Ley 5/2023, de la Función Pública de Andalucía

Capítulo IObjeto, ámbito de aplicación y principios

• Art. 1ObjetoLa ley tiene un doble objeto: por un lado, definir y ordenar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía; por otro, determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía que esté incluido en su ámbito de aplicación.
• Art. 2Ámbito de aplicaciónSe aplica a: a) funcionarios de la Administración General de la Junta (Consejerías, Delegaciones, otros órganos, agencias administrativas y de régimen especial, o adscritos a agencias públicas empresariales); b) laborales de la misma (legislación laboral, texto refundido del EBEP, legislación básica, artículos de esta ley que lo dispongan y normas convencionales); c) contratados por entidades instrumentales: normas propias y, en todo caso, principios de acceso, deberes, código de conducta, potestad disciplinaria y cupos de reserva; d) directivos públicos profesionales: título II.
• Art. 3Personal con legislación específicaSe aplica a: docentes no universitarios y estatutarios del SAS (supletoria); Administración de Justicia (si su normativa lo dispone); Universidades públicas; Administraciones locales (respetando autonomía local y legislación básica); Oficina contra el Fraude, Consejos Consultivo, Audiovisual, Económico y Social y de Transparencia; investigadores; y eventuales (régimen del funcionario de carrera en lo adecuado). Excluidos: altos cargos, salvo la dirección pública profesional, y contratistas y su personal. Parlamento, Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas: solo si lo dispone su legislación.
• Art. 4Principios de actuaciónPrincipios de la función pública andaluza: sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento; servicio público; simplificación de procedimientos; transparencia y rendición de cuentas; objetividad; igualdad entre mujeres y hombres y de personas con discapacidad; equidad retributiva; conciliación; talento (máxima validez predictiva en selección y promoción); cualificación; jerarquía; eficacia; negociación colectiva; participación; coordinación entre Administraciones; cuidado de las personas; seguridad y salud; teletrabajo; y los demás de la normativa básica.
• Art. 5Transparencia y derecho de acceso a la informaciónA las Administraciones del ámbito de la ley y a sus entidades instrumentales se les aplican las obligaciones de publicidad activa sobre su personal. Con carácter general, salvo que prevalezca la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos, se da acceso a la información con datos meramente identificativos (plantillas, catálogos, relaciones de puestos, retribuciones de los puestos). Es público el acceso a las autorizaciones de compatibilidad. Las retribuciones de puestos de directivos, eventuales y libre designación se facilitan siempre en cómputo íntegro anual.
• Art. 6Integridad y conflicto de interesesEl personal actúa conforme a siete principios: profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. Este comprende cualquier participación en una actuación administrativa o procedimiento en que tenga, directa o indirectamente, intereses financieros, políticos, económicos o personales que pudieran comprometer el ejercicio imparcial, independiente y objetivo de sus funciones. En esos casos se aplica el régimen de abstención y recusación.

Capítulo IIAtribuciones orgánicas

• Art. 7Órganos superiores
• Art. 8Competencias del Consejo de GobiernoEl Consejo de Gobierno establece, dirige y coordina la política general de personal de la Administración de la Junta. En particular: iniciativa legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva; dar instrucciones a quienes negocien por la Administración y aprobar expresa y formalmente los acuerdos; fijar las directrices del régimen retributivo; determinar los puestos vedados a nacionales de otros Estados; establecer el dimensionamiento de efectivos a propuesta de Función Pública y Hacienda; aprobar la oferta de empleo público; y conceder la rehabilitación tras inhabilitación.
• Art. 9Competencias de la Consejería competente en materia de Función PúblicaLa Consejería competente en Función Pública planifica los recursos humanos y desarrolla, ejecuta y coordina la política de personal del Consejo de Gobierno. Su titular: propone anteproyectos de ley, reglamentos, acuerdos y la oferta de empleo; aprueba y modifica las relaciones de puestos; fija criterios de interpretación; impone la separación del servicio; nombra funcionarios de carrera de la Administración General y contrata laborales fijos del convenio propio; aprueba convenios de movilidad interadministrativa; y tiene la competencia residual. Con Hacienda, propone las normas retributivas.
• Art. 10Competencias de las ConsejeríasA las personas titulares de cada Consejería les corresponde la superior jefatura y dirección del personal adscrito a ellas. En particular, dictan las instrucciones de servicio, dirigen la actividad de ese personal y adoptan las resoluciones sobre los aspectos de la relación de empleo derivados de la ocupación de un puesto concreto: carrera, situaciones administrativas, retribuciones, permisos y sanciones disciplinarias que no impliquen separación del servicio, entre otros. También tienen las demás competencias que legal y reglamentariamente se les atribuyan sobre ese personal.
• Art. 11Competencias específicas de las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y JusticiaEn sus ámbitos respectivos, las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y Justicia ejercen las competencias que se les atribuyan legal y reglamentariamente respecto de, respectivamente: el personal docente que presta servicios en los centros públicos educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el personal adscrito al Servicio Andaluz de Salud y el personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma.

Capítulo IIIPersonal al servicio de la Administración pública

Capítulo IDerechos

• Art. 28Derechos individualesReconoce al personal de la Administración de la Junta de Andalucía los derechos individuales del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y enumera, entre otros, inamovilidad del funcionario de carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación continua preferentemente en horario laboral, desconexión digital o vacaciones. Añade otros: participar en valores y tareas de la unidad, información y formación al incorporarse, proyectos transversales, innovación, acceso al expediente personal y movilidad. Garantiza una protección eficaz, homogénea y conjunta en seguridad y salud.
• Art. 29Derechos individuales ejercidos colectivamenteDe acuerdo con el artículo 15 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa básica estatal, el personal de la Administración de la Junta de Andalucía tiene cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos, según la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos de la normativa básica estatal.
• Art. 30Garantía de derechos y conciliación de la vida profesional con la personal y familiarLa Administración de la Junta de Andalucía garantizará al personal a su servicio los medios necesarios para hacer efectivos los derechos que la ley le reconoce. Presta especial atención a los que facilitan la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar y a la corresponsabilidad, fundamentalmente respecto de tres ámbitos: la protección de la maternidad y la paternidad, la igualdad de género y la atención a las personas dependientes.
• Art. 31Protección a las víctimas de violencia de géneroEn todo caso, cuando una empleada sea víctima de violencia de género, sus ausencias al trabajo, sean totales o parciales, se considerarán justificadas en dos supuestos: por motivos de seguridad, o por el tiempo y en las condiciones que así lo determinen los servicios sociales o de salud.
• Art. 32Responsabilidad social corporativa y cooperación internacional para el desarrolloEl personal de la Administración de la Junta de Andalucía podrá colaborar en las acciones y medidas que se adopten en materia de responsabilidad social corporativa y cooperación internacional al desarrollo, contribuyendo a su mejora. La Administración fomentará esas conductas y facilitará al personal la participación en las acciones y medidas de ese tipo que se lleven a cabo en el ámbito de su organización.

Capítulo IIDeberes, código de conducta y responsabilidad

• Art. 33DeberesDe conformidad con el artículo 52 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal incluido en el ámbito de la ley debe desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y al resto del ordenamiento, y con respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y promoción del entorno cultural y medioambiental. Son deberes suyos los principios éticos y de conducta; esto último se aplica también al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.
• Art. 34ResponsabilidadEl personal responde de la buena gestión pública encomendada y de contribuir a los objetivos de su unidad, equipo o grupo de trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de las personas de superior jerarquía; también por sus funciones como miembro de consejos de administración, patronatos u órganos análogos. Si la Administración debe indemnizar por daño causado por su personal con dolo, culpa o negligencia graves, exigirá de oficio en vía administrativa la responsabilidad, con audiencia de la persona interesada; igual si el daño es a bienes o derechos de la Administración.

Capítulo IIIJornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones. Modalidades de prestación de servicios

• Art. 35Disposiciones comunesEn el desarrollo normativo de la jornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones deberá impulsarse la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, el interés superior de las personas menores, mayores y dependientes, así como con discapacidad, y la corresponsabilidad entre progenitores. También se impulsarán medidas tendentes a la conciliación, racionalización y adaptación de horarios y la desconexión digital en el ámbito laboral. Ambos apartados se aplican igualmente al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.
• Art. 36Jornada de trabajo y horario del personal funcionarioDe acuerdo con la normativa básica estatal, se determinarán y desarrollarán reglamentariamente la jornada general y las jornadas especiales del personal funcionario, los horarios y otras medidas que pudieran adoptarse en el marco de la negociación colectiva. La jornada será a tiempo completo; los puestos que puedan desempeñarse a tiempo parcial se establecerán previa negociación colectiva. Es jornada a tiempo parcial la que requiere prestar servicios un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada del personal funcionario a tiempo completo comparable.
• Art. 37Teletrabajo y modalidades de prestación del servicioEn la Administración general de la Junta de Andalucía la modalidad presencial es la ordinaria y la modalidad a distancia se articula a través del teletrabajo. Sus supuestos y condiciones se fijan reglamentariamente, previa negociación colectiva, cuando el contenido del puesto lo admita y el servicio lo permita. Ha de autorizarse expresamente, es compatible con la presencial y, en todo caso, voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos y se garantiza la desconexión digital.
• Art. 38Permisos del personal funcionarioEl personal funcionario tiene derecho a los permisos recogidos en la normativa estatal básica, en los términos, alcance y condiciones que se determinen reglamentariamente, y también a los otros permisos o medidas que adopte la Administración, incluidos los acordados en la negociación colectiva. En materia de permisos y reducciones de jornada, la pareja estable se equipara al matrimonio y la persona conviviente al cónyuge, de acuerdo con la legislación andaluza sobre parejas de hecho.
• Art. 39Vacaciones del personal funcionarioVacaciones retribuidas cada año según la normativa básica estatal, o las proporcionales al tiempo de servicio activo. Por antigüedad: 15 años, 23 días hábiles; 20 años, 24; 25 años, 25; 30 o más, 26. Los sábados no son hábiles. Pueden disfrutarse fuera del año natural, hasta dieciocho meses desde el final del año en que se originaron, si lo impiden maternidad, paternidad, incapacidad temporal u otras situaciones listadas. No se sustituyen por dinero, salvo cese por causas ajenas a la voluntad del personal; en jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta dieciocho meses.
• Art. 40Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboralLa jornada de trabajo, los horarios, los permisos y las vacaciones del personal laboral se rigen por tres fuentes: lo dispuesto en el propio capítulo en que se inserta el artículo, la legislación laboral correspondiente y los convenios colectivos que resulten de aplicación.

Capítulo IVIncompatibilidades

• Art. 41Régimen jurídicoEl personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley queda sujeto al régimen de incompatibilidades que resulta de cuatro fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley, las disposiciones que las desarrollen y las normas sectoriales que le sean de aplicación.
• Art. 42Principios del sistema de incompatibilidadesNo cabe autorizar compatibilidad para un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, salvo supuestos legalmente previstos. Nunca cabe compatibilizar la actividad pública con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, retribuido o no, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar los intereses generales, ni con actividades privadas directamente relacionadas con las de la Consejería, departamento, entidad o institución de destino. Alcanza al personal contratado por entidades instrumentales.
• Art. 43Dedicación exclusiva a las funciones públicasNo se reconoce compatibilidad para actividades privadas (dedicación exclusiva) a: personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo; personal funcionario y laboral de la Administración General con factor de incompatibilidad en sus complementos; personal de entidades instrumentales con complemento que incluya expresamente ese factor; docentes no universitarios con complemento específico superior al 30 % de las retribuciones básicas; estatutarios del SAS con complemento específico por dedicación exclusiva, y personal de Justicia cuando lo prevea su normativa.
• Art. 44Renuncia a la dedicación exclusiva a las funciones públicasEl Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, determina las condiciones y el procedimiento para que el personal al que se refiere el artículo anterior que así se considere pueda renunciar a la dedicación exclusiva a las funciones públicas, así como los puestos, categorías y funciones en que podrá hacerse. La renuncia lleva consigo la del complemento retributivo correspondiente. Los puestos para cuyo desempeño no se admita la renuncia se establecen en la relación de puestos de trabajo.

Capítulo IDisposiciones generales

• Art. 50Promoción profesional del personal funcionario de carreraEl funcionario de carrera tiene derecho a la promoción profesional, articulada mediante la carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso según los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Sus criterios generales se negocian colectivamente. Es individual, voluntaria, progresiva y retribuida. Modalidades: carrera horizontal (sin cambiar de puesto) y vertical (ascenso en la estructura de puestos por provisión), y promoción interna horizontal (otro cuerpo o especialidad del mismo subgrupo o grupo) y vertical (a otro superior).
• Art. 51Promoción profesional del personal laboralLa promoción y la carrera profesional del personal laboral se articulan a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto de la legislación estatal de carácter básico, así como en los convenios colectivos que resulten de aplicación, en los que se tendrán en cuenta los criterios regulados en este título de la ley (el dedicado a la promoción profesional).

Capítulo IILa carrera profesional del personal funcionario

Capítulo IIILa evaluación del desempeño

• Art. 59ConceptoLa evaluación del desempeño mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de resultados, para mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos. Sus normas y criterios generales se negocian colectivamente. Busca mejorar la gestión pública y el rendimiento del personal y se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente. Ocho principios: transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación y publicidad.
• Art. 60Sistemas y criterios de valoraciónLos sistemas de evaluación del desempeño deben ser transparentes, bajo los principios de imparcialidad y objetividad. Reglamentariamente, previa negociación colectiva, se crearán comisiones de seguimiento, colegiadas y paritarias (Administración y organizaciones sindicales), y se fijarán los sistemas, las competencias, la periodicidad y los órganos técnicos colegiados de revisión. La conducta profesional se presume positiva, salvo valoración negativa expresa y motivada. Para funcionar, se exige implementar antes el instrumento de planificación estratégica.
• Art. 61Efectos de la evaluación del desempeño para el personal funcionarioEl resultado positivo en la evaluación es condición necesaria para cobrar las retribuciones vinculadas al desempeño y ascender de tramo en la carrera horizontal; reglamentariamente, previa negociación colectiva, podrá exigirse para valorar la experiencia como mérito. El primer resultado negativo lleva a un programa de formación específico; tres o más negativos y consecutivos pueden dar lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia y con resolución motivada. El interino se evalúa en los mismos términos, de la forma adecuada a su condición temporal. Los resultados individuales se anotan en el Registro de Personal.
• Art. 62La evaluación del desempeño para el personal laboralLa evaluación del desempeño del personal laboral no sigue un procedimiento propio de esta ley: se articula a través de los procedimientos previstos en los convenios colectivos que resulten de aplicación y en la demás normativa laboral correspondiente. En esos procedimientos se tendrán en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 60, apartado 3.

Capítulo IDisposiciones generales

• Art. 81Principios generalesEl personal incluido en la ley tiene derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo; su ejercicio se rige por la normativa estatal básica, su normativa de desarrollo y esta ley. Para el personal con contrato laboral rige la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del título, de la normativa estatal básica y de los convenios colectivos aplicables. Estos derechos se ejercen a través de los órganos y sistemas específicos del título y de la normativa básica, sin perjuicio de otras formas de colaboración.

Capítulo IINegociación colectiva del personal que presta servicios en las Administraciones públicas de Andalucía

• Art. 82Negociación colectivaLa negociación colectiva de condiciones de trabajo se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación, y se efectúa mediante la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales. Se constituirán Mesas de Negociación, en las que están legitimadas la representación de la Administración pública correspondiente y las organizaciones sindicales que determine la normativa estatal básica. La Administración facilita los recursos materiales y humanos.
• Art. 83Tipología de las Mesas de NegociaciónLa negociación se estructura en las Mesas de la normativa estatal básica. En la Mesa General común la representación sindical se distribuye según los resultados electorales, y también están las organizaciones de la Mesa General de las Administraciones públicas que hubieran obtenido el diez por ciento de representantes. En la de funcionarios y estatutarios están los sindicatos más representativos estatales y andaluces y los que alcancen el diez por ciento o más. Las Mesas Generales pueden acordar Mesas Sectoriales. Ninguna parte puede superar quince miembros.
• Art. 84Proceso negociadorLas Administraciones deben negociar las materias de la normativa estatal básica; negociar es el intento de buena fe de llegar a un acuerdo entre la Administración y la representación sindical. El proceso se abre en la fecha fijada de común acuerdo o, en su defecto, en el plazo máximo de un mes desde que lo promueva la mayoría de una de las partes. Las variaciones de representatividad se acreditan cada dos años con certificado de la Oficina Pública de Registro. Sin acuerdo y agotada, en su caso, la solución extrajudicial, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo del funcionario.
• Art. 85Materias objeto de negociación en relación con el personal funcionarioEnumera trece materias de negociación obligada del personal funcionario (letras a a m): incremento retributivo, retribuciones complementarias, evaluación del desempeño, criterios generales de acceso, carrera y provisión, acción social, ofertas de empleo, calendario, permisos o movilidad, entre otras. Cada materia se negocia en un único órgano: lo común a funcionario, estatutario y laboral, en la Mesa General común; lo común a funcionario y estatutario que no afecte al laboral, en la Mesa General del personal funcionario; lo que afecte a más de un sector sin ser todos, también en esta.

Capítulo IIIÓrganos de representación del personal funcionario y estatutario

• Art. 86Órganos de representaciónLos órganos de representación del personal funcionario y estatutario son los delegados y delegadas de personal y las juntas de personal. Unidades electorales en la Junta de Andalucía: Administración General, nueve (una por provincia y otra para los servicios centrales con sede en Sevilla); docentes no universitarios, una por provincia; Servicio Andaluz de Salud, una por centro directivo sanitario; Administración de Justicia, una por provincia. En cada Universidad pública, dos. Cada Administración dispondrá de un registro de órganos de representación.
• Art. 87Garantías, derechos y deberes de la función representativa del personalLos miembros de las juntas de personal y los delegados y delegadas de personal tienen estas garantías: acceso y libre circulación por su unidad electoral, salvo zonas reservadas; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en procedimientos disciplinarios durante el mandato y el año inmediatamente posterior; crédito de horas mensuales retribuidas; no ser trasladados ni sancionados por causas ligadas al mandato, ni durante su vigencia ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión; y no discriminación. Guardan sigilo aun expirado el mandato.

Capítulo IVSolución extrajudicial de conflictos de carácter general del personal funcionario, estatutario y laboral

• Art. 88Solución extrajudicial de conflictos de carácter general del personal funcionario, estatutario y laboralEn cada ámbito sectorial, la Mesa de Negociación podrá acordar que la solución extrajudicial de los conflictos de carácter general del personal funcionario o estatutario se intente en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. Para el personal laboral, al negociar los convenios colectivos se valorará prever que, si la comisión paritaria no logra una solución, los conflictos colectivos puedan someterse a la mediación y conciliación de ese Sistema y, previo acuerdo de las partes, a sus procesos de arbitraje.

Capítulo IPlanificación de recursos humanos

Capítulo IIEstructura del empleo público

Capítulo IPrincipios y requisitos de acceso al empleo público

• Art. 105Principios rectoresEl acceso al empleo público se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La Junta seleccionará a su personal garantizando además: publicidad de convocatorias y bases, y de la planificación y seguimiento de los procesos; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia, discrecionalidad técnica y confidencialidad en su actuación; fiabilidad y validez predictiva de los instrumentos; adecuación entre contenido de los procesos y funciones; y agilidad y eficiencia, sin perjuicio de la objetividad.
• Art. 106Requisitos de accesoRequisitos generales para participar en procesos selectivos: nacionalidad española, sin perjuicio del artículo 107; capacidad funcional; dieciséis años cumplidos sin exceder de la edad máxima de jubilación forzosa (se podrá exigir dieciocho si hay ejercicio de autoridad o riesgo para la salud; otra edad máxima, solo por ley); no estar separado por procedimiento disciplinario ni inhabilitado; titulación exigida; y no ser ya funcionario de carrera del cuerpo y especialidad o laboral fijo de la categoría convocados. Las bases podrán añadir requisitos específicos, abstractos y generales.
• Art. 107Acceso al empleo público de nacionales de otros EstadosLos nacionales de Estados de la Unión Europea acceden como personal funcionario en igualdad con los españoles, salvo a empleos que impliquen participación en el ejercicio del poder público o salvaguardia de intereses generales; el Consejo de Gobierno determina los cuerpos o puestos vedados. Se aplica al cónyuge no separado de derecho, a los descendientes menores de veintiún años o mayores dependientes y a personas de Tratados con libre circulación. Ellos y los extranjeros con residencia legal pueden ser personal laboral. Solo por ley cabe eximir de la nacionalidad para ser funcionario.
• Art. 108Acceso al empleo público del personal funcionario de organismos internacionalesReglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones para el acceso del personal funcionario de nacionalidad española de organismos internacionales, siempre que posea la titulación requerida y supere los correspondientes procesos selectivos. Estas personas podrán quedar exentas de las pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional, de acuerdo con lo que dispongan las bases del proceso selectivo.
• Art. 109Acceso al empleo público de personas con discapacidadEn las ofertas de empleo público o instrumento similar se reserva un cupo de vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen el proceso selectivo y acrediten la discapacidad y su compatibilidad con las tareas. La reserva se calcula sobre el total de vacantes de la oferta y puede concentrarse en las convocatorias que mejor se adapten; las plazas de promoción interna computan en todo caso en el cupo. Para ir por el cupo hay que indicarlo expresamente en la solicitud y tener reconocida la discapacidad con efectos anteriores al fin del plazo de solicitudes.
• Art. 110Órganos de selecciónPor decreto del Consejo de Gobierno se crean órganos de selección especializados y permanentes, adscritos a la Consejería competente en materia de Función Pública. Son colegiados, de número impar, con mayoría de funcionarios de carrera cuando se selecciona personal de este tipo, pero en ningún caso con mayoría del mismo cuerpo que se selecciona; se pertenece a título individual. No pueden integrarlos, entre otros, el personal de elección o designación política, interino, laboral temporal o eventual, ni quien haya preparado aspirantes en los cinco años anteriores a la convocatoria.
• Art. 111Sistemas selectivosLos procesos selectivos son abiertos y garantizan la libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y de la discriminación positiva. Los sistemas son oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos. En el concurso-oposición, la puntuación de los méritos no determina en ningún caso por sí misma el resultado. Para personal funcionario de carrera rigen la oposición y el concurso-oposición; el concurso es excepcional y solo cabe en virtud de ley que lo autorice. El personal laboral fijo puede seleccionarse por los tres, según el convenio colectivo aplicable.
• Art. 112Contenido y características de los procesos selectivosLas pruebas deben conectar con las funciones y tareas de los puestos convocados, y los méritos han de ser objetivos y adecuados a ellas. Las convocatorias pueden condicionar el acceso a cursos de formación o a un período de prácticas, con más asistentes que plazas, de duración no superior a seis meses para el Grupo A y de tres meses para el resto de grupos. Mientras dura esa fase, cuando el acceso depende de superarla, la persona aspirante es personal funcionario en prácticas. La valora el órgano de selección inicial u otro que se determine reglamentariamente.
• Art. 113ConvocatoriaLos procesos de selección se inician de oficio mediante convocatoria pública que incluye las bases. Pueden aprobarse bases generales para sucesivas convocatorias: las aprueba la persona titular de la Consejería competente en materia de Función Pública para el personal funcionario de la Administración General y el laboral del Convenio Colectivo. Las convocatorias de ese personal corresponden a dicha Consejería, se publican en el BOJA o boletín oficial correspondiente y vinculan a la Administración, a los órganos de selección y a quienes participan.
• Art. 114Relación de personas aprobadasLos órganos de selección no pueden proponer el acceso de más personas aprobadas que plazas convocadas, excepto cuando lo prevea la propia convocatoria. Si hay cursos o período de prácticas, el límite se refiere a sus resultados definitivos. Si se propuso igual número de aspirantes que de plazas y hay renuncias antes del nombramiento, contratación, toma de posesión o incorporación, el órgano convocante puede requerir una relación complementaria. En caso de empate, las bases pueden dar prioridad al sexo cuya presencia sea inferior al cuarenta por ciento en la fecha de publicación de la oferta.
• Art. 115Selección de personal funcionario interino y personal laboral temporalEl personal funcionario interino y el laboral temporal se seleccionan por procedimientos ágiles que garanticen igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Las bolsas de empleo son el instrumento preferente y su criterio preferente de ordenación es la mayor puntuación en la fase de oposición. Agotadas las bolsas, se remite oferta al órgano gestor de las políticas de empleo. Los puestos vacantes así ocupados se incluyen en la oferta de empleo público del ejercicio del nombramiento o contrato y, si no fuera posible, en el siguiente, salvo supresión o amortización.

Capítulo IIAdquisición y pérdida de la relación de servicio

Capítulo IPrincipios generales y procedimientos de provisión del personal funcionario

• Art. 123Principios generalesGarantiza al personal funcionario el desempeño efectivo de las funciones del cargo para el que fue nombrado, sea cual sea su puesto. Los puestos de funcionarios de carrera se proveen, con carácter ordinario, por concurso y libre designación, según los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y, en libre designación, idoneidad. Los procedimientos extraordinarios atienden principalmente a las necesidades del servicio, la urgencia y las circunstancias del funcionario. Caben reglas de movilidad voluntaria si hay sectores prioritarios con necesidades de efectivos.
• Art. 124Procedimientos ordinarios de provisiónLa provisión ordinaria de los puestos que vayan a desempeñar funcionarios de carrera se hace por convocatoria pública y a través de dos procedimientos: el concurso, que puede ser general o específico, y la libre designación con convocatoria pública. Todo ello conforme a lo dispuesto en la relación de puestos de trabajo.
• Art. 125Otros procedimientos de provisión de carácter extraordinarioLos puestos también pueden proveerse por diez procedimientos de carácter extraordinario: movilidad voluntaria provisional; movilidad temporal y estructural; movilidad forzosa provisional o definitiva; reasignación de efectivos; adscripción provisional; permuta; movilidad funcional; movilidad entre Administraciones públicas; movilidad por razones de salud, y movilidad por razones de violencia de género. Además, por cualquier procedimiento o sistema que establezca la normativa estatal de carácter básico.
• Art. 126Concurso generalEl concurso general valora méritos y capacidades según las bases de la convocatoria. Se tramita preferentemente como concurso abierto y permanente; si razones organizativas lo desaconsejan, se convoca una vez al año, con solicitudes en un máximo de diez días hábiles y resolución en seis meses desde las listas definitivas. Valoran órganos colegiados de carácter técnico. Para participar por primera vez se exigen dos años en el puesto definitivo, y otros dos en el puesto obtenido para volver a concursar. Cabe remoción, previa audiencia y resolución motivada.
• Art. 127Concurso específicoEl concurso específico se aplica cuando lo establece la relación de puestos de trabajo y tiene dos fases: general (méritos de los concursos generales, 45 % de la puntuación) y específica (capacidades y aptitudes, 55 %). Valora una comisión técnica designada por la autoridad convocante. Solicitudes: máximo diez días hábiles; resolución: un mes, ampliable hasta cuatro. Exige tres años de experiencia como funcionario en el mismo subgrupo o grupo y tres de permanencia en el puesto obtenido. Si queda desierto y hay urgencia, cabe adjudicación provisional por no más de seis meses.
• Art. 128Libre designaciónLa libre designación con convocatoria pública es la apreciación discrecional de la idoneidad y competencias de los candidatos. Se aplica a puestos singularizados y, en todo caso, a los de especial responsabilidad, colaboración y disponibilidad y a los que requieran confianza personal. Proveen los titulares de Consejerías y agencias, a propuesta motivada del titular del centro, organismo u órgano del puesto. Solicitudes: máximo diez días hábiles desde la publicación en BOJA; resolución: un mes, ampliable motivadamente un mes más. El cese es discrecional, pero expresamente motivado.
• Art. 129Movilidad voluntaria provisionalUn puesto de concurso general desocupado puede cubrirse provisionalmente, por necesidades urgentes, inaplazables o funcionales, con un funcionario de carrera del mismo cuerpo y especialidad que reúna los requisitos y consienta, previa convocatoria pública en la sede electrónica de la Consejería competente en Función Pública. Designa el titular de la Consejería o agencia del puesto desocupado; la de origen autoriza con carácter general. Puede extinguirse en cualquier momento. Hay reserva del puesto de origen y se perciben las retribuciones del puesto efectivamente desempeñado.
• Art. 130Movilidad temporal y estructuralEl titular de la Consejería competente en Función Pública puede, transitoriamente y en tanto se aprueba la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo, acordar el destino temporal del personal por reestructuración orgánica, traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma, u otras circunstancias excepcionales y urgentes, precepto legal, acuerdo del Consejo de Gobierno o resolución judicial. Límite: seis meses prorrogables por un único período igual, salvo que persistan los motivos y la persona quiera expresamente continuar. No puede exceder del límite provincial.
• Art. 131Movilidad forzosa provisional por cargas de trabajoCon necesidades de servicio o funcionales expresamente motivadas, y si el puesto no pudo proveerse por el procedimiento del artículo 129, el titular de la Consejería o agencia puede disponer, en su ámbito, el traslado forzoso y provisional a un puesto desocupado; hacia otra Consejería o agencia lo dispone el titular de la Consejería competente en Función Pública. Se respeta la localidad salvo casos motivados; no excede la provincia ni seis meses, salvo que persistan los motivos y la persona quiera continuar. Si el puesto retribuye menos, complemento personal transitorio por la diferencia.
• Art. 132Movilidad forzosa definitivaLa Administración de la Junta puede trasladar motivadamente al funcionario de carrera a consejerías, unidades, departamentos, organismos o entidades distintos de los de su destino, por necesidades de servicio o funcionales, respetando retribuciones, carácter de ocupación y condiciones esenciales de trabajo. Si afecta a dos consejerías distintas (o a dos agencias de ellas dependientes) lo acuerda la Consejería competente en Función Pública, previo informe de las afectadas; dentro de una misma consejería, esta. No puede exceder del límite provincial. Hay derecho a indemnización.
• Art. 133Reasignación de efectivosEl funcionario de carrera cuyo puesto se suprima por un plan de ordenación de recursos humanos u otro instrumento del artículo 90 podrá ser destinado, por reasignación de efectivos, con carácter definitivo y respetando el tramo consolidado, a otro puesto de su cuerpo y especialidad. Se aplican los criterios objetivos del plan (capacidades, aptitudes, formación y experiencia) y lo que fije el reglamento, previa negociación colectiva. Si por motivos excepcionales hay cambio de residencia, prioridad a la voluntariedad. Hay derecho a las indemnizaciones reglamentarias por traslado forzoso.
• Art. 134Adscripción provisionalTras la remoción de un puesto de concurso o el cese en libre designación, el funcionario de carrera es adscrito provisionalmente a un puesto de su cuerpo o especialidad, respetando el tramo consolidado y preferentemente en la misma localidad, desde el día siguiente al cese. Debe concursar, dentro de los dos años siguientes al del cese, a puestos de la localidad de adscripción. Si viene de una situación sin esas garantías, a todos los concursos generales de la provincia; por sanción, sin límite provincial. Quien incumpla queda a disposición de la Consejería competente en Función Pública.
• Art. 135PermutaEl funcionario de carrera puede permutar el puesto al que esté adscrito de forma definitiva y que obtuvo en un proceso de acceso o en un concurso general. Autoriza la Consejería afectada si la permuta es entre personas de su ámbito, de sus agencias administrativas o de régimen especial, o entre el personal de estas y el de la Consejería; en el resto de casos, la Dirección General competente en Función Pública. Siempre hace falta informe previo de los órganos competentes en materia de personal. No puede modificar las condiciones retributivas o profesionales.

Capítulo IIMovilidad funcional

• Art. 136Atribución temporal de funcionesPor necesidades del servicio o funcionales motivadas y por el tiempo indispensable, quien ostente la Viceconsejería (u órgano equivalente en agencias), o su delegado, puede asignar temporalmente a funcionarios funciones propias de su cuerpo no asignadas a puestos o que no puedan atenderse con suficiencia. Se cobra por el puesto de pertenencia, más indemnizaciones por razón del servicio en su caso. Máximo seis meses, prorrogable otros seis por resolución motivada; si persiste la necesidad y la persona lo manifiesta expresamente, mientras persista. Prioridad a la voluntariedad si es posible.

Capítulo IIIMovilidad entre Administraciones públicas

• Art. 137Movilidad interadministrativaSe garantiza la movilidad de funcionarios de carrera de otras Administraciones, según las relaciones de puestos de trabajo, la convocatoria, la reciprocidad y los convenios. Quien obtuvo destino por concurso y sufre remoción o supresión permanece en la Junta, que debe asignarle puesto. Si cesa en libre designación, la Junta tiene un mes máximo desde el día siguiente al cese para adscribirlo o notificarle que no lo hará; después, debe pedir en un mes máximo el reingreso en su Administración de origen. Especial consideración a las funcionarias víctimas de violencia de género.
• Art. 138Comisión de servicios interadministrativaMovilidad voluntaria: el funcionario de carrera presta servicios temporalmente en otra Administración. Exige acuerdo previo de las Administraciones y aceptación del interesado; máximo un año, prorrogable anualmente hasta cuatro. Solo reserva puesto si se obtuvo por concurso general y no supera un año, salvo que el Consejo de Gobierno autorice más por interés público. En la Administración General de la Junta autoriza, prorroga y revoca la Consejería competente en Función Pública. Paga la Administración donde se presta el servicio; para la carrera solo cuenta el nivel del puesto de origen.
• Art. 139Comisión de servicios en programas de cooperación internacionalLa Consejería competente en Función Pública puede autorizar comisiones de servicio a funcionarios de carrera para misiones por período determinado de cooperación al servicio de organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras, si consta el interés de ambas instituciones y se justifica que su personal no puede realizar las funciones. Máximo seis meses, con reserva del puesto si se obtuvo por concurso general. La resolución decide si se cobra por el puesto de origen o por el desempeñado. Los servicios computan a todos los efectos; para la carrera, solo el nivel de origen.

Capítulo IVProvisión de puestos de trabajo y movilidad del personal laboral

• Art. 140Regulación y procedimientoLa provisión de puestos de trabajo y la movilidad del personal laboral se realizan, en primer lugar, de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación. Solo en su defecto se acude al sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Capítulo VProcedimientos de movilidad comunes a personal funcionario y laboral

• Art. 141Disposiciones generalesLos procedimientos de movilidad del capítulo están condicionados a que existan puestos dotados y vacantes adecuados al cuerpo, especialidad o categoría profesional de la persona interesada, preferentemente de similares condiciones retributivas a las del puesto de origen, y a que se cumplan todos los requisitos de la relación de puestos de trabajo. No obstante, cumpliendo los demás requisitos, cabe el traslado a un puesto no ocupado cuyo titular tenga derecho a la reserva, hasta tanto no se incorpore.
• Art. 142Movilidad por razones de saludLa Administración de la Junta de Andalucía podrá adscribir a su personal funcionario o laboral fijo a puestos en distinta unidad o localidad, previa solicitud por razones de salud o rehabilitación del solicitante, de su cónyuge o pareja de hecho (Ley 5/2002), de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad que estén a su cargo, o de menores en acogimiento permanente. El carácter definitivo o provisional, los procedimientos y los requisitos se desarrollan por reglamento, previa negociación colectiva, en el ámbito respectivo de funcionarios y laborales.
• Art. 143Movilidad por razones de violencia de géneroLas empleadas públicas de la Administración General de la Junta víctimas de violencia de género obligadas a dejar su puesto en la localidad tienen derecho al traslado a otro de su cuerpo, especialidad o categoría, del mismo nivel o análogo, sin que deba ser vacante de necesaria cobertura. Si el nuevo puesto se retribuye menos que el definitivo obtenido por concurso, complemento personal transitorio. El traslado es forzoso, los destinos no se hacen públicos y cabe un traslado provisional durante la tramitación. Para interinas y laborales temporales, la adjudicación es provisional.

Capítulo IPersonal funcionario de carrera

• Art. 144Situaciones administrativas del personal funcionario de carreraEl personal funcionario de carrera se halla en alguna de estas siete situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia voluntaria, excedencia forzosa, expectativa de destino y suspensión de funciones, en los términos de la normativa estatal básica y con las particularidades del título. Quien no esté en servicio activo puede cambiar de situación si reúne los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingresar antes al servicio activo.
• Art. 145Servicio activoEstá en servicio activo quien presta servicios como personal funcionario de carrera en la Administración pública, siempre que no le corresponda quedar en otra situación. Quien está en servicio activo disfruta de todos los derechos inherentes a su condición de personal funcionario de carrera y queda sujeto a los deberes y responsabilidades derivados de ella.
• Art. 146Servicios especialesServicios especiales: se declara, entre otros, al ser miembro del Gobierno o alto cargo, por misión internacional de más de seis meses, parlamentario con retribución periódica, cargo electivo local retribuido y de dedicación exclusiva, personal eventual que no opte por el servicio activo o reservista voluntario activado. Se perciben las retribuciones del cargo, más los trienios. El tiempo computa para ascensos, carrera, trienios, promoción interna y Seguridad Social. Se reserva el mismo puesto si se obtuvo con carácter definitivo por concurso; en otro caso, reingreso en la misma localidad.
• Art. 147Servicio en otras Administraciones públicasSe declara en servicio en otras Administraciones públicas a quien obtiene destino en una Administración distinta por transferencias, concurso o libre designación. El transferido se integra plenamente en la función pública de destino, en servicio activo en ella, respetándose su grupo o subgrupo y los derechos económicos de su carrera. Quien llegó por concurso o libre designación se rige por la legislación de la Administración de destino, pero conserva su condición de funcionario de la Junta y el derecho a participar en sus convocatorias de provisión; ese tiempo le computa como servicio activo.
• Art. 148Excedencia voluntariaLa excedencia voluntaria puede adoptar nueve modalidades: por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género, por razón de violencia terrorista, por prestación de servicios en el sector público andaluz, por incompatibilidad, con reserva de puesto e incentivada.
• Art. 149Excedencia voluntaria por interés particularExcedencia voluntaria por interés particular: exige dos años de servicios efectivos inmediatamente anteriores en cualquier Administración pública y obliga a permanecer en ella un mínimo de un año; para repetirla, dos años de servicios efectivos desde el final de la anterior. Queda subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas y no cabe con procedimiento disciplinario en instrucción o sanción pendiente de cumplir. También se declara si no se solicita el reingreso en plazo. No se devengan retribuciones ni computa para ascensos, trienios y Seguridad Social.
• Art. 150Excedencia voluntaria por agrupación familiarExcedencia voluntaria por agrupación familiar: puede concederse, sin el requisito de servicios efectivos previos y con permanencia mínima de un año, al funcionario de carrera cuyo cónyuge o pareja de hecho resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en las Administraciones y entidades que el precepto enumera. No se devengan retribuciones ni computa para ascensos, trienios y Seguridad Social; se puede participar en cursos de formación de la Administración, sin derecho a indemnización.
• Art. 151Excedencia por cuidado de familiaresExcedencia por cuidado de familiares: derecho a un período no superior a tres años, sin servicios previos mínimos, para cuidar de cada hijo o hija (por naturaleza, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente) o del cónyuge, pareja de hecho o familiar a cargo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o persona bajo su guarda y custodia, que no pueda valerse por sí misma y no desempeñe actividad retribuida. Puede fraccionarse; el período es único por persona causante. Computa para trienios y carrera, con reserva del puesto definitivo.
• Art. 152Excedencia por razón de violencia de géneroLas funcionarias víctimas de violencia de género pueden solicitar la excedencia sin tiempo mínimo de servicios previos ni plazo de permanencia. Durante los doce primeros meses tienen reserva del puesto que desempeñen y el período computa para antigüedad y carrera profesional; si las actuaciones judiciales lo exigen, se puede prorrogar por tres meses hasta un máximo de dieciocho desde el inicio de la excedencia. Durante los cuatro primeros meses perciben las retribuciones íntegras. Pueden participar en cursos de formación de la Administración, sin derecho a indemnización.
• Art. 153Excedencia por razón de violencia terroristaEl personal funcionario de carrera que haya sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, y también el personal amenazado en los términos dispuestos en la legislación estatal, tiene derecho a un período de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género, por el tiempo que resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede.
• Art. 154Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluzEl funcionario de carrera que pase a prestar servicios como personal contratado de una agencia de régimen especial o de una agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía queda en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Ese trabajo se valora en los concursos de méritos de la Administración General de la Junta. La agencia le reconoce los servicios previos a efectos de antigüedad; al reingresar, el tiempo en la agencia computa para trienios. Reingresa en la misma localidad y con iguales retribuciones complementarias que su último puesto definitivo.
• Art. 155Excedencia por incompatibilidadPuede declararse la excedencia por incompatibilidad al funcionario de carrera que esté en servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o que pase a prestar servicios como laboral fijo o como directivo con contrato laboral de alta dirección en cualquier Administración pública, organismo o entidad del sector público y no le corresponda otra situación. En este segundo caso el tiempo computa para trienios al reingresar, salvo si los servicios se prestan en entidades del sector público con personalidad jurídica privada. Ser interino o laboral temporal no habilita para esta situación.
• Art. 156Excedencia con reserva de puestoExcedencia con reserva de puesto: puede solicitarse si las necesidades del servicio debidamente motivadas lo permiten y tras diez años de servicios efectivos en cualquier Administración pública; dura un mínimo de seis meses y un máximo de un año, y solo puede repetirse tras cinco años de servicios efectivos desde el final de la anterior. Durante ella no se puede prestar servicio en ninguna Administración pública, no se devengan retribuciones y el tiempo no computa para ascensos, trienios y Seguridad Social. No cabe con procedimiento disciplinario en instrucción o sanción pendiente.
• Art. 157Excedencia voluntaria incentivadaEl funcionario de carrera puede pedir la excedencia voluntaria incentivada si está afectado por una reasignación de efectivos derivada de un plan de ordenación de recursos humanos (desde la publicación del plan), en expectativa de destino o en excedencia forzosa por un plan de ordenación. Se concede a instancia de parte, con permanencia de cinco años. Da derecho, por una sola vez, a una mensualidad de las retribuciones periódicas del último puesto, sin pagas extraordinarias, por año completo de servicios, máximo doce meses. El tiempo no computa para carrera, trienios ni Seguridad Social.
• Art. 158Excedencia forzosaLa excedencia forzosa se produce: a) para quien está en expectativa de destino, por transcurrir su período máximo o incumplir sus obligaciones; b) para quien procede de suspensión, pide el reingreso y no puede concedérsele en seis meses desde la extinción de la responsabilidad, por falta de vacante dotada. Se perciben las retribuciones básicas y, si corresponde, las prestaciones familiares por hijos a cargo, y el tiempo computa para carrera, trienios y Seguridad Social. No se pueden ocupar puestos en el sector público, salvo los supuestos de incompatibilidades y previa autorización.
• Art. 159Expectativa de destinoEl funcionario de carrera afectado por la reasignación de efectivos del artículo 133 que no obtenga destino podrá ser declarado en expectativa de destino. Percibe las retribuciones básicas, el tramo de carrera consolidado y el cincuenta por ciento del complemento del puesto que ejercía. Está obligado a aceptar destino en puestos similares ofrecidos en la misma localidad, a participar en los concursos de puestos adecuados situados en esa localidad y en los cursos de capacitación a los que se le convoque. Dura como máximo un año; después se pasa a excedencia forzosa.
• Art. 160Suspensión de funcionesLa suspensión de funciones puede ser provisional o firme y priva del ejercicio de las funciones y de los derechos inherentes a la condición. La provisional cabe en un procedimiento disciplinario, por un máximo de seis meses salvo paralización imputable a la persona interesada, y en un procedimiento penal; durante ella se cobran las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo, y se mantiene el puesto definitivo. La firme se impone por sentencia penal o sanción disciplinaria; por sanción no puede exceder de seis años y supone perder el puesto si excede de seis meses.
• Art. 161Suspensión de funciones por razón de procedimiento o condena penalSi en un procedimiento penal se acuerda prisión provisional u otras medidas que impidan desempeñar el puesto, se declara la suspensión provisional por todo ese tiempo, con las retribuciones básicas y, en su caso, prestaciones por hijo a cargo, y se mantiene el puesto definitivo. Sin esas medidas, la persona encausada puede ser suspendida, previa audiencia y motivadamente, si lo justifica la naturaleza de los hechos; entonces percibe la totalidad de sus retribuciones. La condena firme que impida desempeñar el puesto lleva a suspensión firme, con pérdida del puesto si excede de seis meses.
• Art. 162Reingreso al servicio activoEl funcionario de carrera sin puesto reservado reingresa de forma ordinaria participando en las convocatorias de concurso o libre designación. También puede reingresar por adjudicación provisional de una vacante adecuada y dotada presupuestariamente, en los términos del artículo 134. Un reglamento regulará plazos, procedimientos y condiciones según la situación de procedencia, respetando la reserva de puesto cuando proceda; en los demás casos el reingreso depende de que exista vacante dotada. El reglamento fijará también el orden de prelación si coinciden varias solicitudes sin reserva.

Capítulo IIPersonal funcionario interino

• Art. 163Situaciones administrativas del personal funcionario interinoEl funcionario interino puede estar en servicio activo, excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género o por violencia terrorista, y suspensión de funciones. Cesa, esté en activo, excedente o suspendido, si su puesto se provee reglamentariamente o concurre una causa legal de cese; también por suspensión firme superior a seis meses. Su nombramiento puede suspenderse por designación por decreto del Consejo de Gobierno para un alto cargo, por nombramiento como eventual, por ser miembro del Parlamento de Andalucía o de las Cortes Generales o por cargo electivo local en Andalucía.

Capítulo IIIPersonal laboral

• Art. 164Situaciones administrativas del personal laboralLos convenios colectivos podrán determinar que al personal laboral incluido en su ámbito de aplicación se le apliquen las situaciones administrativas previstas en el título de la ley dedicado a ellas, pero solo en todo aquello que resulte compatible con la legislación laboral. Es una posibilidad que queda en manos del convenio, no una aplicación directa.