Tema 8 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Artículo 1. Objeto de la Ley

Mujeres y hombres son iguales en dignidad humana y en derechos y deberes. La Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades, en particular eliminando la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas contra la discriminación por razón de sexo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones que establece la Ley se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, sea directa o indirecta. El artículo destaca especialmente tres discriminaciones: las derivadas de la maternidad, de la asunción de obligaciones familiares y del estado civil.

Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico. Por serlo, se integrará y observará en dos momentos: la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas.

Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo

La igualdad de trato y de oportunidades, aplicable al empleo privado y al público, se garantiza, según la normativa aplicable, en el acceso al empleo (incluso por cuenta propia), la formación y la promoción profesional, las condiciones de trabajo (incluidas las retributivas y las de despido) y la afiliación y participación en organizaciones sindicales, empresariales o profesionales. No discrimina en el acceso al empleo la diferencia de trato por una característica relacionada con el sexo que sea requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y requisito proporcionado.

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta

Discriminación directa por razón de sexo: situación de una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente por una finalidad legítima y los medios sean necesarios y adecuados. En cualquier caso es discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Sin perjuicio del Código Penal, es acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear ese entorno. Ambos son en todo caso discriminatorios, y también lo es condicionar un derecho o una expectativa de derecho a aceptar un acoso.

Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias

También se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que sufra una persona como consecuencia de haber presentado queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto. Dan lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido y, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.

Artículo 11. Acciones positivas

Para hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Esas medidas son aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y han de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas, en los términos establecidos en la Ley.

Artículo 12. Tutela judicial efectiva

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. En los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos, la capacidad y legitimación corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las Leyes reguladoras de esos procesos. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada será la única legitimada.

Artículo 13. Prueba

De acuerdo con las Leyes procesales, cuando las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A esos efectos, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Esta regla no se aplica a los procesos penales.

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos

Doce criterios para los Poderes Públicos: compromiso con la efectividad de la igualdad; su integración en las políticas económica, laboral, social, cultural y artística; colaboración entre Administraciones; participación equilibrada en candidaturas y toma de decisiones; erradicación de la violencia de género, la familiar y el acoso; atención a mujeres de especial vulnerabilidad; protección de la maternidad; conciliación y corresponsabilidad; colaboración con agentes sociales; igualdad entre particulares; lenguaje no sexista; y su integración en la cooperación internacional para el desarrollo.

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informa, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integran de forma activa en tres planos: la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. El verbo es «procurarán atender» y el ámbito son los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley tiene un doble objeto. Primero, actuar contra la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y se extiende como violencia vicaria sobre las víctimas que la Ley contempla. Segundo, adoptar medidas para erradicarla: prevención, protección integral a las víctimas, sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación, y todas las que resulten necesarias.

Artículo 1 bis. Concepto de víctima de violencia de género

Son víctimas, con los derechos de la Ley sin necesidad de denuncia y sea la violencia física, psicológica, sexual o económica: a) la mujer que, por serlo y con independencia de su edad, orientación, origen u otra condición, sufra un daño o perjuicio sobre su persona (incluye a las menores de edad); b) las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre; c) menores, mayores, personas con discapacidad o en dependencia sujetos a tutela o guarda y custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento; d) las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica en todo el territorio andaluz. En particular: a) a las actuaciones de los poderes públicos sujetos a las leyes andaluzas; b) a la Administración local; c) a la Administración de la Junta, y en ambos casos a sus organismos autónomos y entidades con personalidad jurídica propia en que sea mayoritaria su representación directa. Tienen garantizados los derechos todas las víctimas que se encuentren en territorio andaluz, con independencia de la vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal. Se aplica también a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.

Artículo 3. Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género

Violencia de género es la que, como consecuencia de una cultura machista y manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo y se extiende como violencia vicaria. Comprende actos que impliquen o puedan implicar perjuicios físicos, psicológicos, sexuales o económicos, y las amenazas, la coerción o las privaciones arbitrarias de libertad, en la vida pública o privada. Tipología: física, psicológica, sexual y económica. El apartado 4 recoge, «entre otros», manifestaciones de la a) a la o).

Artículo 4. Principios rectores

Los poderes públicos de Andalucía, para erradicar la violencia de género, se inspiran en estos fines y principios: a) enfoque multidisciplinar y acciones coordinadas; b) integrar la erradicación en las políticas públicas; c) garantizar derechos con universalidad, accesibilidad, proximidad, confidencialidad, protección de datos, tutela y acompañamiento y respeto a la capacidad de decisión; d) sensibilización, formación e información; e) cooperación y participación social; f) reforzar los servicios sociales; g) acceso a las ayudas económicas; h) sistema integral de tutela institucional.

Artículo 5. Fomento de las investigaciones

Para conocer la situación real de la violencia de género, la Administración de la Junta de Andalucía: a) fomentará estudios e investigaciones sobre su realidad, causas y efectos, incidencia y percepción social, velando por que se incorpore la perspectiva de género y la feminista sea eje central, transversal y prioritario; b) impulsará y mantendrá un sistema de indicadores con datos estadísticos desagregados, al menos, por sexo, grupos de edad y discapacidad; c) evaluará el resultado e impacto de las políticas de erradicación y de las acciones de atención integral a las víctimas.

Artículo 6. Líneas de investigación

La Administración de la Junta de Andalucía investigará la violencia de género; en particular: causas, consecuencias, factores de riesgo y prevalencia, con atención a formas nuevas o emergentes; instrumentos de erradicación; masculinidades hegemónicas; repercusiones en la salud; consecuencias en el empleo; incidencia en mujeres con especiales dificultades (rurales e inmigrantes); tratamiento en medios y publicidad, y las que fije el Plan integral del artículo 8. Garantizará su difusión y los datos se desagregarán por sexo, edad, medio rural y urbano y discapacidad, entre otros.

Artículo 7. Análisis de la violencia de género

La Consejería competente en materia de violencia de género desarrollará los instrumentos específicos necesarios para supervisar, observar y evaluar la efectividad de las medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género y la evolución de sus manifestaciones. Incorporará los indicadores necesarios, incluidos los de carácter presupuestario, a fin de asegurar que los objetivos se lleven a cabo, así como el nivel de cumplimiento a medio y largo plazo.

Artículo 7 bis. Observatorio Andaluz de la Violencia de Género

El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género es un órgano colegiado, de composición interdepartamental, con participación administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas y medidas contra todas las formas de violencia de la Ley, que analiza y difunde. En colaboración con la Unidad Estadística y Cartográfica de las Consejerías competentes en igualdad y en violencia de género, define los indicadores, las fuentes de información de referencia y la metodología de cálculo, teniendo en cuenta la información del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

Artículo 8. Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género

El Consejo de Gobierno aprueba cada cinco años el Plan integral de sensibilización y prevención, que coordina la Consejería competente en violencia de género con participación de las Consejerías implicadas. Desarrolla, como mínimo, estrategias de educación, comunicación, detección, atención y prevención, sensibilización de la población masculina, formación de profesionales, también en el ámbito laboral, coordinación y protocolos. Las campañas ponen el foco en el maltratador, incluyen el término «superviviente», se dirigen a jóvenes e incorporan a mujeres con discapacidad y del ámbito rural.

Artículo 9. Apoyo al movimiento asociativo

La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres, así como de otros colectivos y asociaciones dedicadas a la erradicación de la violencia de género y que lleven a cabo programas que actúen sobre su prevención y sensibilización, así como las que constituyan grupos de autoayuda y fomenten la creación de redes de apoyo.

Artículo 10. Actividades culturales, artísticas y deportivas

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará las manifestaciones sociales, especialmente las culturales, artísticas y deportivas, que promuevan la sensibilización social contra la violencia de género y contribuyan a la recuperación de las víctimas. Además, tendrá como objetivo principal impulsar la tolerancia cero con respecto a la violencia de género, poniendo los medios necesarios, personales, materiales y económicos, para evitar cualquier práctica cultural, artística o deportiva que constituya o incite a la violencia de género.

Artículo 10 bis. Programas dirigidos a hombres para la erradicación de la violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas y actuaciones de prevención de todas las formas de violencias y desigualdades de género dirigidos a hombres. Podrán incluir medidas de reducción del riesgo mediante reeducación social, que podrá comprender tratamiento psicológico, readaptación, resocialización y rehabilitación. Su dotación en ningún caso minorará la de protección integral de las víctimas. Se desarrollarán con criterios de calidad y perspectiva de género, y cabe suscribir convenios con otras Administraciones públicas y organismos competentes.

Artículo 11. Prevención en el ámbito educativo

La Administración educativa contribuirá a que la acción educativa sea elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres, e impulsará actividades dirigidas a la comunidad escolar (alumnado, profesorado y asociaciones de madres y padres). Define la coeducación; sus valores y los principios de la escuela inclusiva deben tener carácter permanente y transversal. Los libros de texto se supervisan dentro del proceso ordinario de inspección y se fomenta la resolución pacífica de conflictos entre niñas, niños y adolescentes.

Artículo 12. Currículo educativo

La Administración educativa incorpora en los diferentes elementos del currículo medidas de prevención y erradicación de la violencia de género; incluye en los planes de acción tutorial de los distintos niveles educativos contenidos específicos sobre la construcción de roles de género; fomenta actividades extraescolares y de ocio con participación conjunta de niños y niñas en los momentos de juego; y traslada al profesorado, a los consejos escolares, a la inspección educativa y a las empresas editoriales recomendaciones sobre los criterios de selección de los materiales curriculares.

Artículo 13. Seguimiento en los Consejos Escolares

En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados se designa una persona, con formación en igualdad de género, que impulsa y lleva a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo escolar de Andalucía se asegura la representación del Instituto Andaluz de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres con representación en todo el territorio andaluz.

Artículo 14. Detección y atención a la violencia de género

Las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. También adoptarán medidas, a través de los protocolos, cuando haya indicios de que un alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional con violencia de género. El Consejo Escolar de Andalucía, en colaboración con la Consejería competente en materia de violencia de género y la Consejería de Educación, elaborará un informe anual.

Artículo 15. Inspección educativa

Los servicios de la inspección educativa tienen dos encargos. Primero, velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en el capítulo, destinados a prevenir la violencia de género, contribuyendo a su erradicación y, en su caso, a la denuncia pertinente. Segundo, velar porque el profesorado que ha de impartir esos principios y valores no se encuentre condenado o incurso en causas relativas a la violencia de género.

Artículo 16. Enseñanza universitaria

La Junta de Andalucía y las Universidades andaluzas, en sus respectivas competencias, fomentarán los estudios y conocimientos transversales orientados a promover el desarrollo emocional, la coeducación, la prevención de la violencia de género y las relaciones de igualdad entre mujeres y hombres. En especial se promoverán los contenidos sobre violencia de género en los ámbitos académicos que intervengan en la atención a las mujeres y en los que formen a profesionales de la enseñanza y de los medios de comunicación. La administración educativa competente los promoverá en grado y postgrado.

Artículo 17. Publicidad y medios de comunicación

Los organismos competentes de la Junta prohibirán que los medios sometidos al ámbito competencial autonómico difundan contenidos, espacios o publicidad sexistas, discriminatorios, vejatorios, estereotipados o que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género. Los medios de titularidad pública autonómica impulsarán publicidad específica y campañas continuadas, además de las de fechas conmemorativas: entre otras, 6 de febrero, 23 de septiembre y 25 de noviembre. El Gobierno de Andalucía velará para que no se reincida, especialmente en medios financiados con presupuestos de la Junta.

Artículo 18. Consejo Audiovisual de Andalucía

El Consejo Audiovisual de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley de creación, adoptará las medidas que procedan para que los medios audiovisuales sobre los que ejerce sus funciones traten y reflejen la violencia de género en toda su complejidad. Además, asegurará el cumplimiento de los principios rectores de la Ley, sin perjuicio de las actuaciones de cesación que puedan ejercer otras entidades y personas.

Artículo 19. Medios de comunicación públicos y privados de Andalucía

Los medios de comunicación de Andalucía tienen tres cometidos: a) promoverán la elaboración de mecanismos de autorregulación que garanticen la adecuada difusión de las informaciones relativas a la violencia de género, de acuerdo con los principios de la ética periodística; b) difundirán información sobre la protección a las mujeres, sobre los recursos a su disposición y de las campañas de sensibilización; c) velarán para que los programas de sensibilización y formación se emitan en un horario variado que pueda ser visto por toda la población.

Artículo 20. Formación de profesionales y del personal de la Administración de la Junta de Andalucía

La Junta, bajo la coordinación de la Consejería competente en materia de violencia de género, contemplará programas formativos para su personal en general. El personal que atiende a víctimas o a agresores y el que pudiera formar parte de las comisiones de acoso sexual y por razón de sexo recibirá formación permanente y especializada, obligatoria. Las pruebas de acceso a la función pública andaluza incluirán como materia la violencia de género, sus causas y sus consecuencias. La formación en colegios profesionales y entidades científicas se promoverá mediante convenios de la Ley 40/2015.

Artículo 21. Formación en el ámbito judicial

La Junta de Andalucía fomentará la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. En el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y médicos forenses. Asimismo se promoverá la formación específica necesaria para las personas profesionales del ámbito jurídico que tengan relación con el objeto de la Ley.

Artículo 22. Formación en el ámbito educativo

Las Administraciones educativas incluirán en los planes de formación inicial y permanente del profesorado formación específica en igualdad de género, que abarca también la detección precoz de la violencia de género en el ámbito familiar. Habrá contenidos de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género en la fase de prácticas del profesorado, en la formación inicial obligatoria de la función directiva y en las prácticas de acceso al Cuerpo de Inspección de Educación. Padres, madres y quienes asuman la tutela, guardia o custodia recibirán formación en coeducación.

Artículo 23. Formación en el ámbito de la seguridad

En el marco de sus competencias, la Junta de Andalucía y las entidades locales que cuenten con cuerpos de policía promoverán la organización de cursos de formación en materia de violencia de género. La Consejería competente en la formación de acceso y perfeccionamiento del personal de la seguridad en Andalucía adoptará las medidas necesarias para incluir conocimientos específicos en sus distintos niveles de formación. La Junta promoverá, en el seno de las unidades policiales que en cada momento estén bajo su dependencia, la formación necesaria para las funciones de prevención y protección.

Artículo 24. Formación a profesionales de la salud

Los planes y programas de salud deberán incluir la formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía para abordar de forma adecuada: la detección precoz; la atención a la violencia de género en sus múltiples manifestaciones y sus efectos en la salud de las mujeres; la rehabilitación de éstas, y la atención a los grupos de mujeres con especiales dificultades. La formación se dirigirá prioritariamente a los servicios de atención primaria y de atención especializada con mayor relevancia para la salud de las mujeres.

Artículo 25. Formación de los profesionales de los medios de comunicación

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la formación específica de profesionales de los medios de comunicación sobre la prevención y tratamiento de la violencia de género. La vía prevista son los acuerdos con las empresas: la Junta impulsa esa formación a través de ellos.

Artículo 25 bis. Formación en el ámbito de los servicios sociales y de otros profesionales

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá formación específica en violencia de género: 1) al personal del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, impulsando la investigación y divulgación de resultados; 2) a quienes trabajen con menores en riesgo o desprotección social y su ámbito familiar, o con autores o víctimas. 3) Mediante acuerdos con organizaciones empresariales y sindicales impulsará incluirla en sus planes de formación, con especial atención al acoso laboral por cuestión de género. 4) Se potenciará en la formación profesional para el empleo.

Artículo 25 ter. Formación de calidad

Los poderes públicos promoverán y velarán a fin de garantizar la calidad en la formación, que deberá ser impartida por personas y colectivos expertos y con acreditado conocimiento en género e igualdad, que por su trayectoria y capacitación garanticen la incorporación de la perspectiva de género. En especial, impartirán formación permanente y especializada, con carácter obligatorio, al personal responsable de la atención a las víctimas de la violencia de género.

Artículo 26. Derecho a la información

Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las mujeres víctimas el derecho a: a) recibir en cualquier momento información, asesoramiento y atención adecuada (mujeres con discapacidad, con los medios de apoyo necesarios; extranjeras, con intérprete cuando así se requiera); b) recibir información sobre centros, recursos y servicios de atención de Andalucía; c) acceder a la información a través de las nuevas tecnologías. Comprende las medidas de protección y seguridad, los derechos y ayudas y el lugar de prestación de los servicios.

Artículo 27. Derecho a la atención especializada

Las Administraciones públicas de Andalucía, en sus competencias, garantizarán a las mujeres víctimas el derecho a: atención social integral; acogida en los centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía; asistencia sanitaria y psicológica especializada, y asistencia jurídica especializada. Se extienden a las víctimas de las letras b), c) y d) del artículo 1 bis. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará programas específicos para víctimas especialmente vulnerables, entre otras: trata y explotación sexual, medio rural, discapacidad, inmigrantes y minorías étnicas.

Artículo 28. Derecho a la intimidad y privacidad

La Administración de la Junta de Andalucía, las organizaciones empresariales y las organizaciones sociales deberán proteger, en todo caso, la intimidad y privacidad de la información sobre las mujeres víctimas de violencia de género, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Especialmente, garantizarán la confidencialidad de los datos personales de los que pudiera deducirse su identificación y paradero, así como los referentes a sus hijos e hijas y menores que estén bajo su guarda y custodia.

Artículo 29. Derecho a la escolarización inmediata en caso de violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la escolarización inmediata de los hijos e hijas y de los menores a su cargo que se vean afectados por un cambio de residencia como consecuencia de la violencia de género, asegurando en todo momento la confidencialidad de su situación.

Artículo 29 bis. Protección de la infancia y la adolescencia

La Administración de la Junta de Andalucía: 1) garantizará la protección social ante cualquier manifestación de violencia de género (artículo 3.3) ejercida sobre la infancia y la adolescencia, incluyendo el acoso escolar por razón de género; 2) facilitará atención psicológica especializada a las menores de edad que la hayan sufrido en relaciones de afectividad, aun esporádicas, y orientación e información a sus madres, padres y/o tutores; 3) incorporará actuaciones ante la violencia de género realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales.

Artículo 29 ter. Protección a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que convivan con la mujer víctima de violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante cualquier manifestación de violencia de género (apartado 3 del artículo 3) ejercida sobre personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento. También garantizará el acceso de estas personas a centros residenciales y unidades de día en situaciones de emergencia, especialmente ante resultado de muerte de la mujer víctima de violencia de género.

Artículo 30. Acreditación de la violencia de género

Cuando se exija acreditar la situación de violencia de género para reconocer derechos, se hará, según lo establecido para cada caso, por: certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios, de atención a víctimas o de acogida de la Administración Pública competente; informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral); resoluciones judiciales; informe del Ministerio Fiscal; atestado de la autoridad policial, o cualquier otro establecido por norma de rango legal. El procedimiento se determinará reglamentariamente.

Artículo 31. Actuaciones de colaboración

Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración para ordenar sus actuaciones de prevención, asistencia y persecución de la violencia de género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias, la Administración de justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad. La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales que cuenten con Cuerpos de Policía cooperarán, proveerán lo necesario para aplicar las medidas judiciales de protección y elaborarán protocolos con los órganos judiciales.

Artículo 32. Plan de Seguridad Personal

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá un acuerdo con la Administración General del Estado para arbitrar un Plan de Seguridad Personal, que garantice la seguridad y protección de las víctimas. La Junta promueve el acuerdo y el Plan se arbitra a través de él.

Artículo 32 bis. Plan integral personal de carácter social

A efectos del artículo 27 de la Ley, la Administración de la Junta de Andalucía impulsará la elaboración e implantación de un Plan integral personal de carácter social que garantice la protección social de cada víctima de violencia de género. Lo elaboran de forma coordinada las Administraciones competentes en la materia, da una respuesta individual a cada víctima e integra las medidas de protección social adecuadas a su situación personal y necesidades, que se gestionan a través de un expediente único. El Plan prevé mecanismos para su seguimiento y evaluación.

Artículo 33. Planes de salud

El Plan Andaluz de Salud establecerá medidas específicas de prevención, detección precoz, atención e intervención, y de seguimiento y evaluación del impacto en salud. La detección precoz es objetivo de los servicios de salud públicos y privados: la Consejería competente en materia de salud fija los programas, con especial consideración a las mujeres con mayor riesgo o dificultades, y afecta a todos los centros sanitarios autorizados en Andalucía. El Gobierno andaluz, a través de la red de utilización pública, garantiza un protocolo con tratamiento específico para la agresión sexual.

Artículo 34. Atención a las víctimas

El Sistema Sanitario Público de Andalucía prestará a las personas víctimas de violencia de género la atención sanitaria necesaria, con especial atención a la salud mental. La Consejería competente en materia de salud establecerá los mecanismos de seguimiento específicos que permitan elaborar estadísticas y evaluar los efectos producidos por las situaciones de violencia de género.

Artículo 35. Asistencia letrada

La Administración de la Junta de Andalucía garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género la orientación jurídica y la defensa y asistencia legal, asumidas por una misma dirección letrada especializada y una misma representación procesal, desde que se requiera y en todos los procesos con causa directa o indirecta en la violencia de género hasta su finalización, incluida la ejecución de la sentencia. Asiste también a los causahabientes si la mujer fallece. Garantiza además turno de guardia letrado las 24 horas, especializado, a través de los Colegios de Abogados de Andalucía.

Artículo 35 bis. Atención integral

Se garantiza a todas las mujeres en situación de violencia de género, hayan iniciado procedimiento judicial o no, asesoramiento y acompañamiento por profesionales, también durante el proceso judicial. Hay derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia (también los causahabientes si la víctima fallece y no fueran partícipes en los hechos) y a asistencia psicológica: atención inicial y seguimiento. Si se renuncia a la denuncia o al proceso, se deriva a servicios especializados. La Administración andaluza dispondrá de un protocolo de acompañamiento.

Artículo 36. Juzgados de Violencia sobre la Mujer

La Consejería competente en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con las necesidades detectadas, promoverá la creación de juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer y de las secciones de la Fiscalía que correspondan. También tomará las medidas necesarias para que en todos los juzgados especializados en violencia de género y en los juzgados mixtos que tengan asumidas estas competencias existan instalaciones que eviten el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el denunciado o investigado, de otra.

Artículo 37. Unidades de valoración integral de la violencia de género

La Consejería que ostente las competencias en materia de Administración de Justicia organiza, a través de sus Institutos de Medicina Legal, las unidades de valoración integral. Valoran: los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas; los efectos de la exposición y de las agresiones en hijos, hijas y menores a su cargo; la incidencia, peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del agresor; y procedimientos civiles. Las integra personal de la Medicina Forense, la Psicología y el Trabajo Social, bajo la dirección de quien coordina la unidad.

Artículo 38. Personación de la Administración de la Junta de Andalucía

La Administración de la Junta de Andalucía deberá personarse, de acuerdo con la legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia de género cometidos en Andalucía en los que se cause la muerte a mujeres y menores. Podrá personarse, de forma debidamente justificada, en procedimientos por actos de violencia de género cometidos en Andalucía a causa de su especial gravedad o repercusión social. Además garantizará la formación y apoyo técnico adecuado en materia de violencia de género a los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Artículo 39. Información y asesoramiento

Las Administraciones públicas de Andalucía, y en particular la Consejería competente en materia de igualdad, contarán con servicios de información accesibles que comprenderán, al menos: medidas de protección y seguridad; derechos y ayudas; servicios de emergencia, acogida y atención integral y su lugar de prestación; y momento procesal de las actuaciones. Garantizarán el acceso integral a la información de las mujeres con discapacidad e inmigrantes. Se fomentará la colaboración de esa Consejería con las Corporaciones locales, organizaciones sociales y asociaciones de mujeres.

Artículo 40. Garantías de atención

La Administración de la Junta de Andalucía velará para que las unidades policiales, los funcionarios y el personal que ejerzan la asistencia y asesoramiento en los servicios relacionados con la atención a las víctimas de violencia de género no se encuentren condenados o incursos en causas relativas a la violencia de género.

Artículo 41. Competencia de los municipios

Además de las otras funciones de la Ley que les corresponda asumir por sus competencias, corresponde a los municipios: colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e información a las mujeres; crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género; y derivar a los servicios especializados todos los casos de los que tengan conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local. Todas sus actuaciones deben guardar la debida coherencia con las directrices aprobadas por la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 41 bis. Centros municipales de información a la mujer

Los centros municipales de información a la mujer, creados en el ámbito local, son las unidades de atención integral e información a las mujeres y en especial a las víctimas de violencia de género. Cuentan con equipos multidisciplinares con especialización y formación acreditada, permanente y continuada. Actúan en coordinación con los organismos autonómicos de igualdad, violencia de género, administración de justicia, seguridad, educación, salud, servicios sociales y empleo, para homogeneizar en Andalucía el tratamiento y atención, con total respeto a la autonomía local.

Artículo 42. Atención de emergencia

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la atención y acogida inmediata a las mujeres, y a los menores a su cargo, que se encuentren en situación de emergencia como consecuencia de la violencia de género, y facilitará la información, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico necesario y los recursos de atención que se precisen en cada caso particular. El acceso a los recursos y servicios de información y de acogida inmediata no requiere la acreditación prevista en el apartado 1 del artículo 30. La atención será realizada por mujeres siempre que la víctima lo solicite.

Artículo 43. Atención integral especializada

La Administración de la Junta de Andalucía garantiza a las víctimas acogida, atención integral especializada y multidisciplinar y medios de apoyo y recuperación. Los medios son especializados, multidisciplinares (jurídica, social, psicológica, inserción laboral, hijos y menores, seguimiento de reclamaciones) y accesibles. Habrá medidas ante mutilación genital femenina y matrimonio forzado. Coordina la Consejería competente en materia de igualdad. Los servicios podrán solicitar al juez medidas urgentes; los medios podrán prolongarse hasta la total recuperación, con seguimiento individualizado.

Artículo 44. Requisitos y tipología de los centros de atención integral y acogida

Los centros de atención integral y acogida se organizan en tres niveles: centros de emergencia (acogida inmediata y temporal, de corta duración), casas de acogida (acogida temporal con atención integral multidisciplinar) y pisos tutelados (viviendas cedidas para uso familiar, con carácter temporal, a mujeres que puedan vivir de forma independiente). La intervención abarca los ámbitos socioeducativo, social, formativo, psicológico y jurídico. La Consejería competente fija reglamentariamente requisitos y régimen de autorizaciones; la Junta ampliará la red pública según la demanda.

Artículo 45. Atención a colectivos especialmente vulnerables

La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el ingreso preferente en la red pública de centros a mujeres que, además de sufrir violencia de género, tengan otras problemáticas: en particular enfermedad mental, prostitución, mujeres inmigrantes, discapacidad, mayores sin recursos y adicción. Garantizará, si lo solicitan en el Programa Individual de Atención (PIA), el ingreso en el Servicio de Atención Residencial, incluido el grado I (dependencia moderada). Establecerá medidas para personas especialmente vulnerables convivientes y podrá suscribir acuerdos con organizaciones sociales.

Artículo 46. Ayudas económicas

La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, garantizará el acceso a las ayudas económicas previstas para las mujeres víctimas de violencia de género y las personas de ellas dependientes. Las dotaciones se preverán presupuestariamente, con previsiones suficientes para que todas las víctimas sin recursos económicos puedan acceder. El Gobierno Andaluz debe consignar en sus presupuestos los créditos necesarios para financiar todas las prestaciones garantizadas, prestaciones de servicios, recursos, programas, proyectos y otras actuaciones recogidas en la Ley.

Artículo 46 bis. Prestación económica a los hijos e hijas menores de edad de las mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género

Los hijos e hijas menores de edad, cualquiera que sea su filiación, de las mujeres víctimas mortales por violencia de género tienen derecho a una prestación económica anual, de cuantía fija por persona beneficiaria, hasta la mayoría de edad, si ellos o la mujer residen en Andalucía en el momento del hecho causante. No pierden la condición de beneficiarios si su tutela la ejerce la Junta u otra Administración Pública. También tienen derecho los menores que hubieran estado bajo la tutela judicial de la víctima. Es compatible y complementaria con cualquier otra prestación por el mismo motivo.

Artículo 47. Ayudas en el ámbito escolar

La Administración de la Junta de Andalucía incluirá la violencia de género en el entorno familiar como factor de valoración para establecer y conceder ayudas destinadas a familias con escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las carencias y desventajas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia de los menores en el sistema educativo. El mismo criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos e hijas en la adjudicación de plazas de los centros de atención socioeducativa para menores de tres años.

Artículo 48. Viviendas protegidas

Las Administraciones públicas de Andalucía podrán establecer un cupo de reserva en promociones de vivienda protegida, para cesión o adjudicación en alquiler o en propiedad a mujeres que acrediten la situación de violencia de género y con necesidad de vivienda. El Gobierno podrá promover, mediante convenios, procesos específicos de adjudicación. Se establecerán ayudas para el acceso a vivienda protegida en las condiciones reglamentarias. Las mujeres mayores y con discapacidad que sufren violencia de género y en precariedad económica son colectivo preferente en residencias públicas.

Artículo 49. Posibilidad de permuta

Con la finalidad de proteger la integridad física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género que así lo acrediten en los términos del artículo 30.1, letra a), de la Ley, se reconoce la posibilidad de autorizar permutas de las viviendas protegidas adjudicadas a estas mujeres. Las Administraciones públicas de Andalucía facilitarán la efectividad de esas permutas.

Artículo 50. Confidencialidad en los procedimientos de concesión y adjudicación

Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán los mecanismos necesarios para procurar la confidencialidad durante el procedimiento de acceso a viviendas protegidas. Asimismo garantizarán la confidencialidad de los datos del domicilio y situación de la mujer, en particular en los ficheros y programas informáticos correspondientes, para asegurar su protección.

Artículo 51. Programas de inserción laboral y de formación para el empleo

Las Administraciones públicas de Andalucía darán prioridad a las mujeres víctimas de violencia de género en sus programas de formación e inserción laboral, especialmente en las acciones formativas con compromiso de contratación. La Administración de la Junta de Andalucía incluirá en los planes de formación para el empleo acciones que mejoren su empleabilidad, con ayudas en las condiciones reglamentarias y definidas por itinerarios personalizados de inserción. Además podrá establecer programas y actuaciones específicas para facilitar el acceso al empleo y la mejora de la empleabilidad.

Artículo 52. Fomento del empleo y del trabajo autónomo

La Administración de la Junta de Andalucía programará para la orientación, formación y seguimiento en el acceso y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, y establecerá acuerdos con empresas y organizaciones sindicales para facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas. También establecerá incentivos a las empresas constituidas por mujeres víctimas de violencia de género o a ellas mismas cuando se constituyan en trabajadoras autónomas, en las condiciones reglamentarias. En las convocatorias de ayudas a proyectos para el trabajo autónomo se priorizarán los presentados por ellas.

Artículo 53. Derechos de las trabajadoras

Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán acciones de sensibilización para que la violencia de género no tenga consecuencias negativas en las condiciones de trabajo, acceso, promoción, retribución o formación. Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia se consideran justificadas cuando lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, y se comunican a la empresa a la mayor brevedad. La trabajadora tiene derecho a reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica y excedencia.

Artículo 54. Negociación colectiva

Las Administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, impulsarán y apoyarán que en la negociación colectiva se incluyan medidas a favor de las mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 55. Concienciación en el ámbito laboral y medidas de responsabilidad social corporativa

Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán acciones específicas de concienciación en el ámbito laboral y medidas de responsabilidad social corporativa. Esas medidas han de impulsar el desarrollo de acciones de concienciación y sensibilización en el ámbito empresarial en materia de violencia de género.

Artículo 56. Derechos de las empleadas públicas de la Junta de Andalucía

De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, la Administración de la Junta de Andalucía facilitará a todas sus empleadas públicas afectadas por la violencia de género los permisos que correspondan y el ejercicio del derecho a la reducción o la flexibilidad de la jornada, a la movilidad geográfica y a la excedencia, según lo dispuesto en materia de función pública o convenio colectivo. Las faltas de asistencia totales o parciales causadas por la violencia de género son justificadas en el tiempo y condiciones que fijen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda.

Artículo 57. Coordinación y cooperación

La Consejería competente en materia de violencia de género impulsará la formalización de acuerdos de coordinación y cooperación. Son acuerdos entre las Administraciones públicas e instituciones con competencias en la materia objeto de la Ley.

Artículo 57 bis. Ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género

La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un sistema único de atención a las víctimas de violencia de género que permita darles una respuesta integral, denominado ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género. A tales efectos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para garantizar la cooperación, la coordinación interinstitucional y el trabajo en red, facilitando la interconexión de los sistemas de atención, protección y seguridad.

Artículo 57 ter. Punto de coordinación de las órdenes de protección

El Punto de coordinación de las órdenes de protección depende de la Consejería competente en materia de violencia de género. Se constituye como una vía específica de comunicación de las órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales. A través de él se articulará una actuación ordenada de los servicios asistenciales y de apoyo a las víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de ofrecerles una atención personalizada y el seguimiento de su situación.

Artículo 58. Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género

Se crea la Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género, con el objeto de coordinar, impulsar y evaluar las acciones y medidas que se desarrollen en Andalucía contra la violencia de género. La coordina la Consejería competente en materia de violencia de género y la componen miembros de todas las Consejerías que compongan el Consejo de Gobierno, representantes de las entidades locales y de las asociaciones de mujeres. Su funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.

Artículo 59. Redes de cooperación

Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán redes de intercambio y colaboración. El objetivo es contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y facilitar de este modo a quienes la padecen el acceso a las ayudas y recursos.

Artículo 60. Protocolos de actuación

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá protocolos de actuación, en particular en los ámbitos judicial, médico legal, policial, de salud, social y de los centros y servicios de información y atención integral a las mujeres. Sus objetivos deben: garantizar la atención coordinada y delimitar ámbitos de actuación; establecer mecanismos de coordinación y cooperación; diseñar circuitos de atención; y establecer un modelo único y consensuado de recogida de datos. Deben prever la participación de entidades y asociaciones de mujeres. Su elaboración la impulsa la Consejería competente.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas sus cónyuges o excónyuges o quienes estén o hayan estado ligados por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Las medidas buscan prevenir, sancionar y erradicar, y asistir a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores bajo su tutela o guarda y custodia. Comprende todo acto de violencia física y psicológica y la ejercida sobre familiares o allegados menores de edad para dañar a la mujer.

Artículo 2. Principios rectores

La Ley articula un conjunto integral de medidas con once fines, letras a) a k): fortalecer la sensibilización y prevención; consagrar derechos exigibles ante las Administraciones; reforzar los servicios sociales y coordinar los municipales y autonómicos; garantizar derechos laborales, funcionariales y económicos; tutela institucional de la Administración General del Estado mediante la Delegación Especial del Gobierno, con el Observatorio Estatal; fortalecer el marco penal y procesal; coordinar recursos; colaborar con la sociedad civil; especialización profesional y transversalidad.

Artículo 3. Planes de sensibilización

El Gobierno del Estado pondrá en marcha, de manera inmediata a la entrada en vigor de la ley y con dotación presupuestaria, un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, permanente. Como mínimo: nuevas escalas de valores, dirigido a hombres y mujeres, formación de profesionales y control por una Comisión de amplia participación creada en un plazo máximo de un mes. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión, elabora el Informe anual y lo remite a las Cortes Generales. Las campañas serán accesibles a personas con discapacidad.

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo

El sistema educativo incluye entre sus fines la formación en derechos y libertades, igualdad, tolerancia y libertad, y entre sus principios de calidad eliminar obstáculos a la igualdad y prevenir conflictos. Infantil: aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Primaria: habilidades e igualdad entre sexos. ESO: relacionarse pacíficamente e igualdad de oportunidades. Bachillerato y FP: madurez y análisis crítico de las desigualdades de sexo. Adultos: actividades de resolución pacífica y respeto a la dignidad. Universidades: formación, docencia e investigación en igualdad de género.

Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género

Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Tres datos: quién (las Administraciones competentes), qué (escolarización inmediata) y cuándo (cambio de residencia derivada de actos de violencia de género).

Artículo 6. Fomento de la igualdad

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Dos mandatos sobre los materiales: eliminar estereotipos y fomentar el igual valor.

Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los planes de formación inicial y permanente del profesorado incluyan una formación específica en materia de igualdad. Habilita para: a) educar en derechos y libertades, igualdad, tolerancia y libertad; b) educar en la prevención y resolución pacífica de conflictos en la vida personal, familiar y social; c) la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas; d) fomentar iguales derechos y obligaciones y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico.

Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.

Artículo 9. Actuación de la inspección educativa

Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. Dato clave: el órgano que vigila es la inspección educativa, y lo que vigila es tanto el cumplimiento como la aplicación.

Artículo 10. Publicidad ilícita

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Dos datos: la calificación (ilícita) y el supuesto (uso de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio).

Artículo 11

El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.

Artículo 12. Titulares de la acción de cesación y rectificación

Están legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer: la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. La acción se ejercita en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Artículo 13. Medios de comunicación

Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación sobre protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social. Además, la Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.

Artículo 14

Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Artículo 15. Sensibilización y formación

Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán medidas. Se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario. Las Administraciones educativas competentes asegurarán contenidos de capacitación en licenciaturas, diplomaturas y programas de especialización de las profesiones sociosanitarias. Los Planes Nacionales de Salud que procedan contemplarán un apartado propio.

Artículo 16. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, una Comisión contra la Violencia de Género. Apoya técnicamente y orienta la planificación de las medidas sanitarias del capítulo, y evalúa y propone las necesarias para aplicar el protocolo sanitario. La componen representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Emite un informe anual que se remite al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.

Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas

Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos de la ley, sin discriminación en el acceso. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica contribuyen a hacer efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia social integral tienen carácter de servicios esenciales.

Artículo 18. Derecho a la información

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. Comprende las medidas de protección y seguridad, los derechos y ayudas y el lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. A las mujeres con discapacidad se ofrecerá en formato accesible y comprensible, y será accesible para quienes desconozcan el castellano o la otra lengua oficial de su territorio de residencia.

Artículo 19. Derecho a la atención integral

Las víctimas tienen derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, que las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales organizan según los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implica especialmente siete aspectos. Los servicios podrán solicitar al órgano judicial medidas urgentes. También tienen derecho los menores bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o que convivan en esos contextos.

Artículo 19 bis. Derecho a la atención sanitaria

El Sistema Público de Salud garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y el seguimiento de su estado de salud hasta su total recuperación. Los servicios sanitarios deberán contar con psicólogos infantiles para los hijos e hijas menores víctimas de violencia vicaria. Se prestarán garantizando la privacidad y la intimidad y el respeto, en todo caso, a las decisiones de las mujeres. Habrá medidas específicas para mujeres con discapacidad, problemas de salud mental o adicciones.

Artículo 20. Asistencia jurídica

Las víctimas tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y a defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en los procesos y procedimientos administrativos con causa directa o indirecta en la violencia. Una misma dirección letrada asumirá la defensa si con ello se garantiza el derecho de defensa. El derecho asiste a los causahabientes si la víctima fallece, siempre que no fueran partícipes en los hechos. La víctima puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer ni reiterar actuaciones.

Artículo 21. Derechos laborales y de Seguridad Social

La trabajadora víctima tiene derecho a reducir o reordenar su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a la adaptación del puesto, a la suspensión con reserva de puesto y a la extinción del contrato. Suspensión y extinción dan lugar a situación legal de desempleo. Los contratos de interinidad para sustituirlas tienen bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales por contingencias comunes: todo el período de suspensión, o seis meses en movilidad geográfica o cambio de centro. A las trabajadoras por cuenta propia se les suspende la cotización seis meses.

Artículo 22. Programa específico de empleo

Dentro de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre) se desarrollará un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Ese programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

Artículo 23. Acreditación de situaciones de violencia de género

La violencia de género se acredita mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o por informe del Ministerio Fiscal que indique indicios. También mediante informe de los servicios sociales, especializados o de acogida, o por cualquier otro título, siempre que lo prevean las disposiciones sectoriales. En menores de edad, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Gobierno y comunidades autónomas diseñan de común acuerdo los procedimientos básicos.

Artículo 24. Ámbito de los derechos

La funcionaria víctima de violencia de género tiene derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia. Todo ello en los términos que se determinen en su legislación específica.

Artículo 25. Justificación de las faltas de asistencia

Las ausencias al trabajo, totales o parciales, de una mujer funcionaria se consideran justificadas cuando están motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género que ha sufrido. La justificación opera en los términos que se determine en su legislación específica.

Artículo 26. Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionarias

Las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo se acreditan en los términos establecidos en el artículo 23. El precepto no describe un sistema de acreditación propio.

Artículo 27. Ayudas sociales

Ayuda de pago único para víctimas sin rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional (excluidas dos pagas extraordinarias), si se presume especial dificultad para obtener un empleo. Importe: seis meses de subsidio; doce con discapacidad del 33 por 100 o más; con responsabilidades familiares, hasta 18, o 24 si la víctima o un familiar conviviente tiene minusvalía del 33 por 100 o más. Las financian los Presupuestos Generales del Estado y las conceden las Administraciones competentes en servicios sociales, con informe del Servicio Público de Empleo.

Artículo 28. Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores

Las mujeres víctimas de violencia de género son consideradas colectivos prioritarios en el acceso a dos recursos: las viviendas protegidas y las residencias públicas para mayores. Esa prioridad se aplica en los términos que determine la legislación aplicable.

Artículo 28 bis. Alcance y garantía del derecho

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, que comprende cuatro elementos: la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.

Artículo 28 ter. Medidas para garantizar el derecho a la reparación

La reparación comprende indemnización, recuperación física, psíquica y social, reparación simbólica y garantías de no repetición. La indemnización cubre, al menos: daño físico y psicológico (con el moral y a la dignidad); pérdida de oportunidades; daños materiales y pérdida de ingresos (con el lucro cesante); daño social (al proyecto de vida); y tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. La satisfacen la o las personas civil o penalmente responsables. Las administraciones aseguran el acceso a ella, garantizan la recuperación y podrán establecer ayudas complementarias.

Artículo 29. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia, formula las políticas públicas sobre violencia de género a desarrollar por el Gobierno, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres y coordina e impulsa las acciones en la materia. Su titular está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses tutelados en la ley. El rango y las funciones concretas de la persona titular se determinan reglamentariamente.

Artículo 30. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asesora, evalúa, colabora institucionalmente, elabora informes y estudios y hace propuestas de actuación; los datos se consignan desagregados por sexo. Remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe anual. Reglamentariamente se fijan funciones, funcionamiento y composición, con participación de Comunidades Autónomas, entidades locales, agentes sociales, asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones de mujeres, empresariales y sindicales.

Artículo 31. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Gobierno establecerá en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. Promoverá que las Policías Locales cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas judiciales previstas en esta Ley, en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. La actuación policial tendrá en cuenta el Protocolo de Actuación y de Coordinación con los Órganos Judiciales. Se aplica en las Comunidades Autónomas con policía propia.

Artículo 32. Planes de colaboración

Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración para ordenar la prevención, asistencia y persecución de la violencia de género, implicando a administraciones sanitarias, Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales y organismos de igualdad. Se desarrollan con protocolos que garanticen la actividad probatoria. Las administraciones sanitarias promoverán protocolos de pautas uniformes, en el ámbito público y privado, en especial el del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se atenderá de forma especial a mujeres con mayor riesgo.

Artículo 61. Disposiciones generales

Las medidas de protección y seguridad del capítulo son compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento de los procesos civiles y penales. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez competente debe pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de adoptarlas, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de quienes convivan con ellas o estén bajo su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención o acogida, fijando su plazo y su régimen de cumplimiento.

Artículo 62. De la orden de protección

Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia actúan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El precepto no describe la tramitación: indica quién actúa y a qué norma debe ajustarse.

Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Además, los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.

Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones

El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado del domicilio y prohibirle volver. Con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte con una agencia o sociedad pública la permuta del uso de la vivienda familiar por el de otra. Podrá prohibirle aproximarse a la persona protegida, a su domicilio, lugar de trabajo u otro que frecuente, fijando una distancia mínima, y prohibirle toda clase de comunicación, bajo apercibimiento de responsabilidad penal. Cabe el alejamiento aunque se hubiera abandonado antes el lugar. Pueden acordarse acumulada o separadamente.

Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores

El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerán. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.

Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores

El Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si, en interés superior del menor, no la acordara, deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá ese régimen. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, a través de servicios de atención especializada, y realizará un seguimiento periódico de su evolución, en coordinación con dichos servicios.

Artículo 67. De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas

El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. La suspensión conlleva la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente.

Artículo 68. Garantías para la adopción de las medidas

Las medidas restrictivas de derechos contenidas en el capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad. En todo caso, se adoptarán con intervención del Ministerio Fiscal y con respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa.

Artículo 69. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad

Las medidas del capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. Cuando se mantengan, deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas.

Artículo 1. Objeto

El objeto de la ley es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Lo hace en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, para seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La ley se aplica en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En particular: a) a la Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, sus empresas y los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de la Junta; b) a las entidades de la Administración local y sus entes, con el mismo criterio de representación directa mayoritaria; c) al sistema universitario andaluz. Igualmente, a las personas físicas y jurídicas, en los términos de la ley.

Artículo 3. Definiciones

Define nueve conceptos: discriminación directa (trato menos favorable por el sexo en situación equiparable); indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que causan desventaja, salvo justificación objetiva); representación equilibrada (cada sexo ni supera el 60 % ni baja del 40 %); acto de discriminación (condicionar un derecho a aceptar acoso, y cualquier acoso); transversalidad; acoso sexual (de índole sexual, del hombre contra la mujer); acoso por razón de sexo (vinculado a la condición de mujer); lenguaje sexista, e interseccionalidad (discriminación múltiple).

Artículo 4. Principios generales

Catorce principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias: igualdad de trato, sin discriminación directa ni indirecta; eliminar la discriminación, sobre todo la feminización de la pobreza; maternidad, biológica o no, como valor social; corresponsabilidad; medidas específicas; protección ante la discriminación múltiple; mujeres del medio rural; composición equilibrada, también en candidaturas al Parlamento de Andalucía; colaboración entre Administraciones; lenguaje e imagen; conciliación; igualdad entre particulares; coeducación, y empleo.

Artículo 5. Transversalidad de género

Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas y de las políticas en todos los ámbitos de actuación. Para ello considerarán sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres y su incidencia en la situación específica de unas y otros, con el objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género.

Artículo 9. Lenguaje no sexista e imagen pública

Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en contenidos e imágenes, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o a través de personas o entidades. Las publicaciones y emisiones en que participe la Junta garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. Sus entidades instrumentales y las corporaciones de derecho público de Andalucía adaptarán su denominación oficial. La Junta promoverá ese uso en colegios profesionales y corporaciones.

Artículo 9 bis. Capacitación del personal al servicio de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas para garantizar una formación básica, progresiva y permanente de su personal en igualdad, con enfoque feminista y transformador de los roles tradicionales de género; elaborarán planes de formación y sensibilizarán al personal con funciones de dirección. La Consejería competente en materia de igualdad apoyará a los organismos responsables de la formación. El órgano competente en función pública garantizará la experiencia o capacitación específica en los puestos de programas y asesoramiento técnico en igualdad.

Sexo y género

Sexo y género son distintos. Comisión Europea (1998): sexo, características biológicas que distinguen al macho de la hembra; género, diferencias sociales entre hombres y mujeres aprendidas, cambiantes y variables entre culturas y dentro de ellas. ONU Mujeres: el género son los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para cada sexo; se aprenden por socialización. IAM (2003): el género es una condición social que fija pautas de comportamiento. IAM (2006): no confundir sexo con género gramatical.

Roles de género, contrato social de género y división sexual del trabajo

Comisión Europea: los roles en función del sexo son pautas asignadas a hombres y mujeres, inculcadas y perpetuadas según el contrato social de género, que se articula en tres niveles: superestructura cultural, instituciones y procesos de socialización. La división del trabajo reparte el trabajo remunerado y el no remunerado según los roles tradicionales. ONU Mujeres distingue roles productivos, reproductivos (sobre todo de mujeres), de gestión comunitaria (mujeres, no remunerado), de política comunitaria (hombres, poder o estatus) y el triple rol de las mujeres.

Estereotipos y normas de género

ONU Mujeres: los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de atributos, diferencias y roles de mujeres y hombres; se usan para justificar la discriminación y llegan en muchos «envases» (canciones, anuncios, proverbios). Las normas de género son ideas sobre cómo deben ser y actuar, interiorizadas desde temprano. EIGE: ideas preconcebidas que asignan arbitrariamente características y roles y limitan talentos y oportunidades. IAM (2003): el estereotipo adjudica valores según el grupo de pertenencia; IAM (2006): determinan las expectativas sociales.

Patriarcado, androcentrismo y sexismo

IAM (2003): el sistema patriarcal es un modelo de organización social androcéntrico y jerárquico basado en la dominación; el patriarcado se basa en el poder del «pater». ONU Mujeres: organización social que da más importancia a lo masculino y es base de la desigualdad. IAM (2006): el androcentrismo es la «óptica de varón», que toma a los varones como medida de todas las cosas; Eulàlia Lledó distingue androcentrismo conceptual y lingüístico. Sexismo: actitud o comportamiento excluyente y discriminatorio por razón de sexo (IAM, 2003).

Igualdad de derechos, de trato y de oportunidades

Comisión Europea (1998): igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de derechos y de trato; igualdad de trato, ausencia de discriminación directa o indirecta por sexo; igualdad de oportunidades, ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, política y social. IAM (2003): el principio de igualdad tiene dimensión positiva y negativa; como la igualdad de trato es necesaria pero no suficiente, las acciones positivas añaden la dimensión compensadora (igualdad de oportunidades): de la igualdad formal a la real.

Igualdad formal, real y sustantiva; igualdad y equidad

IAM (2003): igualdad formal es la prohibición normativa de discriminar; igualdad real exige medidas para que sea efectiva, removiendo obstáculos culturales y de otro tipo. IAM (2006): la igualdad de derecho o formal equipara por ley, aunque persisten barreras estructurales; la de hecho o real es aquella en que desaparecen las desigualdades construidas, permaneciendo las diferencias biológicas e individuales. EIGE: la igualdad sustantiva combina la formal con la igualdad de resultados y exige revisar si las leyes neutras aceleran la igualdad.

Igualdad de género y equidad

ONU Mujeres: la igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños; no significa que sean iguales, sino que no dependan del sexo; concierne también a los hombres y es cuestión de derechos humanos. IAM (2003): incluye el derecho a ser diferentes sin discriminación. Equidad: la Comisión Europea la definía como imparcialidad en el trato y el IAM como justicia, pero ONU Mujeres prefiere «igualdad» (Beijing 1995; CEDAW, Recomendación General 28).

Desigualdad de género y brecha de género

EIGE: desigualdad de género es la situación jurídica, social y cultural en que el sexo o el género determinan derechos y dignidad diferentes; en prácticamente todas las sociedades las mujeres están en posición inferior. Desigualdad estructural: arraigo en las estructuras sociales. Comisión Europea (1998) e IAM: la diferencia debida al género (gender gap) es la diferencia entre mujeres y hombres en cualquier ámbito, que según el IAM proviene de la socialización. ONU Mujeres: brecha es cualquier disparidad; el Foro Económico Mundial mide cuatro pilares.

Discriminación por razón de sexo: concepto y clases

CEDAW (1979), art. 1: discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, sea cual sea su estado civil. Puede ser de jure o de facto; la múltiple o interseccional implica más de un motivo. IAM (2003): directa, por motivos expresamente prohibidos; indirecta, por condiciones aparentemente neutrales. Comisión Europea: la indirecta es un impacto desproporcionadamente adverso de algo aparentemente neutral, salvo justificación objetiva.

Acción positiva: concepto, denominaciones y cuotas

Comisión Europea (1998): acción positiva son medidas dirigidas a un grupo para suprimir y prevenir una discriminación o compensar desventajas; a veces se llaman «discriminación positiva». IAM (2003): compensa el desequilibrio estructural y es temporal. IAM (2006): la discriminación positiva es una modalidad que afecta al punto de llegada y garantiza el resultado. ONU Mujeres prefiere «medidas especiales de carácter temporal»; el EIGE ve una contradicción en «discriminación positiva». La cuota reserva una proporción de puestos, escaños o recursos.

Fundamentos jurídicos de la acción positiva y medidas especiales de carácter temporal

Según la guía del IAM (2003), la base de la acción positiva está en el Tratado de Roma de 1957 (art. 119, igual retribución: primera referencia europea a la igualdad), la Directiva 76/207 (modificada en 2002), la Recomendación del Consejo de 1984, el art. 141 del Tratado de Ámsterdam, el art. 9.2 CE y el art. 4 de la CEDAW. Este dispone que las medidas especiales de carácter temporal no son discriminación y cesarán al lograr sus objetivos. ONU Mujeres (Recomendación General 25): temporales, especiales y medidas de todo tipo.

Concepto de mainstreaming o transversalidad de género

Comisión Europea, COM (96) 67, de 21-2-1996: la transversalidad integra sistemáticamente situaciones, prioridades y necesidades de mujeres y hombres en todas las políticas, teniendo en cuenta sus efectos desde la planificación. Consejo de Europa (1998): (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar la igualdad en todos los niveles y fases. IAM (2003): mainstream es la corriente general; cita Beijing (párrafo 79) y Ámsterdam (art. 3.2). ONU Mujeres: es una estrategia, no una meta.

Políticas específicas y transversales: la estrategia dual y la perspectiva de género

IAM (2003): las políticas específicas de igualdad favorecen a las mujeres con acciones positivas y cubren necesidades prácticas, pero sufren falta de recursos y estigmatización y no atienden los intereses estratégicos; las transversales integran el género en todas las políticas. El enfoque integrado complementa, no sustituye, a las específicas: estrategia dual (EIGE: twin-track strategy). ONU Mujeres: paridad y perspectiva de género son estrategias gemelas; continuo de políticas: negativo, neutro, sensible, positivo y transformador.

Techo de cristal, barreras invisibles y segregación en el empleo

Comisión Europea (1998): techo de cristal es la barrera invisible, fruto de estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impide a las mujeres acceder a puestos importantes; barreras invisibles son actitudes de expectativas y valores tradicionales. ONU Mujeres: metáfora de barreras a través de las que las mujeres ven las posiciones de élite sin alcanzarlas. EIGE: acantilado de cristal, liderazgos con más riesgo de fracaso. Segregación: horizontal (sectores y empleos) y vertical (niveles y puestos).

Brecha salarial de género

Comisión Europea (1998): diferencia de retribución es la diferencia de sueldo medio; el diferencial retributivo resulta de la segregación o de la discriminación directa. IECA (indicador ODS 5.9): brecha salarial no ajustada es la diferencia entre la ganancia bruta media por hora de hombres y mujeres asalariados, en porcentaje de la de los hombres; empresas de diez o más empleados. Es «no ajustada» porque da una visión general (EIGE: no tiene en cuenta educación, experiencia, horas o empleo). INE 2024: salario anual femenino, 83,9 % del masculino.

Artículo 1. Objeto de la ley

La Ley 15/2022 tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y respetar la igual dignidad de las personas, en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. Para ello regula derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, fija principios de actuación de los poderes públicos y prevé medidas para prevenir, eliminar y corregir toda discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

Toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y no discriminación, sea cual sea su nacionalidad, edad o si tiene o no residencia legal. Caben diferencias de trato con criterios razonables y objetivos y propósito legítimo. La enfermedad solo ampara diferencias derivadas del tratamiento, de limitaciones objetivas o de salud pública. Obliga al sector público (AGE, CCAA, Administración Local, Administración de Justicia, sector público institucional y sus asociaciones y fundaciones) y a los privados que residan, se encuentren o actúen en España.

Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación

La ley se aplica en dieciséis ámbitos: empleo por cuenta ajena y propia (acceso, condiciones incluidas retribuciones y despido, promoción y formación), empleo público, afiliación a organizaciones, educación, sanidad, transporte, cultura, seguridad ciudadana, Administración de Justicia, protección social, bienes y servicios incluida la vivienda, espacios públicos, publicidad y medios, internet y redes, deporte e inteligencia artificial. Se aplica sin perjuicio de los regímenes específicos más favorables estatales o autonómicos.

Artículo 4. El derecho a la igualdad de trato y no discriminación

Se prohíbe toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica discriminatoria. Son vulneraciones: discriminación directa o indirecta, por asociación y por error, múltiple o interseccional, denegación de ajustes razonables, acoso, inducción u orden de discriminar, represalias, incumplir acciones positivas obligatorias, inacción o dejación de funciones. No es discriminación la diferencia de trato justificada por una finalidad legítima con un medio adecuado, necesario y proporcionado. Es principio informador transversal, con perspectiva de género.

Artículo 5. Derechos a la información y al asesoramiento de las personas víctimas de discriminación

Las víctimas tienen garantizados los derechos de la ley sea cual sea su situación administrativa. Tienen derecho a información completa y comprensible y a asesoramiento adaptado; la información será accesible para personas con discapacidad (lectura fácil, Braille, lengua de signos española y catalana). Tienen asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Los menores reciben la información en lenguaje claro y, donde haya lengua cooficial, en la que elijan.

Artículo 6. Definiciones

Define: discriminación directa (trato menos favorable en situación comparable; incluye denegar ajustes razonables); indirecta (criterio aparentemente neutro que causa desventaja particular); por asociación (por la relación con otra persona); por error (apreciación incorrecta); múltiple (dos o más causas simultáneas o consecutivas) e interseccional (causas que interactúan); acoso; inducción (concreta, directa y eficaz); represalias (excluido el ilícito penal); acciones positivas (mientras subsistan las situaciones que las justifican) y segregación escolar.

Artículo 7. Interpretación

La interpretación de la ley y la actuación de los poderes públicos se ajustarán a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que España sea parte y a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales internacionales, y tendrán en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales. Ante varias interpretaciones, se preferirá la que proteja con mayor eficacia a las personas o grupos afectados. La ley fija niveles mínimos de protección y prevalece el régimen que mejor garantice la no discriminación.

Preámbulo

La Ordenanza busca la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género en Cádiz. Se apoya en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución y en un marco internacional (Declaración de 1967, Convención de 1979 y Conferencias mundiales sobre la mujer, en especial la de Pekín de 1995) y europeo (Tratado de Ámsterdam, en vigor desde 1999, y las Directivas 2002/73, 2004/113 y 2006/54). Teniendo en cuenta las leyes estatales y andaluzas, el Ayuntamiento quiere avanzar un paso más como gobierno local pionero.

Artículo 1. Objeto

La Ordenanza tiene por objeto hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española. A sus efectos se aplica la normativa vigente en la materia de ámbito estatal y autonómico.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Artículo 3. Principios generales

Los principios de la actuación municipal en esta Ordenanza son los de los poderes públicos de Andalucía en igualdad, violencia de género y ayuda a las víctimas: igualdad de trato y de oportunidades, eliminación de la discriminación y de roles y estereotipos sexistas, fomento de la corresponsabilidad, inclusión de colectivos con varias discriminaciones (parejas del mismo sexo, mujeres inmigrantes, de minorías étnicas o discapacitadas), colaboración, coordinación y cooperación entre administraciones, coeducación y atención a víctimas de violencia de género.

Artículo 4. Ejercicio de competencias municipales

Las competencias que prevé la Ordenanza las ejercen los órganos municipales que sean competentes según las normas vigentes que regulen, en cada momento, las atribuciones de esos órganos. La Ordenanza no atribuye por sí misma las competencias a un órgano concreto.

Artículo 5. Observatorio Municipal de Igualdad de Oportunidades

La Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia, a través del Observatorio Municipal de Igualdad de Oportunidades, recepciona, canaliza e investiga las reclamaciones y denuncias de situaciones que vulneren el derecho a la igualdad de oportunidades en Cádiz, tanto las denunciadas por particulares como, cuando se estime pertinente, de oficio.

Artículo 6. Denuncias

Cualquier persona, natural o jurídica, puede denunciar ante el Observatorio Municipal de Igualdad de Oportunidades situaciones que vulneren el derecho a la igualdad de oportunidades en el municipio. El escrito de denuncia debe reunir los requisitos generales de las instancias a la Administración y, además, los datos precisos para que el Observatorio pueda hacer la comprobación.

Artículo 7. Sugerencias

El Ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia, ofrece a la ciudadanía el buzón de sugerencias para la Igualdad de Oportunidades, que recoge las peticiones que contribuyan a mejorar las políticas locales de igualdad. El Observatorio Municipal de Igualdad de Oportunidades recoge las sugerencias, las deriva a los órganos competentes, hace su seguimiento y elabora un informe anual con el número de sugerencias, su objeto y las actuaciones realizadas.

Artículo 8. Definiciones

Discriminación directa por razón de sexo: una persona es, ha sido o podría ser tratada, por su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable. Discriminación indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y los medios para alcanzarla sean necesarios y adecuados.

Artículo 9. Coeducación

El Ayuntamiento reconoce a toda la ciudadanía gaditana el derecho a una educación en igualdad entre géneros. Los centros educativos gaditanos promoverán la eliminación y el rechazo de los contenidos sexistas y de los estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres en la educación.

Artículo 10. Apoyo a la coeducación

El Ayuntamiento seguirá apoyando la igualdad de género en los centros educativos. A través de la Fundación Municipal de la Mujer: hará cada año la «Campaña de Educación no sexista» u otras análogas en institutos y colegios; mantendrá formación en igualdad para las AMPAs de Primaria, Secundaria, Bachiller y Ciclos (cualquier AMPA o grupo de profesionales de la educación puede pedir una acción de «Sensibilizando en Igualdad» u otro programa similar); y asesorará en perspectiva de género a los centros que lo deseen.

Artículo 11. Igualdad de oportunidades en la educación superior

El Ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia, fomentará la igualdad de oportunidades en la Educación Superior por tres vías: la cualificación profesional en Estudios de las Mujeres y de Género; los estudios de género en la investigación; y la información sobre igualdad y perspectiva de género al alumnado universitario o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa que lo solicite, con los recursos del «Centro de Documentación Mercedes Formica» del Centro Integral de la Mujer.

Artículo 12. Acceso al empleo libre de estereotipos sexistas

El Ayuntamiento reconoce a toda la ciudadanía gaditana el derecho al acceso al empleo libre de estereotipos sexistas. Para ello: no tramitará ninguna oferta de empleo discriminatoria por razón de sexo; facilitará formación en igualdad al personal técnico municipal que tramita ofertas de empleo y orienta laboralmente; promoverá medidas de acción positiva para el acceso de las mujeres al empleo, con especial atención a quienes sufren varias causas de discriminación; y promocionará formación, asesoramiento y seguimiento para crear empresas, especialmente las promovidas por mujeres.

Artículo 13. Igualdad de trato y oportunidades en las empresas

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Con esa finalidad, deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. El artículo no concreta qué medidas ni distingue entre empresas por tamaño.

Artículo 14. Promoción de la igualdad

Artículo 15. Distinción, asesoramiento y formación

Para estos fines, el Gobierno municipal, a través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia, seguirá convocando el Sello de Igualdad a Empresas, asesorando a las empresas privadas del municipio y realizando programas formativos dirigidos al empresariado y al personal de las empresas para incluir la igualdad de oportunidades en ellas.

Artículo 16. Sello de igualdad de oportunidades a empresas

El Gobierno municipal, a través de la Fundación Municipal de la Mujer, seguirá distinguiendo a las empresas del municipio de capital privado comprometidas con la igualdad en la gestión de recursos humanos y con la calidad del empleo de las mujeres. Criterios del sello: innovación en medidas de igualdad; conciliación; contratación de mujeres de grupos vulnerables; criterios objetivos de contratación no discriminatorios; publicidad no sexista; fin de la segregación profesional; igual retribución por trabajo de igual valor; y plan de igualdad.

Artículo 17. Publicidad ilícita

A efectos de la Ordenanza es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos constitucionales, en especial los de los artículos 18 y 20.4 de la Constitución. Se incluyen los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, usando su cuerpo o partes de él como mero objeto desvinculado del producto anunciado, o su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos del ordenamiento, contribuyendo a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004.

Artículo 18. Denuncias

Cuando el Observatorio Municipal de Igualdad de Oportunidades recibe una denuncia y, hecho el informe técnico, valora la publicidad como claramente discriminatoria, se comunica a la empresa anunciante su deber de retirarla. Además, se informa a las entidades anunciantes de la posibilidad de hacer sus anuncios de forma no sexista, ofreciéndoles el asesoramiento de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia.

Artículo 19. Asesoramiento

El Ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia, asesorará a todas las empresas de capital privado del municipio de Cádiz que lo pidan en cuestiones de igualdad de oportunidades y de utilización de una imagen no estereotipada de la mujer.

Artículo 20. Promoción social

Artículo 21. Igualdad de oportunidades en las asociaciones

El Ayuntamiento cooperará para incluir la igualdad de oportunidades en las asociaciones del municipio. A través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia: asesorará en igualdad a las asociaciones que lo soliciten; incluirá como requisito indispensable en las bases de las subvenciones que la asociación cumpla con la igualdad de oportunidades y la promoción del papel de las mujeres en el asociacionismo; y fomentará la formación para incluir la perspectiva de género en el presupuesto y en las actividades.

Artículo 22. Consejo de la Mujer

El Ayuntamiento seguirá promoviendo la participación de las mujeres en la política local a través del Consejo Municipal de la Mujer. Se reconoce a este Consejo como el mecanismo de interlocución entre autoridades y ciudadanía para elaborar políticas de igualdad de oportunidades acordes con las necesidades de la población y consensuadas con las organizaciones que la representan.

Artículo 23. Definición

Violencia de género es, a efectos de la Ordenanza, la que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre ellas. Comprende todo acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino que cause o pueda causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o en la privada. Se aplica además la normativa estatal y autonómica vigente.

Artículo 24. La Unidad Alerta

La Unidad Alerta da atención inmediata a las víctimas de violencia de género, con un teléfono gratuito (900 21 21 30) para denunciar y ser atendidas sin demora. Su función principal es acompañarlas tras la agresión o para prevenirla: recibir llamadas en el teléfono Alerta, ubicado en la sede de la Policía Local; acompañar a centros sanitarios; asesorar para la denuncia; asegurar pruebas y parte de lesiones; acompañar a casa de familia o de acogida; y derivar al Equipo Técnico de la Fundación. La garantizan la Fundación Municipal de la Mujer y la Policía Local.

Artículo 25. Asesoramiento legal

El Ayuntamiento de Cádiz garantiza el asesoramiento legal a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo presta a través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia. El artículo no fija requisitos, plazos ni otras condiciones para acceder a este servicio.

Artículo 26. Atención psicológica

El Ayuntamiento de Cádiz garantiza la asistencia psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género. La presta a través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia. El artículo no establece requisitos, plazos ni condiciones de acceso a esta asistencia.

Artículo 27. La igualdad de oportunidades en la ciudadanía

El Ayuntamiento reconoce a toda su ciudadanía el derecho a la igualdad de oportunidades y velará por una imagen de la ciudad libre de estereotipos sexistas. Cualquier persona natural o jurídica puede denunciar ante el Ayuntamiento cualquier situación, imagen o slogan, en cualquier soporte o medio de comunicación, que veje o discrimine a las mujeres o contradiga los principios de igualdad de la legislación vigente. El escrito de denuncia debe contener datos precisos para que el Observatorio Municipal de Igualdad de Oportunidades pueda comprobarla.

Artículo 28. Fomento de la conciliación

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Área de Familia, seguirá promoviendo la conciliación de la vida laboral, personal y familiar mediante el programa «Conciliamos» o cualquier otro programa que se refiera o afecte a la conciliación.

Artículo 29. Fomento de la corresponsabilidad y nuevas masculinidades

Cualquier ciudadana o ciudadano puede solicitar al Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia, un programa formativo sobre igualdad de oportunidades en las relaciones de pareja.

Artículo 30. Atención a la ciudadanía

Para velar por la igualdad de oportunidades en la atención a la ciudadanía, el Ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia, desarrollará programas formativos en igualdad para el personal municipal. Además, los temarios de los procesos de selección para el empleo municipal seguirán incluyendo contenidos sobre el principio de igualdad de mujeres y hombres y su aplicación en la actividad administrativa.

Disposición adicional primera. El Observatorio Municipal de Igualdad de Oportunidades

El Observatorio, creado en 2004 y atendido por personal de la Fundación Municipal de la Mujer, recibe, investiga y canaliza sugerencias, reclamaciones y denuncias, emite informes con recomendaciones, sigue lo derivado y hace informes anuales. Preside el Teniente de Alcalde Delegado de Familia; vicepreside el Concejal Delegado de Igualdad de la Mujer; lo integran también Director Gerente, Técnico y Secretario Delegado de la Fundación, dos vocales expertos ajenos a ella y representación de asociaciones de mujeres. Su Pleno se reúne cada tres meses o cuando lo convoque la Presidenta.

Disposición adicional segunda

Si en el futuro se promulgan normas de rango superior a esta Ordenanza que afecten a las materias que regula, ello determinará la posterior adaptación de la Ordenanza en lo que sea necesario. No se prevé su derogación ni su suspensión, sino su adaptación en lo que fuere necesario.

Disposición adicional tercera

El Ayuntamiento de Cádiz, a la vista de los datos y resultados que ofrezca la experiencia en la aplicación de la Ordenanza, promoverá las modificaciones que convenga introducir en ella. Es una previsión de revisión periódica sin plazo, órgano específico ni procedimiento propio.

Disposición adicional cuarta

La Ordenanza entra en vigor al día siguiente de la publicación íntegra de su texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Sus principios son de aplicación directa en todas las actuaciones municipales y derogan todas las disposiciones municipales que los contradigan.

Denominación, vigencia y ámbito del I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz

El «Plan para la Igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento de Cádiz y sus Organismos Autónomos» (I Plan, 2023-2026) tiene una vigencia de 4 años, de 2023 a 2026. Abarca cinco entidades: Ayuntamiento (989 personas; responsable de igualdad, el Director del Área de Personal), IFEF (2001, 39 personas), Fundación Municipal de la Mujer (1999, 14), Fundación Municipal de Cultura (1982, 4) e Instituto Municipal del Deporte (1995, 1). Ninguna declara certificados o reconocimientos en igualdad.

Elaboración y aprobación del Plan por la comisión negociadora

El 19 de julio de 2021 el Ayuntamiento de Cádiz licitó el servicio para su I Plan de Igualdad (diagnóstico, diseño, elaboración, implementación, seguimiento y evaluación; 24 meses no prorrogables; 29.956,60 euros con IVA). El 20 de mayo de 2023 la comisión negociadora de los sindicatos lo aprobó por unanimidad; debía ratificarlo el Pleno y se integraría en el Acuerdo Regulador. La nota lo resume en ocho líneas estratégicas y 31 medidas (2023-2026). El artículo 76 del Acuerdo Regulador exige publicarlo íntegro en la web y reseñarlo en el BOP.

Diagnóstico (I): plantilla por sexo, segregación, edad y antigüedad

Diagnóstico del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz: plantilla paritaria en términos absolutos (45,95% mujeres, 54,04% hombres), equilibrada según el principio 40/60 – 60/40, pero no en los organismos autónomos (IFEF y FMM, mayoría de mujeres; FMC e IMD, de hombres). Hay segregación vertical y horizontal: plazas feminizadas (auxiliar administrativo, bibliotecaria, educadora y trabajadora social) y masculinizadas (electricidad, capataz, policía local…); equilibradas: asesor/a, ayudante de archivo y biblioteca, concejal/a y DUE. Edades: mujeres 51-55, hombres 55-60.

Diagnóstico (II): estudios, tipo de vínculo, jornada y permisos

Más datos del diagnóstico del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz: los hombres son mayoría en estudios primarios, secundarios y superiores, y las mujeres en universitarios (54,84%), con cautela porque faltan datos de 291 personas. Contratos eventuales al 50%; más hombres funcionarios de carrera (63,04%) y más mujeres interinas (57,74%); personal electo, 59,26% mujeres. Jornada de 35 horas semanales; jornada reducida de verano de 8:00 a 14:00, del 1 de junio al 30 de septiembre. Tiempo parcial: 66,67% mujeres.

Diagnóstico (III): retribuciones, incorporaciones y promoción interna

Retribuciones en el diagnóstico del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz: en el laboral indefinido, diferencias superiores al 25% por una reclasificación por enfermedad; en el eventual, 8,73% a favor de los hombres porque 3 de las 4 secretarias/os de grupo político (categoría peor pagada) son mujeres; en el electo, a favor de las concejalas por haber más con dedicación exclusiva; en la FMM, las mujeres cobran un 8,31% más. Promoción interna 2018: 30 plazas, 19 a hombres y 11 a mujeres; 2019-2021, todas a hombres.

Elementos estructurales y principios inspiradores del Plan

Según su apartado 3, el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz se estructura en torno a 2 factores: los principios inspiradores, coherentes con los valores de la institución, y las directrices estratégicas, hilo conductor del Plan y de su gobernanza. Los principios inspiradores «constituyen la columna vertebral» del Plan y son cuatro: igualdad entre mujeres y hombres; no discriminación por razón del género (directa e indirecta); respeto a la diversidad (personas LGTBI y sus familias); y sostenibilidad social y humana (ninguna sociedad puede prescindir de la mitad de su capital humano).

Directrices estratégicas del Plan

Las directrices estratégicas del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz (apartado 3.2) son la guía y el esqueleto conceptual del Plan. Son seis: gobernanza (decisiones que atienden a ambos sexos); transversalidad (Enfoque Transversal de Género); redefinición de los modelos de gestión (relaciones incluyentes, simétricas e igualitarias); transformación social (abandonar prejuicios); empoderamiento femenino (mujeres en las posiciones directivas); e interseccionalidad (discapacidad, orientación sexual e identidad de género).

Las 8 líneas estratégicas y sus objetivos operativos

El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz se construye en cuatro pasos: diagnóstico, líneas estratégicas, medidas reparadoras y Plan. Contempla 8 líneas y 31 medidas: 1) acceso al empleo (1-6); 2) promoción interna (7-12); 3) prevención del acoso sexual y por razón del sexo (13-14); 4) no discriminación LGTBI (15-16); 5) conciliación corresponsable (17-18); 6) formación y sensibilización (19-23); 7) comunicación incluyente y no sexista (24-27); 8) difusión, evaluación y seguimiento (28-31). Cada línea tiene un objetivo operativo.

Línea 1: acceso al empleo y contratación de personal (medidas 1 a 6)

La línea 1 del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, «Acceso al empleo y contratación de personal», busca procesos objetivos, transparentes y sin sesgos de género. Seis medidas: 1) tribunales equilibrados; 2) al menos una persona del tribunal formada en igualdad; 3) en caso de empate, se promocionará al sexo menos representado en el puesto; 4) lenguaje no excluyente en las convocatorias; 5) valorar la formación en igualdad en concurso-oposición, como la de PRL; 6) un tema de igualdad en el temario común.

Línea 2: promoción profesional interna (medidas 7 a 12)

La línea 2 del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, «Promoción profesional interna», quiere reducir la segregación horizontal y vertical con acción positiva que favorezca la promoción de las mujeres a puestos donde están menos representadas. Medidas (2023-2026): 7) tribunales equilibrados; 8) al menos una persona formada en igualdad; 9) desempate a favor del sexo menos representado en el puesto; 10) lenguaje no excluyente; 11) valorar la formación en igualdad; 12) esa formación, criterio de carrera profesional.

Líneas 3 y 4: prevención del acoso y no discriminación LGTBI (medidas 13 a 16)

Línea 3 del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, «Prevención del acoso sexual y del acoso por razón del sexo»: tolerancia cero y entorno libre de acoso; medidas 13 (materiales multimedia) y 14 (formación a la plantilla). Línea 4, «Igualdad y no discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género y/o las características sexuales»: igualdad de trato LGTBI; medidas 15 (uniformes unisex, a elegir según el género autopercibido) y 16 (prevención de delitos contra la libertad sexual y la integridad moral del personal LGTBI).

Líneas 5 y 6: conciliación corresponsable y formación en igualdad (medidas 17 a 23)

Línea 5, «Conciliación corresponsable»: 17) catálogo de medidas de conciliación y corresponsabilidad, con flexibilidad horaria (2024-2027); 18) prioridad para elegir turno de vacaciones, si hay conflicto en un departamento, a las personas con responsabilidades familiares. Línea 6, «Formación y sensibilización en materia de igualdad de género»: 19) infografías; 20) formación a Recursos Humanos y Comisión Negociadora; 21) formación básica en todas las acciones formativas; 22) formación a directivos y jefaturas; 23) formación básica a toda la plantilla.

Líneas 7 y 8: comunicación no sexista y difusión, seguimiento y evaluación (medidas 24 a 31)

Línea 7, «Comunicación incluyente y no sexista»: 24) catálogo de buenas prácticas; 25) formación en comunicación con enfoque de género; 26) comunicación no sexista obligatoria en documentos administrativos y de empresas proveedoras; 27) erradicar el lenguaje excluyente en VPT, RPT, plantilla o ARCTF. Línea 8, «Difusión, evaluación y seguimiento»: 28) sitio web del Plan; 29) 4 informes anuales; 30) informe final (2026); 31) nivel de estudios desagregado por sexo (2024), para evaluar la sobrecualificación.

Modelo de gobernanza y papel de la Comisión Negociadora del Plan

El apartado 5 del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz parte de que la desigualdad de género es estructural, multidimensional y multicausal, y exige un enfoque transversal e interdepartamental, sin crear departamentos nuevos sino optimizando los existentes. Cuadro de gobernanza: impulso, Alcaldía; desarrollo, Recursos Humanos; seguimiento y evaluación, Recursos Humanos, Fundación Municipal de la Mujer y Comisión Negociadora. Cinco factores favorecen la óptica de género y habrá reuniones anuales.

Sistema de seguimiento y evaluación del Plan

Según el apartado 6 del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, el sistema de seguimiento y evaluación tiene como principal objetivo favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y el buen Gobierno. Cinco metas: grado de ejecución, resultados de cada medida, impactos deseados y no deseados, lecciones aprendidas y retos para el siguiente Plan. Dimensiones de análisis: nivel de desarrollo, alcance y valoración. Informes: 4 anuales de seguimiento (medida 29) y uno final (medida 30, 2026).