Real Decreto 424/2017, régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

Artículo 16. Régimen general

En pocas palabras

Salvo el régimen de fiscalización limitada del artículo 13, están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que aprueben la realización de un gasto. Se incluyen expresamente los actos que resuelven recursos administrativos con contenido económico y los convenios y actos análogos con contenido económico. En la fiscalización previa se comprueba el cumplimiento de trámites y requisitos legales examinando los documentos e informes del expediente.

Explicación sencilla

Fija la regla general: todo acto que apruebe un gasto pasa por fiscalización previa, con independencia de cómo se califique. Aclara que también entran las resoluciones de recursos y los convenios, siempre que tengan contenido económico.

Regla mnemotécnica

¿Aprueba un gasto? → fiscalización previa. También recursos y convenios, si tienen contenido económico.

Trampa típica de examen

Pensar que la calificación del acto puede sacarlo de la fiscalización previa: se fiscalizan todos los actos que aprueben un gasto, cualquiera que sea su calificación.

Texto del artículo 16 del Real Decreto 424/2017 (RCIL)

1. Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en el artículo 13, están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto. Entre los actos sometidos a la intervención previa se consideran incluidos: a) Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico. b) Los Convenios que se suscriban y cualquier otro acto de naturaleza análoga, siempre que tenga contenido económico. 2. En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente.

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