Tema 9 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Artículo 112

Las entidades locales aprueban cada año un presupuesto único con las obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos previstos del ejercicio. Coincide con el año natural e integra el de la entidad y los de sus organismos y empresas dependientes. El Estado fija su estructura. Tras la aprobación inicial se expone al público para reclamaciones; el definitivo se inserta en el Boletín de la Corporación, si lo tuviera, y resumido en el de la Provincia. El Pleno lo aprueba definitivamente antes del 31 de diciembre del año anterior; si no, se prorroga automáticamente el anterior.

Artículo 113

Contra los actos que ponen fin a las reclamaciones sobre acuerdos de las Corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo. El Tribunal de Cuentas debe informar siempre que la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. Ni ese recurso ni las reclamaciones de los artículos 49, 108 y 112.3 suspenden por sí solos la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Artículo 114

Todas las entidades locales quedan sometidas al régimen de contabilidad pública. El plan de cuentas de las entidades locales lo establece, con carácter general, la Administración del Estado.

Artículo 115

La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica que lo regula y sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en ella.

Artículo 116

Las cuentas anuales se someten antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, formada por miembros de los distintos grupos políticos de la Corporación. Antes de que las apruebe el Pleno, se someten a información pública para que puedan formularse reclamaciones, reparos u observaciones. Además, puede denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas.

Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero

Si una corporación incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de deuda pública o la regla de gasto, su plan económico-financiero incluirá al menos: supresión de competencias distintas de las propias y delegadas; gestión integrada o coordinada de servicios obligatorios; incremento de ingresos; racionalización organizativa; supresión de entidades inferiores al municipio incumplidoras o cuyo período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el máximo, y propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios

Todas las Entidades Locales calculan antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes del ejercicio inmediato anterior. El cálculo tiene en cuenta los costes reales directos e indirectos; los criterios se desarrollan por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los costes se comunican a ese Ministerio para su publicación.

Artículo 1

Las normas del Real Decreto se aplican, en los términos que en cada caso se establecen, a tres clases de sujetos: a) las Entidades locales a que se refiere el artículo 3.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; b) los Organismos autónomos dependientes de aquéllas; y c) las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca total o mayoritariamente a la Entidad local.

Artículo 2

Los Presupuestos Generales de las Entidades locales son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de: a) las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio; b) las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local correspondiente.

Artículo 3

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A ese ejercicio se imputan: a) los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que se deriven; y b) las obligaciones reconocidas durante el mismo.

Artículo 4

Artículo 5

Las Entidades locales elaboran y aprueban anualmente un Presupuesto General, en el que se integran: a) el Presupuesto de la propia Entidad; b) los de los Organismos autónomos dependientes de la misma; y c) los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local.

Artículo 6

En el Presupuesto de la propia Entidad se integran los créditos de tres clases de órganos: sus Órganos centralizados, sus Órganos territoriales de gestión desconcentrada y aquellos Órganos desconcentrados para la gestión de los servicios que carezcan de personalidad jurídica propia.

Artículo 7

Los Organismos autónomos de las Entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en dos clases: a) de carácter administrativo; b) de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. Las normas de creación de cada Organismo autónomo deben indicar expresamente su carácter, atendiendo a la naturaleza de las actividades que vaya a desarrollar.

Artículo 8

Para cada uno de los presupuestos que se integren en él, el Presupuesto General contiene: a) los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones; b) los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Artículo 9

El Presupuesto General incluye las bases de ejecución, que adaptan cada ejercicio las disposiciones generales presupuestarias a la Entidad y sus Organismos autónomos, sin modificar lo legislado para la administración económica. Regulan, entre otras: vinculación jurídica, créditos ampliables (relación expresa y taxativa), transferencias y quién las autoriza, ampliación, generación e incorporación de remanentes, ejecución, desconcentraciones o delegaciones, justificantes, subvenciones, acumulación de fases, pagos a justificar, caja fija y gastos plurianuales. Pueden remitirse a normas del Pleno.

Artículo 10

Los recursos de la Entidad local y de cada uno de sus Organismos autónomos y Sociedades mercantiles se destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo los ingresos específicos afectados a fines determinados. Solo pueden afectarse a fines determinados los recursos que, por su naturaleza o condiciones específicas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar, salvo en los supuestos expresamente establecidos en las Leyes.

Artículo 11

Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplican a los Presupuestos por su importe íntegro. Queda prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por Tribunal o Autoridad competente.

Artículo 12

Se unen como anexos al Presupuesto General: a) los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad local; b) el estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos autónomos y Sociedades mercantiles; c) los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro años, puedan formular los municipios y demás Entidades locales de ámbito supramunicipal.

Artículo 13

Los anexos de las letras a) y b) del artículo anterior se confeccionan teniendo en cuenta los artículos 114 a 118. El de la letra c) se coordina, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico y recoge la totalidad de los proyectos de inversión previstos. Cada proyecto lleva un código inalterable hasta su finalización y especifica, como mínimo: código, denominación, años de inicio y finalización previstos, importe total previsto, anualidad de cada uno de los cuatro ejercicios, tipo de financiación, previsible vinculación de los créditos y órgano gestor.

Artículo 14

Los programas de financiación completan los planes de inversión y contienen tres cosas: la inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios; los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en esos ejercicios, más una proyección del resto de los ingresos previstos en el período; y las operaciones de crédito necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.

Artículo 15

De los Planes de Inversión y de sus programas de financiación se da cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación, y se hace coincidiendo con la aprobación del Presupuesto. Además, deben ser objeto de revisión anual, y en cada revisión se añade un nuevo ejercicio a sus previsiones.

Artículo 16

Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General debe aprobarse sin déficit inicial. Además, ninguno puede presentar déficit a lo largo del ejercicio: por eso, todo incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos debe compensarse en el mismo acto en que se acuerde.

Artículo 17

Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda establecer con carácter general la estructura de los Presupuestos de las Entidades locales. Lo hace de acuerdo con los criterios del artículo 148 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades u objetivos que con los gastos se propongan conseguir.

Artículo 18

El Presidente forma el presupuesto de la Entidad y le une: memoria, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses) suscritos por el Interventor, anexo de personal, anexo de inversiones e informe económico-financiero. Organismos autónomos y Sociedades mercantiles remiten lo suyo antes del 15 de septiembre. El Presupuesto General, informado por la Intervención (estudio no inferior a diez días; informe antes del 10 de octubre), va al Pleno antes del 15 de octubre para su aprobación inicial, enmienda o devolución. El acuerdo de aprobación es único.

Artículo 19

El anexo de inversiones, integrado en su caso en el plan cuatrienal, recoge la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio. Para cada proyecto debe especificar siete datos: código de identificación, denominación, año de inicio y año de finalización previstos, importe de la anualidad, tipo de financiación (si se financia con recursos generales o con ingresos afectados), vinculación de los créditos asignados y órgano encargado de su gestión.

Artículo 20

La aprobación provisional se anuncia en el «Boletín Oficial» de la provincia o de la Comunidad Autónoma Uniprovincial y abre quince días hábiles para examinar y reclamar ante el Pleno. Sin reclamaciones, queda definitivamente aprobado; si las hay, el Pleno tiene un mes para resolverlas, y las no resueltas en la aprobación definitiva se consideran denegadas. La aprobación definitiva ha de ser antes del 31 de diciembre del año anterior. Se publica, se remite copia a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda y entra en vigor una vez publicado.

Artículo 21

Si al iniciarse el ejercicio no ha entrado en vigor el Presupuesto, se prorroga automáticamente el anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo. No se prorrogan las modificaciones de crédito ni los créditos de servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o financiados con ingresos específicos o afectados de ese ejercicio. Los ajustes se imputan por resolución motivada del Presidente, previo informe del Interventor. El Presupuesto definitivo se aprueba con efectos de 1 de enero y sus créditos son créditos iniciales.

Artículo 22

Son interesados para reclamar: los habitantes en el territorio de la Entidad local; los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en él; y los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas, cuando actúen en defensa de los intereses que les son propios. Solo cabe reclamar por tres motivos: no ajustarse la elaboración y aprobación a los trámites legales; omitir el crédito necesario para obligaciones exigibles; y manifiesta insuficiencia de los ingresos respecto a los gastos o de estos respecto a las necesidades.

Artículo 23

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos de las normas de esa jurisdicción. Si la impugnación afecta o se refiere a nivelación presupuestaria, el Tribunal de Cuentas, a requerimiento del Órgano judicial, debe informar antes de que se resuelva el recurso. La interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado.

Artículo 24

Los créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que fueron autorizados. Esa autorización puede venir de dos sitios: del Presupuesto General de la Entidad local o de sus modificaciones debidamente aprobadas.

Artículo 25

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. No pueden adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos: los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que lo infrinjan son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de ese límite se verifica al nivel en que se establezca en cada caso la vinculación jurídica de los créditos.

Artículo 26

Regla: con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto solo pueden contraerse obligaciones por adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos realizados en el año natural del propio ejercicio presupuestario. Excepciones, que se aplican al Presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento: atrasos a favor del personal; compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores (en el supuesto del artículo 47.5, previa incorporación de los créditos), y las obligaciones de ejercicios anteriores del artículo 60.2.

Artículo 27

Con carácter general, los niveles de vinculación jurídica de los créditos son los que establezca en cada momento la legislación presupuestaria del Estado. Regla especial: los créditos que se declaren ampliables conforme al artículo 9.2, d), son vinculantes al nivel de desagregación con que figuren en los estados de gastos del Presupuesto.

Artículo 28

Las bases de ejecución del Presupuesto pueden establecer la vinculación de los créditos para gastos en los niveles de desarrollo funcional y económico que la Entidad local considere necesarios para su adecuada gestión. También pueden establecer el carácter vinculante de los créditos en función de la clasificación orgánica, pero solo en las Entidades locales que hagan uso de la facultad del artículo 148.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 29

Las Entidades locales que hagan uso de la facultad del apartado 1 del artículo anterior deben respetar, en todo caso, dos limitaciones en cuanto a los niveles de vinculación: respecto de la clasificación funcional, el grupo de función; respecto de la clasificación económica, el capítulo.

Artículo 30

Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos y los procedentes de las modificaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 34 pueden encontrarse, con carácter general, en tres situaciones: créditos disponibles, créditos retenidos pendientes de utilización y créditos no disponibles. En principio, todos los créditos para gastos se encuentran en la situación de créditos disponibles.

Artículo 31

Retención de crédito es el acto por el que se expide, respecto de una partida presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, y que produce por el mismo importe una reserva para ese gasto o transferencia. La suficiencia del saldo se verifica en todo caso al nivel de la vinculación jurídica del crédito; en las retenciones para transferencias de créditos a otras partidas, además, al nivel de la propia partida contra la que se certifique.

Artículo 32

Los Órganos o Unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y sean responsables de los programas de gasto pueden solicitar las certificaciones de existencia de crédito pertinentes para tramitar los expedientes de gasto. En todo expediente de transferencia de crédito es requisito indispensable la previa certificación de la existencia de crédito suficiente en la partida presupuestaria que deba ceder crédito. La expedición de las certificaciones corresponde al Interventor.

Artículo 33

La no disponibilidad de crédito deriva del acto que inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo no susceptible de utilización. No supone la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no pueden acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, y su importe no puede incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente. Tanto la declaración de no disponibilidad como la reposición a disponible corresponden al Pleno de la Entidad.

Artículo 34

Las modificaciones de crédito que pueden realizarse en los presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos autónomos son siete: créditos extraordinarios, suplementos de créditos, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito, generación de créditos por ingresos, incorporación de remanentes de crédito y bajas por anulación.

Artículo 35

Define dos modificaciones del Presupuesto de gastos. Crédito extraordinario: asigna crédito para un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito. Suplemento de crédito: concurren las mismas circunstancias en el gasto a realizar, pero el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

Artículo 36

Créditos extraordinarios y suplementos se financian con: Remanente Líquido de Tesorería; nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados; y anulaciones o bajas de créditos no comprometidos reducibles sin perturbar el servicio. Para gastos de inversión, además, operaciones de crédito. Para gastos corrientes necesarios y urgentes, operaciones de crédito si el Pleno reconoce la insuficiencia de otros medios y, a la vez: importe anual no superior al 5 por 100 de los recursos corrientes, carga financiera total no superior al 25 por 100 y cancelación antes de renovarse la Corporación.

Artículo 37

Los expedientes de crédito extraordinario y suplemento se incoan por orden del Presidente de la Corporación (o de los órganos competentes de sus Organismos autónomos) en las unidades que gestionan los créditos o son responsables de los programas. La propuesta lleva una Memoria justificativa que precisa clase de modificación, partidas afectadas y medios de financiación, y acredita los extremos de las letras a) a d). La inexistencia o insuficiencia de crédito se verifica en el nivel de la vinculación jurídica. Previo informe de la Intervención, el Presidente la somete al Pleno.

Artículo 38

El Pleno aprueba estos expedientes con los trámites y requisitos de los Presupuestos, y deben ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen. Se aplican las normas de información, reclamaciones y publicidad de los Presupuestos (artículos 20 y 22) y las de recursos contencioso-administrativos (artículo 23). En casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, de excepcional interés general, los Acuerdos son inmediatamente ejecutivos; las reclamaciones se sustancian en los ocho días siguientes a su presentación y se entienden denegadas si no se notifica en ese plazo.

Artículo 39

La ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que aumenta el crédito en alguna de las partidas ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución, en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito. Solo pueden declararse ampliables las partidas de gastos financiados con recursos expresamente afectados. El expediente, cuya tramitación regulan las Bases, especifica los recursos que financian el mayor gasto y lo acredita con el reconocimiento en firme de mayores derechos afectados al crédito.

Artículo 40

La transferencia de crédito es la modificación del Presupuesto de gastos por la que, sin alterar su cuantía total, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Las Bases de Ejecución del Presupuesto deben establecer su régimen y el órgano competente para autorizarlas en cada caso. En todo caso, las transferencias entre distintos grupos de función las aprueba el Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Artículo 41

Las transferencias de crédito de cualquier clase tienen tres limitaciones: no afectan a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio; no pueden minorar los créditos incrementados con suplementos o transferencias (salvo créditos de personal) ni los incorporados por remanentes no comprometidos de Presupuestos cerrados; y no incrementan créditos minorados por otras transferencias (salvo créditos de personal). No rigen para los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni para las reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Artículo 42

Cuando los expedientes de transferencia de crédito sean aprobados por el Pleno, se les aplican las normas sobre información, reclamaciones y publicidad previstas para la aprobación de los presupuestos de la Entidad (artículos 20 y 22). En esos mismos casos se aplican también las normas sobre régimen de recursos contencioso-administrativos contra los presupuestos de la Entidad (artículo 23).

Artículo 43

Pueden generar crédito en los estados de gastos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de: aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o sus Organismos autónomos, gastos comprendidos en sus fines u objetivos; enajenaciones de bienes; prestación de servicios; reembolsos de préstamos; y reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa partida. La tramitación se regula en las bases de ejecución del presupuesto.

Artículo 44

Requisito indispensable para generar crédito: en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo anterior, el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación; en los de los apartados c) y d), el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de los créditos queda condicionada a la efectiva recaudación de los derechos; en los reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

Artículo 45

El compromiso firme de ingreso es el acto por el que cualesquiera Entes o personas públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad local, a financiar total o parcialmente un gasto determinado, de forma pura o condicionada. Cumplidas por la Entidad local o el Organismo autónomo las obligaciones que, en su caso, hubiese asumido en el acuerdo, da lugar a un derecho de cobro exigible. Las Entidades locales y sus Organismos autónomos pueden generar crédito hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación.

Artículo 46

Se pueden formalizar compromisos firmes de aportación que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se conciertan. Esos compromisos de ingreso se contabilizan de forma adecuada e independiente, y los recursos se imputan secuencialmente al presupuesto de ingresos del año en que deban hacerse efectivos.

Artículo 47

Son incorporables al ejercicio siguiente los remanentes de: a) créditos extraordinarios, suplementos y transferencias del último trimestre; b) los que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior; c) operaciones de capital; d) créditos autorizados según la efectiva recaudación de derechos afectados. No: los declarados no disponibles ni los ya incorporados en el ejercicio precedente. Tramitación: bases de ejecución. Se aplican solo en ese ejercicio y, en a), a los mismos gastos. Los de proyectos con ingresos afectados se incorporan obligatoriamente, salvo desistimiento o imposibilidad.

Artículo 48

La incorporación de remanentes de crédito queda subordinada a que existan suficientes recursos financieros. Lo son: a) el remanente líquido de Tesorería y b) nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. Para gastos con financiación afectada son recursos suficientes: preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar; en su defecto, los recursos genéricos anteriores, por la parte del gasto financiable con recursos no afectados.

Artículo 49

La baja por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. La aprobación de las bajas por anulación de créditos corresponde al Pleno de la Entidad.

Artículo 50

Cualquier crédito del presupuesto de gastos puede darse de baja por anulación, con un límite y una condición: hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito y siempre que la dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.

Artículo 51

Tres supuestos pueden dar lugar a una baja de créditos: a) la financiación de remanentes de tesorería negativos; b) la financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito; y c) la ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad local.

Artículo 52

La gestión de los presupuestos de gastos de las Entidades locales y de sus Organismos autónomos se realiza en cuatro fases: a) autorización del gasto; b) disposición o compromiso del gasto; c) reconocimiento y liquidación de la obligación; y d) ordenación del pago.

Artículo 53

Las Entidades locales establecen en las bases de ejecución del presupuesto las normas que regulan el procedimiento de ejecución de los presupuestos de gastos, en el marco definido por las leyes. Además, el Pleno de la Entidad local puede aprobar Reglamentos o Normas generales que desarrollen los procedimientos de ejecución del presupuesto; en ese caso no hace falta reiterar dichas normas en las bases de ejecución: basta una remisión expresa a ellas.

Artículo 54

La autorización es el acto por el que se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, pero no implica relaciones con terceros externos a la Entidad local.

Artículo 55

Dentro del importe de los créditos presupuestados, la autorización de los gastos corresponde al Presidente o al Pleno de la Entidad, o a los órganos facultados para ello en los Estatutos de los Organismos autónomos, de conformidad con la normativa vigente. Las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio recogen las delegaciones o desconcentraciones efectuadas en materia de autorización de gastos; si tienen carácter permanente, basta una remisión expresa a ellas.

Artículo 56

La disposición o compromiso es el acto por el que se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados por un importe exactamente determinado. Tiene relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Entidad local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

Artículo 57

Dentro del importe de los créditos autorizados, la disposición de los gastos corresponde al Presidente o al Pleno de la Entidad o, en los Organismos autónomos dependientes, al Órgano facultado para ello en sus Estatutos, de conformidad con la normativa vigente. Las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio recogerán las delegaciones o desconcentraciones efectuadas en materia de disposición o compromiso de gastos; si tienen carácter permanente, bastará una remisión expresa a ellas.

Artículo 58

Define el reconocimiento y liquidación de la obligación: es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido. Tres datos que retener: se declara la existencia de un crédito, ese crédito es exigible contra la Entidad y deriva de un gasto autorizado y comprometido.

Artículo 59

Antes de reconocer las obligaciones ha de acreditarse documentalmente ante el Órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto. Las Entidades locales establecen en las bases de ejecución del presupuesto los documentos y requisitos que, según el tipo de gastos, justifican el reconocimiento, y también la forma en que los perceptores de subvenciones acreditan estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad y justifican la aplicación de los fondos recibidos.

Artículo 60

El reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos corresponde al Presidente de la Entidad local o, en los Organismos autónomos dependientes, al Órgano facultado estatutariamente. Al Pleno de la Entidad corresponde el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera. Las bases de ejecución de cada ejercicio recogerán las delegaciones o desconcentraciones en esta materia; si son permanentes, bastará una remisión expresa.

Artículo 61

Define la ordenación del pago: es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad. Cuatro datos que retener: quién actúa (el ordenador de pagos), sobre qué base (una obligación reconocida y liquidada), qué hace (expide la orden de pago) y contra quién (la Tesorería de la Entidad).

Artículo 62

Las funciones de la ordenación de pagos competen al Presidente de la Entidad local o, en los Organismos autónomos dependientes, al Órgano que tenga estatutariamente atribuida la función. El Presidente de la Entidad local podrá delegar el ejercicio de esas funciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 y 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 63

El Pleno de la Entidad local, a propuesta del Presidente, podrá crear una Unidad de Ordenación de Pagos. Esa Unidad ejerce las funciones administrativas de la ordenación de pagos y lo hace bajo la superior autoridad del Presidente. Datos que retener: crea el Pleno, propone el Presidente, la creación es potestativa («podrá») y las funciones que ejerce son las administrativas de la ordenación de pagos.

Artículo 64

El Pleno de las Entidades de más de 500.000 habitantes de derecho, a propuesta del Presidente, podrá crear una Unidad Central de Tesorería que, bajo la superior autoridad del Presidente, ejerza las funciones de la Ordenación de Pagos. Datos que retener: el umbral (más de 500.000 habitantes de derecho), quién crea (el Pleno), quién propone (el Presidente) y que la creación es potestativa («podrá»).

Artículo 65

La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que establezca, con la periodicidad y vigencia que el propio plan determine, el Presidente de la Entidad o, en los Organismos autónomos dependientes, el órgano competente facultado para ello. El plan considerará los factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Artículo 66

La ordenación se materializa en relaciones de órdenes de pago que recogen, como mínimo y para cada obligación, sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias. También puede ordenarse el pago individualmente. Si obligaciones y órdenes se imputan a las mismas partidas y son compromisos de igual naturaleza, acreedores e importes podrán ir en relaciones adicionales y pagarse por transferencia: figura como perceptor el Banco o Entidad financiera colaboradora, con la misma eficacia que las órdenes singularizadas.

Artículo 67

Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos enumeradas en el artículo 52. Los casos que el artículo enumera son dos: autorización-disposición y autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. El acto que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

Artículo 68

Las Entidades locales deben fijar en las bases de ejecución del presupuesto los supuestos en que se acumulan varias fases en un solo acto administrativo, atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa. En cualquier caso, el Órgano o la Autoridad que adopte el acuerdo ha de tener competencia, originaria, delegada o desconcentrada, para acordar todas y cada una de las fases incluidas.

Artículo 69

Son «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se pueden acompañar en el momento de su expedición. Se expiden en base a resolución de la Autoridad competente para autorizar el gasto y se aplican a los correspondientes créditos presupuestarios. Su expedición ha de acomodarse al plan de disposición de Fondos de la Tesorería que establezca el Presidente de la Entidad, salvo para paliar acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

Artículo 70

Los perceptores de órdenes de pago «a justificar» deben justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses, contado desde la percepción de los correspondientes fondos. Además, están sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente y deben reintegrar a la Entidad Local las cantidades no invertidas o no justificadas.

Artículo 71

No se pueden expedir nuevas órdenes de pago «a justificar», por los mismos conceptos presupuestarios, a los perceptores que tengan en su poder fondos pendientes de justificación. La prohibición se refiere a nuevas órdenes por los mismos conceptos presupuestarios y a perceptores con fondos todavía sin justificar.

Artículo 72

Las Entidades locales podrán establecer en las bases de ejecución del Presupuesto, previo informe de la Intervención, las normas sobre expedición de órdenes de pago a justificar y su justificación posterior. Esas normas deben determinar necesariamente: forma de expedición y ejecución; situación y disposición de los fondos; pagos con fondos «a justificar»; contabilidad y control; límites cuantitativos; conceptos presupuestarios aplicables y régimen de las justificaciones. También cabe regularlo en los reglamentos o normas generales de ejecución del Presupuesto.

Artículo 73

Para atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo (dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y similares), los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija: provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente a pagadurías, cajas y habilitaciones. Se realizan en base a resolución de la Autoridad competente para autorizar los pagos y se aplican inicialmente a un concepto no presupuestario. Su cuantía global no puede exceder de la que fije el Pleno de la Entidad.

Artículo 74

Los cajeros, pagadores y habilitados que reciban anticipos de caja fija rinden cuentas a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen reponer fondos, según las normas del Pleno de la Entidad. Las órdenes de pago de reposición se expiden con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan y por el importe justificado, previa presentación y aprobación de las cuentas por la Autoridad competente. Los fondos no invertidos en fin de ejercicio se utilizan en el nuevo para las mismas atenciones. Al menos en el mes de diciembre de cada año han de rendirse cuentas.

Artículo 75

Las Entidades Locales podrán establecer en las bases de ejecución del Presupuesto, previo informe de la Intervención, las normas que regulen los anticipos de caja fija. Esas normas deben determinar necesariamente: partidas presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija, límites cuantitativos, régimen de reposiciones, situación y disposición de los fondos, y contabilidad y control. También pueden incluir esta regulación en los reglamentos o normas generales de ejecución del Presupuesto.

Artículo 76

Artículo 77

Son reintegros de Presupuesto corriente aquellos en los que el reconocimiento de la obligación, el pago material y el reintegro se producen en el mismo ejercicio presupuestario. Son reintegros de ejercicios cerrados los que se producen en ejercicio distinto de aquel en que se reconoció la obligación.

Artículo 78

El artículo fija el destino de los reintegros según su clase. Los reintegros de Presupuesto corriente podrán reponer crédito en la correspondiente cuantía. Los reintegros de ejercicios cerrados constituyen un recurso del Presupuesto de ingresos de la Entidad local.

Artículo 79

Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. La autorización y el compromiso de estos gastos se subordinan al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos.

Artículo 80

Pueden adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual si se cumplen dos condiciones a la vez: que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que el gasto esté en alguno de estos casos: a) inversiones y transferencias de capital; b) contratos de suministros, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras, de mantenimiento y de arrendamiento de equipos que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año; c) arrendamiento de bienes inmuebles; d) cargas financieras de las deudas de la Entidad local.

Artículo 81

Pone tope al número de ejercicios posteriores a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) y b) del artículo anterior: no será superior a cuatro. El artículo solo menciona esos dos apartados. El texto cita el artículo 155.3 de la LRHL.

Artículo 82

En inversiones y transferencias de capital, el gasto imputado a cada ejercicio futuro autorizado no puede exceder de aplicar al crédito inicial del año en que se adquiera el compromiso en firme: el 70 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por 100 en el segundo y el 50 por 100 en el tercer y cuarto. El Pleno puede acordar que los límites se calculen sobre el crédito extraordinario, o sobre el crédito inicial más el suplemento, e incrementarlos en créditos modificados por reorganizaciones administrativas que él apruebe. Se aplican según los niveles de vinculación jurídica.

Artículo 83

Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, para los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del Presupuesto pueden adquirirse compromisos de gastos plurianuales hasta el importe que se determine para cada anualidad. Si los créditos están destinados en parte a anualidades de proyectos de inversión iniciados en ejercicios anteriores, los límites se calculan una vez deducidas esas anualidades, salvo que el compromiso anterior se refiera a la ejecución de la última de las anualidades autorizadas.

Artículo 84

En casos excepcionales, el Pleno de la Entidad puede ampliar el número de anualidades y elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 82. Además, a los efectos de facilitar su cálculo, el Pleno puede fijar directamente el importe de los nuevos límites. El texto cita el artículo 155.5 de la LRHL.

Artículo 85

La gestión de los gastos de carácter plurianual se realiza en dos fases: a) autorización del gasto y b) disposición o compromiso del gasto. Su contenido y definición es el mismo que el de sus correlativas fases de ejecución en el ejercicio corriente y, con carácter general, serán simultáneas a éstas. Las fases de autorización y disposición pueden acumularse en un solo acto administrativo.

Artículo 86

Antes de la autorización de gastos con imputación a ejercicios futuros, el Interventor debe certificar que no se superan los límites cuantitativos regulados en el artículo 82 y, en su caso, en el 84. Tres datos: quién (el Interventor), cuándo (previamente a la autorización) y qué (certificar que no se superan los límites).

Artículo 87

Las certificaciones, autorizaciones y compromisos de gasto a que hacen referencia los artículos de esta Sección serán objeto de una adecuada e independiente contabilización. Son tres clases de actos y dos adjetivos: adecuada e independiente. El texto cita el artículo 155.6 de la LRHL.

Artículo 88

La autorización y disposición de los gastos plurianuales corresponde al Pleno de la Entidad. El Pleno puede delegar dicha competencia de acuerdo con la normativa vigente. Dos datos: el órgano competente es el Pleno y la competencia es delegable.

Artículo 89

El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad local y de los Organismos autónomos de ella dependientes se efectúa, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural. Los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deben confeccionarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Artículo 90

La aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos autónomos de ella dependientes corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención. De la liquidación de cada uno de esos Presupuestos, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Artículo 91

Las Entidades locales remiten copia de la liquidación de sus Presupuestos antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Los destinatarios son dos: la Comunidad Autónoma y el Centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que el propio Ministerio determine.

Artículo 92

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 163 de la Ley 39/1988. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago quedan a cargo de la Tesorería de la Entidad local.

Artículo 93

La liquidación pone de manifiesto, en gastos y para cada partida presupuestaria: créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y pagos realizados. En ingresos y para cada concepto: previsiones iniciales, modificaciones y definitivas, derechos reconocidos y anulados y recaudados netos. Deben determinarse: derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, resultado presupuestario, remanentes de crédito y remanente de Tesorería.

Artículo 94

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre integran la agrupación de Presupuestos cerrados y tienen la consideración de operaciones de la Tesorería local.

Artículo 95

Las operaciones que afecten a los derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados deben ser instrumentadas, autorizadas y justificadas con los mismos requisitos exigidos para las operaciones aplicadas al Presupuesto corriente. Además, las operaciones de la agrupación de Presupuestos cerrados son objeto de contabilidad independiente de la referida al Presupuesto corriente.

Artículo 96

El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período. Unos y otras se toman por sus valores netos: una vez deducidos los derechos y las obligaciones que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados.

Artículo 97

El resultado presupuestario debe ajustarse, en su caso, en función de dos elementos: las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Para los Organismos autónomos no administrativos el ajuste se produce, además, en función del resultado de operaciones comerciales.

Artículo 98

Los remanentes de crédito son los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los integran tres componentes: saldos de disposiciones (gastos dispuestos o comprometidos menos obligaciones reconocidas), saldos de autorizaciones (gastos autorizados menos gastos comprometidos) y saldos de crédito (suma de créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar).

Artículo 99

Los remanentes de crédito quedan anulados al cierre del ejercicio y no se pueden incorporar al Presupuesto siguiente, sin más excepciones que las del artículo 163 de la Ley 39/1988. Los no anulados pueden incorporarse en esos supuestos y conforme al artículo 48, mediante modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos que justifiquen la existencia de suficientes recursos financieros. No son incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes incorporados en el ejercicio que se liquida, salvo la excepción del artículo 47.5.

Artículo 100

Artículo 101

El remanente de Tesorería de la Entidad local se integra por derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago y fondos líquidos, todos referidos a 31 de diciembre del ejercicio. Los derechos comprenden los presupuestarios liquidados durante el ejercicio y en ejercicios anteriores pendientes de cobro y los saldos de deudores no presupuestarios. Las obligaciones comprenden las presupuestarias reconocidas durante el ejercicio y en ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago, y los saldos de acreedores no presupuestarios.

Artículo 102

Cuando en gastos con financiación afectada los derechos afectados reconocidos superan a las obligaciones por ellos financiadas, el remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la Entidad debe minorarse en el exceso de financiación producido. Ese exceso puede financiar la incorporación de los remanentes de crédito de los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.

Artículo 103

El remanente de Tesorería se cuantifica deducidos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. Su cuantía puede determinarse de forma individualizada o mediante un porcentaje a tanto alzado. Se tienen en cuenta la antigüedad de las deudas, su importe, la naturaleza de los recursos, los porcentajes de recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva y demás criterios que de forma ponderada establezca la Entidad local. Esa consideración no implica la anulación del derecho ni su baja en cuentas.

Artículo 104

Remanente de Tesorería inicial: el obtenido una vez efectuadas las deducciones de los artículos anteriores. El positivo constituye un recurso para financiar modificaciones de créditos en el presupuesto. Remanente líquido: en cada momento, el inicial menos las cuantías ya destinadas a financiar modificaciones de crédito. En ningún caso forma parte de las previsiones iniciales de ingresos ni puede financiar los créditos iniciales del presupuesto de gastos. Su utilización no da lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

Artículo 105

Si la liquidación del presupuesto arroja un resultado negativo en el cálculo del remanente de Tesorería, debe procederse de acuerdo con lo establecido en el artículo 174, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. El artículo no detalla cómo proceder: se limita a remitir a esos apartados.

Artículo 162. Definición

Los presupuestos generales de las entidades locales son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de: las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos; los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio; y las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Artículo 163. Ámbito temporal

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A él se imputan los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

Artículo 164. Contenido del presupuesto general

Las entidades locales elaboran y aprueban anualmente un presupuesto general que integra el de la propia entidad, los de sus organismos autónomos dependientes y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad. A efectos presupuestarios y contables, los organismos autónomos son de carácter administrativo o de carácter comercial, industrial, financiero o análogo; su norma de creación debe indicar expresamente su carácter.

Artículo 165. Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general

El presupuesto general atiende al principio de estabilidad y contiene, para cada presupuesto integrado, los estados de gastos y de ingresos, además de las bases de ejecución, que no pueden modificar lo legislado para la administración económica. Los recursos satisfacen el conjunto de obligaciones, salvo ingresos afectados. Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin atender obligaciones minorando derechos salvo ley expresa; se exceptúan las devoluciones de ingresos indebidos. Cada presupuesto se aprueba sin déficit inicial.

Artículo 166. Anexos al presupuesto general

Al presupuesto general se unen como anexos: a) los planes y programas de inversión y financiación a cuatro años, que podrán formular municipios y entidades supramunicipales; b) los programas anuales de las sociedades mercantiles locales; c) el estado de consolidación; d) el estado de previsión de la deuda. El plan de inversiones se completa con un programa financiero (inversión de cada uno de los cuatro ejercicios, ingresos de capital y operaciones de crédito). Se da cuenta al Pleno con la aprobación del presupuesto y se revisa cada año, añadiendo un ejercicio.

Artículo 167. Estructura de los estados de ingresos y gastos

El Ministerio de Hacienda fija la estructura de los presupuestos locales; las entidades pueden clasificar además según su propia organización. Los gastos se clasifican por programas (área de gasto, política de gasto, grupos de programas y programas, ampliable a subprogramas) y económicamente (capítulo, artículo y concepto, ampliable a subconcepto y partida), separando gastos corrientes y de capital. Área, política, capítulo y artículo coinciden con los del Estado. La aplicación presupuestaria combina ambas clasificaciones (y la orgánica si se usa).

Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial

El Presidente forma el presupuesto y le une: memoria explicativa, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses), anexos de personal, inversiones, beneficios fiscales y convenios de gasto social con la comunidad autónoma, e informe económico-financiero. Organismos autónomos y sociedades mercantiles remiten sus presupuestos y previsiones antes del 15 de septiembre. El Presidente remite el presupuesto general, informado por la Intervención, al Pleno antes del 15 de octubre. El acuerdo de aprobación es único.

Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor

Aprobado inicialmente, el presupuesto general se expone al público 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia (o de la comunidad autónoma uniprovincial); si no hay reclamaciones queda definitivamente aprobado y, si las hay, el Pleno tiene un mes para resolverlas. La aprobación definitiva debe hacerse antes del 31 de diciembre del año anterior. Entra en vigor tras publicarse resumido por capítulos. Si al empezar el ejercicio no está en vigor, se prorroga automáticamente el anterior con sus créditos iniciales.

Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas

Pueden reclamar contra el presupuesto aprobado inicialmente, como interesados: los habitantes del territorio de la entidad; los directamente afectados aunque no habiten en él; y colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades constituidas para velar por intereses profesionales, económicos y vecinales, en defensa de los suyos. Solo cabe reclamar por no ajustarse a los trámites legales, por omitir crédito para obligaciones exigibles o por manifiesta insuficiencia de ingresos respecto de gastos o de estos respecto de las necesidades.

Artículo 171. Recurso contencioso-administrativo

Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos de las normas de esa jurisdicción. Si la impugnación afecta o se refiere a la nivelación presupuestaria, el Tribunal de Cuentas debe informar antes de que se resuelva el recurso. La interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado.

Artículo 172. Especialidad y limitación de los créditos

Principio de especialidad: los créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que se autorizaron en el presupuesto general o en sus modificaciones debidamente aprobadas. Principio de limitación: los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante; los niveles de vinculación son los que fije en cada momento la legislación presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.

Artículo 173. Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los compromisos de gasto

Las obligaciones de pago solo son exigibles a la hacienda local si derivan de la ejecución del presupuesto o de sentencia judicial firme. No cabe embargo ni exigencia de fianzas contra la hacienda local, salvo sobre bienes patrimoniales no afectados a uso o servicio público. La ejecución de sentencias corresponde a la propia entidad; si hace falta crédito extraordinario o suplemento, se pide al Pleno en tres meses desde la notificación. Son nulos de pleno derecho los compromisos que superen los créditos autorizados.

Artículo 174. Compromisos de gasto de carácter plurianual

Los gastos plurianuales se subordinan al crédito de cada ejercicio. Se admiten si su ejecución empieza en el propio ejercicio y son: inversiones y transferencias de capital; ciertos contratos no estipulables o antieconómicos por un año; arrendamientos de inmuebles; cargas financieras de las deudas; y transferencias corrientes de convenios. Para a), b) y e), máximo cuatro ejercicios; para a) y e), límites del 70 %, 60 % y 50 % (tercero y cuarto). En casos excepcionales el Pleno puede ampliar anualidades y elevar porcentajes.

Artículo 175. Bajas por anulación de créditos

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho. Las únicas excepciones son las señaladas en el artículo 182 de la ley.

Artículo 176. Temporalidad de los créditos

Regla general: con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo pueden contraerse obligaciones por adquisiciones, obras, servicios y demás gastos realizados en el año natural del propio ejercicio. Excepción: se aplican al presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones por liquidación de atrasos al personal retribuido con cargo a los presupuestos de la entidad y las de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de créditos (art. 182.3).

Artículo 177. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Si un gasto no puede demorarse al ejercicio siguiente, el presidente ordena expediente de crédito extraordinario si no hay crédito, o de suplemento si es insuficiente o no ampliable. Informa la Intervención y aprueba el Pleno con los trámites del presupuesto (art. 169). Se financia con remanente líquido de tesorería, nuevos o mayores ingresos o bajas de créditos no comprometidos. Excepcionalmente, operaciones de crédito: ≤5 % de recursos corrientes, carga ≤25 % y canceladas antes de renovar la Corporación. En calamidades públicas, ejecutivos de inmediato; reclamaciones en ocho días.

Artículo 178. Créditos ampliables

Como excepción al apartado 2 del artículo 172, son ampliables los créditos que, de modo taxativo y debidamente explicitados, se relacionen en las bases de ejecución del presupuesto. Su cuantía puede incrementarse, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios, en función de la efectividad de los recursos afectados.

Artículo 179. Transferencias de crédito: límites formales y competencia

Las bases de ejecución regulan el régimen de transferencias y fijan el órgano competente para autorizarlas. En todo caso, las transferencias entre distintos grupos de función las aprueba el Pleno, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Los organismos autónomos también pueden hacer transferencias con estas reglas. Las aprobadas por el Pleno siguen las normas de información, reclamaciones, recursos y publicidad de los artículos 169, 170 y 171.

Artículo 180. Transferencias de crédito: límites objetivos

Límites de las transferencias de crédito: no afectan a créditos ampliables ni a extraordinarios concedidos en el ejercicio; no minoran créditos incrementados con suplementos o transferencias (salvo personal) ni los incorporados por remanentes no comprometidos de presupuestos cerrados; no incrementan créditos minorados por otras transferencias (salvo personal). No rigen para transferencias de los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni para créditos modificados por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Artículo 181. Generaciones de crédito

Pueden generar crédito en los estados de gastos, en la forma reglamentaria, los ingresos no tributarios derivados de: aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con la entidad o sus organismos autónomos, gastos de sus fines; enajenaciones de bienes de la entidad o de sus organismos autónomos; prestación de servicios; reembolso de préstamos; y reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, para reponer el crédito en esa cuantía.

Artículo 182. Incorporaciones de crédito

Pese al artículo 175, pueden incorporarse al presupuesto de gastos del ejercicio siguiente, si hay recursos financieros suficientes: créditos extraordinarios, suplementos y transferencias concedidos o autorizados en el último trimestre; créditos de compromisos del artículo 176.2.b); créditos por operaciones de capital; y créditos autorizados según la efectiva recaudación de derechos afectados. Los remanentes solo se aplican en el ejercicio de la incorporación y, en el caso a), a los mismos gastos. Los de proyectos con ingresos afectados se incorporan obligatoriamente, salvo desistimiento.

Artículo 183. Régimen jurídico

La ejecución de los créditos del presupuesto de gastos de las entidades locales se rige por lo dispuesto en la sección de la ley en que se integra el artículo y, de forma complementaria, por las normas que dicte cada entidad y que queden plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

Artículo 184. Fases del procedimiento de gestión de los gastos

La gestión del presupuesto de gastos se hace en cuatro fases, cuyo contenido fija el reglamento: a) autorización de gasto; b) disposición o compromiso de gasto; c) reconocimiento o liquidación de la obligación; d) ordenación de pago. Las entidades locales pueden, en la forma reglamentaria, abarcar en un solo acto administrativo dos o más de esas fases.

Artículo 185. Competencias en materia de gestión de gastos

Dentro de los créditos autorizados, la autorización y disposición de gastos corresponden al presidente o al Pleno según la atribución de competencias de la normativa vigente. El reconocimiento y liquidación de obligaciones de compromisos legalmente adquiridos corresponde al presidente. Estas facultades pueden desconcentrarse o delegarse según el artículo 23 de la Ley 7/1985, recogiéndolo cada ejercicio en las bases de ejecución. En los organismos autónomos, las ejercen los órganos a los que sus estatutos las atribuyan.

Artículo 186. Ordenación de pagos

La ordenación de pagos compete al presidente de la entidad local. El Pleno, a propuesta del presidente, puede crear una unidad de ordenación de pagos que ejerza sus funciones administrativas bajo la superior autoridad del presidente. En entidades de más de 500.000 habitantes de derecho, el Pleno, a propuesta del presidente, puede crear además una unidad central de tesorería. En los organismos autónomos la ejerce el órgano que la tenga atribuida por estatutos.

Artículo 187. Plan de disposición de fondos

La expedición de las órdenes de pago debe ajustarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que establezca el presidente. Ese plan debe recoger en todo caso la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Artículo 188. Responsabilidad personal

Son personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente: los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso; y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia.

Artículo 189. Requisitos previos a la expedición de órdenes de pago

Antes de expedir órdenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos, debe acreditarse documentalmente, ante el órgano que reconoce las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor conforme a los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto. Los perceptores de subvenciones deben acreditar, antes de cobrarlas, que están al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y, después, justificar la aplicación de los fondos.

Artículo 190. Pagos a justificar. Anticipos de caja fija

Las órdenes de pago cuyos documentos no pueden acompañarse al expedirse son «a justificar» y se aplican a sus créditos. Las bases de ejecución, previo informe de la Intervención, pueden regularlas (criterios, límites cuantitativos y conceptos). Se justifican en un máximo de tres meses y no cabe expedir nuevas por los mismos conceptos a quien tenga fondos pendientes de justificar. Para atenciones periódicas o repetitivas pueden ser anticipos de caja fija, justificados a lo largo del ejercicio en que se constituyó el anticipo.

Artículo 191. Cierre y liquidación del presupuesto

El presupuesto se liquida, en recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre; los ingresos y pagos pendientes quedan a cargo de la Tesorería local. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre forman el remanente de tesorería, que se cuantifica teniendo en cuenta ingresos afectados y minorando los derechos de difícil o imposible recaudación. La liquidación se confecciona antes del 1 de marzo y la aprueba el presidente, previo informe de la Intervención.

Artículo 192. Cierre y liquidación del presupuesto de organismos autónomos

La liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos se ajusta a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior; el reglamento regulará el cierre y la liquidación atendiendo a su carácter. La liquidación, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente del organismo, se remite a la entidad local para que la apruebe su presidente y a los efectos del artículo siguiente.

Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas

Si la liquidación arroja remanente de tesorería negativo, el Pleno o el órgano competente del organismo autónomo reducirán, en la primera sesión, los gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit; solo el Pleno puede revocarlo, a propuesta del presidente y previo informe del Interventor. Si no es posible, cabe una operación de crédito (art. 177.5); si no, el presupuesto siguiente se aprueba con superávit inicial no inferior al déficit. Se da cuenta al Pleno de la liquidación, y se remite copia al Estado y a la comunidad autónoma antes de acabar marzo.

Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación

Las entidades locales informan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de aplicar los criterios de derechos de difícil o imposible recaudación, con estos mínimos sobre los derechos pendientes de cobro, según el ejercicio en que se liquidaron respecto del de la liquidación: los dos anteriores, 25 %; el tercero anterior, 50 %; el cuarto a quinto anteriores, 75 %; los restantes, 100 %.

Artículo 213. Control interno

En las entidades locales se ejerce el control interno de su gestión económica, de sus organismos autónomos y de sus sociedades mercantiles dependientes, en tres modalidades: función interventora, control financiero (incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente) y control de la eficacia. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dicta sus normas. Los órganos interventores remiten cada año a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen.

Artículo 214. Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora

La función interventora fiscaliza todos los actos de las entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos derivados y la recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos. Comprende: a) intervención crítica o previa; b) intervención formal de la ordenación del pago; c) intervención material del pago; d) intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Artículo 215. Reparos

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor está en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, debe formular sus reparos por escrito y antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Artículo 216. Efectos de los reparos

Si la disconformidad afecta al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de la entidad local o sus organismos autónomos, se formaliza en nota de reparo que en ningún caso suspende el expediente. Si el reparo afecta a disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspende la tramitación hasta solventarlo si: a) hay insuficiencia de crédito o no es adecuado; b) no se fiscalizaron los actos origen de las órdenes de pago; c) se omitan requisitos o trámites esenciales; d) derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Artículo 217. Discrepancias

Si el órgano afectado por el reparo no está de acuerdo, resuelve la discrepancia el presidente de la entidad local; su resolución es ejecutiva y esta facultad no es delegable en ningún caso. Corresponde en cambio al Pleno cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito; b) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias

El órgano interventor eleva al Pleno informe de todas las resoluciones del Presidente contrarias a los reparos y un resumen de las principales anomalías en ingresos; solo trata aspectos de la función fiscalizadora, no de oportunidad o conveniencia, y es punto independiente del orden del día. El Presidente puede presentar informe justificativo y, si hay discrepancias, elevar su resolución al órgano de control de la Administración con tutela financiera. Anualmente el interventor remite al Tribunal de Cuentas las resoluciones y acuerdos contrarios a reparos y el resumen de anomalías en ingresos.

Artículo 219. Fiscalización previa

No requieren intervención previa: material no inventariable, contratos menores, gastos periódicos y de tracto sucesivo intervenido el período inicial, y gastos menores de 3.005,06 euros pagados por anticipos de caja fija. El Pleno, a propuesta del presidente y previo informe del interventor, puede limitarla a comprobar crédito adecuado, órgano competente y otros extremos que fije; las observaciones complementarias no suspenden. Luego, fiscalización plena sobre una muestra, con informe al Pleno. El Pleno puede sustituir la fiscalización previa de derechos por la toma de razón en contabilidad.

Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero

El control financiero comprueba el funcionamiento económico-financiero de los servicios de las entidades locales, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes. Informa sobre la adecuada presentación de la información financiera, el cumplimiento de normas y directrices y el grado de eficacia y eficiencia en los objetivos. Se hace por procedimientos de auditoría conforme a las normas de auditoría del sector público y termina en informe escrito que, con las alegaciones del órgano auditado, se envía al Pleno para su examen.

Artículo 221. Control de eficacia

El control de eficacia tiene por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos y el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

Artículo 222. Facultades del personal controlador

Los funcionarios con la función interventora y los designados para los controles financiero y de eficacia actúan con plena independencia. Pueden recabar los antecedentes que consideren necesarios, examinar y comprobar libros, cuentas y documentos, verificar arqueos y recuentos y, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, solicitar de quien corresponda informes técnicos y asesoramientos.

Artículo 223. Control externo

La fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica de las entidades locales y de sus organismos y sociedades dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas. Las entidades locales le rinden, antes del 15 de octubre de cada año, la cuenta general del artículo 209 del ejercicio anterior. Tras fiscalizarla, se somete a la entidad local la propuesta de corrección de anomalías y de acciones procedentes, sin perjuicio de la responsabilidad contable. Quedan a salvo las facultades de fiscalización externa que los Estatutos atribuyan a las comunidades autónomas.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

El Reglamento desarrolla el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Las actuaciones de control interno en las entidades del sector público local se ajustan a tres niveles de normas: el propio texto refundido, este Reglamento y las normas reguladoras que aprueben las Entidades Locales en desarrollo de ambos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El control del título VI del texto refundido de Haciendas Locales lo ejercen los órganos de intervención sobre la totalidad del sector público local. Este comprende: la propia Entidad Local; sus organismos autónomos; las entidades públicas empresariales; las sociedades mercantiles y fundaciones dependientes; los fondos sin personalidad jurídica dotados mayoritariamente desde sus Presupuestos; los consorcios con personalidad propia adscritos a ella; y otras entidades con o sin personalidad con participación total o mayoritaria de la Entidad Local.

Artículo 3. Formas de ejercicio

El órgano interventor ejerce el control interno mediante la función interventora y el control financiero. La función interventora controla los actos de la Entidad Local y sus organismos autónomos que reconozcan derechos o realicen gastos, los ingresos y pagos derivados y la aplicación de sus fondos. El control financiero verifica el funcionamiento económico-financiero del sector público local, su legalidad y su buena gestión; comprende el control permanente y la auditoría pública. También alcanza a entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones.

Artículo 4. Principios del ejercicio del control interno

El órgano interventor está sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio, y actúa con plena autonomía respecto de las entidades controladas. Debe contar con medios suficientes para un modelo de control eficaz que cubra, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio, y el cien por cien en tres ejercicios consecutivos, previo análisis de riesgos. Informa a los órganos gestores de los resultados más relevantes y al Pleno de los de especial trascendencia y de la corrección de debilidades.

Artículo 5. De los deberes del órgano de control

Quienes ejercen el control interno deben guardar sigilo, y los datos obtenidos solo pueden usarse para los fines del control o para denunciar posibles infracciones o responsabilidades. Si aprecian hechos de ese tipo, los comunican: si pueden ser delito, ante los Tribunales de Justicia; si son infracciones de gestión económico-presupuestaria de la Ley 19/2013, al órgano competente y, en su caso, al Tribunal de Cuentas; en los demás casos, según la normativa del Tribunal de Cuentas. Sin previsión legal, los informes se piden al gestor directo.

Artículo 6. De las facultades del órgano de control

El órgano interventor cuenta con el deber de colaboración, la facultad de pedir asesoramiento, la defensa jurídica y la revisión de sistemas informáticos. Autoridades y responsables de oficinas, organismos y sociedades locales deben colaborar, y cualquier persona debe facilitarle, previo requerimiento, datos relevantes. Puede recabar directamente informes de los órganos de la Entidad; a través del Presidente, de los Servicios de Asistencia Municipal y de las Diputaciones; y de la Intervención General del Estado mediante convenio.

Artículo 7. De las distintas fases de la función interventora

La función interventora tiene cuatro fases: fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos económicos, autoricen, dispongan o comprometan gastos o acuerden movimientos de fondos y valores; intervención del reconocimiento de obligaciones y de la comprobación material de la inversión; intervención formal de la ordenación del pago; e intervención material del pago. Se ejerce en dos modalidades: formal, que verifica los requisitos legales examinando los documentos preceptivos del expediente, y material, que comprueba la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Artículo 8. Del contenido de la función interventora

La función interventora se ejerce como fiscalización previa o como intervención previa. La fiscalización previa examina, antes de la resolución, todo acto que pueda producir derechos u obligaciones económicas o movimiento de fondos, para asegurar su legalidad, sin entrar en oportunidad o conveniencia. La intervención formal de la ordenación del pago verifica la correcta expedición de las órdenes de pago; la intervención material del pago, que lo dispone órgano competente, en favor del perceptor y por el importe establecido.

Artículo 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos

Si lo acuerda el Pleno, la fiscalización previa de derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y sus organismos autónomos puede sustituirse por la toma de razón en contabilidad y el control posterior, que se hace mediante control financiero. Esa sustitución no alcanza a la ordenación y pago material de devoluciones de ingresos indebidos. Si el interventor discrepa en el reconocimiento, liquidación o anulación de derechos, formula nota de reparo, que en ningún caso suspende la tramitación del expediente.

Artículo 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora

El órgano interventor recibe el expediente original completo, con todos los justificantes e informes preceptivos y listo para que se dicte acuerdo. Lo fiscaliza en diez días hábiles, o en cinco si la tramitación es urgente o se aplica el régimen especial de los artículos 13 y 14. El plazo cuenta desde el día siguiente a la recepción del expediente original y una vez se disponga de todos los documentos; se suspende si el interventor recaba asesoramientos o informes (artículo 6.4), lo que debe comunicar al gestor. Las Entidades Locales no pueden reducir estos plazos.

Artículo 11. Fiscalización de conformidad

Cuando, tras verificar los extremos a los que se extiende la función interventora, el expediente fiscalizado o intervenido se ajusta a la legalidad, el órgano interventor hace constar su conformidad mediante una diligencia firmada, sin necesidad de motivarla.

Artículo 12. Reparos

Si el interventor discrepa del fondo o la forma, formula reparo por escrito, motivado en normas y con todas las objeciones. Si afecta a gastos, obligaciones o pagos, suspende la tramitación en los casos del artículo 216.2 del texto refundido; es suspensivo, entre otros, si el órgano carece de competencia, hay graves irregularidades en la justificación o se omiten trámites esenciales. Aceptado el reparo, se subsana y se devuelve en quince días; si no, procedimiento del artículo 15.

Artículo 13. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos

El Pleno, a propuesta del Presidente y previo informe del interventor, puede acordar la fiscalización e intervención limitada previa. En ella el interventor solo comprueba la existencia de crédito adecuado, que el gasto lo genera órgano competente y los demás extremos trascendentes que fije el Pleno, entre ellos siempre los del Acuerdo del Consejo de Ministros aplicables. Rige el régimen general para los gastos no incluidos y los de cuantía indeterminada. Después habrá una fiscalización plena dentro del control financiero.

Artículo 14. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa

En la fiscalización e intervención limitada previa, si no se cumplen los requisitos básicos del artículo 13.2, el órgano interventor formula reparo con la forma y efectos de la sección 1.ª. Además puede formular las observaciones complementarias que considere convenientes, que en ningún caso suspenden la tramitación de los expedientes y frente a las que no cabe plantear discrepancia.

Artículo 15. Discrepancias

Las opiniones del interventor no prevalecen sobre las de los gestores. Las discrepancias las resuelve el Presidente o, si el reparo se basa en insuficiencia o inadecuación de crédito o afecta a gastos de su competencia, el Pleno. Se plantean en quince días desde la recepción del reparo, motivadas por escrito, y se resuelven en quince días, de forma indelegable y ejecutiva. Puede pedirse antes informe al órgano de tutela financiera, que lo emite en un mes. Las resoluciones contrarias a reparos se informan al Pleno y al Tribunal de Cuentas.

Artículo 16. Régimen general

Salvo el régimen de fiscalización limitada del artículo 13, están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que aprueben la realización de un gasto. Se incluyen expresamente los actos que resuelven recursos administrativos con contenido económico y los convenios y actos análogos con contenido económico. En la fiscalización previa se comprueba el cumplimiento de trámites y requisitos legales examinando los documentos e informes del expediente.

Artículo 17. Exención de fiscalización previa

Quedan exentos de la fiscalización previa del artículo 7.1.a): los gastos de material no inventariable; los contratos menores; los gastos periódicos y de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el del período inicial del acto o contrato o sus modificaciones; y los gastos menores de 3.005,06 euros que se paguen por anticipos de caja fija.

Artículo 18. Intervención de la liquidación del gasto

Las liquidaciones de gastos o reconocimientos de obligaciones se someten a intervención previa, tanto si nacen de la ley como de negocios jurídicos válidos. El interventor conoce el expediente antes del acuerdo de liquidación o reconocimiento, y en ese momento debe quedar acreditado documentalmente que se cumplen todos los requisitos: entre ellos, en su caso, la realización de la prestación o el derecho del acreedor conforme a los acuerdos de autorización y compromiso del gasto, y el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.

Artículo 19. Contenido de las comprobaciones

Al intervenir la liquidación del gasto o el reconocimiento de obligaciones se comprueba además: que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente (salvo aprobación y reconocimiento simultáneos); que los documentos justificativos se ajustan a la normativa y contienen siempre la identificación del acreedor, el importe exacto y las prestaciones o causas de la obligación; y que, cuando proceda, se ha comprobado materialmente la realización conforme de la obra, servicio, suministro o gasto.

Artículo 20. Intervención de la comprobación material de la inversión

Antes de liquidar el gasto se verifica materialmente la realización de obras, servicios o adquisiciones y su adecuación al contrato. Lo hace el órgano interventor, que puede asesorarse técnicamente. Si la inversión es de 50.000,00 euros o más sin IVA (o el importe inferior de las bases de ejecución), los gestores deben pedir su asistencia con veinte días de antelación a la recepción. El interventor, o quien delegue, concurre al acto de recepción. El resultado consta en acta firmada por los asistentes.

Artículo 21. De la intervención formal del pago, objeto y contenido

Se someten a intervención formal de la ordenación del pago los actos que ordenan pagos con cargo a la Tesorería de la Entidad Local. Se verifica que las órdenes de pago las dicta órgano competente, se ajustan al reconocimiento de la obligación (examinando los documentos originales o su certificación y la de su intervención) y se acomodan al plan de disposición de fondos (examinando el propio plan o el informe de la Tesorería). Las minoraciones por retenciones judiciales o compensaciones de deudas se acreditan con los acuerdos que las disponen, también sometidos a esta intervención.

Artículo 22. Conformidad y reparo

Si las órdenes de pago cumplen los requisitos del artículo anterior, el órgano interventor hace constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento que contiene la orden o en un documento resumen de cargo a las cajas pagadoras. Si no los cumplen, formula reparo en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del capítulo.

Artículo 23. De la intervención material del pago, objeto y contenido

Se somete a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que cumplen directamente obligaciones de la Tesorería, sitúan fondos a disposición de cajeros y agentes facultados para pagar o mueven fondos y valores entre cuentas de la Tesorería. Se verifica la competencia del órgano que paga, la identidad del perceptor y el importe reconocido. Si todo es conforme, el interventor firma los documentos que autorizan la salida de fondos y valores; si no lo es en cuanto al perceptor o la cuantía, formula reparo motivado y por escrito.

Artículo 24. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar

En las órdenes de pago a justificar se comprueba: que se basan en resolución de autoridad competente; que existe crédito adecuado; que se ajustan a sus normas; que el órgano pagador justificó a tiempo los fondos anteriores del mismo concepto (salvo orden específica del Presidente ante catástrofes, grave peligro o seguridad pública); y que cumplen el plan de disposición de fondos aprobado por el Presidente, con la misma salvedad.

Artículo 25. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija

Para constituir o modificar anticipos de caja fija, la fiscalización previa comprueba que existen normas de distribución del gasto máximo por cajas pagadoras y que se respetan, y que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente. En las reposiciones de fondos, además de lo que fijen las bases de ejecución, se comprueba siempre que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos, que las propuestas se basan en resolución de autoridad competente y que existe crédito adecuado.

Artículo 26. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos

Si no se cumplen los requisitos de fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y de los anticipos de caja fija, el órgano interventor formula reparo con las condiciones y efectos de la sección 1.ª del capítulo. Se exceptúan los supuestos de las letras d) y e) del artículo 24.

Artículo 27. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija

Salvo regulación específica de la Entidad Local, en las cuentas justificativas se comprueba que responden a gastos concretos tramitados por el procedimiento aplicable, adecuados al fin de los fondos, efectivamente realizados y pagados al acreedor por el importe debido. Se examinan cuentas y justificantes, pudiendo usarse muestreo. El informe del interventor se hace constar en la cuenta y no suspende su aprobación. El órgano competente aprueba las cuentas, y se informa al Pleno de los resultados.

Artículo 28. De la omisión de la función interventora

Si se omitió la función interventora preceptiva, no se puede reconocer la obligación ni tramitar el pago hasta resolver la omisión. El interventor lo comunica a la autoridad que inició el expediente y emite su opinión, para que decida el Presidente o, si el gasto es de su competencia, el Pleno. Ese informe no es fiscalización y recoge el gasto, los incumplimientos, las prestaciones y su precio, el crédito y la conveniencia de revisar los actos. En municipios de gran población interviene la Junta de Gobierno Local.

Artículo 1. Objeto y ámbito subjetivo

La Orden aprueba la estructura, normas y códigos a los que deben adaptarse los presupuestos de las entidades locales. La estructura presupuestaria prevista en el artículo 167.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se aplica tanto a las entidades locales como a los organismos autónomos de ellas dependientes.

Artículo 2. Estructura de los presupuestos

Las entidades locales elaboran sus presupuestos teniendo en cuenta la naturaleza económica de ingresos y gastos y las finalidades y objetivos que se pretenden conseguir con los gastos. Además, pueden clasificar gastos e ingresos según su propia estructura, de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización.

Artículo 3. Criterios generales de clasificación del estado de gastos

Los estados de gastos de los presupuestos de las entidades locales se clasifican con tres criterios: por programas, por categorías económicas y, de forma opcional, por unidades orgánicas. Los dos primeros se aplican siempre; el orgánico es opcional.

Artículo 4. Clasificación por programas

Los créditos se ordenan según su finalidad y objetivos en áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas (anexo I), y los programas pueden desarrollarse en subprogramas. Con carácter general, el detalle mínimo es el grupo de programas, salvo los casos del anexo I, que exigen nivel de programa. La estructura es cerrada y obligatoria, pero abierta a partir de programas y subprogramas. Si la entidad asume competencias delegadas, debe desarrollar los grupos de programa para que cada servicio corresponda a un único programa o subprograma.

Artículo 5. Clasificación económica del gasto

La clasificación económica del gasto agrupa los créditos por capítulos, separando operaciones corrientes, de capital y financieras. Los capítulos se desglosan en artículos, estos en conceptos y estos pueden subdividirse en subconceptos, según el anexo III. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, y los subconceptos pueden desarrollarse en partidas, de estructura igualmente abierta.

Artículo 6. Aplicación presupuestaria

La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada es el crédito presupuestario, se define al menos por la conjunción de la clasificación por programas (nivel de grupo de programa o programa) y la económica (nivel de concepto o subconcepto). Si la entidad usa la clasificación orgánica, la aplicación se define por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica.

Artículo 7. Registro contable

El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto se hace, como mínimo, sobre la aplicación presupuestaria definida en el artículo 6. Las entidades locales pueden llevar el seguimiento contable con un mayor nivel de desglose.

Artículo 8. Créditos iniciales y definitivos

Crédito inicial es el asignado a cada aplicación presupuestaria en el presupuesto de la entidad definitivamente aprobado. Crédito definitivo vigente en cada momento es el crédito inicial aumentado o disminuido por las modificaciones presupuestarias.

Artículo 9. Clasificación económica del ingreso

Las previsiones de los estados de ingresos se clasifican separando operaciones corrientes, de capital y financieras, según la estructura por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos del anexo IV. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta: pueden crearse los que se necesiten cuando no figuren en la estructura de la Orden.

Artículo 10

Preámbulo

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General se dictan al amparo del artículo 165.1 del TRLRHL y del artículo 9 del RD 500/1990, para el presente ejercicio. Rigen también en periodo de prórroga presupuestaria, con las limitaciones y condiciones del artículo 21 del RD 500/1990.

Artículo 1. Presupuestos que integran el general

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Cádiz lo forman el Presupuesto del propio Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos y los Estados de Previsión de las Sociedades mercantiles dependientes (art. 164 TRLRHL). Además se incluyen, sin consolidarse, las previsiones de Suministradora Eléctrica de Cádiz SA y Comercializadora Eléctrica de Cádiz SA. No se incluye CEMABASA (no es mayoritaria) ni EDACAFESA (no hay datos).

Artículo 2. Estructura presupuestaria

La estructura presupuestaria sigue la Orden EHA/3565/2008, con vinculación jurídica a nivel de centro orgánico. Los gastos se clasifican por criterio orgánico, por programas y económico. Por programas: área de gasto (1 dígito), política (2), grupo de programa (3) y programa (5). Económica (gastos e ingresos): capítulo (1), artículo (2), concepto (3) y subconcepto (5). Los ingresos se clasifican por su naturaleza económica; su clasificación orgánica tiene cinco dígitos y un solo centro para el Ayuntamiento (Hacienda: 03001).

Artículo 3. Plan de cuentas, nivel de vinculación jurídica de los créditos y fondo de contingencia

La Intervención fija el Plan de Cuentas y la estructura de los subconceptos nuevos. Los créditos son limitativos y vinculantes; la vinculación jurídica se fija en el área de gasto (1 dígito), el capítulo (1 dígito) y la orgánica en todos sus dígitos. Son vinculantes consigo mismas las aplicaciones ampliables, las de financiación afectada, las de aportaciones a entes dependientes, las de servicios extraordinarios del personal y las de reconocimientos extrajudiciales. El Fondo de Contingencia se dota con al menos el 0,5 % de los gastos no financieros.

Artículo 4. Administración electrónica

Toda la gestión contable y presupuestaria del Ayuntamiento se hace por medios electrónicos. Los documentos contables, sus justificantes, las resoluciones y los antecedentes se incorporan al sistema informático anexo a la aplicación de contabilidad mediante firma electrónica.

Artículo 5. Créditos y sus modificaciones. Expedientes de modificación de créditos

Los créditos son el límite máximo de las obligaciones y su mera existencia no autoriza el gasto. Toda modificación exige propuesta razonada e informe previo de la Intervención. Créditos extraordinarios y suplementos: los incoa la Alcaldía-Presidencia y los aprueba el Pleno con los trámites del Presupuesto. Ampliaciones, generaciones e incorporaciones las aprueba la Presidencia; las transferencias, la Alcaldía por Decreto, salvo las reservadas al Pleno. Pueden incorporarse, entre otros, los créditos extraordinarios, suplementos y transferencias concedidos en el último trimestre del ejercicio.

Artículo 6. Prórroga presupuestaria. Modificaciones de crédito durante la prórroga presupuestaria

Si al empezar el ejercicio no se ha aprobado o no ha entrado en vigor el nuevo presupuesto, este se prorroga de forma automática. Los ajustes del prorrogado los aprueba la Alcaldía por Decreto, previo informe de la Intervención, acreditando margen respecto del límite global de créditos iniciales. Durante la prórroga cabe cualquier modificación legal. Al aprobarse el nuevo presupuesto, el Pleno decide si las modificaciones plenarias se entienden incluidas, y las aprobadas por la Alcaldía pueden dejarse sin efecto por resolución de la Alcaldía, dando cuenta al Pleno.

Artículo 7. Normas de gestión y ejecución de los presupuestos de gastos

El gasto pasa por autorización (A), disposición (D), reconocimiento de la obligación (O) y ordenación del pago (P). Autoriza en general la Junta de Gobierno Local; los gastos de menos de 3.000 €, el Concejal Delegado/a del Área Económica o los Tenientes de Alcalde o Concejales Delegados en su ámbito. El reconocimiento lo aprueba el Delegado/a de Economía (o el Alcalde) firmando los documentos contables; las certificaciones de obra (salvo contratos menores) exigen acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 8. Información al Pleno de la ejecución presupuestaria

En sus sesiones ordinarias se da cuenta al Pleno de: la resolución de Alcaldía que aprueba la liquidación; las que acuerdan o modifican ajustes de la prórroga; las resoluciones de órganos unipersonales que aprueban modificaciones de crédito; los expedientes de la LOEPSF que no requieren aprobación plenaria, y las comunicaciones al Ministerio de Hacienda (presupuesto, seguimiento trimestral, plan de ajuste, marcos presupuestarios, liquidación, morosidad, etc.). La tramitación de esta información la hace la Intervención municipal.

Artículo 9. Imputación de los gastos presupuestarios a la anualidad presupuestaria. Imputación de gastos en expedientes subvencionados

Con cargo a los créditos del ejercicio solo se contraen obligaciones por gastos realizados en él. Al abrir el presupuesto se registran primero las anualidades plurianuales y los compromisos de tramitación anticipada. Excepcionalmente se aplican al presupuesto vigente atrasos de personal, compromisos con créditos incorporados, contratos de tracto continuo, sentencias y reconocimientos extrajudiciales. En programas subvencionados, la amortización se imputa por el criterio lineal constante con los coeficientes fiscales de Hacienda.

Artículo 10. Gastos de carácter plurianual/tramitación anticipada de gastos

Los gastos plurianuales se rigen por el art. 174 TRLRHL, los arts. 79 a 87 del RD 500/1990 y el art. 21 LRBRL. Para computar el inicio de ejecución en el ejercicio corriente cuentan la redacción y aprobación de proyectos, los demás documentos técnicos y los actos de ejecución material. Los compromisos plurianuales se registran en el sistema contable. La tramitación anticipada es una modalidad de gasto plurianual: se autorizan e incluso disponen gastos en un ejercicio anterior al de su ejecución.

Artículo 11. Tramitación de propuestas de gasto y expedientes de contratación

Unidad gestora de gastos es el Área, Servicio, Sección o Unidad que inicia la tramitación del gasto; entre otras cosas, justifica la necesidad, pide la retención de crédito, solicita la fiscalización a la Intervención con 10 días de antelación mínima y da conformidad a las facturas. Antes de cualquier gasto es preceptiva la Retención de Crédito, que solo reserva crédito del ejercicio: no exime de aprobar cada gasto ni presupone su fiscalización. Los contratos menores se tramitan electrónicamente; los demás, por el Servicio de Contratación.

Artículo 12. Encargos a medios propios. Transferencias y aportaciones a entes dependientes

Pueden hacerse encargos a medios propios conforme a la LCSP y la LRJSP. Para aprobarlos se necesita: propuesta razonada del Área o Servicio competente, suscrita por su Concejal/a o Teniente de Alcalde Delegado/a y visada por el Director del Área o Jefe de Servicio; retención de crédito si suponen coste; informe jurídico y fiscalización de la Intervención. El Ayuntamiento puede dar a empresas y Organismos Autónomos dependientes transferencias corrientes (capítulo 4), generales o finalistas, y de capital (capítulo 7), estas siempre finalistas.

Artículo 13. Subvenciones municipales

Las subvenciones municipales se otorgan por convocatoria pública, concesión directa excepcional o como nominativas previstas en el presupuesto. En las directas y nominativas se requiere solicitud y aceptación de condiciones. El Servicio Gestor propone a la Junta de Gobierno Local y notifica la resolución en un mes; si no lo hace, la solicitud se entiende denegada por silencio. El beneficiario acepta o renuncia en 15 días (si no, se entiende desistido). Justificación: tres meses desde el fin de la actividad, nunca después del 15 de febrero del año siguiente.

Artículo 14. Expedientes de devolución de fianzas y garantías

Las devoluciones de fianzas, metálicas y no metálicas, se tramitan por conceptos no presupuestarios, que impiden devolver lo no ingresado o devolverlo dos veces. Se resuelven por resolución administrativa con base en un informe favorable expreso del técnico responsable del Área o Servicio que exigió la fianza o garantía, que acredite que procede la devolución, y previa fiscalización de la Intervención.

Artículo 15. Retribuciones, asistencias e indemnizaciones de los miembros de la corporación y asignaciones a los grupos municipales

Los concejales cobran según los acuerdos del Pleno de Organización de 30/06/2023. Sus indemnizaciones se rigen por el RD 462/2002 y normas concordantes; antes de cada viaje eligen entre justificar todos los gastos o cobrar una cantidad fija por manutención, sin poder mezclarlos. El alojamiento tiene un máximo, superable con informe o si lo organiza el evento. Los Grupos Municipales reciben al mes un componente fijo de 2.600 € por Grupo y uno variable de 850 € por cada miembro.

Artículo 16. Determinación del número, características y retribuciones del personal eventual

El número, características y retribuciones del personal eventual son los fijados por el Pleno en sesión extraordinaria de 30 de junio de 2023, mientras no se modifiquen por acuerdo plenario. Todos los puestos son de jornada completa. Las retribuciones se devengan en 14 mensualidades y se incrementan cada año en los términos de la Ley de Presupuestos del Estado para el personal de las Administraciones Públicas.

Artículo 17. Dietas y gastos de transporte del personal al servicio de la corporación

Las dietas del personal siguen el RD 462/2002 y normas concordantes, pero si se acredita que sus importes no bastan se abonan los efectivamente necesarios. Antes de cada viaje se elige entre justificar todo o cobrar cantidad fija por manutención, sin mezclar. Si varios viajan en coche el mismo día al mismo destino, solo se paga el kilometraje de un vehículo, salvo autorización escrita del Delegado/a de Hacienda. Los tribunales de promoción interna o provisión en jornada laboral no se indemnizan.

Artículo 18. Normas de gestión y ejecución de los presupuestos de ingresos

Gestionan los ingresos las Áreas o Servicios que los necesitan; la Intervención fiscaliza y contabiliza y la Tesorería cobra. Pueden no liquidarse deudas inferiores a seis euros. Las devoluciones de ingresos indebidos se aplican al ejercicio corriente; las de duplicados o excesivos son operaciones no presupuestarias que instruye la Tesorería. Las anulaciones de derechos las aprueba la Junta de Gobierno Local (masivas) o el Concejal Delegado/a de Economía (puntuales), dando cuenta al Pleno.

Artículo 19. Anulación de obligaciones y de saldos de conceptos no presupuestarios

Los expedientes masivos o generales de anulación, cancelación o rectificación de obligaciones reconocidas y liquidadas, y las anulaciones de saldos no presupuestarios, se aprueban por la Junta de Gobierno Local tras informe de la Intervención. Las singulares (de ingreso, gasto, no presupuestarias o patrimoniales) puede acordarlas el Delegado/a de Economía, a propuesta y con informe favorable de la Intervención. De estas resoluciones se da cuenta al Pleno.

Artículo 20. De las operaciones de crédito

El Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos pueden concertar operaciones de crédito de todo tipo, a corto y largo plazo, y operaciones de cobertura del riesgo de tipo de interés y de cambio. La propuesta y gestión del endeudamiento la tramita quien ejerza las funciones de Tesorería. Toda concertación o modificación exige informe previo de la Intervención sobre la capacidad de hacer frente a las obligaciones. Los déficits temporales de liquidez se cubren con operaciones de tesorería.

Artículo 21. La Tesorería

La Tesorería la forman todos los recursos financieros del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y se rige por el principio de caja única. Las salidas de fondos requieren la firma mancomunada de los tres claveros (Alcalde-Presidente, Interventor y Tesorera). Se paga por transferencia o cheque nominativo. Los movimientos internos entre cuentas de una misma entidad financiera bastan con la firma de la Tesorera. El Plan de Disposición de Fondos lo aprueba la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Tesorería.

Artículo 22. Tesorería de los organismos autónomos

En los Organismos Autónomos, las funciones de Tesorería pueden ejercerlas quienes desempeñen la Gerencia. La Junta de Gobierno Local puede acordar, a propuesta conjunta de la Tesorería y la Intervención municipal y tras dotar medios y hacer los trámites oportunos, que la Tesorería municipal asuma la gestión de la Tesorería de los Organismos Autónomos.

Artículo 23. Anticipos de caja fija

Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos no presupuestarias y permanentes para gastos corrientes periódicos o repetitivos. Los constituye la Junta de Gobierno Local (o, por urgencia, el Delegado/a de Economía, dando cuenta). Se paga por cheque nominativo o transferencia, nunca en metálico. Cada gasto no puede superar 2.400 € (salvo anuncios en boletines y ayudas sociales). Las cuentas se rinden ante la Junta de Gobierno Local antes del 30 de diciembre, con saldo final cero.

Artículo 24. Pagos a justificar

Son pagos a justificar las órdenes de pago cuyos justificantes no pueden acompañarse al expedirlas. Los aprueba la Junta de Gobierno Local (o, por urgencia, el Delegado/a de Economía). Importe global máximo de 12.000 € para gastos como viajes o material de oficina. No caben gastos de personal, contratos no menores, retenciones tributarias ni subvenciones. Se justifican en un máximo de tres meses y dentro del año; si no se reintegra en 8 días desde que se ordena, se devenga interés legal.

Artículo 25. Liquidación del presupuesto

A fin de ejercicio, los créditos no afectados a obligaciones reconocidas se anulan y todos los ingresos hasta el 31 de diciembre se aplican al presupuesto que se liquida. Para cerrar a tiempo: no se admiten retenciones de crédito no firmadas antes del 5 de diciembre (salvo autorización escrita de la Tenencia de Alcaldía Delegada de Hacienda); las facturas del ejercicio deben estar en FACE antes del 31 de enero siguiente y conformadas en 30 días. La liquidación la aprueba la Alcaldía-Presidencia, dando cuenta al Pleno. El remanente de tesorería descuenta los derechos de difícil recaudación.

Artículo 26. Control interno

El control interno lo ejerce el órgano Interventor según el TRLRHL y el RD 424/2017. La Intervención recibe el expediente electrónico completo antes del acuerdo y lo fiscaliza en diez días (cinco si es urgente). La conformidad se hace constar por diligencia firmada sin motivar. Ningún expediente sin fiscalizar puede ir al orden del día cuando sea preceptivo. Los gastos se fiscalizan en régimen de requisitos básicos. Las observaciones no suspenden ni admiten discrepancia.

Artículo 27. Convalidaciones, omisiones de la función interventora y reconocimiento extrajudicial de crédito

Pueden convalidarse expedientes con omisión de la función interventora (art. 28 RCIL) o de otros trámites, con informe del Servicio Gestor, informe jurídico, informe de la Intervención y resolución del órgano competente para la propuesta original. El reconocimiento extrajudicial de créditos es excepcional: solo para obligaciones nulas de pleno derecho en las que no proceda la revisión de oficio. Lo tramita la Intervención, a petición de la Tenencia de Alcaldía o Concejalía Delegada, con informes técnico, jurídico y de Intervención, y lo aprueba el Pleno; su aprobación levanta el reparo.

Artículo 28. Modificación de las presentes bases

Disposición final única

En lo no previsto por las Bases se aplica la normativa de régimen local y las demás disposiciones concordantes. Las dudas de aplicación de las Bases las resuelve la Alcaldía, previos los informes pertinentes, entre los que es siempre preceptivo el de la Intervención General.