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Real Decreto Legislativo 5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público
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Crear cuenta gratis- DA 7.ªPlanes de igualdadLas Administraciones Públicas deben respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y evitar toda discriminación laboral entre mujeres y hombres. Al inicio de cada legislatura aprobarán un Plan para la Igualdad, que fija objetivos y medidas, se negocia con la representación legal de los empleados públicos y se evalúa anualmente. Se crea, en el plazo de 3 meses, un Registro de Planes de Igualdad adscrito al departamento con competencias en función pública, al que se remiten los planes y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.
- DA 17.ªMedidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo públicoLas Administraciones Públicas deben evitar irregularidades en la contratación laboral temporal y en los nombramientos de interinos; las actuaciones irregulares generan responsabilidades. Es nulo de pleno derecho todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria que suponga incumplir los plazos máximos de permanencia como personal temporal. El interino afectado recibe veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, hasta doce mensualidades, salvo cese disciplinario o renuncia voluntaria; el laboral temporal, la diferencia entre ese máximo y su indemnización.
Título IObjeto y ámbito de aplicación
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- Art. 1ObjetoEl Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito y determinar las normas aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas. Refleja además doce fundamentos de actuación, de la a) a la l): entre ellos, servicio a los ciudadanos, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, transparencia, jerarquía y negociación colectiva. La objetividad, profesionalidad e imparcialidad se garantizan con la inamovilidad del funcionario de carrera.
- Art. 2Ámbito de aplicaciónSe aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al laboral de: la Administración General del Estado; las Administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla; las entidades locales; los organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas o dependientes; y las Universidades Públicas. Para el personal de investigación caben normas singulares. Docentes y estatutarios de los Servicios de Salud se rigen por legislación específica estatal y autonómica y por el Estatuto, con excepciones. Es supletorio para el personal no incluido.
- Art. 3Personal funcionario de las Entidades LocalesEl personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación autonómica, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Art. 4Personal con legislación específica propiaEl Estatuto solo se aplica directamente, cuando lo disponga su legislación específica, a ocho colectivos: funcionarios de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas autonómicas; funcionarios de los demás Órganos Constitucionales y de los órganos estatutarios autonómicos; Jueces, Magistrados, Fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia; militares de las Fuerzas Armadas; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; personal retribuido por arancel; Centro Nacional de Inteligencia; y Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
- Art. 5Personal de la Sociedad Estatal Correos y TelégrafosEl personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se rige por sus normas específicas y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Estatuto. Su personal laboral se rige por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.
- Art. 6Leyes de Función PúblicaEn desarrollo del Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
- Art. 7Normativa aplicable al personal laboralEl personal laboral de las Administraciones públicas se rige por la legislación laboral, por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan. Excepción: en los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto, y no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensiones del contrato de trabajo por esos mismos supuestos de hecho.
Título IIPersonal al servicio de las Administraciones Públicas
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Capítulo IClases de personal
- Art. 8Concepto y clases de empleados públicosSon empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en cuatro clases: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.
- Art. 9Funcionarios de carreraSon funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos de la ley de desarrollo de cada Administración.
- Art. 10Funcionarios interinosInterinos: nombrados por necesidad y urgencia justificadas por: vacantes (máximo tres años); sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario); programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses por ley de Función Pública); exceso o acumulación de tareas (nueve meses dentro de dieciocho). Selección pública, por igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Cese de oficio y sin compensación. A los tres años la vacante solo la ocupa un funcionario de carrera, salvo proceso desierto; el interino permanece si la convocatoria se publicó en esos tres años.
- Art. 11Personal laboralEs personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas; el contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijarán los criterios para determinar los puestos que puede desempeñar, respetando el artículo 9.2. La selección es pública y se rige por igualdad, mérito y capacidad; en el laboral temporal, también por celeridad, para atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.
- Art. 12Personal eventualPersonal eventual: nombrado con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y cobra de créditos consignados para ese fin. Las leyes de Función Pública determinan qué órganos de gobierno pueden tenerlo; el número máximo lo fijan los respectivos órganos de gobierno; número y retribuciones son públicos. Nombramiento y cese libres; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que sirve. No es mérito para el acceso ni para la promoción interna. Se le aplica, en lo adecuado, el régimen de los funcionarios de carrera.
Capítulo IIPersonal directivo
Título IIIDerechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos
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Capítulo IDerechos de los empleados públicos
- Art. 14Derechos individualesDerechos individuales de los empleados públicos: inamovilidad del funcionario de carrera; desempeño efectivo de sus funciones; progresión en la carrera y promoción interna; retribuciones e indemnizaciones; participar en los objetivos de su unidad y ser informado; defensa jurídica ante cualquier orden jurisdiccional; formación continua, preferentemente en horario laboral; respeto a la intimidad y dignidad; no discriminación; conciliación; intimidad y desconexión digital; libertad de expresión; seguridad y salud; vacaciones y permisos; jubilación; Seguridad Social; libre asociación profesional.
- Art. 15Derechos individuales ejercidos colectivamenteLos empleados públicos tienen cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos del artículo 46 del Estatuto.
Capítulo IIDerecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño
- Art. 16Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carreraLos funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional. Carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso. Las leyes de Función Pública pueden aplicar, aislada o simultáneamente: carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto), carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical (a un Subgrupo o Grupo superior) y promoción interna horizontal (cuerpos o escalas del mismo Subgrupo). Cabe progresar a la vez en ambas carreras si se implantan en un mismo ámbito.
- Art. 17Carrera horizontal de los funcionarios de carreraLas leyes de Función Pública podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera aplicando, entre otras, dos reglas: a) un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, con remuneración fijada para cada uno y ascensos consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales; b) se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, y podrán incluirse otros méritos y aptitudes por la especificidad de la función y la experiencia adquirida.
- Art. 18Promoción interna de los funcionarios de carreraLa promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que garanticen igualdad, mérito y capacidad y los principios del artículo 55.2. El funcionario debe poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener al menos dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y superar las pruebas selectivas. Las leyes de Función Pública articularán los sistemas de promoción interna y podrán determinar los cuerpos y escalas accesibles desde otros del mismo Subgrupo. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal.
- Art. 19Carrera profesional y promoción del personal laboralEl personal laboral tiene derecho a la promoción profesional. Su carrera profesional y su promoción se hacen efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.
- Art. 20La evaluación del desempeñoLas Administraciones Públicas establecerán sistemas de evaluación del desempeño, procedimiento que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Criterios: transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Sus efectos: carrera horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias. La continuidad en un puesto obtenido por concurso queda vinculada a la evaluación, con audiencia al interesado y resolución motivada. Carrera horizontal, complemento del 24 c) y cese del puesto de concurso exigen aprobar antes sistemas objetivos.
Capítulo IIIDerechos retributivos
- Art. 21Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivosPara cada ejercicio presupuestario, la correspondiente ley de presupuestos debe reflejar tres cosas: las cuantías de las retribuciones básicas de los funcionarios, el incremento de las cuantías globales de sus retribuciones complementarias y el incremento de la masa salarial del personal laboral. Además, no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.
- Art. 22Retribuciones de los funcionariosLas retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas y complementarias. Básicas: retribuyen según la adscripción del cuerpo o escala a un Subgrupo o Grupo y la antigüedad en él; incluyen sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Complementarias: retribuyen las características del puesto, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados. Pagas extraordinarias: dos al año, cada una de una mensualidad de básicas y todas las complementarias, salvo las del artículo 24 c) y d). No cabe percibir participación en tributos u otros ingresos públicos ni premio en multas.
- Art. 23Retribuciones básicasLas retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y están integradas única y exclusivamente por dos conceptos: el sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (Grupo cuando no tenga Subgrupo), y los trienios, que son una cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.
- Art. 24Retribuciones complementariasLa cuantía y la estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios las establecen las correspondientes leyes de cada Administración Pública, atendiendo, entre otros, a estos factores: a) la progresión alcanzada en el sistema de carrera administrativa; b) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad del puesto o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o resultados obtenidos; d) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
- Art. 25Retribuciones de los funcionarios interinosLos funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción (Grupo si no tiene Subgrupo). También perciben las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en que se les nombre. Se reconocen los trienios por servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente a partir de esa entrada en vigor.
- Art. 26Retribuciones de los funcionarios en prácticasLas retribuciones de los funcionarios en prácticas las determinan las Administraciones Públicas. El artículo solo fija un mínimo: deben corresponderse, al menos, con las del sueldo del Subgrupo o Grupo (Grupo cuando no tenga Subgrupo) en que aspiren a ingresar.
- Art. 27Retribuciones del personal laboralLas retribuciones del personal laboral se determinan conforme a tres fuentes: la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. En todo caso debe respetarse lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.
- Art. 28Indemnizaciones
- Art. 29Retribuciones diferidasLas Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial que fijen las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos y conforme a la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.
- Art. 30Deducción de retribucionesLa parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y se aplica sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengan ni perciben las retribuciones del tiempo en que hayan permanecido en esa situación; esa deducción de haberes tampoco tiene carácter de sanción ni afecta al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.
Capítulo IVDerecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión
- Art. 31Principios generalesLos empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.
- Art. 32Negociación colectiva, representación y participación del personal laboralLa negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.
- Art. 33Negociación colectivaLa negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.
- Art. 34Mesas de NegociaciónHay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.
- Art. 35Constitución y composición de las Mesas de NegociaciónLas Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.
- Art. 36Mesas Generales de NegociaciónSe constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.
- Art. 37Materias objeto de negociaciónSe negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.
- Art. 38Pactos y AcuerdosLos Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.
- Art. 39Órganos de representaciónLos órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.
- Art. 40Funciones y legitimación de los órganos de representaciónLas Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.
- Art. 41Garantías de la función representativa del personalLos miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.
- Art. 42Duración de la representaciónEl mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.
- Art. 43Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de PersonalPueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.
- Art. 44Procedimiento electoralEl procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.
- Art. 45Solución extrajudicial de conflictos colectivosLas Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.
- Art. 46Derecho de reuniónAdemás de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.
Capítulo VDerecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones
- Art. 47Jornada de trabajo de los funcionarios públicosLas Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de sus funcionarios; la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Además, adoptarán medidas de flexibilización horaria para la conciliación de los empleados públicos con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y de quienes tengan necesidades de cuidado respecto de hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.
- Art. 47 bisTeletrabajoEl teletrabajo es la prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, si las necesidades del servicio lo permiten, fuera de las dependencias de la Administración mediante tecnologías de la información y comunicación. Requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y es voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. Quien teletrabaja tiene los mismos deberes y derechos, salvo los inherentes a la presencia. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos.
- Art. 48Permisos de los funcionarios públicosEnfermedad grave u hospitalización de cónyuge, pareja, primer grado o conviviente, 5 días hábiles; segundo grado, 4. Fallecimiento: primer grado, 3 días hábiles en la misma localidad y 5 en distinta; segundo grado, 2 y 4. Traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Lactancia de hijo menor de doce meses, una hora de ausencia. Prematuros hospitalizados, hasta 2 horas diarias retribuidas. Familiar de primer grado con enfermedad muy grave, reducción de hasta el 50 %, retribuida, máximo un mes. Asuntos particulares, 6 días al año. Matrimonio o pareja de hecho, 15 días.
- Art. 49Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directosNacimiento, adopción y progenitor distinto de la madre biológica: 19 semanas (32 en monoparentalidad): 6 obligatorias, 11 (22) dentro de los doce meses y 2 (4) hasta los ocho años. Hospitalización del neonato: hasta 13 semanas más. Discapacidad del hijo: 2 semanas más. Preaviso de quince días en el disfrute interrumpido. Adopción internacional: hasta dos meses con retribuciones básicas. Violencia de género: retribuciones íntegras si la jornada se reduce un tercio o menos. Cáncer: reducción de al menos la mitad, hasta los 23 años. Permiso parental: hasta ocho semanas, no retribuido.
- Art. 50Vacaciones de los funcionarios públicosLos funcionarios tienen derecho, cada año natural, a veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas, o a la parte proporcional si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no son hábiles a estos efectos. Si un permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o el embarazo impide disfrutarlas, pueden disfrutarse después, siempre que no pasen más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron. No se sustituyen por dinero, salvo conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del funcionario.
- Art. 51Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboralEl régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral no se detalla en este artículo: se limita a indicar que se estará a lo establecido en este capítulo del Estatuto y en la legislación laboral correspondiente. Son, por tanto, dos fuentes a la vez: el capítulo y la legislación laboral.
Capítulo VIDeberes de los empleados públicos. Código de Conducta
- Art. 52Deberes de los empleados públicos. Código de ConductaLos empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.
- Art. 53Principios éticosPrincipios éticos: respetar la Constitución y el ordenamiento; perseguir los intereses generales con objetividad, imparcialidad e interés común; lealtad y buena fe; respeto de los derechos fundamentales sin discriminación; abstenerse si hay interés personal; no contraer obligaciones económicas con conflicto de intereses; no aceptar tratos de favor de personas físicas o entidades privadas; eficacia, economía y eficiencia; no influir en la agilización de trámites sin justa causa; diligencia y resolver en plazo; dedicación al servicio público; secreto de las materias clasificadas y discreción.
- Art. 54Principios de conductaPrincipios de conducta: tratar con atención y respeto a ciudadanos, superiores y demás empleados; cumplir jornada y horario; obedecer las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento, que se comunica inmediatamente a los órganos de inspección; informar a los ciudadanos; administrar los bienes públicos con austeridad; rechazar regalos que excedan de los usos habituales, sociales y de cortesía; garantizar la constancia de los documentos; mantener actualizada la formación; observar la seguridad y salud laboral; proponer mejoras; atender en la lengua oficial solicitada.
Título IVAdquisición y pérdida de la relación de servicio
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Capítulo IAcceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio
- Art. 55Principios rectoresTodos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones, entidades y organismos del artículo 2 seleccionan a su personal funcionario y laboral garantizando esos principios y estos: publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en su actuación; adecuación entre el contenido de los procesos y las funciones o tareas; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad.
- Art. 56Requisitos generalesPara participar en procesos selectivos hay que reunir cinco requisitos: nacionalidad española (sin perjuicio del artículo siguiente), capacidad funcional, dieciséis años cumplidos sin exceder la edad máxima de jubilación forzosa (otra edad máxima, solo por ley), no estar separado por expediente disciplinario ni inhabilitado por resolución judicial, y la titulación exigida. Caben otros requisitos específicos con relación objetiva y proporcionada con funciones y tareas, establecidos de manera abstracta y general.
- Art. 57Acceso al empleo público de nacionales de otros EstadosLos nacionales de Estados miembros de la UE acceden como funcionarios en igualdad con los españoles, salvo a empleos que impliquen participar en el ejercicio del poder público o salvaguardar intereses del Estado o de las Administraciones. Se aplica al cónyuge no separado de derecho y a descendientes menores de veintiún años o mayores dependientes, y a personas incluidas en Tratados de la UE ratificados por España con libre circulación de trabajadores. Los extranjeros con residencia legal acceden como personal laboral. Eximir de la nacionalidad: solo por ley.
- Art. 58Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos InternacionalesLas Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para que accedan a ellas los funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de las pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para su puesto en el organismo internacional.
- Art. 59Personas con discapacidadEn las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las tareas, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración. Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas es para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo. Cada Administración adopta adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso y, superado este, en el puesto.
- Art. 60Órganos de selecciónLos órganos de selección son colegiados; su composición se ajusta a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tiende a la paridad entre mujer y hombre. No pueden formar parte de ellos el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia es siempre a título individual: no cabe ostentarla en representación o por cuenta de nadie.
- Art. 61Sistemas selectivosProcesos abiertos y de libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y la discriminación positiva. Si se valoran méritos, su puntuación será proporcionada y no determinará por sí misma el resultado. Funcionarios de carrera: oposición y concurso-oposición; concurso solo por ley y con carácter excepcional. Laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso. No pueden proponerse más aprobados que plazas, salvo que lo prevea la convocatoria; ante renuncias, el órgano convocante puede pedir al de selección una relación complementaria.
- Art. 62Adquisición de la condición de funcionario de carreraLa condición de funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente cuatro requisitos: superar el proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Quien, superado el proceso, no acredite reunir los requisitos de la convocatoria no podrá ser funcionario y sus actuaciones quedarán sin efecto.
Capítulo IIPérdida de la relación de servicio
- Art. 63Causas de pérdida de la condición de funcionario de carreraCinco causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: la renuncia a la condición de funcionario; la pérdida de la nacionalidad; la jubilación total del funcionario; la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
- Art. 64RenunciaLa renuncia voluntaria a la condición de funcionario se manifiesta por escrito y la Administración la acepta expresamente. No puede aceptarse si el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o se ha dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.
- Art. 65Pérdida de la nacionalidadPerder la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento (la española, la de otro Estado miembro de la Unión Europea o la de Estados con libre circulación de trabajadores por tratados celebrados por la Unión Europea y ratificados por España) determina la pérdida de la condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.
- Art. 66Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo públicoLa inhabilitación absoluta, como pena principal o accesoria, cuando la sentencia que la impone ha adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. La inhabilitación especial, también principal o accesoria y con sentencia firme, la produce solo respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
- Art. 67JubilaciónLa jubilación del funcionario puede ser voluntaria (a solicitud suya, si reúne los requisitos del Régimen de Seguridad Social aplicable), forzosa (de oficio a los sesenta y cinco años) o por incapacidad permanente. Cabe solicitar la prolongación en el servicio activo como máximo hasta los setenta años; la Administración competente resuelve de forma motivada. Se excluye a quienes tengan normas estatales específicas de jubilación. En el Régimen General, la edad forzosa es la de sus normas para la pensión contributiva sin coeficiente reductor por edad.
- Art. 68Rehabilitación de la condición de funcionarioHay dos vías de rehabilitación. Si la relación de servicios se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado puede solicitarla una vez desaparecida la causa objetiva, y le será concedida. Si la condición se perdió por condena a pena principal o accesoria de inhabilitación, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán concederla con carácter excepcional, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito; sin resolución expresa en plazo, se entiende desestimada.
Título VOrdenación de la actividad profesional
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Capítulo IPlanificación de recursos humanos
- Art. 69Objetivos e instrumentos de la planificaciónLa planificación de recursos humanos busca la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos económicos, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Las Administraciones podrán aprobar Planes de ordenación con medidas como: análisis de disponibilidades y necesidades de personal, previsiones sobre organización del trabajo y estructuras de puestos, movilidad, promoción interna, formación y movilidad forzosa, e incorporaciones por Oferta de empleo público.
- Art. 70Oferta de empleo públicoLas necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso son objeto de la Oferta de empleo público o instrumento similar. Ello obliga a convocar los procesos selectivos de las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo de convocatoria. La ejecución debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años. Se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, debe publicarse en el Diario oficial correspondiente y puede contener medidas de planificación.
- Art. 71Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanosCada Administración Pública constituirá un Registro con los datos del personal de los artículos 2 y 5 del Estatuto, atendiendo a las peculiaridades de determinados colectivos. Los Registros podrán disponer también de información agregada sobre los restantes recursos humanos de su sector público. Por convenio de Conferencia Sectorial se fijan los contenidos mínimos comunes y los criterios de intercambio homogéneo de información, con respeto a la protección de datos. Si una Entidad Local carece de capacidad financiera o técnica, cooperan el Estado y las Comunidades Autónomas.
Capítulo IIEstructuración del empleo público
- Art. 72Estructuración de los recursos humanosLas Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos en el marco de sus competencias de autoorganización. Lo hacen de acuerdo con las normas que regulan cuatro materias —la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones— y conforme a lo previsto en el capítulo en el que se inserta el artículo.
- Art. 73Desempeño y agrupación de puestos de trabajoLos empleados públicos tienen derecho a desempeñar un puesto de trabajo según el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del Estatuto. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las de su puesto si son adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen y sin merma en las retribuciones. Los puestos podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad.
- Art. 74Ordenación de los puestos de trabajoLas Administraciones Públicas estructurarán su organización mediante relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares. Su contenido mínimo («al menos») es: la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Estos instrumentos serán públicos.
- Art. 75Cuerpos y escalasLos funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. Los cuerpos y escalas se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Toda referencia de la ley a cuerpos y escalas comprende igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.
- Art. 76Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carreraLos cuerpos y escalas se clasifican según la titulación exigida para el acceso. Grupo A, con dos Subgrupos (A1 y A2): título universitario de Grado, o el otro título universitario que exija la ley; la clasificación en cada Subgrupo depende del nivel de responsabilidad de las funciones y de las características de las pruebas de acceso. Grupo B: título de Técnico Superior. Grupo C, con dos Subgrupos según la titulación exigida para el ingreso: C1, Bachiller o Técnico; C2, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Art. 77Clasificación del personal laboral
Capítulo IIIProvisión de puestos de trabajo y movilidad
- Art. 78Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carreraLas Administraciones Públicas proveen los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La provisión se lleva a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Las leyes de Función Pública de desarrollo podrán establecer otros procedimientos para: la movilidad del artículo 81.2, permutas entre puestos, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos y supresión de los mismos.
- Art. 79Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carreraEl concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos: valora méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes, por órganos colegiados de carácter técnico. Su composición responde a profesionalidad y especialización y se adecúa a la paridad entre mujer y hombre; su funcionamiento, a imparcialidad y objetividad. Las leyes de Función Pública fijan el plazo mínimo de ocupación para volver a concursar. Víctimas del terrorismo o amenazados pueden recibir una puntuación que, como máximo, alcance la de la antigüedad. Si hay supresión o remoción, se asigna otro puesto.
- Art. 80Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carreraLa libre designación con convocatoria pública es la apreciación discrecional, por el órgano competente, de la idoneidad de los candidatos respecto de los requisitos del puesto. Las leyes de Función Pública de desarrollo fijan los criterios para determinar los puestos que, por su especial responsabilidad y confianza, pueden cubrirse así. El órgano competente para el nombramiento puede recabar la intervención de especialistas. Los titulares pueden ser cesados discrecionalmente, pero tras el cese se les debe asignar un puesto conforme al sistema de carrera de cada Administración.
- Art. 81Movilidad del personal funcionario de carreraCada Administración puede establecer reglas para ordenar la movilidad voluntaria si aprecia sectores prioritarios con necesidades específicas de efectivos. De manera motivada, por necesidades de servicio o funcionales, puede trasladar a sus funcionarios a unidades, departamentos u organismos o entidades distintos, respetando retribuciones y condiciones esenciales de trabajo. Si excepcionalmente hay cambio de residencia, se prioriza la voluntariedad. El traslado forzoso da derecho a indemnización. En urgente e inaplazable necesidad cabe la provisión provisional, con convocatoria pública.
- Art. 82Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terroristaLas mujeres víctimas de violencia de género o sexual obligadas a abandonar su puesto en la localidad tienen derecho al traslado a otro puesto de su cuerpo, escala o categoría, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Los funcionarios víctimas del terrorismo y los funcionarios amenazados, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o sentencia judicial firme, lo tienen cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, si no, dentro de la comunidad autónoma. En ambos casos el traslado es forzoso y se protege la intimidad.
- Art. 83Provisión de puestos y movilidad del personal laboralLa provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se realizan, en primer lugar, de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación. En su defecto, se acude al sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.
- Art. 84La movilidad voluntaria entre Administraciones PúblicasEl Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente por convenio de Conferencia Sectorial. Quien obtiene destino en otra Administración queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Si pierde el puesto de concurso, permanece en la de destino. Tras el cese en libre designación, la de destino tiene un mes para adscribirlo o comunicar que no lo hará; luego el funcionario tiene un mes para pedir el reingreso en origen y, si no lo pide, pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular.
Título VISituaciones administrativas
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- Art. 85Situaciones administrativas de los funcionarios de carreraLos funcionarios de carrera se hallan en servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. Las leyes de Función Pública de desarrollo pueden regular otras situaciones cuando concurra, entre otras, alguna de estas circunstancias: imposibilidad transitoria de asignar puesto por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, o conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo; acceso a otros cuerpos o escalas, o paso al sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.
- Art. 86Servicio activoEstán en servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública de desarrollo del Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad de destino, y no les corresponda otra situación. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a sus deberes y responsabilidades. Se rigen por el Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración en que presten servicios.
- Art. 87Servicios especialesPasa a servicios especiales, entre otros supuestos, quien es miembro del Gobierno o alto cargo, realiza una misión internacional superior a seis meses, es Diputado, Senador o parlamentario autonómico con retribuciones periódicas, desempeña cargos electivos locales retribuidos y de dedicación exclusiva, es personal eventual y no opta por el servicio activo, o es activado como reservista voluntario. Percibe las retribuciones del cargo, más los trienios; el tiempo computa para ascensos, trienios, promoción interna y Seguridad Social, y puede reingresar, al menos, en la misma localidad.
- Art. 88Servicio en otras Administraciones PúblicasQuien obtiene destino en otra Administración por transferencias o por provisión de puestos queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Los transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en su Función Pública, en servicio activo en ella, respetando Grupo o Subgrupo y derechos económicos, y mantienen sus derechos en origen. Los que obtuvieron puesto por provisión se rigen por la legislación de la Administración de destino, conservan su condición de funcionario de la de origen y pueden participar en sus convocatorias; ese tiempo computa como servicio activo en origen.
- Art. 89ExcedenciaModalidades: voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por violencia de género o sexual y por violencia terrorista. Interés particular: cinco años de servicios inmediatamente anteriores, subordinada a las necesidades del servicio, sin retribuciones ni cómputo. Cuidado de hijo o de familiar hasta segundo grado: máximo tres años, computable, reserva del puesto al menos dos años. Violencia de género: reserva seis meses, prorrogable por tres meses hasta dieciocho, y retribuciones íntegras los dos primeros meses.
- Art. 90Suspensión de funcionesEl funcionario en suspensión queda privado, mientras dure, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. Si la suspensión excede de seis meses, pierde el puesto de trabajo. La suspensión firme se impone por sentencia dictada en causa criminal o por sanción disciplinaria; la disciplinaria no puede exceder de seis años. El suspenso no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en sus organismos, agencias o entidades de derecho público. Cabe también la suspensión provisional durante un procedimiento judicial o expediente disciplinario.
- Art. 91Reingreso al servicio activoLos plazos, procedimientos y condiciones para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera se regulan reglamentariamente, según las situaciones administrativas de procedencia. Esa regulación ha de respetar el derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.
- Art. 92Situaciones del personal laboralEl personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación. Los convenios colectivos pueden determinar que este capítulo se aplique al personal incluido en su ámbito de aplicación, pero solo en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
Título VIIRégimen disciplinario
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- Art. 93Responsabilidad disciplinariaFuncionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.
- Art. 94Ejercicio de la potestad disciplinariaLas Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.
- Art. 95Faltas disciplinariasLas faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.
- Art. 96SancionesSanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.
- Art. 97Prescripción de las faltas y sancionesInfracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
- Art. 98Procedimiento disciplinario y medidas provisionalesLas faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.
Título VIIICooperación entre las Administraciones Públicas
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- Art. 99Relaciones de cooperación entre las Administraciones PúblicasLas Administraciones Públicas actúan y se relacionan entre sí, en las materias objeto del Estatuto, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, respetando en todo caso el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
- Art. 100Órganos de cooperaciónLa Conferencia Sectorial de Administración Pública es el órgano de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la Administración Local, cuyos representantes designa la Federación Española de Municipios y Provincias. Crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público, órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia: impulsa los principios constitucionales en el acceso, estudia los proyectos de legislación básica y elabora estudios e informes, que se remiten a los sindicatos de la Mesa General. Elabora sus propias normas de organización y funcionamiento.