sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tenga carácter firme.

Artículo 118. Renuncia a la condición de personal funcionario

La renuncia voluntaria a la condición de personal funcionario debe manifestarse por escrito y ser aceptada expresamente por la Administración. No puede aceptarse cuando la persona esté sujeta a procedimiento disciplinario o se haya dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la presunta comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 119. Pérdida de la nacionalidad

Determina la pérdida de la condición de personal funcionario la pérdida de la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento: la española, la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, por tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, se aplique la libre circulación de personas trabajadoras. La excepción: que de forma simultánea se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 120. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo

El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía puede solicitar prolongar su permanencia en el servicio activo hasta el límite de los setenta años. Se concede por períodos de un año, renovables anualmente a solicitud de la persona interesada; si no lo solicita en plazo, se declara de oficio la jubilación forzosa. La resolución es motivada y se basa en algunos de estos criterios: razones organizativas, evaluación del desempeño, capacidad psicofísica e informe favorable del órgano de personal. Quedan excluidos los cuerpos con normas específicas de jubilación.

Artículo 121. Rehabilitación de la condición de personal funcionario de carrera

Quien pierde la condición de funcionario de carrera por pérdida de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio puede solicitar la rehabilitación: la concede cada Consejería (o el órgano competente en las demás Administraciones), previa acreditación documental de que desapareció la causa. Si la pérdida fue por condena a inhabilitación, el Consejo de Gobierno puede concederla con carácter excepcional; el silencio es desestimatorio. Al rehabilitado se le adjudica un puesto provisional y debe concursar; el período intermedio no computa para ascensos ni trienios.

Artículo 122. Adquisición y pérdida de la condición de personal laboral fijo

La condición de personal laboral fijo se adquiere cumpliendo sucesivamente cinco requisitos: superar el proceso selectivo; formalizar el contrato por el órgano competente (su inscripción en el Registro General de Personal es el momento en que la Junta manifiesta su voluntad de contratar); acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento; incorporarse al puesto en plazo, y superar el período de prueba que corresponda. Se pierde por las causas de extinción del contrato de la normativa laboral y del convenio, incluida la no superación del período de prueba.

Artículo 123. Principios generales

Garantiza al personal funcionario el desempeño efectivo de las funciones del cargo para el que fue nombrado, sea cual sea su puesto. Los puestos de funcionarios de carrera se proveen, con carácter ordinario, por concurso y libre designación, según los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y, en libre designación, idoneidad. Los procedimientos extraordinarios atienden principalmente a las necesidades del servicio, la urgencia y las circunstancias del funcionario. Caben reglas de movilidad voluntaria si hay sectores prioritarios con necesidades de efectivos.

Artículo 124. Procedimientos ordinarios de provisión

La provisión ordinaria de los puestos que vayan a desempeñar funcionarios de carrera se hace por convocatoria pública y a través de dos procedimientos: el concurso, que puede ser general o específico, y la libre designación con convocatoria pública. Todo ello conforme a lo dispuesto en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 125. Otros procedimientos de provisión de carácter extraordinario

Los puestos también pueden proveerse por diez procedimientos de carácter extraordinario: movilidad voluntaria provisional; movilidad temporal y estructural; movilidad forzosa provisional o definitiva; reasignación de efectivos; adscripción provisional; permuta; movilidad funcional; movilidad entre Administraciones públicas; movilidad por razones de salud, y movilidad por razones de violencia de género. Además, por cualquier procedimiento o sistema que establezca la normativa estatal de carácter básico.

Artículo 126. Concurso general

El concurso general valora méritos y capacidades según las bases de la convocatoria. Se tramita preferentemente como concurso abierto y permanente; si razones organizativas lo desaconsejan, se convoca una vez al año, con solicitudes en un máximo de diez días hábiles y resolución en seis meses desde las listas definitivas. Valoran órganos colegiados de carácter técnico. Para participar por primera vez se exigen dos años en el puesto definitivo, y otros dos en el puesto obtenido para volver a concursar. Cabe remoción, previa audiencia y resolución motivada.

Artículo 127. Concurso específico

El concurso específico se aplica cuando lo establece la relación de puestos de trabajo y tiene dos fases: general (méritos de los concursos generales, 45 % de la puntuación) y específica (capacidades y aptitudes, 55 %). Valora una comisión técnica designada por la autoridad convocante. Solicitudes: máximo diez días hábiles; resolución: un mes, ampliable hasta cuatro. Exige tres años de experiencia como funcionario en el mismo subgrupo o grupo y tres de permanencia en el puesto obtenido. Si queda desierto y hay urgencia, cabe adjudicación provisional por no más de seis meses.

Artículo 128. Libre designación

La libre designación con convocatoria pública es la apreciación discrecional de la idoneidad y competencias de los candidatos. Se aplica a puestos singularizados y, en todo caso, a los de especial responsabilidad, colaboración y disponibilidad y a los que requieran confianza personal. Proveen los titulares de Consejerías y agencias, a propuesta motivada del titular del centro, organismo u órgano del puesto. Solicitudes: máximo diez días hábiles desde la publicación en BOJA; resolución: un mes, ampliable motivadamente un mes más. El cese es discrecional, pero expresamente motivado.

Artículo 129. Movilidad voluntaria provisional

Un puesto de concurso general desocupado puede cubrirse provisionalmente, por necesidades urgentes, inaplazables o funcionales, con un funcionario de carrera del mismo cuerpo y especialidad que reúna los requisitos y consienta, previa convocatoria pública en la sede electrónica de la Consejería competente en Función Pública. Designa el titular de la Consejería o agencia del puesto desocupado; la de origen autoriza con carácter general. Puede extinguirse en cualquier momento. Hay reserva del puesto de origen y se perciben las retribuciones del puesto efectivamente desempeñado.

Artículo 130. Movilidad temporal y estructural

El titular de la Consejería competente en Función Pública puede, transitoriamente y en tanto se aprueba la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo, acordar el destino temporal del personal por reestructuración orgánica, traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma, u otras circunstancias excepcionales y urgentes, precepto legal, acuerdo del Consejo de Gobierno o resolución judicial. Límite: seis meses prorrogables por un único período igual, salvo que persistan los motivos y la persona quiera expresamente continuar. No puede exceder del límite provincial.

Artículo 131. Movilidad forzosa provisional por cargas de trabajo

Con necesidades de servicio o funcionales expresamente motivadas, y si el puesto no pudo proveerse por el procedimiento del artículo 129, el titular de la Consejería o agencia puede disponer, en su ámbito, el traslado forzoso y provisional a un puesto desocupado; hacia otra Consejería o agencia lo dispone el titular de la Consejería competente en Función Pública. Se respeta la localidad salvo casos motivados; no excede la provincia ni seis meses, salvo que persistan los motivos y la persona quiera continuar. Si el puesto retribuye menos, complemento personal transitorio por la diferencia.

Artículo 132. Movilidad forzosa definitiva

La Administración de la Junta puede trasladar motivadamente al funcionario de carrera a consejerías, unidades, departamentos, organismos o entidades distintos de los de su destino, por necesidades de servicio o funcionales, respetando retribuciones, carácter de ocupación y condiciones esenciales de trabajo. Si afecta a dos consejerías distintas (o a dos agencias de ellas dependientes) lo acuerda la Consejería competente en Función Pública, previo informe de las afectadas; dentro de una misma consejería, esta. No puede exceder del límite provincial. Hay derecho a indemnización.

Artículo 133. Reasignación de efectivos

El funcionario de carrera cuyo puesto se suprima por un plan de ordenación de recursos humanos u otro instrumento del artículo 90 podrá ser destinado, por reasignación de efectivos, con carácter definitivo y respetando el tramo consolidado, a otro puesto de su cuerpo y especialidad. Se aplican los criterios objetivos del plan (capacidades, aptitudes, formación y experiencia) y lo que fije el reglamento, previa negociación colectiva. Si por motivos excepcionales hay cambio de residencia, prioridad a la voluntariedad. Hay derecho a las indemnizaciones reglamentarias por traslado forzoso.

Artículo 134. Adscripción provisional

Tras la remoción de un puesto de concurso o el cese en libre designación, el funcionario de carrera es adscrito provisionalmente a un puesto de su cuerpo o especialidad, respetando el tramo consolidado y preferentemente en la misma localidad, desde el día siguiente al cese. Debe concursar, dentro de los dos años siguientes al del cese, a puestos de la localidad de adscripción. Si viene de una situación sin esas garantías, a todos los concursos generales de la provincia; por sanción, sin límite provincial. Quien incumpla queda a disposición de la Consejería competente en Función Pública.

Artículo 135. Permuta

El funcionario de carrera puede permutar el puesto al que esté adscrito de forma definitiva y que obtuvo en un proceso de acceso o en un concurso general. Autoriza la Consejería afectada si la permuta es entre personas de su ámbito, de sus agencias administrativas o de régimen especial, o entre el personal de estas y el de la Consejería; en el resto de casos, la Dirección General competente en Función Pública. Siempre hace falta informe previo de los órganos competentes en materia de personal. No puede modificar las condiciones retributivas o profesionales.

Artículo 136. Atribución temporal de funciones

Por necesidades del servicio o funcionales motivadas y por el tiempo indispensable, quien ostente la Viceconsejería (u órgano equivalente en agencias), o su delegado, puede asignar temporalmente a funcionarios funciones propias de su cuerpo no asignadas a puestos o que no puedan atenderse con suficiencia. Se cobra por el puesto de pertenencia, más indemnizaciones por razón del servicio en su caso. Máximo seis meses, prorrogable otros seis por resolución motivada; si persiste la necesidad y la persona lo manifiesta expresamente, mientras persista. Prioridad a la voluntariedad si es posible.

Artículo 137. Movilidad interadministrativa

Se garantiza la movilidad de funcionarios de carrera de otras Administraciones, según las relaciones de puestos de trabajo, la convocatoria, la reciprocidad y los convenios. Quien obtuvo destino por concurso y sufre remoción o supresión permanece en la Junta, que debe asignarle puesto. Si cesa en libre designación, la Junta tiene un mes máximo desde el día siguiente al cese para adscribirlo o notificarle que no lo hará; después, debe pedir en un mes máximo el reingreso en su Administración de origen. Especial consideración a las funcionarias víctimas de violencia de género.

Artículo 138. Comisión de servicios interadministrativa

Movilidad voluntaria: el funcionario de carrera presta servicios temporalmente en otra Administración. Exige acuerdo previo de las Administraciones y aceptación del interesado; máximo un año, prorrogable anualmente hasta cuatro. Solo reserva puesto si se obtuvo por concurso general y no supera un año, salvo que el Consejo de Gobierno autorice más por interés público. En la Administración General de la Junta autoriza, prorroga y revoca la Consejería competente en Función Pública. Paga la Administración donde se presta el servicio; para la carrera solo cuenta el nivel del puesto de origen.

Artículo 139. Comisión de servicios en programas de cooperación internacional

La Consejería competente en Función Pública puede autorizar comisiones de servicio a funcionarios de carrera para misiones por período determinado de cooperación al servicio de organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras, si consta el interés de ambas instituciones y se justifica que su personal no puede realizar las funciones. Máximo seis meses, con reserva del puesto si se obtuvo por concurso general. La resolución decide si se cobra por el puesto de origen o por el desempeñado. Los servicios computan a todos los efectos; para la carrera, solo el nivel de origen.

Artículo 140. Regulación y procedimiento

La provisión de puestos de trabajo y la movilidad del personal laboral se realizan, en primer lugar, de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación. Solo en su defecto se acude al sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo 141. Disposiciones generales

Los procedimientos de movilidad del capítulo están condicionados a que existan puestos dotados y vacantes adecuados al cuerpo, especialidad o categoría profesional de la persona interesada, preferentemente de similares condiciones retributivas a las del puesto de origen, y a que se cumplan todos los requisitos de la relación de puestos de trabajo. No obstante, cumpliendo los demás requisitos, cabe el traslado a un puesto no ocupado cuyo titular tenga derecho a la reserva, hasta tanto no se incorpore.

Artículo 142. Movilidad por razones de salud

La Administración de la Junta de Andalucía podrá adscribir a su personal funcionario o laboral fijo a puestos en distinta unidad o localidad, previa solicitud por razones de salud o rehabilitación del solicitante, de su cónyuge o pareja de hecho (Ley 5/2002), de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad que estén a su cargo, o de menores en acogimiento permanente. El carácter definitivo o provisional, los procedimientos y los requisitos se desarrollan por reglamento, previa negociación colectiva, en el ámbito respectivo de funcionarios y laborales.

Artículo 143. Movilidad por razones de violencia de género

Las empleadas públicas de la Administración General de la Junta víctimas de violencia de género obligadas a dejar su puesto en la localidad tienen derecho al traslado a otro de su cuerpo, especialidad o categoría, del mismo nivel o análogo, sin que deba ser vacante de necesaria cobertura. Si el nuevo puesto se retribuye menos que el definitivo obtenido por concurso, complemento personal transitorio. El traslado es forzoso, los destinos no se hacen públicos y cabe un traslado provisional durante la tramitación. Para interinas y laborales temporales, la adjudicación es provisional.

Artículo 144. Situaciones administrativas del personal funcionario de carrera

El personal funcionario de carrera se halla en alguna de estas siete situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia voluntaria, excedencia forzosa, expectativa de destino y suspensión de funciones, en los términos de la normativa estatal básica y con las particularidades del título. Quien no esté en servicio activo puede cambiar de situación si reúne los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingresar antes al servicio activo.

Artículo 145. Servicio activo

Está en servicio activo quien presta servicios como personal funcionario de carrera en la Administración pública, siempre que no le corresponda quedar en otra situación. Quien está en servicio activo disfruta de todos los derechos inherentes a su condición de personal funcionario de carrera y queda sujeto a los deberes y responsabilidades derivados de ella.

Artículo 146. Servicios especiales

Servicios especiales: se declara, entre otros, al ser miembro del Gobierno o alto cargo, por misión internacional de más de seis meses, parlamentario con retribución periódica, cargo electivo local retribuido y de dedicación exclusiva, personal eventual que no opte por el servicio activo o reservista voluntario activado. Se perciben las retribuciones del cargo, más los trienios. El tiempo computa para ascensos, carrera, trienios, promoción interna y Seguridad Social. Se reserva el mismo puesto si se obtuvo con carácter definitivo por concurso; en otro caso, reingreso en la misma localidad.

Artículo 147. Servicio en otras Administraciones públicas

Se declara en servicio en otras Administraciones públicas a quien obtiene destino en una Administración distinta por transferencias, concurso o libre designación. El transferido se integra plenamente en la función pública de destino, en servicio activo en ella, respetándose su grupo o subgrupo y los derechos económicos de su carrera. Quien llegó por concurso o libre designación se rige por la legislación de la Administración de destino, pero conserva su condición de funcionario de la Junta y el derecho a participar en sus convocatorias de provisión; ese tiempo le computa como servicio activo.

Artículo 148. Excedencia voluntaria

La excedencia voluntaria puede adoptar nueve modalidades: por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género, por razón de violencia terrorista, por prestación de servicios en el sector público andaluz, por incompatibilidad, con reserva de puesto e incentivada.

Artículo 149. Excedencia voluntaria por interés particular

Excedencia voluntaria por interés particular: exige dos años de servicios efectivos inmediatamente anteriores en cualquier Administración pública y obliga a permanecer en ella un mínimo de un año; para repetirla, dos años de servicios efectivos desde el final de la anterior. Queda subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas y no cabe con procedimiento disciplinario en instrucción o sanción pendiente de cumplir. También se declara si no se solicita el reingreso en plazo. No se devengan retribuciones ni computa para ascensos, trienios y Seguridad Social.

Artículo 150. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Excedencia voluntaria por agrupación familiar: puede concederse, sin el requisito de servicios efectivos previos y con permanencia mínima de un año, al funcionario de carrera cuyo cónyuge o pareja de hecho resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en las Administraciones y entidades que el precepto enumera. No se devengan retribuciones ni computa para ascensos, trienios y Seguridad Social; se puede participar en cursos de formación de la Administración, sin derecho a indemnización.

Artículo 151. Excedencia por cuidado de familiares

Excedencia por cuidado de familiares: derecho a un período no superior a tres años, sin servicios previos mínimos, para cuidar de cada hijo o hija (por naturaleza, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente) o del cónyuge, pareja de hecho o familiar a cargo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o persona bajo su guarda y custodia, que no pueda valerse por sí misma y no desempeñe actividad retribuida. Puede fraccionarse; el período es único por persona causante. Computa para trienios y carrera, con reserva del puesto definitivo.

Artículo 152. Excedencia por razón de violencia de género

Las funcionarias víctimas de violencia de género pueden solicitar la excedencia sin tiempo mínimo de servicios previos ni plazo de permanencia. Durante los doce primeros meses tienen reserva del puesto que desempeñen y el período computa para antigüedad y carrera profesional; si las actuaciones judiciales lo exigen, se puede prorrogar por tres meses hasta un máximo de dieciocho desde el inicio de la excedencia. Durante los cuatro primeros meses perciben las retribuciones íntegras. Pueden participar en cursos de formación de la Administración, sin derecho a indemnización.

Artículo 153. Excedencia por razón de violencia terrorista

El personal funcionario de carrera que haya sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, y también el personal amenazado en los términos dispuestos en la legislación estatal, tiene derecho a un período de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género, por el tiempo que resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede.

Artículo 154. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz

El funcionario de carrera que pase a prestar servicios como personal contratado de una agencia de régimen especial o de una agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía queda en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Ese trabajo se valora en los concursos de méritos de la Administración General de la Junta. La agencia le reconoce los servicios previos a efectos de antigüedad; al reingresar, el tiempo en la agencia computa para trienios. Reingresa en la misma localidad y con iguales retribuciones complementarias que su último puesto definitivo.

Artículo 155. Excedencia por incompatibilidad

Puede declararse la excedencia por incompatibilidad al funcionario de carrera que esté en servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o que pase a prestar servicios como laboral fijo o como directivo con contrato laboral de alta dirección en cualquier Administración pública, organismo o entidad del sector público y no le corresponda otra situación. En este segundo caso el tiempo computa para trienios al reingresar, salvo si los servicios se prestan en entidades del sector público con personalidad jurídica privada. Ser interino o laboral temporal no habilita para esta situación.

Artículo 156. Excedencia con reserva de puesto

Excedencia con reserva de puesto: puede solicitarse si las necesidades del servicio debidamente motivadas lo permiten y tras diez años de servicios efectivos en cualquier Administración pública; dura un mínimo de seis meses y un máximo de un año, y solo puede repetirse tras cinco años de servicios efectivos desde el final de la anterior. Durante ella no se puede prestar servicio en ninguna Administración pública, no se devengan retribuciones y el tiempo no computa para ascensos, trienios y Seguridad Social. No cabe con procedimiento disciplinario en instrucción o sanción pendiente.

Artículo 157. Excedencia voluntaria incentivada

El funcionario de carrera puede pedir la excedencia voluntaria incentivada si está afectado por una reasignación de efectivos derivada de un plan de ordenación de recursos humanos (desde la publicación del plan), en expectativa de destino o en excedencia forzosa por un plan de ordenación. Se concede a instancia de parte, con permanencia de cinco años. Da derecho, por una sola vez, a una mensualidad de las retribuciones periódicas del último puesto, sin pagas extraordinarias, por año completo de servicios, máximo doce meses. El tiempo no computa para carrera, trienios ni Seguridad Social.

Artículo 158. Excedencia forzosa

La excedencia forzosa se produce: a) para quien está en expectativa de destino, por transcurrir su período máximo o incumplir sus obligaciones; b) para quien procede de suspensión, pide el reingreso y no puede concedérsele en seis meses desde la extinción de la responsabilidad, por falta de vacante dotada. Se perciben las retribuciones básicas y, si corresponde, las prestaciones familiares por hijos a cargo, y el tiempo computa para carrera, trienios y Seguridad Social. No se pueden ocupar puestos en el sector público, salvo los supuestos de incompatibilidades y previa autorización.

Artículo 159. Expectativa de destino

El funcionario de carrera afectado por la reasignación de efectivos del artículo 133 que no obtenga destino podrá ser declarado en expectativa de destino. Percibe las retribuciones básicas, el tramo de carrera consolidado y el cincuenta por ciento del complemento del puesto que ejercía. Está obligado a aceptar destino en puestos similares ofrecidos en la misma localidad, a participar en los concursos de puestos adecuados situados en esa localidad y en los cursos de capacitación a los que se le convoque. Dura como máximo un año; después se pasa a excedencia forzosa.

Artículo 160. Suspensión de funciones

La suspensión de funciones puede ser provisional o firme y priva del ejercicio de las funciones y de los derechos inherentes a la condición. La provisional cabe en un procedimiento disciplinario, por un máximo de seis meses salvo paralización imputable a la persona interesada, y en un procedimiento penal; durante ella se cobran las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo, y se mantiene el puesto definitivo. La firme se impone por sentencia penal o sanción disciplinaria; por sanción no puede exceder de seis años y supone perder el puesto si excede de seis meses.

Artículo 161. Suspensión de funciones por razón de procedimiento o condena penal

Si en un procedimiento penal se acuerda prisión provisional u otras medidas que impidan desempeñar el puesto, se declara la suspensión provisional por todo ese tiempo, con las retribuciones básicas y, en su caso, prestaciones por hijo a cargo, y se mantiene el puesto definitivo. Sin esas medidas, la persona encausada puede ser suspendida, previa audiencia y motivadamente, si lo justifica la naturaleza de los hechos; entonces percibe la totalidad de sus retribuciones. La condena firme que impida desempeñar el puesto lleva a suspensión firme, con pérdida del puesto si excede de seis meses.

Artículo 162. Reingreso al servicio activo

El funcionario de carrera sin puesto reservado reingresa de forma ordinaria participando en las convocatorias de concurso o libre designación. También puede reingresar por adjudicación provisional de una vacante adecuada y dotada presupuestariamente, en los términos del artículo 134. Un reglamento regulará plazos, procedimientos y condiciones según la situación de procedencia, respetando la reserva de puesto cuando proceda; en los demás casos el reingreso depende de que exista vacante dotada. El reglamento fijará también el orden de prelación si coinciden varias solicitudes sin reserva.

Artículo 163. Situaciones administrativas del personal funcionario interino

El funcionario interino puede estar en servicio activo, excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género o por violencia terrorista, y suspensión de funciones. Cesa, esté en activo, excedente o suspendido, si su puesto se provee reglamentariamente o concurre una causa legal de cese; también por suspensión firme superior a seis meses. Su nombramiento puede suspenderse por designación por decreto del Consejo de Gobierno para un alto cargo, por nombramiento como eventual, por ser miembro del Parlamento de Andalucía o de las Cortes Generales o por cargo electivo local en Andalucía.

Artículo 164. Situaciones administrativas del personal laboral

Los convenios colectivos podrán determinar que al personal laboral incluido en su ámbito de aplicación se le apliquen las situaciones administrativas previstas en el título de la ley dedicado a ellas, pero solo en todo aquello que resulte compatible con la legislación laboral. Es una posibilidad que queda en manos del convenio, no una aplicación directa.

Artículo 165. Responsabilidad disciplinaria

El personal incluido en la ley queda sujeto al régimen disciplinario de la normativa estatal básica y de este título, sin perjuicio de normas sectoriales, laborales y convenios. Responden disciplinariamente las personas autoras de las faltas; inductoras y encubridoras, conforme a la normativa estatal básica. Si la situación administrativa impide cumplir la sanción, se hará efectiva cuando el cambio de situación lo permita, salvo prescripción de la sanción. Perder la condición de funcionario o laboral impide exigir responsabilidad disciplinaria, pero no libera de la patrimonial o penal.

Artículo 166. Principios de la potestad disciplinaria

La potestad disciplinaria se ejerce conforme a siete principios: legalidad y tipicidad de faltas y sanciones (por predeterminación normativa o, para el personal laboral, por convenios colectivos y legislación laboral); irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, también para sanciones pendientes de cumplimiento; proporcionalidad, tanto en la clasificación de infracciones y sanciones como en su aplicación; culpabilidad; presunción de inocencia; responsabilidad; y prescripción.

Artículo 167. Concepto y clasificación de las faltas disciplinarias

Son faltas disciplinarias las acciones u omisiones tipificadas en tres fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley y, en su caso, los convenios colectivos que sean de aplicación. De conformidad con la normativa estatal básica, las faltas se clasifican en tres clases: muy graves, graves y leves.

Artículo 168. Faltas muy graves

Muy graves: las de la normativa estatal básica y, además: delito doloso contra la libertad e indemnidad sexuales con sentencia firme y víctima relacionada con las funciones; actividades personales o profesionales en jornada, reiteradas o con ánimo de lucro; agresión física; menoscabo de fondos públicos declarado firme por jurisdicción ordinaria o contable; incumplimiento muy grave en prevención; abuso de autoridad con perjuicio grave; daños graves al patrimonio; agresión verbal muy grave; tercera falta grave en dos años; tolerancia de faltas muy graves; actuaciones manifiestamente ilegales.

Artículo 169. Faltas graves

Enumera las faltas graves, letras a) a u). Con cifra: tercera falta injustificada de asistencia en seis meses si las dos anteriores se sancionaron como leves; incumplimiento injustificado de jornada de un mínimo de diez horas al mes; mínimo de siete faltas de puntualidad al mes; tercera falta leve en seis meses con dos sanciones firmes en vía administrativa. Entre otras: desobedecer órdenes o incumplir incompatibilidades cuando no sea muy grave, intervenir con causa de abstención por dolo o negligencia inexcusable, tolerar faltas graves, uso indebido reiterado de medios y aceptar regalos.

Artículo 170. Faltas leves

Faltas leves, letras a) a n). Muchas lo son por no llegar a grave: retraso, negligencia o descuido en las funciones; trato irrespetuoso; incumplir normas de prevención, trámites y plazos, discreción, horario o asistencia. Otras: intervenir por negligencia excusable con causa de abstención, no comunicar antes la falta justificada (salvo imposibilidad probada), faltar sin justificar a cursos obligatorios, presentar fuera de plazo sin justificación los partes de baja, uso indebido de medios, descuido en la conservación sin perjuicio grave y cualquier otro incumplimiento no grave ni muy grave.

Artículo 171. Sanciones

Muy graves: suspensión de un año y un día como mínimo (máximo, el de la normativa básica), con pérdida del puesto en todo caso; traslado forzoso, demérito y suspensión en bolsas (accesoria, para interinos y temporales), máximo un año. Graves: suspensión de diez días a un año, con pérdida del puesto si excede de seis meses; traslado, demérito y bolsas, máximo seis meses. Leves: suspensión de hasta siete días, apercibimiento por escrito y bolsas hasta siete días. En todos los casos cabe imponer, como accesoria, la obligación de realizar cursos de formación sobre ética e integridad pública.

Artículo 172. Principio de proporcionalidad, criterios de graduación de las sanciones y exención de la responsabilidad disciplinaria

Al sancionar hay que justificar la proporcionalidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho. Se gradúa con los criterios de la normativa básica estatal. Reiteración: sanción firme por otra falta, sea cual sea su gravedad. Reincidencia: sanción firme por otra falta de la misma naturaleza. En ambas, con antecedentes no cancelados. Infracción continuada: pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo precepto u otros de la misma naturaleza, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión; solo se aplica la sanción de la más grave.

Artículo 173. Prescripción de las faltas y sanciones

La ley andaluza no fija aquí plazos propios: la prescripción de las faltas y de las sanciones, el cómputo del plazo de prescripción y la interrupción de la prescripción se rigen por lo establecido en la normativa estatal de carácter básico.

Artículo 174. Procedimiento disciplinario

Se rige por la normativa básica estatal, esta ley y demás normas aplicables. No hay sanción sin procedimiento; las faltas leves, por procedimiento sumario, de tramitación abreviada y con audiencia (la suspensión del personal laboral por falta leve sigue el de graves y muy graves). Duración máxima: doce meses; después, caducidad de oficio y archivo, que no interrumpe la prescripción ni impide un nuevo procedimiento si la falta no ha prescrito. Las represalias contra la persona denunciante son nulas de pleno derecho, salvo que se acredite su legitimidad y falta de relación causal.

Artículo 175. Derechos del personal en el procedimiento disciplinario

El personal tiene en el procedimiento los derechos del artículo 53.1 de la Ley 39/2015 y, además: ser notificado de la identidad de la persona instructora, de quien ejerza la secretaría, de la autoridad competente para resolver y de la norma que le atribuye la competencia, y recusarlas (la recusación suspende el procedimiento hasta que se resuelva); ser notificado de hechos, faltas, posibles sanciones y resolución final; alegar, proponer pruebas y defenderse; actuar asistido de asesor, persona letrada o representación sindical; y presunción de inexistencia de responsabilidad disciplinaria.

Artículo 176. Inscripción y cancelación de las sanciones

Las sanciones disciplinarias se inscriben en el registro de personal correspondiente, indicando las faltas que las motivaron. La inscripción se cancela a solicitud de la persona interesada o de oficio, una vez transcurridos períodos equivalentes a los de prescripción de las sanciones. Las inscripciones canceladas, o las que hubieran debido cancelarse, no computan a efectos de reincidencia o reiteración.

Artículo 177. Extinción de la responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se extingue por cumplimiento de la sanción, prescripción de la falta o de la sanción, pérdida de la condición de personal funcionario o laboral (salvo los supuestos del artículo 165.5) y fallecimiento. Si esa pérdida ocurre durante el procedimiento, se dicta resolución que lo declara extinguido, salvo que la persona interesada inste su prosecución y así se acuerde; la extinción y archivo comporta el alzamiento de las medidas provisionales. En los supuestos del artículo 165.5, la extinción del procedimiento no comporta la de la responsabilidad disciplinaria.

Artículo 178. Relaciones de cooperación entre las Administraciones públicas

En las materias de esta ley, la actuación y las relaciones de las Administraciones públicas de Andalucía se fundamentan en los principios establecidos en la normativa estatal de carácter básico. Para conseguir objetivos comunes pueden celebrar convenios y llevar a cabo planes y programas conjuntos de actuación en materia de empleo público.

Artículo 179. Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía

Se creará la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía, órgano técnico colegiado de consulta, asesoramiento y participación, adscrito a la Consejería competente en Administración pública. La componen representantes de las Consejerías de Administración pública, Educación, Salud y Justicia; de la Administración Local, designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; y de las Universidades públicas, designados por el Consejo Andaluz de Universidades. Elabora los estudios e informes que se le soliciten y lo que le encomiende una norma legal o reglamentaria.

Artículo 180. Comisión de Coordinación y Supervisión de la Evaluación del Desempeño

Se creará la Comisión de Coordinación y Supervisión de la Evaluación del Desempeño, órgano técnico colegiado de consulta, asesoramiento y participación, adscrito a la Consejería competente en Administración pública. La componen representantes de las Consejerías de Hacienda y de Administración pública, del Instituto Andaluz de Administración pública y de los órganos directivos con competencias en régimen de personal de la Junta de Andalucía, según su norma de creación. Elabora los estudios e informes solicitados y valida previamente los sistemas de evaluación para que puedan producir efectos.

Artículo 181. Formación en igualdad

Los planes de formación en materia de igualdad y no discriminación los establece la Consejería competente en materia de Función Pública, a través del Instituto Andaluz de Administración pública y en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 182. Planes de igualdad

La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades del sector público instrumental incluidas en el ámbito de aplicación de la ley aprobarán planes de igualdad de género, para garantizar la igualdad efectiva de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, de conformidad con la normativa sectorial reguladora de la materia.

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales

La normativa sobre prevención de riesgos laborales la forman tres bloques: la propia Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma

La Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante medidas y actividades de prevención de los riesgos derivados del trabajo. Establece principios generales (prevención de riesgos profesionales, eliminación o disminución de riesgos, información, consulta, participación equilibrada y formación) y regula las actuaciones de Administraciones públicas, empresarios, trabajadores y sus organizaciones representativas. Sus disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable y desarrollable por convenio colectivo.

Artículo 3. Ambito de aplicación

La Ley se aplica a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores, a las de carácter administrativo o estatutario del personal de las Administraciones Públicas y a las cooperativas con socios que presten trabajo personal. No se aplica en las actividades cuyas particularidades lo impidan en policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. En centros y establecimientos militares sí se aplica, con particularidades.

Artículo 4. Definiciones

Define ocho conceptos. Prevención: actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos. Riesgo laboral: posibilidad de sufrir un daño derivado del trabajo; su gravedad se califica valorando conjuntamente probabilidad y severidad. Daños: enfermedades, patologías o lesiones. Riesgo grave e inminente: probable racionalmente, en un futuro inmediato y con daño grave para la salud. También define «potencialmente peligrosos», equipo de trabajo, condición de trabajo y equipo de protección individual.

Artículo 5. Objetivos de la política

La política de prevención promueve la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud. Se orienta a coordinar a las Administraciones, que se prestarán cooperación y asistencia, y se elabora con participación de empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones más representativas. Estas promoverán la educación preventiva y la igualdad entre mujeres y hombres, y podrán adoptar programas con incentivos destinados especialmente a las pequeñas y medianas empresas, sobre las que se exige un informe en las disposiciones generales.

Artículo 6. Normas reglamentarias

El Gobierno, mediante normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará: requisitos mínimos de las condiciones de trabajo; limitaciones o prohibiciones de operaciones, procesos y exposiciones; condiciones especiales como formación previa o un plan de medidas; evaluación de riesgos; servicios de prevención; trabajos especialmente peligrosos; y calificación de enfermedades profesionales. Esas normas se coordinarán con la normativa sanitaria y de seguridad industrial y se evaluarán y, en su caso, revisarán periódicamente.

Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral

Las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollan funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control, y sancionan las infracciones: promueven la prevención y el asesoramiento de los órganos técnicos, velan por el cumplimiento mediante vigilancia y control y sancionan los incumplimientos. En los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan técnica minera, con explosivos o con energía nuclear, esas funciones siguen a cargo de los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.

Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que analiza y estudia las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y promueve y apoya su mejora. Asesora en la elaboración de la normativa, promueve formación e investigación, apoya a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y colabora con organismos internacionales. Es centro de referencia nacional ante las Instituciones de la Unión Europea y ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila y controla la normativa de prevención: vigila su cumplimiento y propone la sanción a la autoridad laboral; asesora e informa a empresas y trabajadores; elabora informes para los Juzgados de lo Social; informa a la autoridad laboral de los accidentes mortales, muy graves o graves; comprueba las obligaciones de los servicios de prevención; y ordena la paralización inmediata ante riesgo grave e inminente. Los funcionarios técnicos de las Administraciones remiten informe a la Inspección si hay infracción e incumplimiento de previo requerimiento.

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria

Las Administraciones sanitarias actúan en salud laboral a través de las acciones del capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Les corresponde: establecer medios para evaluar y controlar las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención, con pautas y protocolos fijados oídas las sociedades científicas; implantar sistemas de información para elaborar, junto con las autoridades laborales, mapas de riesgos laborales y realizar estudios epidemiológicos; supervisar la formación del personal sanitario; y elaborar y divulgar estudios, investigaciones y estadísticas.

Artículo 11. Coordinación administrativa

La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención y la investigación y vigilancia epidemiológica obligan a coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y de industria. En ese marco, la Administración laboral velará para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente y de la Administración competente en materia de industria.

Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores

La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales.

Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo asesora a las Administraciones públicas y es órgano de participación institucional. La integran un representante por Comunidad Autónoma, igual número de la Administración General del Estado y, paritariamente, organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Acuerda por mayoría: las Administraciones, un voto por representante; las organizaciones, dos. Preside el Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales; cuatro Vicepresidentes; Secretaría: Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en seguridad y salud, que comprende información, consulta y participación, formación preventiva, paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. El empresario debe garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo y seguir de forma permanente la actividad preventiva. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones y el concierto con entidades especializadas complementan su acción sin eximirle. El coste no recae en modo alguno sobre los trabajadores.

Artículo 15. Principios de la acción preventiva

Nueve principios: evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatirlos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso; planificar la prevención; anteponer la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones. El empresario considera las capacidades profesionales al encomendar tareas, reserva las zonas de riesgo grave y específico a quien tenga información suficiente y adecuada y prevé las distracciones o imprudencias no temerarias. Cabe concertar seguros sobre riesgos derivados del trabajo.

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

La prevención se integra en la gestión de la empresa mediante un plan de prevención, que incluye estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. Sus instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. La evaluación se actualiza cuando cambian las condiciones de trabajo y se revisa, si fuera necesario, con ocasión de daños para la salud. La planificación fija para cada actividad plazo, responsables y recursos humanos y materiales. Ante un daño para la salud, el empresario investiga las causas.

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

El empresario debe lograr que los equipos de trabajo sean adecuados y estén convenientemente adaptados. Si su utilización puede presentar un riesgo específico, queda reservada a los encargados de ella, y la reparación, transformación, mantenimiento o conservación, a los trabajadores específicamente capacitados. Debe proporcionar equipos de protección individual adecuados y velar por su uso efectivo; estos se utilizan cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente con protección colectiva o con medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

El empresario debe procurar que los trabajadores reciban toda la información necesaria sobre los riesgos (de la empresa en su conjunto y de cada tipo de puesto o función), las medidas de protección y prevención aplicables y las medidas adoptadas conforme al artículo 20. Si hay representantes de los trabajadores, la información se facilita a través de ellos, pero los riesgos específicos del puesto o función y sus medidas se comunican directamente a cada trabajador. El empresario debe consultar a los trabajadores y permitir su participación; estos pueden hacerle propuestas de mejora.

Artículo 19. Formación de los trabajadores

El empresario debe garantizar a cada trabajador una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva: al contratarlo, cualquiera que sea la modalidad o duración del contrato, y cuando cambien sus funciones, las tecnologías o los equipos de trabajo. Se centra en el puesto o función y se repite periódicamente si fuera necesario. Se imparte, siempre que sea posible, dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas con descuento del tiempo invertido; con medios propios o servicios ajenos, y su coste no recae en ningún caso sobre los trabajadores.

Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, según el tamaño y la actividad de la empresa y la posible presencia de personas ajenas, debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando al personal encargado y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. Ese personal ha de tener la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Organizará relaciones con servicios externos de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios.

Artículo 21. Riesgo grave e inminente

Ante riesgo grave e inminente el empresario debe informar lo antes posible a los afectados, dar instrucciones para que puedan interrumpir la actividad y disponer lo necesario para que quien no pueda contactar con su superior adopte medidas. El trabajador puede interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. Si el empresario no actúa, los representantes legales pueden acordar por mayoría la paralización, que la autoridad laboral anula o ratifica en 24 horas; si no cabe reunirlos con urgencia, deciden los Delegados de Prevención. Sin perjuicio, salvo mala fe o negligencia grave.

Artículo 22. Vigilancia de la salud

El empresario garantiza la vigilancia periódica de la salud según los riesgos inherentes al trabajo. Requiere el consentimiento del trabajador, salvo, previo informe de sus representantes, cuando el reconocimiento sea imprescindible o lo establezca una disposición legal. Los resultados se comunican a los trabajadores afectados y no pueden usarse con fines discriminatorios. La información médica personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias; el empresario es informado de las conclusiones sobre aptitud o medidas. La realiza personal sanitario con capacidad acreditada.

Artículo 23. Documentación

El empresario debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral: el plan de prevención; la evaluación de los riesgos, con el resultado de los controles periódicos; la planificación de la actividad preventiva; la práctica de los controles del estado de salud y sus conclusiones; y la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Al cesar la actividad, la empresa la remite a la autoridad laboral. Los daños para la salud se notifican por escrito a esta. También se pone a disposición de las autoridades sanitarias.

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales

Si en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deben cooperar y establecer los medios de coordinación necesarios. El empresario titular del centro procura que los demás empresarios reciban información e instrucciones sobre riesgos, medidas de protección y prevención y medidas de emergencia. Las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de su propia actividad en sus propios centros deben vigilar el cumplimiento de la normativa por contratistas y subcontratistas. Cooperación, información e instrucción alcanzan a los autónomos.

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles por sus características personales o estado biológico conocido, incluida la discapacidad física, psíquica o sensorial reconocida. No se les empleará en puestos donde ellos, los demás trabajadores u otras personas puedan ponerse en peligro, ni cuando estén manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas del puesto. Las evaluaciones incluirán los riesgos para la procreación por agentes físicos, químicos y biológicos.

Artículo 26. Protección de la maternidad

La evaluación determinará naturaleza, grado y duración de la exposición de las trabajadoras embarazadas o de parto reciente. Si hay riesgo, el empresario adapta las condiciones o el tiempo de trabajo (si es necesario, sin trabajo nocturno ni a turnos). Si no basta y se certifica, cambio a puesto o función compatible; si es de otro grupo o categoría, conserva las retribuciones de origen. Si el cambio no es posible, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. También en la lactancia natural (suspensión: hijos menores de nueve meses). Ausencias retribuidas para exámenes prenatales.

Artículo 27. Protección de los menores

Antes de incorporar al trabajo a jóvenes menores de dieciocho años, y antes de cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario evaluará los puestos para determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, atendiendo a su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo incompleto. Informará de los riesgos y de las medidas adoptadas a los jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación. El Gobierno establecerá las limitaciones a su contratación en trabajos con riesgos específicos.

Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal

Los trabajadores temporales, de duración determinada y los contratados por empresas de trabajo temporal disfrutarán del mismo nivel de protección que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan servicios. Antes de iniciar su actividad recibirán información sobre los riesgos, y formación suficiente y adecuada; tienen derecho a vigilancia periódica de su salud. Con empresas de trabajo temporal, la usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información de los apartados 2 y 4; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud.

Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

Cada trabajador debe velar, según sus posibilidades y cumpliendo las medidas de prevención adoptadas, por su seguridad y salud y por la de las personas a las que pueda afectar su actividad. En particular: usar adecuadamente máquinas y medios; utilizar correctamente los equipos de protección; no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; informar de inmediato de las situaciones de riesgo; contribuir al cumplimiento de las obligaciones fijadas por la autoridad competente y cooperar con el empresario. Incumplirlas es incumplimiento laboral o, en su caso, falta disciplinaria.

Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales

El empresario designa trabajadores, constituye un servicio de prevención o lo concierta con una entidad ajena. Los designados no sufrirán perjuicio y guardarán sigilo profesional. En empresas de hasta diez trabajadores el empresario puede asumir personalmente la prevención si desarrolla habitualmente su actividad en el centro y tiene capacidad; también con hasta 25 trabajadores si hay un único centro de trabajo. Quien no concierte un servicio ajeno se somete a auditoría o evaluación externa. Auditar exige una única autorización de la autoridad laboral; el silencio es desestimatorio.

Artículo 31. Servicios de prevención

Si designar trabajadores es insuficiente, el empresario recurrirá a servicios de prevención propios o ajenos. Servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales para las actividades preventivas, asesorando y asistiendo al empresario, a los trabajadores, a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Es interdisciplinario y sus medios se ajustan al tamaño de la empresa, los tipos de riesgo y su distribución. Las entidades especializadas necesitan acreditación única de la autoridad laboral, previa aprobación de la sanitaria, y póliza de seguro.

Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tienen dos prohibiciones: no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos

La presencia de recursos preventivos en el centro, sea cual sea su organización, es necesaria: cuando la concurrencia de operaciones diversas pueda agravar o modificar los riesgos; en actividades reglamentariamente peligrosas o con riesgos especiales; y cuando la requiera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Son recursos preventivos los trabajadores designados y los miembros del servicio de prevención propio o de los ajenos concertados. Permanecerán mientras dure la situación. El empresario puede asignar la presencia a otros trabajadores con formación mínima de nivel básico.

Artículo 33. Consulta de los trabajadores

El empresario consultará a los trabajadores, con la debida antelación, las decisiones sobre: planificación y organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías; organización de las actividades de protección y prevención, incluidos la designación de sus encargados o el recurso a un servicio de prevención externo; encargados de las medidas de emergencia; procedimientos de información y documentación; proyecto y organización de la formación preventiva; y cualquier otra acción con efectos sustanciales sobre seguridad y salud. Si hay representantes, la consulta es con ellos.

Artículo 34. Derechos de participación y representación

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones de prevención. En empresas o centros con seis o más trabajadores, la participación se canaliza a través de sus representantes y de la representación especializada. A Comités de Empresa, Delegados de Personal y representantes sindicales corresponde la defensa de los intereses de los trabajadores en la materia. En las Administraciones públicas se ejerce con adaptaciones; en la Administración General del Estado, el Gobierno sigue cuatro criterios, entre ellos un único Comité de Seguridad y Salud, con carácter general.

Artículo 35. Delegados de Prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en prevención, designados por y entre los representantes del personal según escala: de 50 a 100 trabajadores, 2; de 101 a 500, 3; de 501 a 1.000, 4; de 1.001 a 2.000, 5; de 2.001 a 3.000, 6; de 3.001 a 4.000, 7; desde 4.001, 8. Hasta treinta trabajadores lo es el Delegado de Personal; de 31 a 49, uno elegido por y entre los Delegados de Personal. Cómputo: contratos de más de un año, como fijos; hasta un año, cada doscientos días trabajados o fracción, un trabajador más.

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención

Cuatro competencias de los Delegados de Prevención: colaborar en la mejora de la acción preventiva, fomentar la cooperación de los trabajadores, ser consultados antes de ejecutarse las decisiones del artículo 33 y vigilar que se cumpla la normativa. Sin Comité de Seguridad y Salud, ejercen las competencias de este. Facultades (siete), como acompañar a técnicos e Inspectores, acceder a información, visitar los lugares de trabajo y proponer la paralización. Informes: quince días, o el tiempo imprescindible ante riesgos inminentes. La negativa del empresario a sus propuestas ha de motivarse.

Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención

A los Delegados de Prevención se les aplican las garantías del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. El tiempo de sus funciones se imputa al crédito de horas mensuales retribuidas, pero es en todo caso tiempo de trabajo efectivo, sin imputación a ese crédito, el de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, otras convocadas por el empresario en materia de prevención y ciertas visitas. El empresario les da medios y formación: es tiempo de trabajo y su coste no recae en ellos. Deben sigilo profesional. Para el personal administrativo o estatutario rige la Ley 9/1987.

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación para la consulta regular y periódica en prevención. Se constituye en empresas o centros con 50 o más trabajadores. Lo forman los Delegados de Prevención y, en igual número, el empresario y/o sus representantes. Participan con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención no incluidos en él; también trabajadores cualificados y técnicos ajenos si lo solicita alguna representación. Se reúne trimestralmente y cuando lo pida una representación. Cabe un Comité Intercentros.

Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud tiene dos competencias: participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención, y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos, proponiendo mejoras o correcciones. Sus cuatro facultades: conocer directamente la situación, con visitas, conocer documentos e informes, conocer y analizar los daños en la salud o integridad física y conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. Cabe acordar reuniones conjuntas de Comités o, en su defecto, de Delegados de Prevención y empresarios.

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Trabajadores y representantes pueden recurrir a la Inspección de Trabajo si creen insuficientes las medidas del empresario. En sus visitas, el Inspector comunica su presencia al empresario, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales, para que le acompañen, salvo que perjudique sus funciones. Informa de los resultados a los Delegados y al empresario por diligencia en el Libro de Visitas. Se consulta a las organizaciones más representativas antes de los planes de actuación, en especial para empresas de menos de seis trabajadores.

Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles aseguran que no sean fuente de peligro si se usan como recomiendan. Los de productos y sustancias químicas los envasan y etiquetan para su conservación y manipulación seguras, identificando contenido y riesgos. Todos informan de la utilización correcta, medidas preventivas adicionales y riesgos. Los de elementos de protección aseguran su efectividad e informan del tipo de riesgo, nivel de protección y uso y mantenimiento. El empresario garantiza que llegue a los trabajadores en términos comprensibles.

Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales da lugar a responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles por los daños y perjuicios derivados. Las responsabilidades administrativas del procedimiento sancionador son compatibles con las indemnizaciones por daños y perjuicios y con el recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social que fije el órgano competente. El apartado 2 está derogado.

Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Si el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprueba una infracción de la normativa de prevención, requiere al empresario su subsanación, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos proceda la paralización del artículo 44, y sin perjuicio de la propuesta de sanción. El requerimiento se hace saber por escrito, con las deficiencias y el plazo de subsanación, y se comunica a los Delegados de Prevención. Si se incumple y persisten los hechos, levanta acta de infracción si no lo hizo antes. Los requerimientos de los funcionarios del artículo 9.2 tienen iguales requisitos y efectos.

Artículo 44. Paralización de trabajos

Si el Inspector de Trabajo aprecia un riesgo grave e inminente puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos. Se comunica a la empresa, que lo traslada de inmediato a los trabajadores afectados, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes del personal. El Inspector da traslado inmediato a la autoridad laboral, ante la que la empresa puede impugnar en tres días hábiles; se resuelve en veinticuatro horas como máximo. La levanta la Inspección o el empresario al subsanar las causas. Sin perjuicio del salario o indemnizaciones.

Artículo 45. Infracciones administrativas

En el personal civil al servicio de las Administraciones públicas, las infracciones se responden mediante la imposición, por resolución de la autoridad competente, de medidas correctoras. En la Administración General del Estado lo regula el Gobierno con tres principios: lo inicia el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por orden superior, por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal; la Inspección requiere medidas y plazo, con traslado a la unidad inspeccionada para alegaciones; y si los Ministros discrepan decide el Consejo de Ministros.

Artículo 46. Infracciones leves

Artículo 47. Infracciones graves

Artículo 48. Infracciones muy graves

Artículo 49. Sanciones

Artículo 50. Reincidencia

Artículo 51. Prescripción de las infracciones

Artículo 52. Competencias sancionadoras

Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo

Cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones de seguridad y salud en el trabajo, el Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia pueden acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo, sin perjuicio en todo caso del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas para garantizarlo.

Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración

Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo se rigen por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 1. Objeto

El decreto desarrolla la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en seis materias: planificación y ordenación del empleo público, acceso al empleo público, promoción interna, provisión de puestos de trabajo, adquisición y pérdida de la relación de servicio y movilidad del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario de la Administración General de la Junta: el que sirve en Consejerías, Delegaciones del Gobierno, Territoriales o Provinciales, otros órganos dependientes o vinculados y agencias administrativas y de régimen especial, o está adscrito a agencias públicas empresariales. Cuerpos con regulación propia: su normativa específica y, en lo no previsto, Ley 5/2023 y este decreto. Al personal laboral solo se le aplican los preceptos del decreto que lo dispongan expresamente. Es supletorio para el personal del artículo 3.1 de la Ley 5/2023.

Artículo 3. Principios en el acceso al empleo público y la provisión de puestos

Acceso (funcionario y laboral): igualdad, mérito y capacidad, más publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica con confidencialidad, fiabilidad y validez predictiva, adecuación, y agilidad y eficiencia. Provisión (funcionarios de carrera): igualdad, mérito, capacidad, publicidad y, en libre designación, idoneidad. Interinos y laborales temporales: procedimientos ágiles con igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Se garantiza la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad y de mujeres y hombres.

Artículo 4. Fundamentos y criterios de actuación de los planes de ordenación de recursos humanos

Los planes de ordenación de recursos humanos deben basarse en once fundamentos y criterios: transparencia y participación; negociación colectiva; eficacia y eficiencia; buena administración, calidad e innovación; racionalidad organizativa, simplificación y mejora regulatoria; compromiso con el personal y el empleo público; igualdad, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; perspectiva de género en todas las fases; formación y cualificación permanente; conciliación; y evaluación ex post de su aplicación.

Artículo 5. Objetivos de la planificación

La planificación de los recursos humanos es el fundamento de la actuación de la Administración en función pública. Su objetivo: contribuir a la eficiencia y eficacia en la acción pública, en la prestación de servicios y en el uso de los recursos económicos, personales, materiales y tecnológicos, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, gestión, formación, motivación, promoción profesional y movilidad. Instrumentos de planificación: los planes de ordenación de recursos humanos y la oferta de empleo público, sin perjuicio del artículo 89.2 de la Ley 5/2023.

Artículo 6. Objeto de los planes de ordenación de recursos humanos

Los planes de ordenación de recursos humanos son el instrumento básico de planificación de los recursos humanos. Antes de elaborarlos hay que hacer un análisis de las disponibilidades o necesidades de personal, que atiende tanto al número de efectivos como a sus perfiles profesionales o niveles de cualificación, y que puede referirse al conjunto de la Administración o a un determinado sector orgánico o funcional de la misma.

Artículo 7. Contenido de los planes de ordenación de recursos humanos

Contenido obligatorio en todo caso: diagnóstico de la situación inicial; objetivos y líneas estratégicas; programas, acciones y medidas; indicadores de resultado, órganos responsables, tiempos de ejecución y presupuesto; y sistema de seguimiento y evaluación con participación sindical, que garantice la evaluación final y al menos una más. Además contendrán algunas de las medidas de las letras a) a l) (teletrabajo, tiempo parcial, formación, movilidad…). Actúan dentro de los límites presupuestarios y pueden afectar a personal funcionario y laboral, en común o solo a uno.

Artículo 8. Competencias

El Consejo de Gobierno aprueba los planes de ordenación de recursos humanos, dentro de los límites presupuestarios y previa negociación colectiva, a propuesta de la Consejería competente en función pública y, cuando afecte al dimensionamiento de los efectivos y a las normas y criterios generales sobre su régimen retributivo, de la competente en Hacienda. La persona titular de la Consejería de función pública realiza el diagnóstico de la situación inicial e impulsa, coordina y, en su caso, establece y ejecuta los estudios, proyectos y directrices para cumplir las medidas de los planes.

Artículo 9. Vigencia

Los planes pueden tener vigencia temporal determinada, nunca inferior a cuatro años, o vigencia indefinida. Los indefinidos se desarrollan de forma continua y progresiva, admiten siempre modificación y actualización y siguen en vigor hasta que se apruebe un nuevo plan que los sustituya; pueden revisarse a iniciativa de la Administración o de los órganos de negociación colectiva. Sus modificaciones y actualizaciones las aprueba el Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, a propuesta de la Consejería de función pública y, si afecta a efectivos y régimen retributivo, de la de Hacienda.

Artículo 10. Contenido de la oferta de empleo público

Van a la oferta las necesidades de personal con asignación presupuestaria que deban proveerse con personal de nuevo ingreso. Contenido mínimo: número de vacantes para funcionarios de carrera y laborales fijos; plazas agrupadas; plazas por sistema de acceso; y reserva mínima del 25 % para promoción interna, que los planes pueden elevar hasta el 50 % en determinados cuerpos y especialidades. No hace falta concurso ni promoción interna previos. La aprueba anualmente el Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, a propuesta de la persona titular de la Consejería de función pública.

Artículo 11. Reserva para personas con discapacidad

Las ofertas de empleo público reservan un cupo de vacantes para personas con discapacidad, sobre el cómputo total de vacantes que determine la normativa vigente; las plazas pueden concentrarse en las convocatorias que mejor se adapten. Las que se convoquen por promoción interna computan en todo caso en el cupo. Habrá convocatorias independientes para determinadas discapacidades, entre ellas la intelectual. Las plazas no cubiertas se acumulan a posteriores ofertas hasta el límite legal; las restantes, excluidas las de discapacidad intelectual, pasan al turno general de su convocatoria.

Artículo 12. Unidades de inclusión del personal con discapacidad

Se constituye una unidad administrativa de inclusión del personal con discapacidad en cada Delegación del Gobierno y en las Consejerías de función pública, Servicios Sociales y Salud. Prestan apoyo administrativo especializado al órgano directivo del que dependan y a sus agencias adscritas y velan por la plena incorporación y desarrollo profesional del personal. A las demás Consejerías y sus agencias las apoya la unidad de la Consejería de función pública en los servicios centrales en Sevilla, y la de la Delegación del Gobierno provincial en periféricos y centrales de otras provincias.

Artículo 13. Régimen aplicable

El ingreso en los cuerpos y, en su caso, especialidades de personal funcionario de carrera se realiza mediante convocatoria pública y se rige por las bases de la convocatoria respectiva, que se ajustan en todo caso a este decreto y a las normas específicas de aplicación. El acceso a la condición de personal laboral fijo se regula por la normativa laboral, por los convenios colectivos que resulten de aplicación y por las disposiciones específicas contenidas en este título.

Artículo 14. Sistemas selectivos

Los procesos selectivos son abiertos y garantizan la libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y de la discriminación positiva. La selección se hace según la oferta de empleo público, por convocatoria pública y por oposición, concurso-oposición o concurso de méritos. En el concurso-oposición la fase de oposición es eliminatoria y supone un mínimo del sesenta por ciento de la puntuación global. Para el personal funcionario de carrera el concurso es excepcional y solo cabe por ley que lo autorice; el laboral fijo admite los tres sistemas según su convenio colectivo.

Artículo 15. Orden de actuación de las personas aspirantes

Con carácter anual, el órgano convocante determina mediante sorteo público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se convoquen durante el año. El resultado del sorteo se publica en ese mismo Boletín y debe recogerse en cada convocatoria.

Artículo 16. Convocatoria de los procesos selectivos

Aprobada la oferta, se convocan las plazas comprometidas, con posible aumento de hasta un diez por ciento adicional. Convoca el órgano directivo de la Consejería competente en función pública que lo tenga asignado por decreto del Consejo de Gobierno. La oferta se ejecuta en el plazo improrrogable de tres años. Las convocatorias se publican en BOJA y pueden eximir de pruebas, o valorar como mérito, la oposición superada sin plaza en el mismo cuerpo o especialidad, si supuso al menos el sesenta por ciento de la calificación máxima, es análoga y tuvo lugar en los tres años anteriores.

Artículo 17. Convocatorias ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad

En las convocatorias ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad, las pruebas tienen idéntico contenido para todas las personas aspirantes, sea cual sea el turno, sin perjuicio de las adaptaciones y de lo previsto para la discapacidad intelectual. Los dos turnos reciben tratamiento único en las relaciones de personas admitidas y en los llamamientos a los ejercicios. Cabe un tratamiento diferenciado en la adjudicación de destinos cuando las circunstancias lo justifiquen y, en todo caso, para quienes en su vida diaria dependan de terceras personas.

Artículo 18. Convocatorias independientes para personas con discapacidad

Cuando se realicen convocatorias para personas con discapacidad independientes a las ordinarias, las pruebas tienen el mismo contenido que las de las convocatorias ordinarias, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de adaptaciones y para personas con discapacidad intelectual. El número de plazas de estas convocatorias se corresponde, en todo caso, con las reservadas en la oferta de empleo público para su cobertura entre personas con discapacidad.

Artículo 19. Obligación de relacionarse electrónicamente

Quienes participen en procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía deben relacionarse por medios electrónicos en todas las fases, de la solicitud a la elección de destinos, incluidos reclamaciones y recursos, y recibir notificaciones electrónicas. Para menores no emancipados o personas con capacidad judicialmente complementada sin firma electrónica se habilitan mecanismos a través de su representante legal. La convocatoria fija el portal y los sistemas de identificación y firma; no vale presentar documentos por otros enlaces.

Artículo 20. Solicitudes

Las solicitudes se presentan en el Registro Electrónico Único, a través de la Sede electrónica general, con el formulario normalizado; las tasas se pagan antes, en la plataforma de pago de la Junta. El plazo no es inferior a diez ni superior a veinte días hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria. Basta una declaración responsable de reunir los requisitos, referidos a la fecha de fin del plazo, que deben mantenerse hasta el nombramiento o la contratación. El turno de discapacidad exige indicarlo expresamente y tenerla reconocida antes de que acabe el plazo.

Artículo 21. Adaptaciones

Las personas con discapacidad realizan las pruebas, incluido el curso selectivo o periodo de prácticas, en igualdad de condiciones mediante adaptaciones razonables de tiempo, medios y accesibilidad, si lo solicitan. La de tiempos es un tiempo adicional y se garantiza también a las madres de menores lactantes que lo soliciten. La petición se formula en la solicitud de participación, con informe técnico del órgano competente, que se suprime del expediente cuando ya no sea necesario. Las otorgan las comisiones de selección cuando la discapacidad guarde relación directa con la prueba.

Artículo 22. Acreditación de la condición de persona con discapacidad y de la compatibilidad funcional

La condición de persona con discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento se acredita con certificado de los órganos competentes en la materia de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Públicas competentes, y debe mantenerse hasta adquirir la condición de personal funcionario de carrera o laboral fijo. La aptitud para las funciones y tareas se acredita en el momento de la petición de destino, con certificado de los órganos competentes en materia de Discapacidad. La convocatoria fija la forma de acreditación.

Artículo 23. Pruebas

Los procedimientos de selección preservan la conexión entre el tipo de pruebas y las funciones de los puestos convocados. Las convocatorias incluirán pruebas teóricas y, en su caso, prácticas para demostrar conocimientos y capacidad analítica, evaluar competencias y comprobar el manejo de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones y, si lo justifican las características del puesto, el dominio de lenguas extranjeras. Si la convocatoria lo prevé caben pruebas psicotécnicas o psicométricas, pruebas físicas sin discriminación por razón de sexo y reconocimientos médicos.

Artículo 24. Descentralización de las pruebas

Las convocatorias pueden determinar que, en aquellos procesos selectivos en que concurran circunstancias especiales, la totalidad o parte de las pruebas se celebren de forma descentralizada. Es una posibilidad, no una obligación; la decide la convocatoria y puede alcanzar a todas las pruebas o solo a algunas.

Artículo 25. Listas de personas admitidas y excluidas

Cerrado el plazo de solicitudes, el órgano que determine la convocatoria dicta en dos meses como máximo la resolución con la lista provisional de personas admitidas y excluidas, publicada en la Sede electrónica general, con la causa de exclusión y diez días hábiles para subsanar. Resueltas subsanaciones y alegaciones, en otros dos meses como máximo se aprueban las listas definitivas, con lugar y fecha del primer ejercicio y orden de actuación. Salvo casos justificados en la propia resolución, el primer o único ejercicio no puede superar los tres meses desde su publicación.

Artículo 26. Anuncio de celebración de las pruebas

El llamamiento para los ejercicios que afecten a todas las personas admitidas, cuando se trate de pruebas de carácter colectivo, será único. Los resultados de cada ejercicio, los sucesivos llamamientos y convocatorias y cualquier decisión del órgano de selección que deba conocer el personal aspirante, hasta el final de las pruebas selectivas o, en su caso, de la fase de concurso, se publican en la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, y esa publicación surte los efectos de notificación para el cómputo de plazos.

Artículo 27. Normas relativas a la celebración de las pruebas

Antes de cada ejercicio, y cuando se estime conveniente durante su desarrollo, se comprueba la identidad de las personas admitidas. Quien llegue iniciadas las pruebas o no asista queda excluido y decaído en su derecho, aunque en pruebas orales o individuales y sucesivas el órgano de selección puede admitirlo si no han finalizado y no se menoscaba la igualdad ni se alteran los plazos. Salvo autorización expresa, no cabe libro ni documentación; el móvil está prohibido en todo caso, salvo dispositivos por salud comunicados antes. El incumplimiento supone expulsión del aula y anulación del examen.

Artículo 28. Relación de personas aprobadas

Tras la calificación, los órganos de selección publican en la Sede electrónica general la relación de aprobadas por orden de puntuación y elevan propuesta al órgano competente en materia de función pública. La relación termina en el número de puestos convocados, salvo que la convocatoria prevea un veinte por ciento adicional de plazas. Entre los criterios de desempate estará el sexo con presencia inferior al cuarenta por ciento a la fecha de publicación de la oferta. Ante renuncias, el órgano convocante puede pedir por una sola vez relación complementaria. Los actos finales se motivan.

Artículo 29. Aportación de documentación

La Dirección General competente en materia de función pública oferta en el BOJA las vacantes, al menos tantas plazas como personas seleccionadas. Las personas aprobadas aportan, en el plazo de la convocatoria, los documentos acreditativos, salvo los ya inscritos en el Registro General de Personal o de consulta autorizada. Quien no los presente en plazo, salvo fuerza mayor, o carezca de algún requisito no podrá ser nombrado ni contratado y quedan sin efecto todas sus actuaciones. Oferta de vacantes, documentación y petición de destinos pueden sustituirse por un acto único.

Artículo 30. Adjudicación de destinos

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el órgano competente en materia de función pública nombra personal funcionario de carrera o laboral fijo, por el orden obtenido, a quienes superaron el proceso y cumplen los requisitos. Quienes participaron por el turno de discapacidad, si no hubo oferta diferenciada, pueden pedir al órgano convocante alterar el orden de prelación por motivos acreditados; este lo decide con la mínima modificación necesaria. Los nombramientos se publican en el BOJA y fijan la fecha de inicio del plazo de toma de posesión.

Artículo 31. Personal funcionario en prácticas

Las convocatorias pueden incluir, motivadamente y superada la oposición o el concurso-oposición, un periodo de prácticas o curso selectivo, fijando duración, efectos, órgano que valora, contenido y criterios. Accede un número de personas equivalente a las plazas, más, si la convocatoria lo prevé, un veinte por ciento y otro diez por ciento adicional; quienes empaten con la última acceden todas. Nombra la persona titular del órgano competente en materia de función pública. Quien no supere el proceso cesa por resolución motivada; la convocatoria puede reservar la puntuación una sola vez.

Artículo 32. Período en prácticas

El período de prácticas consiste en la valoración, supervisión, tutorización, orientación y dirección profesional a la persona en prácticas. El órgano que lo valora elabora un informe sobre las habilidades y competencias adquiridas; si es un órgano colaborador, lo remite para su conocimiento al órgano de selección. El nombramiento de los integrantes del órgano colaborador se publica, junto con el anuncio del periodo de prácticas, en la Sede electrónica general. En los cuerpos del grupo A las prácticas duran no más de seis meses; en el resto de grupos, tres meses.

Artículo 33. Curso selectivo de formación

El curso selectivo debe comenzar en el plazo de un mes desde la publicación de la relación de aspirantes con derecho a realizarlo. Cada participante tiene una persona tutora nombrada por el órgano de selección. Las convocatorias fijan la guía de contenidos y los criterios objetivos de evaluación; el curso combina actividad formativa tutorizada de carácter práctico con estancia en entornos laborales. La planificación, organización y ejecución corresponde al Instituto Andaluz de Administración Pública, y la evaluación queda reservada al órgano de selección.

Artículo 34. Concepto

Las comisiones de selección son órganos colegiados permanentes de carácter técnico que ejecutan los procedimientos selectivos y evalúan pruebas y, en su caso, méritos; a los solos efectos de revisión o impugnación de sus actos dependen del órgano que las nombró. Las comisiones permanentes se crean por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en función pública, a la que se adscriben. Pueden asesorarlas personas expertas designadas por el órgano competente en materia de función pública. Las bases de la convocatoria pueden constituir comisiones delegadas.

Artículo 35. Funciones

Las comisiones permanentes de selección determinan el contenido de los ejercicios, hacen públicos antes de las pruebas los criterios de calificación, califican, deciden incidencias (como aplazamientos por embarazo, parto o postparto), acuerdan la calificación final, aplican el baremo y resuelven dudas. Si hay comisiones delegadas, las permanentes tienen en todo caso las funciones del apartado 2, como coordinarlas y homogeneizar sus criterios; las restantes corresponden a las delegadas. Las convocatorias pueden encomendar la aplicación del baremo a las delegadas o a otros órganos.

Artículo 36. Composición

Ocho principios rigen la composición de las comisiones de selección. Profesionalidad: mayoría de personal funcionario de carrera cuando se seleccione este tipo de personal, pero sin mayoría del mismo cuerpo que se selecciona. Especialización: titulación igual o superior a la exigida para el acceso. Imparcialidad: número impar, no inferior a cinco, con tantos titulares como suplentes y nombramiento publicado en el BOJA. Independencia: pertenencia siempre a título individual. Discrecionalidad técnica, responsabilidad, paridad y representatividad, atendiendo a factores geográficos y de edad.

Artículo 37. Abstención y recusación

Los miembros de las comisiones de selección están sujetos al régimen de abstención y recusación de la normativa estatal básica. Las personas interesadas pueden recusar a los miembros que incurran en causa de abstención desde el momento en que hubieren conocido la identidad de los miembros del órgano de selección. No pueden formar parte de los órganos de selección quienes hayan realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Artículo 38. Personas asesoras especialistas

Las comisiones de selección pueden incorporar a todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las convocatorias, a personas asesoras especialistas. Su función es prestar asesoramiento y colaboración técnica exclusivamente en cuestiones propias de su especialidad, garantizando la confidencialidad de las pruebas: tienen voz, pero en ningún caso participan en la evaluación ni en la toma de acuerdos. No pueden ser asesoras las personas en quienes concurra el régimen de prohibiciones y de abstención y recusación fijado para los miembros de las comisiones.

Artículo 39. Funcionamiento

Las comisiones de selección se ajustan a la normativa de órganos colegiados, estatal básica y autonómica. Su válida constitución exige, al menos, la mayoría de sus miembros, incluidas necesariamente presidencia y secretaría o quienes les sustituyan. Actúan con autonomía funcional y sus acuerdos vinculan al órgano del que dependan, que puede revisarlos. Conforme a las bases, pueden procurar la máxima descentralización por provincias de los ejercicios de la oposición y regular el uso de medios electrónicos. Principios: celeridad, transparencia, buenas prácticas y protección de datos.

Artículo 40. Revisión e impugnación

Contra las resoluciones de los órganos de selección puede interponerse recurso conforme a la normativa estatal de carácter básico. También contra sus actos de trámite, pero solo si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Artículo 41. Selección de personal funcionario interino

Los interinos se seleccionan por procedimientos ágiles (igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad). Puede exigirse periodo de prueba: máximo tres meses en el grupo A, dos en el B y uno en el C; lo interrumpen la incapacidad temporal, la maternidad y las demás situaciones que enumera. No se supera, motivadamente, por rendimiento insuficiente o falta de capacidad o adecuación. Los aspirantes deben ser ajenos a la función pública de la Administración de la Junta. En nuevos nombramientos inferiores a tres meses, la capacidad funcional se acredita con declaración responsable.

Artículo 42. Bolsas de empleo para la selección de personal funcionario interino

Se constituye una bolsa de empleo por cada cuerpo y especialidad y, en su caso, opción; hay bolsas independientes para discapacidad intelectual. Las integran quienes, sin superar el proceso de la última oferta, superaron más ejercicios. Criterio preferente de ordenación: mayor puntuación en la fase de oposición. Una orden de la Consejería competente en función pública, previa negociación colectiva, regula el procedimiento. Agotadas las bolsas, se remite oferta al órgano gestor de las políticas de empleo. Los trámites se realizan obligatoriamente por medios electrónicos.

Artículo 43. Puestos vacantes desempeñados por personal funcionario interino

Las vacantes ocupadas por interinos deben cubrirse por provisión, movilidad o selección. El nombramiento es siempre provisional. Cesa en todo caso por reorganización administrativa, modificación de la relación de puestos, desdotación presupuestaria y al publicarse los nombramientos de funcionarios; en este caso, el día inmediatamente anterior al inicio del plazo de toma de posesión. A los tres años del nombramiento finaliza la interinidad, salvo convocatoria publicada dentro de esos tres años y resuelta en plazo: entonces puede permanecer hasta su resolución, sin compensación económica.

Artículo 44. Selección de personal laboral temporal

La cobertura de puestos con personal laboral temporal en la Administración General de la Junta de Andalucía requiere cumplir los requisitos y trámites que legalmente se establezcan. La selección debe garantizar la idoneidad de la persona seleccionada y hacerse por procedimientos ágiles que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. En la cobertura se está a la normativa laboral y a los convenios colectivos de aplicación.

Artículo 45. Directrices en materia de temporalidad en el empleo público

Para situar y mantener la tasa de temporalidad estructural en los límites fijados por la normativa estatal de carácter básico, la persona titular de la Secretaría General competente en materia de Administración Pública podrá dictar, por resolución, directrices para la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal funcionario interino, personal estatutario interino y sustituto y personal docente no universitario.

Artículo 46. Régimen y procedimientos de promoción interna

La promoción interna del personal funcionario de carrera es una modalidad de su carrera profesional y un derecho individual. Es horizontal (otro cuerpo o especialidad del mismo subgrupo, o grupo si no tiene subgrupo) o vertical (ascenso a otro subgrupo o grupo superior); el subgrupo C1 puede promocionar al A2 sin pasar por el grupo B si reúne la titulación. No cabe adquirir la condición de funcionario por promoción interna en más de un cuerpo o especialidad en la misma oferta. El personal laboral fijo que desempeñe funciones o puestos de funcionario puede participar en procesos específicos.

Artículo 47. Sistemas selectivos en la promoción interna del personal funcionario de carrera

La promoción interna del personal funcionario de carrera se hace por concurso-oposición o superando cursos o actividades formativas selectivos, sin que quienes los superen puedan exceder de las plazas convocadas. Si el acceso libre al cuerpo es por oposición, la promoción interna será en todo caso por concurso-oposición. Las convocatorias establecerán en todo caso exenciones de pruebas y/o reducción de temarios; quien quede exento de la fase de oposición no puede alegar como mérito el ejercicio superado. El Instituto Andaluz de Administración Pública impartirá formación específica.

Artículo 48. Convocatorias de promoción interna del personal funcionario de carrera

Las pruebas de promoción interna respetan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y se convocan de forma independiente de las de nuevo ingreso. Si el sistema es concurso-oposición, la convocatoria fijará necesariamente el baremo de méritos, que han de guardar relación con las funciones del cuerpo y especialidad: trabajo desarrollado, antigüedad y tramo de carrera horizontal consolidado, entre el veinte y el treinta por ciento cada uno; titulación académica, cursos del Instituto Andaluz de Administración Pública y otros méritos, no más del diez por ciento cada uno.

Artículo 49. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera

Puede participar en la promoción interna el personal funcionario de carrera de los cuerpos y especialidades fijados para cada modalidad: en la vertical, quien pertenezca a un cuerpo o especialidad de un subgrupo (o grupo, si no tiene subgrupo) inferior; en la horizontal, quien pertenezca a otro cuerpo o especialidad del mismo subgrupo o grupo. En ambas se exige una antigüedad de, al menos, dos años en el cuerpo o especialidad de pertenencia el día en que finaliza el plazo de solicitudes, más la titulación y el resto de requisitos generales de acceso al cuerpo o especialidad al que se aspira.

Artículo 50. Acceso a cuerpos del subgrupo C1

Para acceder por promoción interna a cuerpos y especialidades del subgrupo C1 desde cuerpos y especialidades del subgrupo C2, del área de actividad o funcional correspondiente, el requisito de titulación podrá sustituirse por diez años de antigüedad en un cuerpo o especialidad del subgrupo C2, o por cinco años más la superación de un curso específico de formación al que se accede por criterios objetivos. Este acceso se efectúa por el sistema de concurso-oposición.

Artículo 51. Adjudicación de destinos

Quien supera el proceso acredita los requisitos de acceso, salvo los inscritos en el Registro General de Personal o de consulta autorizada; la Dirección General competente en función pública puede exigirla de nuevo. Se podrán ofertar otras vacantes de la misma localidad del destino actual y de igual o inferior nivel competencial, si se cumple la relación de puestos y la Administración ve necesaria su cobertura. Quien ocupe con carácter definitivo un puesto de doble adscripción puede pedirlo si también está adscrito al cuerpo al que promociona, y queda excluido del reparto por puntuación.

Artículo 52. Régimen

La oferta de empleo público determina los cuerpos y especialidades a los que se accede por promoción interna horizontal. Las convocatorias incluyen requisitos y pruebas, y pueden eximir de algún tipo de prueba o reducir parte del temario, o ambas, respecto de conocimientos ya acreditados para acceder al cuerpo o especialidad de procedencia, si del contenido funcional se derivan los conocimientos o aptitudes requeridos. Si el sistema son actividades formativas selectivas, se exige experiencia de al menos cinco años en el grupo o subgrupo de origen a la fecha de publicación de la convocatoria.

Artículo 53. Sistemas de provisión del personal funcionario de carrera

Los puestos adscritos a personal funcionario de carrera se proveen, con carácter ordinario, por concurso y libre designación, conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y, para los puestos provistos por libre designación, idoneidad. Los procedimientos de provisión con carácter extraordinario previstos en la Ley 5/2023, de 7 de junio, y en el Capítulo III de este título atienden principalmente a las necesidades del servicio, a razones de urgencia y a las circunstancias específicas del personal funcionario, sin perjuicio de los derechos reconocidos y consolidados.

Artículo 54. Normativa aplicable

El concurso, general o específico, y la libre designación para puestos de personal funcionario de carrera se rigen por la Ley 5/2023, de 7 de junio, por este decreto y demás normativa de aplicación. La provisión extraordinaria cabe en los supuestos de esa ley, de este decreto y de la normativa estatal básica. La provisión y movilidad del personal laboral sigue los convenios colectivos aplicables y, en su defecto, el sistema del personal funcionario de carrera. Los puestos a concurso o movilidad han de ser vacantes de necesaria provisión y estar dotados presupuestariamente al convocarse.

Artículo 55. Provisión de puestos y movilidad para personas con discapacidad

Las bases indicarán la posibilidad de adaptar el puesto. La Consejería, órgano o agencia del puesto adjudicado tramita la valoración y realiza las adaptaciones y apoyos; antes se recaba informe de la unidad de inclusión del personal con discapacidad, preciso en todo caso antes de denegar. Si el puesto es de imposible adaptación, previa motivación, se ofrece una relación de vacantes con tres días hábiles para elegir y, si no hay, adscribe la Dirección General competente en función pública. Adaptaciones y cambios de destino se comunican a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial.

Artículo 56. Presentación electrónica de solicitudes de participación

El personal funcionario y el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía que participe en los procesos de provisión de puestos de trabajo y de movilidad está obligado a relacionarse con la Administración mediante el uso de medios electrónicos. La obligación alcanza a los dos colectivos y a los dos tipos de proceso.

Artículo 57. Clases de procedimientos ordinarios de provisión

La provisión ordinaria de los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por personal funcionario de carrera se lleva a cabo por convocatoria pública, mediante dos procedimientos: el concurso, que puede ser general o específico, y la libre designación con convocatoria pública. Todo ello conforme a lo dispuesto en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 58. Concurso general y modalidades

El concurso general consiste en la valoración de los méritos y capacidades de las personas candidatas para el desempeño de los puestos, conforme a las bases de la convocatoria. Se tramita preferentemente mediante la modalidad de concurso abierto y permanente: convocatoria única, permanente en el tiempo y abierta al personal funcionario de carrera que cumpla los requisitos de sus bases. De forma excepcional, si razones organizativas debidamente motivadas, apreciadas por el órgano competente para convocar, desaconsejan esa modalidad, el concurso se convocará una vez al año.

Artículo 59. Órganos competentes para la convocatoria y resolución de los concursos generales

Convoca, tramita y resuelve los concursos generales la persona titular del órgano de la Consejería que ejerza la jefatura superior de personal, para sus puestos y los de sus agencias administrativas y de régimen especial. En el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica y otras entidades institucionales con personalidad jurídica propia rige su normativa y, en su defecto, quien ejerza esa jefatura. La Consejería de función pública puede instar; la Dirección General coordina y asesora.

Artículo 60. Convocatoria de los concursos generales

Los concursos generales pueden convocarse para la generalidad de las vacantes, un determinado ámbito o puestos concretos. La persona titular de la Consejería de función pública aprueba las bases generales, previa negociación en la Mesa Sectorial de Administración General. Las convocatorias se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el concurso no es abierto y permanente, el plazo de solicitudes no podrá exceder de diez días hábiles; si lo es, en el supuesto del artículo 61.4, será de diez. Para personal con discapacidad intelectual, bases diferenciadas y adaptadas.

Artículo 61. Oferta de puestos de trabajo de los concursos generales

Las convocatorias de concurso general incluyen puestos vacantes y dotados a la fecha que fije la propia convocatoria; los ocupados en comisión de servicios interadministrativa entran una vez transcurrido el plazo del artículo 138.2 de la Ley 5/2023. Hasta antes de resolver el concurso pueden excluirse los puestos ofertados o reservados para otros procedimientos de provisión definitiva y los que la relación de puestos de trabajo considere a extinguir. En el concurso abierto y permanente hay, al menos, una oferta y una resolución de adjudicación cada cuatro meses.

Artículo 62. Comisiones de valoración de los concursos generales

Las comisiones de valoración, órganos colegiados técnicos, valoran méritos y capacidades. Las forma personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta, en número impar y mínimo de tres, con igual número de suplentes y paridad. El órgano convocante designa a sus integrantes y atribuye presidencia y secretaría. Pueden pedir informe a la Dirección General competente en función pública y contar con personas asesoras. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial están presentes con voz pero sin voto, con una persona representante cada una.

Artículo 63. Participantes en los concursos generales

Para concursar por primera vez se exigen dos años de permanencia en el puesto definitivo obtenido por acceso libre o promoción interna, salvo adscripción provisional o reingreso sin reserva de puesto; entre concursos generales, otros dos años. Desde excedencia por interés particular o agrupación familiar hace falta más de un año; con reserva de puesto, al menos seis meses; incentivada, más de cinco años. No participa el suspenso en firme. Quien solo tiene destino provisional debe concursar. El cupo para personal del Estado, Local y otras Comunidades es, como máximo, del siete por ciento.

Artículo 64. Méritos a valorar en los concursos generales

Seis méritos, con máximo y mínimo sobre el total del baremo: experiencia profesional en los diez últimos años (35 %-22 %), carrera profesional consolidada (25 %-15 %), permanencia en el puesto (25 %-17 %), antigüedad (20 %-15 %), titulaciones académicas (15 %-12 %) y formación (10 %-7 %). Permanencia y antigüedad cuentan años completos o fracciones superiores a seis meses. El máximo es de cien puntos. El empate se resuelve por la mayor puntuación en los apartados por su orden; después, por mayor antigüedad en la Administración General de la Junta y, por último, por la letra del sorteo.

Artículo 65. Concurso específico

El concurso específico se aplica cuando, por la naturaleza de los puestos a cubrir, así esté establecido en la relación de puestos de trabajo. Consta de dos fases: la general, que valora los méritos establecidos para los concursos generales, y la específica, que valora capacidades y aptitudes relacionadas con las funciones encomendadas al puesto a cubrir.

Artículo 66. Órganos competentes para la convocatoria y resolución de los concursos específicos

Convocan y resuelven los concursos específicos: las personas titulares de las Consejerías, para los puestos adscritos a sus servicios centrales; las de los órganos directivos periféricos, para los puestos bajo su dependencia orgánica; y las de las agencias del sector público andaluz con personal funcionario de carrera, para los puestos adscritos a su ámbito. En las entidades de la Administración institucional con personalidad jurídica propia rige su normativa y, en su defecto, son competentes las personas titulares de los órganos que ejerzan la jefatura superior de personal.

Artículo 67. Convocatoria de los concursos específicos

Las convocatorias de concurso específico se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía e incluyen, además de lo del artículo 60.2, la descripción de los puestos, la puntuación mínima, en su caso, y los méritos específicos con sus criterios de evaluación. Si nadie alcanza la mínima, el concurso se declara desierto; por urgencia cabe adjudicar el puesto provisionalmente, por no más de seis meses, a quien obtuvo mayor puntuación, y debe convocarse de nuevo en el plazo máximo de un mes desde ese nombramiento. El plazo de solicitudes no puede exceder de diez días hábiles.

Artículo 68. Comisiones de valoración de los concursos específicos

Las comisiones valoran méritos, capacidades y aptitudes de las dos fases. Las integra personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta, en número impar y mínimo de tres miembros, con igual número de suplentes, de grupo igual o superior al de los puestos convocados y con paridad. Las designa el órgano convocante: al menos una persona la propone el órgano competente en materia de personal del organismo afectado y otra el órgano directivo al que esté adscrita la plaza. Asisten, como observadoras, las organizaciones sindicales más representativas de la Mesa Sectorial.

Artículo 69. Participantes en los concursos específicos

A quienes participan en los concursos específicos se les aplica el artículo 63.3, 4, 5, 6 y 7. Para participar se exige una experiencia mínima de tres años como personal funcionario en el mismo subgrupo, o en el mismo grupo de clasificación profesional si este no tiene subgrupo. Además, quien obtiene un puesto por concurso específico debe permanecer en él un mínimo de tres años para participar en los sucesivos concursos específicos.

Artículo 70. Méritos en los concursos específicos

Además de los méritos del concurso general, la fase específica valora capacidades y aptitudes mediante pruebas prácticas, memorias, entrevistas u otros sistemas similares, e incluso titulaciones o competencias. La memoria analiza las tareas del puesto y los requisitos, condiciones y medios para desempeñarlo; la entrevista versa sobre los méritos específicos y, en su caso, la memoria. La fase general vale el 45 % del total y la específica el 55 %. La Consejería competente en función pública negocia los baremos con la representación sindical y los recoge en bases generales aprobadas por orden.

Artículo 71. Acreditación de méritos y capacidades en los concursos generales y específicos

Los méritos, capacidades y aptitudes para cualquier modalidad de concurso se valoran una vez al año, en los términos de las bases generales del artículo 60.2. Las solicitudes deben relacionar, en todo caso, los méritos alegados e indicar si están o no inscritos en el Registro General de Personal de la Administración de la Junta de Andalucía; los no inscritos se acreditan con documentación. También se hacen constar, por orden de preferencia, los puestos solicitados de la convocatoria.

Artículo 72. Resolución en los concursos generales y específicos

Las comisiones proponen al órgano convocante a las personas candidatas con mayor puntuación para cada puesto. La valoración de méritos de las comisiones motiva la resolución. Fuera de la modalidad abierta y permanente, el concurso general se resuelve en un máximo de seis meses desde la publicación de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, y el específico en un mes desde el día siguiente al fin del plazo de solicitudes, ampliable hasta un máximo de cuatro meses por complejidad o número de puestos. Las resoluciones se publican en el BOJA y en la Sede Electrónica General.

Artículo 73. Desistimiento y renuncia en los concursos generales y específicos

Cabe desistir de toda la solicitud antes de acabar el plazo de presentación, salvo que las bases indiquen otra fecha posterior. El destino adjudicado es irrenunciable, salvo que antes del cese efectivo o, en todo caso, del fin del plazo de cese se obtenga otro destino definitivo por concurso específico, libre designación o proceso selectivo: la persona elige y lo comunica por escrito a los órganos convocantes y a la Dirección General de función pública en tres días hábiles desde la publicación de la última adjudicación. Son destinos voluntarios y, con excepciones, sin derecho a indemnización.

Artículo 74. Plazos de cese y toma de posesión en los concursos generales y específicos

Cese: en los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en el BOJA, salvo que esta diga otra cosa; la jefatura superior de personal puede diferirlo, por necesidades del servicio motivadas, hasta veinte días hábiles. Toma de posesión: efectos del día siguiente al cese; con reingreso al servicio activo, en un mes desde la publicación. Incorporación efectiva: día hábil siguiente al cese, o un mes si hay cambio de residencia, que debe acreditarse; con reingreso, el día de la toma de posesión. Los plazos posesorios empiezan al acabar vacaciones, permisos o licencias.

Artículo 75. Causas de remoción del puesto de trabajo en los concursos generales y específicos

Quien accedió a un puesto por concurso general o específico puede ser removido por: a) cumplimiento inadecuado o rendimiento insuficiente que no comporte sanción disciplinaria, verificado con los criterios de la evaluación del desempeño y referido a los seis meses desde la incorporación; b) falta de capacidad sobrevenida o de adecuación al puesto que impida ejercer con eficacia sus funciones. También por causas sobrevenidas: supresión o alteración del contenido del puesto, hecha a través de la relación de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria.

Artículo 76. Procedimiento de remoción

Cuando concurran las causas de las letras a) y b) del artículo anterior, inicia el procedimiento el órgano que realizó el nombramiento. El acuerdo de inicio indica la causa, la posibilidad de acordar la finalización con adscripción provisional a otro puesto y el derecho a alegar. Diez días hábiles de audiencia a la persona afectada; diez para la Junta de Personal; diez más para nuevas alegaciones. Propuesta en quince días hábiles tras la instrucción. Resuelve el órgano que nombró, en quince días hábiles desde que recibe la propuesta; máximo total: tres meses desde el acuerdo de inicio.

Artículo 77. Efectos de la remoción

Cuando una persona funcionaria de carrera es removida de su puesto de trabajo, la consecuencia es su adscripción provisional a otro puesto de trabajo. Esa adscripción se hace de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 134 de la Ley 5/2023, de 7 de junio.

Artículo 78. Libre designación

De acuerdo con el artículo 128 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, la libre designación con convocatoria pública es la apreciación discrecional, por el órgano competente, de la idoneidad y de las competencias de las personas candidatas en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Pueden proveerse así los puestos de trabajo singularizados que lo tengan establecido por disposición legal o reglamentaria, o que figuren de forma motivada en la relación de puestos de trabajo con esta forma de provisión, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

Artículo 79. Convocatoria de provisión de puestos de trabajo por libre designación

La convocatoria la efectúa el órgano competente para proveer los puestos de libre designación y recoge los datos del puesto, el cuerpo o especialidad con requisitos y competencias, y el plazo de solicitudes y órgano al que dirigirlas. Se publica en el BOJA y en la Sede electrónica general. Por urgencia o necesidad de cobertura motivadas, el puesto puede cubrirse de inmediato y provisionalmente, pudiendo prescindirse de los requisitos de experiencia y formación; debe convocarse en el plazo máximo de un mes desde el nombramiento provisional. Hay reserva del puesto de origen.

Artículo 80. Participantes

Puede participar el personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta, en cualquier situación administrativa, salvo el suspenso en firme y el imposibilitado por sanción de demérito, mientras duren. En excedencia voluntaria por interés particular o agrupación familiar, solo con más de un año; con reserva de puesto, al menos seis meses; en la incentivada, más de cinco años. El sancionado con traslado con cambio de residencia no obtiene destino en la localidad de origen durante un año (falta muy grave) o seis meses (grave), desde el traslado.

Artículo 81. Solicitudes

De conformidad con el artículo 128.5 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, el plazo de presentación de solicitudes tiene un tope: no puede exceder de diez días hábiles. Se cuentan desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 82. Propuesta de adjudicación, resolución y toma de posesión

Nombran las personas titulares de las Consejerías y agencias, a propuesta de la persona titular del centro, organismo u órgano al que esté adscrito el puesto. Si el funcionario procede de otras Administraciones Públicas, se requiere informe del órgano directivo central de función pública. Pueden intervenir especialistas, que serán de público conocimiento. Plazo máximo de resolución: un mes desde el día siguiente al fin del plazo de solicitudes, ampliable motivadamente hasta un mes más. La resolución se motiva y se publica en el BOJA y en la Sede electrónica general.

Artículo 83. Cese

El personal funcionario nombrado por libre designación puede ser cesado con carácter discrecional, pero la resolución de cese debe motivar expresamente por qué han dejado de concurrir la idoneidad y las competencias que justificaron la elección, u otra circunstancia objetiva que determina el cese. Las personas funcionarias de carrera cesadas son adscritas provisionalmente a un puesto conforme al artículo 134 de la Ley 5/2023, de 7 de junio. Si no hay puesto adecuado o no está dotado, la Consejería de función pública crea, con carácter «a extinguir», o dota los puestos necesarios.

Artículo 84. Movilidad voluntaria provisional

Un puesto de concurso general dotado y desocupado puede proveerse, previa convocatoria en la Sede electrónica general, de forma voluntaria y provisional si concurren necesidades urgentes, inaplazables o funcionales. Participa el personal funcionario de carrera del cuerpo y especialidad del puesto que cumpla los requisitos y consienta. Solicitudes: diez días hábiles. Valora una comisión de tres funcionarios de carrera. La Consejería o agencia de origen puede denegar en diez días hábiles. Resuelve la persona titular de la Consejería o agencia del puesto, en un mes como máximo.

Artículo 85. Movilidad temporal y estructural

La persona titular de la Consejería competente en función pública puede, mientras se aprueba la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo, acordar el destino temporal del personal por reestructuración orgánica, traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma u otras circunstancias excepcionales y urgentes, precepto legal, acuerdo del Consejo de Gobierno o resolución judicial. Dura seis meses, prorrogables como máximo por un único período igual, salvo que persistan los motivos y la persona manifieste expresamente su voluntad de continuar. No excede de la provincia.

Artículo 86. Movilidad forzosa provisional por cargas de trabajo

Si excepcionalmente hay necesidades de servicio o funcionales expresamente motivadas y el puesto no ha podido proveerse por los procedimientos de los artículos 126 y 129 de la Ley 5/2023, la persona titular de la Consejería o agencia puede disponer, en su ámbito, el traslado forzoso y provisional de personal funcionario de carrera a un puesto desocupado; a otra Consejería o agencia lo dispone la titular de la Consejería de función pública, a propuesta de la solicitante. Límites: provincia y seis meses, salvo que persistan los motivos y la persona manifieste expresamente que quiere continuar.

Artículo 87. Movilidad forzosa definitiva

Agotados los procedimientos ordinarios y los extraordinarios de los artículos 129, 130 y 131 de la Ley 5/2023, puede trasladarse al personal funcionario de carrera a otra Consejería u organismo por necesidades extraordinarias. Inicia la Consejería o agencia afectada; se comunica a las Juntas de Personal y se da audiencia por plazo común de diez días. Acuerda la titular de la Consejería de función pública si afecta a dos Consejerías; dentro de una misma, la propia Consejería. No excede de la provincia. Criterios, por orden: aceptación voluntaria, mayor antigüedad y ocupación definitiva.

Artículo 88. Reasignación de efectivos

El personal funcionario de carrera cuyo puesto, ocupado con carácter definitivo, se suprima por un plan de ordenación de recursos humanos u otro instrumento de planificación podrá ser destinado con carácter definitivo, respetando el tramo de carrera profesional consolidado, a otro puesto de su cuerpo y especialidad mediante reasignación de efectivos, con los criterios objetivos del plan (capacidades, aptitudes, formación y experiencia). Si el puesto se desempeñaba de forma provisional, la persona retorna al puesto reservado, en su caso; si no hay reserva, reglas de adscripción provisional.

Artículo 89. Procedimiento de reasignación de efectivos

Tres fases. Primera: en dos meses desde la supresión, la persona titular de la Viceconsejería u órgano equivalente de la agencia puede reasignar dentro de su ámbito a un puesto similar. Segunda: si no obtiene puesto, la reasigna la titular de la Dirección General de función pública, en otros dos meses como máximo, a otra Consejería o agencia. En ambas es obligatoria en la misma localidad y voluntaria en otra, y se cobran las retribuciones del puesto suprimido. Tercera: la Dirección General puede adscribir provisionalmente o declarar la expectativa de destino.

Artículo 90. Adscripción provisional

La adscripción provisional consiste en la adjudicación provisional de un puesto de trabajo, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley 5/2023, con las obligaciones del artículo 63.3.d) y las causas de remoción del artículo 75.1, a) y b) del decreto. La competencia corresponde a cada Consejería, salvo que la adscripción provisional exceda del ámbito de la Consejería de origen: en ese caso corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de función pública.

Artículo 91. Permuta

El funcionario de carrera puede solicitar, telemáticamente, la permuta del puesto al que esté adscrito de forma definitiva y adjudicado por proceso de acceso o concurso general; se publicita quince días hábiles en la Sede electrónica. Requisitos: puestos de igual naturaleza e idéntica provisión, años de servicio que no difieran en más de cinco y que a nadie le falten menos de diez para la jubilación forzosa. Informe en quince días hábiles, con silencio negativo. Autoriza la Consejería afectada en su ámbito y, en el resto, la Dirección General de función pública. No cabe otra en cinco años.

Artículo 92. Atribución temporal de funciones

Por necesidades del servicio o funcionales motivadas y por el tiempo indispensable, la persona que ostente la Viceconsejería u órgano equivalente en las agencias puede asignar temporalmente, mediante resolución, funciones propias de su cuerpo al personal funcionario, cuando no estén asignadas a puestos o no puedan atenderse con suficiencia. Se siguen percibiendo las retribuciones del puesto de pertenencia. Duración: no superior a seis meses, prorrogables otros seis por resolución motivada, salvo que persista la necesidad y la persona manifieste expresamente su voluntad de continuar.

Artículo 93. Movilidad interadministrativa

Se garantiza el derecho a la movilidad del personal funcionario de carrera de otras Administraciones, según las relaciones de puestos de trabajo, la convocatoria, la reciprocidad y los convenios. Quien obtiene destino por concurso y sufre remoción o supresión del puesto permanece en la Junta, que debe asignarle puesto. Si cesa en un puesto de libre designación, la Junta tiene un mes desde el día siguiente al cese para adscribirlo a otro puesto o notificarle que no lo hará; después, la persona debe pedir en un mes el reingreso en su Administración de origen.

Artículo 94. Comisión de servicios interadministrativa

Es un procedimiento de movilidad voluntario por el que el personal funcionario de carrera presta servicios temporalmente en otra Administración. Exige previo acuerdo de las Administraciones y aceptación de la persona; máximo un año, prorrogable anualmente hasta cuatro. Solo implica reserva del puesto si se obtuvo por concurso general y se acuerda por tiempo no superior a un año; por más tiempo puede autorizarla el Consejo de Gobierno. En la Administración General de la Junta autoriza la Dirección General de función pública. Paga íntegramente la Administración donde se presta el servicio.

Artículo 95. Comisión de servicios en programas de cooperación internacional

La persona titular de la Consejería competente en función pública puede autorizar, como movilidad voluntaria, comisiones de servicio al personal funcionario de carrera para misiones en programas de cooperación al servicio de organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras, si consta el interés de ambas instituciones. No puede exceder de seis meses y conlleva reserva de puesto si este se obtuvo por concurso general. La resolución determina si se cobra por el puesto de origen o por el desempeñado. Para la carrera profesional solo cuenta el nivel del puesto de origen.

Artículo 96. Regulación y procedimiento

La provisión de puestos de trabajo y la movilidad del personal laboral se realizan de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. A las comisiones de valoración de los procesos de provisión de puestos de personal laboral se les aplica lo previsto en el decreto, y sus miembros podrán ser personal laboral siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en el artículo 62.

Artículo 97. Disposiciones generales

Los procedimientos de movilidad de esta sección dependen de dos condiciones: que existan puestos dotados y vacantes adecuados al cuerpo, especialidad o categoría profesional de la persona interesada, preferentemente de similares condiciones retributivas a las del puesto de origen, y que se cumplan todos los requisitos de desempeño previstos en la relación de puestos de trabajo. Como excepción, cumpliendo los demás requisitos, cabe el traslado a un puesto no ocupado pero con titular con derecho a reserva, en tanto no se incorpore.

Artículo 98. Movilidad por razones de salud

Se podrá adscribir al personal funcionario o laboral fijo a puestos en distinta unidad o localidad, previa solicitud por razones de salud o rehabilitación propias, del cónyuge o pareja de hecho, de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad a su cargo, o de menores en acogimiento permanente. Exige informe previo de la Inspección Médica y puesto vacante y dotado. Resuelve, en dos meses como máximo, la Dirección General competente en función pública. Incorporación: al día siguiente del cese, o dentro de los quince días siguientes si hay cambio de residencia.

Artículo 99. Movilidad por razones de violencia de género

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género obligadas a abandonar su puesto en la localidad donde prestaban servicios tienen derecho al traslado a otro puesto de su cuerpo, especialidad o categoría, del mismo nivel o análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. El traslado es forzoso y los destinos no se hacen públicos. Es competente cada Consejería o agencia, salvo que la movilidad exceda de la Consejería de origen: entonces, la persona titular de la Dirección General competente en materia de función pública.

Artículo 100. Reserva de puestos en la movilidad por razón de violencia de género

Durante los primeros seis meses el puesto de origen queda reservado; si en ese periodo opta por volver, los seis meses en el otro puesto cuentan como permanencia en el de origen a efectos de concurso o traslado. Después, la Administración podrá conceder, a solicitud de la interesada, el retorno a la localidad de origen por circunstancias extraordinarias. Los puestos con personal funcionario de carrera víctima adscrito no se incluyen en los concursos generales mientras duren las circunstancias. Para funcionarias interinas o personal laboral temporal la adjudicación es provisional.

Artículo 101. Movilidad interadministrativa por razones de violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la movilidad interadministrativa por violencia de género mediante acuerdos de la Conferencia Sectorial de Administración Pública o convenios de colaboración. La acuerda la persona titular de la Dirección General competente en materia de función pública. Mientras permanezcan las circunstancias la empleada mantiene el puesto, que no puede cubrirse definitivamente; lo ocupa con carácter provisional en tanto no obtenga uno definitivo. Si desaparecen, debe comunicarlo y puede optar entre reincorporarse a su puesto de origen o permanecer.

Artículo 102. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera

La condición de personal funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de estos requisitos: superación del proceso selectivo (incluidos, en su caso, prácticas o pruebas); acreditación, en su caso, de los requisitos de la convocatoria, siempre antes del nombramiento; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía para Andalucía y del resto del ordenamiento jurídico; y toma de posesión en el plazo que fije la resolución de nombramiento.

Artículo 103. Causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera

Son causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera: la renuncia; la pérdida de la nacionalidad española, de otro Estado miembro de la Unión Europea o de Estados con libre circulación de personas trabajadoras, tenida en cuenta para el nombramiento, salvo que simultáneamente se adquiera la de alguno de esos Estados y sin que se aplique cuando la nacionalidad no sea requisito de acceso; la jubilación total; la sanción disciplinaria de separación del servicio firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público firme.

Artículo 104. Renuncia a la condición de personal funcionario de carrera

La renuncia voluntaria se manifiesta por escrito y la acepta expresamente la Consejería competente en materia de función pública, salvo que la persona esté sujeta a procedimiento disciplinario o tenga auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Se solicita en el Registro Electrónico Único con al menos dos meses de antelación. Tramita la Dirección General competente en materia de función pública y resuelve la persona titular de la Secretaría General competente en materia de función pública. Duración máxima: dos meses; el silencio es estimatorio. No inhabilita para ingresar de nuevo.

Artículo 105. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo

El personal funcionario puede solicitar, con al menos dos meses de antelación a la edad de jubilación forzosa, prolongar el servicio activo hasta el límite de setenta años. Se concede dentro de dos meses desde la solicitud, por períodos de un año renovables anualmente; las prórrogas se piden con al menos dos meses de antelación. Duración máxima del procedimiento: dos meses, con silencio desestimatorio. Resuelve de forma motivada la Consejería a la que esté adscrito el puesto ocupado al formular la solicitud. No conlleva la pérdida del premio de jubilación.

Artículo 106. Supuestos de rehabilitación

Pueden solicitar la rehabilitación quienes perdieron la condición de personal funcionario de carrera por: a) pérdida de la nacionalidad, si recuperan la española o adquieren otra que permita el acceso al cuerpo o especialidad a que pertenecían; b) jubilación por incapacidad permanente para el servicio, si desaparece la causa que la motivó; c) condena a pena principal o accesoria de inhabilitación por sentencia judicial firme, cuando se hayan extinguido la responsabilidad penal y, en su caso, también la civil derivadas del delito.

Artículo 107. Órganos competentes

La competencia para conceder la rehabilitación depende de la situación de la persona al perder la condición de personal funcionario de carrera. Si estaba en servicio activo o en situación con reserva de puesto, es competente la Consejería a la que, en el momento de solicitarse la rehabilitación, esté adscrito el último puesto que hubiese ocupado, de forma provisional o definitiva. Si estaba en situación sin reserva de puesto, o si ese último puesto está suprimido al solicitarse la rehabilitación, la concede la Dirección General competente en materia de función pública.

Artículo 108. Procedimiento

El procedimiento de rehabilitación se inicia por solicitud en el Registro Electrónico Único y se tramita íntegramente de forma electrónica. La solicitud indica causa y fecha de la pérdida, último puesto ocupado y supuesto de rehabilitación. Se acompaña de certificación literal de nacimiento del Registro Civil (recuperación de la nacionalidad española), certificación del órgano competente del Estado (otra nacionalidad) o dictamen médico del Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Duración máxima: seis meses; silencio estimatorio.

Artículo 109. Resolución

Cuando se acredita y se comprueba documentalmente que han desaparecido las causas objetivas que motivaron la pérdida, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.5, el resultado es la concesión de la rehabilitación. El verbo del precepto es imperativo: esa acreditación y comprobación documental «conllevará» la concesión.

Artículo 110. Efectos

La resolución de concesión asigna, provisionalmente, un puesto del cuerpo o especialidad y del mismo nivel que el último desempeñado, debiendo participar en los procesos ordinarios de provisión hasta obtener uno definitivo; si hay vacante dotada, adecuada y de cobertura necesaria, preferentemente en la localidad del último puesto definitivo. Toma de posesión: diez días desde el día siguiente a la notificación; si no, excedencia voluntaria por interés particular desde el día siguiente a la fecha de la resolución. Conserva los derechos de carrera consolidados; el tiempo intermedio no computa.

Artículo 111. Órgano competente

La competencia para conceder la rehabilitación corresponde al Consejo de Gobierno. Lo hace a propuesta de la Consejería competente en materia de función pública. Dos datos que retener: quién concede (Consejo de Gobierno) y quién propone (Consejería competente en materia de función pública).

Artículo 112. Procedimiento

Se aplica el artículo 108.1, 2 y 4. La solicitud se dirige a la Consejería competente en materia de función pública, con la documentación que acredite la extinción de la responsabilidad penal y, en su caso, civil. Instruye la Dirección General competente en materia de función pública, que formula propuesta de resolución y da quince días para alegaciones; después la eleva, a través de la persona titular de la Consejería de la que dependa, al Consejo de Gobierno, que dicta la resolución definitiva. Duración máxima: seis meses; sin resolución expresa dictada y notificada, silencio desestimatorio.

Artículo 113. Resolución

Aunque se acredite documentalmente la extinción de la responsabilidad en la forma del artículo 112.2, la concesión tiene carácter excepcional y atiende a las circunstancias y la entidad del delito. Criterios orientadores (artículo 121.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio): conducta y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida; daño y perjuicio para el servicio público; relación del hecho con el cargo; gravedad de los hechos y duración de la condena; tiempo desde el delito; informes de los titulares de los órganos donde prestó servicios, y cualquier otro criterio objetivo.

Artículo 114. Efectos

En cuanto a los efectos de la rehabilitación, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 110.1, 3, 4 y 5 (la remisión no incluye el apartado 2). Si la solicitud se desestima, no puede volver a presentarse una nueva hasta que transcurran dos años desde la fecha de la notificación de la resolución denegatoria.

Artículo 115. Adquisición y pérdida de la condición de personal laboral fijo

La condición de personal laboral fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de cinco requisitos: superar el proceso selectivo; formalización del contrato por el órgano competente (su inscripción en el Registro General de Personal es el momento en que la Junta manifiesta su voluntad de contratar); acatamiento; incorporación en plazo, y superar el período de prueba que, en su caso, corresponda. Se pierde por las causas de extinción de la normativa laboral y del convenio aplicable, incluida la no superación del período de prueba. Readmisión: Estatuto de los Trabajadores y convenios aplicables.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos, al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos y al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social. Pueden dictarse normas específicas para el personal docente e investigador, sanitario, de los servicios postales y de telecomunicación y el destinado en el extranjero. El apartado 3 enumera los preceptos que son bases aplicables a todas las Administraciones Públicas, y la Ley es supletoria para el personal no incluido en su ámbito.

Artículo 2. Dependencia orgánica

Todo el personal al servicio de la Administración del Estado a que se refiere el artículo anterior, con sus Cuerpos, Escalas, Categorías y Clases, tiene dependencia orgánica del Ministerio de la Presidencia. Esa dependencia orgánica se entiende sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada Departamento.

Artículo 3. El Gobierno

El Gobierno dirige la política de personal y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de función pública de la Administración del Estado. En particular: establece directrices para los órganos con competencias de personal; da instrucciones para negociar con funcionarios y personal laboral; fija anualmente las normas del régimen retributivo; aprueba, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, los criterios de coordinación de las letras e) y f); y aprueba la oferta de empleo de la Administración del Estado y la estructura en grados de su personal.

Artículo 4. El Ministro de la Presidencia

Al Ministro de la Presidencia le compete el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del Gobierno en materia de personal de la Administración del Estado. En particular: propone al Gobierno el proyecto de Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos y demás normas de general aplicación a la Función Pública (si se refieren a funcionarios de régimen singular o especial, a iniciativa del Ministerio competente); impulsa los planes de mejora del rendimiento, la formación y la promoción; y cuida del cumplimiento de las normas de personal.

Artículo 5. El Ministro de Economía y Hacienda

El Ministro de Economía y Hacienda tiene dos cometidos: proponer al Gobierno, en el marco de la política general económica y presupuestaria, las directrices a que deben ajustarse los gastos de personal de la Administración del Estado, y autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificaciones en el gasto.

Artículo 6. El Consejo Superior de la Función Pública

El Consejo Superior de la Función Pública es el órgano superior colegiado de coordinación y consulta de la política de Función Pública y de participación del personal de las Administraciones Públicas. Informa en dos meses los anteproyectos de Ley de personal consultados por el Gobierno o los Consejos de Gobierno autonómicos, y las disposiciones o decisiones relevantes que consulten también las Corporaciones Locales a través de sus representantes. Debate y propone medidas a iniciativa de sus componentes. Sus deliberaciones y propuestas en ningún caso son vinculantes.

Artículo 7. Composición del Consejo Superior de la Función Pública

Integran el Consejo Superior de la Función Pública: por el Estado, el Ministro de la Presidencia (Presidente), el Secretario de Estado para la Administración Pública (Vicepresidente), el Secretario de Estado de Hacienda, los Subsecretarios de todos los Ministerios y el Secretario general del Consejo, nombrado por Real Decreto con categoría de Director general; un representante por cada Comunidad Autónoma (el miembro del Consejo de Gobierno con la dirección superior del personal); diecisiete de las Corporaciones Locales y diecisiete del personal. El Consejo elabora sus propias normas.

Artículo 8. La Comisión de Coordinación de la Función Pública

La Comisión de Coordinación de la Función Pública coordina la política de personal de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, para formar el plan de oferta de empleo público y proponer medidas de ejecución de las bases del régimen estatutario. La preside el Secretario de Estado para la Administración Pública y su Vicepresidente es el Secretario de Estado de Hacienda; incluye ocho representantes del Estado designados por el Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia y, por las Comunidades Autónomas, los titulares de los órganos directivos de personal.

Artículo 9. La Comisión Superior de Personal

La Comisión Superior de Personal se configura como un órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado. Ejerce las competencias y funciones que le atribuye la legislación vigente, y es el Gobierno quien, por Real Decreto, regula su composición y funciones.

Artículo 10. Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores civiles

Los Delegados del Gobierno, respecto del personal destinado a los servicios periféricos de ámbito regional, y los Gobernadores civiles, respecto del destinado a los servicios periféricos provinciales, ejercen las competencias que la legislación vigente atribuye a los Subsecretarios y a los Directores generales sobre el personal de los servicios periféricos de la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, sin perjuicio de la superior dirección que corresponde a los Departamentos ministeriales.

Artículo 11. Ordenación de la Función Pública de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas ordenan su Función Pública propia mediante Ley de sus respectivas Asambleas Legislativas. A estos efectos, y previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, agrupan a sus funcionarios propios en los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías que proceda, respetando en todo caso los grupos establecidos en el artículo 25 de la Ley.

Artículo 12. Regulación de la situación de los funcionarios transferidos

Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la Función Pública de estas, que respetarán el grupo del Cuerpo o Escala de procedencia y los derechos económicos inherentes al grado personal reconocido. Se garantiza la igualdad entre todos los funcionarios propios. En la Comunidad Autónoma están en servicio activo; en sus Cuerpos o Escalas de origen quedan en la situación especial de servicios en Comunidades Autónomas, que les permite mantener todos sus derechos como si se hallaran en activo, de acuerdo con los respectivos Estatutos de Autonomía.

Artículo 13. Los Registros administrativos de personal

En la Dirección General de la Función Pública existe un Registro Central donde se inscribe a todo el personal de la Administración del Estado y se anotan preceptivamente los actos de su vida administrativa; sus normas las aprueba el Gobierno. Comunidades Autónomas y Entidades Locales constituyen también Registros, y todos están coordinados. No pueden incluirse en nómina nuevas remuneraciones sin comunicar antes al Registro el acto que las reconoce. En la documentación individual no figuran datos de raza, religión u opinión, y el personal tiene libre acceso a su expediente.

Artículo 14. Dotaciones presupuestarias de personal

Las dotaciones presupuestarias de personal se distribuyen entre los programas de gasto de los Centros gestores garantizando el equilibrio entre medios materiales y humanos, previo informe de Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto, con representantes de Economía y Hacienda, de la Presidencia y de los demás Departamentos ministeriales. Las plantillas del Estado resultan de los créditos de la Ley de Presupuestos; las Comunidades Autónomas las determinan en sus Leyes de Presupuestos; las de la Administración Local se fijan anualmente a través de su Presupuesto.

Artículo 15. Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado

Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico de ordenación del personal de la Administración del Estado. Indican denominación, tipo y sistema de provisión, requisitos, nivel de complemento de destino y, en su caso, complemento específico, o categoría profesional y régimen jurídico si el puesto es de personal laboral. Como regla general los puestos son de funcionarios. Las aprueban conjuntamente los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, salvo la asignación inicial de complementos, que es del Gobierno. Son públicas.

Artículo 16

Las comunidades autónomas y la Administración local forman también la relación de los puestos de trabajo existentes en su organización. Debe incluir, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos son públicas.

Artículo 17. Movilidad de funcionarios de las distintas Administraciones Públicas

Los puestos del Estado y de las Comunidades Autónomas pueden cubrirse por funcionarios de cualquiera de estas Administraciones, según establezcan las relaciones de puestos de trabajo. Los funcionarios de la Administración local, si así lo prevén dichas relaciones, pueden ocupar puestos en otras Corporaciones locales, en las Comunidades Autónomas y en la Administración General del Estado en puestos relacionados con sus funciones en materia de Entidades locales. En los Acuerdos de movilidad tiene especial consideración la movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de violencia de género.

Artículo 18. La oferta de empleo público

Las Administraciones Públicas pueden elaborar Planes de Empleo, para personal funcionario y laboral. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan cubrirse con los efectivos existentes son objeto de Oferta de Empleo Público. Tribunales y Comisiones de Selección no pueden declarar que han superado el proceso más aspirantes que plazas convocadas: la propuesta contraria es nula de pleno derecho. En la Administración General del Estado, la Oferta la aprueba el Gobierno a propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Artículo 19. Selección del personal

Las Administraciones seleccionan su personal, funcionario o laboral, según su oferta de empleo público, con convocatoria pública, por concurso, oposición o concurso-oposición libre, con igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El Gobierno regula los órganos de selección, que no pueden formarse mayoritariamente con funcionarios del Cuerpo que se selecciona, salvo las peculiaridades del personal docente e investigador. El Instituto Nacional de Administración Pública coordina, controla y, en su caso, realiza los cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios estatales.

Artículo 20. Provisión de puestos de trabajo

Los puestos de funcionarios se proveen por concurso (sistema normal) o por libre designación (puestos fijados en las relaciones de puestos de trabajo). Hay quince días hábiles para presentar solicitudes. En libre designación la remoción es discrecional; en concurso exige expediente contradictorio y resolución motivada, oída la Junta de Personal. Para concursar hay que permanecer dos años en cada puesto. La reasignación de efectivos tiene tres fases: seis meses, tres meses y expectativa de destino. El personal eventual cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que sirve.

Artículo 21. Promoción profesional

Los puestos se clasifican en 30 niveles y todo funcionario posee un grado personal que corresponde a uno de ellos. El grado se adquiere desempeñando puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, o mediante cursos específicos u otros requisitos objetivos. Quien obtiene un puesto superior en más de dos niveles a su grado consolida cada dos años el grado superior en dos niveles. Se garantiza al menos el complemento de destino del grado. Quien cesa por alteración o supresión del puesto cobra sus retribuciones complementarias un máximo de tres meses.

Artículo 22. Fomento de la promoción interna

La promoción interna es el ascenso desde cuerpos o escalas de un grupo de titulación a otros del inmediato superior. Exige la titulación del cuerpo de destino, al menos dos años de servicios efectivos como funcionario de carrera en el grupo inmediatamente inferior y superar las pruebas, que pueden hacerse en convocatorias independientes si lo autoriza el Gobierno o el órgano competente de las demás Administraciones. Quien promociona tiene preferencia para cubrir las vacantes ofertadas y conserva el grado consolidado si entra en el intervalo del nuevo cuerpo.

Artículo 23. Conceptos retributivos

Las retribuciones de los funcionarios son básicas y complementarias. Básicas: sueldo, trienios (cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio) y pagas extraordinarias (dos al año, de importe mínimo de una mensualidad de sueldo y trienios, en junio y diciembre). Complementarias: complemento de destino, complemento específico (no más de uno por puesto), complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. Además se perciben indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 24. Determinación de la cuantía de los conceptos retributivos

Las cuantías de las retribuciones básicas de los párrafos a) y b) del artículo 23.2 son iguales en todas las Administraciones públicas para cada grupo de clasificación. También lo son las de las pagas extraordinarias, para cada grupo según el nivel del complemento de destino que se perciba. El sueldo del grupo A no puede exceder en más de tres veces al del grupo E. Las retribuciones básicas y los complementos de destino, específicos y de productividad se reflejan cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y figuran en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas.

Artículo 25. Grupos de clasificación

Los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías de funcionarios se agrupan según la titulación exigida para su ingreso. Grupo A: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Grupo B: Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente. Grupo C: Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Grupo D: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente. Grupo E: Certificado de escolaridad.

Artículo 26. Ordenación de la adscripción y funciones de los Cuerpos y Escalas de las Administraciones Públicas

Los Cuerpos y Escalas de funcionarios no pueden tener asignadas facultades, funciones o atribuciones propias de los órganos administrativos; solo las relaciones de puestos de trabajo pueden determinar qué Cuerpos o Escalas pueden desempeñar los puestos que las ejercen. La adscripción concreta de los Cuerpos y Escalas a un Departamento u Organismo corresponde al Gobierno, previo informe del Departamento al que figuren adscritos y a propuesta del Ministro de la Presidencia. En su ámbito, la ejercen los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los Plenos de las Corporaciones Locales.

Artículo 27. Racionalización de la estructura de Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado

Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia, a convocar pruebas unitarias de selección para el ingreso en los distintos Cuerpos o Escalas y a unificar, previo dictamen del Consejo de Estado, Cuerpos y Escalas de igual grupo. Unificar requiere que se hayan exigido los mismos requisitos de capacidad profesional e igual titulación académica, que las pruebas sean conjuntas o de contenido sensiblemente equivalente, con Tribunales o Comisiones de composición similar, y que tengan funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional y en su nivel técnico.

Artículo 28. Racionalización de las plantillas de personal laboral

El Gobierno procederá también a racionalizar las plantillas de personal laboral. Lo hará a través de los instrumentos establecidos en el artículo anterior o de los que resulten precisos, de acuerdo con la naturaleza jurídica de ese personal y de forma coherente con el proceso de racionalización de los Cuerpos y Escalas de funcionarios.

Artículo 29. Situaciones de los funcionarios

Suprime la excedencia especial y la de supernumerario y crea los servicios especiales, la excedencia para el cuidado de hijos, la expectativa de destino, la excedencia voluntaria incentivada y una modalidad de excedencia forzosa. Servicios especiales: reserva de plaza y destino. Interés particular: cinco años previos de servicios y permanencia mínima de dos. Agrupación familiar: de dos a quince años. Cuidado de hijo o familiar: hasta tres años. Expectativa de destino: máximo un año. Incentivada: cinco años. Violencia de género: reserva de puesto seis meses y retribuciones íntegras dos meses.

Artículo 29 bis. Reingreso al servicio activo

El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza y destino se efectúa participando en las convocatorias de concurso o de libre designación. También cabe por adscripción provisional a un puesto, condicionada a las necesidades del servicio y a que se reúnan los requisitos para desempeñarlo. El puesto asignado con carácter provisional se convoca para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año y el funcionario reingresado está obligado a participar en la convocatoria; si no obtiene destino definitivo se le aplica el artículo 21.2.b) de la Ley.

Artículo 30. Permisos

Permisos: cuatro semanas para el padre por nacimiento, acogimiento o adopción; por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar de primer grado, tres días hábiles en la misma localidad y cinco en distinta, y de segundo grado, dos y cuatro; un día por traslado de domicilio sin cambio de residencia; una hora diaria por lactancia de un hijo menor de doce meses. Parto: dieciséis semanas ininterrumpidas, más dos por cada hijo a partir del segundo. Adopción internacional: hasta dos meses con las retribuciones básicas.

Artículo 31. Régimen disciplinario

Son faltas muy graves: incumplir el deber de fidelidad a la Constitución; la discriminación y el acoso; el abandono del servicio; los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; publicar o utilizar indebidamente secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición; violar la neutralidad política para influir en procesos electorales; incumplir las incompatibilidades; obstaculizar libertades públicas y derechos sindicales; coartar la huelga o incumplir sus servicios esenciales; limitar la libre expresión, y ser sancionado por tres faltas graves en un año.

Artículo 32. Seguridad Social

Los apartados 1 a 5 del artículo están derogados. Solo queda el apartado 6: la determinación de la condición de beneficiario de asistencia sanitaria en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de los funcionarios públicos se adecuará a lo dispuesto para el Régimen General.

Artículo 33. Jubilación forzosa

La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declara de oficio al cumplir los sesenta y cinco años de edad. No obstante, esa declaración no se produce hasta que cesen en el servicio activo cuando voluntariamente prolonguen su permanencia en él hasta, como máximo, los setenta años; las Administraciones Públicas dictan las normas de procedimiento necesarias para ejercer este derecho. De esa prolongación quedan exceptuados los funcionarios de los cuerpos y escalas que tengan normas específicas de jubilación.

Artículo 34

Los funcionarios afectados por una reasignación de efectivos que estén en expectativa de destino o en excedencia forzosa por un Plan de Empleo pueden solicitar la jubilación voluntaria anticipada si tienen cumplidos sesenta años, acreditan al menos treinta de servicios y reúnen los requisitos de su Régimen de Seguridad Social. Perciben, por una sola vez, una indemnización que fija el Gobierno según su edad y sus retribuciones íntegras, sin complemento específico ni productividad, referida a doce mensualidades. Esta jubilación la acuerda el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Artículo 1

Define al funcionario de la Administración pública con tres notas: es una persona incorporada a ella por una relación de servicios profesionales, esos servicios son retribuidos y la relación está regulada por el Derecho administrativo.

Artículo 2

Los funcionarios de la Administración civil del Estado se rigen por esta Ley, sin perjuicio de las normas especiales aplicables en virtud de ella. Quedan excluidos: los de la Administración de Justicia (disposiciones especiales), los de los Organismos autónomos del artículo 82 de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (su Estatuto) y los que no perciban sueldos o asignaciones con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado. Para los demás funcionarios, sea cual sea su clase y Entidad, la Ley es supletoria.

Artículo 3

Los funcionarios que se rigen por esta Ley pueden ser de carrera o de empleo. Los de carrera se integran en Cuerpos generales y Cuerpos especiales. Los de empleo pueden ser eventuales o interinos.

Artículo 4

Son funcionarios de carrera quienes reúnen cuatro notas: nombramiento legal, desempeño de servicios de carácter permanente, figurar en las correspondientes plantillas y percibir sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 5

El apartado 1 está derogado. Son interinos quienes, por justificada necesidad y urgencia, con nombramiento legal y habiendo puestos dotados presupuestariamente, desarrollan funciones retribuidas mientras no puedan hacerlo funcionarios de carrera y sigan esas razones. Cesan si la plaza se provee por funcionario de carrera, se extingue la reserva del sustituido, se amortiza la plaza o la Administración considera que ya no hay necesidad o urgencia. Sus plazas van a la oferta de empleo público inmediatamente posterior al año de permanencia, salvo las de sustitución de funcionarios con reserva.

Artículo 6

Artículo 7

Son trabajadores al servicio de la Administración civil los contratados por ella con dicho carácter, de acuerdo con la legislación laboral, que les es plenamente aplicable. En todo caso, su admisión debe estar autorizada reglamentariamente.

Artículo 8

La competencia en materia de personal al servicio de la Administración Civil del Estado la ejercen: el Consejo de Ministros; el Presidente del Gobierno; el Ministro de Economía y Hacienda; los Ministros, Subsecretarios y Directores Generales; y la Comisión Superior de Personal. Las resoluciones relativas a personal que dicte cualquiera de ellos, en la esfera de su respectiva competencia, ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 9

La Comisión Superior de Personal, en la Presidencia del Gobierno, la preside el Ministro Subsecretario. Vocales natos: los Subsecretarios de los Ministerios civiles, los Directores generales del Tesoro y de Presupuestos, el Secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno, el Presidente del Patronato y el Director del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Un Vicepresidente (tratamiento y retribución de Subsecretario), un Secretario general (de Director general) y tres Vocales Permanentes se designan por Decreto, a propuesta de la Presidencia del Gobierno.

Artículo 10

Para estudiar las cuestiones de la competencia de la Comisión Superior de Personal, el Presidente o, en su caso, el Vicepresidente pueden designar Ponencias de trabajo, que actúan bajo su presidencia y se componen de los Vocales que se determinen en cada caso y del Secretario general de la Comisión. A efectos de información y coordinación, la Comisión puede convocar a los Oficiales Mayores o Jefes de Secciones de Personal de los Departamentos ministeriales.

Artículo 11

Impone una obligación general: todos los Organismos y Dependencias de la Administración deben facilitar a la Comisión Superior de Personal cuantos antecedentes e informes sean precisos para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 12

En la Secretaría General de la Comisión Superior existe un Registro de personal al servicio de la Administración civil del Estado. La Autoridad que acuerde un nombramiento o contratación debe comunicarlo a esa Secretaría General, que inscribe al interesado y le notifica el número de inscripción. La inscripción es requisito indispensable para acreditar haberes. También se le comunican los nombres de los funcionarios civiles que cesen por cualquier causa. Las normas del Registro las dicta la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal.

Artículo 13

La competencia en materia de funcionarios públicos del Consejo de Ministros, del Presidente del Gobierno, de los Ministros, de los Subsecretarios y de los Directores generales se ejerce de acuerdo con las reglas de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y con las de los artículos siguientes.

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Compete a los Ministros la dirección, gobierno y régimen disciplinario del personal adscrito al Departamento y, en especial: convocar, previo informe de la Comisión Superior de Personal, las pruebas de ingreso en los Cuerpos especiales del Departamento; nombrar a los funcionarios de Cuerpos especiales, dando cuenta a dicha Comisión; aprobar las relaciones de funcionarios de esos Cuerpos; comunicar a la Presidencia del Gobierno las vacantes de Cuerpos generales en su Departamento; proveer las plazas de libre designación; y aprobar las comisiones de servicio con derecho a indemnizaciones.

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Al Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios le competen las tareas de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración civil del Estado, además de cuantas le confiere la presente Ley.

Artículo 23

Los Cuerpos Generales ejercen las funciones comunes a la actividad administrativa, salvo las plazas reservadas a otra clase de funcionarios. Son: Técnico (gestión, estudio y propuesta de nivel superior; enseñanza superior universitaria o técnica; plazas de mayor responsabilidad, para quienes tengan diploma de directivos), Administrativo (trámite y colaboración; Bachillerato superior o equivalente, o condiciones del artículo 31), Auxiliar (taquigrafía, mecanografía, cálculo sencillo; enseñanza media elemental) y Subalterno (vigilancia, custodia, porteo; certificado de enseñanza primaria).

Artículo 24

Son funcionarios de Cuerpos especiales los que ejercen actividades que constituyen el objeto de una peculiar carrera o profesión y los que tienen asignado ese carácter por las circunstancias de la función administrativa encomendada. Los nuevos Cuerpos especiales deben crearse por Ley. Se rigen por sus disposiciones específicas y por las normas de esta Ley referidas a ellos; en todo caso se les aplica el presente título, salvo la sección 2.ª de este capítulo, las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo II (excepto el artículo 34, que sí se aplica) y la sección 2.ª del capítulo V.

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Para cada Cuerpo se forma una relación circunstanciada de todos sus funcionarios, cualquiera que sea su situación, excepto los jubilados. Se ordenan por la fecha de su nombramiento, respetando el orden de promoción obtenido en las pruebas selectivas. Las relaciones se rectifican con la periodicidad que se determine y se publican en el «Boletín Oficial del Estado». En ellas constan las circunstancias que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 28

Cada funcionario tiene una hoja de servicios. La de los Cuerpos generales la lleva la Comisión Superior de Personal y de ella se remite copia al Departamento de destino; la de los Cuerpos especiales la abren los Ministerios de que dependan, que remiten copia a la Comisión. En ella constan los servicios prestados, los actos sobre nombramiento, situación, plazas, comisiones de servicios, remuneración, diplomas, premios, sanciones y licencias, las circunstancias personales, los títulos académicos y profesionales y los méritos. Cualquier anotación se comunica a la Comisión Superior de Personal.

Artículo 29

La selección de los aspirantes al ingreso en los Cuerpos de la Administración civil del Estado se hace mediante convocatoria pública y la práctica de las pruebas selectivas correspondientes. Si se trata de ingreso en los Cuerpos generales, las pruebas se efectúan a través del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, ante un Tribunal cuya composición se determina reglamentariamente.

Artículo 30

Para ser admitido a las pruebas selectivas previas al ingreso en la Administración hace falta: ser español; tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad que se establezca para cada Cuerpo; poseer el título exigible o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias; no padecer enfermedad o defecto físico que impida las funciones; y no haber sido separado por expediente disciplinario del servicio del Estado o de la Administración local ni hallarse inhabilitado. La mujer puede participar conforme a la Ley 56/1961.

Artículo 31

Artículo 32

Quienes superan las pruebas selectivas son nombrados funcionarios en prácticas, con los efectos económicos que se determinen, si ya no lo fueran en propiedad. Deben seguir con resultado satisfactorio un curso selectivo y un período de práctica administrativa; al finalizarlos se establece el orden de los ingresados en cada promoción, que queda reflejado en su hoja de servicios. Superados ambos, el Ministro Subsecretario de la Presidencia confiere a los candidatos calificados como aptos el nombramiento de funcionarios de carrera.

Artículo 33

Los funcionarios de los Cuerpos generales tienen el deber de asistir a cursos de perfeccionamiento, previa autorización del Subsecretario del Departamento en que presten sus servicios. La periodicidad y las características de esos cursos las establece la Presidencia del Gobierno. Todo ello sin perjuicio de las enseñanzas que se organicen en cada Ministerio en relación con la materia de su competencia.

Artículo 34

Los diferentes Departamentos ministeriales podrán organizar cursos de perfeccionamiento para los funcionarios de los Cuerpos especiales, y lo harán en colaboración con el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. El artículo lo formula como una posibilidad («podrán») y lo refiere a los Cuerpos especiales.

Artículo 35

Se anotan en la hoja de servicios de los interesados los distintos grados y cursos de perfeccionamiento seguidos por los funcionarios, y también los certificados de aptitud y de estudios. Son, por tanto, cuatro cosas las que se anotan: grados, cursos de perfeccionamiento, certificados de aptitud y certificados de estudios.

Artículo 36

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de estos requisitos: superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos de formación que sean procedentes; nombramiento conferido por la autoridad competente; y tomar posesión dentro del plazo de un mes, a contar de la notificación del nombramiento. La letra c) está derogada.

Artículo 37

La condición de funcionario se pierde por renuncia, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria de separación del servicio y pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta; también por inhabilitación especial en las funciones del puesto o empleo especificado en la sentencia. La relación funcionarial cesa además por jubilación forzosa o voluntaria. Puede solicitarse la rehabilitación tras cambio de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente; los Órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas podrán concederla al condenado a inhabilitación.

Artículo 38

La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para nuevo ingreso en la función pública. Si una mujer casada con extranjero recupera la nacionalidad española, se podrá solicitar la rehabilitación de la cualidad de funcionario. En cambio, la pérdida de la condición de funcionario por separación del servicio tiene carácter definitivo.

Artículo 39

Procede también la jubilación cuando el funcionario padezca incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, bien por inutilidad física o debilitación apreciable de facultades; exige instrucción previa de expediente, que puede iniciarse de oficio o a instancia del funcionario interesado. Subsiste la posibilidad de prórroga en el servicio activo, en las condiciones y con los requisitos actualmente exigibles, para alcanzar el mínimo de servicios computables para causar haberes pasivos de jubilación. Los apartados 1 y 3 están derogados.

Artículo 40

Los funcionarios pueden hallarse en alguna de estas cuatro situaciones: servicio activo, excedencia en sus diversas modalidades, supernumerario y suspensión. El artículo se limita a enumerarlas; la excedencia figura como una sola situación, aunque con diversas modalidades.

Artículo 41

Hay servicio activo cuando el funcionario ocupa plaza de la plantilla de su Cuerpo o de la que sea titular; cuando por decisión ministerial sirve un puesto de libre designación en el propio Departamento; y cuando tiene conferida una comisión de servicio temporal, en su Ministerio o en otro, o para misiones de cooperación internacional. Esta última no da lugar a dietas y, salvo casos excepcionales, no dura más de seis meses. Las licencias o permisos reglamentarios no alteran el servicio activo, en el que se tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades.

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

La excedencia forzosa se produce por reforma de plantilla o supresión de la plaza que signifiquen el cese obligado en el servicio activo, y por imposibilidad de obtener el reingreso cuando se cesa con carácter forzoso como supernumerario. Los excedentes forzosos perciben un sueldo personal y el complemento familiar, con abono del tiempo a efectos pasivos y de trienios; igual los diplomáticos disponibles. La Presidencia del Gobierno (Cuerpos generales) y los Ministerios (Cuerpos especiales) podrán disponer su incorporación obligatoria a puestos de su Cuerpo si el servicio lo exige.

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

El funcionario declarado en la situación de suspenso queda privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos y prerrogativas anejas a su condición de funcionario. La suspensión puede ser de dos clases: provisional o firme.

Artículo 48

La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación del procedimiento judicial o disciplinario que se instruya al funcionario. La declara la autoridad u órgano competente para ordenar la incoación del expediente.

Artículo 49

El suspenso provisional percibe el 75 por 100 de su sueldo y la totalidad del complemento familiar; no se le acredita haber alguno en caso de incomparecencia o declaración de rebeldía. La suspensión provisional por expediente disciplinario no puede exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado, que determina la pérdida de toda retribución hasta que el expediente sea resuelto. Si la suspensión no se declara firme, su tiempo se computa como de servicio activo y se acuerda la inmediata reincorporación, con todos los derechos económicos y demás que procedan.

Artículo 50

La suspensión es firme cuando se impone por condena criminal o sanción disciplinaria, y determina la pérdida del puesto de trabajo. La inhabilitación especial para la carrera de funcionario o la absoluta para funciones públicas, si son perpetuas, determinan la baja definitiva, sin otra reserva de derechos que los consolidados a efectos pasivos. La suspensión firme por sanción disciplinaria no puede exceder de seis años, y se abona el tiempo pasado en suspensión provisional. Durante el cumplimiento, el funcionario está privado de todos los derechos inherentes a su condición.

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

La Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministerios interesados, publica convocatoria común de las vacantes de los Cuerpos generales, que no tiene que determinar necesariamente el puesto de trabajo. Los Ministerios pueden proponerle incluir en las bases condiciones de capacidad, méritos o requisitos para las plazas de su Departamento y, en su caso, un curso de especialización para los funcionarios procedentes de distintos Departamentos. Resuelve la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, y asigna a cada Departamento los funcionarios correspondientes.

Artículo 59

La resolución de los concursos entre funcionarios se ajusta a las bases de la convocatoria, que tendrán en cuenta: antigüedad; servicios prestados en el propio Departamento de la vacante; eficacia demostrada en los destinos anteriores; posesión de diplomas, estudios o publicaciones directamente relacionados con la función; y, en su caso, la residencia previa del cónyuge funcionario en el lugar de la vacante. En cualquier caso, para aspirar a plaza de distintos Ministerios es condición indispensable haber servido durante los últimos tres años en el Ministerio del que se depende.

Artículo 60

Las vacantes que resulten una vez realizado el concurso entre funcionarios del Cuerpo llamado a desempeñarlas se incluyen en las convocatorias para el ingreso en ese Cuerpo. La adjudicación de las plazas a los funcionarios de nuevo ingreso se hace de acuerdo con las peticiones de los interesados, según el orden obtenido en las pruebas de selección.

Artículo 61

Si un concurso para cubrir una vacante queda desierto y, a juicio del Subsecretario del Departamento correspondiente, es urgente para el Servicio cubrirla, puede destinarse con carácter forzoso, en comisión de servicio, a un funcionario que sirva en el mismo Ministerio del que dependa la plaza y reúna las condiciones necesarias para ocuparla: el que tenga menor antigüedad de servicios en el Departamento o menores cargas familiares.

Artículo 62

El Subsecretario, en su Departamento, y el Vicepresidente de la Comisión Superior de Personal, entre Ministerios distintos, pueden autorizar excepcionalmente permutas entre funcionarios en activo o en excedencia especial si: los puestos son de igual naturaleza e idéntica forma de provisión; sus años de servicio no difieren en más de cinco; y hay informe previo de los jefes o de los Subsecretarios respectivos. No cabe otra permuta en diez años, ni si a alguno le faltan menos de diez para la jubilación forzosa. Se anulan si en los dos años siguientes un permutante se jubila voluntariamente.

Artículo 63

El Estado dispensa a los funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos y les otorga los tratamientos y consideraciones sociales debidos a su jerarquía y a la dignidad de la función pública. Tienen derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, incluida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por los motivos que enumera. A los de carrera se les asegura el derecho al cargo y, siempre que el servicio lo consienta, la inamovilidad en la residencia.

Artículo 64

Al incorporarse a su puesto de trabajo, los funcionarios deben ser informados por sus Jefes inmediatos de los fines, la organización y el funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y, en especial, de su dependencia jerárquica y de las atribuciones, deberes y responsabilidad que les incumben.

Artículo 65

Los Jefes deben solicitar periódicamente el parecer de cada uno de sus subordinados inmediatos acerca de las tareas que tienen encomendadas e informarse de sus aptitudes profesionales. El objeto es doble: poder asignarles los trabajos más adecuados y llevar a cabo un plan que complete su formación y mejore su eficacia.

Artículo 66

Los funcionarios que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus deberes pueden ser premiados, entre otras recompensas, con mención honorífica, premios en metálico y condecoraciones y honores. Se anotan en la hoja de servicios y cuentan como mérito en los concursos. Los Presupuestos Generales del Estado consignan créditos para conceder, con carácter extraordinario, premios en metálico por iniciativas y sugerencias de mejora de la Administración, servicios eminentes y méritos relevantes; su concesión se verifica en la forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 67

El Estado facilitará a sus funcionarios adecuada asistencia social, fomentando la construcción de viviendas, residencias de verano, instalaciones deportivas, instituciones educativas, sociales, cooperativas y recreativas y cuanto contribuya al mejoramiento de su nivel de vida, condiciones de trabajo y formación profesional y social. El régimen de seguridad social de los funcionarios será el que se establezca por ley especial.

Artículo 68

Todos los funcionarios tienen derecho, por año completo de servicios, a una vacación retribuida de un mes natural o de veintidós días hábiles anuales, o a los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos. A estos efectos los sábados no se consideran días hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. El apartado 2 está derogado.

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Por razón de matrimonio, el funcionario tiene derecho a una licencia de quince días. En caso de embarazo se concederán licencias por el plazo que reglamentariamente se determine. Las licencias reguladas en este artículo no afectan a los derechos económicos de los funcionarios.

Artículo 72

Pueden concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente; el funcionario tiene derecho al percibo del sueldo y complemento familiar. Igualmente se concede a los funcionarios en prácticas que ya prestasen servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos, durante el curso selectivo o periodo de prácticas, percibiendo las retribuciones que la normativa vigente establezca para los funcionarios en prácticas.

Artículo 73

Pueden concederse licencias por asuntos propios. Estas licencias se conceden sin retribución alguna y su duración acumulada no puede exceder, en ningún caso, de tres meses cada dos años.

Artículo 74

Tanto el período en que se disfruten las vacaciones como la concesión de licencias por razones de estudios y por asuntos propios, cuando proceda, se subordinan a las necesidades del servicio. El artículo solo menciona esas dos clases de licencia.

Artículo 75

Artículo 76

Los funcionarios vienen obligados a acatar los principios fundamentales del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino, al fiel desempeño de la función o cargo, a colaborar lealmente con sus jefes y compañeros, y a cooperar al mejoramiento de los servicios y a la consecución de los fines de la unidad administrativa en la que se hallen destinados.

Artículo 77

Los funcionarios deben residir en el término municipal donde radique la oficina, dependencia o lugar donde presten sus servicios. Por causas justificadas, el Subsecretario del Departamento puede autorizar la residencia en lugar distinto, siempre y cuando ello sea compatible con el exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo.

Artículo 78

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración del Estado es la que reglamentariamente se determine. Su adaptación para puestos de trabajo concretos se consigna en la clasificación de esos puestos y requiere, consiguientemente, la aprobación de la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal.

Artículo 79

Los funcionarios deben respeto y obediencia a las autoridades y superiores jerárquicos y han de acatar sus órdenes con exacta disciplina. Deben además tratar con esmerada corrección al público y a los funcionarios subordinados, y facilitar a estos últimos el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 80

Los funcionarios han de observar en todo momento una conducta de máximo decoro, guardar sigilo riguroso respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo y esforzarse en la mejora de sus aptitudes profesionales y de su capacidad de trabajo.

Artículo 81

Los funcionarios son responsables de la buena gestión de los servicios a su cargo, sin que su responsabilidad excluya la que pueda corresponder a otros grados jerárquicos. La responsabilidad civil y penal se hace efectiva en la forma que determina la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. La administrativa se exige con arreglo al capítulo VIII de este título, al título IV, capítulo II, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y al título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 82

El desempeño de la función pública es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario. Basta con que lo menoscabe: el texto no exige que lo impida.

Artículo 83

1.ª Ningún funcionario puede ejercer otra profesión salvo que, tras expediente con audiencia, el Subsecretario del Departamento declare que no perjudica el servicio; en principio no hace falta expediente si es la profesión propia del título exigido para el cargo o si las normas del Cuerpo ya declaran la compatibilidad o incompatibilidad, pero las actividades externas se declaran al Subsecretario. 2.ª No cabe trabajar para terceros en asuntos de su cargo u oficina. 3.ª Salvo jubilados y excedentes voluntarios, tampoco representar ni defender a terceros en pleitos en que el Estado sea parte.

Artículo 84

Que el funcionario ejerza actividades profesionales o privadas compatibles no le sirve de excusa frente al deber de residencia que le sea exigible, ni frente a la asistencia a la oficina que requiera su cargo, ni para el retraso, negligencia, descuido o informalidad en el desempeño de los asuntos. Esas faltas deben calificarse y sancionarse conforme a las normas del capítulo VIII del mismo título.

Artículo 85

Los órganos de la Administración Civil del Estado a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los servicios deben cuidar de prevenir y, en su caso, corregir las incompatibilidades de sus funcionarios, promoviendo expediente de sanción disciplinaria cuando proceda. La incursión voluntaria en cualquiera de las incompatibilidades de la Ley se califica de falta grave, salvo que concurran además circunstancias que obliguen a calificarla de muy grave.

Artículo 86

Los funcionarios no pueden ocupar simultáneamente varias plazas de la Administración del Estado, salvo que la compatibilidad esté expresamente establecida por Ley o se establezca por ese mismo procedimiento, previo informe de la Comisión Superior de Personal. Aceptar un cargo incompatible presume la petición de excedencia voluntaria en el que antes se desempeñaba, a no ser que se solicite expresamente en el nuevo. Los interesados en su provisión pueden pedir que se declare vacante.

Artículo 87

Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos pueden ser de tres clases: leves, graves y muy graves. Cada clase tiene su propio plazo de prescripción: las faltas leves prescriben al mes; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los seis años.

Artículo 88

Artículo 89

La gravedad o levedad de las faltas no enumeradas en el artículo anterior se fija reglamentariamente en función de cinco elementos: a) intencionalidad; b) perturbación del servicio; c) atentado a la dignidad del funcionario o de la Administración; d) falta de consideración con los administrados; e) la reiteración o reincidencia.

Artículo 90

La responsabilidad por una falta no alcanza solo a sus autores. También incurren en responsabilidad los jefes que la toleren, los funcionarios que la encubran y quienes induzcan a su comisión. Son, por tanto, cuatro posiciones: autor, jefe que tolera, funcionario que encubre e inductor.

Artículo 91

Sanciones: a) separación del servicio, b) suspensión de funciones, c) traslado con cambio de residencia y f) apercibimiento; d) y e) están derogadas. La separación solo se impone por faltas muy graves y la acuerda el Gobierno, a propuesta del Ministro correspondiente, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Las sanciones de los apartados b), c) y d) las impone el Ministerio del que dependa el funcionario, por faltas graves o muy graves. Las faltas leves solo se corrigen con las de los apartados e) y f), impuestas por el jefe de la oficina o del centro sin expediente previo.

Artículo 92

Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden imponerse en virtud de expediente instruido al efecto, con audiencia del interesado y de conformidad con el título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario el Jefe del Centro u Organismo en que preste servicios el funcionario o sus superiores jerárquicos. Si la falta presenta caracteres de delito, se da cuenta al Tribunal competente.

Artículo 93

Las sanciones se anotan en la hoja de servicios con indicación de las faltas que las motivaron. Pasados dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción, según la falta sea grave o muy grave no sancionada con separación del servicio, puede cancelarse la anotación a instancia del interesado que acredite buena conducta desde que se le impuso. Las de apercibimiento y de pérdida de uno a cuatro días de remuneraciones se cancelan a petición del interesado a los seis meses de su fecha. La cancelación no impide apreciar reincidencia; en ese caso los plazos de las nuevas anotaciones son dobles.

Artículo 94

Con independencia de lo dispuesto en los artículos anteriores, puede seguirse procedimiento ante Tribunales de Honor para conocer y sancionar los actos deshonrosos cometidos por los funcionarios que les hagan desmerecer en el concepto público o indignos de seguir desempeñando sus funciones. La organización y el procedimiento de esos Tribunales de Honor vienen determinados por sus disposiciones peculiares.

Artículo 95

Artículo 101

Artículo 102

Los funcionarios de empleo pueden ser nombrados y también separados libremente. No se exigen para ello más requisitos que los que, en su caso, establezcan disposiciones especiales. La libertad alcanza, por tanto, a las dos decisiones: el nombramiento y la separación.

Artículo 103

Artículo 104

Para nombrar funcionarios interinos es condición inexcusable que no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionarios de carrera, lo que debe justificarse ante la Comisión Superior de Personal. El nombrado debe reunir las condiciones exigidas para el ingreso en el Cuerpo a que pertenezca el puesto. El nombramiento debe revocarse en todo caso cuando la plaza sea provista por procedimiento legal. Perciben el sueldo correspondiente al Cuerpo a que pertenezca la vacante.

Artículo 105

A los funcionarios de empleo se les aplica por analogía, y en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. Quedan exceptuados tres derechos: el derecho a la permanencia en la función, el derecho a niveles de remuneración determinados y el régimen de clases pasivas.

Artículo 1. Objeto

El decreto regula el sistema de evaluación del desempeño y la carrera horizontal del personal incluido en su ámbito de aplicación. Desarrolla la sección 1.ª del capítulo II y el capítulo III del título V de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en el marco de la normativa estatal de carácter básico. Las definiciones aplicables son las contenidas en el Anexo III.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. Los cuerpos y especialidades con regulación propia se rigen por ella, con la Ley 5/2023 y este decreto como supletorios. El personal interino tiene carrera horizontal y evaluación en los mismos términos que el de carrera, de forma adecuada a su condición temporal. Las del personal laboral van por convenios colectivos y normativa laboral. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y los Consejos Consultivo, Audiovisual, Económico y Social y de Transparencia se rigen por su normativa específica.

Artículo 3. Definición de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de resultados, para mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos, sin menoscabo de los derechos del personal. Su finalidad es la mejora de la gestión pública y del rendimiento del personal, valorando el cumplimiento de objetivos, la profesionalidad y las competencias adquiridas que hayan sido acreditadas o reconocidas. Se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente.

Artículo 4. Definición de la carrera horizontal

La carrera horizontal es el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado y del desempeño, mediante el ascenso en un sistema de tramos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, según una valoración positiva, objetiva y reglada y conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El derecho no se limita por ninguna causa organizativa ni de ordenación de puestos de trabajo. El acceso a los tramos es, en todo caso, consecutivo y, una vez alcanzados, se consideran consolidados.

Artículo 5. Principios y fundamentos de actuación

La evaluación del desempeño se guía por ocho principios: transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación y publicidad. La carrera horizontal se rige por cuatro: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Las personas del artículo 2 tienen derecho en todo momento a acceder a toda información relevante que les afecte, y los datos personales se gestionan conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, con medidas técnicas y organizativas apropiadas.

Artículo 6. Características comunes a la evaluación del desempeño y la carrera horizontal

Evaluación del desempeño y carrera horizontal comparten nueve características: individualizada, objetiva (parámetros y criterios medibles), imparcial, flexible, transparente (factores y criterios conocidos con carácter previo), periódica, retribuida, evaluable e igualdad de oportunidades. La evaluación positiva conlleva el complemento por desempeño, cuyas cuantías globales máximas se prevén cada anualidad en la Ley del Presupuesto; el reconocimiento de cada tramo de carrera comporta la percepción mensual del complemento de carrera profesional.

Artículo 7. Características propias de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño tiene cinco características propias: obligatoria (el personal incluido en el ámbito de aplicación del decreto está sujeto a ella), anual, fundamentada sobre metas y objetivos (se evalúan tanto los objetivos que se logran como la calidad con la que se alcanzan), orientada al desarrollo y no consolidable: en ningún caso la percepción del complemento por desempeño genera el derecho adquirido a su mantenimiento.

Artículo 8. Características propias de la carrera horizontal

La carrera horizontal tiene seis características propias: voluntaria (participar en el reconocimiento de cada tramo lo decide el personal funcionario), abierta (accesible para todo el personal, respetando requisitos y procedimiento), escalonada y de ascenso consecutivo, consolidable (los tramos se consolidan una vez alcanzados), progresiva (esfuerzo progresivamente mayor en cada ascenso y complemento proporcional al número de años del tramo) y basada en méritos (desempeño, formación continua y adquisición de habilidades).

Artículo 9. Características del sistema de competencias

Competencia: conjunto integrado de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Se describen por nombre, definición e indicadores conductuales y se clasifican en básicas, genéricas, técnicas, singulares y digitales. El diccionario reúne todas las competencias; el mapa, las necesarias para un cuerpo, especialidad, ámbito o perfil. Roles: soporte o apoyo, técnico y directivo. El Instituto Andaluz de Administración Pública identifica y describe las básicas, genéricas y digitales; las técnicas y singulares, el órgano directivo al que esté adscrita la unidad del puesto.

Artículo 10. Régimen de acreditación de competencias

La acreditación de competencias es el proceso por el que se reconoce una competencia al personal que presta servicios en la Junta de Andalucía. El órgano competente para su gestión y desarrollo es el Instituto Andaluz de Administración Pública, que puede certificar a personas colaboradoras y asesora y forma, cuando sea necesario, a las personas interesadas. Principios: simplificación administrativa, transparencia, objetividad, igualdad de oportunidades y desarrollo y cualificación profesional permanente. El Instituto evalúa también los resultados de las convocatorias.

Artículo 11. Estructura de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño tiene una dimensión individual y una colectiva por unidad administrativa. La individual considera el logro de los objetivos individuales, la conducta profesional y el nivel de desempeño de las competencias básicas, y se realiza mediante autoevaluación y un proceso colaborativo con doble validación, en el que persona evaluadora y persona colaboradora acuerdan los resultados. La colectiva considera el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la unidad, el impacto de su actividad y la memoria anual de quien la dirija.

Artículo 12. Período de las evaluaciones del desempeño

La evaluación del desempeño individual se realiza con periodicidad anual y seguimiento continuado, y se refiere a la actuación profesional del personal funcionario durante el año natural inmediatamente anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25. La evaluación del desempeño colectiva tiene igualmente carácter anual y es vinculante para todos los miembros de la unidad administrativa evaluada.

Artículo 13. Sujetos de la evaluación del desempeño

Personal evaluado: el funcionario del artículo 2.1 con el período de desempeño efectivo del artículo 25. El personal evaluador debe ser funcionario de carrera: con carácter general, la jefatura de servicio y, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, su superior jerárquico. Colabora otra persona de la unidad, con sistema rotatorio y anual si concurren varias. Las unidades de evaluación son órganos técnicos de evaluación. La evaluación colectiva la realiza la persona superior jerárquica inmediata de la unidad, con apoyo de la Secretaría General Técnica.

Artículo 14. Funciones y responsabilidades

El personal evaluado facilita su evaluación (información veraz, portafolio de desempeño, entrevista y autoevaluación), conoce el instrumento de planificación estratégica y participa en el Plan de Mejora Individual. El personal evaluador valora el desempeño, diagnostica necesidades de formación, realiza las entrevistas inicial y final y el informe de evaluación, y traslada la evaluación a la unidad de evaluación. Las unidades de evaluación resuelven discrepancias, notifican el informe, elevan las alegaciones al Órgano Técnico de Revisión y formulan la propuesta de resolución.

Artículo 15. Áreas de la evaluación del desempeño en su dimensión individual

La evaluación individual valora dos áreas: de tareas y contextual y organizacional. En el área de tareas se valora la consecución de los objetivos y logros del documento de compromisos, suscrito de manera conjunta por el personal evaluador responsable y el personal evaluado durante la entrevista inicial. En el área contextual y organizacional se valora la profesionalidad o conducta profesional mediante el sistema de gestión por competencias. Cada objetivo especifica, como mínimo, descripción, fórmula, metodología de evaluación, tipo cualitativo o cuantitativo, peso y fuente para medirlo.

Artículo 16. Valoración de las áreas en la dimensión individual

El área de tareas se valora con el informe de rendimiento y la contextual y organizacional con el informe de desempeño de competencias básicas (escala de 1 a 4); ambos dan un único valor en base 100. El resultado global es la media ponderada de ambos informes según la categoría de la unidad. El área de tareas pondera entre el 75% y el 85% en unidades de control y auditoría y de tramitación, gestión y resolución, y entre el 30% y el 50% en las de planificación, organización y dirección y órganos consultivos. Calificación positiva: al menos 50 puntos de media ponderada final y 40 en cada área.

Artículo 17. Plan de Mejora Individual y Programa de Formación Específico

Si de las evaluaciones resulta la necesidad de mejora en alguna de las áreas de desempeño individual, la persona evaluadora propone acciones formativas o medidas de apoyo, que se reflejan en el Plan de Mejora Individual; su realización es voluntaria para la persona evaluada, que puede sustituirlas por otras que considere más adecuadas. La obtención por primera vez de un resultado negativo en la evaluación da lugar a la participación en un programa de formación específico, a realizar en el año siguiente al evaluado.

Artículo 18. Áreas de la evaluación en su dimensión colectiva

La evaluación colectiva valora la unidad administrativa en dos áreas: de tareas y contextual. En el área de tareas se valora el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la unidad, siempre que previamente estén definidos y sean cuantificables en su instrumento de planificación estratégica. En el área contextual se valoran la organización y coordinación interna, la innovación y mejora continua y el trabajo en equipo y colaboración, a través de un cuestionario único aprobado por el órgano directivo central competente en materia de función pública.

Artículo 19. Valoración de la evaluación en su dimensión colectiva

La valoración colectiva vincula a la unidad administrativa en su conjunto. Criterios mínimos: en el área de tareas, el cumplimiento de los objetivos definidos, reflejado en la memoria anual de la jefatura de servicio; en el área contextual, organización y coordinación interna, innovación y mejora continua y trabajo en equipo y colaboración. Cada criterio se valora con un único valor en base 100. El informe de desempeño colectivo lo realiza la persona superior jerárquica inmediata, con apoyo técnico de la Secretaría General Técnica; la ponderación de todos los criterios es la misma.

Artículo 20. Instrumentos de planificación estratégica

Para que los sistemas de evaluación del desempeño entren en funcionamiento y produzcan efectos, las Consejerías, agencias y órganos vinculados o dependientes deben implementar antes, y de forma efectiva, su instrumento de planificación estratégica. En él constan los objetivos estratégicos y operativos de cada unidad administrativa para el período que se establezca, que como mínimo tendrá carácter anual. Además debe incluir la clasificación de sus unidades administrativas, la composición del Órgano Técnico de Revisión y la ponderación entre las dimensiones individual y colectiva.

Artículo 21. Criterios de medición de cumplimiento de objetivos

Los objetivos de la evaluación, tanto los del área de tareas (dimensión individual) como los de la dimensión colectiva, se fijan tomando como referencia algunos de estos cinco criterios: eficiencia y eficacia en la gestión, calidad del servicio, productividad, innovación y mejora, y desarrollo del personal. Número de objetivos: en la evaluación individual del área de tareas, no menos de 3 ni más de 8; en la evaluación colectiva, no más de 3.

Artículo 22. Resultados de la evaluación del desempeño

Con carácter general, la valoración global asigna hasta un 85 % a la evaluación individual y un mínimo del 15 % a la colectiva, ponderación modulable según la unidad. En las unidades de las letras c) y d) del artículo 16.3, la persona titular del órgano directivo central competente en función pública puede aumentar el peso colectivo, previo conocimiento y análisis por la Comisión Sectorial. En jefaturas de servicio: hasta 75 % individual y mínimo 25 % colectiva. Los resultados colectivos se usan para mejorar la organización del trabajo, la planificación de recursos humanos y la formación.

Artículo 23. Efectos de la evaluación del desempeño para el personal evaluado

Los resultados positivos son condición necesaria para percibir las retribuciones vinculadas al desempeño. Tres resultados negativos y consecutivos dan lugar al inicio del procedimiento para, si procede, la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia y con resolución motivada del órgano que nombró. La persona funcionaria de carrera removida se adscribe provisionalmente a otro puesto en la misma localidad si es posible y, si no, en la más cercana a la del puesto de origen. El personal interino se evalúa en los mismos términos que el de carrera, pero si cesa no hay adscripción.

Artículo 24. Complemento por desempeño

El complemento por desempeño es una retribución variable y de periodicidad anual, vinculada a la evaluación positiva y proporcional a la puntuación obtenida. Las cuantías globales máximas se fijan para cada anualidad en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del Anexo V. Los remanentes se reparten entre quienes hayan obtenido, como mínimo, un 65 % en la dimensión individual, ponderando según ese resultado. Se abona por la actuación profesional evaluada en el año natural inmediatamente anterior y es proporcional al tiempo de desempeño efectivo.

Artículo 25. Desempeño efectivo de las tareas asignadas

Solo puede evaluarse si se ha desempeñado efectivamente el puesto, de forma continua o discontinua, al menos el 50 % de la jornada anual. Al personal interino se le exigen además 90 días naturales continuados, en uno o varios nombramientos sucesivos. La medición se hace a 31 de diciembre. Los permisos del artículo 76.1 de la Ley 5/2023 cuentan como servicio efectivo. En representación sindical con dispensa o crédito horario se toma la media del mismo grupo o subgrupo, excluidos el 10 % de puntuaciones más altas y el 10 % de las más bajas. Con varios puestos en el año, el cómputo es acumulado.

Artículo 26. Actos preparatorios y entrevistas de evaluación del desempeño

La entrevista inicial, obligatoria, determina los objetivos del área de tareas, que se reflejan en el documento de compromisos, suscrito conjuntamente por personal evaluador y evaluado; este puede añadir observaciones. Tras cada período hay una entrevista final, también obligatoria, en la que la persona evaluada presenta el portafolio de desempeño y su autoevaluación; puede coincidir con la inicial del período siguiente. Durante el período el evaluador hace un seguimiento continuo con herramientas corporativas. En el portafolio deben anonimizarse los datos personales de terceras personas.

Artículo 27. Informe de evaluación del desempeño

El informe de evaluación del desempeño contiene la valoración del personal evaluador y recoge el resultado de los informes de rendimiento y de competencias básicas (ambos individuales) y del informe de desempeño colectivo. Se toma como referencia la composición de las unidades de evaluación a 31 de diciembre. El evaluador que cese antes informa a la unidad de evaluación de sus apreciaciones; si quien cambia de destino es la persona evaluada, su evaluador de origen remite un informe parcial al evaluador competente al finalizar el período.

Artículo 28. Procedimiento de evaluación del desempeño

El órgano directivo central competente en función pública acuerda el inicio por resolución anual, publicada antes del 15 de enero. La unidad de evaluación notifica el informe y el personal evaluado tiene cinco días hábiles para alegar. Si hay alegaciones, la unidad las remite en cinco días hábiles al Órgano Técnico de Revisión, que informa en quince días hábiles con carácter preceptivo y vinculante. La unidad formula propuesta de resolución en siete días. La resolución se dicta y notifica en tres meses como máximo desde el acuerdo de inicio, con silencio desestimatorio.

Artículo 29. Publicidad de los resultados de la evaluación del desempeño

Los órganos competentes en materia de personal de cada Consejería, agencia u órgano vinculado o dependiente, o el órgano en quien deleguen, podrán elaborar y publicar informes agregados de resultados globales del sistema, con fines estadísticos, organizativos y de mejora de la calidad de los servicios públicos. Los órganos de representación de personal y las organizaciones sindicales con representación en los órganos de negociación colectiva podrán obtener, en su ámbito respectivo y previa solicitud, la información necesaria para el ejercicio de sus funciones de representación.

Artículo 30. Órgano Técnico de Revisión

En cada Consejería, agencia u órgano vinculado o dependiente se constituye un Órgano Técnico de Revisión, colegiado, que conoce, analiza e informa las alegaciones del proceso de evaluación. Preside la persona titular de la Secretaría General Técnica, Secretaría General u órgano competente en personal, que dirime los empates. Tiene al menos tres vocalías, de personal funcionario de carrera del grupo A con nivel 26 como mínimo; la secretaría es una de ellas, con voz y voto. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial asisten con voz pero sin voto. Su informe es preceptivo y vinculante.

Artículo 31. Naturaleza y finalidad de las Comisiones

Las Comisiones de Seguimiento de la Evaluación del Desempeño son órganos colegiados y paritarios, con participación de la Administración y las organizaciones sindicales, para la valoración global de los procesos y resultados y para formular propuestas de mejora. Tienen su sede en la Consejería con competencias en función pública y están adscritas a ella. Son las Comisiones Sectoriales de cada ámbito sectorial con sistema de evaluación desarrollado y la Comisión Central Común. Su composición, régimen de funcionamiento y funciones se negocian en cada ámbito sectorial de personal.

Artículo 32. Constitución y composición

La Comisión Sectorial del personal funcionario de la Administración General es un órgano colegiado, paritario y permanente. Sus miembros los designa la persona titular de la Consejería competente en función pública. Preside la persona titular del órgano directivo central competente en función pública, que dirime los empates. Vocalías: dos personas funcionarias de carrera del grupo A con nivel 26 al menos y tres representantes sindicales de la Mesa Sectorial, designados para cada anualidad y con carácter rotatorio. La secretaría, designada por la presidencia, actúa con voz y sin voto.

Artículo 33. Funciones

La Comisión Sectorial del personal funcionario conoce y analiza globalmente los procesos de evaluación y sus resultados; coordina los criterios de actuación y propone medidas de mejora; conoce de las quejas sobre el procedimiento; vela por la transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación; publica el informe anual sobre la naturaleza y volumen de las alegaciones; y conoce y analiza la propuesta sobre aumento del peso de la dimensión colectiva y sobre el modelo de portafolio digital. Puede recabar datos y antecedentes y servirse de asesoramiento técnico.

Artículo 34. Funcionamiento

La Comisión se reúne con carácter ordinario al menos cada seis meses y, con carácter extraordinario, cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la presidencia o a petición de cualquiera de las vocalías. Para su válida constitución deben asistir, presencialmente o a distancia, presidencia y secretaría (o quienes les suplan) y al menos la mitad de sus miembros. Cualquier miembro puede proponer asuntos para el orden del día con una antelación mínima de cuatro días hábiles a la convocatoria. La asistencia no se remunera, salvo indemnizaciones por dietas o desplazamientos.

Artículo 35. Medios personales y materiales

La Consejería competente en materia de Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo no contiene más datos: solo quién aporta esos medios y que son de dos clases, personales y materiales.

Artículo 36. Constitución, composición y funcionamiento

La Comisión Central Común se constituye una vez constituidas las Comisiones Sectoriales, como órgano colegiado y paritario para las cuestiones comunes a todos los colectivos. Preside la persona titular del órgano directivo central competente en Administración Pública, que dirime los empates. Vocalías: una por cada titular de los órganos directivos que enumera y una persona representante por cada sindicato de la Mesa General de Negociación Común. Secretaría con voz y sin voto. Sesión ordinaria al menos cada seis meses; asuntos con cuatro días hábiles de antelación.

Artículo 37. Naturaleza, adscripción y finalidad de la Comisión

Se crea la Comisión de Coordinación y Supervisión de la Evaluación del Desempeño como órgano técnico colegiado interdepartamental de consulta, asesoramiento y participación. Está adscrita a la Consejería competente en materia de función pública y su finalidad es hacer efectiva la coordinación de las políticas y sistemas de la evaluación del desempeño en el ámbito de las Administraciones Públicas de Andalucía.

Artículo 38. Funciones de la Comisión

La Comisión coordina el sistema de evaluación y proporciona directrices de objetividad y equidad; valida con carácter previo los sistemas de evaluación para que puedan producir efectos; propone mejoras y actualizaciones; analiza el impacto de la evaluación en la carrera profesional, la formación y la retribución; elabora los estudios e informes que le soliciten las personas titulares de los órganos superiores o el órgano directivo central competente en Administración Pública; y promueve la participación de los agentes. Sus acuerdos, informes y propuestas no tienen carácter vinculante.

Artículo 39. Composición de la Comisión

Preside la Comisión la persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública, cuyo voto dirime los empates; la vicepresidencia es la titular de la Consejería de Hacienda. Son vocales los titulares del órgano directivo central de Administración Pública, de las Direcciones Generales de función pública y de recursos humanos de docentes no universitarios, estatutarios y Justicia, del órgano presupuestario y de la dirección del IAAP. La secretaría, con voz y sin voto, es personal funcionario de carrera designado por la presidencia.

Artículo 40. Funcionamiento de la Comisión

La Comisión se reúne con carácter ordinario al menos cada seis meses, y con carácter extraordinario cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la presidencia o a petición de cualquiera de las vocalías. Para constituirse válidamente necesita la asistencia de, al menos, la mayoría de sus miembros, incluidas presidencia y secretaría o quienes las sustituyan. Puede constituir grupos de trabajo técnicos y celebrar sesiones a distancia. La asistencia no se remunera, salvo indemnizaciones por dietas o desplazamientos. Elabora y aprueba su reglamento interno.

Artículo 41. Medios personales y materiales

La Consejería competente en materia de Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo solo contiene ese dato: quién los provee y de qué dos clases son los medios.

Artículo 42. Número de tramos de la carrera horizontal

La carrera horizontal se articula en seis tramos para cada uno de los grupos o subgrupos de clasificación profesional del personal funcionario. Por orden son: tramo I inicial, tramo II de desarrollo, tramo III intermedio, tramo IV avanzado, tramo V experto y tramo VI superior.

Artículo 43. Tiempo de permanencia en cada tramo de carrera horizontal

Años completos de permanencia en el grupo o subgrupo, continuados o no: tramos I y II, 3 años; III y IV, 4; V, 5; VI, 6. Cuentan sea cual sea el puesto y el carácter provisional o definitivo de su ocupación. Se computan el servicio activo y, en todo caso, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia forzosa y las excedencias por cuidado de familiares, violencia de género, violencia terrorista y prestación de servicios en el sector público andaluz. El tiempo en esas situaciones es de servicios efectivos a todos los efectos.

Artículo 44. Inicio de la carrera horizontal

La carrera horizontal de cada grupo o subgrupo comienza, en todo caso, en el tramo I inicial, previa solicitud de la persona interesada; para ascender hay que tener reconocido el tramo inmediatamente anterior. Quien accede a otro grupo o subgrupo con un tramo iniciado y no consolidado puede computar el tiempo efectivamente trabajado para el primer tramo del nuevo: con el coeficiente corrector del anexo II si es superior, y sin coeficiente reductor si es inferior. Las puntuaciones de ese período cuentan solo para el tramo inicial y si la última evaluación fue positiva.

Artículo 45. Consolidación del tramo I inicial

Consolidar el tramo I inicial exige tres años completos de permanencia, continuados o no, en puestos de la Administración General de la Junta de Andalucía como personal funcionario del mismo grupo o subgrupo, tres evaluaciones positivas de desempeño —siendo positiva la inmediatamente anterior— y las puntuaciones mínimas del Anexo I. Quien accede a un grupo o subgrupo superior, por acceso libre o promoción interna, inicia allí la carrera; si tenía tramos reconocidos sigue percibiendo su complemento y suma los nuevos, con el tope del importe acumulado del último tramo de su grupo o subgrupo.

Artículo 46. Requisitos de participación

Para participar en las convocatorias de inicio y ascenso de tramo se exigen dos requisitos. Uno: reunir los años completos de permanencia del artículo 43, referidos a la fecha de inicio del plazo de presentación de la solicitud; los años ya tenidos en cuenta para otro tramo no se valoran más de una vez. Dos: disponer de tantas evaluaciones positivas de desempeño como años de permanencia sean exigibles, vinculadas temporalmente a los años alegados, con la excepción de la disposición transitoria primera; la inmediatamente anterior a la consolidación debe ser positiva.

Artículo 47. Valoración de cada tramo de carrera horizontal

Para iniciar la carrera horizontal y para ascender a cada tramo hay que alcanzar las puntuaciones mínimas para todos los grupos y subgrupos, conforme al Anexo I. Si además se alegan factores que tengan establecida una puntuación mínima, también es necesario alcanzar esa puntuación mínima en el factor de que se trate.

Artículo 48. Factores valorables

Los factores valorables se encuadran en tres bloques. Bloque 1 (trayectoria, actuación profesional y calidad de los trabajos): evaluación positiva del desempeño. Bloque 2 (conocimientos y competencias): formación recibida, titulaciones oficiales, docencia impartida, tutorización y mentorización, competencias digitales y profesionales. Bloque 3 (gestión del conocimiento e innovación): difusión y transferencia del conocimiento, innovación, colaboración con otras Administraciones, proyectos institucionales y tribunales, y proyecto de mejora colectiva o memoria.

Artículo 49. Factor de evaluación del desempeño

Con el factor de evaluación del desempeño se valoran las evaluaciones positivas del desempeño que hayan alcanzado la puntuación mínima establecida en el Anexo I para cada tramo, conforme a los criterios establecidos en el Anexo IV. No basta con que la evaluación sea positiva: ha de llegar a la puntuación mínima del tramo.

Artículo 50. Factor de formación recibida

El factor de formación recibida valora las actividades formativas completadas. Cada actividad se valora una sola vez aunque se repita. Solo cuentan: las acciones impartidas u homologadas por el IAAP, el INAP, la Escuela Andaluza de Seguridad Pública, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y la Agencia de Emergencias de Andalucía; las impartidas por organizaciones sindicales financiadas con los acuerdos de Formación para el Empleo; y los diplomas y certificaciones oficiales de idiomas conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Artículo 51. Factor de titulaciones oficiales

Se valoran las titulaciones académicas oficiales distintas de la usada para el acceso, que no sean necesarias para obtener otra superior y de nivel igual o superior al exigido; el nivel se determina según el MECES. En puestos de doble adscripción cuenta la titulación del grupo o subgrupo superior. Solo valen títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional: no los másteres ni los títulos propios o de expertos, salvo los convocados en convenio con una Universidad Pública y homologados por el IAAP. Tres cursos completos de licenciatura no son título.

Artículo 52. Factor de docencia impartida, tutorización y mentorización

Este factor valora la docencia impartida, la tutorización y la mentoría o la participación en actividades formativas estructuradas y formalmente reconocidas en el ámbito de las Administraciones Públicas. Solo cuentan las actividades convocadas, impartidas u homologadas por el IAAP o por el INAP y dirigidas a otro personal empleado público: en el marco de planes de formación interna, o a través de cursos específicos, talleres, seminarios o cualquier otra acción formativa. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 53. Factor de competencias digitales

El factor de competencias digitales valora el conocimiento y uso eficaz de herramientas digitales: programas, aplicaciones y dispositivos que permiten interactuar con tecnologías digitales para acceder, gestionar, compartir y crear información. Se fundamenta en el Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DigComp). Solo cuentan las competencias acreditadas por el IAAP, el INAP y los órganos encargados de la formación en las restantes Administraciones Públicas, y las acreditadas de conformidad con el DigComp. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 54. Factor de competencias profesionales

El factor de competencias profesionales valora la relación interprofesional y el trabajo en equipo, la relación con la ciudadanía, las habilidades de comunicación y el lenguaje claro, y el dominio de protocolos y herramientas técnicas del puesto, mediante competencias genéricas, técnicas y singulares. Cada puesto tendrá entre 4 y 10 competencias. Cada una se evalúa una única vez por tramo, en escala del 1 al 4: 2 es el mínimo para superarla y 4 el máximo. Si durante el tramo se cambia de puesto, la puntuación se determina en proporción al tiempo desempeñado en cada uno.

Artículo 55. Factor de difusión del conocimiento

El factor de difusión del conocimiento valora la capacidad y las acciones del personal para compartir, transferir y comunicar información, experiencias y habilidades. Solo puntúan la participación como ponente en congresos, seminarios, jornadas y conferencias organizados por el IAAP, el INAP y los órganos de formación de las restantes Administraciones Públicas, y la publicación de artículos en revistas oficiales de la Junta de Andalucía, el INAP y cualquier otra Administración Pública, si guardan relación con las funciones desempeñadas y no son valorables en el factor del artículo 52.

Artículo 56. Factor de transferencia del conocimiento

El factor de transferencia del conocimiento valora las acciones para compartir, aplicar y adaptar conocimientos. Solo cuentan cinco: intervenir en grupos de trabajo formalmente constituidos; participar, con la metodología TRANSFER u otra del IAAP, en la formación de quien se incorpora a un puesto, certificada como apta por la persona superior jerárquica con rango mínimo de jefatura de servicio; acompañar a personal funcionario en prácticas o en fase de incorporación; apoyar a personal con discapacidad intelectual y con enfermedad mental; y acciones formativas de Gestión del Conocimiento.

Artículo 57. Factor de innovación

El factor de innovación valora la capacidad, iniciativa y creatividad del personal para generar, desarrollar e implementar ideas, procesos o soluciones novedosas en la gestión pública. Solo cuentan actividades promovidas o acreditadas por los Institutos de Administración Pública o centros públicos de investigación de la Administración Pública: dirigir o participar en equipos de investigación, innovación o calidad; obtener premios de Administraciones Públicas, Universidades Públicas u otras entidades del sector público institucional; y participar en acciones formativas de Innovación Pública.

Artículo 58. Factor de colaboración voluntaria con otras Administraciones a través de convenios u otros instrumentos formalizados de colaboración

El factor de colaboración voluntaria con otras Administraciones valora la participación voluntaria y activa del personal en el diseño, desarrollo e implementación de convenios u otros instrumentos formalizados de colaboración con otras Administraciones Públicas. Se valora conforme a la ponderación establecida en el Anexo IV, teniendo en cuenta la relevancia, alcance, duración y resultados de las acciones desarrolladas.

Artículo 59. Factor de participación voluntaria en proyectos institucionales y en tribunales y comisiones de procesos selectivos para el acceso, promoción o provisión de puestos de trabajo

Este factor valora la participación activa y voluntaria en el diseño, evaluación, desarrollo o ejecución de proyectos institucionales promovidos por la Administración, así como la implicación en la garantía de los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. También valora la participación en tribunales y comisiones de procesos selectivos de acceso, promoción o provisión de puestos y como persona mentorizada, individual o grupal, en iniciativas organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 60. Factor de proyecto de mejora colectiva o memoria

El factor valora la puntuación obtenida en el proyecto de mejora colectiva o memoria del artículo 48.1.c).6.º. Proyecto de mejora colectiva: conjunto de acciones, iniciativas o propuestas que contribuyen de manera significativa a mejorar el funcionamiento, eficiencia o calidad de los servicios de la unidad administrativa. Memoria: documento estructurado y reflexivo con actuaciones, aportaciones o propuestas, sin requerir alta complejidad técnica. Lo califica la unidad de evaluación mediante informe motivado, únicamente con «apto» o «apta». Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 61. Forma de acreditación de los factores

Los factores alegados para el inicio o ascenso en un tramo deben constar inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, salvo los de los artículos 56.2.d), 59.1 y 60. El proyecto o memoria, con el informe del artículo 60.4. El factor del artículo 56.2, letras b), c) y d), lo acredita el Instituto Andaluz de Administración Pública a partir de certificación del superior jerárquico con rango mínimo de jefatura de servicio. La participación en procesos selectivos, con certificación del Instituto o, en su caso, del órgano directivo central de función pública.

Artículo 62. Competencia para el reconocimiento de la carrera horizontal

Convocar, tramitar y resolver los procedimientos de ascenso en los tramos de carrera horizontal corresponde a la persona titular de cada Consejería respecto de todo el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía que, a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes, ocupe un puesto adscrito a ella, en sus servicios centrales o periféricos o en sus agencias. En los órganos dependientes o vinculados corresponde a las personas titulares de los órganos que ejerzan la jefatura superior de personal, salvo que su normativa disponga otra cosa.

Artículo 63. Convocatoria y presentación de solicitudes

El proceso se articula mediante una convocatoria única por cada órgano competente, de vigencia anual, con dos plazos de solicitudes al año: el primero comienza el primer día hábil de la tercera semana de abril y el segundo el primer día hábil de octubre. En ambos rigen los mismos criterios, condiciones, baremos, plazos de resolución y requisitos. Contenido mínimo: órgano destinatario y competente para resolver; inicio y fin de los dos períodos; requisitos de cada tramo; puntuación necesaria y baremo; plazos de trámites y de resolución; composición de la comisión técnica de valoración.

Artículo 64. Designación y composición

Las comisiones técnicas de valoración son órganos colegiados de carácter temporal que evalúan y califican el inicio y ascenso en la carrera horizontal. Cada convocatoria designa una, dependiente de la Secretaría General Técnica de cada Consejería o, en los órganos del artículo 62.2, del que determine la convocatoria. Las forma personal funcionario de carrera del grupo A con puesto de, al menos, nivel 26, en número impar no inferior a cinco, con presidencia, secretaría y tantos suplentes como titulares. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial pueden asistir con voz, pero sin voto.

Artículo 65. Funciones

Las comisiones técnicas de valoración: a) comprueban los requisitos de participación y elaboran la lista de personas excluidas con las causas; b) verifican si quedan acreditados los factores alegados, pudiendo pedir informe donde la persona también haya prestado servicios; c) elaboran la lista de quienes cumplen lo exigido para el tramo solicitado; d) la elevan al órgano competente para resolver; e) adoptan las medidas precisas según las directrices de la comisión técnica central. La convocatoria puede encomendar a otras unidades las tareas materiales y puramente regladas de baremación.

Artículo 66. Funcionamiento

Las comisiones técnicas de valoración se ajustan a las reglas de imparcialidad, objetividad, confidencialidad de la información, transparencia y protección de datos personales. Para su válida constitución se requiere la asistencia, al menos, de la mayoría de sus miembros, incluidos necesariamente quienes ostenten la presidencia y la secretaría o quienes les sustituyan. La asistencia no genera derecho a remuneración, salvo, en su caso, indemnizaciones por razón del servicio por dietas o desplazamientos. Se les aplican los preceptos que el artículo cita de la Ley 40/2015 y de la Ley 9/2007.

Artículo 67. Composición y funcionamiento

Con una antelación mínima de un mes al inicio de presentación de solicitudes, el órgano directivo central competente en función pública convoca, por resolución, la Comisión Técnica Central de Valoración interdepartamental. Presidencia: titular de ese órgano, que dirime con su voto los empates. Vocalías: titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, con igual número de suplentes. Secretaría: titular del servicio de personal de la Consejería competente en función pública, sustituible por otra persona con nivel mínimo de jefatura de servicio adscrita a ella.

Artículo 68. Funciones

La Comisión Técnica Central de valoración: a) coordina las comisiones técnicas de valoración; b) determina y homogeneiza sus criterios de actuación; c) resuelve las dudas e incidentes que le planteen sobre lo dispuesto en las convocatorias y los supuestos no previstos; d) establece los criterios para el reconocimiento del progreso consolidado en el sistema de carrera profesional; e) emite los informes que se le soliciten. Sus criterios son vinculantes para esas comisiones, que los aplican de forma homogénea. Puede solicitar informe al órgano directivo central competente en función pública.

Artículo 69. Tramitación electrónica del procedimiento

El personal que participe en los procedimientos de inicio y ascenso en los tramos de la carrera horizontal está obligado a relacionarse con la Administración mediante el uso de medios electrónicos. El artículo lo formula como obligación, no como posibilidad.

Artículo 70. Forma y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes de participación se presentan en el Registro Electrónico Único, a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, cumplimentando el formulario electrónico del sistema normalizado de solicitud de participación. El plazo de presentación es de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al establecido en la convocatoria. Solo pueden valorarse los factores expresamente alegados en la solicitud.

Artículo 71. Tramitación

Finalizado el plazo de solicitudes, las comisiones técnicas de valoración publican en la Sede electrónica general la lista provisional de personas excluidas, con las causas, y la de personas baremadas, con la puntuación total desglosada por factores. Se otorgan cinco días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación, para alegaciones y vista del expediente. Las alegaciones no tienen carácter de recurso y se entienden resueltas con la resolución que ponga fin al procedimiento. La comisión eleva después las listas definitivas al órgano competente para resolver, con propuesta vinculante.

Artículo 72. Resolución

La resolución del primer plazo de solicitudes se dicta como máximo el 31 de agosto y la del segundo como máximo el 31 de enero del año siguiente, con efectos económicos desde el primer día de agosto y de enero, respectivamente. La falta de resolución expresa conlleva la desestimación por silencio administrativo. La resolución se notifica a las personas interesadas, previa publicación de anuncio en la Sede electrónica general, a efectos informativos. Pone fin a la vía administrativa: cabe recurso potestativo de reposición o impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 73. Complemento de carrera profesional

El reconocimiento de los tramos de la carrera horizontal conlleva la percepción mensual del complemento de carrera profesional. Su reconocimiento despliega efectos administrativos desde la fecha de inicio del plazo de presentación de la solicitud; los efectos económicos se producen conforme al artículo 72.1 del decreto. La cuantía es igual para todo el personal funcionario del mismo cuerpo que tenga reconocido el mismo tramo, según establezca para cada anualidad la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los tramos, una vez alcanzados, se consideran consolidados.

Artículo 74. Derecho a la carrera horizontal del personal funcionario interino

El funcionario interino tiene derecho a la carrera horizontal en las mismas condiciones que el de carrera mientras mantenga su vínculo temporal. Si cesa y es nombrado de nuevo, la reanuda desde su nueva incorporación, y se valoran las evaluaciones positivas con antigüedad máxima de cinco años respecto al nuevo nombramiento aún no valoradas. Si accede a un grupo o subgrupo superior, el tiempo computable se reduce con el coeficiente del anexo II; si es inferior, se computa íntegro. Si pasa a funcionario de carrera en el mismo grupo o subgrupo, se le cuentan los años de interino no utilizados.

Artículo 1. Objeto

El decreto crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía (en adelante, «Comisión»), que estaba prevista en el artículo 179 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía. Además de crearla, regula tres cosas de ella: su composición, sus funciones y su régimen de funcionamiento.

Artículo 2. Naturaleza, adscripción y finalidad de la Comisión

La Comisión es un órgano técnico colegiado de participación administrativa, de los previstos en el artículo 20 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Es de consulta y asesoramiento, está adscrita a la Consejería competente en materia de administración pública y su finalidad es hacer efectiva la coordinación de la política de empleo público de las Administraciones Públicas de Andalucía.

Artículo 3. Funciones de la Comisión

La Comisión ejerce, por no corresponder a ningún otro órgano, las funciones de las letras a) a l): elaborar los estudios e informes que le soliciten las Administraciones Públicas de Andalucía, informar con carácter facultativo los proyectos normativos de empleo público, analizar criterios, planes y programas, proponer medidas de movilidad interadministrativa y elevar un informe anual de seguimiento a la persona titular de la Consejería competente en materia de función pública, entre otras. Sus acuerdos, informes y propuestas no son vinculantes y debe incorporar la perspectiva de género.

Artículo 4. Composición de la Comisión

Presidencia: titular de la Consejería competente en administración pública; Vicepresidencia: titular de su Viceconsejería. Vocalías: Viceconsejerías de educación, salud, justicia, universidades, hacienda y administración local (si ninguna es la vicepresidencia), órganos directivos centrales de personal, dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, dirección gerencia del Servicio Andaluz de Empleo y cuatro representantes de la Administración Local y cuatro de las Universidades Públicas. La Secretaría, con voz y sin voto, la designa la Presidencia.

Artículo 5. Funcionamiento de la Comisión

La Comisión se rige por las reglas de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 y de la Ley 9/2007. Convocada por la Secretaría, se reúne, al menos, cada seis meses; la Presidencia puede convocarla de manera extraordinaria a petición de la Vicepresidencia o de cualquiera de las Vocalías. Cualquier miembro puede proponer a la Presidencia asuntos para el orden del día. Puede constituir grupos de trabajo técnicos e invitar a otras personas; puede asistir personal del Gabinete Jurídico, con voz y sin voto. Elabora y aprueba su reglamento interno y puede reunirse a distancia.

Artículo 6. Medios personales y materiales

La Consejería competente en Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo menciona las dos clases de medios, personales y materiales, y atribuye su provisión a esa Consejería.

Artículo 1. Objeto

Las bases generales fijan las normas del procedimiento de convocatoria, tramitación y resolución del concurso general en su modalidad de concurso abierto y permanente que efectúen los órganos que tienen atribuida esa competencia conforme al artículo 59 del Decreto 51/2025, de 24 de febrero, para proveer puestos de trabajo por personal funcionario de carrera. También establecen los requisitos de participación y el baremo aplicable para valorar los méritos.

Artículo 2. Convocatoria

El concurso tiene una convocatoria única anual por cada órgano competente, vigente el año natural en que se aprueba, con todos los puestos adscritos a personal funcionario de su unidad orgánica, dotados o no, salvo los identificados como «a extinguir». Si un puesto cambia de adscripción orgánica, lo adjudica el órgano convocante del que pase a depender, salvo que ya estuviera en una oferta de necesaria cobertura: entonces resuelve el que lo convocó. Los puestos nuevos se incorporan automáticamente. La convocatoria se publica en el BOJA y, a efectos informativos, en la sede electrónica general.

Artículo 3. Oferta de puestos de necesaria cobertura

Los puestos convocados se proveen, respetando el equilibrio de la plantilla presupuestaria, según queden vacantes y dotados y previa identificación de los de necesaria cobertura. La oferta inicial recoge los vacantes y dotados a la fecha que fije la convocatoria; adjudicada esta, el órgano convocante publica sucesivamente los nuevos en la sede electrónica general. Los ocupados en comisión de servicios interadministrativa se ofertan pasado el plazo máximo de un año, prorrogable anualmente hasta cuatro. Excluye puestos la persona titular de la Dirección General de función pública.

Artículo 4. Comisiones de valoración

Las comisiones de valoración son órganos colegiados de carácter técnico que aprueban y publican la adjudicación provisional, valoran las alegaciones y aprueban y elevan la propuesta de adjudicación definitiva. Las integra personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta de Andalucía de grupo igual o superior al exigido para los puestos convocados, en número impar y con un mínimo de tres personas, e igual número de suplentes. El órgano convocante designa a sus integrantes en la convocatoria. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial asisten con voz y sin voto.

Artículo 5. Participantes y requisitos para la participación

La primera participación exige los requisitos de la relación de puestos de trabajo y de la convocatoria y, al menos, dos años de permanencia en el puesto definitivo, salvo adscripción provisional sin reserva de puesto o reingreso sin reserva; la permanencia se refiere a la publicación de cada oferta de puestos de necesaria cobertura. Tras un concurso general, otros dos años. Excedencias: más de un año (interés particular o agrupación familiar), al menos seis meses (con reserva de puesto) y más de cinco años (incentivada). Formación: 60 horas, un año de experiencia o titulación relacionada.

Artículo 6. Condicionamiento por convivencia familiar

Por razones de convivencia familiar, dos personas participantes en una misma convocatoria interesadas en puestos de una determinada localidad pueden condicionar sus solicitudes a que ambas obtengan destino en ella; en caso contrario, quedan sin efecto ambas solicitudes. Deben acreditar la convivencia con los datos estrictamente necesarios e indicarlo en las dos solicitudes, identificando a la otra persona con nombre, apellidos y número del DNI o NIE. Si una de ellas no condiciona su solicitud, la de la otra se considera no sujeta a condición y ambas se tramitan sin ese condicionante.

Artículo 7. Personas con discapacidad

Las personas con alguna discapacidad pueden pedir, en la propia solicitud de participación, la adaptación del puesto o de los puestos de trabajo que soliciten. Esa petición se atiende conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto 51/2025, de 24 de febrero, al que la base se remite sin añadir más reglas.

Artículo 8. Baremo de méritos

Máximo de cien puntos. Experiencia de los diez últimos años: hasta 25 puntos (2,5 por año en nivel superior; 2,35 en igual nivel). Grado personal: hasta 19 (19 si es superior; 17 si es igual). Antigüedad: hasta 18, a 0,6 por año o fracción superior a seis meses. Permanencia en el puesto: hasta 17, a 1,7 por año. Titulaciones académicas: hasta 12 (Doctorado, 6; Grado, 3,9; Diplomatura, 3; Máster Universitario Oficial y resto, 1,8). Formación: hasta 9, a 0,12 puntos por cada 10 horas de cursos de los últimos veinte años. Empates: puntuación por apartados, antigüedad por días y letra del sorteo.

Artículo 9. Valoración y acreditación de méritos

Los méritos se valoran atendiendo a los obtenidos a 31 de diciembre del año anterior al de la convocatoria. Las solicitudes deben relacionar, en todo caso, los méritos alegados, y solo se entienden alegados y acreditados los requisitos y méritos inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía a esa fecha. El personal no comprendido en el ámbito de ese Registro debe alegarlos y acreditarlos con la solicitud, conforme a los Anexos I-A y I-B. Los documentos justificativos serán copia electrónica, auténtica o no.

Artículo 10. Solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles desde el día siguiente a la fecha que determine la convocatoria. La solicitud se ajusta al Anexo I y recoge los puestos por orden de preferencia; el personal no comprendido en el Registro General de Personal añade los Anexos I-A y I-B. Se presenta en el Registro Electrónico Único a través de la sede electrónica general. Cada participante presenta una única solicitud por convocatoria; una nueva dentro de plazo deja sin efecto la anterior. Acabado el plazo no se modifica, salvo subsanación de requisitos y puestos de nueva creación.

Artículo 11. Desistimiento

Quien participa queda vinculado por su solicitud durante el año natural en que la ha realizado, salvo que desista en plazo; queda sin efecto con la publicación de la adjudicación de la última oferta de puestos de necesaria cobertura de ese año o con la adjudicación de un puesto. Solo cabe desistir de la totalidad de la solicitud, en los tres días hábiles siguientes al fin del plazo de solicitudes (oferta inicial) o a la publicación de cada una de las demás ofertas. No se puede renunciar a un desistimiento ya efectuado. El escrito se presenta en el Registro Electrónico Único con el Anexo II.

Artículo 12. Adjudicación provisional

Antes de cada resolución de adjudicación definitiva, la comisión de valoración aprueba y publica la adjudicación provisional, con la puntuación obtenida en cada caso y las exclusiones con sus causas. Se publica en la sede electrónica general y abre un plazo de cinco días hábiles, desde el siguiente a la publicación, para presentar alegaciones conforme al Anexo III y para la vista del expediente de participación. Las alegaciones no tienen carácter de recurso y se resuelven, a propuesta de la comisión de valoración, en la resolución de adjudicación definitiva.

Artículo 13. Resolución

Las comisiones de valoración proponen al órgano convocante las personas candidatas con mayor puntuación para cada puesto, y se adjudica según la preferencia de la solicitud. La resolución se motiva con esa valoración y debe acreditar el procedimiento debido y la valoración final de los méritos. El plazo máximo para resolver es de cuatro meses desde la publicación de cada oferta de puestos de necesaria cobertura, por lo que cada órgano emite al menos tres resoluciones anuales si tiene puestos vacantes y dotados. Se publican en el BOJA y, a efectos informativos, en la sede electrónica general.

Artículo 14. Destinos adjudicados

Los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que antes del cese efectivo o de que acabe el plazo de cese se obtenga otro destino definitivo por concurso específico, libre designación o proceso selectivo: la opción se comunica a los órganos convocantes y a la Dirección General de función pública (Anexo IV) en tres días hábiles desde la publicación de la última adjudicación. Son voluntarios y no generan indemnización, salvo las excepciones del régimen de indemnizaciones. Quien no se incorpore sin fuerza mayor acreditada queda excluido ese año y no puede concursar el año natural siguiente.

Artículo 15. Plazos de cese y toma de posesión

El cese en el destino anterior se efectúa dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en el BOJA, salvo que esta disponga otra cosa. La toma de posesión se formaliza con efectos administrativos del día siguiente al del cese; si comporta reingreso al servicio activo, en un mes desde la publicación. La incorporación efectiva es el día hábil siguiente al cese, o en un mes si hay cambio de residencia, acreditado de forma fehaciente. La jefatura superior de personal puede diferir el cese hasta veinte días hábiles por necesidades del servicio debidamente motivadas.