Artículo 17. Publicidad ilícita
En pocas palabras
A efectos de la Ordenanza es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos constitucionales, en especial los de los artículos 18 y 20.4 de la Constitución. Se incluyen los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, usando su cuerpo o partes de él como mero objeto desvinculado del producto anunciado, o su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos del ordenamiento, contribuyendo a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004.
Explicación sencilla
Delimita qué publicidad considera ilícita la Ordenanza y concreta los supuestos de anuncios vejatorios para las mujeres, que son los que luego permiten actuar frente a la publicidad sexista.
Regla mnemotécnica
Anuncio ilícito: cuerpo de mujer como mero objeto desvinculado del producto, o imagen estereotipada.
Trampa típica de examen
Creer que es ilícito cualquier uso del cuerpo de la mujer en un anuncio: el supuesto es utilizarlo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar.
Texto del artículo 17 de la Ordenanza Municipal de Fomento de la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y Erradicación de la Violencia de Género en el Municipio de Cádiz (Ord. Igualdad Cádiz)
Se considerará ilícita, al objeto de esta ordenanza y de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en esta materia, la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
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