Tema 20 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026

Artículo 79

El patrimonio de las entidades locales es el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen. Sus bienes son de dominio público o patrimoniales. Son de dominio público los destinados a un uso o servicio público, y son comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

Artículo 80

Los bienes comunales y los demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a ningún tributo. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.

Artículo 81

Para alterar la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales hace falta un expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante, la alteración es automática en dos casos: la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios, y la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos.

Artículo 82

Las entidades locales tienen dos prerrogativas sobre sus bienes. La primera es recuperar por sí mismas su posesión: en cualquier momento los de dominio público y en el plazo de un año los patrimoniales. La segunda es el deslinde, que se ajusta a la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, a la de montes.

Artículo 83

Artículo 1

El patrimonio de las Entidades locales es el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. Su régimen de bienes se rige por: a) la legislación básica estatal de régimen local; b) la legislación básica estatal sobre bienes de las Administraciones Públicas; c) la legislación autonómica; d) en defecto de las anteriores, la legislación estatal no básica de régimen local y bienes públicos; e) las Ordenanzas propias de cada Entidad; f) supletoriamente, las restantes normas administrativas y civiles. En todo caso se aplica el derecho estatal conforme al artículo 149.3 CE.

Artículo 2

Los bienes de las Entidades locales se clasifican en dos grupos: bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Los de dominio público son de uso público o de servicio público. Son comunales los bienes que, siendo de dominio público, tienen su aprovechamiento atribuido al común de los vecinos. Los comunales solo pueden pertenecer a los Municipios y a las Entidades locales menores.

Artículo 3

Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean competencia de la Entidad local. El suelo queda vinculado a su destino urbanístico desde la aprobación de los planes, pero la afectación de los inmuebles al uso público se produce, en todo caso, en el momento de la cesión de derecho a la administración actuante conforme a la legislación urbanística.

Artículo 4

Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales. El artículo cita como ejemplos Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y cierra con cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos.

Artículo 5

Artículo 6

Son bienes patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la Entidad Local, no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. Se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.

Artículo 7

Las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasifican como bienes patrimoniales. Parcela sobrante: porción de terreno de la Entidad local que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento no es susceptible de uso adecuado; declararla exige expediente de calificación jurídica. Efecto no utilizable: bien que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resulta inaplicable a los servicios municipales o al normal aprovechamiento, aunque no se haya dado de baja en el Inventario.

Artículo 8

Alterar la calificación jurídica de los bienes locales exige expediente que acredite oportunidad y legalidad. Lo resuelve la Corporación, previa información pública durante un mes, por mayoría absoluta del número legal de miembros. Los bienes desafectados siguen siendo de dominio público hasta su recepción formal por el órgano competente. La alteración es automática por: aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y de proyectos de obras y servicios; adscripción de patrimoniales por más de veinticinco años a uso o servicio público o comunal; y usucapión de cosa destinada a esos usos.

Artículo 9

Las Entidades locales tienen capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y para ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio. Además están obligadas a ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Los acuerdos para ejercer esas acciones se adoptan previo dictamen del secretario o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado.

Artículo 10

Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos por seis vías: a) por atribución de la Ley; b) a título oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropiación; c) por herencia, legado o donación; d) por prescripción; e) por ocupación; y f) por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico.

Artículo 11

La adquisición de bienes a título oneroso exige cumplir los requisitos de la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales. Si son inmuebles se exige, además, informe previo pericial. Si son bienes de valor histórico o artístico se requiere informe del órgano estatal o autonómico competente, siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto de la Corporación o del límite general de la contratación directa en materia de suministros. Las adquisiciones por expropiación forzosa se rigen por su normativa específica.

Artículo 12

La adquisición de bienes a título gratuito no está sujeta a restricción alguna. Pero si lleva aneja alguna condición o modalidad onerosa, los bienes solo pueden aceptarse previo expediente que acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere. La aceptación de herencias se entiende a beneficio de inventario.

Artículo 13

Cuando los bienes se adquieren bajo condición o modalidad de su afectación permanente a determinados destinos, esa condición se entiende cumplida y consumada si durante treinta años han servido al destino, aunque después dejen de hacerlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.

Artículo 14

Las Entidades locales prescriben a su favor con arreglo a las leyes comunes, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Los particulares pueden prescribir a su favor los bienes patrimoniales de las Entidades locales, de acuerdo con las leyes comunes. La ocupación de bienes muebles por las Entidades locales se regula por el Código Civil y las Leyes especiales.

Artículo 15

Cuando se adjudican bienes o derechos a una Entidad local en un procedimiento judicial o administrativo, ante todo se identifican los bienes adjudicados y se procede a su tasación pericial. Hecha la identificación y valoración, se formaliza, en su caso, la calificación patrimonial del bien o derecho. Si la adjudicación fue en pago de un crédito de la Entidad local y el crédito es inferior al valor de tasación, el deudor a quien pertenecieron no tiene derecho a reclamar la diferencia.

Artículo 16

Los patrimonios municipales de suelo se regulan por su legislación específica. Los bienes patrimoniales que resulten calificados como suelo urbano o urbanizable programado en el planeamiento urbanístico quedan afectos al Patrimonio Municipal del Suelo.

Artículo 50. Concepto del patrimonio local

El patrimonio local es el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier título, pertenezcan a las entidades locales, orientado en su totalidad a la consecución de sus fines. Lo gestiona la propia entidad o entidades de ella dependientes, bajo su responsabilidad directa, salvo los elementos adscritos a los fines de las entidades de cooperación en que estén integradas. Según el uso o servicio destinado, se clasifican en demaniales y patrimoniales. Los bienes comunales, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, tienen la consideración de dominio público.

Artículo 51. Presunción de patrimonialidad de bienes y derechos en su adquisición

Los bienes y derechos de las entidades locales se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales. Esa regla no impide que después se afecten al uso o servicio de interés general: el artículo deja a salvo expresamente su posterior afectación.

Artículo 52. Reglas generales sobre la disposición del patrimonio

Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De los patrimoniales, las entidades locales de Andalucía pueden disponer mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y sin necesidad de autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe. Para imponer cargas o gravámenes sobre bienes o derechos patrimoniales se exigen los requisitos de su enajenación.

Artículo 53. Libertad de pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimoniales

Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. Para la consecución del interés público, las entidades locales pueden concertar las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, con una condición: que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.

Artículo 1. Regulación jurídica de los bienes

Artículo 2. Clasificación de bienes

Artículo 3. Carácter de los bienes de dominio público

Los bienes de dominio público, incluidos los comunales, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. Esas notas se mantienen mientras los bienes conserven su carácter, y el artículo las enuncia de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 4. Centros docentes

Los edificios públicos destinados a centros de educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial son de titularidad de las entidades locales. Si la Administración educativa decide impartir en ellos educación secundaria, formación profesional u otras enseñanzas no universitarias por necesidades de escolarización, la titularidad no cambia, sin perjuicio del régimen de conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros docentes que resulte de aplicación según la normativa vigente.

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes

Las entidades locales acuerdan la alteración de la calificación jurídica de sus bienes, previo expediente que acredite su oportunidad o necesidad. La alteración es automática en tres supuestos: aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y de proyectos de obras y servicios (en estos, si así se manifiesta en el acuerdo plenario); adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público o comunal; y adquisición por usucapión, con arreglo al Derecho Civil, de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal.

Artículo 6. Desafectación de bienes comunales

Los bienes comunales solo pueden desafectarse cuando no hayan sido objeto de disfrute comunal por un tiempo superior a los últimos diez años continuados, aunque en alguno de ellos haya habido actos aislados de aprovechamiento. Se requiere acuerdo de la entidad local con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa información pública por plazo de un mes.

Artículo 7. Mutación demanial

La mutación demanial se produce por el cambio de destino de un bien que sea de dominio público, por el procedimiento que reglamentariamente se determine. El artículo cita en particular dos supuestos: la alteración del uso o servicio al que estuviere destinado el bien y la concurrencia de afectaciones que fueren compatibles.

Artículo 7 bis. Mutación demanial externa

Las entidades locales de Andalucía pueden afectar bienes y derechos demaniales de su patrimonio a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a otras administraciones públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. Esta mutación no altera la titularidad de los bienes ni su carácter demanial. Se aplica a esas administraciones cuando prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a las entidades locales de Andalucía para un uso o servicio público de su competencia.

Artículo 7 ter. Mutación demanial subjetiva

La titularidad de los bienes y derechos demaniales locales puede transmitirse a otras Administraciones públicas para un uso general o servicio público de su competencia. Se formaliza en documento administrativo firmado por los representantes de ambas, título suficiente para la inscripción registral. Gastos y tributos son, en todo caso, de la Administración beneficiaria. Si el bien no se destina al fin en plazo, deja de estarlo, se niega su inspección, se incumplen condiciones o llega el término, revierte a la entidad local. El derecho de reversión se inscribe en el Registro de la Propiedad.

Artículo 8. Adquisición de bienes y derechos

Las entidades locales pueden adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos, y también ejercitar las acciones pertinentes para la defensa de su patrimonio. Todo ello de conformidad con lo establecido en la propia Ley 7/1999 y en la demás normativa que resulte de aplicación.

Artículo 9. Adquisición onerosa o lucrativa

Las entidades locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso o lucrativo, de derecho público o de derecho privado, de conformidad con el ordenamiento jurídico. El artículo menciona en particular cuatro: expropiación forzosa, cesión de naturaleza urbanística, prescripción adquisitiva y sucesión administrativa, esta última especialmente a consecuencia de modificaciones de términos municipales o transferencias de competencias de otras Administraciones.

Artículo 10. Procedimiento de adquisición

La adquisición onerosa se rige, en preparación y adjudicación, por la normativa de contratación de las Administraciones Públicas. Lo habitual es el concurso; cabe el negociado por singularidad histórica, cultural, artística o técnica del bien, por circunstancias imprevisibles que hagan inaplazable la adquisición o si el precio no excede de 3.000.000 de pesetas. En el negociado constan: memoria justificativa (supuestos a y b), informe autonómico para bienes históricos o artísticos, valoración pericial de los inmuebles y comunicación a la Consejería si son valores mobiliarios.

Artículo 11. Adquisición gratuita

La adquisición gratuita no está sujeta a restricción alguna; si lleva aneja condición, modo o carga, exige expediente que acredite que el valor del gravamen no excede del valor de lo adquirido. La herencia se acepta en todo caso a beneficio de inventario. La aceptación expresa es del presidente si es incondicional y del pleno si hay condiciones. Renunciar a herencias, legados o donaciones exige acuerdo del pleno, previo expediente: mayoría absoluta del número legal de miembros si la cuantía excede del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y simple en los demás supuestos.

Artículo 12. Cesión temporal de bienes

Artículo 13. Adquisición condicional y modal

Si la entidad local adquirió bienes bajo condición o modalidad de afectación permanente a determinados destinos, estas se entienden cumplidas y consumadas cuando los bienes hayan servido a esos destinos durante treinta años, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público, de acuerdo con la normativa estatal. También se entienden cumplidas si los bienes se destinan con posterioridad a finalidades análogas a las fijadas en el acto de adquisición.

Artículo 14. Sucesión administrativa

Hay sucesión administrativa en la titularidad de los bienes de las entidades locales en dos casos: cuando se modifique el ámbito territorial, de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes, y cuando se transfieran competencias de otra Administración Pública a una entidad local con traspaso aparejado de los bienes afectos a su ejercicio. La sucesión comprende los bienes de dominio público y los patrimoniales afectados por la modificación.

Artículo 15. Adquisición por expropiación

La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa se rige por su normativa específica. Los bienes y derechos así adquiridos quedan incorporados al patrimonio de la entidad local y, en su caso, afectados al uso o servicio público por razón del fin que haya justificado la expropiación.

Artículo 16. Enajenación de bienes

La enajenación, gravamen o permuta de inmuebles patrimoniales exige determinar su situación física y jurídica, deslindarlos si es necesario, inscribirlos en el Registro de la Propiedad y valorarlos por técnico competente. El importe no puede financiar gastos corrientes, salvo parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o bienes no utilizables en servicios locales. No se enajenan bienes en litigio, salvo que el adquirente asuma expresamente el riesgo. Para valores mobiliarios o participaciones se exige informe de la Consejería de Economía y Hacienda en un mes, favorable si no se emite.

Artículo 17. Enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo

Artículo 18. Competencia para enajenar

Enajenar, gravar o permutar bienes corresponde al Presidente de la entidad o al Pleno. Cuál de los dos decide en cada caso depende de la distribución de competencias que establezca la legislación Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 19. Regulación de la enajenación

La enajenación de bienes patrimoniales se rige, en lo que toca a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas.

Artículo 20. Formas de enajenación

Artículo 21. Procedimiento de adjudicación directa

La adjudicación directa de bienes patrimoniales se aplica a: parcelas sobrantes por planes urbanísticos; subastas o concursos fallidos, sin modificar condiciones y culminando en un año desde el acuerdo que lo declare; inmuebles de precio inferior a 18.000 euros; bienes no utilizables valorados técnicamente; ejercicio de un derecho reconocido en norma; actos entre administraciones y sus entidades; sociedades de capital público mayoritario; entidades sin ánimo de lucro de utilidad pública; fincas rústicas vendidas a un colindante; venta a copropietarios, y al ocupante por razones excepcionales.

Artículo 22. Parcelas sobrantes

Las parcelas sobrantes del artículo 21.a) se enajenan al propietario o propietarios colindantes o se permutan con terrenos de su propiedad. Si los colindantes son varios, la venta o permuta se hace de modo que las parcelas resultantes se ajusten al criterio más racional de ordenación del suelo, previo dictamen técnico. Si algún propietario se niega a adquirir la parcela que le corresponde, la entidad local puede expropiarle su terreno para regularizar o normalizar la configuración de las fincas conforme al planeamiento urbanístico.

Artículo 23. Aportación de bienes

Las entidades locales pueden aportar, previa valoración, la propiedad u otros derechos reales sobre bienes patrimoniales a sus entes públicos, sociedades mercantiles participadas, cooperativas y sociedades civiles; su responsabilidad se limita a lo que conste en la escritura de constitución. La adscripción de bienes afectos a un servicio público no transmite la titularidad demanial. A las sociedades participadas cabe aportar la concesión demanial valorada, con canon; exige informe jurídico, estudio económico financiero con tasación pericial y mayoría absoluta del número legal de miembros.

Artículo 24. Permuta de bienes

Las entidades locales pueden permutar bienes inmuebles patrimoniales previa tramitación de expediente que acredite su necesidad, siempre que la diferencia de valor entre los bienes no sea superior al cuarenta por ciento del que lo tenga mayor y observando en todo caso los requisitos del artículo 16 de la Ley. La diferencia de valores debe compensarse económicamente.

Artículo 25. Permuta de cosa futura

Cabe permutar inmuebles patrimoniales por bienes futuros si estos son determinados o determinables sin nuevo convenio y consta racionalmente que llegarán a existir. El permutante presta aval suficiente por el valor del bien, previa tasación pericial del técnico designado por la entidad local; se cancela cuando el bien futuro exista y se haya consumado la permuta. No se exige aval con otras Administraciones Públicas o entidades públicas dependientes o vinculadas. No cabe enajenar inmuebles a cambio de obras, salvo para gestionar una actuación sistemática prevista en el planeamiento urbanístico.

Artículo 26. Cesión gratuita de bienes

Las entidades locales pueden ceder sus bienes patrimoniales de forma total o parcialmente gratuita a dos tipos de destinatarios: otras Administraciones o entidades públicas, y entidades privadas declaradas de interés público, siempre que estas los destinen a fines de utilidad pública o interés social que cumplan o contribuyan al cumplimiento de los propios de la entidad local.

Artículo 27. Destino de los bienes cedidos

Si el inmueble cedido no se destina al uso previsto en plazo, o deja de estarlo, revierte a la entidad local con las mejoras; esta cobra, previa tasación pericial, los detrimentos. Si no se estipula otra cosa, los fines se cumplen en un máximo de cinco años y el destino se mantiene los treinta siguientes. La reversión automática debe constar expresamente; basta acta notarial, notificada con requerimiento de entrega. La cesión se formaliza en escritura pública o documento administrativo, se inscribe en el Registro de la Propiedad y se notifica a la Consejería de Gobernación y Justicia.

Artículo 28. Destino del dominio público

El destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos. No obstante, pueden ser objeto de otros usos de interés general, siempre que sean compatibles con su afectación principal.

Artículo 29. Utilización de los bienes de dominio público

Los bienes de dominio público pueden utilizarse en dos modalidades: uso común (general o especial) y uso privativo. El uso común general corresponde por igual a todas las personas, cuando no concurren especiales circunstancias, sin que la utilización de unos impida la de otros. En el uso común especial concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares. El uso privativo consiste en ocupar una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás.

Artículo 30. Ejercicio del uso común y del uso privativo

El uso común general de los bienes de dominio público se ejerce libremente de acuerdo a su naturaleza y tiene carácter preferente frente a cualquier otro, especial o privado, que resulte incompatible con él. Las entidades locales deben posibilitarlo a las personas discapacitadas suprimiendo las barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten. El uso común especial se sujeta a licencia y el uso privativo requiere el otorgamiento de concesión administrativa.

Artículo 31. Formalización de la concesión

Las concesiones se formalizan en documento administrativo dentro de los treinta días siguientes al de la notificación de su adjudicación, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995. Pueden elevarse a escritura pública si lo solicita el concesionario, que corre con los gastos. El procedimiento de otorgamiento se regula reglamentariamente y puede iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada. Las concesiones se otorgan previa licitación y por tiempo determinado.

Artículo 32. Extinción de la concesión

Las concesiones sobre el dominio público no pueden exceder de setenta y cinco años. Se extinguen por vencimiento del plazo, pérdida física o jurídica del bien, desafectación del bien, mutuo acuerdo, revocación, resolución judicial, renuncia del concesionario, caducidad y cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas de la concesión. En todos esos supuestos la extinción requiere resolución administrativa, previa la tramitación de expediente.

Artículo 33. La revocación de la concesión

La revocación de la concesión puede fundarse en tres motivos: el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario, la aparición de circunstancias que de haber existido habrían justificado su denegación, o la adopción por la entidad local de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia de su extinción. La revocación fundada en nuevos criterios de apreciación comporta la indemnización de los daños y perjuicios que se causen, determinados en expediente contradictorio.

Artículo 34. Ocupaciones del dominio público en precario

Las ocupaciones del dominio público realizadas en precario sin determinación de plazo, y las simplemente toleradas, pueden ser dejadas sin efecto por la entidad local en cualquier momento y sin indemnización alguna.

Artículo 35. Uso común especial y privativo

Artículo 36. La cesión de uso de los bienes

El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales puede hacerse mediante subasta pública, concurso o procedimiento negociado. Los bienes patrimoniales deben administrarse con criterios de máxima rentabilidad. No obstante, las entidades locales pueden valorar motivaciones de índole social, cultural y deportiva, promoción urbanística o fomento del turismo u otras análogas, que hagan prevalecer una rentabilidad social por encima de la económica.

Artículo 37. Adjudicación de los arrendamientos

Cesiones de uso de bienes patrimoniales. Subasta: cuando el precio sea el único criterio y en cualquier otro caso sin concurso o negociado expresamente establecido. Concurso: viviendas de promoción o protección pública, fines de interés general, coparticipación de la entidad local en el uso, o características que deban valorarse y justificarse en el expediente. Negociado sin publicidad: duración inferior a cinco años o precio inferior a dos millones de pesetas al año; subasta o concurso fallidos (rebaja de hasta un diez por ciento, plazo de un año); urgencia; bienes complementarios.

Artículo 38. Formalización de la cesión

El documento en que se formaliza la cesión de uso es administrativo. No obstante, puede elevarse a escritura pública cuando lo solicite el cesionario, y en ese caso los gastos derivados de su otorgamiento son a su costa.

Artículo 39. Efectos y extinción de la cesión

Los efectos y la extinción del arrendamiento, o de cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales, se rigen por las normas de derecho privado que les sean de aplicación, según su naturaleza.

Artículo 40. Cesión de viviendas al personal de la corporación

Las entidades locales que, bajo cualquier título y en fincas de su pertenencia, tengan cedidas viviendas a su personal por razón de los servicios que presten darán por terminada la ocupación cuando se produzca la extinción de la relación de empleo o la excedencia voluntaria, o la extinción del título bajo el cual estuviera cedida la vivienda. Corresponde a la corporación acordar y ejecutar por sí misma el desahucio, previa instrucción del correspondiente expediente.

Artículo 41. Cesión gratuita temporal

Puede cederse el uso gratuito y temporal de un bien patrimonial, previa tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, y también a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro para esos mismos fines. Excepcionalmente, y por razones de interés público, caben cesiones en precario por plazo inferior a un año, acordadas por el presidente de la corporación; el transcurso del término concedido es título suficiente para proceder, en su caso, al desahucio administrativo.

Artículo 42. Regulación del aprovechamiento de los bienes

La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales corresponde al pleno de la corporación, que la ejerce en los términos que prevén la propia Ley 7/1999 y la legislación sectorial aplicable.

Artículo 43. Régimen de explotación de bienes comunales

El aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales se efectúa en régimen de explotación común o colectiva. Si no es posible, se realiza conforme a las ordenanzas locales o a la costumbre y, en defecto de estas, se adjudica por lotes entre los vecinos. Si tampoco es posible, los bienes se pueden arrendar o ceder mediante precio, de acuerdo con la normativa de contratación de las Administraciones Públicas y previa comunicación a la Consejería de Gobernación y Justicia. Los vecinos postores tienen preferencia, en igualdad de condiciones, sobre los que no tengan tal carácter.

Artículo 44. Regulación de aprovechamientos

Cada forma de aprovechamiento se ajusta a la normativa existente en la materia y, en su detalle, a las ordenanzas locales o a las normas consuetudinarias tradicionalmente observadas.

Artículo 45. Adjudicación mediante precio

En las adjudicaciones mediante precio, las entidades locales determinan el destino del producto obtenido. Al hacerlo dan preferencia, en lo posible, a la prestación de servicios que tengan directa relación con los beneficiarios del aprovechamiento comunal.

Artículo 46. Cesión del aprovechamiento

La cesión, por cualquier título, del aprovechamiento de bienes comunales debe acordarla el pleno de la corporación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

Artículo 47. Otros fines sociales

Puede delimitarse una parte de los bienes comunales para fines específicos, tales como enseñanza, recreo escolar, caza u otros fines que determinen las respectivas ordenanzas. La extensión de esos cotos y su régimen jurídico deben ajustarse a las previsiones de la legislación sectorial aplicable.

Artículo 48. Derecho de tanteo y retracto

Las entidades locales pueden ejercer el derecho de tanteo o retracto en las subastas de los aprovechamientos de sus bienes comunales con dos condiciones: que el aprovechamiento se adjudique en la máxima postura ofrecida por los licitadores y que sujeten a derrama o reparto vecinal la distribución del disfrute y el pago del remate.

Artículo 49. Planes de ordenación

La formación de los planes de ordenación y aprovechamiento de los bienes comunales de carácter forestal debe subordinarse a lo que disponga la normativa sectorial correspondiente.

Artículo 50. Otras formas de aprovechamiento

Las entidades locales fomentarán, de acuerdo con los vecinos titulares de los aprovechamientos, tres cosas: la industrialización y comercialización de los productos de sus bienes comunales, la reactivación económica y el fomento de la ocupación. El verbo es «fomentarán» y el acuerdo es con los vecinos titulares de los aprovechamientos.

Artículo 51. Obligaciones respecto a sus bienes

Las entidades locales tienen la obligación de conservar, proteger y mejorar sus bienes. Cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio histórico de Andalucía, las actuaciones de conservación, mantenimiento, custodia y mejora que les correspondan deberán sujetarse a lo previsto en su normativa específica.

Artículo 52. Conservación y mejora de los bienes

Los organismos autónomos y las sociedades civiles, mercantiles o cooperativas con bienes locales adscritos deben conservarlos y hacer las reparaciones y mejoras necesarias; igual obligación tienen concesionarios y cesionarios. Las mejoras revierten, salvo pacto contrario, en beneficio de los bienes, sin participación ni indemnización. Si el bien está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, la entidad local titular necesita previa autorización de la Consejería de Cultura para cambios, obras y cambios de uso.

Artículo 53. Deber de conservar y explotar los montes

Las entidades locales tienen la obligación de explotar los montes de su propiedad y de realizar su conservación y fomento. Todo ello con arreglo a lo establecido en la normativa específica sobre montes y aprovechamientos forestales.

Artículo 54. Repoblación de montes de las entidades locales

La repoblación forestal y la ordenación y mejora de los montes de su pertenencia corresponde a las entidades locales, con intervención de la Administración de la Comunidad Autónoma. Si actúa la entidad local, los proyectos y condiciones de ejecución requieren informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma. En defecto de actuación local, la Administración autonómica podrá repoblar por su cuenta, con opción de la entidad local a adquirir el monte formado reintegrando el capital invertido, con o sin interés y deducida, en su caso, la posible subvención.

Artículo 55. El aprovechamiento de otras riquezas

El aprovechamiento de la riqueza cinegética o piscícola, rústica o forestal se regula por dos bloques: la normativa sectorial aplicable y la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas. La entidad local podrá adjudicarse los aprovechamientos, a reserva de lo que establezca la normativa autonómica al respecto.

Artículo 56. Normas sobre administración del patrimonio

En la administración de su patrimonio, las entidades locales observarán las normas dictadas por los diversos órganos de las Administraciones estatal o autonómica en materia de sus respectivas competencias. Son las normas dictadas para el mejor aprovechamiento o régimen de bosques, montes, terrenos cultivables u otros bienes, cualquiera que fuese su naturaleza.

Artículo 57. El inventario general

Las entidades locales están obligadas a formar un inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. Además, se presumirá que un bien de dominio público, destinado a un uso o servicio público, pertenece a la entidad local en la forma prevista en la propia inscripción.

Artículo 58. El inventario consolidado

El inventario general consolidado se integra por cuatro inventarios parciales: a) el de bienes, derechos y obligaciones de la entidad local, incluidos los cedidos a otras Administraciones o a particulares que hayan de revertir a la entidad; b) el del patrimonio municipal del suelo; c) el del patrimonio histórico; y d) los de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia dependientes de la entidad local.

Artículo 59. Actualización del inventario

Las entidades locales deberán tener actualizado su inventario. Además, todo acto administrativo de adquisición, enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica de los bienes se anotará en el inventario.

Artículo 60. Rectificación del inventario

Artículo 61. Competencia

La aprobación, rectificación y comprobación del inventario general corresponde al pleno de la corporación. En los organismos autónomos y en los entes públicos con personalidad propia dependientes de la entidad local o vinculados a la misma, las aprobaciones, rectificaciones y comprobaciones se aprueban mediante acuerdo de sus respectivas asambleas u órganos superiores de gobierno, adoptados de conformidad con su normativa reguladora.

Artículo 62. Obligación de inscribir

Las entidades locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales susceptibles de ello, así como las actuaciones que incidan sobre los mismos. La inscripción se hará en la forma, modo y con los requisitos que establezca la normativa de aplicación.

Artículo 63. Enumeración de potestades

Las entidades locales tienen cuatro potestades: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. También podrán establecer e imponer sanciones, según la normativa sectorial aplicable o las ordenanzas locales, para la defensa de su patrimonio y para asegurar su adecuada utilización. Todo ello sin perjuicio de la normativa específica para cualquier tipo de bien. Con carácter general, los actos de iniciación, impulso y tramitación corresponden al Presidente de la Entidad, y los actos administrativos resolutorios, al Pleno de la Corporación.

Artículo 64. Extensión de la potestad de investigación

Investigar es una obligación de las entidades locales. Recae sobre la situación de los bienes y derechos que presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste inequívocamente, a fin de determinar la titularidad de los mismos o cuando exista controversia en los títulos de dominio. La obligación se extiende en todo caso a los bienes demaniales.

Artículo 65. La facultad de deslinde

Las entidades locales pueden promover y ejecutar el deslinde total o parcial de sus bienes inmuebles cuando los límites sean imprecisos o existan indicios de usurpación. Se inicia de oficio o a instancia de persona interesada; en ambos casos lo acuerda el pleno y se notifica a los interesados según el procedimiento reglamentario. Adoptado el acuerdo inicial, se comunica al Registro de la Propiedad si la finca está inscrita, para que se extienda nota preventiva al margen de la inscripción de dominio. Los montes públicos catalogados se rigen por su normativa específica.

Artículo 66. La recuperación de los bienes

Las entidades locales pueden recuperar por sí mismas, en cualquier momento, la tenencia de sus bienes de dominio público. La posesión de los bienes patrimoniales pueden recobrarla por sí mismas en el plazo de un año desde la constancia de la usurpación o de la perturbación en la posesión; basta con que dentro de ese plazo se haya notificado al usurpador o perturbador el acuerdo de recuperación, conminándole a dejar el bien a la libre disposición de la entidad. Transcurrido el plazo, deberá ejercitarse la correspondiente acción judicial.

Artículo 67. Disponibilidad de edificios cedidos

Las entidades locales pueden recuperar la plena disponibilidad de los edificios cuyo uso tengan cedido a otras Administraciones Públicas y demás entidades de Derecho público de ella dependientes, cuando esos edificios dejen de cumplir la función que motivó la entrega.

Artículo 68. El desahucio de bienes

Las entidades locales pueden desahuciar en vía administrativa sus bienes inmuebles: a) cuando se extinga el derecho de ocupación de particulares sobre bienes de dominio público (autorización, concesión o cualquier otro título); b) cuando hayan sido usurpados u ocupados por particulares sin título jurídico alguno, clandestinamente o contra la voluntad de la entidad; c) cuando declaren extinguido el derecho de ocupación de bienes entregados a funcionarios y demás personal por razón de su puesto. Los patrimoniales sólo se recuperan directamente en un año desde la constancia de la ocupación.

Artículo 69. Ocupación de bienes expropiados

Las entidades locales también tienen la facultad de ocupar por vía administrativa los bienes expropiados, una vez cumplidos los requisitos previstos en la normativa de aplicación. El artículo no detalla esos requisitos: se remite a dicha normativa.

Artículo 70. Competencia para acordar el desahucio

El desahucio lo acuerda el pleno. No obstante, el presidente puede adoptar, por razón de urgencia y motivadamente, las resoluciones tendentes a repeler usurpaciones o prevenir daños graves para el interés general a los bienes, dando cuenta al pleno en la primera sesión. Conforme al artículo 101 de la Ley 30/1992, no se admiten a trámite interdictos contra actuaciones administrativas realizadas en materia de su competencia y por el procedimiento legalmente establecido. El recurso contencioso-administrativo no impide ejecutar el acuerdo, sin perjuicio de la suspensión por los tribunales.

Artículo 71. El procedimiento de desahucio

El reglamento del desahucio debe respetar estas reglas: a) la extinción de derechos de particulares sobre bienes de dominio público o comunales la acuerda el órgano competente, en todo caso previa audiencia del interesado; b) para repeler ocupaciones ilegítimas basta un requerimiento de desalojo a los ocupantes, si pudieren ser hallados, dejando constancia de las diligencias; c) la indemnización se fija administrativamente y basta consignar su importe; d) los gastos son de cuenta del desahuciado, exigibles por apremio, y en el lanzamiento cabe retener bienes suficientes y proporcionados.

Artículo 72. Obligación del ejercicio de acciones

Las entidades locales están obligadas a ejercitar las acciones y recursos precisos para defender sus bienes y derechos. Compete al pleno, salvo los urgentes, que ejerce el presidente dando cuenta al pleno en la primera sesión. Cualquier vecino en pleno uso de sus derechos puede requerirla para que actúe; el requerimiento suspende por treinta días hábiles el plazo para ejercer la acción. Si en ese plazo la entidad no acuerda ejercerla, los vecinos pueden subrogarse en nombre e interés de aquélla. Si la acción prospera, el actor tiene derecho al reembolso de costas y daños y perjuicios.

Artículo 73. El allanamiento

Las entidades locales pueden allanarse a las demandas que afecten a sus bienes y derechos, celebrar transacciones sobre ellos y someter a arbitraje los litigios que se susciten, mediante acuerdo del pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Las transacciones que superen el cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto requieren dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

Artículo 74. Embargo de bienes y derechos

Conforme al artículo 154.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tribunales, jueces y autoridades administrativas no pueden despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto en la ejecución de hipotecas sobre bienes patrimoniales no afectados directamente a la prestación de servicios públicos. No obstante, pueden embargarse, en los supuestos que procedan, los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.

Artículo 75. Custodia de bienes

Las autoridades y el personal al servicio de las entidades locales que tengan a su cargo la gestión y utilización de sus bienes o derechos están obligados a su custodia, conservación, aprovechamiento y explotación racional. Responden ante la entidad de los daños y perjuicios que sobrevengan a esos bienes o derechos por su actuación con dolo, culpa o negligencia graves. Esta responsabilidad se exige en vía administrativa, previa audiencia del interesado.

Artículo 76. Daños en el dominio público

Quien, aun por simple inobservancia, cause daños en el dominio público local, ocupe bienes sin título habilitante o lo utilice contrariando su destino normal o sus normas será sancionado con multa entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, con independencia de la reparación del daño y de la restitución de lo usurpado, y con audiencia del infractor en todo caso. Se gradúa por la cuantía del daño, el beneficio obtenido, la reincidencia y las circunstancias personales y económicas. La entidad no puede, en ningún caso, dejar de adoptar medidas para devolver los bienes al estado anterior.

Artículo 77. Tipificación de sanciones

Son sancionables en las ordenanzas locales las infracciones que supongan ocupar bienes sin título habilitante, utilizarlos contrariando su destino normal o las normas que lo regulan, y causar daños materiales a los bienes. Las ordenanzas definen la cuantía atendiendo a la buena o mala fe del infractor, la reincidencia, la utilidad que la infracción le haya reportado y el daño causado al patrimonio, con esta escala: leves, de 10.000 a 500.000 pesetas; graves, de 500.001 a 2.500.000 pesetas; muy graves, de 2.500.001 a 5.000.000 de pesetas.

Artículo 78. Responsabilidad penal

La entidad local debe ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta. La incoación del procedimiento penal deja en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que la jurisdicción penal se haya pronunciado. No obstante, pueden adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado anterior.

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

Artículo 1. Regulación jurídica de los bienes

El patrimonio de las Entidades Locales de Andalucía lo forman todos los bienes, derechos y acciones que les pertenezcan por cualquier título. Su régimen sigue la prelación de normas del artículo 1.2 de la Ley 7/1999 y, en su caso, el derecho privado. Los Patrimonios Municipales del Suelo se rigen por su legislación específica (sin perjuicio del artículo 17 de la Ley 7/1999) y los montes vecinales en mano común y los catalogados, por su normativa específica.

Artículo 2. Clasificación de los bienes

Artículo 3. Bienes de dominio público

Son de dominio público local los bienes destinados a un uso o servicio público y los comunales. Uso público: caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques y demás obras de utilización general de titularidad local. Servicio público: los destinados a competencias o fines públicos (Casas Consistoriales, mercados, cementerios, museos, montes catalogados, polideportivos…). La afectación por planes urbanísticos se produce al ceder el bien. Comunales: su aprovechamiento pertenece al común de la vecindad; su administración y conservación corresponde a la Entidad Local titular.

Artículo 4. Carácter de los bienes de dominio público

Artículo 5. Bienes patrimoniales

Son patrimoniales los bienes de titularidad local no destinados directamente al uso público, ni afectados a un servicio público local, ni al aprovechamiento comunal, y que pueden ser fuente de ingresos. Si no consta la afectación, se presume el carácter patrimonial. Entre otros, son patrimoniales: participaciones y títulos de capital en empresas, cooperativas o asociaciones; los bienes adjudicados en el procedimiento recaudatorio contra deudores tributarios; y las parcelas sobrantes y los bienes o efectos no utilizables.

Artículo 6. Parcelas sobrantes

Parcelas sobrantes: porciones de terreno de la Entidad Local que, por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no admiten uso o aprovechamiento adecuado. Las declara la Presidencia, previa depuración física y jurídica, valoración técnica e información pública de veinte días en el tablón y en el Boletín Oficial de la Provincia. En Entidades de menos de dos mil habitantes basta edicto en los tablones y lugares consuetudinarios. No hace falta expediente si el carácter de sobrante deriva del planeamiento general.

Artículo 7. Bienes o efectos no utilizables

Son bienes o efectos no utilizables los que, por deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación, resultan inservibles o inadecuados para la finalidad y destino que les correspondía. La declaración como no utilizable corresponde a la Presidencia de la Entidad Local, previo informe técnico que valore el bien y motive su condición de no utilizable.

Artículo 8. Centros docentes

Los edificios públicos de centros de educación infantil, primaria o especial son de titularidad de las Entidades Locales, que se ocupan de su conservación, mantenimiento y vigilancia; usarlos para otras enseñanzas no cambia la titularidad. Si se dejan de impartir las enseñanzas, la Entidad Local puede pedir a la Administración educativa autonómica la desafectación del uso docente: sin resolución expresa en tres meses, se entiende otorgada. Una vez desafectado, la Entidad dispone libremente del edificio para fines de interés local.

Artículo 9. Procedimiento de alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales

El Pleno acuerda la alteración de la calificación jurídica de los bienes, con expediente motivado: incoación por la Presidencia; información pública de un mes en el BOP y tablón; y acuerdo plenario por mayoría absoluta del número legal de miembros si son demaniales o comunales. La alteración es automática, entre otros casos, por aprobación definitiva del planeamiento general, adscripción de bienes patrimoniales durante más de veinticinco años o usucapión. Los bienes desafectados no son patrimoniales hasta su recepción formal aprobada por el Pleno.

Artículo 10. Desafectación de bienes comunales

Los bienes comunales solo pueden desafectarse si no han sido objeto de disfrute comunal durante más de diez años, aunque en alguno haya habido actos aislados de aprovechamiento. Procedimiento: resolución de la Presidencia que ordena incoar el expediente; información pública de un mes en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón; y acuerdo plenario por mayoría absoluta del número legal de miembros, que se eleva a la Junta de Andalucía para su aprobación.

Artículo 11. Mutaciones demaniales

Mutación demanial objetiva: automática, por cambio de destino público del bien, si se altera el uso o servicio por otro del mismo carácter o concurren afectaciones compatibles. Mutación subjetiva: cambia la Administración titular sin modificar el destino público; se formaliza mediante convenio administrativo entre las Administraciones intervinientes y se inscribe en el Registro de la Propiedad. En ninguno de los dos casos hace falta el procedimiento del artículo 9.1.

Artículo 12. Reglas para la adquisición y disposición onerosas de bienes inmuebles patrimoniales

La adquisición y disposición onerosas de bienes inmuebles patrimoniales siguen la normativa de contratación con estas reglas: depuración física y jurídica, con deslinde e inscripción si hace falta; valoración técnica, que se repite si el acuerdo no llega en un año; autorización autonómica previa si el valor supera el 25 % de los recursos ordinarios (dos meses, silencio positivo); y acuerdo del órgano competente. Por debajo del 25 %, se comunica en seis días a la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia; el Pleno decide por mayoría absoluta si el valor supera el 20 %.

Artículo 13. Reglas para la adquisición y disposición onerosas de bienes y derechos de naturaleza no inmobiliaria

La adquisición y disposición onerosas de bienes y derechos no inmobiliarios se rigen así: los suministros, por la legislación de contratos y los artículos siguientes; las operaciones singulares, con valoración técnica fehaciente y los procedimientos del Reglamento; los valores mobiliarios, por la normativa de servicios públicos locales y el Reglamento. Para enajenar valores mobiliarios o participaciones en sociedades hace falta informe autonómico, que debe emitirse en un mes desde la entrada del expediente; si no se emite, se entiende favorable.

Artículo 14. Contenido del expediente administrativo

Toda adquisición o disposición onerosa de bienes y derechos patrimoniales exige expediente con: memoria de la Presidencia que especifique los bienes y acredite su depuración física y jurídica cuando proceda; pliego de condiciones; pliego de prescripciones técnicas si lo requiere el contrato; informe de la Intervención con la retención de crédito cuando corresponda (si hay aportaciones de distinta procedencia, se acredita su disponibilidad documentalmente); e informe de valoración técnico. Después el órgano de contratación aprueba el expediente y se inicia la licitación.

Artículo 15. Contenido de los pliegos de condiciones

Los pliegos deben recoger: objeto y características; plazo de cumplimiento y, en su caso, de elevación a escritura pública; causas especiales de resolución; documentación; tipo de licitación según valoración técnica; partida presupuestaria en las adquisiciones; garantía provisional (en su caso) y definitiva; posibilidad de mejoras o variantes; criterios de adjudicación valorados porcentualmente de forma decreciente si se adjudica por concurso; plazo y modo de garantía; modelo de oferta; derechos y obligaciones; forma de pago; y otras determinaciones.

Artículo 16. Garantías

El artículo no regula las garantías por sí mismo: remite a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas todo lo relativo a su constitución, régimen, extensión y cancelación en las operaciones sobre bienes de las Entidades Locales.

Artículo 17. Formas de pago

El precio de la licitación se paga en el momento que fije el pliego. El pliego puede permitir, en casos justificados, el pago aplazado, que devenga como mínimo el interés legal del dinero y se garantiza con aval bancario. Si el adjudicatario constituye hipoteca o prenda sin desplazamiento sobre el bien para pagarlo, enajenación e hipoteca se formalizan en unidad de acto. Las Entidades pueden adquirir con compromisos plurianuales; las anualidades e importes los fija el pliego.

Artículo 18. Subasta

En la subasta, si hay empate tras leer las ofertas, se adjudica por «puja a la llana»: la Presidencia pide a los empatados que formulen de viva voz posturas al alza hasta que no haya más, y gana la postura más alta. Si la subasta queda desierta, la Entidad puede optar por el negociado sin publicidad o por nuevas licitaciones rebajando (enajenación) o incrementando (adquisición) el valor de tasación, sin superar el 25 % del valor originario. Pasado un año desde la primera licitación sin adjudicación, hace falta nueva tasación.

Artículo 19. Adquisición de bienes y derechos

Las Entidades Locales pueden adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos y deben ejercitar las acciones pertinentes para defender su patrimonio, conforme a la Ley 7/1999, a este Reglamento y a la demás normativa aplicable.

Artículo 20. Adquisición onerosa o lucrativa

Las Entidades Locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso o lucrativo, de derecho público o privado, y en particular: por expropiación forzosa; por cesión de naturaleza urbanística; por prescripción adquisitiva; por procedimiento judicial o administrativo; y por sucesión administrativa, especialmente por modificaciones de términos municipales o transferencias de competencias de otras Administraciones.

Artículo 21. Procedimiento de adquisición de bienes y derechos a título oneroso

La adquisición onerosa se rige, en preparación y adjudicación, por la legislación de contratos; la destinada al Patrimonio Municipal del Suelo, por su legislación específica. El concurso es la forma habitual. Cabe subasta si el precio es el único criterio y negociado en los casos del artículo 10 de la Ley 7/1999 o si concurso o subasta quedan sin adjudicar, sin alterar las condiciones si se adjudica en un año. El expediente incluye memoria justificativa, valoración pericial técnica y, en su caso, informes y comunicaciones autonómicas.

Artículo 22. Adquisición de bienes y derechos a título gratuito

La adquisición gratuita no tiene restricciones, pero si lleva carga o gravamen solo se acepta tras expediente con informe técnico que acredite que el gravamen no excede del valor de lo adquirido. La herencia se acepta siempre a beneficio de inventario: si es incondicional, la acepta expresamente la Presidencia; si hay condiciones, el Pleno. La renuncia a adquisiciones gratuitas es del Pleno: mayoría absoluta si los bienes superan el 10 % de los recursos ordinarios y mayoría simple en los demás casos. Las cesiones gratuitas temporales requieren acta de entrega de la Secretaría.

Artículo 23. Adquisición condicional y modal

Si la Entidad Local adquirió bienes con condición o modo de afectación permanente a un destino, la condición se entiende cumplida cuando han servido a ese destino durante treinta años, aunque luego dejen de hacerlo por circunstancias sobrevenidas de interés público declaradas por el Pleno. También se entienden cumplidas si, alteradas las circunstancias, se destinan a finalidades análogas; esa analogía la declara el Pleno, previa audiencia de los posibles interesados.

Artículo 24. Adquisición por expropiación

La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa y su incorporación al patrimonio de la Entidad Local no se regulan en el Reglamento: se rigen por su normativa específica.

Artículo 25. Adquisición por cesión de naturaleza urbanística

Artículo 26. Adquisición por prescripción y por ocupación

Las Entidades Locales adquieren por prescripción el dominio y los demás derechos reales conforme al Código Civil, sin perjuicio de disposiciones especiales. La ocupación de bienes muebles por las Entidades Locales se rige por el Código Civil y las leyes especiales.

Artículo 27. Adquisición por procedimiento judicial o administrativo

Cuando se adjudican bienes o derechos a una Entidad Local en un procedimiento judicial o administrativo, primero se identifica con precisión el bien (si no lo estuviera) y lo tasa personal técnico. Después se califica y se inscribe la adquisición en el Inventario y en los registros correspondientes.

Artículo 28. Sucesión administrativa

Hay sucesión administrativa en la titularidad de bienes y derechos de las Entidades Locales cuando se modifica su ámbito territorial por los procedimientos legales o cuando otra Administración les transfiere competencias con traspaso de los bienes afectos. La sucesión comprende los bienes de dominio público y los patrimoniales afectados, aunque los acuerdos pueden fijar peculiaridades respecto de los patrimoniales.

Artículo 29. Aceptación de Patrocinios

Las Entidades Locales pueden aceptar Patrocinios para promover la participación privada en fines de interés general, según su Ordenanza de Patrocinio. Se destinan a actividades deportivas, culturales, educativas, turísticas, de festejos u otras de interés social, y a restaurar y mantener bienes históricos, artísticos o culturales. No pueden generar privilegios respecto a la actividad municipal ni relación laboral, ni usarse como criterio de valoración en licitaciones futuras.

Artículo 30. Formas de Patrocinio

El Patrocinio puede adoptar tres formas: aportaciones económicas que contribuyen a los gastos de la actividad patrocinada; aportación del material necesario para la actividad; y cesiones de bienes muebles o inmuebles.

Artículo 31. Contenido mínimo de las Ordenanzas de Patrocinio

Las Ordenanzas de Patrocinio deben contener, entre otras: la obligación de la Entidad Local de publicar cada año, en el medio de comunicación de mayor difusión del municipio, las actividades previstas para patrocinio ese año, para comprobar que existe concurrencia en la firma de los convenios; los requisitos de los patrocinadores; y el procedimiento de aceptación y gestión del Patrocinio.

Artículo 32. Régimen jurídico de la disposición onerosa de bienes y derechos patrimoniales

La disposición de bienes y derechos patrimoniales se prepara y adjudica según el Capítulo I de este Título. Rigen para ella las prohibiciones de contratar de la normativa de contratos públicos. Si el valor de los bienes supera el 20 % de los recursos ordinarios del presupuesto, hace falta acuerdo del Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros. Los concesionarios de bienes de dominio público tienen derecho de adquisición preferente cuando esos bienes se enajenan tras perder su condición demanial.

Artículo 33. Enajenación, gravamen, aportación y permuta de bienes inmuebles

La enajenación, el gravamen, la aportación o la permuta de bienes inmuebles se rigen por las reglas del artículo 12 del Reglamento, sin perjuicio de lo que dispongan los artículos siguientes para cada supuesto.

Artículo 34. Destino del importe de las disposiciones onerosas

Lo obtenido por la disposición onerosa de bienes patrimoniales no puede financiar gastos corrientes. Solo se exceptúan los ingresos procedentes de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y de bienes no utilizables en servicios locales.

Artículo 35

No se puede disponer de bienes en litigio o de titularidad controvertida sin advertirlo expresamente en el pliego y sin que los adquirentes asuman el riesgo del litigio. Si el litigio surge durante la adjudicación, se suspende la tramitación y la Entidad decide en un mes si continúa; si continúa, debe constar que los adquirentes asumen el riesgo. La eficacia queda condicionada a la sentencia firme, sin que licitadores ni adquirente puedan exigir responsabilidad a la Entidad.

Artículo 36

Enajenar, gravar, aportar o permutar bienes del Patrimonio Municipal del Suelo cuyo valor exceda del 25 % de los recursos ordinarios exige autorización autonómica previa al acuerdo definitivo; se resuelve en dos meses y el silencio es positivo, y la solicitud incluye los documentos del artículo 12.2 salvo la letra e). Si el valor no excede del 25 %, el acto se comunica en seis días desde su adopción a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, que a su vez da traslado a la consejería autonómica.

Artículo 37. Enajenación de bienes patrimoniales mediante subasta o concurso

La forma normal de enajenar bienes patrimoniales es el procedimiento abierto por subasta pública. Se usa el concurso siempre que el precio no sea el único criterio determinante y, en particular, cuando: afecte a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública; el bien se destine a fines de interés general fijados en el pliego; el pliego permita pagar parcialmente en especie; o se enajenen acciones o participaciones de empresas públicas con transformación del modo de gestión.

Artículo 38. Enajenación de bienes y derechos patrimoniales por procedimiento negociado

Cabe el procedimiento negociado sin publicidad para enajenar bienes patrimoniales en seis supuestos: parcelas sobrantes; subastas o concursos desiertos, inadmitidos o con adjudicatario que no formaliza (sin cambiar condiciones y culminando en un año desde el acuerdo que lo declare); urgencia reconocida, con informe favorable que debe emitirse en diez días (si no se emite, se entiende favorable); precio inferior a 12.020,24 euros; bienes no utilizables ya valorados; y ejercicio de un derecho reconocido por una norma.

Artículo 39. Disposiciones de bienes y derechos entre Administraciones Públicas

Cuando las Administraciones Públicas disponen de bienes y derechos entre sí, o entre ellas y las Entidades públicas dependientes o vinculadas, el instrumento que debe usarse es el convenio administrativo. Es la única regla del artículo: la forma jurídica de estas disposiciones entre sujetos públicos.

Artículo 40

Las parcelas sobrantes se enajenan a los propietarios colindantes o se permutan con terrenos de éstos. Si hay varios colindantes, la venta o permuta debe ajustar las parcelas resultantes al criterio más racional de ordenación del suelo, previo dictamen técnico. Si un propietario se niega a adquirir, la Entidad puede expropiarle su terreno para regularizar las fincas conforme al planeamiento general, pudiendo ser beneficiario el colindante más conveniente, también previo dictamen técnico.

Artículo 41. Patrimonio de los entes públicos dependientes o vinculados

Los entes públicos con personalidad creados por las Entidades Locales tienen patrimonio propio, además de los bienes que se les adscriban; la adscripción nunca transmite la titularidad. Los bienes adscritos se usan solo para los fines asignados al ente. Las adquisiciones onerosas que superen el diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto del ente necesitan autorización de la Entidad Local de la que depende, conforme a sus Estatutos.

Artículo 42. Reincorporación de bienes adscritos

Los bienes y derechos que la Entidad Local adscribió a un ente dependiente y que resulten innecesarios para sus fines se reincorporan al patrimonio de esa Entidad Local. La reincorporación se hace según lo previsto en los estatutos o, en su caso, en los términos del acuerdo de aportación o adscripción.

Artículo 43. Destino del patrimonio en caso de disolución

Si se disuelve un ente público dependiente, tras liquidar su patrimonio, sus bienes y derechos se incorporan o revierten a la Entidad Local de la que depende. Excepción: los bienes cedidos por otras Administraciones o por particulares sujetos a condición, término o modo, y los cedidos en uso que deban reintegrarse, revierten a sus titulares en los términos del acuerdo de cesión.

Artículo 44. Aportaciones al capital social

Las aportaciones dinerarias de las Entidades Locales a sociedades mercantiles en cuyo capital participen, y a cooperativas y sociedades civiles en que tengan participación con objeto de servicios o actividades económicas de su competencia, deben estar totalmente desembolsadas y representadas por sus títulos. Las no dinerarias (propiedad u otros derechos reales sobre bienes patrimoniales) se valoran según la legislación mercantil y cumplen la normativa de servicios locales.

Artículo 45. Aportación de concesión demanial

Aportar una concesión demanial a una sociedad da lugar a un canon, previa valoración técnica, que se abona a la Entidad Local y aprueba su órgano competente; si el servicio no es monopolio, el canon debe respetar la libre competencia europea. Puede aportarse como prestación accesoria, retribuida o no: se fija en la escritura de constitución y en los Estatutos, la Entidad Local puede modificarla por modificación estatutaria y nunca integra el capital social. Se valora el valor material y el de explotación.

Artículo 46. Memoria justificativa de la aportación

Cuando se opte por aportar la concesión demanial como prestación accesoria, el expediente debe incluir una memoria que justifique esa opción en sus aspectos económico-jurídicos y técnicos. La opción puede motivarse en la gratuidad y naturaleza de los servicios que se presten.

Artículo 47. Permuta de bienes

Las Entidades Locales pueden permutar inmuebles patrimoniales previo expediente que acredite su necesidad, si la diferencia de valor no supera el cuarenta por ciento del bien de mayor valor; la diferencia se compensa económicamente. Excepcionalmente, por interés público, puede autorizarse una diferencia mayor sin exceder del cincuenta por ciento, con compensación económica; la autorización se otorga en dos meses desde la entrada del expediente y, si no se resuelve, se entiende concedida.

Artículo 48. Permuta de cosa futura

Cabe permutar inmuebles patrimoniales por bienes futuros si están determinados o son determinables sin nuevo acuerdo y consta racionalmente que existirán. También es permuta de cosa futura compensar la diferencia de valor con una obra en parte de los terrenos. No se permutan inmuebles por ejecución de obras, salvo la excepción legal. El particular debe prestar aval por el valor del bien, previa tasación pericial y anotación registral; se cancela cuando el bien futuro exista y se consume la permuta. Con Administraciones o entes públicos no se exige aval.

Artículo 49. Procedimiento para la permuta

La permuta, salvo lo previsto en la normativa urbanística, sigue en su preparación y adjudicación los procedimientos de adquisición y disposición onerosa del Reglamento. El órgano competente debe pedir ofertas de inmuebles o derechos mediante anuncio público en el Boletín Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios de la Entidad y algún medio de comunicación de mayor difusión. La persona adjudicataria se elige según el pliego de condiciones.

Artículo 50. Cesión de bienes patrimoniales

La cesión total o parcialmente gratuita de bienes patrimoniales exige expediente y acuerdo con mayoría absoluta del número legal de miembros. Solo se cede a las entidades que fija la ley. El Pleno, por mayoría absoluta, puede considerar de interés público local a entidades privadas sin ánimo de lucro con domicilio en su territorio. Es parcialmente gratuita si se paga menos del valor de tasación o se impone una contraprestación económica. Puede ser directa, pero debe promoverse concurrencia si fines y bien lo aconsejan.

Artículo 51. Expediente administrativo de la cesión

El expediente de cesión gratuita debe incluir: memoria que justifique el beneficio para el vecindario; nota simple registral si es inmueble; certificado de la Secretaría de que el bien figura en el Inventario como patrimonial; informe de la Intervención sobre la inexistencia de deudas o, si existen, compromiso del cesionario de subrogarse; valoración técnica; certificación de información pública no inferior a veinte días en tablón y BOP; y aceptación del cesionario.

Artículo 52. Formalización e inscripción

La cesión se formaliza en escritura pública o documento administrativo, que se inscribe en el Registro de la Propiedad cuando proceda. Las cesiones gratuitas deben comunicarse a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, remitiendo copia autenticada del expediente completo.

Artículo 53. Reversión de los bienes patrimoniales cedidos

Si el inmueble cedido no se destina al uso previsto en el plazo del acuerdo, o deja de estarlo, la cesión se resuelve y el bien revierte con sus mejoras; la Entidad cobra, previa tasación, los detrimentos. Salvo otra cosa en el acuerdo, los fines deben cumplirse en cinco años como máximo y mantenerse treinta más. La reversión automática debe constar en el acuerdo; basta acta notarial, con audiencia de quince días durante la que se suspende la entrega, y cabe el desahucio administrativo.

Artículo 54. Normativa aplicable

Los bienes de dominio público destinados a uso público se rigen por la Ley 7/1999 y por este Reglamento, sin perjuicio de la legislación sectorial. Los destinados a servicio público se rigen por las normas reguladoras de los servicios públicos locales y, subsidiariamente, por la Ley 7/1999 y este Reglamento. Esas normas de servicios se aplican también con preferencia cuando usar un bien de uso público sea requisito necesario para prestar un servicio público local. Otros usos de interés general compatibles con la afectación principal requieren acuerdo del Pleno, previa memoria justificativa.

Artículo 55. Modalidades de uso

El uso del dominio público puede ser común (de toda la ciudadanía por igual, sin que el de unos impida el de otros), que es general si no hay circunstancias singulares y especial si concurren peligrosidad, intensidad de uso u otras similares; o privativo, que ocupa una parte del dominio limitando o excluyendo a los demás, con o sin transformación. Además puede ser normal (conforme a la afectación principal) o anormal (no conforme); el anormal es compatible si así lo declara el Pleno con memoria justificativa.

Artículo 56. Ejercicio del uso común general

El uso común general del dominio público se ejerce libremente, conforme a su naturaleza, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las disposiciones aplicables. Las Entidades Locales deben remover los obstáculos que lo impidan o dificulten, y este uso tiene carácter preferente frente a cualquier otro.

Artículo 57. Ejercicio del uso común especial

El uso común especial normal requiere licencia municipal. Las licencias se otorgan directamente a quien reúna las condiciones, salvo que su número esté limitado (concurrencia); las directas se resuelven en un mes. Para ferias, verbenas y eventos similares cabe la puja a la llana. El comercio ambulante sigue su legislación sectorial. Se acude a sorteo público si hay igualdad de condiciones sin criterio o para deshacer empates. No son transmisibles las licencias personales o de número limitado; las demás, según las Ordenanzas.

Artículo 58. Ejercicio de los usos privativos y anormal del dominio público

El uso privativo, con o sin transformación del dominio público, y el uso anormal requieren concesión demanial. Hay transformación cuando se altera sustancialmente la configuración física del bien, incluida la construcción de edificaciones o instalaciones permanentes o la demolición de las existentes. Las concesiones se otorgan conforme a la legislación de contratos, con las especialidades del capítulo, siendo preferente el procedimiento abierto y la forma de concurso; pueden iniciarse de oficio o a instancia de parte.

Artículo 59. Normas comunes a las licencias y concesiones sobre bienes de dominio público

Licencias y concesiones se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, nunca por tiempo indefinido y con un máximo de setenta y cinco años, salvo que la normativa sectorial fije otro. El uso común especial, el privativo y el anormal pueden dar lugar a tasa o precio público. Las otorga el órgano competente según la legislación básica de régimen local. Las solicitudes de uso del dominio público local se entienden desestimadas por silencio. Las licencias por licitación siguen el régimen de concesiones.

Artículo 60. Normas específicas sobre las concesiones

Los pliegos de las concesiones demaniales deben recoger, entre otras: objeto y límite; obras e instalaciones; plazo improrrogable, salvo normativa específica; obligaciones y derechos; régimen de precios; subvención; garantía provisional del dos por ciento y definitiva del cuatro por ciento del valor del dominio ocupado o del proyecto de obras si es mayor; canon; mantenimiento; reversión o no; rescate por interés público; penalizaciones; desalojo con lanzamiento; e inspección.

Artículo 61. Solicitud de uso común especial o privativo de un bien de dominio público

Quien por iniciativa propia pretenda un uso común especial o privativo del dominio público debe presentar a la Entidad Local titular una memoria que explique la utilización y sus fines y justifique su conveniencia, oportunidad o necesidad; puede acompañar un proyecto o anteproyecto. El órgano competente para resolver definitivamente examina la solicitud y, atendiendo al interés público, la admite a trámite o la rechaza.

Artículo 62. Formulación y contenido del Proyecto técnico de la actividad proyectada

Admitida la ocupación, si la solicitud no traía documento técnico o solo anteproyecto, el órgano competente puede encargar el proyecto a su personal técnico o convocar concurso de proyectos; puede acordar modificaciones, encargándolas al peticionario o haciéndolas bajo su responsabilidad. En el concurso, la Entidad elige el proyecto más conveniente según las bases y puede modificarlo. El proyecto incluye los datos exigidos por la normativa y, además, la valoración del dominio público a ocupar.

Artículo 63. Abono de los gastos de redacción del Proyecto

Los gastos de redacción del proyecto se repercuten a la persona adjudicataria según el pliego de cláusulas administrativas particulares de la licencia o concesión. La Entidad Local valora el proyecto con las normas del colegio profesional correspondiente. El adjudicatario abona el valor de tasación en quince días desde el siguiente a la notificación de la adjudicación.

Artículo 64. Licitación del proyecto y especialidades del pliego de cláusulas administrativas particulares

Aprobados el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, se someten a información pública veinte días. Sin reclamaciones, o resueltas, se convoca licitación según la legislación de contratos. Los pliegos pueden incluir como especialidades: criterios de adjudicación, rebaja de la subvención, mejora del canon anual, mejora de precios, reducción del plazo y devolución de hasta el cincuenta por ciento de la garantía definitiva al acreditarse la finalización de las obras revertibles.

Artículo 65. Derecho de tanteo del solicitante inicial

El solicitante inicial tiene derecho de tanteo si participa en la licitación y su oferta no dista más de un diez por ciento de la elegida, sobre el total de la puntuación de los criterios de adjudicación. Valoradas las ofertas, la mesa de contratación le requiere para que lo ejercite en diez días; si no lo hace, decae. Después, la mesa eleva al órgano competente la propuesta de adjudicación.

Artículo 66. Concesión por uso anormal de los bienes de dominio público

Si se pretende una ocupación anormal del dominio público, se sigue el procedimiento de los artículos anteriores con dos especialidades: la memoria del solicitante debe justificar la conveniencia del uso anormal para el interés general, y la valoración del dominio público a ocupar debe justificar por separado el daño y perjuicio que la ocupación causará al uso normal.

Artículo 67. Gestión y modificación de la concesión

El adjudicatario ejecuta las obras y gestiona la concesión según el proyecto aprobado y el pliego. Otorgada la concesión no caben modificaciones sustanciales del proyecto ni de las condiciones económicas: lo son las que superen el treinta por ciento del presupuesto de las obras o el quince por ciento de cualquier condición económica. Las modificaciones requieren autorización motivada de la Entidad concedente con informe técnico, y obligan al concesionario si no superan esos límites, manteniendo el equilibrio económico.

Artículo 68. Extinción de la concesión

Extinguir una concesión por alguna de las causas legales exige incoar expediente administrativo con: la causa, indicando si es o no imputable al concesionario; la relación de bienes revertibles; trámite de audiencia del concesionario; resolución del órgano competente que declare la extinción; y fijación de la indemnización si procede.

Artículo 69. Caducidad

La causa normal de extinción de la concesión es la caducidad por vencimiento del plazo. Al producirse, la totalidad de los bienes e instalaciones revierte íntegramente a la Entidad Local sin pagar indemnización alguna, salvo que el pliego de cláusulas administrativas disponga otra cosa.

Artículo 70. Pérdida física y jurídica del bien sobre el que ha sido otorgada la concesión

Regula qué pasa con la concesión si se pierde el bien. Si la pérdida física se debe a caso fortuito o fuerza mayor, no hay indemnización. Si es imputable al concesionario, este indemniza a la Entidad Local del perjuicio. Si un tercero acredita un mejor derecho sobre el bien por resolución administrativa o judicial firme, hay pérdida jurídica: la Entidad Local abona al concesionario los daños y perjuicios, y puede hacer valer frente al nuevo titular sus derechos económicos sobre las construcciones o instalaciones del concesionario.

Artículo 71. Desafectación del bien

Si el bien objeto de la concesión pierde su condición demanial (deja de ser de dominio público), la concesión se extingue. La Entidad Local queda obligada a indemnizar al concesionario los daños y perjuicios que se le hubiesen producido, en su caso, es decir, solo si se han producido.

Artículo 72. Mutuo acuerdo

La concesión puede extinguirse por mutuo acuerdo cuando, sin que concurra causa imputable al concesionario, razones de interés público u otras de carácter excepcional justifiquen que la concesión no continúe. Si hay causa imputable al concesionario, no es el cauce del mutuo acuerdo.

Artículo 73. Renuncia del concesionario

La renuncia del concesionario necesita la previa aceptación de la Entidad Local concedente. Si la concesión incluye un servicio al público, puede exigirse al concesionario que lo siga prestando un plazo no superior a seis meses, hasta que la Entidad decida asumirlo directamente o adjudicarlo de nuevo. Si la renuncia causa perjuicios a la Entidad Local, esta tiene derecho a indemnización del concesionario.

Artículo 74. Revocación

El incumplimiento grave por el concesionario de alguna obligación del pliego de cláusulas administrativas particulares da lugar a la revocación de la concesión. Es en todo caso grave: el impago del canon en el plazo de seis meses desde que naciera la obligación de pago, y la inejecución de obras o falta de prestación del servicio al público en el plazo y condiciones del pliego. Acordada la revocación, la Entidad puede exigir indemnizaciones, además de las penalidades de los pliegos.

Artículo 75. Extinción de las licencias

Las licencias otorgadas sobre el dominio público se extinguen y revocan por las causas del artículo 32 de la Ley 7/1999, y siempre previo expediente instruido al efecto. El dato propio del Reglamento es la exigencia de ese expediente previo.

Artículo 76. Criterios de utilización

Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales se administran con criterios de máxima rentabilidad, según las pautas del ámbito civil y mercantil, sin perjuicio del artículo 36.3 de la Ley 7/1999. Las Entidades pueden aprobar un plan de racionalización y mejora de gestión del patrimonio inmobiliario para optimizar el uso de los edificios administrativos (reubicación de unidades y previsión de necesidades). Lo aprueba la Presidencia de la Entidad Local.

Artículo 77. Régimen general de las cesiones de uso

Arrendamientos y demás cesiones de uso de bienes patrimoniales (salvo las gratuitas temporales del art. 41 Ley 7/1999) siguen la normativa de contratos en preparación y adjudicación; se adjudican por subasta si el precio es el único criterio y no procede concurso ni negociado. En concurso y negociado cabe valorar criterios sociales, culturales, deportivos y análogos. La cesión comporta renta o canon según el valor medio del mercado para bienes similares. Cabe cesión directa y gratuita a entes dependientes y sociedades de capital local, sin perder la titularidad.

Artículo 78. Cesiones temporales a otras Entidades o instituciones públicas y Entidades privadas sin ánimo de lucro

Las Entidades Locales pueden ceder temporal y gratuitamente bienes patrimoniales a entidades o instituciones públicas y a entidades privadas sin ánimo de lucro de interés general o público y social. Duración máxima: treinta años, prórrogas incluidas (las acuerda el Pleno). Al vencer, los bienes revierten con sus componentes y accesorios sin compensación al cesionario, con posibilidad de desahucio administrativo. El expediente incluye, entre otros, certificado del carácter patrimonial, memoria justificativa y acuerdo del Pleno.

Artículo 79. Cesiones gratuitas en precario

La Presidencia de la Entidad Local puede, excepcionalmente y por razones de interés público, ceder en precario bienes patrimoniales por plazo inferior a un año. El expediente incluye la solicitud motivada del interesado y la resolución de la Presidencia que autoriza la cesión con sus condiciones. Las prórrogas no pueden hacer superar ese plazo. La Presidencia puede revocarla en cualquier momento antes de que acabe, sin indemnización para el cesionario.

Artículo 80. Formalización de las cesiones de uso de bienes patrimoniales

Las cesiones de uso de bienes patrimoniales, salvo las en precario, se formalizan en documento administrativo que describe el bien, su situación física y su estado de conservación, suscrito por la Presidencia y el cesionario ante la persona titular de la Secretaría. Puede elevarse a escritura pública a costa del interesado si lo solicita. La reversión se formaliza igual. Las cesiones gratuitas en precario solo necesitan la resolución de la Presidencia de la Entidad cedente.

Artículo 81. Resolución de las cesiones temporales

La Entidad cedente puede comprobar en cualquier momento el uso y la conservación de los bienes cedidos. Si no se usan normalmente o se incumplen las condiciones, o si el uso causa un deterioro superior al normal, requiere al cesionario advirtiéndole de la resolución. Si persiste, declara la resolución y exige la entrega inmediata; si no se entrega, recuperación de oficio. Si la resolución es imputable al cesionario, los bienes revierten sin indemnización. El cesionario responde de los perjuicios hasta la recepción formal.

Artículo 82. Regulación del aprovechamiento de los bienes

El Pleno regula mediante Ordenanza el aprovechamiento de los bienes comunales. Cada aprovechamiento se ajusta a la normativa de la materia y a las Ordenanzas locales o normas consuetudinarias tradicionales. En supuestos especiales, con acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, puede fijarse una cuota anual al vecindario por los lotes adjudicados, solo para compensar los gastos de custodia, conservación y administración. La Ordenanza puede exigir condiciones de arraigo o permanencia.

Artículo 83. Régimen de explotación de bienes comunales

Los comunales se aprovechan en explotación común o colectiva: uso general y simultáneo por todo el vecindario. Si no es posible, según Ordenanzas o costumbre y, en su defecto, por lotes entre la vecindad, en proporción directa a las personas a cargo del adjudicatario e inversa a su situación económica. Si tampoco es posible, pueden arrendarse o cederse mediante precio según la legislación de contratos. Del importe, la Entidad no puede detraer más del diez por ciento para fines ajenos a sus servicios propios; los vecinos postores tienen preferencia en igualdad de condiciones.

Artículo 84. Ejercicio del derecho de tanteo y retracto

La Presidencia de la Entidad Local ejerce el derecho de tanteo y retracto del artículo 48 de la Ley 7/1999. El tanteo se ejercita en el plazo de cinco días desde la propuesta de adjudicación; el retracto, en el plazo de quince días desde la adjudicación.

Artículo 85. Ambito subjetivo

Están obligados a conservar, proteger, defender y mejorar los bienes: las Entidades Locales; sus organismos autónomos y entidades dependientes con personalidad propia, respecto de los bienes adscritos y propios; las sociedades civiles, mercantiles o cooperativas, respecto de los bienes que les adscriba la Entidad a la que pertenezcan; los concesionarios; y los cesionarios y cualquier persona que por cualquier título posea y utilice bienes de la Entidad.

Artículo 86. Legislación sectorial aplicable

Los actos de conservación, defensa y mejora de bienes sujetos a legislación sectorial se rigen por ella, con el Reglamento como norma supletoria. Las Entidades Locales formulan y aprueban, con carácter cuatrienal, planes de adecuación de sus bienes inmuebles a las normas técnicas sobre seguridad e higiene y supresión de barreras arquitectónicas.

Artículo 87. Actos de conservación

El Pleno fija por acuerdo los criterios de conservación de los bienes de la Entidad. Los actos de conservación preservan las características físicas y funcionales del bien y corresponden a la Entidad u organismo que lo utilice, salvo lo que diga el acuerdo de adscripción o cesión. Esos acuerdos fijan las obligaciones de conservación de quien recibe el bien e incluyen siempre la reparación de daños por uso anormal o contrario al destino; pueden extenderse a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que no sean fuerza mayor.

Artículo 88. Actos de mejora

Los actos de mejora buscan aumentar las características funcionales o el valor del bien sin alterar su destino. Las mejoras revierten, salvo pacto contrario, en beneficio de los bienes, sin que pueda reclamarse participación ni indemnización por ellas, ni al hacerlas ni en la reversión o devolución del bien.

Artículo 89. Bienes fungibles

Para los bienes fungibles sin características singulares, la obligación de conservarlos tiene un límite: que los gastos de conservación superen su valor o el de su reposición, o que se hayan quedado obsoletos para la función o utilidad que prestan.

Artículo 90. Bienes muebles de características singulares

Los bienes muebles de características singulares de orden cultural o histórico artístico pueden depositarse en museos que garanticen su adecuada conservación y disfrute general o, en su caso, en establecimientos bancarios que garanticen su seguridad.

Artículo 91. Valores mobiliarios

Los valores mobiliarios se custodian en la caja de la Entidad Local. La Presidencia puede acordar su depósito en establecimientos bancarios; en ese caso, los resguardos se conservan en la caja de la Entidad.

Artículo 92. Repoblación de terrenos forestales

Corresponden a las Entidades Locales la explotación, conservación, fomento, repoblación, ordenación y mejora de sus montes, sin perjuicio de las competencias autonómicas. El informe autonómico del artículo 54.3 de la Ley 7/1999 se emite en un mes; si no, se entiende favorable. Pueden concertar acuerdos con otras Administraciones o entidades públicas forestales, comunicándolos a la Consejería competente si no interviene. Los titulares de montes despoblados deben repoblarlos; si no lo hacen, la Comunidad Autónoma puede hacerlo previo requerimiento.

Artículo 93. Repoblación mediante consorcio con particulares

La repoblación de terrenos forestales locales puede hacerse mediante consorcio con particulares, solos o asociados, sean o no vecinos del municipio. La iniciativa puede venir de la Entidad propietaria, de la Comunidad Autónoma o de los particulares. Los productos del monte se reparten según la proporción de los estatutos, conforme a las aportaciones de cada uno. El consorcio se formaliza en escritura pública y se inscribe en el Registro de la Propiedad; sin ello carece de eficacia.

Artículo 94. Aprovechamiento de otras riquezas

El aprovechamiento de la riqueza cinegética o piscícola, rústica o forestal se regula por la legislación sectorial autonómica aplicable en cada caso y, subsidiariamente, por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. La Entidad Local puede reservarse estos aprovechamientos según lo que disponga la legislación sectorial autonómica.

Artículo 95. Inventario general consolidado

Las Entidades Locales deben formar un inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, sea cual sea su naturaleza o forma de adquisición. Se presume que un bien de dominio público destinado a un uso o servicio público pertenece a la Entidad Local en la forma prevista en la propia inscripción.

Artículo 96. Inventarios parciales

El Inventario general consolidado se integra por cuatro inventarios parciales: el de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad (incluidos los cedidos a otras administraciones o particulares que hayan de revertir); el del Patrimonio Municipal del Suelo; el del patrimonio histórico; y el de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia dependientes de la Entidad.

Artículo 97. Actualización del inventario

Las Entidades Locales deben tener actualizado su inventario, sin perjuicio de su rectificación y comprobación. La Presidencia ordena anotar en él todo acto de adquisición, enajenación, gravamen o cualquier otro que repercuta en la situación física y jurídica de los bienes y derechos.

Artículo 98. Rectificación del inventario

El inventario general consolidado se rectifica una vez al año (anualmente), reflejando en esa rectificación las incidencias que hayan tenido los bienes y derechos de la Entidad durante ese período anual.

Artículo 99. Comprobación del inventario

El Pleno comprueba el inventario general siempre que se renueve la Corporación. Para ello, la Secretaría notifica a los miembros de la Corporación que el inventario está a su disposición durante cinco días, para que lo comprueben y formulen alegaciones. Si no se presentan, se extiende diligencia que lo acredite.

Artículo 100. Competencia sobre el inventario

El Pleno aprueba, rectifica y actualiza el inventario general consolidado. En organismos autónomos y entes dependientes o vinculados con personalidad propia, las aprobaciones, rectificaciones y comprobaciones las acuerdan sus asambleas u órganos superiores de gobierno según su normativa. El inventario aprobado por el Pleno lo autentica la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia.

Artículo 101. Utilización de medios técnicos

Las Entidades Locales promoverán el uso de medios técnicos, informáticos y telemáticos para elaborar el inventario y mantenerlo adecuadamente. Es un mandato de impulso: no fija plazos, órganos ni requisitos concretos.

Artículo 102. Anotación de los bienes y derechos

Los bienes y derechos se anotan en el inventario con numeración correlativa dentro de cada epígrafe. Además, se consignan las variaciones que se produzcan y la cancelación de los asientos.

Artículo 103. Epígrafes del inventario general consolidado

En el inventario general consolidado, los bienes y derechos se anotan por separado según su naturaleza, en diez epígrafes: 1 inmuebles; 2 derechos reales; 3 muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico; 4 valores mobiliarios; 5 derechos de carácter personal; 6 vehículos; 7 semovientes; 8 muebles no comprendidos en los anteriores; 9 bienes y derechos revertibles; 10 propiedades inmateriales.

Artículo 104. Epígrafe de bienes inmuebles

El inventario de inmuebles recoge diecisiete datos (letras a a q): nombre, naturaleza y calificación, situación (en urbanas, vía pública y número; en rústicas, paraje, polígono y parcela catastral), linderos y deslinde, superficie, características de edificios, destino y uso, régimen jurídico, título, inscripción registral, derechos reales y personales, cuantía de adquisición e inversiones, valor real, frutos y rentas y valor cultural y medioambiental. Se levantan planos y pueden incluirse las vías de dominio y uso público.

Artículo 105. Epígrafe de derechos reales sobre inmuebles

El inventario de derechos reales sobre inmuebles comprende ocho circunstancias: naturaleza; inmueble sobre el que recae; contenido del derecho; título de adquisición; signatura de inscripción en el Registro de la Propiedad; cuantía de la adquisición, solo si fue onerosa; valor real del derecho; y frutos y rentas que produzca.

Artículo 106. Epígrafe de bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico

El inventario de muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico expresa: descripción que facilite su identificación; razón de su valor artístico, histórico o económico, con mención de las declaraciones de que haya sido objeto; y lugar en que esté y unidad administrativa que lo custodia. En todo caso se conservan fotografías autenticadas por el Secretario de la Corporación.

Artículo 107. Epígrafe de valores mobiliarios

El inventario de valores mobiliarios recoge: clase; número y valor nominal de títulos o anotaciones en cuenta; organismo o entidad emisora; serie y numeración; fecha y precio de adquisición si fue onerosa; valor actualizado; frutos y rentas; y lugar de depósito. Las aportaciones a entidades públicas o privadas que den a la Entidad Local la condición de miembro se inventarían con las características aplicables según la legislación mercantil.

Artículo 108. Epígrafe de derechos personales

El inventario de los derechos personales de la Entidad Local expresa cinco datos: concepto; identificación del obligado; valor real; título de adquisición; y vencimiento, en su caso.

Artículo 109. Epígrafe de vehículos

El inventario de vehículos detalla seis datos: clase y modelo; matrícula; título de adquisición; destino; cuantía de la adquisición, en su caso; y valor actualizado.

Artículo 110. Epígrafe de bienes semovientes

Artículo 111. Epígrafe de otros bienes muebles

Los bienes muebles no incluidos en los epígrafes anteriores se describen sucintamente, lo necesario para individualizarlos. No se inventarían los bienes fungibles o de escaso valor; su custodia corresponde a las unidades administrativas que los utilicen.

Artículo 112. Epígrafe de bienes y derechos revertibles

En el epígrafe de bienes y derechos revertibles se anotan todos aquellos cuyo dominio o disfrute haya de revertir o consolidarse en la Entidad Local llegado cierto día o al cumplirse o no una condición. La unidad que tenga adscrito el bien comunica con antelación suficiente la fecha de reversión a la Presidencia. Se incluyen, entre otros, los bienes cedidos sujetos a condición, modo, carga o plazo, las concesiones y los arrendamientos.

Artículo 113. Epígrafe de propiedades inmateriales

El epígrafe de propiedades inmateriales describe las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, las marcas y las patentes de la Entidad Local, y el medio de soporte, tangible o intangible, en que se expresan, en la medida necesaria para identificarlas, con referencia a la signatura de su inscripción en el registro correspondiente, en su caso.

Artículo 114. Archivo de la documentación

El Archivo de cada Entidad Local tendrá una división específica llamada «Patrimonio», subdividida en las unidades necesarias identificadas por un código de dígitos, donde se archivan todos los documentos con datos del inventario, en cualquier soporte. Al inventariar cada bien o derecho se consigna, como último dato, la signatura del lugar del archivo donde está su documentación.

Artículo 115. Obligación de inscribir

Las Entidades Locales deben inscribir en el Registro de la Propiedad sus inmuebles y derechos reales y las actuaciones que les afecten, según la legislación hipotecaria. Basta una certificación referida al inventario aprobado, expedida por la persona titular de la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia. La misma obligación rige para bienes inscribibles en otros registros públicos a efectos de su protección.

Artículo 116. Alteración de la calificación de los bienes

Cualquier alteración de la calificación jurídica de los bienes inscritos debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad y en los demás registros públicos. Estos asientos se practican mediante certificación de la persona titular de la Secretaría, referida al inventario y a los actos que hayan motivado la alteración.

Artículo 117. Régimen de determinadas inscripciones

La inscripción de bienes procedentes de actuaciones urbanísticas y la de bienes adquiridos por expropiación se rigen por su legislación específica. Las agrupaciones, divisiones, segregaciones y agregaciones se inscriben mediante certificación de la persona titular de la Secretaría referida al inventario y a los actos que las motivaron. Los convenios interadministrativos sobre bienes, una vez firmados, son título suficiente para inscribir sus operaciones.

Artículo 118. Bienes y derechos de Entidades dependientes de las Entidades Locales

Los organismos autónomos y otras entidades dependientes con personalidad jurídica propia deben inscribir en el registro los bienes y derechos que adquieran. Los bienes de la Entidad Local que se les adscriban siguen inscritos a nombre de la Entidad Local, haciendo constar la adscripción en el registro según su legislación.

Artículo 119. Enumeración de las potestades

Las Entidades Locales tienen sobre sus bienes y derechos cuatro potestades: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. Además pueden establecer e imponer sanciones para defender su patrimonio y asegurar su adecuada utilización. El ejercicio de estas potestades se ajusta a la Ley 7/1999 y a este Título, sin perjuicio de la normativa específica de cada tipo de bien.

Artículo 120. Reglas generales sobre competencia

Con carácter general, en los procedimientos de las potestades de defensa del patrimonio, la Presidencia de la Entidad Local inicia e instruye y el Pleno dicta los actos que ponen fin al procedimiento. Por urgencia debidamente motivada, la Presidencia puede adoptar medidas de defensa del patrimonio, dando cuenta al Pleno para su ratificación en la primera sesión que celebre.

Artículo 121. Bienes situados en el territorio de otra Entidad Local

Las Entidades Locales pueden ejercer en vía administrativa sus potestades de defensa sobre bienes situados fuera de su territorio. Para ello lo comunican a la Entidad Local en cuyo territorio se encuentren, para que, con su colaboración, se adopten las medidas que procedan.

Artículo 122. Impugnación de acuerdos

Las resoluciones que ponen fin a los procedimientos de defensa de los bienes se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las cuestiones de propiedad u otros derechos reales se ventilan ante la jurisdicción civil. Contra las actuaciones locales de defensa de sus bienes, dentro de su competencia y con el procedimiento debido, no caben acciones judiciales de tutela sumaria de la tenencia o posesión.

Artículo 123. Plazo para resolver

El plazo para resolver y notificar los procedimientos de las potestades de este Título es de seis meses desde su iniciación. Si no se resuelve en plazo, se producen los efectos que prevé la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 124. Extensión de la potestad

Las Entidades Locales están obligadas a investigar la situación física y jurídica de los bienes y derechos que presuman suyos para determinar su titularidad, cuando no conste inequívocamente o haya controversia en los títulos de dominio. Esta obligación se extiende en todo caso a los bienes demaniales.

Artículo 125. Inicio del procedimiento

La investigación se inicia siempre de oficio, por resolución de la Presidencia, ya sea por propia iniciativa o actuaciones de los servicios propios, por actuaciones ante órganos jurisdiccionales, por comunicaciones de otras Administraciones o por denuncia o información de particulares. Antes de abrir el expediente la Presidencia puede recabar informes y estudios. Iniciado, se piden a los registros los antecedentes del bien y se incorporan las certificaciones.

Artículo 126. Información pública y emplazamiento a las personas interesadas

El acuerdo de inicio de la investigación se publica en veinte días hábiles en el Boletín Oficial de la provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, en el tablón de edictos de la Entidad y, en su caso, en el de la Entidad donde radique el bien. El anuncio identifica con claridad el bien. A la vez se emplaza a los afectados conocidos, que pueden alegar en veinte días hábiles, aportar títulos y pedir la apertura de prueba.

Artículo 127. Período y práctica de la prueba

Cumplidos la publicación, el emplazamiento y las alegaciones, puede abrirse un período de prueba si: los hechos y datos del expediente son contradictorios; lo han solicitado los interesados, salvo que por resolución motivada se rechacen las pruebas por manifiestamente improcedentes o innecesarias; o la Entidad Local lo juzga necesario para resolver o conveniente para el interés público.

Artículo 128. Informes

Transcurrido el plazo de alegaciones y, en su caso, el período de prueba, se emiten en diez días informes técnico y jurídico sobre el resultado de las actuaciones. Ambos informes deben pronunciarse sobre si la titularidad del bien o derecho investigado está o no debidamente justificada.

Artículo 129. Audiencia a las personas interesadas

Emitidos los informes técnico y jurídico, el expediente se pone de manifiesto a las personas interesadas durante diez días para que lo examinen y aleguen. Si presentan alegaciones, el instructor emite un nuevo informe que contiene la propuesta de resolución.

Artículo 130. Resolución del procedimiento

La investigación termina por acuerdo del Pleno. Si es favorable a la Entidad Local, justifica la titularidad pública del bien; si no, expresa los motivos. Con resolución favorable se adoptan tres medidas: tasación pericial por persona técnica competente; anotación en el Inventario y, en su caso, en los registros públicos; y ejercicio de las acciones administrativas o judiciales precisas para hacer efectivo el derecho.

Artículo 131. Extensión de la potestad

Las Entidades Locales pueden promover, acordar y ejecutar el deslinde total o parcial de sus inmuebles en dos supuestos: cuando sus límites sean imprecisos o cuando, por posibles usurpaciones, haya incertidumbre sobre ellos. Se aplican las reglas de este Capítulo sin perjuicio de normas específicas de ciertos bienes; el deslinde de montes públicos catalogados se rige por su normativa específica.

Artículo 132. Inicio del procedimiento

El deslinde se inicia de oficio (por actuaciones de los servicios, información de particulares o de otras entidades públicas) o a solicitud de persona interesada; si esta desiste o renuncia, puede continuarse si, previos informes técnico y jurídico, concurren los presupuestos. En ambos casos acuerda el inicio el Pleno, previa memoria con justificación, descripción y plano, títulos y referencias, y situaciones posesorias. Pasados tres meses sin acuerdo, la solicitud puede entenderse desestimada. Se da traslado al Registro y no cabe procedimiento judicial con igual pretensión.

Artículo 133. Presupuesto de gastos

Acordado por el Pleno el inicio del deslinde, se elabora un presupuesto provisional de gastos basado en la memoria. Si el procedimiento es de oficio, se habilita el crédito según la normativa de haciendas locales. Si es a instancia de parte, los gastos corren a cargo de quienes lo promueven, que deben dar su conformidad expresa, sin perjuicio de la liquidación definitiva final. Sin conformidad, el procedimiento finaliza, sin perjuicio de que la Entidad pueda continuarlo conforme al artículo 132.1.b).

Artículo 134. Información pública y emplazamiento a las personas interesadas

El acuerdo de inicio del deslinde se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, en el tablón de edictos de la Entidad y, en su caso, en el de la Entidad donde radique el bien, con una antelación mínima de treinta días al inicio del apeo, contada desde la última publicación. El anuncio identifica las fincas y el lugar, fecha y hora del apeo. Se notifica a colindantes y titulares inscritos de derechos reales al menos con treinta días de antelación.

Artículo 135. Alegaciones

En el deslinde, los interesados pueden presentar alegaciones y documentos hasta diez días antes del señalado para el apeo; después no se admite ninguno, sin perjuicio de las manifestaciones en el propio acto. Los servicios técnicos y jurídicos las examinan y proponen medidas, rectificaciones o salvedades. Si hace falta practicar pruebas o pedir documentación, el órgano competente puede suspender el apeo, notificándolo; el resultado se pone de manifiesto diez días y se cita a los interesados para el apeo.

Artículo 136. Acto de apeo

El apeo fija sobre el terreno los linderos y se documenta en acta. Asisten al menos una persona técnica competente designada por la Entidad, el personal necesario y la persona titular de la Secretaría o funcionario en quien delegue; los interesados pueden ir con asesores. El acta se redacta preferentemente en el lugar, la firman todos y recoge lugar, fecha y hora, asistentes, terreno, líneas perimetrales, finca, manifestaciones, conformidad y hora final. Si no se termina en un día, se continúa sin nueva citación en un plazo no superior a cinco días.

Artículo 137. Resolución

Concluido el deslinde, el expediente se eleva al Pleno de la Entidad Local, que es quien lo aprueba. Antes de la aprobación hace falta informe de los servicios técnicos o jurídicos, pero solo si las personas interesadas manifestaron su disconformidad en el acto de apeo.

Artículo 138. Efectos del deslinde

Aprobado el deslinde: a) quedan determinados los límites de la finca o fincas y, en su caso, se declara la posesión a favor de la Entidad; b) la Entidad queda facultada para ejercer las acciones judiciales que procedan si hay hechos obstativos a la posesión pública. El deslinde se inscribe en el Registro de la Propiedad si la finca está inscrita; si no, primero se inmatricula la finca y el deslinde aprobado.

Artículo 139. Amojonamiento

El amojonamiento es la colocación de hitos, señales o cualquier referencia física que refleje sobre el terreno los límites declarados por el deslinde. Se cita a las personas interesadas; si no puede hacerse el día señalado por causas debidamente justificadas, hay que citar de nuevo. La persona titular de la Secretaría, o el funcionario en quien delegue, levanta acta con los medios físicos usados y las manifestaciones de los presentes.

Artículo 140. Bienes de dominio público

Las Entidades Locales deben recuperar por sí mismas, en cualquier momento y siguiendo el procedimiento establecido, la tenencia de sus bienes de dominio público, incluidos los comunales, siempre que consten indicios de usurpación o se haya perturbado la posesión.

Artículo 141. Bienes patrimoniales

Los bienes patrimoniales se recobran de oficio, siguiendo el procedimiento establecido, en el plazo de un año desde la constancia de la usurpación o perturbación. En ese mismo plazo de un año el acuerdo de recuperación se notifica al usurpador o perturbador, conminándole a dejar el bien a libre disposición de la Entidad o a cesar en la perturbación. Pasado el plazo, hay que ejercitar la acción judicial correspondiente.

Artículo 142. Inicio del procedimiento

El procedimiento de recuperación de oficio se inicia por cualquiera de las formas del artículo 125 del Reglamento y lo acuerda la Presidencia de la Entidad Local. Si hay usurpación, el acuerdo debe contener al menos: descripción del bien, acreditación de la posesión pública previa a la ocupación ilegítima y hechos y circunstancias de la usurpación. Si hay perturbación, basta concretar los hechos en que se funda.

Artículo 143. Audiencia a las personas interesadas y prueba

El acuerdo de inicio de la recuperación se notifica al usurpador o perturbador y a quienes puedan tener interés legítimo en la resolución. Las personas interesadas tienen diez días para formular alegaciones, aportar documentos y proponer pruebas, indicando los medios de que pretendan valerse. La prueba sigue el artículo 127 del Reglamento.

Artículo 144. Propuesta de resolución

Vistas las alegaciones, los documentos y la prueba, el instructor formula la propuesta de resolución, que debe pronunciarse sobre la procedencia de la recuperación. Si no comparecen personas interesadas, el acuerdo de inicio puede considerarse propuesta de resolución.

Artículo 145. Resolución

El Pleno resuelve el procedimiento de recuperación y declara, en su caso, su procedencia. La resolución favorable declara la posesión de la Entidad, sin perjuicio de tercero y del derecho sobre la propiedad o la posesión definitiva, y faculta para usar los medios de ejecución forzosa. Si los hechos pudieran ser delito, se da traslado de la resolución a la autoridad judicial competente o al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la ejecución forzosa.

Artículo 146. Usurpaciones manifiestas o recientes

Para repeler usurpaciones manifiestas o recientes no hace falta tramitar el procedimiento de recuperación de los artículos anteriores. En esos casos la Presidencia de la Entidad Local, previa audiencia del usurpador o perturbador, adopta las medidas necesarias para mantener la posesión pública del bien.

Artículo 147. Objeto

Las Entidades Locales pueden recuperar la plena disponibilidad de los bienes cuyo uso tengan cedido o adscrito a otras Administraciones Públicas y a las Entidades de Derecho Público dependientes de ellas cuando esos bienes dejen de cumplir la función que motivó la entrega.

Artículo 148. Procedimiento

El Pleno acuerda iniciar la recuperación y lo comunica a la Administración o Entidad cesionaria, explicando las circunstancias que acreditan el incumplimiento de la cesión y dándole audiencia durante quince días. El Pleno resuelve sobre la recuperación a la vista de las alegaciones y de los informes de los servicios técnicos o jurídicos. El acuerdo de recuperación se comunica fijando plazo para poner el bien a disposición; pasado ese plazo pueden ejercitarse de inmediato las acciones necesarias.

Artículo 149. Prórroga de la cesión

La Administración o Entidad cesionaria puede proponer que la cesión continúe para otros usos o fines en beneficio del vecindario de la Entidad cedente, o pedir una prórroga debidamente justificada. El Pleno de la Entidad cedente se pronuncia sobre la propuesta o solicitud y, si la decisión es favorable, se suscribe un convenio que regule las condiciones de la prórroga o cesión.

Artículo 150. Competencia

Las Entidades Locales pueden promover y ejecutar el desahucio administrativo de sus inmuebles y ocuparlos, en los supuestos legalmente previstos y con el procedimiento de este capítulo. Acordar el desahucio corresponde al Pleno. No obstante, la Presidencia puede adoptar, por urgencia y motivadamente, resoluciones para repeler usurpaciones o prevenir daños graves para el interés general a los bienes, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Artículo 151. Extinción del derecho de ocupación sobre bienes inmuebles de dominio público

La extinción del derecho de ocupación del dominio público (autorización, concesión u otro título) la declara el Pleno, previa audiencia del titular y de cualquier interesado, que tienen quince días para alegar, aportar documentos y proponer pruebas. Si se extingue por fallecimiento, se oye al principal continuador. Si es por término o plazo, los trámites hasta la propuesta pueden adelantarse. Los servicios jurídicos informan las alegaciones. Puede reconocerse indemnización. El precario se extingue con preaviso de diez días.

Artículo 152. Extinción del derecho a ocupar bienes inmuebles de las Entidades Locales por razón del puesto de trabajo

La extinción del derecho del personal de las Entidades Locales a ocupar inmuebles por razón de su puesto de trabajo sigue lo dispuesto en el artículo anterior. La jubilación forzosa se considera extinción del derecho por vencimiento del término, a los efectos del apartado 3 del artículo anterior.

Artículo 153. Extinción del derecho a ocupar bienes por motivo de su expropiación forzosa

La extinción del derecho a ocupar inmuebles de las Entidades Locales por expropiación forzosa se rige por su legislación específica. Desde que se acuerda la incoación del expediente expropiatorio, la Entidad debe abstenerse de arrendar el bien o conferir cualquier derecho de ocupación sobre él. La expropiación extingue los arrendamientos y cualesquiera otros derechos de posesión y ocupación.

Artículo 154. Reglas para determinar la indemnización

Cuando proceda indemnizar la extinción de derechos de ocupación: a) la Entidad requiere al interesado para que en quince días pida motivadamente la cantidad, con documentos e informes; b) con los informes técnicos y jurídicos, la Presidencia acepta la cuantía o fija la procedente en un máximo de dos meses desde la solicitud; c) puede fijarse en el propio acuerdo de extinción, sin estos trámites, si el expediente tiene los datos precisos.

Artículo 155. Pago de la indemnización

Si la extinción obliga a indemnizar, hay que pagar o consignar antes del requerimiento de desalojo. Por especiales circunstancias de interés público que justifiquen la urgencia, puede requerirse el desalojo abonando o consignando una cantidad alzada fijada provisional y motivadamente. Si la definitiva es mayor, la diferencia se incrementa con el interés legal del dinero desde el abono o consignación. Las consignaciones se hacen en la Caja General de Depósitos o en la Caja de la Entidad.

Artículo 156. Requerimiento para el desalojo y entrega del bien

Extinguido el derecho sin indemnización, o pagada o consignada esta, se requiere al ocupante para que desaloje y entregue el bien en quince días. Si no atiende, se le requiere de nuevo con plazo de ocho días; si tampoco, la Entidad lleva a cabo el lanzamiento con sus propios medios. Si hace falta acceder al inmueble sin consentimiento del ocupante, se pide autorización judicial a la mayor brevedad.

Artículo 157. Gastos del lanzamiento

Los gastos del desalojo no voluntario son de cuenta del desahuciado y se fijan contradictoriamente: la Entidad notifica una cantidad provisional con certificación detallada y el interesado tiene diez días para mostrar conformidad o disconformidad razonada; después la Entidad fija la cantidad definitiva y requiere el pago en los plazos del abono voluntario de deudas tributarias, y si no paga, por apremio. Incluyen salarios del personal y medios materiales según el tiempo invertido. Pueden retenerse bienes del ocupante.

Artículo 158. Desahucio en caso de usurpaciones

Si los bienes han sido usurpados y ocupados sin título, clandestinamente o contra la voluntad del titular, acordar el desahucio corresponde al Pleno. La Presidencia debe adoptar motivadamente resoluciones para impedir o repeler usurpaciones de inmediato y prevenir daños graves, dando cuenta al Pleno en la primera sesión. Estas actuaciones son compatibles con la vía penal, y la denuncia o el proceso penal no suspenden las actuaciones administrativas de recuperación posesoria.

Artículo 159. Desalojo en caso de usurpaciones

En las usurpaciones, el bien se recupera mediante requerimiento directo a las personas ocupantes, si pueden ser halladas e identificadas. El requerimiento les conmina a desalojar en el plazo perentorio que se les señale según las circunstancias del caso y advierte de que, pasado el plazo, la Entidad desalojará con sus propios medios. Se entrega a quienes ocupen el bien al practicar la diligencia, dejando siempre constancia escrita. Si no desalojan, la Entidad actúa de forma inmediata en el día y hora señalados, con las reglas del artículo 157 sobre gastos y retención de bienes.

Artículo 160. Obligación del ejercicio de acciones

Las Entidades Locales no tienen una mera facultad, sino la obligación de ejercitar las acciones e interponer los recursos que sean procedentes para defender sus bienes y derechos. La obligación alcanza tanto a las acciones como a los recursos, siempre que sean los procedentes para esa defensa.

Artículo 161. Competencia para el ejercicio

El ejercicio de acciones judiciales y la interposición de recursos corresponde al Pleno en las materias de su competencia, y a la Presidencia en las suyas, aunque las haya delegado. Por urgencia, la Presidencia puede también acordarlo en materias del Pleno, dándole cuenta en la primera sesión que celebre para su ratificación si procede. En extrema urgencia, con riesgo de que precluyan plazos y daño al interés general, los representantes procesales pueden adoptar las decisiones procesales pertinentes, dando cuenta inmediata a la Presidencia para la resolución definitiva.

Artículo 162. Ejercicio de acción por el vecindario

Cualquier vecino o vecina en pleno goce de sus derechos civiles y políticos puede requerir a la Entidad Local que ejercite acciones en defensa de sus bienes o derechos. La Entidad comunica el requerimiento a los posibles afectados y suspende treinta días hábiles el plazo para ejercitarlas. Si en esos treinta días no acuerda ejercitarlas, el requirente puede hacerlo por sí mismo, en nombre e interés de la Entidad, que debe facilitarle los medios de prueba pertinentes. Si la acción prospera, tiene derecho al reembolso de costas y a la indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 163. Informes preceptivos

Los acuerdos para ejercitar las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de las Entidades Locales deben adoptarse previo dictamen de la persona titular de la Secretaría o de los Servicios Jurídicos de la Entidad. En su defecto, el dictamen corresponde a los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial o a un Letrado en ejercicio.

Artículo 164. Allanamiento, transacción y arbitraje

Las Entidades Locales pueden allanarse a demandas, transigir sobre sus bienes y derechos y someter sus litigios a arbitraje. Las transacciones que superen el cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto requieren dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Los acuerdos del Pleno van precedidos de informes de Secretaría e Intervención. En reconocida urgencia, con informes favorables, puede actuarse procesalmente oída la Junta de Portavoces, si es mayoritariamente favorable. El órgano competente para ejercer acciones puede acordar toda forma de terminación de la controversia.

Artículo 165. Responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal de las Entidades Locales

Las autoridades y el personal de las Entidades Locales que tengan a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos responden directamente ante la Entidad de los daños por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves. La Entidad fija la indemnización de oficio o a instancia de parte, sin perjuicio de las sanciones administrativas y de pasar el tanto de culpa a los órganos jurisdiccionales. La responsabilidad se exige por el procedimiento de responsabilidad patrimonial al que remite el apartado 3.

Artículo 166. Responsabilidad administrativa de la ciudadanía

Quien, por dolo, culpa, negligencia o aun por simple inobservancia, cause daños en el dominio público local, lo ocupe sin título habilitante o contraríe su destino normal o sus normas, será sancionado en vía administrativa con multa de entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado. Ello sin perjuicio de reparar el daño y de restituir, en su caso, el bien ocupado irregularmente.

Artículo 167. Criterios generales del régimen sancionador

Las Entidades Locales tienen la potestad sancionadora. Para graduar las sanciones atienden, entre otros, a: cuantía del daño, beneficio obtenido, intencionalidad, reincidencia (infracciones de la misma naturaleza en el plazo de un año declaradas por resoluciones firmes) y circunstancias personales y económicas fijadas en las Ordenanzas. Si la multa es inferior al beneficio, se eleva hasta ese importe, con el límite del artículo 166. Siempre deben adoptarse medidas para restaurar el orden jurídico y reponer los bienes cuando sea posible.

Artículo 168. Infracciones y sanciones

Son infracciones en materia de bienes locales: ocupar bienes sin título habilitante, utilizarlos contrariando su destino normal o sus normas, y causarles daños materiales. Las Ordenanzas fijan la cuantía de las sanciones con los criterios del artículo 167.2 y esta escala: leves, de 60,10 a 3.005,06 euros; graves, de 3.005,07 a 15.025,30 euros; muy graves, de 15.025,31 a 30.050,61 euros. La competencia para sancionar corresponde a la Presidencia de la Entidad Local.

Artículo 169. Procedimiento sancionador

Imponer sanciones exige abrir y tramitar el procedimiento sancionador conforme a la normativa a la que remite el apartado 1 (Título IX de la Ley 30/1992 y Real Decreto 1398/1993). La Presidencia de la Entidad Local encomienda la instrucción a un funcionario de la propia Entidad, y no puede actuar como instructor el mismo órgano al que corresponda resolver.

Artículo 170. Medidas provisionales

En el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y durante su tramitación, el instructor puede proponer medidas provisionales que garanticen el destino y las características del bien, incluida en su caso la suspensión de actividades, que adopta por razones de urgencia el órgano que acordó el inicio. Hay urgencia siempre que puedan producirse daños de carácter irreparable en los bienes. En todo caso, la Presidencia adopta las medidas cautelares oportunas para asegurar el resultado de la resolución.

Artículo 171. Responsabilidad penal

Si los hechos pueden ser constitutivos de delito o falta, la Entidad Local debe ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la penal. Suspende el procedimiento administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones, sin perjuicio de las medidas cautelares urgentes. Para la responsabilidad penal del personal, el apartado 2 remite a otra norma.