Tema 19 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026

Artículo 105

1. De conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para cumplir los fines de las entidades locales. 2. Se nutren de tributos propios, de las participaciones reconocidas en los tributos del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, y de los otros recursos que prevea la Ley.

Artículo 106

Las entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos conforme a la legislación estatal de Haciendas locales y a las Leyes autonómicas en los supuestos que aquella prevea. Su potestad reglamentaria tributaria se ejerce mediante Ordenanzas fiscales (de sus tributos propios) y Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección, y pueden dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias. La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios es competencia suya, sin perjuicio de delegaciones y fórmulas de colaboración.

Artículo 107

1. Las Ordenanzas fiscales de los tributos locales empiezan a aplicarse al publicarse definitivamente en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que ellas mismas señalen otra fecha. 2. Obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.

Artículo 108

Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y de los demás ingresos de Derecho Público de las entidades locales (prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias) se formula el recurso de reposición específico de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En los municipios del título X de esta ley ese recurso es potestativo.

Artículo 109

Las deudas entre el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y sus entidades de Derecho público dependientes y las Entidades Locales, o viceversa, pueden extinguirse total o parcialmente por compensación si son vencidas, líquidas y exigibles, conforme a la normativa de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública. Igual cabe con las deudas de derecho público entre las Comunidades Autónomas y sus entidades dependientes y las entidades o sociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las Entidades Locales.

Artículo 110

1. El Pleno de la Corporación declara la nulidad de pleno derecho y revisa los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y por el procedimiento de los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 2. En los demás casos, las entidades locales no pueden anular sus propios actos declarativos de derechos: su revisión exige la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Artículo 111

Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, y las modificaciones de las Ordenanzas fiscales, se aprueban, publican y entran en vigor conforme a las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales. No se les aplica lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la propia Ley 7/1985.

Artículo 112

Las entidades locales aprueban cada año un presupuesto único con las obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos previstos del ejercicio. Coincide con el año natural e integra el de la entidad y los de sus organismos y empresas dependientes. El Estado fija su estructura. Tras la aprobación inicial se expone al público para reclamaciones; el definitivo se inserta en el Boletín de la Corporación, si lo tuviera, y resumido en el de la Provincia. El Pleno lo aprueba definitivamente antes del 31 de diciembre del año anterior; si no, se prorroga automáticamente el anterior.

Artículo 113

Contra los actos que ponen fin a las reclamaciones sobre acuerdos de las Corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo. El Tribunal de Cuentas debe informar siempre que la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. Ni ese recurso ni las reclamaciones de los artículos 49, 108 y 112.3 suspenden por sí solos la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Artículo 114

Todas las entidades locales quedan sometidas al régimen de contabilidad pública. El plan de cuentas de las entidades locales lo establece, con carácter general, la Administración del Estado.

Artículo 115

La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica que lo regula y sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en ella.

Artículo 116

Las cuentas anuales se someten antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, formada por miembros de los distintos grupos políticos de la Corporación. Antes de que las apruebe el Pleno, se someten a información pública para que puedan formularse reclamaciones, reparos u observaciones. Además, puede denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas.

Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero

Si una corporación incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de deuda pública o la regla de gasto, su plan económico-financiero incluirá al menos: supresión de competencias distintas de las propias y delegadas; gestión integrada o coordinada de servicios obligatorios; incremento de ingresos; racionalización organizativa; supresión de entidades inferiores al municipio incumplidoras o cuyo período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el máximo, y propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios

Todas las Entidades Locales calculan antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes del ejercicio inmediato anterior. El cálculo tiene en cuenta los costes reales directos e indirectos; los criterios se desarrollan por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los costes se comunican a ese Ministerio para su publicación.

Artículo 1

Las normas del Real Decreto se aplican, en los términos que en cada caso se establecen, a tres clases de sujetos: a) las Entidades locales a que se refiere el artículo 3.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; b) los Organismos autónomos dependientes de aquéllas; y c) las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca total o mayoritariamente a la Entidad local.

Artículo 2

Los Presupuestos Generales de las Entidades locales son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de: a) las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio; b) las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local correspondiente.

Artículo 3

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A ese ejercicio se imputan: a) los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que se deriven; y b) las obligaciones reconocidas durante el mismo.

Artículo 4

Artículo 5

Las Entidades locales elaboran y aprueban anualmente un Presupuesto General, en el que se integran: a) el Presupuesto de la propia Entidad; b) los de los Organismos autónomos dependientes de la misma; y c) los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local.

Artículo 6

En el Presupuesto de la propia Entidad se integran los créditos de tres clases de órganos: sus Órganos centralizados, sus Órganos territoriales de gestión desconcentrada y aquellos Órganos desconcentrados para la gestión de los servicios que carezcan de personalidad jurídica propia.

Artículo 7

Los Organismos autónomos de las Entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en dos clases: a) de carácter administrativo; b) de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. Las normas de creación de cada Organismo autónomo deben indicar expresamente su carácter, atendiendo a la naturaleza de las actividades que vaya a desarrollar.

Artículo 8

Para cada uno de los presupuestos que se integren en él, el Presupuesto General contiene: a) los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones; b) los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Artículo 9

El Presupuesto General incluye las bases de ejecución, que adaptan cada ejercicio las disposiciones generales presupuestarias a la Entidad y sus Organismos autónomos, sin modificar lo legislado para la administración económica. Regulan, entre otras: vinculación jurídica, créditos ampliables (relación expresa y taxativa), transferencias y quién las autoriza, ampliación, generación e incorporación de remanentes, ejecución, desconcentraciones o delegaciones, justificantes, subvenciones, acumulación de fases, pagos a justificar, caja fija y gastos plurianuales. Pueden remitirse a normas del Pleno.

Artículo 10

Los recursos de la Entidad local y de cada uno de sus Organismos autónomos y Sociedades mercantiles se destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo los ingresos específicos afectados a fines determinados. Solo pueden afectarse a fines determinados los recursos que, por su naturaleza o condiciones específicas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar, salvo en los supuestos expresamente establecidos en las Leyes.

Artículo 11

Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplican a los Presupuestos por su importe íntegro. Queda prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por Tribunal o Autoridad competente.

Artículo 12

Se unen como anexos al Presupuesto General: a) los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad local; b) el estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos autónomos y Sociedades mercantiles; c) los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro años, puedan formular los municipios y demás Entidades locales de ámbito supramunicipal.

Artículo 13

Los anexos de las letras a) y b) del artículo anterior se confeccionan teniendo en cuenta los artículos 114 a 118. El de la letra c) se coordina, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico y recoge la totalidad de los proyectos de inversión previstos. Cada proyecto lleva un código inalterable hasta su finalización y especifica, como mínimo: código, denominación, años de inicio y finalización previstos, importe total previsto, anualidad de cada uno de los cuatro ejercicios, tipo de financiación, previsible vinculación de los créditos y órgano gestor.

Artículo 14

Los programas de financiación completan los planes de inversión y contienen tres cosas: la inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios; los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en esos ejercicios, más una proyección del resto de los ingresos previstos en el período; y las operaciones de crédito necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.

Artículo 15

De los Planes de Inversión y de sus programas de financiación se da cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación, y se hace coincidiendo con la aprobación del Presupuesto. Además, deben ser objeto de revisión anual, y en cada revisión se añade un nuevo ejercicio a sus previsiones.

Artículo 16

Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General debe aprobarse sin déficit inicial. Además, ninguno puede presentar déficit a lo largo del ejercicio: por eso, todo incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos debe compensarse en el mismo acto en que se acuerde.

Artículo 17

Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda establecer con carácter general la estructura de los Presupuestos de las Entidades locales. Lo hace de acuerdo con los criterios del artículo 148 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades u objetivos que con los gastos se propongan conseguir.

Artículo 18

El Presidente forma el presupuesto de la Entidad y le une: memoria, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses) suscritos por el Interventor, anexo de personal, anexo de inversiones e informe económico-financiero. Organismos autónomos y Sociedades mercantiles remiten lo suyo antes del 15 de septiembre. El Presupuesto General, informado por la Intervención (estudio no inferior a diez días; informe antes del 10 de octubre), va al Pleno antes del 15 de octubre para su aprobación inicial, enmienda o devolución. El acuerdo de aprobación es único.

Artículo 19

El anexo de inversiones, integrado en su caso en el plan cuatrienal, recoge la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio. Para cada proyecto debe especificar siete datos: código de identificación, denominación, año de inicio y año de finalización previstos, importe de la anualidad, tipo de financiación (si se financia con recursos generales o con ingresos afectados), vinculación de los créditos asignados y órgano encargado de su gestión.

Artículo 20

La aprobación provisional se anuncia en el «Boletín Oficial» de la provincia o de la Comunidad Autónoma Uniprovincial y abre quince días hábiles para examinar y reclamar ante el Pleno. Sin reclamaciones, queda definitivamente aprobado; si las hay, el Pleno tiene un mes para resolverlas, y las no resueltas en la aprobación definitiva se consideran denegadas. La aprobación definitiva ha de ser antes del 31 de diciembre del año anterior. Se publica, se remite copia a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda y entra en vigor una vez publicado.

Artículo 21

Si al iniciarse el ejercicio no ha entrado en vigor el Presupuesto, se prorroga automáticamente el anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo. No se prorrogan las modificaciones de crédito ni los créditos de servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o financiados con ingresos específicos o afectados de ese ejercicio. Los ajustes se imputan por resolución motivada del Presidente, previo informe del Interventor. El Presupuesto definitivo se aprueba con efectos de 1 de enero y sus créditos son créditos iniciales.

Artículo 22

Son interesados para reclamar: los habitantes en el territorio de la Entidad local; los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en él; y los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas, cuando actúen en defensa de los intereses que les son propios. Solo cabe reclamar por tres motivos: no ajustarse la elaboración y aprobación a los trámites legales; omitir el crédito necesario para obligaciones exigibles; y manifiesta insuficiencia de los ingresos respecto a los gastos o de estos respecto a las necesidades.

Artículo 23

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos de las normas de esa jurisdicción. Si la impugnación afecta o se refiere a nivelación presupuestaria, el Tribunal de Cuentas, a requerimiento del Órgano judicial, debe informar antes de que se resuelva el recurso. La interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado.

Artículo 24

Los créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que fueron autorizados. Esa autorización puede venir de dos sitios: del Presupuesto General de la Entidad local o de sus modificaciones debidamente aprobadas.

Artículo 25

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. No pueden adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos: los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que lo infrinjan son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de ese límite se verifica al nivel en que se establezca en cada caso la vinculación jurídica de los créditos.

Artículo 26

Regla: con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto solo pueden contraerse obligaciones por adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos realizados en el año natural del propio ejercicio presupuestario. Excepciones, que se aplican al Presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento: atrasos a favor del personal; compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores (en el supuesto del artículo 47.5, previa incorporación de los créditos), y las obligaciones de ejercicios anteriores del artículo 60.2.

Artículo 27

Con carácter general, los niveles de vinculación jurídica de los créditos son los que establezca en cada momento la legislación presupuestaria del Estado. Regla especial: los créditos que se declaren ampliables conforme al artículo 9.2, d), son vinculantes al nivel de desagregación con que figuren en los estados de gastos del Presupuesto.

Artículo 28

Las bases de ejecución del Presupuesto pueden establecer la vinculación de los créditos para gastos en los niveles de desarrollo funcional y económico que la Entidad local considere necesarios para su adecuada gestión. También pueden establecer el carácter vinculante de los créditos en función de la clasificación orgánica, pero solo en las Entidades locales que hagan uso de la facultad del artículo 148.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 29

Las Entidades locales que hagan uso de la facultad del apartado 1 del artículo anterior deben respetar, en todo caso, dos limitaciones en cuanto a los niveles de vinculación: respecto de la clasificación funcional, el grupo de función; respecto de la clasificación económica, el capítulo.

Artículo 30

Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos y los procedentes de las modificaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 34 pueden encontrarse, con carácter general, en tres situaciones: créditos disponibles, créditos retenidos pendientes de utilización y créditos no disponibles. En principio, todos los créditos para gastos se encuentran en la situación de créditos disponibles.

Artículo 31

Retención de crédito es el acto por el que se expide, respecto de una partida presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, y que produce por el mismo importe una reserva para ese gasto o transferencia. La suficiencia del saldo se verifica en todo caso al nivel de la vinculación jurídica del crédito; en las retenciones para transferencias de créditos a otras partidas, además, al nivel de la propia partida contra la que se certifique.

Artículo 32

Los Órganos o Unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y sean responsables de los programas de gasto pueden solicitar las certificaciones de existencia de crédito pertinentes para tramitar los expedientes de gasto. En todo expediente de transferencia de crédito es requisito indispensable la previa certificación de la existencia de crédito suficiente en la partida presupuestaria que deba ceder crédito. La expedición de las certificaciones corresponde al Interventor.

Artículo 33

La no disponibilidad de crédito deriva del acto que inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo no susceptible de utilización. No supone la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no pueden acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, y su importe no puede incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente. Tanto la declaración de no disponibilidad como la reposición a disponible corresponden al Pleno de la Entidad.

Artículo 34

Las modificaciones de crédito que pueden realizarse en los presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos autónomos son siete: créditos extraordinarios, suplementos de créditos, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito, generación de créditos por ingresos, incorporación de remanentes de crédito y bajas por anulación.

Artículo 35

Define dos modificaciones del Presupuesto de gastos. Crédito extraordinario: asigna crédito para un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito. Suplemento de crédito: concurren las mismas circunstancias en el gasto a realizar, pero el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

Artículo 36

Créditos extraordinarios y suplementos se financian con: Remanente Líquido de Tesorería; nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados; y anulaciones o bajas de créditos no comprometidos reducibles sin perturbar el servicio. Para gastos de inversión, además, operaciones de crédito. Para gastos corrientes necesarios y urgentes, operaciones de crédito si el Pleno reconoce la insuficiencia de otros medios y, a la vez: importe anual no superior al 5 por 100 de los recursos corrientes, carga financiera total no superior al 25 por 100 y cancelación antes de renovarse la Corporación.

Artículo 37

Los expedientes de crédito extraordinario y suplemento se incoan por orden del Presidente de la Corporación (o de los órganos competentes de sus Organismos autónomos) en las unidades que gestionan los créditos o son responsables de los programas. La propuesta lleva una Memoria justificativa que precisa clase de modificación, partidas afectadas y medios de financiación, y acredita los extremos de las letras a) a d). La inexistencia o insuficiencia de crédito se verifica en el nivel de la vinculación jurídica. Previo informe de la Intervención, el Presidente la somete al Pleno.

Artículo 38

El Pleno aprueba estos expedientes con los trámites y requisitos de los Presupuestos, y deben ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen. Se aplican las normas de información, reclamaciones y publicidad de los Presupuestos (artículos 20 y 22) y las de recursos contencioso-administrativos (artículo 23). En casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, de excepcional interés general, los Acuerdos son inmediatamente ejecutivos; las reclamaciones se sustancian en los ocho días siguientes a su presentación y se entienden denegadas si no se notifica en ese plazo.

Artículo 39

La ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que aumenta el crédito en alguna de las partidas ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución, en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito. Solo pueden declararse ampliables las partidas de gastos financiados con recursos expresamente afectados. El expediente, cuya tramitación regulan las Bases, especifica los recursos que financian el mayor gasto y lo acredita con el reconocimiento en firme de mayores derechos afectados al crédito.

Artículo 40

La transferencia de crédito es la modificación del Presupuesto de gastos por la que, sin alterar su cuantía total, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Las Bases de Ejecución del Presupuesto deben establecer su régimen y el órgano competente para autorizarlas en cada caso. En todo caso, las transferencias entre distintos grupos de función las aprueba el Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Artículo 41

Las transferencias de crédito de cualquier clase tienen tres limitaciones: no afectan a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio; no pueden minorar los créditos incrementados con suplementos o transferencias (salvo créditos de personal) ni los incorporados por remanentes no comprometidos de Presupuestos cerrados; y no incrementan créditos minorados por otras transferencias (salvo créditos de personal). No rigen para los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni para las reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Artículo 42

Cuando los expedientes de transferencia de crédito sean aprobados por el Pleno, se les aplican las normas sobre información, reclamaciones y publicidad previstas para la aprobación de los presupuestos de la Entidad (artículos 20 y 22). En esos mismos casos se aplican también las normas sobre régimen de recursos contencioso-administrativos contra los presupuestos de la Entidad (artículo 23).

Artículo 43

Pueden generar crédito en los estados de gastos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de: aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o sus Organismos autónomos, gastos comprendidos en sus fines u objetivos; enajenaciones de bienes; prestación de servicios; reembolsos de préstamos; y reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa partida. La tramitación se regula en las bases de ejecución del presupuesto.

Artículo 44

Requisito indispensable para generar crédito: en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo anterior, el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación; en los de los apartados c) y d), el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de los créditos queda condicionada a la efectiva recaudación de los derechos; en los reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

Artículo 45

El compromiso firme de ingreso es el acto por el que cualesquiera Entes o personas públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad local, a financiar total o parcialmente un gasto determinado, de forma pura o condicionada. Cumplidas por la Entidad local o el Organismo autónomo las obligaciones que, en su caso, hubiese asumido en el acuerdo, da lugar a un derecho de cobro exigible. Las Entidades locales y sus Organismos autónomos pueden generar crédito hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación.

Artículo 46

Se pueden formalizar compromisos firmes de aportación que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se conciertan. Esos compromisos de ingreso se contabilizan de forma adecuada e independiente, y los recursos se imputan secuencialmente al presupuesto de ingresos del año en que deban hacerse efectivos.

Artículo 47

Son incorporables al ejercicio siguiente los remanentes de: a) créditos extraordinarios, suplementos y transferencias del último trimestre; b) los que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior; c) operaciones de capital; d) créditos autorizados según la efectiva recaudación de derechos afectados. No: los declarados no disponibles ni los ya incorporados en el ejercicio precedente. Tramitación: bases de ejecución. Se aplican solo en ese ejercicio y, en a), a los mismos gastos. Los de proyectos con ingresos afectados se incorporan obligatoriamente, salvo desistimiento o imposibilidad.

Artículo 48

La incorporación de remanentes de crédito queda subordinada a que existan suficientes recursos financieros. Lo son: a) el remanente líquido de Tesorería y b) nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. Para gastos con financiación afectada son recursos suficientes: preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar; en su defecto, los recursos genéricos anteriores, por la parte del gasto financiable con recursos no afectados.

Artículo 49

La baja por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. La aprobación de las bajas por anulación de créditos corresponde al Pleno de la Entidad.

Artículo 50

Cualquier crédito del presupuesto de gastos puede darse de baja por anulación, con un límite y una condición: hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito y siempre que la dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.

Artículo 51

Tres supuestos pueden dar lugar a una baja de créditos: a) la financiación de remanentes de tesorería negativos; b) la financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito; y c) la ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad local.

Artículo 52

La gestión de los presupuestos de gastos de las Entidades locales y de sus Organismos autónomos se realiza en cuatro fases: a) autorización del gasto; b) disposición o compromiso del gasto; c) reconocimiento y liquidación de la obligación; y d) ordenación del pago.

Artículo 53

Las Entidades locales establecen en las bases de ejecución del presupuesto las normas que regulan el procedimiento de ejecución de los presupuestos de gastos, en el marco definido por las leyes. Además, el Pleno de la Entidad local puede aprobar Reglamentos o Normas generales que desarrollen los procedimientos de ejecución del presupuesto; en ese caso no hace falta reiterar dichas normas en las bases de ejecución: basta una remisión expresa a ellas.

Artículo 54

La autorización es el acto por el que se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, pero no implica relaciones con terceros externos a la Entidad local.

Artículo 55

Dentro del importe de los créditos presupuestados, la autorización de los gastos corresponde al Presidente o al Pleno de la Entidad, o a los órganos facultados para ello en los Estatutos de los Organismos autónomos, de conformidad con la normativa vigente. Las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio recogen las delegaciones o desconcentraciones efectuadas en materia de autorización de gastos; si tienen carácter permanente, basta una remisión expresa a ellas.

Artículo 56

La disposición o compromiso es el acto por el que se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados por un importe exactamente determinado. Tiene relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Entidad local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

Artículo 57

Dentro del importe de los créditos autorizados, la disposición de los gastos corresponde al Presidente o al Pleno de la Entidad o, en los Organismos autónomos dependientes, al Órgano facultado para ello en sus Estatutos, de conformidad con la normativa vigente. Las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio recogerán las delegaciones o desconcentraciones efectuadas en materia de disposición o compromiso de gastos; si tienen carácter permanente, bastará una remisión expresa a ellas.

Artículo 58

Define el reconocimiento y liquidación de la obligación: es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido. Tres datos que retener: se declara la existencia de un crédito, ese crédito es exigible contra la Entidad y deriva de un gasto autorizado y comprometido.

Artículo 59

Antes de reconocer las obligaciones ha de acreditarse documentalmente ante el Órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto. Las Entidades locales establecen en las bases de ejecución del presupuesto los documentos y requisitos que, según el tipo de gastos, justifican el reconocimiento, y también la forma en que los perceptores de subvenciones acreditan estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad y justifican la aplicación de los fondos recibidos.

Artículo 60

El reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos corresponde al Presidente de la Entidad local o, en los Organismos autónomos dependientes, al Órgano facultado estatutariamente. Al Pleno de la Entidad corresponde el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera. Las bases de ejecución de cada ejercicio recogerán las delegaciones o desconcentraciones en esta materia; si son permanentes, bastará una remisión expresa.

Artículo 61

Define la ordenación del pago: es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad. Cuatro datos que retener: quién actúa (el ordenador de pagos), sobre qué base (una obligación reconocida y liquidada), qué hace (expide la orden de pago) y contra quién (la Tesorería de la Entidad).

Artículo 62

Las funciones de la ordenación de pagos competen al Presidente de la Entidad local o, en los Organismos autónomos dependientes, al Órgano que tenga estatutariamente atribuida la función. El Presidente de la Entidad local podrá delegar el ejercicio de esas funciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 y 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 63

El Pleno de la Entidad local, a propuesta del Presidente, podrá crear una Unidad de Ordenación de Pagos. Esa Unidad ejerce las funciones administrativas de la ordenación de pagos y lo hace bajo la superior autoridad del Presidente. Datos que retener: crea el Pleno, propone el Presidente, la creación es potestativa («podrá») y las funciones que ejerce son las administrativas de la ordenación de pagos.

Artículo 64

El Pleno de las Entidades de más de 500.000 habitantes de derecho, a propuesta del Presidente, podrá crear una Unidad Central de Tesorería que, bajo la superior autoridad del Presidente, ejerza las funciones de la Ordenación de Pagos. Datos que retener: el umbral (más de 500.000 habitantes de derecho), quién crea (el Pleno), quién propone (el Presidente) y que la creación es potestativa («podrá»).

Artículo 65

La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que establezca, con la periodicidad y vigencia que el propio plan determine, el Presidente de la Entidad o, en los Organismos autónomos dependientes, el órgano competente facultado para ello. El plan considerará los factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Artículo 66

La ordenación se materializa en relaciones de órdenes de pago que recogen, como mínimo y para cada obligación, sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias. También puede ordenarse el pago individualmente. Si obligaciones y órdenes se imputan a las mismas partidas y son compromisos de igual naturaleza, acreedores e importes podrán ir en relaciones adicionales y pagarse por transferencia: figura como perceptor el Banco o Entidad financiera colaboradora, con la misma eficacia que las órdenes singularizadas.

Artículo 67

Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos enumeradas en el artículo 52. Los casos que el artículo enumera son dos: autorización-disposición y autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. El acto que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

Artículo 68

Las Entidades locales deben fijar en las bases de ejecución del presupuesto los supuestos en que se acumulan varias fases en un solo acto administrativo, atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa. En cualquier caso, el Órgano o la Autoridad que adopte el acuerdo ha de tener competencia, originaria, delegada o desconcentrada, para acordar todas y cada una de las fases incluidas.

Artículo 69

Son «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se pueden acompañar en el momento de su expedición. Se expiden en base a resolución de la Autoridad competente para autorizar el gasto y se aplican a los correspondientes créditos presupuestarios. Su expedición ha de acomodarse al plan de disposición de Fondos de la Tesorería que establezca el Presidente de la Entidad, salvo para paliar acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

Artículo 70

Los perceptores de órdenes de pago «a justificar» deben justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses, contado desde la percepción de los correspondientes fondos. Además, están sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente y deben reintegrar a la Entidad Local las cantidades no invertidas o no justificadas.

Artículo 71

No se pueden expedir nuevas órdenes de pago «a justificar», por los mismos conceptos presupuestarios, a los perceptores que tengan en su poder fondos pendientes de justificación. La prohibición se refiere a nuevas órdenes por los mismos conceptos presupuestarios y a perceptores con fondos todavía sin justificar.

Artículo 72

Las Entidades locales podrán establecer en las bases de ejecución del Presupuesto, previo informe de la Intervención, las normas sobre expedición de órdenes de pago a justificar y su justificación posterior. Esas normas deben determinar necesariamente: forma de expedición y ejecución; situación y disposición de los fondos; pagos con fondos «a justificar»; contabilidad y control; límites cuantitativos; conceptos presupuestarios aplicables y régimen de las justificaciones. También cabe regularlo en los reglamentos o normas generales de ejecución del Presupuesto.

Artículo 73

Para atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo (dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y similares), los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija: provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente a pagadurías, cajas y habilitaciones. Se realizan en base a resolución de la Autoridad competente para autorizar los pagos y se aplican inicialmente a un concepto no presupuestario. Su cuantía global no puede exceder de la que fije el Pleno de la Entidad.

Artículo 74

Los cajeros, pagadores y habilitados que reciban anticipos de caja fija rinden cuentas a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen reponer fondos, según las normas del Pleno de la Entidad. Las órdenes de pago de reposición se expiden con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan y por el importe justificado, previa presentación y aprobación de las cuentas por la Autoridad competente. Los fondos no invertidos en fin de ejercicio se utilizan en el nuevo para las mismas atenciones. Al menos en el mes de diciembre de cada año han de rendirse cuentas.

Artículo 75

Las Entidades Locales podrán establecer en las bases de ejecución del Presupuesto, previo informe de la Intervención, las normas que regulen los anticipos de caja fija. Esas normas deben determinar necesariamente: partidas presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija, límites cuantitativos, régimen de reposiciones, situación y disposición de los fondos, y contabilidad y control. También pueden incluir esta regulación en los reglamentos o normas generales de ejecución del Presupuesto.

Artículo 76

Artículo 77

Son reintegros de Presupuesto corriente aquellos en los que el reconocimiento de la obligación, el pago material y el reintegro se producen en el mismo ejercicio presupuestario. Son reintegros de ejercicios cerrados los que se producen en ejercicio distinto de aquel en que se reconoció la obligación.

Artículo 78

El artículo fija el destino de los reintegros según su clase. Los reintegros de Presupuesto corriente podrán reponer crédito en la correspondiente cuantía. Los reintegros de ejercicios cerrados constituyen un recurso del Presupuesto de ingresos de la Entidad local.

Artículo 79

Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. La autorización y el compromiso de estos gastos se subordinan al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos.

Artículo 80

Pueden adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual si se cumplen dos condiciones a la vez: que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que el gasto esté en alguno de estos casos: a) inversiones y transferencias de capital; b) contratos de suministros, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras, de mantenimiento y de arrendamiento de equipos que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año; c) arrendamiento de bienes inmuebles; d) cargas financieras de las deudas de la Entidad local.

Artículo 81

Pone tope al número de ejercicios posteriores a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) y b) del artículo anterior: no será superior a cuatro. El artículo solo menciona esos dos apartados. El texto cita el artículo 155.3 de la LRHL.

Artículo 82

En inversiones y transferencias de capital, el gasto imputado a cada ejercicio futuro autorizado no puede exceder de aplicar al crédito inicial del año en que se adquiera el compromiso en firme: el 70 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por 100 en el segundo y el 50 por 100 en el tercer y cuarto. El Pleno puede acordar que los límites se calculen sobre el crédito extraordinario, o sobre el crédito inicial más el suplemento, e incrementarlos en créditos modificados por reorganizaciones administrativas que él apruebe. Se aplican según los niveles de vinculación jurídica.

Artículo 83

Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, para los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del Presupuesto pueden adquirirse compromisos de gastos plurianuales hasta el importe que se determine para cada anualidad. Si los créditos están destinados en parte a anualidades de proyectos de inversión iniciados en ejercicios anteriores, los límites se calculan una vez deducidas esas anualidades, salvo que el compromiso anterior se refiera a la ejecución de la última de las anualidades autorizadas.

Artículo 84

En casos excepcionales, el Pleno de la Entidad puede ampliar el número de anualidades y elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 82. Además, a los efectos de facilitar su cálculo, el Pleno puede fijar directamente el importe de los nuevos límites. El texto cita el artículo 155.5 de la LRHL.

Artículo 85

La gestión de los gastos de carácter plurianual se realiza en dos fases: a) autorización del gasto y b) disposición o compromiso del gasto. Su contenido y definición es el mismo que el de sus correlativas fases de ejecución en el ejercicio corriente y, con carácter general, serán simultáneas a éstas. Las fases de autorización y disposición pueden acumularse en un solo acto administrativo.

Artículo 86

Antes de la autorización de gastos con imputación a ejercicios futuros, el Interventor debe certificar que no se superan los límites cuantitativos regulados en el artículo 82 y, en su caso, en el 84. Tres datos: quién (el Interventor), cuándo (previamente a la autorización) y qué (certificar que no se superan los límites).

Artículo 87

Las certificaciones, autorizaciones y compromisos de gasto a que hacen referencia los artículos de esta Sección serán objeto de una adecuada e independiente contabilización. Son tres clases de actos y dos adjetivos: adecuada e independiente. El texto cita el artículo 155.6 de la LRHL.

Artículo 88

La autorización y disposición de los gastos plurianuales corresponde al Pleno de la Entidad. El Pleno puede delegar dicha competencia de acuerdo con la normativa vigente. Dos datos: el órgano competente es el Pleno y la competencia es delegable.

Artículo 89

El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad local y de los Organismos autónomos de ella dependientes se efectúa, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural. Los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deben confeccionarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Artículo 90

La aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos autónomos de ella dependientes corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención. De la liquidación de cada uno de esos Presupuestos, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Artículo 91

Las Entidades locales remiten copia de la liquidación de sus Presupuestos antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Los destinatarios son dos: la Comunidad Autónoma y el Centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que el propio Ministerio determine.

Artículo 92

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 163 de la Ley 39/1988. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago quedan a cargo de la Tesorería de la Entidad local.

Artículo 93

La liquidación pone de manifiesto, en gastos y para cada partida presupuestaria: créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y pagos realizados. En ingresos y para cada concepto: previsiones iniciales, modificaciones y definitivas, derechos reconocidos y anulados y recaudados netos. Deben determinarse: derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, resultado presupuestario, remanentes de crédito y remanente de Tesorería.

Artículo 94

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre integran la agrupación de Presupuestos cerrados y tienen la consideración de operaciones de la Tesorería local.

Artículo 95

Las operaciones que afecten a los derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados deben ser instrumentadas, autorizadas y justificadas con los mismos requisitos exigidos para las operaciones aplicadas al Presupuesto corriente. Además, las operaciones de la agrupación de Presupuestos cerrados son objeto de contabilidad independiente de la referida al Presupuesto corriente.

Artículo 96

El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período. Unos y otras se toman por sus valores netos: una vez deducidos los derechos y las obligaciones que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados.

Artículo 97

El resultado presupuestario debe ajustarse, en su caso, en función de dos elementos: las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Para los Organismos autónomos no administrativos el ajuste se produce, además, en función del resultado de operaciones comerciales.

Artículo 98

Los remanentes de crédito son los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los integran tres componentes: saldos de disposiciones (gastos dispuestos o comprometidos menos obligaciones reconocidas), saldos de autorizaciones (gastos autorizados menos gastos comprometidos) y saldos de crédito (suma de créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar).

Artículo 99

Los remanentes de crédito quedan anulados al cierre del ejercicio y no se pueden incorporar al Presupuesto siguiente, sin más excepciones que las del artículo 163 de la Ley 39/1988. Los no anulados pueden incorporarse en esos supuestos y conforme al artículo 48, mediante modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos que justifiquen la existencia de suficientes recursos financieros. No son incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes incorporados en el ejercicio que se liquida, salvo la excepción del artículo 47.5.

Artículo 100

Artículo 101

El remanente de Tesorería de la Entidad local se integra por derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago y fondos líquidos, todos referidos a 31 de diciembre del ejercicio. Los derechos comprenden los presupuestarios liquidados durante el ejercicio y en ejercicios anteriores pendientes de cobro y los saldos de deudores no presupuestarios. Las obligaciones comprenden las presupuestarias reconocidas durante el ejercicio y en ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago, y los saldos de acreedores no presupuestarios.

Artículo 102

Cuando en gastos con financiación afectada los derechos afectados reconocidos superan a las obligaciones por ellos financiadas, el remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la Entidad debe minorarse en el exceso de financiación producido. Ese exceso puede financiar la incorporación de los remanentes de crédito de los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.

Artículo 103

El remanente de Tesorería se cuantifica deducidos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. Su cuantía puede determinarse de forma individualizada o mediante un porcentaje a tanto alzado. Se tienen en cuenta la antigüedad de las deudas, su importe, la naturaleza de los recursos, los porcentajes de recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva y demás criterios que de forma ponderada establezca la Entidad local. Esa consideración no implica la anulación del derecho ni su baja en cuentas.

Artículo 104

Remanente de Tesorería inicial: el obtenido una vez efectuadas las deducciones de los artículos anteriores. El positivo constituye un recurso para financiar modificaciones de créditos en el presupuesto. Remanente líquido: en cada momento, el inicial menos las cuantías ya destinadas a financiar modificaciones de crédito. En ningún caso forma parte de las previsiones iniciales de ingresos ni puede financiar los créditos iniciales del presupuesto de gastos. Su utilización no da lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

Artículo 105

Si la liquidación del presupuesto arroja un resultado negativo en el cálculo del remanente de Tesorería, debe procederse de acuerdo con lo establecido en el artículo 174, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. El artículo no detalla cómo proceder: se limita a remitir a esos apartados.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Los preceptos de la ley son bases del régimen jurídico financiero de la Administración local (art. 149.1.18.ª CE), salvo los apartados 2 y 3 del art. 186 y salvo los que regulan el sistema tributario local (art. 133 CE) y los que desarrollan las participaciones en los tributos del Estado (art. 142 CE); todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado del art. 149.1.14.ª CE. Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales del País Vasco y Navarra y de los tratados y convenios internacionales.

Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales

La hacienda local se nutre de: a) ingresos de su patrimonio y demás de derecho privado; b) tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos) y recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales; c) participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas; d) subvenciones; e) precios públicos; f) operaciones de crédito; g) multas y sanciones en su ámbito competencial; h) demás prestaciones de derecho público. Para cobrar los ingresos de derecho público tiene las prerrogativas legales de la hacienda del Estado.

Artículo 3. Definición

Son ingresos de derecho privado los rendimientos o productos del patrimonio local y las adquisiciones por herencia, legado o donación. El patrimonio lo forman los bienes y los derechos reales o personales valorables económicamente no afectos al uso o servicio público. Nunca lo son los que procedan de bienes de dominio público local. Sí lo es lo obtenido al vender bienes desafectados del dominio público, aunque estuvieran en concesión; salvo otra previsión autonómica, el último concesionario tiene derecho preferente de adquisición directa sin subasta.

Artículo 4. Régimen jurídico

Los derechos de la hacienda local comprendidos en el capítulo de ingresos de derecho privado se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.

Artículo 5. Limitación de destino

Lo obtenido por enajenar o gravar bienes y derechos patrimoniales no puede financiar gastos corrientes. Solo hay dos excepciones: las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y los efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

Artículo 6. Principios de tributación local

Los tributos locales establecidos al amparo del art. 106.1 de la Ley 7/1985 deben respetar tres principios: a) no gravar bienes, actividades, rendimientos ni gastos de fuera del territorio de la entidad; b) no gravar negocios, actos o hechos realizados fuera de ese territorio ni bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni deban cumplirse en él; c) no obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales ni la fijación de residencia o la ubicación de empresas, sin impedir la ordenación urbanística.

Artículo 7. Delegación

Conforme al art. 106.3 de la Ley 7/1985, las entidades locales pueden delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas la gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público. El acuerdo del Pleno fija alcance y contenido y, aceptada la delegación, se publica en los boletines oficiales de la provincia y de la comunidad autónoma. Los actos son impugnables según el procedimiento del ente gestor y, en último término, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 8. Colaboración

Estado, comunidades autónomas y entidades locales colaboran en la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales y demás ingresos de derecho público locales: se facilitan información, se prestan asistencia, se comunican de inmediato hechos con trascendencia tributaria y pueden hacer planes de inspección conjunta. Las actuaciones de inspección o recaudación ejecutiva fuera del territorio de la entidad local las practica la comunidad autónoma si son en su ámbito y el Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación.

Artículo 9. Beneficios fiscales, régimen y compensación

Solo caben los beneficios fiscales en tributos locales previstos en normas con rango de ley o derivados de tratados internacionales, y los que establezcan las ordenanzas fiscales en los supuestos previstos por la ley; en particular, una bonificación de hasta el 5 % de la cuota por domiciliar deudas de vencimiento periódico, anticipar pagos o colaborar en la recaudación. Las leyes que creen beneficios fijarán su compensación, salvo para los de ordenanza. Si el Estado otorga moratorias o aplazamientos, debe compensar o anticipar a la entidad local.

Artículo 10. Recargos e intereses de demora

Los recargos e intereses de demora de los tributos y demás ingresos de derecho público locales se exigen en los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado. Si la ordenanza fiscal lo prevé, no se exige interés de demora en los aplazamientos o fraccionamientos solicitados en período voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y el pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias

En los tributos locales se aplica el régimen de infracciones y sanciones de la Ley General Tributaria y de las disposiciones que la complementen y desarrollen. Ese régimen se aplica con las especificaciones que resulten del propio texto refundido y con las que, en su caso, establezcan las Ordenanzas fiscales al amparo de la ley.

Artículo 12. Gestión

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se rigen por la Ley General Tributaria, las demás leyes del Estado reguladoras de la materia y sus disposiciones de desarrollo. Las entidades locales pueden adaptar esa normativa, mediante sus ordenanzas fiscales, a su régimen de organización y funcionamiento interno, pero sin contravenir su contenido material.

Artículo 13. Consultas

En la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, la competencia para evacuar las consultas del artículo 88 de la Ley 58/2003, General Tributaria, corresponde a la entidad que ejerza dichas funciones.

Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa

Revisión especial de actos tributarios locales: artículo 110 LRBRL; devolución de ingresos indebidos y rectificación de errores por los arts. 32 y 220 LGT; no son revisables los actos confirmados por sentencia firme. Contra los actos de aplicación solo cabe reposición: la resuelve el órgano que dictó el acto; plazo de un mes para interponer y otro para resolver; sin abogado ni procurador; no suspende salvo sanciones; silencio desestimatorio; notificación en 10 días; después, contencioso-administrativo.

Artículo 15. Ordenanzas fiscales

Salvo en los supuestos del artículo 59.1, las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar sus ordenanzas fiscales. En los impuestos del artículo 59.1, los ayuntamientos que quieran usar sus facultades para fijar los elementos de las cuotas deben acordarlo y aprobar ordenanzas. La potestad del artículo 12.2 se ejerce en las ordenanzas de cada tributo o en ordenanzas específicas de gestión, liquidación, inspección y recaudación.

Artículo 16. Contenido de las ordenanzas fiscales

Las ordenanzas de los tributos del artículo 15.1 contendrán al menos: los elementos del tributo (hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, bases, tipo o cuota, período impositivo y devengo), los regímenes de declaración e ingreso y las fechas de aprobación y de comienzo de aplicación. Se aprueban simultáneamente a la imposición; las del 15.2, a la fijación de sus elementos. Las modificaciones incluyen la nueva redacción y las fechas.

Artículo 17. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales

Los acuerdos provisionales sobre tributos y ordenanzas se exponen en el tablón de anuncios treinta días como mínimo para examen y reclamaciones, con anuncio en el boletín oficial de la provincia; diputaciones, entidades supramunicipales y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes publican además en un diario. Sin reclamaciones, el acuerdo queda definitivo sin acuerdo plenario. El acuerdo definitivo y el texto íntegro se publican en el boletín y no entran en vigor sin publicación.

Artículo 18. Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales

Para reclamar contra los acuerdos provisionales del artículo 17.1 son interesados: a) quienes tengan un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos; b) los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

Artículo 19. Recurso contencioso administrativo

Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas. Contra ellas solo cabe recurso contencioso-administrativo desde su publicación en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial. Si una sentencia firme las anula o modifica, la entidad debe adecuar a la sentencia las actuaciones posteriores a su notificación, y se mantienen los actos firmes o consentidos salvo que la sentencia lo prohíba expresamente.

Artículo 20. Hecho imponible

Las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y por servicios o actividades de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo. Son tasas si el servicio no es de solicitud o recepción voluntaria (impuesta por ley o reglamento, o imprescindible para la vida privada o social) o si no lo presta el sector privado. Enumera supuestos y la tasa por matrimonios civiles.

Artículo 21. Supuestos de no sujeción y de exención

Las entidades locales no pueden exigir tasas por seis servicios: abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública y enseñanza en los niveles de educación obligatoria. Estado, comunidades autónomas y entidades locales no pagan tasas por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente ni por los que interesen inmediatamente a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 22. Compatibilidad con las contribuciones especiales

Artículo 23. Sujetos pasivos

Son contribuyentes en las tasas las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT que usen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular (art. 20.3) o que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por servicios o actividades locales (art. 20.4). Sustitutos: propietarios de inmuebles (servicios a ocupantes), constructores y contratistas (licencias urbanísticas), aseguradoras del riesgo (incendios, ruinas, salvamentos) y propietarios de fincas (entradas de vehículos). Los propietarios pueden repercutir las cuotas.

Artículo 24. Cuota tributaria

Tasas por dominio público: valor de mercado de la utilidad; en licitación, el valor económico de la proposición; para empresas de suministros de interés general, el 1,5 % de sus ingresos brutos de facturación anual en cada municipio (excluida la telefonía móvil y sin repercusión a los usuarios). Por servicios, no pueden exceder el coste real o previsible. Cuota: tarifa, cantidad fija o ambas. Los daños al dominio público se reintegran con depósito previo y no se condonan. Cabe bonificar hasta el 95 % la tasa de residuos a ciertas empresas de alimentación y restauración.

Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico

Los acuerdos de establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente nuevos servicios, deben adoptarse a la vista de informes técnico-económicos. En el primer caso el informe pone de manifiesto el valor de mercado; en el segundo, la previsible cobertura del coste. El informe se incorpora al expediente del acuerdo.

Artículo 26. Devengo

Según su hecho imponible y lo que determine la ordenanza fiscal, la tasa se devenga al iniciarse el uso, el aprovechamiento, el servicio o la actividad (con posible depósito previo total o parcial) o al presentarse la solicitud, que no se tramita sin pago. Si es periódica, se devenga el 1 de enero y el período es el año natural, salvo inicio o cese, con prorrateo de la cuota. Si por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio o el aprovechamiento no se presta o desarrolla, procede devolver el importe.

Artículo 27. Gestión

Las entidades locales pueden exigir las tasas en régimen de autoliquidación. También pueden establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos para simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de las tasas o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Artículo 28. Hecho imponible

El hecho imponible de las contribuciones especiales es que el sujeto pasivo obtenga un beneficio o un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

Artículo 29. Obras y servicios públicos locales

Son obras y servicios locales: los que realicen las entidades locales en su ámbito de competencias para sus fines (salvo los ejecutados como dueñas de sus bienes patrimoniales); los atribuidos o delegados por otras entidades públicas o asumidos conforme a la ley; y los de otras entidades públicas o sus concesionarios con aportaciones de la entidad local. Los primeros siguen siendo locales aunque los realicen organismos autónomos, sociedades de capital íntegramente local, concesionarios con aportaciones o asociaciones de contribuyentes. Lo recaudado solo se destina a esa obra o servicio.

Artículo 30. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT especialmente beneficiadas por las obras o servicios locales. Se consideran especialmente beneficiados: los propietarios, si afectan a bienes inmuebles; los titulares de explotaciones empresariales, si derivan de ellas; en extinción de incendios, además de los propietarios, las compañías de seguros del ramo en el término municipal; y, en galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Artículo 31. Base imponible

La base imponible de las contribuciones especiales es, como máximo, el 90 % del coste soportado por la entidad local. El coste incluye trabajos periciales y proyectos, importe de las obras, valor de los terrenos ocupados permanentemente (salvo excepciones), indemnizaciones por derribos y a arrendatarios, e intereses del crédito. El presupuesto es mera previsión: se toma el coste real. En obras de otras entidades o concesionarios, la base depende de la aportación local, con el mismo 90 %. Se restan subvenciones; la de un sujeto pasivo compensa primero su cuota.

Artículo 32. Cuota tributaria

La base imponible de las contribuciones especiales se reparte entre los sujetos pasivos según la clase y naturaleza de obras y servicios. Regla general: metros lineales de fachada, superficie, volumen edificable y valor catastral (IBI), conjunta o separadamente. Extinción de incendios: entre las entidades que cubran el riesgo, según primas del año anterior; lo que exceda del 5 % de sus primas pasa a ejercicios sucesivos. Los beneficios fiscales no se reparten entre los demás. Fraccionamiento o aplazamiento: máximo cinco años.

Artículo 33. Devengo

Las contribuciones especiales se devengan cuando las obras se han ejecutado o el servicio ha comenzado a prestarse; si la obra es fraccionable, por tramos. Aprobado el acuerdo de imposición y ordenación, puede exigirse por anticipado el coste previsto del año siguiente, pero no una nueva anualidad sin ejecutar las obras del anticipo anterior. Obligado al pago: quien lo sea al devengo. Quien figure como sujeto pasivo, notificado, y transmita los bienes antes del devengo debe comunicarlo en un mes desde la transmisión. Los anticipos indebidos o excesivos se devuelven de oficio.

Artículo 34. Acuerdos de imposición y de ordenación

Cobrar contribuciones especiales exige un acuerdo de imposición en cada caso concreto. La obra o el servicio que se costee con ellas no puede ejecutarse hasta aprobar su ordenación concreta. El acuerdo de ordenación es de inexcusable adopción y fija coste previsto, cantidad a repartir y criterios de reparto; puede remitirse a la ordenanza general si la hay. Las cuotas se notifican individualmente o, en su defecto, por edictos, y cabe recurso de reposición ante el ayuntamiento.

Artículo 35. Gestión y recaudación

Si una entidad local realiza obras o presta servicios de competencia local con la colaboración económica de otra y se imponen contribuciones especiales, la gestión y recaudación corresponden a la entidad que asume la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios. Cada entidad conserva su competencia para los acuerdos de imposición y de ordenación. Si una de ellas no aprueba el acuerdo concreto de ordenación, se rompe la unidad de actuación y cada una decide por separado.

Artículo 36. Colaboración ciudadana

Los propietarios o titulares afectados por las obras pueden constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover obras o servicios de la entidad local, comprometiéndose a pagar la parte que debería aportar la entidad cuando su situación financiera no lo permita, además de la suya. También pueden constituirse en asociación, respecto de obras o servicios promovidos por la entidad local, durante el período de exposición al público del acuerdo de ordenación.

Artículo 37. Asociación administrativa de contribuyentes

Para constituir una asociación administrativa de contribuyentes, el acuerdo debe tomarlo la mayoría absoluta de los afectados, y estos deben representar, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. Se exigen los dos requisitos a la vez: mayoría de personas y peso en las cuotas.

Artículo 38. Impuestos y recargos

Las entidades locales exigen los impuestos previstos en esta ley sin necesidad de acuerdo de imposición, salvo cuando la propia ley lo requiera. Fuera de los supuestos que prevé expresamente esta ley, pueden establecer recargos sobre los impuestos propios de su comunidad autónoma y de otras entidades locales en los casos expresamente previstos en las leyes de la comunidad autónoma.

Artículo 39. Participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas

Las entidades locales participan en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios que establece esta ley. Participan también en los tributos propios de las comunidades autónomas, en la forma y cuantía que determinen las leyes de sus respectivos Parlamentos.

Artículo 40. Subvenciones

Las subvenciones que obtengan las entidades locales para sus obras y servicios no pueden aplicarse a fines distintos de los de su concesión, salvo los sobrantes no reintegrables cuyo uso no estuviera previsto. Las entidades públicas otorgantes pueden verificar su destino; si no se destinaron a sus fines, la otorgante exigirá el reintegro o podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tenga derecho la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.

Artículo 41. Concepto

Las entidades locales pueden establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley.

Artículo 42. Servicios y actividades excluidas

Artículo 43. Obligados al pago

Artículo 44. Cuantía

El importe de los precios públicos debe cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Excepción: si existen razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que lo aconsejen, la entidad puede fijarlos por debajo de ese límite, pero entonces debe consignar en sus presupuestos las dotaciones oportunas para cubrir la diferencia resultante, si la hubiera.

Artículo 45. Gestión

Artículo 46. Cobro

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque las entidades pueden exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Si el servicio o la actividad no se presta o desarrolla por causas no imputables al obligado al pago, procede devolver el importe correspondiente. Las deudas por precios públicos pueden exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 47. Fijación

Establecer o modificar precios públicos corresponde al Pleno de la corporación, que puede delegar en la Comisión de Gobierno (art. 23.2.b de la Ley 7/1985). La entidad puede atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos que ella haya establecido para los servicios a su cargo, salvo si no cubren su coste; también a los consorcios, salvo que sus estatutos digan otra cosa. Deben enviar al ente local copia de la propuesta y del estado económico que acredite que cubren el coste.

Artículo 48. Ámbitos subjetivo y objetivo

En los términos de la ley, pueden concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, a corto y a largo plazo, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes. También pueden concertar operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.

Artículo 48 bis. Principio de prudencia financiera

Todas las operaciones financieras de las Corporaciones Locales se sujetan al principio de prudencia financiera: condiciones para minimizar su riesgo y coste. Son financieras las que tienen por objeto activos financieros, pasivos financieros y avales, reavales u otras garantías públicas o medidas de apoyo extrapresupuestario. Las condiciones de los pasivos las fija Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera; las de activos y garantías, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

Artículo 49. Finalidad, instrumentos y garantías reales y financieras

Para financiar inversiones o sustituir operaciones preexistentes, las entidades locales y sus entes dependientes no financiados mayoritariamente con ingresos de mercado pueden acudir al crédito a largo plazo: emisión de deuda, préstamos o créditos, otra apelación al crédito o conversión de operaciones. Se detallan las garantías a corto y largo plazo. Las corporaciones pueden avalar a sus contratistas y concesionarios y a sociedades con participación privada en que tengan al menos el 30 %, sin avalar más del porcentaje de participación.

Artículo 50. Inclusión de las operaciones de crédito en el presupuesto aprobado

Para concertar cualquier crédito previsto en la ley, salvo el del artículo 149, la corporación debe tener aprobado el presupuesto del ejercicio en curso y justificarlo al firmar el contrato o documento, ante la entidad financiera y el fedatario público. Con presupuesto prorrogado solo caben: operaciones de tesorería dentro de los límites legales, si las concertadas se han reembolsado, y crédito a largo plazo para inversiones vinculadas a modificaciones de crédito de los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.

Artículo 51. Operaciones de crédito a corto plazo

Para necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales pueden concertar crédito a corto plazo (no más de un año) si en conjunto no supera el 30 % de los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejercicio anterior; si se hace en el primer semestre sin liquidar ese ejercicio, se toma la liquidación del anterior. Son crédito a corto plazo, entre otras: anticipos a cuenta de impuestos liquidados por padrón o matrícula, préstamos para desfases transitorios de tesorería y emisiones de deuda a un año o menos.

Artículo 52. Concertación de operaciones de crédito: régimen jurídico y competencias

Concertar o modificar cualquier operación de crédito exige informe previo de la Intervención, que analiza sobre todo la capacidad de la entidad para atender las obligaciones derivadas. El Presidente puede concertar el largo plazo previsto en el presupuesto si el acumulado del ejercicio no supera el 10 % de los recursos ordinarios previstos, y el corto plazo si las operaciones vivas, incluida la nueva, no superan el 15 % de los recursos corrientes liquidados del ejercicio anterior. Superados esos límites, aprueba el Pleno.

Artículo 53. Operaciones de crédito a largo plazo: régimen de autorización

Requieren autorización del Ministerio de Hacienda (o de la comunidad autónoma competente, en operaciones en euros en la UE) el largo plazo, avales y sustituciones con ahorro neto negativo, que exige además plan de saneamiento a no más de tres años aprobado por el Pleno, o si el capital vivo supera el 110 % de los ingresos corrientes liquidados. Las entidades de más de 200.000 habitantes pueden optar por un escenario de consolidación presupuestaria. Siempre autoriza Hacienda las operaciones en el exterior y las emisiones de deuda.

Artículo 54. Operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos y sociedades mercantiles

Los organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes necesitan dos requisitos para concertar operaciones de crédito a largo plazo: la previa autorización del Pleno de la corporación y el informe de la Intervención.

Artículo 55. Central de información de riesgos

El Ministerio de Hacienda mantiene una central de riesgos sobre las operaciones de crédito de las entidades locales y sus cargas financieras; bancos, cajas, demás entidades financieras y Administraciones públicas le remiten los datos, que son públicos en la forma que el Ministerio señale. El Banco de España colabora aportando la información de su Servicio Central de Información de Riesgos (art. 16 del Decreto Ley 18/1962) y Hacienda puede pedirle otros datos concretos. Las corporaciones locales informan del resto de su endeudamiento.

Artículo 131. Recursos de las Provincias

La Hacienda de las provincias está constituida por los recursos expresados en el artículo 2 de la ley, en los términos y con las especialidades que se recogen en el título al que pertenece este artículo. El precepto no enumera por sí mismo esos recursos: se remite al artículo 2.

Artículo 132. Tasas

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público provincial, según la sección 3.ª del capítulo III del título I, salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24.1. Además, seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la provincia, y pueden establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos y por la suscripción y venta de ejemplares.

Artículo 133. Contribuciones especiales

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios. Lo harán según las normas contenidas en la sección 4.ª del capítulo III del título I de la ley.

Artículo 134. Recargo de las Provincias sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas: un porcentaje único sobre las cuotas municipales modificadas por el coeficiente de ponderación del artículo 86, con un tipo no superior al 40 por ciento. Lo gestiona la entidad que gestione el impuesto. El Estado, a instancia de las Administraciones acreedoras, puede retener de la participación de los municipios las deudas firmes por el recargo (certificación del Interventor local) y entrega lo retenido dentro del mes siguiente a la retención.

Artículo 135. Ámbito subjetivo

Se cede, en la proporción establecida en el artículo 136, el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos allí relacionados en favor de las provincias y de las comunidades autónomas uniprovinciales que, a la entrada en vigor de la ley, no hubiesen integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiere corresponder como comunidad autónoma.

Artículo 136. Objeto de la cesión

A cada provincia y ente asimilado se le ceden, de los rendimientos no cedidos a las Comunidades Autónomas: el 1,2561 por 100 de la cuota líquida estatal del IRPF; el 1,3699 por 100 de la recaudación líquida imputable del IVA; y el 1,7206 por 100 de la recaudación líquida imputable de los Impuestos Especiales. Las bases se determinan con arreglo al artículo 113. No pueden asumir, en ningún caso, competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación, inspección ni revisión de esos tributos: su titularidad y ejercicio corresponde exclusivamente al Estado.

Artículo 137. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Se cede a cada provincia y ente asimilado del ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,2561 por ciento del rendimiento del IRPF no cedido a las comunidades autónomas y producido en su territorio, definido en el apartado 1 del artículo 113. Se considera producido en el territorio de una provincia o ente asimilado el rendimiento cedido que corresponda a los sujetos pasivos con residencia habitual en él. Para la residencia habitual se está a los apartados 3 a 8 del artículo 115; las menciones a los municipios se entienden hechas a las provincias y entes asimilados.

Artículo 138. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor Añadido

Se cede a cada provincia y ente asimilado del ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,3699 por ciento del rendimiento del IVA no cedido a las comunidades autónomas que se impute producido en su territorio. La imputación aplica el índice de consumo territorial de la comunidad autónoma a la que pertenezca (certificado por el Instituto Nacional de Estadística) a la recaudación líquida del Estado y pondera el resultado por la población de derecho de la provincia dentro de su comunidad, según el padrón vigente a 31 de diciembre del año t. Coeficiente de la fórmula: 0,010538.

Artículo 139. Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos Especiales sobre Fabricación

Se cede a cada provincia y ente asimilado del artículo 135 el 1,7206 por ciento de los rendimientos no cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y Labores de Tabaco. Los cuatro primeros se imputan por índice de consumo territorial de la comunidad autónoma ponderado por población de derecho. Hidrocarburos, por el índice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos (Ministerio de Economía); Tabaco, por el de ventas a expendedurías (Comisionado para el Mercado de Tabacos).

Artículo 140. Ámbito subjetivo

Participan en el modelo regulado en la sección las provincias y las comunidades autónomas uniprovinciales que, a la entrada en vigor de la ley, no hubieran integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiera corresponder con arreglo a su naturaleza institucional como comunidad autónoma. Son las entidades a las que se ha hecho referencia en el artículo 135.

Artículo 141. Regla general para determinar la participación en el Fondo complementario de financiación

La participación en el Fondo Complementario de Financiación se determina, para cada ejercicio y para cada provincia, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda por este concepto en el año base del nuevo modelo, en los mismos términos establecidos para los municipios en el artículo 119. Año base es el primero de aplicación del modelo, es decir, el año 2004.

Artículo 142. Regla para determinar la participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año base

La participación en el Fondo Complementario de Financiación del año base se calcula deduciendo el importe del bloque de participación de la participación total que resulte de incrementar la participación en tributos del Estado del año 2003 en el índice de evolución establecido para los municipios, en los términos del apartado 1 del artículo 120. La participación de 2003 se entiende en términos brutos, con todos los elementos y las particularidades de los apartados cuatro y seis del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Artículo 143. Índice de evolución

El índice de evolución se determina, en todo caso, por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que corresponda la participación y el año base, en idénticos términos a los definidos para los municipios en el artículo 121.

Artículo 144. Financiación de la asistencia sanitaria

Los Presupuestos Generales del Estado incluyen un crédito para cubrir las asignaciones destinadas a las entidades del artículo 140 para el mantenimiento de sus centros sanitarios de carácter no psiquiátrico. Las cuantías se determinan para cada ejercicio y cada entidad aplicando el índice de evolución del artículo 143 a la financiación del año base. La del año base se obtiene incrementando en ese índice la participación en tributos del Estado a su favor en 2003 por este concepto, determinada según el apartado tres del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre.

Artículo 145. Ámbito subjetivo

Artículo 146. Determinación del importe de la participación

La participación de cada entidad citada en el artículo precedente, para cada ejercicio, se determina aplicando un índice de evolución a la del año base. Ese índice es el incremento de los ingresos tributarios del Estado entre el año de la participación y el año base, en los términos del artículo 121. La del año base se obtiene incrementando en dicho índice la participación en tributos del Estado que les corresponda en 2003 en concepto de financiación incondicionada, calculada según los apartados cuatro, cinco y siete del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre.

Artículo 147. Subvenciones

Entre las subvenciones acordadas por el Estado y las comunidades autónomas en favor de las diputaciones, conforme al artículo 40, se comprenden las destinadas a financiar los Planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, a que se refiere el artículo 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Además, participan de la naturaleza de las subvenciones las participaciones que las Diputaciones Provinciales tienen actualmente en las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado.

Artículo 148. Precios públicos

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, según las normas contenidas en el capítulo VI del título I de la ley.

Artículo 149. Otros recursos

Si las diputaciones gestionan servicios propios de las comunidades autónomas, estas podrán fijar módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo, con sus dotaciones económicas, que las diputaciones podrán mejorar con su presupuesto. Si recaudan por cuenta de los ayuntamientos el IBI y el IAE, podrán concertar operaciones especiales de tesorería para anticiparles cada año hasta el 75 por ciento de la recaudación presumible: se cancelan antes de finalizar cada ejercicio, sin carga financiera para ellas y sin computar en los límites de los artículos 51, 52 y 53.

Artículo 162. Definición

Los presupuestos generales de las entidades locales son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de: las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos; los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio; y las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Artículo 163. Ámbito temporal

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A él se imputan los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

Artículo 164. Contenido del presupuesto general

Las entidades locales elaboran y aprueban anualmente un presupuesto general que integra el de la propia entidad, los de sus organismos autónomos dependientes y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad. A efectos presupuestarios y contables, los organismos autónomos son de carácter administrativo o de carácter comercial, industrial, financiero o análogo; su norma de creación debe indicar expresamente su carácter.

Artículo 165. Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general

El presupuesto general atiende al principio de estabilidad y contiene, para cada presupuesto integrado, los estados de gastos y de ingresos, además de las bases de ejecución, que no pueden modificar lo legislado para la administración económica. Los recursos satisfacen el conjunto de obligaciones, salvo ingresos afectados. Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin atender obligaciones minorando derechos salvo ley expresa; se exceptúan las devoluciones de ingresos indebidos. Cada presupuesto se aprueba sin déficit inicial.

Artículo 166. Anexos al presupuesto general

Al presupuesto general se unen como anexos: a) los planes y programas de inversión y financiación a cuatro años, que podrán formular municipios y entidades supramunicipales; b) los programas anuales de las sociedades mercantiles locales; c) el estado de consolidación; d) el estado de previsión de la deuda. El plan de inversiones se completa con un programa financiero (inversión de cada uno de los cuatro ejercicios, ingresos de capital y operaciones de crédito). Se da cuenta al Pleno con la aprobación del presupuesto y se revisa cada año, añadiendo un ejercicio.

Artículo 167. Estructura de los estados de ingresos y gastos

El Ministerio de Hacienda fija la estructura de los presupuestos locales; las entidades pueden clasificar además según su propia organización. Los gastos se clasifican por programas (área de gasto, política de gasto, grupos de programas y programas, ampliable a subprogramas) y económicamente (capítulo, artículo y concepto, ampliable a subconcepto y partida), separando gastos corrientes y de capital. Área, política, capítulo y artículo coinciden con los del Estado. La aplicación presupuestaria combina ambas clasificaciones (y la orgánica si se usa).

Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial

El Presidente forma el presupuesto y le une: memoria explicativa, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses), anexos de personal, inversiones, beneficios fiscales y convenios de gasto social con la comunidad autónoma, e informe económico-financiero. Organismos autónomos y sociedades mercantiles remiten sus presupuestos y previsiones antes del 15 de septiembre. El Presidente remite el presupuesto general, informado por la Intervención, al Pleno antes del 15 de octubre. El acuerdo de aprobación es único.

Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor

Aprobado inicialmente, el presupuesto general se expone al público 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia (o de la comunidad autónoma uniprovincial); si no hay reclamaciones queda definitivamente aprobado y, si las hay, el Pleno tiene un mes para resolverlas. La aprobación definitiva debe hacerse antes del 31 de diciembre del año anterior. Entra en vigor tras publicarse resumido por capítulos. Si al empezar el ejercicio no está en vigor, se prorroga automáticamente el anterior con sus créditos iniciales.

Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas

Pueden reclamar contra el presupuesto aprobado inicialmente, como interesados: los habitantes del territorio de la entidad; los directamente afectados aunque no habiten en él; y colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades constituidas para velar por intereses profesionales, económicos y vecinales, en defensa de los suyos. Solo cabe reclamar por no ajustarse a los trámites legales, por omitir crédito para obligaciones exigibles o por manifiesta insuficiencia de ingresos respecto de gastos o de estos respecto de las necesidades.

Artículo 171. Recurso contencioso-administrativo

Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos de las normas de esa jurisdicción. Si la impugnación afecta o se refiere a la nivelación presupuestaria, el Tribunal de Cuentas debe informar antes de que se resuelva el recurso. La interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado.

Artículo 172. Especialidad y limitación de los créditos

Principio de especialidad: los créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que se autorizaron en el presupuesto general o en sus modificaciones debidamente aprobadas. Principio de limitación: los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante; los niveles de vinculación son los que fije en cada momento la legislación presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.

Artículo 173. Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los compromisos de gasto

Las obligaciones de pago solo son exigibles a la hacienda local si derivan de la ejecución del presupuesto o de sentencia judicial firme. No cabe embargo ni exigencia de fianzas contra la hacienda local, salvo sobre bienes patrimoniales no afectados a uso o servicio público. La ejecución de sentencias corresponde a la propia entidad; si hace falta crédito extraordinario o suplemento, se pide al Pleno en tres meses desde la notificación. Son nulos de pleno derecho los compromisos que superen los créditos autorizados.

Artículo 174. Compromisos de gasto de carácter plurianual

Los gastos plurianuales se subordinan al crédito de cada ejercicio. Se admiten si su ejecución empieza en el propio ejercicio y son: inversiones y transferencias de capital; ciertos contratos no estipulables o antieconómicos por un año; arrendamientos de inmuebles; cargas financieras de las deudas; y transferencias corrientes de convenios. Para a), b) y e), máximo cuatro ejercicios; para a) y e), límites del 70 %, 60 % y 50 % (tercero y cuarto). En casos excepcionales el Pleno puede ampliar anualidades y elevar porcentajes.

Artículo 175. Bajas por anulación de créditos

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho. Las únicas excepciones son las señaladas en el artículo 182 de la ley.

Artículo 176. Temporalidad de los créditos

Regla general: con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo pueden contraerse obligaciones por adquisiciones, obras, servicios y demás gastos realizados en el año natural del propio ejercicio. Excepción: se aplican al presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones por liquidación de atrasos al personal retribuido con cargo a los presupuestos de la entidad y las de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de créditos (art. 182.3).

Artículo 177. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Si un gasto no puede demorarse al ejercicio siguiente, el presidente ordena expediente de crédito extraordinario si no hay crédito, o de suplemento si es insuficiente o no ampliable. Informa la Intervención y aprueba el Pleno con los trámites del presupuesto (art. 169). Se financia con remanente líquido de tesorería, nuevos o mayores ingresos o bajas de créditos no comprometidos. Excepcionalmente, operaciones de crédito: ≤5 % de recursos corrientes, carga ≤25 % y canceladas antes de renovar la Corporación. En calamidades públicas, ejecutivos de inmediato; reclamaciones en ocho días.

Artículo 178. Créditos ampliables

Como excepción al apartado 2 del artículo 172, son ampliables los créditos que, de modo taxativo y debidamente explicitados, se relacionen en las bases de ejecución del presupuesto. Su cuantía puede incrementarse, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios, en función de la efectividad de los recursos afectados.

Artículo 179. Transferencias de crédito: límites formales y competencia

Las bases de ejecución regulan el régimen de transferencias y fijan el órgano competente para autorizarlas. En todo caso, las transferencias entre distintos grupos de función las aprueba el Pleno, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Los organismos autónomos también pueden hacer transferencias con estas reglas. Las aprobadas por el Pleno siguen las normas de información, reclamaciones, recursos y publicidad de los artículos 169, 170 y 171.

Artículo 180. Transferencias de crédito: límites objetivos

Límites de las transferencias de crédito: no afectan a créditos ampliables ni a extraordinarios concedidos en el ejercicio; no minoran créditos incrementados con suplementos o transferencias (salvo personal) ni los incorporados por remanentes no comprometidos de presupuestos cerrados; no incrementan créditos minorados por otras transferencias (salvo personal). No rigen para transferencias de los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni para créditos modificados por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Artículo 181. Generaciones de crédito

Pueden generar crédito en los estados de gastos, en la forma reglamentaria, los ingresos no tributarios derivados de: aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con la entidad o sus organismos autónomos, gastos de sus fines; enajenaciones de bienes de la entidad o de sus organismos autónomos; prestación de servicios; reembolso de préstamos; y reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, para reponer el crédito en esa cuantía.

Artículo 182. Incorporaciones de crédito

Pese al artículo 175, pueden incorporarse al presupuesto de gastos del ejercicio siguiente, si hay recursos financieros suficientes: créditos extraordinarios, suplementos y transferencias concedidos o autorizados en el último trimestre; créditos de compromisos del artículo 176.2.b); créditos por operaciones de capital; y créditos autorizados según la efectiva recaudación de derechos afectados. Los remanentes solo se aplican en el ejercicio de la incorporación y, en el caso a), a los mismos gastos. Los de proyectos con ingresos afectados se incorporan obligatoriamente, salvo desistimiento.

Artículo 183. Régimen jurídico

La ejecución de los créditos del presupuesto de gastos de las entidades locales se rige por lo dispuesto en la sección de la ley en que se integra el artículo y, de forma complementaria, por las normas que dicte cada entidad y que queden plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

Artículo 184. Fases del procedimiento de gestión de los gastos

La gestión del presupuesto de gastos se hace en cuatro fases, cuyo contenido fija el reglamento: a) autorización de gasto; b) disposición o compromiso de gasto; c) reconocimiento o liquidación de la obligación; d) ordenación de pago. Las entidades locales pueden, en la forma reglamentaria, abarcar en un solo acto administrativo dos o más de esas fases.

Artículo 185. Competencias en materia de gestión de gastos

Dentro de los créditos autorizados, la autorización y disposición de gastos corresponden al presidente o al Pleno según la atribución de competencias de la normativa vigente. El reconocimiento y liquidación de obligaciones de compromisos legalmente adquiridos corresponde al presidente. Estas facultades pueden desconcentrarse o delegarse según el artículo 23 de la Ley 7/1985, recogiéndolo cada ejercicio en las bases de ejecución. En los organismos autónomos, las ejercen los órganos a los que sus estatutos las atribuyan.

Artículo 186. Ordenación de pagos

La ordenación de pagos compete al presidente de la entidad local. El Pleno, a propuesta del presidente, puede crear una unidad de ordenación de pagos que ejerza sus funciones administrativas bajo la superior autoridad del presidente. En entidades de más de 500.000 habitantes de derecho, el Pleno, a propuesta del presidente, puede crear además una unidad central de tesorería. En los organismos autónomos la ejerce el órgano que la tenga atribuida por estatutos.

Artículo 187. Plan de disposición de fondos

La expedición de las órdenes de pago debe ajustarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que establezca el presidente. Ese plan debe recoger en todo caso la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Artículo 188. Responsabilidad personal

Son personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente: los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso; y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia.

Artículo 189. Requisitos previos a la expedición de órdenes de pago

Antes de expedir órdenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos, debe acreditarse documentalmente, ante el órgano que reconoce las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor conforme a los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto. Los perceptores de subvenciones deben acreditar, antes de cobrarlas, que están al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y, después, justificar la aplicación de los fondos.

Artículo 190. Pagos a justificar. Anticipos de caja fija

Las órdenes de pago cuyos documentos no pueden acompañarse al expedirse son «a justificar» y se aplican a sus créditos. Las bases de ejecución, previo informe de la Intervención, pueden regularlas (criterios, límites cuantitativos y conceptos). Se justifican en un máximo de tres meses y no cabe expedir nuevas por los mismos conceptos a quien tenga fondos pendientes de justificar. Para atenciones periódicas o repetitivas pueden ser anticipos de caja fija, justificados a lo largo del ejercicio en que se constituyó el anticipo.

Artículo 191. Cierre y liquidación del presupuesto

El presupuesto se liquida, en recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre; los ingresos y pagos pendientes quedan a cargo de la Tesorería local. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre forman el remanente de tesorería, que se cuantifica teniendo en cuenta ingresos afectados y minorando los derechos de difícil o imposible recaudación. La liquidación se confecciona antes del 1 de marzo y la aprueba el presidente, previo informe de la Intervención.

Artículo 192. Cierre y liquidación del presupuesto de organismos autónomos

La liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos se ajusta a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior; el reglamento regulará el cierre y la liquidación atendiendo a su carácter. La liquidación, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente del organismo, se remite a la entidad local para que la apruebe su presidente y a los efectos del artículo siguiente.

Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas

Si la liquidación arroja remanente de tesorería negativo, el Pleno o el órgano competente del organismo autónomo reducirán, en la primera sesión, los gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit; solo el Pleno puede revocarlo, a propuesta del presidente y previo informe del Interventor. Si no es posible, cabe una operación de crédito (art. 177.5); si no, el presupuesto siguiente se aprueba con superávit inicial no inferior al déficit. Se da cuenta al Pleno de la liquidación, y se remite copia al Estado y a la comunidad autónoma antes de acabar marzo.

Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación

Las entidades locales informan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de aplicar los criterios de derechos de difícil o imposible recaudación, con estos mínimos sobre los derechos pendientes de cobro, según el ejercicio en que se liquidaron respecto del de la liquidación: los dos anteriores, 25 %; el tercero anterior, 50 %; el cuarto a quinto anteriores, 75 %; los restantes, 100 %.

Artículo 213. Control interno

En las entidades locales se ejerce el control interno de su gestión económica, de sus organismos autónomos y de sus sociedades mercantiles dependientes, en tres modalidades: función interventora, control financiero (incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente) y control de la eficacia. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dicta sus normas. Los órganos interventores remiten cada año a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen.

Artículo 214. Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora

La función interventora fiscaliza todos los actos de las entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos derivados y la recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos. Comprende: a) intervención crítica o previa; b) intervención formal de la ordenación del pago; c) intervención material del pago; d) intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Artículo 215. Reparos

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor está en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, debe formular sus reparos por escrito y antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Artículo 216. Efectos de los reparos

Si la disconformidad afecta al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de la entidad local o sus organismos autónomos, se formaliza en nota de reparo que en ningún caso suspende el expediente. Si el reparo afecta a disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspende la tramitación hasta solventarlo si: a) hay insuficiencia de crédito o no es adecuado; b) no se fiscalizaron los actos origen de las órdenes de pago; c) se omitan requisitos o trámites esenciales; d) derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Artículo 217. Discrepancias

Si el órgano afectado por el reparo no está de acuerdo, resuelve la discrepancia el presidente de la entidad local; su resolución es ejecutiva y esta facultad no es delegable en ningún caso. Corresponde en cambio al Pleno cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito; b) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias

El órgano interventor eleva al Pleno informe de todas las resoluciones del Presidente contrarias a los reparos y un resumen de las principales anomalías en ingresos; solo trata aspectos de la función fiscalizadora, no de oportunidad o conveniencia, y es punto independiente del orden del día. El Presidente puede presentar informe justificativo y, si hay discrepancias, elevar su resolución al órgano de control de la Administración con tutela financiera. Anualmente el interventor remite al Tribunal de Cuentas las resoluciones y acuerdos contrarios a reparos y el resumen de anomalías en ingresos.

Artículo 219. Fiscalización previa

No requieren intervención previa: material no inventariable, contratos menores, gastos periódicos y de tracto sucesivo intervenido el período inicial, y gastos menores de 3.005,06 euros pagados por anticipos de caja fija. El Pleno, a propuesta del presidente y previo informe del interventor, puede limitarla a comprobar crédito adecuado, órgano competente y otros extremos que fije; las observaciones complementarias no suspenden. Luego, fiscalización plena sobre una muestra, con informe al Pleno. El Pleno puede sustituir la fiscalización previa de derechos por la toma de razón en contabilidad.

Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero

El control financiero comprueba el funcionamiento económico-financiero de los servicios de las entidades locales, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes. Informa sobre la adecuada presentación de la información financiera, el cumplimiento de normas y directrices y el grado de eficacia y eficiencia en los objetivos. Se hace por procedimientos de auditoría conforme a las normas de auditoría del sector público y termina en informe escrito que, con las alegaciones del órgano auditado, se envía al Pleno para su examen.

Artículo 221. Control de eficacia

El control de eficacia tiene por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos y el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

Artículo 222. Facultades del personal controlador

Los funcionarios con la función interventora y los designados para los controles financiero y de eficacia actúan con plena independencia. Pueden recabar los antecedentes que consideren necesarios, examinar y comprobar libros, cuentas y documentos, verificar arqueos y recuentos y, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, solicitar de quien corresponda informes técnicos y asesoramientos.

Artículo 223. Control externo

La fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica de las entidades locales y de sus organismos y sociedades dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas. Las entidades locales le rinden, antes del 15 de octubre de cada año, la cuenta general del artículo 209 del ejercicio anterior. Tras fiscalizarla, se somete a la entidad local la propuesta de corrección de anomalías y de acciones procedentes, sin perjuicio de la responsabilidad contable. Quedan a salvo las facultades de fiscalización externa que los Estatutos atribuyan a las comunidades autónomas.

Artículo 1

La Ley crea la Cámara de Cuentas de Andalucía como órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía. Le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas.

Artículo 2

A efectos de la Ley, componen el sector público de la Comunidad Autónoma: a) la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, sus Instituciones y empresas; b) las Corporaciones Locales del territorio andaluz y los Organismos Autónomos y Empresas Públicas de ellas dependientes; c) las Universidades Públicas de Andalucía; d) cuantos Organismos y Entidades sean incluidos por norma legal. Son fondos públicos todos los gestionados por el Sector Público Andaluz y las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas concedidas por sus órganos a cualquier persona física o jurídica.

Artículo 3

Corresponde a la Cámara de Cuentas: a) regular cuanto afecta a su gobierno, organización y personal, con una particularidad: la estructura orgánica del personal y sus retribuciones las determina la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales aplicables; b) elaborar el proyecto de su propio presupuesto, que se integra en el general de la Comunidad Autónoma como Sección independiente para su aprobación por el Parlamento de Andalucía. Su régimen de patrimonio y de contratación, ejercido a través de sus propios órganos, es el de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 4

Funciones propias, con total independencia: fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público andaluz (en todo caso, subvenciones, créditos, avales u otras ayudas), fiscalizar el cumplimiento de objetivos de los programas, asesorar al Parlamento y fiscalizar especialmente los contratos administrativos; además, las que le delegue el Tribunal de Cuentas. La Consejería de Hacienda le traslada, para examen y toma de razón, los contratos de la Junta de importe inicial superior a 25.000.000 de pesetas; la documentación se acompaña en los tres meses siguientes a la adjudicación.

Artículo 5

La Cámara de Cuentas debe realizar sus funciones según un programa previo confeccionado por ella misma, de acuerdo con su presupuesto, y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público andaluz. Esta actividad no puede verse mermada por el derecho de petición que corresponde al Parlamento, al Consejo de Gobierno o a las Entidades Locales.

Artículo 6

La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Cámara de Cuentas y al Parlamento de Andalucía. Además, pueden interesar la actuación fiscalizadora de la Cámara o la emisión de informe el Gobierno de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, estas previo acuerdo del respectivo Pleno. Esta segunda iniciativa ha de realizarse a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, que se pronunciará sobre la propuesta.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

El Reglamento desarrolla el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Las actuaciones de control interno en las entidades del sector público local se ajustan a tres niveles de normas: el propio texto refundido, este Reglamento y las normas reguladoras que aprueben las Entidades Locales en desarrollo de ambos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El control del título VI del texto refundido de Haciendas Locales lo ejercen los órganos de intervención sobre la totalidad del sector público local. Este comprende: la propia Entidad Local; sus organismos autónomos; las entidades públicas empresariales; las sociedades mercantiles y fundaciones dependientes; los fondos sin personalidad jurídica dotados mayoritariamente desde sus Presupuestos; los consorcios con personalidad propia adscritos a ella; y otras entidades con o sin personalidad con participación total o mayoritaria de la Entidad Local.

Artículo 3. Formas de ejercicio

El órgano interventor ejerce el control interno mediante la función interventora y el control financiero. La función interventora controla los actos de la Entidad Local y sus organismos autónomos que reconozcan derechos o realicen gastos, los ingresos y pagos derivados y la aplicación de sus fondos. El control financiero verifica el funcionamiento económico-financiero del sector público local, su legalidad y su buena gestión; comprende el control permanente y la auditoría pública. También alcanza a entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones.

Artículo 4. Principios del ejercicio del control interno

El órgano interventor está sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio, y actúa con plena autonomía respecto de las entidades controladas. Debe contar con medios suficientes para un modelo de control eficaz que cubra, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio, y el cien por cien en tres ejercicios consecutivos, previo análisis de riesgos. Informa a los órganos gestores de los resultados más relevantes y al Pleno de los de especial trascendencia y de la corrección de debilidades.

Artículo 5. De los deberes del órgano de control

Quienes ejercen el control interno deben guardar sigilo, y los datos obtenidos solo pueden usarse para los fines del control o para denunciar posibles infracciones o responsabilidades. Si aprecian hechos de ese tipo, los comunican: si pueden ser delito, ante los Tribunales de Justicia; si son infracciones de gestión económico-presupuestaria de la Ley 19/2013, al órgano competente y, en su caso, al Tribunal de Cuentas; en los demás casos, según la normativa del Tribunal de Cuentas. Sin previsión legal, los informes se piden al gestor directo.

Artículo 6. De las facultades del órgano de control

El órgano interventor cuenta con el deber de colaboración, la facultad de pedir asesoramiento, la defensa jurídica y la revisión de sistemas informáticos. Autoridades y responsables de oficinas, organismos y sociedades locales deben colaborar, y cualquier persona debe facilitarle, previo requerimiento, datos relevantes. Puede recabar directamente informes de los órganos de la Entidad; a través del Presidente, de los Servicios de Asistencia Municipal y de las Diputaciones; y de la Intervención General del Estado mediante convenio.

Artículo 7. De las distintas fases de la función interventora

La función interventora tiene cuatro fases: fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos económicos, autoricen, dispongan o comprometan gastos o acuerden movimientos de fondos y valores; intervención del reconocimiento de obligaciones y de la comprobación material de la inversión; intervención formal de la ordenación del pago; e intervención material del pago. Se ejerce en dos modalidades: formal, que verifica los requisitos legales examinando los documentos preceptivos del expediente, y material, que comprueba la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Artículo 8. Del contenido de la función interventora

La función interventora se ejerce como fiscalización previa o como intervención previa. La fiscalización previa examina, antes de la resolución, todo acto que pueda producir derechos u obligaciones económicas o movimiento de fondos, para asegurar su legalidad, sin entrar en oportunidad o conveniencia. La intervención formal de la ordenación del pago verifica la correcta expedición de las órdenes de pago; la intervención material del pago, que lo dispone órgano competente, en favor del perceptor y por el importe establecido.

Artículo 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos

Si lo acuerda el Pleno, la fiscalización previa de derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y sus organismos autónomos puede sustituirse por la toma de razón en contabilidad y el control posterior, que se hace mediante control financiero. Esa sustitución no alcanza a la ordenación y pago material de devoluciones de ingresos indebidos. Si el interventor discrepa en el reconocimiento, liquidación o anulación de derechos, formula nota de reparo, que en ningún caso suspende la tramitación del expediente.

Artículo 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora

El órgano interventor recibe el expediente original completo, con todos los justificantes e informes preceptivos y listo para que se dicte acuerdo. Lo fiscaliza en diez días hábiles, o en cinco si la tramitación es urgente o se aplica el régimen especial de los artículos 13 y 14. El plazo cuenta desde el día siguiente a la recepción del expediente original y una vez se disponga de todos los documentos; se suspende si el interventor recaba asesoramientos o informes (artículo 6.4), lo que debe comunicar al gestor. Las Entidades Locales no pueden reducir estos plazos.

Artículo 11. Fiscalización de conformidad

Cuando, tras verificar los extremos a los que se extiende la función interventora, el expediente fiscalizado o intervenido se ajusta a la legalidad, el órgano interventor hace constar su conformidad mediante una diligencia firmada, sin necesidad de motivarla.

Artículo 12. Reparos

Si el interventor discrepa del fondo o la forma, formula reparo por escrito, motivado en normas y con todas las objeciones. Si afecta a gastos, obligaciones o pagos, suspende la tramitación en los casos del artículo 216.2 del texto refundido; es suspensivo, entre otros, si el órgano carece de competencia, hay graves irregularidades en la justificación o se omiten trámites esenciales. Aceptado el reparo, se subsana y se devuelve en quince días; si no, procedimiento del artículo 15.

Artículo 13. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos

El Pleno, a propuesta del Presidente y previo informe del interventor, puede acordar la fiscalización e intervención limitada previa. En ella el interventor solo comprueba la existencia de crédito adecuado, que el gasto lo genera órgano competente y los demás extremos trascendentes que fije el Pleno, entre ellos siempre los del Acuerdo del Consejo de Ministros aplicables. Rige el régimen general para los gastos no incluidos y los de cuantía indeterminada. Después habrá una fiscalización plena dentro del control financiero.

Artículo 14. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa

En la fiscalización e intervención limitada previa, si no se cumplen los requisitos básicos del artículo 13.2, el órgano interventor formula reparo con la forma y efectos de la sección 1.ª. Además puede formular las observaciones complementarias que considere convenientes, que en ningún caso suspenden la tramitación de los expedientes y frente a las que no cabe plantear discrepancia.

Artículo 15. Discrepancias

Las opiniones del interventor no prevalecen sobre las de los gestores. Las discrepancias las resuelve el Presidente o, si el reparo se basa en insuficiencia o inadecuación de crédito o afecta a gastos de su competencia, el Pleno. Se plantean en quince días desde la recepción del reparo, motivadas por escrito, y se resuelven en quince días, de forma indelegable y ejecutiva. Puede pedirse antes informe al órgano de tutela financiera, que lo emite en un mes. Las resoluciones contrarias a reparos se informan al Pleno y al Tribunal de Cuentas.

Artículo 16. Régimen general

Salvo el régimen de fiscalización limitada del artículo 13, están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que aprueben la realización de un gasto. Se incluyen expresamente los actos que resuelven recursos administrativos con contenido económico y los convenios y actos análogos con contenido económico. En la fiscalización previa se comprueba el cumplimiento de trámites y requisitos legales examinando los documentos e informes del expediente.

Artículo 17. Exención de fiscalización previa

Quedan exentos de la fiscalización previa del artículo 7.1.a): los gastos de material no inventariable; los contratos menores; los gastos periódicos y de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el del período inicial del acto o contrato o sus modificaciones; y los gastos menores de 3.005,06 euros que se paguen por anticipos de caja fija.

Artículo 18. Intervención de la liquidación del gasto

Las liquidaciones de gastos o reconocimientos de obligaciones se someten a intervención previa, tanto si nacen de la ley como de negocios jurídicos válidos. El interventor conoce el expediente antes del acuerdo de liquidación o reconocimiento, y en ese momento debe quedar acreditado documentalmente que se cumplen todos los requisitos: entre ellos, en su caso, la realización de la prestación o el derecho del acreedor conforme a los acuerdos de autorización y compromiso del gasto, y el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.

Artículo 19. Contenido de las comprobaciones

Al intervenir la liquidación del gasto o el reconocimiento de obligaciones se comprueba además: que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente (salvo aprobación y reconocimiento simultáneos); que los documentos justificativos se ajustan a la normativa y contienen siempre la identificación del acreedor, el importe exacto y las prestaciones o causas de la obligación; y que, cuando proceda, se ha comprobado materialmente la realización conforme de la obra, servicio, suministro o gasto.

Artículo 20. Intervención de la comprobación material de la inversión

Antes de liquidar el gasto se verifica materialmente la realización de obras, servicios o adquisiciones y su adecuación al contrato. Lo hace el órgano interventor, que puede asesorarse técnicamente. Si la inversión es de 50.000,00 euros o más sin IVA (o el importe inferior de las bases de ejecución), los gestores deben pedir su asistencia con veinte días de antelación a la recepción. El interventor, o quien delegue, concurre al acto de recepción. El resultado consta en acta firmada por los asistentes.

Artículo 21. De la intervención formal del pago, objeto y contenido

Se someten a intervención formal de la ordenación del pago los actos que ordenan pagos con cargo a la Tesorería de la Entidad Local. Se verifica que las órdenes de pago las dicta órgano competente, se ajustan al reconocimiento de la obligación (examinando los documentos originales o su certificación y la de su intervención) y se acomodan al plan de disposición de fondos (examinando el propio plan o el informe de la Tesorería). Las minoraciones por retenciones judiciales o compensaciones de deudas se acreditan con los acuerdos que las disponen, también sometidos a esta intervención.

Artículo 22. Conformidad y reparo

Si las órdenes de pago cumplen los requisitos del artículo anterior, el órgano interventor hace constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento que contiene la orden o en un documento resumen de cargo a las cajas pagadoras. Si no los cumplen, formula reparo en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del capítulo.

Artículo 23. De la intervención material del pago, objeto y contenido

Se somete a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que cumplen directamente obligaciones de la Tesorería, sitúan fondos a disposición de cajeros y agentes facultados para pagar o mueven fondos y valores entre cuentas de la Tesorería. Se verifica la competencia del órgano que paga, la identidad del perceptor y el importe reconocido. Si todo es conforme, el interventor firma los documentos que autorizan la salida de fondos y valores; si no lo es en cuanto al perceptor o la cuantía, formula reparo motivado y por escrito.

Artículo 24. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar

En las órdenes de pago a justificar se comprueba: que se basan en resolución de autoridad competente; que existe crédito adecuado; que se ajustan a sus normas; que el órgano pagador justificó a tiempo los fondos anteriores del mismo concepto (salvo orden específica del Presidente ante catástrofes, grave peligro o seguridad pública); y que cumplen el plan de disposición de fondos aprobado por el Presidente, con la misma salvedad.

Artículo 25. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija

Para constituir o modificar anticipos de caja fija, la fiscalización previa comprueba que existen normas de distribución del gasto máximo por cajas pagadoras y que se respetan, y que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente. En las reposiciones de fondos, además de lo que fijen las bases de ejecución, se comprueba siempre que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos, que las propuestas se basan en resolución de autoridad competente y que existe crédito adecuado.

Artículo 26. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos

Si no se cumplen los requisitos de fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y de los anticipos de caja fija, el órgano interventor formula reparo con las condiciones y efectos de la sección 1.ª del capítulo. Se exceptúan los supuestos de las letras d) y e) del artículo 24.

Artículo 27. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija

Salvo regulación específica de la Entidad Local, en las cuentas justificativas se comprueba que responden a gastos concretos tramitados por el procedimiento aplicable, adecuados al fin de los fondos, efectivamente realizados y pagados al acreedor por el importe debido. Se examinan cuentas y justificantes, pudiendo usarse muestreo. El informe del interventor se hace constar en la cuenta y no suspende su aprobación. El órgano competente aprueba las cuentas, y se informa al Pleno de los resultados.

Artículo 28. De la omisión de la función interventora

Si se omitió la función interventora preceptiva, no se puede reconocer la obligación ni tramitar el pago hasta resolver la omisión. El interventor lo comunica a la autoridad que inició el expediente y emite su opinión, para que decida el Presidente o, si el gasto es de su competencia, el Pleno. Ese informe no es fiscalización y recoge el gasto, los incumplimientos, las prestaciones y su precio, el crédito y la conveniencia de revisar los actos. En municipios de gran población interviene la Junta de Gobierno Local.

Artículo 1. Objeto y ámbito subjetivo

La Orden aprueba la estructura, normas y códigos a los que deben adaptarse los presupuestos de las entidades locales. La estructura presupuestaria prevista en el artículo 167.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se aplica tanto a las entidades locales como a los organismos autónomos de ellas dependientes.

Artículo 2. Estructura de los presupuestos

Las entidades locales elaboran sus presupuestos teniendo en cuenta la naturaleza económica de ingresos y gastos y las finalidades y objetivos que se pretenden conseguir con los gastos. Además, pueden clasificar gastos e ingresos según su propia estructura, de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización.

Artículo 3. Criterios generales de clasificación del estado de gastos

Los estados de gastos de los presupuestos de las entidades locales se clasifican con tres criterios: por programas, por categorías económicas y, de forma opcional, por unidades orgánicas. Los dos primeros se aplican siempre; el orgánico es opcional.

Artículo 4. Clasificación por programas

Los créditos se ordenan según su finalidad y objetivos en áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas (anexo I), y los programas pueden desarrollarse en subprogramas. Con carácter general, el detalle mínimo es el grupo de programas, salvo los casos del anexo I, que exigen nivel de programa. La estructura es cerrada y obligatoria, pero abierta a partir de programas y subprogramas. Si la entidad asume competencias delegadas, debe desarrollar los grupos de programa para que cada servicio corresponda a un único programa o subprograma.

Artículo 5. Clasificación económica del gasto

La clasificación económica del gasto agrupa los créditos por capítulos, separando operaciones corrientes, de capital y financieras. Los capítulos se desglosan en artículos, estos en conceptos y estos pueden subdividirse en subconceptos, según el anexo III. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, y los subconceptos pueden desarrollarse en partidas, de estructura igualmente abierta.

Artículo 6. Aplicación presupuestaria

La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada es el crédito presupuestario, se define al menos por la conjunción de la clasificación por programas (nivel de grupo de programa o programa) y la económica (nivel de concepto o subconcepto). Si la entidad usa la clasificación orgánica, la aplicación se define por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica.

Artículo 7. Registro contable

El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto se hace, como mínimo, sobre la aplicación presupuestaria definida en el artículo 6. Las entidades locales pueden llevar el seguimiento contable con un mayor nivel de desglose.

Artículo 8. Créditos iniciales y definitivos

Crédito inicial es el asignado a cada aplicación presupuestaria en el presupuesto de la entidad definitivamente aprobado. Crédito definitivo vigente en cada momento es el crédito inicial aumentado o disminuido por las modificaciones presupuestarias.

Artículo 9. Clasificación económica del ingreso

Las previsiones de los estados de ingresos se clasifican separando operaciones corrientes, de capital y financieras, según la estructura por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos del anexo IV. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta: pueden crearse los que se necesiten cuando no figuren en la estructura de la Orden.

Artículo 10