Tema 18 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

En este tema: arts. 65–97, 131–187, 326 y DA 2.ª–3.ª. Ver la norma

1. Artículo 65. Condiciones de aptitud

   Solo pueden contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, cuando la Ley lo exija, estén debidamente clasificadas. Además deben contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible. En los contratos subvencionados del artículo 23, el contratista debe acreditar su solvencia y no estar incurso en la prohibición del artículo 71.1.a).

2. Artículo 66. Personas jurídicas

   Las personas jurídicas solo pueden ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que les sean propios según sus estatutos o reglas fundacionales. Quienes concurran, individual o conjuntamente con otros, a la licitación de una concesión de obras o de servicios pueden hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión; su constitución y, en su caso, su forma se ajustarán a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones, la legislación específica.

3. Artículo 67. Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

   Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tienen capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, si están habilitadas para realizar la prestación de que se trate con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas. Si esa legislación exige una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para prestar en él el servicio, deberán acreditar que cumplen ese requisito.

4. Artículo 68. Empresas no comunitarias

   Sin perjuicio de los acuerdos internacionales de España, las empresas no comunitarias deben justificar, con un informe de la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que su Estado admite a las empresas españolas en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescinde del informe para empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. El pliego puede exigir a las adjudicatarias de contratos de obras sucursal en España, con apoderados o representantes, e inscripción en el Registro Mercantil.

5. Artículo 69. Uniones de empresarios

   Las uniones temporales de empresarios pueden contratar sin formalizarse en escritura pública hasta la adjudicación a su favor. Sus miembros quedan obligados solidariamente y nombran un representante o apoderado único. Su duración coincide, al menos, con la del contrato. Si su composición se modifica antes de la formalización, queda excluida. Formalizado el contrato, aumentar, disminuir o sustituir empresas exige autorización previa y expresa del órgano de contratación y haber ejecutado al menos un 20 por ciento del importe o, en concesiones, explotado al menos la quinta parte del plazo.

6. Artículo 70. Condiciones especiales de compatibilidad

   El órgano de contratación tomará medidas para que no falsee la competencia la participación de empresas que intervinieron en la preparación del contrato o le asesoraron; entre ellas, comunicar a los demás la información intercambiada y fijar plazos adecuados para ofertar. Su exclusión, y la de sus vinculadas, cabe cuando no haya otro medio de garantizar la igualdad de trato y previa audiencia. Los contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución, y de coordinación de seguridad y salud, no pueden adjudicarse a las adjudicatarias de esos contratos ni a sus vinculadas.

7. Artículo 71. Prohibiciones de contratar

   No pueden contratar, entre otros: los condenados por sentencia firme por los delitos de la letra a); los sancionados con carácter firme por las infracciones de la letra b); quienes hayan solicitado concurso voluntario o estén declarados en concurso, salvo convenio eficaz; quienes no estén al corriente de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social; las empresas de 50 o más trabajadores sin el 2 por ciento de empleados con discapacidad o sin plan de igualdad; quienes falseen la declaración responsable; y, según el apartado 2, quienes retiren indebidamente su proposición.

8. Artículo 72. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento

   Los órganos de contratación aprecian directamente las prohibiciones de las letras c), d), f), g) y h) del artículo 71.1, y las de a) y b) si la sentencia o resolución fija su alcance y duración. Si no, los fija el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Duración: la prevista en la sentencia penal firme; si no establece plazo, no más de cinco años desde la condena firme; en el resto, no más de tres años. En el caso del artículo 71.2.b), el procedimiento no puede iniciarse pasados tres meses desde la adjudicación.

9. Artículo 73. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar

   En los casos del artículo 71.2 y de falsedad de la letra e) del 71.1, la prohibición afecta al ámbito del órgano de contratación competente para declararla y puede extenderse a su sector público; excepcionalmente, tras esa extensión, a todo el sector público por el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Si la declara ese Ministro, tiene efectos en todo el sector público. Salvo las de las letras c), d), g) y h), se comunican sin dilación al Registro; la inscripción caduca pasados 3 meses desde que termine su duración.

10. Artículo 74. Exigencia de solvencia

    Para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deben acreditar las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que determine el órgano de contratación. Este requisito se sustituye por el de la clasificación cuando esta sea exigible conforme a la Ley. Los requisitos mínimos de solvencia y la documentación para acreditarlos se indican en el anuncio de licitación y se especifican en el pliego del contrato, y deben estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.

11. Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos

    El empresario puede basarse en la solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de sus vínculos, si demuestra que dispondrá efectivamente de ellos durante toda la ejecución del contrato y la entidad no está incursa en prohibición de contratar. Para títulos de estudios y profesionales o experiencia profesional, únicamente si esas entidades van a ejecutar las obras o prestar los servicios. Se demuestra con su compromiso por escrito. En solvencia económica y financiera, el poder adjudicador puede exigir responsabilidad conjunta, incluso solidaria.

12. Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia

    En contratos de obras, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, y en los de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, puede exigirse a las personas jurídicas especificar nombres y cualificación profesional del personal responsable. Los órganos de contratación pueden exigir en pliegos el compromiso de adscribir medios personales o materiales, y lo exigirán si por la complejidad técnica es determinante concretarlos; se integra en el contrato como obligación esencial o con penalidades. La adscripción debe ser razonable, justificada y proporcional.

13. Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación

    En los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros la clasificación es requisito indispensable. En los de valor inferior, el empresario puede acreditar su solvencia indistintamente con la clasificación o cumpliendo los requisitos específicos de solvencia de los pliegos. En los contratos de servicios no es exigible, ni tampoco en los demás tipos de contratos. Se exige igualmente al cesionario si fue requerida al cedente. Por Real Decreto puede exceptuarse, de forma motivada, en determinados contratos de obras.

14. Artículo 78. Exención de la exigencia de clasificación

    No es exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, concurran aisladamente o integrados en una unión, aunque deben acreditar su solvencia. Excepcionalmente, si conviene a los intereses públicos, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, puede autorizar que la Administración General del Estado y sus entes contraten con personas no clasificadas. En las Comunidades Autónomas autorizan los órganos que estas designen.

15. Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación

    La clasificación se hace en función de la solvencia y determina a qué contratos puede optar la empresa por su objeto y cuantía. Los contratos se dividen en grupos generales y subgrupos, por su naturaleza, y categorías, por cuantía: valor estimado si la duración es igual o inferior a un año y valor medio anual si es superior. Se deniega a empresas que puedan presumirse continuación de otras afectadas por una prohibición de contratar. En obras con singularidades, salvo casos excepcionales, los subgrupos exigibles no superan cuatro y la obra parcial debe superar el 20 por 100 del precio total.

16. Artículo 80. Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y clasificaciones divergentes

    Los acuerdos de clasificación los adoptan, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas. Una empresa no puede tener a la vez clasificación estatal y autonómica, ni de varias Comunidades, pero sí una en obras y otra en servicios. Para cambiar de órgano debe comunicar su renuncia, que surte efecto desde el otorgamiento de la nueva; el nuevo órgano comunica su acuerdo en 15 días. Si coinciden varias, prevalece la más reciente.

17. Artículo 81. Inscripción registral de la clasificación

    Los acuerdos de clasificación adoptados por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se inscriben de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Los adoptados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido la competencia se inscriben de oficio en el Registro de Licitadores de la Comunidad, si dispone de él, y el órgano que los adoptó los comunica al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para su inscripción.

18. Artículo 82. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones

    La clasificación tiene vigencia indefinida mientras el empresario mantenga las condiciones en que se basó su concesión. Para conservarla debe justificarse anualmente la solvencia económica y financiera y, cada tres años, la técnica y profesional, con declaración responsable o, en su defecto, documentación actualizada. No aportarlas en plazo produce la suspensión automática y abre expediente de revisión. Es revisable a petición de los interesados o de oficio. El empresario debe comunicar toda variación que pueda dar lugar a revisión; omitirlo le hace incurrir en prohibición de contratar.

19. Artículo 83. Comprobación de los elementos de la clasificación

    Los órganos competentes en materia de clasificación pueden solicitar en cualquier momento, tanto a las empresas clasificadas como a las pendientes de clasificación, los documentos que estimen necesarios para comprobar las declaraciones y hechos que estas hayan manifestado en los expedientes que tramiten. También pueden pedir informe sobre esos extremos a cualquier órgano de las Administraciones Públicas.

20. Artículo 84. Acreditación de la capacidad de obrar

    Las personas jurídicas acreditan su capacidad de obrar con la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, inscritos en su caso en el Registro público que corresponda. Los no españoles nacionales de Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por su inscripción en el registro procedente del Estado donde están establecidos, o con declaración jurada o certificado. Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular del domicilio de la empresa.

21. Artículo 85. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar

    Los empresarios pueden probar que no están incursos en prohibiciones para contratar mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140. Cuando la autoridad competente no pueda expedir ese documento, cabe sustituirlo por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

22. Artículo 86. Medios de acreditar la solvencia

    La solvencia para un contrato se acredita con los documentos que determine el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91. En contratos no sujetos a regulación armonizada puede admitir además, de forma justificada, otros medios de prueba. Para la clasificación, los documentos son los reglamentariamente establecidos de entre los de esos artículos. La clasificación acredita la solvencia para contratos del mismo tipo e importe para los que no se exija. En concesiones de obras y de servicios con fases sucesivas, los pliegos pueden diferenciar requisitos por fase.

23. Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera

    La solvencia económica y financiera se acredita, a elección del órgano de contratación, por volumen anual de negocios (mejor ejercicio de los tres últimos disponibles; el mínimo exigido no excede de una vez y media el valor estimado, excepto casos debidamente justificados), seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales o patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos. En contratos no sujetos a clasificación, si los pliegos no concretan: volumen de al menos una vez y media el valor estimado, o el valor anual medio si dura más de un año.

24. Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras

    En los contratos de obras la solvencia técnica se acredita, a elección del órgano de contratación, por uno o varios medios: obras ejecutadas en los cinco últimos años con certificados de buena ejecución, personal técnico, títulos académicos y profesionales, medidas de gestión medioambiental, plantilla media anual y directivos de los tres últimos años, y maquinaria. En contratos de valor estimado inferior a 500.000 euros, la empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años) acredita por los medios de las letras b) a f).

25. Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro

    En suministros, la solvencia técnica se acredita por uno o varios medios, a elección del órgano de contratación: relación de suministros de, como máximo, los tres últimos años; personal técnico; instalaciones; control; muestras; certificados y cadena de suministro. En contratos no sujetos a regulación armonizada, la empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años) no acredita por la relación de suministros. En defecto de especificación: relación de los tres últimos años con importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 % de la anualidad media.

26. Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios

    En servicios, la solvencia se aprecia por conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, y se acredita por uno o varios medios, a elección del órgano de contratación: relación de servicios de, como máximo, los tres últimos años; títulos, si no se evalúan como criterio de adjudicación; plantilla media de tres años, entre otros. En su defecto: relación de tres años con importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 % de la anualidad media. En contratos no armonizados, la empresa de antigüedad inferior a cinco años no acredita por esa relación.

27. Artículo 91. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos

    En los contratos distintos de los de obras, servicios o suministro, la solvencia profesional o técnica podrá acreditarse por los documentos y medios que se indican en el artículo anterior. El precepto no enumera medios propios: se limita a remitir al artículo que le precede.

28. Artículo 92. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia

    El órgano de contratación determina los requisitos mínimos de solvencia y los medios para acreditarla; se indican en el anuncio de licitación o en la invitación y se detallan en los pliegos (magnitudes, parámetros o ratios y umbrales o rangos de valores). En su ausencia se aplican los de los artículos 87 a 90. La clasificación en un grupo o subgrupo es prueba bastante de solvencia si el objeto está incluido en él y el importe anual medio es igual o inferior al de su categoría; el CPV determina el grupo o subgrupo. Reglamentariamente podrá eximirse la acreditación por debajo de un umbral.

29. Artículo 93. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad

    En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan certificados de organismos independientes sobre normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas europeas de certificación. Reconocerán los certificados equivalentes de organismos de cualquier Estado miembro de la Unión Europea y aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes.

30. Artículo 94. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental

    En los contratos sujetos a una regulación armonizada, si se exigen certificados de organismos independientes sobre normas de gestión medioambiental, los órganos de contratación harán referencia al EMAS de la Unión Europea, a otros sistemas reconocidos conforme al artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 o a otras normas basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados. Reconocerán certificados equivalentes de cualquier Estado miembro y aceptarán otras pruebas, como una descripción de las medidas ejecutadas, si el licitador demuestra su equivalencia.

31. Artículo 95. Documentación e información complementaria

    El órgano de contratación o el órgano auxiliar de este puede hacer dos cosas respecto de los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores: recabar del empresario aclaraciones sobre ellos o requerirle para que presente otros complementarios. Está formulado como facultad: «podrá».

32. Artículo 96. Certificaciones de Registros de Licitadores

    La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar. La inscripción en el Registro de una Comunidad Autónoma acredita lo mismo para contratar con ella, con las entidades locales de su ámbito territorial y con los entes dependientes de una y otras. El contenido se prueba mediante certificación del órgano encargado.

33. Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar

    Los certificados de inscripción en las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar de los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado que los expide, constituyen una presunción de aptitud respecto de los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. Igual valor presuntivo tienen las certificaciones de organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación. Estos documentos deben indicar las referencias que permitieron la inscripción o la certificación y la clasificación obtenida.

34. Artículo 131. Procedimiento de adjudicación

    La adjudicación se realiza ordinariamente con pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio y por procedimiento abierto o restringido; las concesiones de servicios especiales del Anexo IV, por el restringido. Caben el negociado sin publicidad (artículo 168), el diálogo competitivo o la licitación con negociación (artículo 167) y la asociación para la innovación (artículo 177). Los contratos menores pueden adjudicarse directamente. En asistencia sanitaria urgente de valor estimado inferior a 30.000 euros no rigen las normas de preparación y adjudicación.

35. Artículo 132. Principios de igualdad, transparencia y libre competencia

    Los órganos de contratación darán a licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y actuarán con transparencia y proporcionalidad. No puede limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro, salvo en los contratos reservados de la disposición adicional cuarta. La contratación no se concebirá para eludir la publicidad o el procedimiento ni para restringir artificialmente la competencia. Los hechos que puedan infringir la legislación de defensa de la competencia se notifican a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o a las autoridades autonómicas.

36. Artículo 133. Confidencialidad

    Los órganos de contratación no pueden divulgar la información que los empresarios designen como confidencial al presentar su oferta: secretos técnicos o comerciales, aspectos confidenciales de las ofertas e informaciones que puedan falsear la competencia. Ese deber no alcanza a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni de los informes del procedimiento: solo a documentos de difusión restringida. Tampoco impide divulgar las partes no confidenciales de los contratos. El contratista guarda la confidencialidad cinco años desde que conoce la información, salvo plazo mayor.

37. Artículo 134. Anuncio de información previa

    Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa sobre los contratos de obras, suministros o servicios sujetos a regulación armonizada que proyecten adjudicar. Se publica, a su elección, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante. Cubre un máximo de 12 meses desde la fecha de envío, salvo en los servicios especiales del Anexo IV, en que puede abarcar un plazo superior. Si a las cuarenta y ocho horas de confirmada la recepción no hay notificación de la publicación, puede publicarse a nivel nacional.

38. Artículo 135. Anuncio de licitación

    El anuncio de licitación de los contratos de las Administraciones Públicas se publica en el perfil de contratante, salvo en los procedimientos negociados sin publicidad. En los contratos de la Administración General del Estado y de sus entidades vinculadas con naturaleza de Administración Pública, además en el «Boletín Oficial del Estado»; en los sujetos a regulación armonizada, además en el «Diario Oficial de la Unión Europea». No se publica antes que en dicho Diario, salvo falta de notificación a las 48 horas de la confirmación de la recepción.

39. Artículo 136. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones

    Los órganos de contratación fijan los plazos de presentación de ofertas y solicitudes según el tiempo razonablemente necesario para prepararlas, atendida la complejidad del contrato y respetando los plazos mínimos de la Ley. Deben ampliar el plazo inicial si no se atendió un requerimiento de información relevante o si se introducen modificaciones significativas en los pliegos: clasificación requerida, importe y plazo, obligaciones del adjudicatario y cambio o variación del objeto. Presentar proposiciones no puede suponer la exigencia de cantidad alguna a los licitadores.

40. Artículo 137. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente

    Cuando el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, los plazos establecidos en la Sección dedicada a la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas se reducen. El artículo no detalla la reducción: remite a la forma prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 119 y a las demás disposiciones de la Ley.

41. Artículo 138. Información a interesados

    El acceso a los pliegos es electrónico, por el perfil de contratante: libre, directo, completo y gratuito, desde la publicación del anuncio de licitación o el envío de la invitación. Excepcionalmente cabe acceso no electrónico (circunstancias técnicas, confidencialidad o, en concesiones, seguridad excepcional): se advierte en el anuncio o invitación y el plazo se prolonga cinco días, salvo tramitación urgente. La información adicional se da a más tardar 6 días antes del fin del plazo de ofertas si se pidió al menos 12 días antes; 4 días en ciertos expedientes urgentes.

42. Artículo 139. Proposiciones de los interesados

    Las proposiciones se ajustan a los pliegos; presentarlas supone aceptar incondicionadamente todas sus cláusulas, sin salvedad ni reserva, y autorizar a la mesa y al órgano de contratación a consultar el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Son secretas hasta su apertura. Cada licitador presenta una sola proposición y no puede ir en unión temporal si lo hace individualmente ni figurar en más de una unión: la infracción supone la no admisión de todas sus propuestas. El IVA se indica como partida independiente.

43. Artículo 140. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

    En el procedimiento abierto la proposición lleva una declaración responsable ajustada al documento europeo único de contratación: sociedad válidamente constituida y representación, clasificación o solvencia, ausencia de prohibición de contratar y correo electrónico para notificaciones. También declaran las empresas cuya solvencia se usa, cada miembro de una unión temporal y cada lote si varía la solvencia. Los justificantes pueden pedirse, en todo caso, antes de adjudicar. Los requisitos deben concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en la perfección del contrato.

44. Artículo 141. Declaración responsable y otra documentación

    El pliego incluye, junto con la exigencia de declaración responsable, el modelo al que debe ajustarse, que seguirá el formulario de documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, sin perjuicio de la letra c) del apartado 4 del artículo 159. Si se establece la intervención de mesa de contratación, es esta la que califica la declaración responsable y la documentación; cuando aprecia defectos subsanables, da al empresario un plazo de tres días para corregirlos.

45. Artículo 142. Admisibilidad de variantes

    El órgano de contratación puede tomar en consideración variantes cuando haya criterios de adjudicación distintos del precio y los pliegos las prevean, expresando sus requisitos mínimos, modalidades y características y su vinculación con el objeto del contrato. La posibilidad se indica en el anuncio de licitación, precisando sobre qué elementos y en qué condiciones se autoriza. En suministros o servicios no puede rechazarse una variante autorizada solo porque daría lugar a un contrato de servicios en vez de suministro, o a la inversa.

46. Artículo 143. Subasta electrónica

    La subasta electrónica es un proceso electrónico repetitivo que sigue a una primera evaluación completa de las ofertas. Cabe en procedimientos abiertos, restringidos y licitaciones con negociación, si las especificaciones pueden fijarse de manera precisa y las prestaciones no son de carácter intelectual. Se indica en el anuncio de licitación. Entre el envío de las invitaciones y su comienzo median, al menos, dos días hábiles. Puede tener varias fases y no puede divulgarse la identidad de los licitadores. No se usa en contratos relacionados con la calidad alimentaria.

47. Artículo 144. Sucesión en el procedimiento

    Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato hay una fusión, escisión o transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, sucede a la empresa licitadora o candidata en su posición la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente. Condición: reunir capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acreditar solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

48. Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato

    Los contratos se adjudican con una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio, evaluada con criterios económicos y cualitativos; previa justificación en el expediente cabe la mejor relación coste-eficacia. Los criterios deben estar vinculados al objeto del contrato y figurar en los pliegos y en el anuncio. En servicios del Anexo IV y prestaciones de carácter intelectual, la calidad supone al menos el 51 por ciento de la puntuación. Las mejoras son prestaciones adicionales suficientemente especificadas, pasan a formar parte del contrato y no pueden modificarse.

49. Artículo 146. Aplicación de los criterios de adjudicación

    Con un solo criterio, este se relaciona con los costes: el precio o la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Con varios, se da preponderancia a los valorables mediante fórmulas. En abierto o restringido, si los criterios de juicio de valor pesan más que los automáticos, los valora un comité de expertos de al menos tres miembros, no adscritos al órgano proponente, o un organismo técnico especializado; en lo demás, la mesa o los servicios del órgano de contratación. Las fórmulas se evalúan después. En varias fases, umbral mínimo del 50 por ciento en los criterios cualitativos.

50. Artículo 147. Criterios de desempate

    Los pliegos pueden fijar criterios específicos de desempate, vinculados al objeto del contrato: trabajadores con discapacidad por encima de lo exigido, empresas de inserción, entidades sin ánimo de lucro en prestaciones sociales o asistenciales, Comercio Justo e igualdad entre mujeres y hombres. La documentación se aporta al producirse el empate, no antes. En defecto de previsión se aplican por orden: mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en exclusión social, menor porcentaje de contratos temporales, mayor porcentaje de mujeres y sorteo.

51. Artículo 148. Definición y cálculo del ciclo de vida

    El ciclo de vida de un producto, obra o servicio abarca todas las fases consecutivas o interrelacionadas de su existencia, desde la investigación y el desarrollo hasta la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización. Su coste incluye, total o parcialmente, los costes sufragados por el órgano de contratación u otros usuarios (adquisición, utilización, mantenimiento y final de vida) y los imputados a externalidades medioambientales, si su valor monetario puede determinarse y verificarse. Los pliegos indican los datos a facilitar y el método.

52. Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas

    Una oferta presuntamente anormal solo se excluye tras el procedimiento de este artículo. La mesa o, en su defecto, el órgano de contratación identifica las ofertas con los parámetros objetivos de los pliegos; de las empresas de un mismo grupo solo se toma la más baja. Se requiere al licitador, con plazo suficiente, que justifique y desglose precios o costes, y se solicita asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa eleva propuesta motivada y el órgano de contratación excluye la oferta y adjudica a la mejor según el orden de clasificación.

53. Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato

    La mesa o, en su defecto, el órgano de contratación clasifica las proposiciones por orden decreciente; con el precio como único criterio, la mejor oferta es la del precio más bajo. Ante indicios fundados de colusión en contratos sujetos a regulación armonizada, se trasladan a la autoridad de competencia, que informa en 20 días hábiles, y la licitación se suspende. El mejor clasificado tiene diez días hábiles para aportar documentación y garantía definitiva; si no lo hace, se entiende retirada su oferta y se le exige el 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

54. Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación

    La resolución de adjudicación debe ser motivada, se notifica a los candidatos y licitadores y se publica en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. Notificación y publicidad deben permitir interponer recurso suficientemente fundado e incluyen: las razones del descarte de candidatos, los motivos de exclusión de licitadores con el desglose de valoraciones, y el nombre del adjudicatario con las características y ventajas de su proposición. La notificación indica el plazo de formalización y se realiza por medios electrónicos.

55. Artículo 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración

    Antes de la formalización, el órgano de contratación puede decidir no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento; lo notifica a candidatos o licitadores, informa a la Comisión Europea si el contrato se anunció en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y compensa los gastos. No adjudicar exige razones de interés público justificadas en el expediente e impide nueva licitación mientras subsistan. El desistimiento exige una infracción no subsanable de las normas de preparación o de adjudicación y no impide licitar de inmediato.

56. Artículo 153. Formalización de los contratos

    Los contratos de las Administraciones Públicas se formalizan en documento administrativo; el contratista puede pedir escritura pública a su cargo. Si cabe recurso especial, no se formaliza antes de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación (las Comunidades Autónomas pueden incrementarlo sin exceder de un mes); después se requiere al adjudicatario para formalizar en cinco días. En los restantes casos, no más tarde de quince días hábiles. Si no se formaliza por causa del adjudicatario: 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

57. Artículo 154. Anuncio de formalización de los contratos

    La formalización se publica, junto con el contrato, en el perfil de contratante en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento; si el contrato está sujeto a regulación armonizada, además en el «Diario Oficial de la Unión Europea», al que el anuncio se envía a más tardar 10 días después de la formalización. Los contratos basados en un acuerdo marco se publican trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre. Para no publicar datos se solicita informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, evacuado en un máximo de diez días.

58. Artículo 155. Comunicación a los candidatos y a los licitadores

    Los órganos de contratación informan a cada candidato y licitador, en el plazo más breve posible, de las decisiones sobre acuerdos marco, adjudicación o admisión a un sistema dinámico de adquisición. A petición del interesado, y en cualquier caso en quince días desde la recepción de una solicitud por escrito, comunican: a los candidatos descartados, por qué se desestimó su candidatura; a los licitadores descartados, por qué se desestimó su oferta; y a quien presentó una oferta admisible, las ventajas de la seleccionada, el nombre del adjudicatario y el desarrollo de las negociaciones.

59. Artículo 156. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación

    En el procedimiento abierto todo empresario interesado puede presentar proposición y queda excluida toda negociación. En contratos sujetos a regulación armonizada el plazo mínimo es de treinta y cinco días (obras, suministros y servicios) y treinta (concesiones) desde el envío del anuncio; puede reducirse a quince días con anuncio de información previa o por urgencia, y en cinco días si se aceptan ofertas por medios electrónicos. En contratos no armonizados: quince días desde el día siguiente a la publicación en el perfil de contratante, y veintiséis en obras y concesiones.

60. Artículo 157. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación

    La Mesa de contratación califica la documentación del artículo 140, presentada en sobre o archivo electrónico distinto, y después abre y examina las proposiciones y formula la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. Con pluralidad de criterios, la proposición va en dos sobres: juicio de valor y fórmulas. La apertura debe hacerse en el plazo máximo de veinte días desde el fin del plazo de presentación; la de la oferta económica, en acto público salvo que se prevean medios electrónicos. La propuesta no crea derecho alguno, pero apartarse de ella exige motivación.

61. Artículo 158. Adjudicación

    En el procedimiento abierto, si el único criterio es el precio, la adjudicación debe recaer en el plazo máximo de quince días desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Con pluralidad de criterios, o con el único del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo es de dos meses desde la apertura, salvo otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Ambos se amplían en quince días hábiles si hay que seguir los trámites del artículo 149.4. Si no se adjudica en plazo, los licitadores pueden retirar su proposición y recuperar la garantía provisional, de existir.

62. Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado

    Cabe en obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros y en suministros y servicios bajo las cantidades de los artículos 21.1.a) y 22.1.a), con juicios de valor que no superen el veinticinco por ciento (cuarenta y cinco en prestaciones intelectuales). Anuncio solo en el perfil de contratante; plazo mínimo de quince días, veinte en obras. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores, sin garantía provisional, valoración técnica en siete días. En obras inferiores a 80.000 euros y suministros y servicios inferiores a 60.000: diez días hábiles, sin acreditar solvencia ni garantía definitiva.

63. Artículo 160. Caracterización

    En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada puede presentar una solicitud de participación, pero solo presentan proposiciones los empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, seleccione el órgano de contratación. Está prohibida toda negociación de los términos del contrato con solicitantes o candidatos. Los pliegos pueden prever primas o compensaciones por los gastos de la oferta en contratos de servicios cuando presentarla implique determinados desarrollos. Es especialmente adecuado para servicios intelectuales de especial complejidad.

64. Artículo 161. Solicitudes de participación

    Plazo para presentar solicitudes de participación en el procedimiento restringido. Contratos sujetos a regulación armonizada: el suficiente y, en cualquier caso, no inferior a treinta días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea; en situación de urgencia, en obras, suministros y servicios, no inferior a quince días desde el envío del anuncio. Contratos no sujetos a regulación armonizada: como mínimo quince días desde la publicación del anuncio. Las solicitudes llevan la documentación del artículo 140, salvo la garantía provisional.

65. Artículo 162. Selección de candidatos

    Antes del anuncio de licitación, el órgano de contratación fija los criterios objetivos de solvencia (de entre los artículos 87 a 91) para elegir a los candidatos. Señala un número mínimo de empresarios a invitar, no inferior a cinco, y puede fijar también un máximo. Si cumplen los criterios menos candidatos que ese mínimo, puede continuar con ellos, sin invitar a quien no solicitó participar ni a quien no reúna las condiciones. Criterios, mínimo y, en su caso, máximo se indican en el anuncio de licitación. La invitación a los seleccionados se hace simultáneamente y por escrito.

66. Artículo 163. Contenido de las invitaciones e información a los candidatos

    Las invitaciones contienen una referencia al anuncio de licitación publicado e indican: fecha límite de recepción de ofertas; dirección de envío y lengua o lenguas; documentos a adjuntar, en su caso; criterios de adjudicación y su ponderación relativa u orden decreciente de importancia, si no figurasen en el anuncio; y lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. Incluyen además las indicaciones para acceder por medios electrónicos a los pliegos. Si se permite el acceso no electrónico, la invitación lo indica y explica cómo se pone la documentación a disposición de los candidatos.

67. Artículo 164. Proposiciones

    Plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento restringido. Contratos sujetos a regulación armonizada: el suficiente y, en cualquier caso, no inferior a treinta días desde el envío de la invitación escrita. Puede reducirse: a diez días si se envió anuncio de información previa; a no menos de diez días en situación de urgencia; y en cinco días si se aceptan ofertas por medios electrónicos. En las concesiones de obras y de servicios solo cabe esta última reducción. Contratos no sujetos a regulación armonizada: no inferior a diez días desde el envío de la invitación.

68. Artículo 165. Adjudicación

    En el procedimiento restringido, la adjudicación del contrato se rige por lo previsto en la Ley para el procedimiento abierto, con una única salvedad: no se aplica lo que se refiere a la necesidad de calificar previamente la documentación a que se refiere el artículo 140.

69. Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación

    En los procedimientos con negociación adjudica el órgano de contratación al licitador justificadamente elegido, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. El pliego de cláusulas administrativas particulares determina: los aspectos económicos y técnicos a negociar; las necesidades y las características exigidas; el procedimiento para negociar, con máxima transparencia, publicidad y no discriminación; los requisitos mínimos de todas las ofertas; y los criterios de adjudicación. Salvo las circunstancias del artículo 168, se publica anuncio de licitación.

70. Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación

    La licitación con negociación cabe en contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando: a) la prestación requiera un trabajo previo de diseño o adaptación; b) incluya un proyecto o soluciones innovadoras; c) no pueda adjudicarse sin negociaciones previas; d) no puedan fijarse con precisión las especificaciones técnicas; e) en un abierto o restringido previo solo hubiera ofertas irregulares o inaceptables; f) servicios sociales personalísimos para dar continuidad a quienes ya eran beneficiarios.

71. Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad

    Negociado sin publicidad, solo en casos tasados: a) obras, suministros, servicios y concesiones: falta de ofertas o solicitudes adecuadas, empresario único (obra de arte, razones técnicas, derechos exclusivos) y contratos secretos o reservados; b) obras, suministros y servicios: imperiosa urgencia y ofertas irregulares o inaceptables previas; c) suministros: investigación, entregas adicionales (tres años por regla general), bolsas de materias primas y cese de proveedor; d) servicios: ganador de un concurso de proyectos; e) obras y servicios: repetición de similares, dentro de tres años.

72. Artículo 169. Tramitación del procedimiento de licitación con negociación

    La licitación con negociación exige, en todo caso, anuncio de licitación. Si se limita el número de empresas, el mínimo de candidatos invitados será de tres. Puede articularse en fases sucesivas. Durante la negociación rige la igualdad de trato y los cambios se comunican por escrito. No se negocian los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. En el expediente constan invitaciones, ofertas, razones de aceptación o rechazo y ventajas obtenidas. Al concluir se fija un plazo común para ofertas nuevas o revisadas; la mesa verifica, valora y propone, y el órgano de contratación adjudica.

73. Artículo 170. Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad

    El procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación solo se usa cuando se dé alguna de las situaciones del artículo 168 y se tramita con arreglo a las normas del artículo 169, en lo que resulten de aplicación según el número de participantes, a excepción de lo relativo a la publicidad previa. Si únicamente participa un candidato, la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación deberá negociar con él, siempre y cuando sea posible.

74. Artículo 171. Información a los licitadores

    En los procedimientos con negociación, el licitador que haya presentado una oferta admisible puede pedir por escrito que se le informe del desarrollo de las negociaciones. Contesta la mesa de contratación o, en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, lo antes posible y siempre dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud. La mesa o, en su defecto, el órgano de contratación puede no comunicar determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad del artículo 155.3.

75. Artículo 172. Caracterización

    En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de estos, para desarrollar una o varias soluciones que servirán de base a las ofertas de los candidatos elegidos. Cualquier empresa interesada puede presentar solicitud de participación en respuesta al anuncio de licitación, aportando la información y documentación para la selección cualitativa que pida el órgano de contratación. Puede utilizarse en los casos del artículo 167 y debe ir precedido de anuncio de licitación.

76. Artículo 173. Primas o compensaciones

    En el diálogo competitivo, los órganos de contratación podrán establecer en el documento descriptivo primas o compensaciones para todos o algunos de los participantes. Si no son para todos, se reconocen a quienes obtuvieron los primeros puestos en el orden de clasificación de las ofertas, y su cuantía debe ser suficiente para fomentar la participación. Si se reconocen, el expediente debe acreditar la cobertura financiera. El pago se hace conforme al artículo 198, contando los plazos desde el día siguiente a la formalización del contrato.

77. Artículo 174. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación

    Los órganos de contratación dan a conocer sus necesidades y requisitos en el anuncio de licitación y los definen en él o en un documento descriptivo, que no podrá modificarse después; ahí figuran también los criterios de adjudicación y un plazo de ejecución aproximado. Se aplican normas del procedimiento restringido (artículos 160, 161 y 162). Si se limita el número de empresas invitadas a dialogar, el mínimo de candidatos capacitados será de tres. Las invitaciones indican fecha y lugar de inicio de la consulta, lengua, documentos de aptitud y ponderación u orden decreciente de los criterios.

78. Artículo 175. Diálogo con los candidatos

    La mesa especial del diálogo competitivo dialoga con los candidatos seleccionados sobre todos los aspectos del contrato, con trato igual y sin revelar soluciones ni datos confidenciales sin previo consentimiento. Puede articularse en fases sucesivas si así se indicó en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo. El licitador descartado puede pedir por escrito información, que se da en quince días. La mesa propone el fin del diálogo, el órgano de contratación lo declara cerrado y la mesa invita a presentar la oferta definitiva indicando fecha límite, dirección y lengua.

79. Artículo 176. Presentación, examen de las ofertas y adjudicación

    Las ofertas incluyen todos los elementos requeridos y necesarios para el proyecto. La mesa puede pedir precisiones, aclaraciones, ajustes o información complementaria, sin modificar los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación. La mesa evalúa las ofertas según los criterios de adjudicación del anuncio de licitación o del documento descriptivo y selecciona la de mejor relación calidad precio; puede negociar con ese licitador para confirmar compromisos financieros u otras condiciones, sin alterar elementos sustanciales. Elevada la propuesta, adjudica el órgano de contratación.

80. Artículo 177. Caracterización del procedimiento de asociación para la innovación

    La asociación para la innovación es un procedimiento para desarrollar productos, servicios u obras innovadores y comprar después los resultantes, si se ajustan a los niveles de rendimiento y costes máximos acordados. Los pliegos determinan la necesidad que el mercado no cubre, los requisitos mínimos y el régimen de propiedad intelectual e industrial. Puede crearse con uno o varios socios que actúen por separado. La fase de investigación y desarrollo se rige por normas reglamentarias, pliegos y, supletoriamente, el contrato de servicios; la de ejecución, por el contrato de la prestación de que se trate.

81. Artículo 178. Selección de candidatos

    Cualquier empresario puede solicitar participar en respuesta a una convocatoria de licitación, aportando la información sobre los criterios objetivos de solvencia pedida por el órgano de contratación. Plazo mínimo de recepción de solicitudes: treinta días desde el envío del anuncio de licitación si el contrato está sujeto a regulación armonizada; en otro caso, no menos de veinte días desde la publicación del anuncio en el perfil de contratante. Solo los invitados presentan proyectos de investigación e innovación. Si se limita el número de candidatos, el mínimo de invitados a negociar es tres.

82. Artículo 179. Negociación y adjudicación de la asociación

    Seleccionados los candidatos, el órgano de contratación les invita a presentar sus proyectos. Los contratos se adjudican únicamente por la mejor relación calidad-precio. Salvo disposición en contrario, se negocian las ofertas iniciales y las ulteriores, excepto la definitiva; nunca los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. Caben fases sucesivas si se indicó en el anuncio de licitación y en los pliegos. Se exige igual trato e informar por escrito de los cambios, con tiempo para modificar ofertas. Los datos confidenciales no se revelan sin acuerdo previo, que no puede ser una renuncia general.

83. Artículo 180. Estructura de la asociación para la innovación

    La asociación para la innovación se estructura en fases sucesivas, fija objetivos intermedios para los socios y prevé el pago de la retribución en plazos adecuados. Al final de cada fase, el órgano de contratación puede resolver la asociación o, si hay varios socios, reducir su número resolviendo contratos individuales, siempre que los pliegos lo hayan previsto con sus condiciones. Ni la resolución ni la reducción dan lugar a indemnización, salvo la contraprestación por los trabajos realizados. Las soluciones y datos confidenciales de un socio no se revelan sin su acuerdo.

84. Artículo 181. Adquisiciones derivadas del procedimiento de asociación para la innovación

    Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de contratación analiza si los resultados alcanzan los niveles de rendimiento y costes acordados y resuelve sobre la adquisición de las obras, servicios o suministros resultantes. Las adquisiciones se hacen en los términos del pliego de cláusulas administrativas particulares; si hay varios empresarios, se elige a quién comprar con los criterios objetivos del pliego. Si la adquisición conlleva prestaciones sucesivas, solo puede durar un máximo de cuatro años desde la recepción de la resolución sobre la adquisición.

85. Artículo 182. Configuración y seguimiento de la asociación para la innovación por parte del órgano de contratación

    El órgano de contratación velará por que la estructura de la asociación para la innovación, y en particular la duración y el valor de sus fases, reflejen el grado de innovación de la solución propuesta y la secuencia de las actividades de investigación y de innovación necesarias para desarrollar una solución innovadora aún no disponible en el mercado. El valor estimado de los suministros, servicios u obras no será desproporcionado respecto de la inversión necesaria para su desarrollo.

86. Artículo 183. Ámbito de aplicación

    Los concursos de proyectos son procedimientos para obtener planos o proyectos, principalmente en arquitectura, urbanismo, ingeniería y procesamiento de datos, mediante una selección que, tras la licitación, se encomienda a un jurado. Hay dos tipos: los organizados dentro de la adjudicación de un contrato de servicios y los que tienen premios o pagos a los participantes. Estas normas son obligadas para proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo de especial complejidad. Son armonizados desde los umbrales del artículo 22.1 a) y b).

87. Artículo 184. Bases del concurso

    Las normas de organización del concurso de proyectos se establecen conforme a la Subsección y se ponen a disposición de quienes estén interesados en participar. Si se admiten premios o pagos, las bases deben indicar, según el caso, la cantidad fija que se abonará como premio o como compensación por los gastos de los participantes. La valoración de las propuestas se refiere a su calidad y a sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales.

88. Artículo 185. Participantes

    El órgano de contratación puede limitar el número de participantes; entonces hay dos fases: selecciona entre los solicitantes con criterios objetivos, claros y no discriminatorios, que figuran en las bases y en el anuncio de licitación, e invita simultáneamente y por escrito a presentar propuestas. No cabe limitar el acceso a un ámbito territorial ni a personas físicas o jurídicas. La segunda fase puede tener dos sub-fases, idea concisa y propuesta, valoradas por el Jurado; el mínimo de candidatos es tres y quien supera la primera tiene derecho a compensación.

89. Artículo 186. Publicidad

    La licitación del concurso de proyectos se publica en la forma del artículo 135. Si el órgano de contratación se propone adjudicar un contrato de servicios ulterior por procedimiento negociado sin publicidad, debe indicarlo en el anuncio de licitación del concurso. Los resultados se publican en la forma del artículo 154, pero puede no publicarse si se prevé que su divulgación dificultaría la aplicación de la ley, sería contraria al interés público, perjudique intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o podría perjudicar la competencia leal entre proveedores de servicios.

90. Artículo 187. Jurado y decisión del concurso

    Finalizado el plazo de presentación de propuestas se constituye un jurado, designado conforme a las bases; no interviene la mesa de contratación. Lo forman personas físicas independientes de los participantes y, si se exige una cualificación profesional específica, al menos dos tercios deben poseerla u otra equivalente. Decide sobre proyectos anónimos y clasifica en un informe firmado. El órgano de contratación adjudica al participante indicado por el jurado. Los plazos de pago de premios cuentan desde que la adjudicación sea notificada.

91. Artículo 326. Mesas de contratación

    Los órganos de contratación de las Administraciones Públicas están asistidos por una mesa en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, salvo que contrate una Junta de Contratación. La forman un Presidente, los vocales reglamentarios y un Secretario, nombrados por el órgano de contratación. No pueden integrarla cargos públicos representativos ni personal eventual. Califica la documentación, valora las proposiciones y propone la adjudicación.

92. Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales

    Alcaldes y Presidentes son órgano de contratación en obras, suministros, servicios, concesiones y administrativos especiales si el valor estimado no supera el 10 % de los recursos ordinarios ni seis millones de euros (plurianuales de hasta cuatro años incluidos); por encima, el Pleno, que además aprueba los pliegos de cláusulas administrativas generales. En municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local. En contratos privados y patrimoniales el límite del Alcalde es el 10 % y tres millones. En la Mesa, los miembros electos no pueden suponer más de un tercio del total.

93. Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales

    Especialidades locales: tramitación anticipada de contratos que empiezan en el ejercicio siguiente o dependen de financiación externa, con adjudicación bajo condición suspensiva; fiscalización por el Interventor; en municipios de menos de 5.000 habitantes, certificación de existencia de crédito en lugar de aprobación del gasto; informes jurídicos del Secretario; aplazamiento de hasta cuatro años en la adquisición de inmuebles; y en municipios de menos de 20.000 habitantes, concesiones de varios servicios si la anualidad media no supera 200.000 euros.