Artículo 27. Convalidaciones, omisiones de la función interventora y reconocimiento extrajudicial de crédito

1.- Omisión de fiscalización. En los términos del artículo 28, RCIL podrán convalidarse expedientes en los que se hubiese omitido la función interventora cuando este trámite sea legalmente preceptivo. 2.- Omisión de fiscalización y convalidación. En los supuestos de omisión de alguno de los trámites para aprobación de un expediente de gasto, éste podrá ser convalidado conforme al siguiente procedimiento: a) Informe motivado del Servicio Gestor donde se detallen las omisiones (y su causa) en los trámites del procedimiento de tales gastos, y propuesta de resolución. b) Informe jurídico del Servicio de Contratación, del/a Técnico/a Jurídico competente por razón de materia, o del Servicio Jurídico en su defecto, en el que se acredite que: - La omisión o defecto en la tramitación es susceptible de convalidación, de acuerdo con las normas de procedimiento administrativo común. - El resto del expediente, por lo demás, se atiene las disposiciones vigentes. c) Informe de la Intervención. d) Resolución del expediente por el órgano competente para la aprobación de la propuesta original. 3.- Reconocimiento extrajudicial de créditos. En los términos de la Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018, podrán reconocerse extrajudicialmente créditos para su imputación al presupuesto en los términos previstos en los artículos 176, TRLRHL y 60.2, RD 500/1990. La utilización de esta figura deberá utilizarse con carácter excepcional, teniendo en cuenta lo siguiente: - Sólo en procedimientos de imputación al presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas por nulidad de pleno derecho, por concurrir cualquiera de las causas previstas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), sin que proceda instar la revisión de oficio (artículo 110, LPAC). - Las obligaciones que procedan de un acto nulo en el que proceda instar la revisión de oficio quedarán suspendidas en tanto resuelva ésta. En su caso, el reconocimiento extrajudicial de crédito será el instrumento de la ejecución del resultado del procedimiento de revisión de oficio una vez esté éste aprobado. - Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la normativa de aplicación, deberán imputarse a presupuesto previa incorporación de los créditos correspondientes. - El procedimiento que se tramite deberá exigir las posibles responsabilidades. El expediente para el reconocimiento de esta clase de obligaciones será tramitado por la Intervención Municipal y requerirá la concurrencia de los siguientes trámites: - Petición de la Tenencia de Alcaldía o Concejalía Delegada del Área de la que proceda el expediente. - Incorporación de las certificaciones de obra, facturas o documentos acreditativos del derecho del acreedor o de la realización de la prestación, que deberán conformarse por los órganos gestores del gasto, y, en su caso, ser objeto de verificación material. - Informe justificativo detallado suscrito por el responsable técnico del área, con el conforme del Delegado/a del Área de Economía, en el que ponga de manifiesto: o Las circunstancias que han motivado la situación del expediente, si éstas han sido recurrentes y si a futuro están resueltas. o Si las prestaciones a que se refiere el expediente son necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos o el servicio al ciudadano. o Si el precio es adecuado al de mercado. o La naturaleza de las obligaciones. o Si, en caso de que las obligaciones no fuesen abonadas, se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración. - Informe jurídico del Servicio de Contratación, o del/a Técnico/a Jurídico competente por razón de materia, o del Servicio Jurídico en su defecto con pronunciamiento sobre la procedencia de instar la revisión de oficio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 110, LPAC. - Informe de la Intervención en los términos del artículo 28.2, RCIL. - La aprobación por el Pleno como órgano competente. El acuerdo de reconocimiento extrajudicial de crédito, en su caso, implicará el levantamiento del reparo que hubiese formulado por la Intervención.