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Real Decreto 1372/1986, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
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Crear cuenta gratisTítulo PrimeroBienes
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Capítulo PrimeroConcepto y clasificación de los bienes
- Art. 1Artículo 1El patrimonio de las Entidades locales es el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. Su régimen de bienes se rige por: a) la legislación básica estatal de régimen local; b) la legislación básica estatal sobre bienes de las Administraciones Públicas; c) la legislación autonómica; d) en defecto de las anteriores, la legislación estatal no básica de régimen local y bienes públicos; e) las Ordenanzas propias de cada Entidad; f) supletoriamente, las restantes normas administrativas y civiles. En todo caso se aplica el derecho estatal conforme al artículo 149.3 CE.
- Art. 2Artículo 2Los bienes de las Entidades locales se clasifican en dos grupos: bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Los de dominio público son de uso público o de servicio público. Son comunales los bienes que, siendo de dominio público, tienen su aprovechamiento atribuido al común de los vecinos. Los comunales solo pueden pertenecer a los Municipios y a las Entidades locales menores.
- Art. 3Artículo 3Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean competencia de la Entidad local. El suelo queda vinculado a su destino urbanístico desde la aprobación de los planes, pero la afectación de los inmuebles al uso público se produce, en todo caso, en el momento de la cesión de derecho a la administración actuante conforme a la legislación urbanística.
- Art. 4Artículo 4Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales. El artículo cita como ejemplos Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y cierra con cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos.
- Art. 5Artículo 5
- Art. 6Artículo 6Son bienes patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la Entidad Local, no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. Se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.
- Art. 7Artículo 7Las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasifican como bienes patrimoniales. Parcela sobrante: porción de terreno de la Entidad local que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento no es susceptible de uso adecuado; declararla exige expediente de calificación jurídica. Efecto no utilizable: bien que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resulta inaplicable a los servicios municipales o al normal aprovechamiento, aunque no se haya dado de baja en el Inventario.
- Art. 8Artículo 8Alterar la calificación jurídica de los bienes locales exige expediente que acredite oportunidad y legalidad. Lo resuelve la Corporación, previa información pública durante un mes, por mayoría absoluta del número legal de miembros. Los bienes desafectados siguen siendo de dominio público hasta su recepción formal por el órgano competente. La alteración es automática por: aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y de proyectos de obras y servicios; adscripción de patrimoniales por más de veinticinco años a uso o servicio público o comunal; y usucapión de cosa destinada a esos usos.
Capítulo IIDel patrimonio de las Entidades locales
- Art. 9Artículo 9Las Entidades locales tienen capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y para ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio. Además están obligadas a ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Los acuerdos para ejercer esas acciones se adoptan previo dictamen del secretario o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado.
- Art. 10Artículo 10Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos por seis vías: a) por atribución de la Ley; b) a título oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropiación; c) por herencia, legado o donación; d) por prescripción; e) por ocupación; y f) por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico.
- Art. 11Artículo 11La adquisición de bienes a título oneroso exige cumplir los requisitos de la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales. Si son inmuebles se exige, además, informe previo pericial. Si son bienes de valor histórico o artístico se requiere informe del órgano estatal o autonómico competente, siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto de la Corporación o del límite general de la contratación directa en materia de suministros. Las adquisiciones por expropiación forzosa se rigen por su normativa específica.
- Art. 12Artículo 12La adquisición de bienes a título gratuito no está sujeta a restricción alguna. Pero si lleva aneja alguna condición o modalidad onerosa, los bienes solo pueden aceptarse previo expediente que acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere. La aceptación de herencias se entiende a beneficio de inventario.
- Art. 13Artículo 13Cuando los bienes se adquieren bajo condición o modalidad de su afectación permanente a determinados destinos, esa condición se entiende cumplida y consumada si durante treinta años han servido al destino, aunque después dejen de hacerlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.
- Art. 14Artículo 14Las Entidades locales prescriben a su favor con arreglo a las leyes comunes, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Los particulares pueden prescribir a su favor los bienes patrimoniales de las Entidades locales, de acuerdo con las leyes comunes. La ocupación de bienes muebles por las Entidades locales se regula por el Código Civil y las Leyes especiales.
- Art. 15Artículo 15Cuando se adjudican bienes o derechos a una Entidad local en un procedimiento judicial o administrativo, ante todo se identifican los bienes adjudicados y se procede a su tasación pericial. Hecha la identificación y valoración, se formaliza, en su caso, la calificación patrimonial del bien o derecho. Si la adjudicación fue en pago de un crédito de la Entidad local y el crédito es inferior al valor de tasación, el deudor a quien pertenecieron no tiene derecho a reclamar la diferencia.
- Art. 16Artículo 16Los patrimonios municipales de suelo se regulan por su legislación específica. Los bienes patrimoniales que resulten calificados como suelo urbano o urbanizable programado en el planeamiento urbanístico quedan afectos al Patrimonio Municipal del Suelo.
Capítulo IIIConservación y tutela de bienes
Sección 1.ªDel inventario y registro de los bienes
- Art. 17Artículo 17Las Corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. Además se forman inventarios separados en dos casos: los bienes y derechos de entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones locales, y los de establecimientos con personalidad propia e independiente, estos últimos solo si su legítima representación corresponde a las Corporaciones locales.
- Art. 18Artículo 18En el inventario los bienes se reseñan por separado, según su naturaleza, en ocho epígrafes: 1.º inmuebles; 2.º derechos reales; 3.º muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico; 4.º valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal de la Corporación; 5.º vehículos; 6.º semovientes; 7.º muebles no comprendidos en los anteriores enunciados; 8.º bienes y derechos revertibles.
- Art. 19Artículo 19La reseña de los bienes en el inventario se hace con numeración correlativa por cada uno de ellos, dentro del respectivo epígrafe. A continuación de cada reseña se deja espacio en blanco para consignar dos cosas: las variaciones que se produzcan en el curso del ejercicio y la cancelación de los asientos.
- Art. 20Artículo 20El inventario de inmuebles expresa: nombre de la finca, si tiene alguno especial; naturaleza; situación; linderos; superficie; en los edificios, características, construcción y conservación; en las vías públicas, límites, longitud y anchura; aprovechamiento de las rústicas; dominio público o patrimonial; título; signatura registral, si fuere inscribible; destino y acuerdo; derechos reales a su favor y que lo graven; derechos personales; fecha de adquisición; costo, si fue onerosa, e inversiones y mejoras; valor en venta, y frutos y rentas.
- Art. 21Artículo 21El inventario de los derechos reales comprende ocho circunstancias: naturaleza; inmueble sobre el que recae; contenido del derecho; título de adquisición; signatura de la inscripción en el Registro de la Propiedad; costo de la adquisición, si hubiere sido onerosa; valor actual, y frutos y rentas que produzca.
- Art. 22Artículo 22El inventario de los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico expresa tres datos: la descripción, en forma que facilite su identificación; la indicación de la razón de su valor artístico, histórico o económico; y el lugar en que se encuentre situado junto con la persona bajo cuya responsabilidad se custodie.
- Art. 23Artículo 23El inventario de los valores mobiliarios contiene diez determinaciones: número de los títulos; clase; organismo o entidad emisora; serie y numeración; fecha de adquisición; precio de la misma; capital nominal; valor efectivo; frutos y rentas que produzcan, y lugar en que se encuentren depositados.
- Art. 24Artículo 24Al inventariar los créditos y derechos personales de la Corporación se expresan cinco datos: el concepto, el nombre del deudor, el valor, el título de adquisición y el vencimiento, este último solo en su caso.
- Art. 25Artículo 25El inventario de vehículos detalla siete datos: clase; tracción mecánica, animal o manual; matrícula; título de adquisición; destino; costo de adquisición, en su caso, y valor actual.
- Art. 26Artículo 26
- Art. 27Artículo 27Los bienes muebles no comprendidos en artículos anteriores también se inventarían, pero con una exigencia mínima: el inventario los describe sucintamente, en la medida necesaria para su individualización. El artículo no pide ningún otro dato de ellos.
- Art. 28Artículo 28Bajo el epígrafe «Bienes y derechos revertibles» se reseñan, con detalle suficiente y según su naturaleza, todos aquellos cuyo dominio o disfrute haya de revertir o consolidarse en la Entidad llegado cierto día o al cumplirse o no determinada condición, de modo que sirva de recordatorio constante a la Corporación. Se relacionan aquí, entre otros, los bienes cedidos por la Corporación condicionalmente o a plazo, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes municipales o provinciales.
- Art. 29Artículo 29Siempre que sea posible se levantan planos de planta y alzado de edificios, y parcelarios que determinen gráficamente la situación, lindero y superficie de los solares, parcelas no edificadas y fincas rústicas; en estas, con referencia a vértices de triángulos de tercer orden o topográficos o a puntos culminantes y fijos del terreno. En todo caso se obtienen fotografías, debidamente autenticadas, de los bienes muebles históricos, artísticos o de considerable valor económico.
- Art. 30Artículo 30Todos los documentos que refrenden los datos del inventario, y en especial los títulos de dominio, las actas de deslinde y valoración, los planos y las fotografías, se archivan con separación de la demás documentación municipal. Al inventariar cada bien se consigna, como último dato, la signatura del lugar del archivo en que obre la documentación correspondiente.
- Art. 31Artículo 31De los inventarios previstos en el artículo 17, párrafo segundo, queda en todo caso un ejemplar en la Entidad respectiva, otro en las oficinas de la Corporación y otro en poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, como adicional al General de la Entidad local correspondiente.
- Art. 32Artículo 32Los inventarios los autoriza el Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente, y una copia del inventario y de sus rectificaciones se remite a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. En las relaciones de bienes inventariables de las Entidades previstas en el artículo anterior, que sirven de base para formar el inventario general, la firma del Director o Administrador de la respectiva Entidad debe preceder a la del Secretario.
- Art. 33Artículo 33La rectificación del inventario se verifica anualmente y refleja las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. La comprobación se efectúa siempre que se renueve la Corporación; su resultado se consigna al final del documento, sin perjuicio de levantar acta adicional para deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su día, para los entrantes.
- Art. 34Artículo 34
- Art. 35Artículo 35En el libro de inventarios y balances se reflejan anualmente los bienes, derechos y acciones de la Entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo. Todo ello para determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico.
- Art. 36Artículo 36Las Corporaciones locales deben inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, conforme a la legislación hipotecaria. Basta la certificación que, con relación al inventario aprobado por la Corporación, expida el Secretario con el visto bueno del Presidente. Si no hay título inscribible de dominio, se está al artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 303 a 307 de su Reglamento. Los Registradores que conozcan bienes no inscritos debidamente se dirigen al Presidente, y sus honorarios se reducen a la mitad.
Sección 2.ªAdministración
- Art. 37Artículo 37Los valores mobiliarios se custodian en la caja de caudales, bajo la responsabilidad de los tres claveros. Cuando el Pleno de la Corporación lo acuerde, el depósito de valores mobiliarios puede efectuarse en establecimientos bancarios en los que tenga intervención el Estado. Los resguardos de esos depósitos se conservan en la Caja de la Entidad local.
- Art. 38Artículo 38Las Entidades locales pueden explotar los montes de su propiedad (es una facultad) y, además, realizan el servicio de conservación y fomento de esos montes. Tanto la explotación como la conservación y el fomento se ajustan a la legislación específica sobre montes y aprovechamientos forestales.
- Art. 39Artículo 39Corresponde a las Entidades locales la repoblación forestal, ordenación y mejora de sus montes, estén o no declarados de utilidad pública, con intervención del Estado o de la Comunidad Autónoma en planes y trabajos. Si precisan auxilio, pueden establecer acuerdos con ellos. Con montes despoblados en 100 hectáreas o más deben repoblar la cuarta parte de esa superficie. Si no lo hacen, a pesar de la colaboración, el Estado o la Comunidad Autónoma pueden repoblar por su cuenta, dando a la Entidad opción de adquirir el monte formado o reservándose una participación en las masas arbóreas.
- Art. 40Artículo 40La repoblación de los montes de las Entidades locales puede hacerse también mediante consorcio con particulares, sean o no vecinos del municipio y actúen individualmente o asociados. La iniciativa puede venir de la Entidad propietaria, de la Administración forestal o de los particulares. Los productos se reparten en las proporciones que se fijen, y la parte de la Entidad puede limitarse a lo que producían los terrenos antes de repoblar. El consorcio debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad; sin ello carece de eficacia.
- Art. 41Artículo 41El artículo no regula por sí mismo el aprovechamiento de la riqueza cinegética o piscícola: remite a dos bloques de normas, la legislación especial aplicable y la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales. Lo que hay que retener es que se aplican las dos.
- Art. 42Artículo 42Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las Corporaciones locales, al administrar su patrimonio, deben observar las normas que dicten los diversos órganos de la Administración Estatal o Autonómica, en materia de su competencia, para el mejor aprovechamiento o régimen de bosques, montes, terrenos cultivables u otros bienes, sea cual sea su naturaleza.
- Art. 43Artículo 43Las cuentas de administración del patrimonio pasan por tres momentos —se forman, se rinden y se fiscalizan— y los tres se rigen por lo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales. El artículo no fija un procedimiento propio: remite a esa legislación.
Sección 3.ªPrerrogativas de las Entidades locales respecto a sus bienes
- Art. 44Artículo 44Municipios, Provincias e Islas tienen en todo caso cuatro potestades sobre sus bienes: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. Las demás Entidades locales de carácter territorial solo las tienen si así lo prevén las leyes de las Comunidades Autónomas. Además, para defender su patrimonio y asegurar su adecuada utilización, las Corporaciones locales pueden establecer e imponer sanciones de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.
- Art. 45Artículo 45Las Corporaciones locales pueden investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad. La facultad tiene una condición: que esa propiedad no conste. Y tiene un fin expreso: determinar la titularidad de esos bienes y derechos.
- Art. 46Artículo 46La acción investigadora puede acordarse por dos vías. Primera, de oficio por la propia Corporación, en su caso a iniciativa de cualquier otra Administración que, en virtud de los deberes de información mutua y colaboración, le haga saber los hechos, actos o circunstancias que sirvan de base a la acción. Segunda, por denuncia de los particulares.
- Art. 47Artículo 47Para que se admita la denuncia de un particular, este debe anticipar el importe de los gastos en la cuantía que se estime necesaria, con un mínimo de 10.000 pesetas y un máximo de 100.000. La Corporación, por su parte, queda obligada a justificar detalladamente los gastos efectuados y a devolver, en su caso, el sobrante.
- Art. 48Artículo 48Una vez recibida la denuncia o la comunicación, y antes de acordar la apertura del expediente, se hace un estudio previo sobre la procedencia de ejercer la acción investigadora. El orden es: denuncia o comunicación, estudio previo y, solo después, acuerdo de apertura.
- Art. 49Artículo 49El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el del municipio, si existiera, expresando las características que permiten identificar el bien o derecho investigado. Un ejemplar de esos boletines se expone durante quince días en el tablón de anuncios de la Corporación en que radiquen los bienes. Del acuerdo se da traslado a la Administración Estatal y Autonómica para que, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar lo procedente.
- Art. 50Artículo 50Las personas afectadas por el expediente de investigación tienen un mes para alegar por escrito ante la Corporación cuanto estimen conveniente a su derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones. El mes se cuenta desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la Corporación. Además, los afectados que resulten conocidos e identificables han de ser notificados personalmente.
- Art. 51Artículo 51Transcurrido el término señalado en el artículo anterior se abre un período de prueba en el que se admiten tres elementos: documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con arreglo a derecho; reconocimiento y dictamen pericial; y declaración de testigos. Al libramiento de los testimonios y certificaciones que deban expedir los Notarios y Archiveros debe preceder el mandato judicial y la citación de los interesados o del Ministerio Fiscal, si fueran necesarios.
- Art. 52Artículo 52Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la Corporación, el expediente se pone de manifiesto durante diez días a las personas a quienes afecte la investigación y que hubieren comparecido en él. Dentro de ese mismo plazo de diez días pueden alegar lo que crean conveniente a su derecho.
- Art. 53Artículo 53El expediente de investigación lo resuelve el órgano competente de la Corporación, previo informe del Secretario. Si la resolución es favorable se procede a tres cosas: la tasación de la finca o derecho, su inclusión en el inventario y la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los derechos de la Corporación.
- Art. 54Artículo 54A quienes promuevan el ejercicio de la acción investigadora se les abona, como premio e indemnización de todos los gastos, el 10 por 100 del valor líquido que la Corporación obtenga de la enajenación de los bienes investigados. Si por cualquier causa la finca investigada no se vende, el premio se sustituye por el 10 por 100 del valor de tasación de la finca que conste en el expediente.
- Art. 55Artículo 55Las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión de la investigación practicada las conoce la jurisdicción ordinaria. Los afectados por la resolución del expediente de investigación pueden impugnarla en vía contencioso-administrativa. Los denunciantes, además, pueden recurrir en vía contencioso-administrativa los acuerdos que la Corporación adopte sobre garantías, premios e indemnizaciones.
- Art. 56Artículo 56Las Corporaciones locales pueden promover y ejecutar el deslinde entre los bienes de su pertenencia y los de los particulares en dos casos: cuando los límites aparezcan imprecisos o cuando existan indicios de usurpación. Por su parte, los dueños de terrenos colindantes con fincas de las Entidades locales, o enclavados dentro de ellas, pueden reclamar su deslinde.
- Art. 57Artículo 57El deslinde consiste en practicar las operaciones técnicas de comprobación y, en su caso, de rectificación de situaciones jurídicas plenamente acreditadas. Su objeto es delimitar la finca y declarar provisionalmente la posesión de hecho sobre ella. Una vez acordado, se comunica al Registro de la Propiedad correspondiente, si la finca está inscrita, para que se extienda nota del acuerdo al margen de la inscripción de dominio.
- Art. 58Artículo 58El expediente de deslinde se inicia mediante acuerdo, tomado previo examen de una Memoria que necesariamente debe referirse a: 1.º la justificación del deslinde propuesto; 2.º la descripción de la finca o fincas, con sus linderos generales, enclavados, colindancia y extensión perimetral y superficial; 3.º el título de propiedad y, en su caso, el certificado de inscripción en el Registro de la Propiedad y, especialmente, las informaciones posesorias practicadas y los actos de reconocimiento de la posesión en favor de la Entidad local.
- Art. 59Artículo 59De acuerdo con la Memoria se elabora un presupuesto de gastos de deslinde. Esos gastos corren, en su caso, a cuenta de los particulares promotores, y en ese supuesto debe constar expresamente en el expediente la conformidad de estos.
- Art. 60Artículo 60Una vez acordado el deslinde por la Corporación, el acuerdo se notifica a los dueños de las fincas colindantes y también, en su caso, a los titulares de otros derechos reales constituidos sobre esas fincas.
- Art. 61Artículo 61Sin perjuicio de la notificación, el deslinde se anuncia en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el «Boletín Oficial» del municipio y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con sesenta días de antelación a la fecha fijada para iniciar las operaciones. El anuncio debe contener necesariamente los datos necesarios para identificar cada finca y la fecha, hora y lugar en que haya de empezar.
- Art. 62Artículo 62Los interesados pueden presentar ante la Corporación cuantos documentos estimen conducentes a la prueba y defensa de sus derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones. Transcurrido ese plazo no se admite documento ni alegación alguna.
- Art. 63Artículo 63Desde el día en que vence el plazo de presentación hasta el día anterior al señalado para iniciar el deslinde, la Corporación acuerda lo pertinente respecto a los documentos y demás pruebas.
- Art. 64Artículo 64En la fecha señalada comienza el apeo, con un técnico con título facultativo adecuado y los prácticos que, en su caso, designe la Corporación. Consiste en fijar con precisión los linderos y extender el acta (lugar y hora de inicio, concurrentes, terreno, líneas perimetrales, situación y cabida aproximada, manifestaciones y hora de conclusión), que redacta el Secretario de la Corporación en el sitio y firman todos los reunidos. Si no acaba en una jornada, sigue sin nueva citación y con un acta por cada una. Al concluir se incorporan al expediente el acta o actas y un plano, a escala.
- Art. 65Artículo 65El acuerdo resolutorio de deslinde es ejecutivo y solo puede impugnarse en vía contencioso-administrativa. Ello no impide que quienes se estimen lesionados en sus derechos puedan hacerlos valer ante la jurisdicción ordinaria.
- Art. 66Artículo 66Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, no puede instarse procedimiento judicial con igual pretensión ni se admiten interdictos sobre el estado posesorio de las fincas mientras no se lleve a cabo dicho deslinde.
- Art. 67Artículo 67
- Art. 68Artículo 68Si la finca de la Corporación local a que se refiere el deslinde está inscrita en el Registro de la Propiedad, se inscribe igualmente el deslinde administrativo debidamente aprobado. Si no está inscrita, se inscribe previamente el título escrito adquisitivo o, a falta de este, las certificaciones previstas en el artículo 36 del Reglamento, y a continuación de ese asiento se inscribe el deslinde debidamente aprobado.
- Art. 69Artículo 69Las Corporaciones locales promoverán el deslinde de los montes públicos catalogados de su pertenencia, que se practica con arreglo a las disposiciones especiales que lo regulan. Salvo esa excepción, se rigen por este Reglamento para practicar el deslinde de sus fincas, cualquiera que sea la naturaleza y características de estas.
- Art. 70Artículo 70Las Corporaciones locales pueden recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier tiempo. Si son bienes patrimoniales, el plazo para recobrarlos es de un año, a contar del día siguiente de la fecha en que se produjo la usurpación; transcurrido ese tiempo procede la acción correspondiente ante los Tribunales ordinarios. No se admiten interdictos contra las actuaciones de los Agentes de la autoridad en esta materia.
- Art. 71Artículo 71El procedimiento de recuperación de la posesión puede iniciarse por las formas previstas en el artículo 46. La recuperación en vía administrativa requiere acuerdo previo de la Corporación, acompañado de los documentos acreditativos de la posesión, salvo que se trate de repeler usurpaciones recientes. El privilegio habilita para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos, sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial si tienen apariencia de delito. Para los montes públicos patrimoniales se está a la legislación especial.
- Art. 72Artículo 72Las Corporaciones locales pueden ejecutar en vía administrativa la investigación, el deslinde y la reivindicación de los bienes situados fuera del término de su jurisdicción. Lo hacen mediante exhorto a la Entidad en cuyo territorio radiquen, para que por su mediación se desarrollen los actos correspondientes.
- Art. 73Artículo 73
Capítulo IVDisfrute y aprovechamiento de los bienes
Sección 1.ªUtilización de los bienes de dominio público
- Art. 74Artículo 74La utilización de los bienes de dominio y uso público se rige por las disposiciones de esta sección. El uso de los bienes de servicio público se rige, ante todo, por el Reglamento de Servicios de las Entidades locales y subsidiariamente por el presente. El Reglamento de Servicios es también de preferente aplicación cuando la utilización de bienes de uso público sea solo la base necesaria para prestar un servicio público municipal o provincial.
- Art. 75Artículo 75En la utilización de los bienes de dominio público se distinguen: uso común, el que corresponde por igual a todos los ciudadanos indistintamente, sin que el uso de unos impida el de los demás, que es general si no concurren circunstancias singulares y especial si concurren por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier otra semejante; uso privativo, la ocupación de una porción del dominio público que limita o excluye la utilización por los demás; uso normal, el conforme con el destino principal del dominio público, y uso anormal, el que no lo es.
- Art. 76Artículo 76El uso común general de los bienes de dominio público se ejerce libremente, con arreglo a la naturaleza de los bienes, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones generales.
- Art. 77Artículo 77El uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujeta a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general. Las licencias se otorgan directamente, salvo que se limite su número: entonces, por licitación y, si no fuera posible porque todos los autorizados hubieran de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo. No son transmisibles las que se refieran a cualidades personales del sujeto o cuyo número esté limitado; las demás, según prevean las Ordenanzas.
- Art. 78Artículo 78Están sujetos a concesión administrativa dos usos de los bienes de dominio público: el uso privativo y el uso anormal. Las concesiones se otorgan previa licitación, con arreglo a los artículos siguientes y a la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales.
- Art. 79Artículo 79Ninguna concesión ni licencia puede otorgarse por tiempo indefinido. El plazo de duración máximo de las concesiones es de noventa y nueve años, a no ser que la normativa especial señale otro menor.
- Art. 80Artículo 80En toda concesión sobre dominio público constan, además de las cláusulas que se juzguen convenientes, trece: objeto y límites; obras e instalaciones; plazo improrrogable (sin perjuicio de la normativa especial); deberes y facultades; tarifas de servicios privados al público; subvención; canon con carácter de tasa; conservación; reversión o no; facultad de dejarla sin efecto por circunstancias sobrevenidas de interés público, con resarcimiento o sin él cuando no proceda; salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero; sanciones; y abandono de los bienes, con potestad de lanzamiento.
- Art. 81Artículo 81Son nulas las concesiones que se otorguen sin las formalidades establecidas en los artículos siguientes y, para lo no dispuesto por ellos, en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales.
- Art. 82Artículo 82Quien, por propia iniciativa, pretenda una ocupación privativa y normal de dominio público debe presentar una Memoria que explique la utilización y sus fines y que justifique su conveniencia y su normalidad respecto del destino del dominio que se vaya a utilizar. La Corporación examina la petición y, teniendo presente el interés público, la admite a trámite o la rechaza.
- Art. 83Artículo 83Admitida, en principio, la conveniencia de la ocupación, la Corporación encarga el proyecto a sus técnicos o convoca concurso de proyectos durante el plazo mínimo de un mes, en la forma de la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales. Si opta por el concurso, las bases pueden ofrecer: a) adquirir el proyecto mediante pago de cierta suma; b) «obligar al que resultare adjudicatario de la ejecución del proyecto o pagar el importe del mismo»; o c) derecho de tanteo sobre la adjudicación, a tenor del párrafo 2 del artículo 88.
- Art. 84Artículo 84El proyecto, lo redacte la Corporación o particulares, contiene, además de lo que determine aquella: memoria justificativa; planos de la situación, dimensiones y demás circunstancias de la porción de dominio público ocupada; planos de detalle de las obras, en su caso; valoración de la parte de dominio público que se ocupe, como si fueran bienes de propiedad privada; presupuesto; pliego de condiciones para la realización de las obras, en su caso; y pliego de condiciones de la concesión con arreglo al artículo 80.
- Art. 85Artículo 85Si se ha convocado concurso de proyectos, la Corporación elige, con arreglo a las bases del concurso, el proyecto que sea más conveniente a los intereses públicos, y puede introducir en él las modificaciones que considere oportunas.
- Art. 86Artículo 86Si el concurso otorga alguno de los beneficios de los apartados b) y c) del párrafo 2 del artículo 83, el proyecto elegido se tasa contradictoriamente por Peritos, uno nombrado por la Corporación y otro por el adjudicatario; la discordia la resuelve el Jurado Provincial de Expropiación. La tasación incluye los gastos materiales de redacción y los honorarios del facultativo (según tarifas o, en su defecto, uso y costumbre), incrementado por el interés legal desde la presentación, un 10 por 100 de beneficio y los gastos de tasación.
- Art. 87Artículo 87Aprobado el proyecto por la Corporación, se convoca licitación, en la que puede participar cualquier persona, además de los presentadores de proyectos. La garantía provisional es el 2 por 100 del valor del dominio ocupado y del presupuesto de las obras. Hay información pública durante treinta días. Si hay subvención, se licita ante todo sobre su rebaja; en otro caso o en igualdad, sobre la mejora del canon anual y, en empate, la reducción del plazo, o sobre el abaratamiento de las tarifas-tipos si son tarifables. Las propuestas van en plicas separadas, salvo licitación simultánea por puntos.
- Art. 88Artículo 88El peticionario inicial del artículo 82 tiene derecho de tanteo si participa en la licitación y entre su propuesta económica y la elegida no hay diferencia superior a un 10 por 100. El mismo derecho tiene, en iguales circunstancias, el titular del proyecto elegido en el concurso previo si las bases se lo otorgaron como premio. Se ejerce en el acto de apertura de plicas, que se prolonga treinta minutos después de la adjudicación provisional. Si lo usan ambos, se otorga a la propuesta más económica y, en empate, por pujas a la llana. En el acta consta si se usó o no.
- Art. 89Artículo 89La concesión la otorga el órgano competente de la Corporación. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación cuando la concesión dure más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
- Art. 90Artículo 90El adjudicatario constituye la garantía definitiva dentro de los quince días siguientes a la notificación: el 3 por 100 del valor del dominio público ocupado y, en su caso, del presupuesto de las obras. Si hay obras revertibles a la Entidad local, se devuelve cuando acredite tenerlas efectuadas por valor equivalente a la tercera parte de las comprendidas en la concesión. En quince días debe abonar el valor de tasación del proyecto si lo ordenan las bases o si obtuvo la adjudicación en virtud del párrafo 1, en relación con el 4, del artículo 88. Después se formaliza la concesión.
- Art. 91Artículo 91La ocupación anormal de bienes de dominio público sigue los artículos 80 a 89 con cuatro modificaciones: la Memoria de los artículos 82 y 84 debe justificar la conveniencia pública de la utilización respecto del uso normal del dominio; en la valoración del dominio se justifica también, por separado, el daño y perjuicio que la ocupación cause al uso normal; la garantía provisional es el 2 por 100 de esa valoración y del presupuesto de las obras, en su caso; y la garantía definitiva, el 5 por 100 sobre las mismas bases.
Sección 2.ªUtilización de los bienes patrimoniales
- Art. 92Artículo 92El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades locales se rige, en todo caso, en su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de contratación de las Entidades locales. Es necesaria la subasta siempre que la cesión dure más de cinco años o el precio estipulado exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto. En todo caso, el usuario paga un canon no inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes.
- Art. 93Artículo 93Las Corporaciones locales que, en fincas de su pertenencia, tengan cedidas viviendas a su personal por razón de los servicios que preste dan por terminada la ocupación cuando, previa instrucción de expediente, se acredite alguna de estas causas: dos años en excedencia voluntaria sin solicitar de forma inmediata el reingreso una vez transcurrido ese plazo; las que impliquen la extinción de la relación de empleo; o la extinción del título bajo el cual la Corporación tenía cedida la vivienda. La Corporación acuerda y ejecuta por sí misma el desahucio.
Sección 3.ªDel aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales
- Art. 94Artículo 94Los bienes comunales se aprovechan y disfrutan precisamente en régimen de explotación común o cultivo colectivo. Solo cuando ese disfrute sea impracticable se adopta una de dos formas: aprovechamiento peculiar, según costumbre o reglamentación local, o adjudicación por lotes o suertes. Si estas modalidades no resultan posibles, se acude a la adjudicación mediante precio.
- Art. 95Artículo 95Cada forma de aprovechamiento se ajusta, en su detalle, a las Ordenanzas locales o a las normas consuetudinarias tradicionalmente observadas, o a las que, cuando sea procedente, apruebe el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en cada caso, oído el Consejo de Estado o el órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiera.
- Art. 96Artículo 96La explotación común o cultivo colectivo implica el disfrute general y simultáneo de los bienes por quienes ostenten en cada momento la cualidad de vecino: lo disfrutan todos a la vez, y la condición de vecino se mira en cada momento.
- Art. 97Artículo 97Cuando el aprovechamiento de los bienes comunales se adjudica por lotes o suertes, el reparto entre los vecinos sigue dos criterios a la vez: proporción directa al número de personas que tengan a su cargo y proporción inversa a su situación económica.
- Art. 98Artículo 98La adjudicación mediante precio debe autorizarla el órgano competente de la Comunidad Autónoma y se hace por subasta pública, en la que los postores vecinos tienen preferencia sobre los no residentes en igualdad de condiciones. A falta de licitadores, se puede adjudicar de forma directa. El producto se destina a servicios en utilidad de quienes tuvieran derecho al aprovechamiento, y la Corporación no puede detraer más de un 5 por 100 del importe.
- Art. 99Artículo 99En casos extraordinarios, y previo acuerdo municipal adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, puede fijarse una cuota anual que pagan los vecinos por utilizar los lotes que se les adjudiquen. Su objeto es compensar estrictamente los gastos de custodia, conservación y administración de los bienes.
- Art. 100Artículo 100Los bienes comunales que, por su naturaleza o por otras causas, no hayan sido objeto de disfrute comunal durante más de diez años, aunque se haya producido algún acto aislado de aprovechamiento, pueden ser desprovistos del carácter de comunales por acuerdo de la Corporación. El acuerdo requiere información pública, voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros y posterior aprobación por la Comunidad Autónoma. Si resultan calificados como patrimoniales, deben arrendarse a quienes se comprometan a su aprovechamiento agrícola, con preferencia para los vecinos del municipio.
- Art. 101Artículo 101
- Art. 102Artículo 102La cesión del aprovechamiento de bienes comunales, sea cual sea el título por el que se haga, debe acordarla el Pleno de la Corporación, y el acuerdo necesita el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros.
- Art. 103Artículo 103El disfrute de los bienes comunales corresponde simultáneamente a los vecinos sin distinción de sexo, estado civil o edad, y también a los extranjeros domiciliados en el término municipal. Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que vinieran concediendo suertes o cortas de madera según costumbre u Ordenanzas tradicionales pueden exigir vinculación y arraigo o permanencia si esas condiciones y la cuantía máxima de las suertes se fijan en Ordenanzas especiales aprobadas por el órgano autonómico competente, oído el Consejo de Estado o el órgano consultivo superior autonómico, si existiera.
- Art. 104Artículo 104Cuando las Administraciones Públicas competentes en materia de reforma y desarrollo agrario adjudican bienes a las Corporaciones locales para destinarlos a usos o aprovechamiento de carácter comunal, las competencias municipales deben ejercitarse respetando las prescripciones específicas previstas en la legislación sectorial.
- Art. 105Artículo 105Si la Administración competente adquiere fincas para acoger poblaciones trasladadas como consecuencia de la ejecución de obras públicas, el producto de la enajenación o expropiación de los bienes municipales de todas clases que resulten afectados se aplica a los fines previstos en el párrafo 2 del artículo 96 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
- Art. 106Artículo 106Una parte de los bienes comunales puede acotarse para fines específicos, como enseñanza, recreo escolar, caza o auxilio a los vecinos necesitados. La extensión de esos cotos y su régimen jurídico peculiar deben ajustarse a las previsiones de la legislación sectorial aplicable.
- Art. 107Artículo 107Las Corporaciones locales pueden ejercer el derecho de tanteo en las subastas de pastos sobrantes de dehesas boyales y de montes comunales y patrimoniales, dentro de los cinco días siguientes al de la celebración de la licitación. Dos condiciones: que acuerden la adjudicación en la máxima postura ofrecida por los concurrentes y que sujeten a derrama o reparto vecinal la distribución del disfrute y el pago del remate.
- Art. 108Artículo 108En los bienes forestales que, circunstancialmente y para favorecer su restauración arbórea, admitan descuaje y roturación, puede autorizarse el aprovechamiento agrícola con tres condiciones: autorización temporal que logre la efectiva restauración y mejora arbórea del predio; cultivo directo por los autorizados o por quienes convivan con ellos en su domicilio; y que el aprovechamiento de una parcela por el mismo usufructuario no exceda de cinco años. Los autorizados deben hacer además las operaciones de mejora que determine la Administración forestal, de oficio o a instancia del Ayuntamiento.
Capítulo VEnajenación
- Art. 109Artículo 109Los inmuebles patrimoniales no pueden enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación; de toda enajenación de inmuebles se le da cuenta. Solo pueden cederse gratuitamente a Entidades o Instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal y a Instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, dando también cuenta a la autoridad autonómica competente.
- Art. 110Artículo 110La cesión gratuita exige acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros, previo expediente: a) justificación del carácter público del solicitante y Memoria; b) y c) certificaciones del Registro de la Propiedad y del Secretario sobre el inventario; d) informe del Interventor de no haber deuda pendiente; e) dictamen técnico de que los bienes no están en ningún plan ni se necesitarán en diez años; f) información pública de al menos quince días. Los solares para viviendas de protección oficial se ceden normalmente por permuta; si no cabe, la cesión gratuita no precisa el requisito d).
- Art. 111Artículo 111Si los bienes cedidos no se destinan al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión, o dejan de destinarse después, la cesión se considera resuelta y revierten a la Corporación local, que tiene derecho a percibir de la beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los bienes. Si el acuerdo no estipula otra cosa, los fines deben cumplirse en el plazo máximo de cinco años y el destino mantenerse durante los treinta años siguientes. Los bienes revierten con todas sus pertenencias y accesiones.
- Art. 112Artículo 112La preparación y adjudicación de las enajenaciones de bienes patrimoniales se rigen por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales. No hace falta subasta cuando se enajena mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla y que la diferencia de valor entre los bienes a permutar no supera el 40 por 100 del que lo tenga mayor.
- Art. 113Artículo 113Antes de iniciar los trámites conducentes a la enajenación de un inmueble hay que depurar su situación física y jurídica: se practica su deslinde si fuese necesario y se inscribe en el Registro de la Propiedad si no lo estuviese.
- Art. 114Artículo 114En cualquier supuesto, las enajenaciones de bienes cuyo valor exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto deben acordarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
- Art. 115Artículo 115Las parcelas sobrantes a que alude el artículo séptimo se enajenan por venta directa al propietario o propietarios colindantes, o se permutan con terrenos de estos. Si los colindantes son varios, la venta o permuta se hace de modo que las parcelas resultantes se ajusten al más racional criterio de ordenación del suelo, según dictamen técnico. Si algún propietario se niega a adquirir la parcela que le corresponda, la Corporación puede expropiarle su terreno del modo dispuesto para la regulación de solares, con dictamen técnico preceptivo en cada caso.
- Art. 116Artículo 116No implican enajenación ni gravamen las cesiones de parcelas del patrimonio municipal a vecinos jornaleros, aunque su disfrute dure más de diez años, ni las otorgadas a vecinos para plantar arbolado en terrenos no catalogados como de utilidad pública. Las acuerda el Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros. Los cesionarios se hacen, en su caso, dueños del arbolado y durante los cinco años primeros pueden acotar las parcelas plantadas; si la acotación perjudica aprovechamientos comunales y hay reclamaciones de vecinos, la cesión queda en suspenso hasta que el Pleno acuerde.
- Art. 117Artículo 117Para enajenar o gravar monumentos, edificios y objetos de índole artística o histórica hace falta un informe previo. Lo emite el órgano estatal o autonómico que sea competente de acuerdo con la legislación sobre patrimonio histórico y artístico. La exigencia alcanza tanto a las enajenaciones como a los gravámenes.
- Art. 118Artículo 118Antes de cualquier venta o permuta de bienes patrimoniales hay que contar con una valoración técnica de esos bienes. La valoración es requisito previo y debe acreditar de modo fehaciente su justiprecio. El artículo la exige para toda venta o permuta.
- Art. 119Artículo 119Cualquier falsedad o tergiversación sobre el carácter y la naturaleza jurídica de los bienes que se pretenda enajenar o permutar será punible con arreglo al Código Penal. El artículo se refiere a los bienes que se quieren enajenar o permutar y remite el castigo al Código Penal.
Título IIDel desahucio por vía administrativa
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- Art. 120Artículo 120La extinción de los derechos constituidos sobre bienes de dominio público o comunales de las Entidades locales, por autorización, concesión o cualquier otro título, y de las ocupaciones a que hubieren dado lugar, la efectúan las Corporaciones, en todo caso, por vía administrativa. Lo hacen ejerciendo sus facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho.
- Art. 121Artículo 121La expropiación forzosa de fincas rústicas o urbanas, terrenos o edificios extingue los arrendamientos y cualesquiera otros derechos personales relativos a su ocupación. Se entienden incluidas las expropiaciones de bienes que tengan por objeto realizar obras o establecer servicios públicos. Los titulares de los derechos de ocupación extinguidos serán desahuciados conforme a las normas del título.
- Art. 122Artículo 122La competencia y el procedimiento para disponer el desahucio, fijar la indemnización y llevar a cabo el lanzamiento tienen carácter administrativo y sumario. La competencia exclusiva de las Corporaciones locales impide la intervención de otros Organismos que no sean los previstos en el título y la admisión de acciones o recursos por los Tribunales ordinarios, excepto en los supuestos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa.
- Art. 123Artículo 123Desde el momento en que se acuerde la expropiación de la finca, la Corporación local se abstendrá de establecer o continuar con los ocupantes cualquier relación arrendaticia en forma expresa, y de iniciarla con quienes no tuvieran esa condición. Tampoco se podrán reconocer o convalidar de manera tácita situaciones de hecho creadas antes o después de comenzar la expropiación.
- Art. 124Artículo 124Para calificar como vivienda o local de negocio los departamentos que existan en los inmuebles expropiados se está a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Planteada formalmente la disconformidad sobre esa calificación, el interesado puede hacer valer sus derechos con los recursos que procedan en vía administrativa, pero esos recursos no suspenden la substanciación del expediente.
- Art. 125Artículo 125La fijación del importe de la indemnización se tramita simultáneamente con la expropiación del dominio del inmueble. El desalojo, salvo consentimiento del propietario, no puede efectuarse hasta que se haya abonado o depositado el valor del justiprecio. Excepcionalmente las Corporaciones locales pueden anticipar la fecha del desalojo; entonces quedan subrogadas en las obligaciones de los ocupantes respecto del propietario hasta que se efectúe la expropiación del derecho de este.
- Art. 126Artículo 126Para fijar la indemnización se intenta una avenencia: se requiere a los interesados o a sus representantes legales para que en quince días desde la notificación propongan cuantía y plazo de desalojo; si la Corporación considera atendible la proposición, se cumple como resulte aceptada. Cabe el mutuo acuerdo hasta que el Jurado de Expropiación decida el justo precio. Lo convenido no puede exceder del duplo de lo que resulte de los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 128. El requerimiento advierte de que la finca debe desalojarse en cinco meses desde la notificación.
- Art. 127Artículo 127
- Art. 128Artículo 128Fijada la indemnización, los ocupantes deben desalojar en el término que reste del plazo del párrafo 5 del artículo 126. Si transcurre sin fijarse, la Corporación puede ejecutar el desahucio previa consignación en la Caja de la Entidad local o en la General de Depósitos. Viviendas: un año de alquiler más un mes de renta (promedio de los últimos tres años) por cada anualidad o fracción de vigencia del contrato, todo con el 3 por 100 de afección. Local de negocio: se duplican esos porcentajes y, por daños y perjuicios, otra cantidad entre lo que resulte por el derecho arrendaticio y su doble.
- Art. 129Artículo 129Agotado el plazo para desocupar sin que se haya hecho, la Corporación deposita la indemnización, si estuviera fijada, en la Caja de la Entidad local o en la General de Depósitos; si no lo estuviera, consigna las cantidades procedentes según el párrafo 2 del artículo 128. Verificado el depósito, se requiere al interesado para que desaloje en diez días. Si la indemnización se fijó por avenencia, el incumplimiento del plazo de desalojo no impide a la Corporación ejecutar el desahucio previo depósito de la cantidad convenida.
- Art. 130Artículo 130Si quienes ocupan el inmueble expropiado, con título o sin él, no lo desalojan en plazo pese al requerimiento, la Corporación ejecuta por sí el desahucio por vía administrativa. Dentro de los ocho días siguientes a la expiración del plazo concedido, el Presidente de la Corporación apercibe de lanzamiento en el término de otros cinco. El día fijado, la Corporación lo ejecuta por sus propios medios: basta la orden escrita del Presidente, de la que se entrega copia al interesado.
- Art. 131Artículo 131Los gastos a que dé lugar el lanzamiento o el depósito de bienes son de cuenta del desahuciado. La Corporación retendrá los bienes que considere suficientes para atender al pago de los gastos de ejecución del desahucio y podrá enajenarlos por el procedimiento de apremio.
- Art. 132Artículo 132Los afectados por los procedimientos de expropiación y desahucio de las Corporaciones locales tienen todas las garantías judiciales que contempla la Ley de Expropiación Forzosa. El artículo se refiere a los dos procedimientos, expropiación y desahucio, y a todas esas garantías judiciales, no a una parte.
- Art. 133Artículo 133Las Corporaciones locales pueden expropiar los derechos de arrendamiento y cualesquiera otros personales relativos a la ocupación de bienes patrimoniales, para destinarlos a fines relacionados con obras o servicios públicos. Es título suficiente el acuerdo del Ayuntamiento Pleno o la Diputación Provincial, previo expediente que acredite la necesidad del predio, local o vivienda. Si la Corporación dispone de otros de características similares puede ofrecerlos a los desahuciados, sin indemnización, pero abonando, respecto a los locales, los daños y perjuicios.
- Art. 134Artículo 134Las Corporaciones locales pueden resolver, por sí y en vía administrativa, los contratos de arrendamiento y cualesquiera otros derechos personales constituidos en fincas de su pertenencia a favor de su personal por relación de los servicios que presten, en los casos a que se refiere el artículo 93. En ese supuesto no procede abonar indemnización alguna. El procedimiento de desahucio y lanzamiento se desarrolla a tenor de los artículos 130 a 132.
- Art. 135Artículo 135Las Corporaciones locales pueden resolver, por sí y en vía administrativa, los contratos de arrendamiento de viviendas de protección oficial de su propiedad. Pueden hacerlo en los casos y formas previstos en la legislación especial aplicable.