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Real Decreto 424/2017, régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

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Art. 1Objeto y régimen jurídicoEl Reglamento desarrolla el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Las actuaciones de control interno en las entidades del sector público local se ajustan a tres niveles de normas: el propio texto refundido, este Reglamento y las normas reguladoras que aprueben las Entidades Locales en desarrollo de ambos.
Art. 2Ámbito de aplicaciónEl control del título VI del texto refundido de Haciendas Locales lo ejercen los órganos de intervención sobre la totalidad del sector público local. Este comprende: la propia Entidad Local; sus organismos autónomos; las entidades públicas empresariales; las sociedades mercantiles y fundaciones dependientes; los fondos sin personalidad jurídica dotados mayoritariamente desde sus Presupuestos; los consorcios con personalidad propia adscritos a ella; y otras entidades con o sin personalidad con participación total o mayoritaria de la Entidad Local.
Art. 3Formas de ejercicioEl órgano interventor ejerce el control interno mediante la función interventora y el control financiero. La función interventora controla los actos de la Entidad Local y sus organismos autónomos que reconozcan derechos o realicen gastos, los ingresos y pagos derivados y la aplicación de sus fondos. El control financiero verifica el funcionamiento económico-financiero del sector público local, su legalidad y su buena gestión; comprende el control permanente y la auditoría pública. También alcanza a entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones.
Art. 4Principios del ejercicio del control internoEl órgano interventor está sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio, y actúa con plena autonomía respecto de las entidades controladas. Debe contar con medios suficientes para un modelo de control eficaz que cubra, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio, y el cien por cien en tres ejercicios consecutivos, previo análisis de riesgos. Informa a los órganos gestores de los resultados más relevantes y al Pleno de los de especial trascendencia y de la corrección de debilidades.
Art. 5De los deberes del órgano de controlQuienes ejercen el control interno deben guardar sigilo, y los datos obtenidos solo pueden usarse para los fines del control o para denunciar posibles infracciones o responsabilidades. Si aprecian hechos de ese tipo, los comunican: si pueden ser delito, ante los Tribunales de Justicia; si son infracciones de gestión económico-presupuestaria de la Ley 19/2013, al órgano competente y, en su caso, al Tribunal de Cuentas; en los demás casos, según la normativa del Tribunal de Cuentas. Sin previsión legal, los informes se piden al gestor directo.
Art. 6De las facultades del órgano de controlEl órgano interventor cuenta con el deber de colaboración, la facultad de pedir asesoramiento, la defensa jurídica y la revisión de sistemas informáticos. Autoridades y responsables de oficinas, organismos y sociedades locales deben colaborar, y cualquier persona debe facilitarle, previo requerimiento, datos relevantes. Puede recabar directamente informes de los órganos de la Entidad; a través del Presidente, de los Servicios de Asistencia Municipal y de las Diputaciones; y de la Intervención General del Estado mediante convenio.
Art. 7De las distintas fases de la función interventoraLa función interventora tiene cuatro fases: fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos económicos, autoricen, dispongan o comprometan gastos o acuerden movimientos de fondos y valores; intervención del reconocimiento de obligaciones y de la comprobación material de la inversión; intervención formal de la ordenación del pago; e intervención material del pago. Se ejerce en dos modalidades: formal, que verifica los requisitos legales examinando los documentos preceptivos del expediente, y material, que comprueba la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
Art. 8Del contenido de la función interventoraLa función interventora se ejerce como fiscalización previa o como intervención previa. La fiscalización previa examina, antes de la resolución, todo acto que pueda producir derechos u obligaciones económicas o movimiento de fondos, para asegurar su legalidad, sin entrar en oportunidad o conveniencia. La intervención formal de la ordenación del pago verifica la correcta expedición de las órdenes de pago; la intervención material del pago, que lo dispone órgano competente, en favor del perceptor y por el importe establecido.
Art. 9Fiscalización previa de derechos e ingresosSi lo acuerda el Pleno, la fiscalización previa de derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y sus organismos autónomos puede sustituirse por la toma de razón en contabilidad y el control posterior, que se hace mediante control financiero. Esa sustitución no alcanza a la ordenación y pago material de devoluciones de ingresos indebidos. Si el interventor discrepa en el reconocimiento, liquidación o anulación de derechos, formula nota de reparo, que en ningún caso suspende la tramitación del expediente.
Art. 10Momento y plazo para el ejercicio de la función interventoraEl órgano interventor recibe el expediente original completo, con todos los justificantes e informes preceptivos y listo para que se dicte acuerdo. Lo fiscaliza en diez días hábiles, o en cinco si la tramitación es urgente o se aplica el régimen especial de los artículos 13 y 14. El plazo cuenta desde el día siguiente a la recepción del expediente original y una vez se disponga de todos los documentos; se suspende si el interventor recaba asesoramientos o informes (artículo 6.4), lo que debe comunicar al gestor. Las Entidades Locales no pueden reducir estos plazos.
Art. 11Fiscalización de conformidadCuando, tras verificar los extremos a los que se extiende la función interventora, el expediente fiscalizado o intervenido se ajusta a la legalidad, el órgano interventor hace constar su conformidad mediante una diligencia firmada, sin necesidad de motivarla.
Art. 12ReparosSi el interventor discrepa del fondo o la forma, formula reparo por escrito, motivado en normas y con todas las objeciones. Si afecta a gastos, obligaciones o pagos, suspende la tramitación en los casos del artículo 216.2 del texto refundido; es suspensivo, entre otros, si el órgano carece de competencia, hay graves irregularidades en la justificación o se omiten trámites esenciales. Aceptado el reparo, se subsana y se devuelve en quince días; si no, procedimiento del artículo 15.
Art. 13Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicosEl Pleno, a propuesta del Presidente y previo informe del interventor, puede acordar la fiscalización e intervención limitada previa. En ella el interventor solo comprueba la existencia de crédito adecuado, que el gasto lo genera órgano competente y los demás extremos trascendentes que fije el Pleno, entre ellos siempre los del Acuerdo del Consejo de Ministros aplicables. Rige el régimen general para los gastos no incluidos y los de cuantía indeterminada. Después habrá una fiscalización plena dentro del control financiero.
Art. 14Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previaEn la fiscalización e intervención limitada previa, si no se cumplen los requisitos básicos del artículo 13.2, el órgano interventor formula reparo con la forma y efectos de la sección 1.ª. Además puede formular las observaciones complementarias que considere convenientes, que en ningún caso suspenden la tramitación de los expedientes y frente a las que no cabe plantear discrepancia.
Art. 15DiscrepanciasLas opiniones del interventor no prevalecen sobre las de los gestores. Las discrepancias las resuelve el Presidente o, si el reparo se basa en insuficiencia o inadecuación de crédito o afecta a gastos de su competencia, el Pleno. Se plantean en quince días desde la recepción del reparo, motivadas por escrito, y se resuelven en quince días, de forma indelegable y ejecutiva. Puede pedirse antes informe al órgano de tutela financiera, que lo emite en un mes. Las resoluciones contrarias a reparos se informan al Pleno y al Tribunal de Cuentas.
Art. 16Régimen generalSalvo el régimen de fiscalización limitada del artículo 13, están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que aprueben la realización de un gasto. Se incluyen expresamente los actos que resuelven recursos administrativos con contenido económico y los convenios y actos análogos con contenido económico. En la fiscalización previa se comprueba el cumplimiento de trámites y requisitos legales examinando los documentos e informes del expediente.
Art. 17Exención de fiscalización previaQuedan exentos de la fiscalización previa del artículo 7.1.a): los gastos de material no inventariable; los contratos menores; los gastos periódicos y de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el del período inicial del acto o contrato o sus modificaciones; y los gastos menores de 3.005,06 euros que se paguen por anticipos de caja fija.
Art. 18Intervención de la liquidación del gastoLas liquidaciones de gastos o reconocimientos de obligaciones se someten a intervención previa, tanto si nacen de la ley como de negocios jurídicos válidos. El interventor conoce el expediente antes del acuerdo de liquidación o reconocimiento, y en ese momento debe quedar acreditado documentalmente que se cumplen todos los requisitos: entre ellos, en su caso, la realización de la prestación o el derecho del acreedor conforme a los acuerdos de autorización y compromiso del gasto, y el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.
Art. 19Contenido de las comprobacionesAl intervenir la liquidación del gasto o el reconocimiento de obligaciones se comprueba además: que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente (salvo aprobación y reconocimiento simultáneos); que los documentos justificativos se ajustan a la normativa y contienen siempre la identificación del acreedor, el importe exacto y las prestaciones o causas de la obligación; y que, cuando proceda, se ha comprobado materialmente la realización conforme de la obra, servicio, suministro o gasto.
Art. 20Intervención de la comprobación material de la inversiónAntes de liquidar el gasto se verifica materialmente la realización de obras, servicios o adquisiciones y su adecuación al contrato. Lo hace el órgano interventor, que puede asesorarse técnicamente. Si la inversión es de 50.000,00 euros o más sin IVA (o el importe inferior de las bases de ejecución), los gestores deben pedir su asistencia con veinte días de antelación a la recepción. El interventor, o quien delegue, concurre al acto de recepción. El resultado consta en acta firmada por los asistentes.
Art. 21De la intervención formal del pago, objeto y contenidoSe someten a intervención formal de la ordenación del pago los actos que ordenan pagos con cargo a la Tesorería de la Entidad Local. Se verifica que las órdenes de pago las dicta órgano competente, se ajustan al reconocimiento de la obligación (examinando los documentos originales o su certificación y la de su intervención) y se acomodan al plan de disposición de fondos (examinando el propio plan o el informe de la Tesorería). Las minoraciones por retenciones judiciales o compensaciones de deudas se acreditan con los acuerdos que las disponen, también sometidos a esta intervención.
Art. 22Conformidad y reparoSi las órdenes de pago cumplen los requisitos del artículo anterior, el órgano interventor hace constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento que contiene la orden o en un documento resumen de cargo a las cajas pagadoras. Si no los cumplen, formula reparo en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del capítulo.
Art. 23De la intervención material del pago, objeto y contenidoSe somete a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que cumplen directamente obligaciones de la Tesorería, sitúan fondos a disposición de cajeros y agentes facultados para pagar o mueven fondos y valores entre cuentas de la Tesorería. Se verifica la competencia del órgano que paga, la identidad del perceptor y el importe reconocido. Si todo es conforme, el interventor firma los documentos que autorizan la salida de fondos y valores; si no lo es en cuanto al perceptor o la cuantía, formula reparo motivado y por escrito.
Art. 24Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificarEn las órdenes de pago a justificar se comprueba: que se basan en resolución de autoridad competente; que existe crédito adecuado; que se ajustan a sus normas; que el órgano pagador justificó a tiempo los fondos anteriores del mismo concepto (salvo orden específica del Presidente ante catástrofes, grave peligro o seguridad pública); y que cumplen el plan de disposición de fondos aprobado por el Presidente, con la misma salvedad.
Art. 25Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fijaPara constituir o modificar anticipos de caja fija, la fiscalización previa comprueba que existen normas de distribución del gasto máximo por cajas pagadoras y que se respetan, y que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente. En las reposiciones de fondos, además de lo que fijen las bases de ejecución, se comprueba siempre que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos, que las propuestas se basan en resolución de autoridad competente y que existe crédito adecuado.
Art. 26Especialidades en cuanto al régimen de los reparosSi no se cumplen los requisitos de fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y de los anticipos de caja fija, el órgano interventor formula reparo con las condiciones y efectos de la sección 1.ª del capítulo. Se exceptúan los supuestos de las letras d) y e) del artículo 24.
Art. 27Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fijaSalvo regulación específica de la Entidad Local, en las cuentas justificativas se comprueba que responden a gastos concretos tramitados por el procedimiento aplicable, adecuados al fin de los fondos, efectivamente realizados y pagados al acreedor por el importe debido. Se examinan cuentas y justificantes, pudiendo usarse muestreo. El informe del interventor se hace constar en la cuenta y no suspende su aprobación. El órgano competente aprueba las cuentas, y se informa al Pleno de los resultados.
Art. 28De la omisión de la función interventoraSi se omitió la función interventora preceptiva, no se puede reconocer la obligación ni tramitar el pago hasta resolver la omisión. El interventor lo comunica a la autoridad que inició el expediente y emite su opinión, para que decida el Presidente o, si el gasto es de su competencia, el Pleno. Ese informe no es fiscalización y recoge el gasto, los incumplimientos, las prestaciones y su precio, el crédito y la conveniencia de revisar los actos. En municipios de gran población interviene la Junta de Gobierno Local.