Artículo 26. Control interno

1.- Criterios generales. Se ejercerá con la extensión y efectos establecidos en TRLRHL y en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (RCIL). Tanto la función interventora como la de control financiero será ejercida por el órgano Interventor y por el personal funcionario que actúe como delegado o colaborador de éste. Para el ejercicio de las funciones de control interno, en sus diferentes modalidades, la Intervención podrá: - Fiscalizar los diferentes servicios y solicitar, para su examen, cuantos libros, cuentas, documentos, antecedentes y pormenores estime deba conocer en cada caso. - Tener libre acceso en cualquier momento a todas las oficinas, centros y dependencias de la Corporación, y sus respectivos Jefes deberán darle las máximas facilidades para el cumplimiento de su misión. - Requerir discrecionalmente: o A todo el personal afecto a la Intervención para que le auxilie en su labor fiscalizadora. o A todo el personal municipal, de Organismos Autónomos y de empresas públicas su colaboración puntual en las labores de control interno. La Intervención municipal, en los términos establecidos en el RCIL, elaborará: - Un Plan Anual de Control Financiero, que recogerá actuaciones de Control Permanente y un Plan de Auditorías a realizar durante el ejercicio. - Con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la Cuenta General, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213, TRLRHL. De ambos documentos se dará conocimiento al Ayuntamiento Pleno y a la IGAE, de acuerdo con lo dispuesto en el RCIL y la Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. Asimismo, en los términos de la Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales (o instrucción que pueda sustituirla), la Intervención informará cada ejercicio al Tribunal de Cuentas: - Sobre el resultado de las actuaciones de control realizadas mediante el ejercicio de la función interventora del ejercicio anterior - Acerca de la estructura del órgano Interventor - De la actividad que desarrolla y de los resultados obtenidos - Sobre la documentación prevista en el artículo 218.3, TRLRHL. 2.- Procedimiento El procedimiento para el ejercicio de la función interventora será el establecido en el RCIL, teniendo en cuenta las siguientes particularidades de la organización municipal: - Para el inicio de las actuaciones de fiscalización, la Intervención Municipal deberá recibir en formato electrónico (y con firma electrónica avanzada verificable en todas las actuaciones sujetas a firma) el expediente original completo, incorporados al mismo todos los documentos (incluida la propuesta de resolución) que lo integran e informes preceptivos, previamente a que se dicte acuerdo por el órgano municipal competente. - La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente a la fecha de la recepción que conste en el registro interno. Este plazo se reducirá a cinco días, computados de igual forma, cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente. - El plazo se interrumpirá cuando la Intervención recabe asesoramiento jurídico, informes técnicos adicionales o la aportación de documentación adicional que considere necesarios para el ejercicio de sus funciones de control interno. Adicionalmente, la Intervención, para evitar emitir informe de reparo o con observaciones, podrá devolver sin fiscalizar la propuesta al Servicio que haya instado la fiscalización, cuando se observen en la misma errores, incongruencias, o determinados extremos susceptibles de mejora. El Servicio proponente podrá mantenerla en sus mismos términos, o modificarla total o parcialmente. El ejercicio de la función interventora se plasmará en informes escritos que se limitarán (artículo 8, RCIL) a: - En el caso de la fiscalización previa, a verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación sin atender a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas, - En el caso de la intervención previa, a verificar que las obligaciones se ajustan a la ley o con los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. De acuerdo con el artículo 11, RCIL, en caso de conformidad con las propuestas que se le sometan a la función interventora, se hará constar tal conformidad mediante una diligencia firmada sin necesidad de motivarla. 3.- Garantías de la fiscalización de los expedientes sometidos a ésta u a otras actuaciones de control previo según la legislación vigente: - No podrá incluirse en el orden del día de la convocatoria de los órganos colegiados ningún expediente sin la fiscalización o control de la Intervención, cuando sea preceptiva. - No podrá ser objeto de fiscalización o control previo el expediente en el que se de cualquiera de las siguientes deficiencias: o Que no vaya acompañado de la propuesta del Servicio u órgano gestor. o Que no incorpore el correspondiente informe y propuesta de resolución o Que esté incompleto. En caso de solicitarse fiscalización sin tales requisitos, la Intervención deberá devolver la petición al Servicio Gestor, no realizando ninguna otra actuación hasta tanto se complete la documentación omitida. En ningún caso el órgano interventor tendrá la obligación de procurarse por sí mismo la documentación e información directamente de los archivos físicos y de las aplicaciones y bases de datos informáticas de otros servicios o entidad, sin perjuicio de que pueda decidir realizar comprobaciones de estos registros en los términos previstos en el RCIL. 4.- Régimen de fiscalización de gastos e ingresos y derechos en el ámbito del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos: A) Derechos e ingresos: En los términos del artículo 9, RCIL, se sustituye la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por la toma de razón en contabilidad y el control financiero posterior. No obstante, estarán sometidos a fiscalización previa los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos. B) Fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos: se establece el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, RCIL, de acuerdo con las siguientes normas: o Las comprobaciones básicas serán las establecidas en el RCIL, en concreto: - La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local. - En gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos. - Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174, TRLRHL. - Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. - Competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención. - Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente. - Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar: - Identificación del acreedor. - Importe exacto de la obligación. - Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago. - Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación. o Únicamente se efectuarán las comprobaciones básicas adicionales, con la debida adaptación al ámbito local, de los requisitos establecidos a tal efecto por Acuerdo del Consejo de Ministros (Resolución de 2 de junio de 2008, de la IGAE, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147, LGP, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, modificado por Acuerdos de 16 de abril de 2010, 1 de julio de 2011, 20 de julio de 2018, 15 de noviembre de 2019, 15 de junio de 2021, 14 de marzo de 2023 y 22 de octubre de 2023). Para la aplicación de la fiscalización de requisitos básicos, deberá incorporarse a los expedientes, extendiéndose en todo caso a ellos el control previo, además de la documentación que resulte legalmente preceptiva o que esté prevista en los mencionados Acuerdos del Consejo de Ministros, de forma particular: TIPO DE EXPEDIENTE DOCUMENTACIÓN Todos - Informe con propuesta de resolución emitido por la persona responsable de la unidad administrativa tramitadora en los términos del artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), donde se concluya que la propuesta se adecúa a la normativa que en cada caso resulte de aplicación - Cuando sea preceptivo: informe jurídico o de Secretaría Personal - Que el informe del Área de Personal en todas las actuaciones relativas a convocatorias, provisiones de puestos, nombramientos, comisiones de servicios, atribuciones de funciones, permutas, promociones, prórrogas, etc., según proceda en cada caso, acredite: - Las necesidades que se pretenden cubrir o satisfacer - Que se refieren a plazas/puestos de trabajo previstos en la relación de puestos de trabajo y en la plantilla municipal - Que se ha dado cumplimiento a los principios constitucionales y TIPO DE EXPEDIENTE DOCUMENTACIÓN legales que informan el acceso al empleo público - Que las retribuciones propuestas son las que se deducen de la normativa de aplicación - Que los plazos de duración de los contratos/nombramientos se atienen a la normativa aplicable - Aprobación de bases de convocatorias para selección de personal y procedimientos de provisiones de puestos de trabajo: el informe del Área de Personal deberá pronunciarse expresamente sobre la legalidad de la propuesta de acuerdo. Contratación, compras, patrimoniales y responsabilidad patrimonial - Que se justifica en el expediente la falta de medios propios suficientes para la prestación del servicio por la propia Administración. - Que existe PCAP y PPT, en los que el objeto del contrato esté perfectamente definido, permitiendo la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. - Que existe adecuada justificación en el expediente de: - El precio del contrato, - Las mejoras, condiciones especiales de ejecución, reservas. - Los criterios de adjudicación y su ponderación, - La incidencia del contrato en términos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. - Al declararse la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, acreditación de la constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. - Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación, acreditación de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación. - Constitución de la garantía definitiva, excepto en los casos previstos en la LCSP. - Revisiones de precios: que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5, LCSP y que el PCAP establece la fórmula de revisión aplicable. - Modificaciones de contratos: o Modificaciones previstas en el PCAP: Que No superan el límite previsto en el mismo, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. o Modificaciones no previstas en el PCAP o que no se ajustan a lo establecido en el artículo 204, LCSP, que se acompaña informe técnico justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205, LCSP y que no superan los límites máximos establecidos en el presente artículo. o Modificaciones no previstas en el PCAP cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000,00 €, que existe dictamen del correspondiente órgano consultivo, o Modificaciones fundamentadas en el artículo 222.2, LCSP: que su precio no se incrementa en más de un 10% del inicial de adjudicación o en el límite que establezca, en su caso, el PCAP. - Prórrogas contractuales: o Que la prórroga está prevista en el PCAP. o Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a lo que prevé la normativa contractual vigente. o Al resultar de aplicación el último párrafo del artículo 29.4, LCSP, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo establecido en el citado precepto. TIPO DE EXPEDIENTE DOCUMENTACIÓN - Resolución de contratos: que se incorpora informe de la Secretaría General y dictamen del Consejo Consultivo (artículo 191, LCSP) - Obras: que se incorpora, según proceda en cada caso y fase del procedimiento, salvo cuando no sea legalmente preceptivo y así lo informe técnico competente: o Proyecto técnico con su pertinente supervisión o Acta de replanteo y de comprobación del replanteo o Estudio geotécnico o Certificaciones de obra suscritas por el técnico responsable de su dirección o Certificación final suscrita por el técnico responsable de su dirección o Informe favorable a la liquidación de la obra, - Concesión de obras: que se incorpora, según proceda en cada caso y fase del procedimiento, salvo cuando no sea legalmente preceptivo y así lo informe técnico competente: o Estudio de viabilidad o Proyecto con su supervisión o Acta de replanteo y de comprobación del replanteo Subvenciones - Bases reguladoras de la subvención, a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. - En los casos de concesión directa de la subvención, que se ampara en alguno de los supuestos que según la normativa vigente se habilitan para utilizar este procedimiento, aportando la correspondiente justificación. - Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición previstas en el artículo 13.2 y 3, LGS. - Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los cuales se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58, RGLS. - Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes, y que éstos son acordes a la normativa de aplicación. C) Intervención formal y material de los pagos: En relación a los pagos tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, incluidos los Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar, se verificará, según cada caso y fase: o Que la orden de pago se dicta por un órgano competente. o Que la orden de pago se ajusta al acto de reconocimiento de la obligación, una vez verificados los documentos originales o la certificación del citado acto. o Que la orden de pago se acomoda al plan de disposición de fondos, lo que se presumirá salvo que la Tesorería alerte de su incumplimiento. o Al tratarse de supuestos en los que existan retenciones judiciales o compensaciones de deudas del acreedor, que se acreditan las correspondientes minoraciones en el pago mediante los acuerdos que las disponen. o Que la identidad del perceptor es la correcta. o Que la cuantía del pago corresponde al importe debidamente reconocido. o Que existen las normas que regulan la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado y que la propuesta se adapta a las mismas. o Aprobación de cuentas de anticipos de caja fija y pagos a justificar: - Que previamente se ha fiscalizado favorablemente la aprobación o modificación de los anticipos de caja fija y los pagos a justificar (con los requisitos establecidos en los artículos 24 y 25, RCIL) - Que corresponden a gastos concretos y determinados en la ejecución de los cuales se ha seguido el procedimiento aplicable en cada caso - Que se ajustan a la finalidad por la cual se libraron los fondos - Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios - Que el pago se ha realizado a un acreedor determinado por el importe debido. 5.- Control de las operaciones extrapresupuestarias 1.- Las operaciones de contenido económico mediante las que se propongan pagos procedentes de obligaciones extrapresupuestarias que generen débitos a cargo de la Tesorería requerirán comprobación previa, complementaria o independiente al Presupuesto de la citada operación a realizar, en la que se verificará que: - Consta/n informe/s en el expediente acreditativo/s de: o La procedencia de la propuesta de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación. o Que queda acreditado el legítimo derecho de la persona o entidad acreedora y la cuantía de la obligación cuyo pago se propone y que, en su caso, han sido realizadas y recibidas por la entidad las prestaciones a que se refiere la obligación propuesta. - La existencia de saldo en la cuenta (concepto no presupuestario) adecuada. - La competencia del órgano proponente del pago. 2.- En los supuestos devolución de fianzas y/o garantías no metálicas, se verificará que: - Consta/n informe/s en el expediente acreditativo/s de la procedencia de la devolución de la garantía o fianza, siendo acorde con la normativa de aplicación. - La garantía o fianza consta como constituida y pendiente de devolución. - La competencia del órgano proponente de la devolución. 6.- Comprobación material de las inversiones De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, RCIL, antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente la efectiva realización de las obras, servicios o adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, y sin perjuicio de que las bases de ejecución del presupuesto fijen un importe inferior. La comprobación material podrá efectuarse a través de la correspondiente Delegación del órgano interventor en personal técnico debidamente capacitado (artículo 20.4, RCIL). 7.- Reparos y discrepancias. Observaciones La formulación de reparos en el ejercicio de la función Interventora seguirá el procedimiento establecido en los artículos 215 y 216, TRLRHL y 12, RCIL. El establecimiento de discrepancias por parte de los Gestores/Órganos de la Corporación, y la continuación de los procedimientos no obstante los reparos suspensivos, se realizará mediante el procedimiento establecido en los artículos 217, TRLRHL y 15, RCIL. En los informes de fiscalización se podrán incorporar por el órgano interventor cuantas observaciones se consideren necesarias, que en ningún caso tendrán carácter suspensivo del procedimiento, ni podrán ser objeto de discrepancias (artículo 14, RCIL). 8.- Control financiero permanente y auditoría pública Será llevado a cabo a través del procedimiento establecido en los artículos 29 y siguientes del RCIL. Se ejerce sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta: - Al ordenamiento jurídico y - A los principios generales de buena gestión financiera. El resultado de las actuaciones de control financiero permanente se documentará en informes escritos en los que se expondrán, de forma clara, exacta, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas, así como las recomendaciones para la mejora de las actuaciones objeto de control. Las conclusiones y recomendaciones se presentarán de forma priorizada y estarán relacionadas de manera lógica con los hechos comprobados incluidos en los resultados del trabajo. Las recomendaciones permitirán valorar al destinatario la importancia, racionalidad y conveniencia de su adopción. La estructura y contenido de los informes de control financiero permanente se ajustarán a las instrucciones que se dicten por la Oficina Nacional de Auditoría. Se realizará a través de las siguientes modalidades: - Control permanente, pudiendo las actuaciones: o Estar establecidas normativamente, generalmente aquellas que le sean atribuidas al órgano interventor y que no se corresponde con la función interventora, generalmente constituyen un control previo. o Estar previstas en el Plan de Control Financiero. o Responder a una petición en materia económico-financiera o presupuestaria en los términos establecidos en el artículo 4.b.5, RFHN. - Auditoría pública: en cualesquiera de las siguientes modalidades: auditoría de cuentas, auditoría cumplimiento y auditoría operativa. 9.- Supervisión continua. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, LRJSP, se realizarán de forma automática actuaciones de supervisión continua sobre los entes dependientes con el objeto de comprobar: - La subsistencia de los motivos que justificaron su creación, o bien si su subsistencia no resulta el medio más idóneo para la consecución de sus fines, - La inexistencia de duplicidades, - Su sostenibilidad financiera, - La no concurrencia de causas legales de disolución. A tal efecto, el órgano de control interno municipal: - Deberá incluir en el Plan de Control Financiero actuaciones específicas de supervisión continua sobre determinados entes, con formulación expresa de informes sobre su mantenimiento, transformación o extinción. - Aplicará referencialmente, con las adaptaciones que se consideren necesarias, la Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal, así como el resto de normas y modelos de la Administración General del Estado y de la IGAE.