LOVG

Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Cada artículo incluye explicación, mnemotecnia y una trampa típica de examen.

Toca un artículo para leerlo con su explicación, su mnemotecnia y la trampa típica de examen. Con tu cuenta gratis estudias la norma entera en una página, marcas lo que llevas y haces tests.

Crear cuenta gratis

Art. 1Objeto de la LeyLa Ley actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas sus cónyuges o excónyuges o quienes estén o hayan estado ligados por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Las medidas buscan prevenir, sancionar y erradicar, y asistir a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores bajo su tutela o guarda y custodia. Comprende todo acto de violencia física y psicológica y la ejercida sobre familiares o allegados menores de edad para dañar a la mujer.
Art. 2Principios rectoresLa Ley articula un conjunto integral de medidas con once fines, letras a) a k): fortalecer la sensibilización y prevención; consagrar derechos exigibles ante las Administraciones; reforzar los servicios sociales y coordinar los municipales y autonómicos; garantizar derechos laborales, funcionariales y económicos; tutela institucional de la Administración General del Estado mediante la Delegación Especial del Gobierno, con el Observatorio Estatal; fortalecer el marco penal y procesal; coordinar recursos; colaborar con la sociedad civil; especialización profesional y transversalidad.
Art. 3Planes de sensibilizaciónEl Gobierno del Estado pondrá en marcha, de manera inmediata a la entrada en vigor de la ley y con dotación presupuestaria, un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, permanente. Como mínimo: nuevas escalas de valores, dirigido a hombres y mujeres, formación de profesionales y control por una Comisión de amplia participación creada en un plazo máximo de un mes. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión, elabora el Informe anual y lo remite a las Cortes Generales. Las campañas serán accesibles a personas con discapacidad.
Art. 4Principios y valores del sistema educativoEl sistema educativo incluye entre sus fines la formación en derechos y libertades, igualdad, tolerancia y libertad, y entre sus principios de calidad eliminar obstáculos a la igualdad y prevenir conflictos. Infantil: aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Primaria: habilidades e igualdad entre sexos. ESO: relacionarse pacíficamente e igualdad de oportunidades. Bachillerato y FP: madurez y análisis crítico de las desigualdades de sexo. Adultos: actividades de resolución pacífica y respeto a la dignidad. Universidades: formación, docencia e investigación en igualdad de género.
Art. 5Escolarización inmediata en caso de violencia de géneroLas Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Tres datos: quién (las Administraciones competentes), qué (escolarización inmediata) y cuándo (cambio de residencia derivada de actos de violencia de género).
Art. 6Fomento de la igualdadCon el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Dos mandatos sobre los materiales: eliminar estereotipos y fomentar el igual valor.
Art. 7Formación inicial y permanente del profesoradoLas Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los planes de formación inicial y permanente del profesorado incluyan una formación específica en materia de igualdad. Habilita para: a) educar en derechos y libertades, igualdad, tolerancia y libertad; b) educar en la prevención y resolución pacífica de conflictos en la vida personal, familiar y social; c) la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas; d) fomentar iguales derechos y obligaciones y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico.
Art. 8Participación en los Consejos EscolaresSe adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.
Art. 9Actuación de la inspección educativaLos servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. Dato clave: el órgano que vigila es la inspección educativa, y lo que vigila es tanto el cumplimiento como la aplicación.
Art. 10Publicidad ilícitaDe acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Dos datos: la calificación (ilícita) y el supuesto (uso de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio).
Art. 11Artículo 11El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.
Art. 12Titulares de la acción de cesación y rectificaciónEstán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer: la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. La acción se ejercita en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Art. 13Medios de comunicaciónLas Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación sobre protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social. Además, la Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.
Art. 14Artículo 14Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.
Art. 15Sensibilización y formaciónLas Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán medidas. Se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario. Las Administraciones educativas competentes asegurarán contenidos de capacitación en licenciaturas, diplomaturas y programas de especialización de las profesiones sociosanitarias. Los Planes Nacionales de Salud que procedan contemplarán un apartado propio.
Art. 16Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de SaludEn el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, una Comisión contra la Violencia de Género. Apoya técnicamente y orienta la planificación de las medidas sanitarias del capítulo, y evalúa y propone las necesarias para aplicar el protocolo sanitario. La componen representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Emite un informe anual que se remite al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.
Art. 17Garantía de los derechos de las víctimasTodas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos de la ley, sin discriminación en el acceso. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica contribuyen a hacer efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia social integral tienen carácter de servicios esenciales.
Art. 18Derecho a la informaciónLas mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. Comprende las medidas de protección y seguridad, los derechos y ayudas y el lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. A las mujeres con discapacidad se ofrecerá en formato accesible y comprensible, y será accesible para quienes desconozcan el castellano o la otra lengua oficial de su territorio de residencia.
Art. 19Derecho a la atención integralLas víctimas tienen derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, que las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales organizan según los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implica especialmente siete aspectos. Los servicios podrán solicitar al órgano judicial medidas urgentes. También tienen derecho los menores bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o que convivan en esos contextos.
Art. 19 bisDerecho a la atención sanitariaEl Sistema Público de Salud garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y el seguimiento de su estado de salud hasta su total recuperación. Los servicios sanitarios deberán contar con psicólogos infantiles para los hijos e hijas menores víctimas de violencia vicaria. Se prestarán garantizando la privacidad y la intimidad y el respeto, en todo caso, a las decisiones de las mujeres. Habrá medidas específicas para mujeres con discapacidad, problemas de salud mental o adicciones.
Art. 20Asistencia jurídicaLas víctimas tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y a defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en los procesos y procedimientos administrativos con causa directa o indirecta en la violencia. Una misma dirección letrada asumirá la defensa si con ello se garantiza el derecho de defensa. El derecho asiste a los causahabientes si la víctima fallece, siempre que no fueran partícipes en los hechos. La víctima puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer ni reiterar actuaciones.
Art. 21Derechos laborales y de Seguridad SocialLa trabajadora víctima tiene derecho a reducir o reordenar su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a la adaptación del puesto, a la suspensión con reserva de puesto y a la extinción del contrato. Suspensión y extinción dan lugar a situación legal de desempleo. Los contratos de interinidad para sustituirlas tienen bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales por contingencias comunes: todo el período de suspensión, o seis meses en movilidad geográfica o cambio de centro. A las trabajadoras por cuenta propia se les suspende la cotización seis meses.
Art. 22Programa específico de empleoDentro de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre) se desarrollará un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Ese programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
Art. 23Acreditación de situaciones de violencia de géneroLa violencia de género se acredita mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o por informe del Ministerio Fiscal que indique indicios. También mediante informe de los servicios sociales, especializados o de acogida, o por cualquier otro título, siempre que lo prevean las disposiciones sectoriales. En menores de edad, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Gobierno y comunidades autónomas diseñan de común acuerdo los procedimientos básicos.
Art. 24Ámbito de los derechosLa funcionaria víctima de violencia de género tiene derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia. Todo ello en los términos que se determinen en su legislación específica.
Art. 25Justificación de las faltas de asistenciaLas ausencias al trabajo, totales o parciales, de una mujer funcionaria se consideran justificadas cuando están motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género que ha sufrido. La justificación opera en los términos que se determine en su legislación específica.
Art. 26Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionariasLas circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo se acreditan en los términos establecidos en el artículo 23. El precepto no describe un sistema de acreditación propio.
Art. 27Ayudas socialesAyuda de pago único para víctimas sin rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional (excluidas dos pagas extraordinarias), si se presume especial dificultad para obtener un empleo. Importe: seis meses de subsidio; doce con discapacidad del 33 por 100 o más; con responsabilidades familiares, hasta 18, o 24 si la víctima o un familiar conviviente tiene minusvalía del 33 por 100 o más. Las financian los Presupuestos Generales del Estado y las conceden las Administraciones competentes en servicios sociales, con informe del Servicio Público de Empleo.
Art. 28Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayoresLas mujeres víctimas de violencia de género son consideradas colectivos prioritarios en el acceso a dos recursos: las viviendas protegidas y las residencias públicas para mayores. Esa prioridad se aplica en los términos que determine la legislación aplicable.
Art. 28 bisAlcance y garantía del derechoLas víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, que comprende cuatro elementos: la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.
Art. 28 terMedidas para garantizar el derecho a la reparaciónLa reparación comprende indemnización, recuperación física, psíquica y social, reparación simbólica y garantías de no repetición. La indemnización cubre, al menos: daño físico y psicológico (con el moral y a la dignidad); pérdida de oportunidades; daños materiales y pérdida de ingresos (con el lucro cesante); daño social (al proyecto de vida); y tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. La satisfacen la o las personas civil o penalmente responsables. Las administraciones aseguran el acceso a ella, garantizan la recuperación y podrán establecer ayudas complementarias.
Art. 29La Delegación del Gobierno contra la Violencia de GéneroLa Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia, formula las políticas públicas sobre violencia de género a desarrollar por el Gobierno, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres y coordina e impulsa las acciones en la materia. Su titular está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses tutelados en la ley. El rango y las funciones concretas de la persona titular se determinan reglamentariamente.
Art. 30Observatorio Estatal de Violencia sobre la MujerEl Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asesora, evalúa, colabora institucionalmente, elabora informes y estudios y hace propuestas de actuación; los datos se consignan desagregados por sexo. Remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe anual. Reglamentariamente se fijan funciones, funcionamiento y composición, con participación de Comunidades Autónomas, entidades locales, agentes sociales, asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones de mujeres, empresariales y sindicales.
Art. 31Fuerzas y Cuerpos de SeguridadEl Gobierno establecerá en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. Promoverá que las Policías Locales cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas judiciales previstas en esta Ley, en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. La actuación policial tendrá en cuenta el Protocolo de Actuación y de Coordinación con los Órganos Judiciales. Se aplica en las Comunidades Autónomas con policía propia.
Art. 32Planes de colaboraciónLos poderes públicos elaborarán planes de colaboración para ordenar la prevención, asistencia y persecución de la violencia de género, implicando a administraciones sanitarias, Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales y organismos de igualdad. Se desarrollan con protocolos que garanticen la actividad probatoria. Las administraciones sanitarias promoverán protocolos de pautas uniformes, en el ámbito público y privado, en especial el del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se atenderá de forma especial a mujeres con mayor riesgo.
Art. 33Suspensión de penasDa nueva redacción al párrafo segundo del apartado 1, 6.ª, del artículo 83 del Código Penal: si se trata de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª de ese apartado. No es una facultad del órgano judicial: el texto lo impone.
Art. 34Comisión de delitos durante el período de suspensión de la penaDa nueva redacción al apartado 3 del artículo 84 del Código Penal: cuando la pena suspendida sea de prisión por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por el reo de las obligaciones o deberes de las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª del apartado 1 del artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.
Art. 35Sustitución de penasDa nueva redacción al párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal: si el reo ha sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión solo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. Además, el Juez o Tribunal impondrá la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico y la observancia de las reglas 1.ª y 2.ª del apartado 1 del artículo 83.
Art. 36Protección contra las lesionesModifica el artículo 148 del Código Penal: las lesiones del apartado 1 del artículo anterior podrán castigarse con prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido, en cinco supuestos: armas, instrumentos o medios concretamente peligrosos; ensañamiento o alevosía; víctima menor de doce años o incapaz; víctima que sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; y persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
Art. 37Protección contra los malos tratosNuevo artículo 153 del Código Penal. Apartado 1 (ofendida esposa o pareja, actual o pasada, aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable conviviente): prisión de seis meses a un año o trabajos de 31 a 80 días, privación de armas de un año y un día a tres años e inhabilitación hasta cinco años. Apartado 2 (resto de personas del artículo 173.2): prisión de tres meses a un año e inhabilitación de seis meses a tres años. Mitad superior: menores presentes, armas, domicilio común o de la víctima, o quebrantamiento. El Juez puede imponer la pena inferior en grado razonándolo en sentencia.
Art. 38Protección contra las amenazasAñade los apartados 4, 5 y 6 al artículo 171 del Código Penal. Apartado 4 (amenaza leve a esposa o pareja, actual o pasada, aun sin convivencia, o a persona especialmente vulnerable conviviente): prisión de seis meses a un año o trabajos de 31 a 80 días, armas de un año y un día a tres años e inhabilitación especial hasta cinco años. Apartado 5 (con armas, a las demás personas del artículo 173.2): prisión de tres meses a un año, armas de uno a tres años e inhabilitación de seis meses a tres años. Mitad superior: menores, domicilio o quebrantamiento. Apartado 6: pena inferior en grado.
Art. 39Protección contra las coaccionesAñade un apartado 2 al artículo 172 del Código Penal: quien de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o pareja, aun sin convivencia, será castigado con prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, privación de armas de un año y un día a tres años e inhabilitación especial hasta cinco años. Igual pena si la víctima es persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Mitad superior: presencia de menores, domicilio común o de la víctima, o quebrantamiento. El Juez puede imponer la pena inferior en grado razonándolo en sentencia.
Art. 40Quebrantamiento de condenaModifica el artículo 468 del Código Penal. Apartado 1: quienes quebranten su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con prisión de seis meses a un año si estaban privados de libertad, y con multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. Apartado 2: se impondrá en todo caso prisión de seis meses a un año a quienes quebranten una pena del artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en que el ofendido sea alguna de las personas del artículo 173.2.
Art. 41Protección contra las vejaciones levesNuevo artículo 620 del Código Penal. Multa de diez a veinte días para quien amenace levemente con armas o las saque en riña (1.º) y para quien cause amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve (2.º), salvo que el hecho sea delito; solo perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. En el 2.º, si el ofendido es persona del artículo 173.2: localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos de cinco a diez días; no se exige denuncia, excepto para las injurias.
Art. 42Administración penitenciariaLa Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. Las Juntas de Tratamiento valorarán el seguimiento y aprovechamiento de esos programas por parte de dichos internos en tres decisiones: las progresiones de grado, la concesión de permisos y la concesión de la libertad condicional.
Art. 43Organización territorialNuevo artículo 87 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en su capital; toman su designación del municipio de su sede. Excepcionalmente pueden extenderse a dos o más partidos de la misma provincia. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, puede acordar, donde convenga por la carga de trabajo, que conozca de estos asuntos un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción. Si en el partido solo hay un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, los asume.
Art. 44CompetenciaAdiciona el artículo 87 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En lo penal, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen de la instrucción de los delitos que enumera y de los delitos contra los derechos y deberes familiares, de las órdenes de protección (sin perjuicio del Juez de Guardia) y del conocimiento y fallo de las faltas. En lo civil podrán conocer de siete materias, y su competencia es exclusiva y excluyente si concurren simultáneamente cuatro requisitos. El Juez puede inadmitir la pretensión si de forma notoria no hay violencia de género. La mediación está vedada.
Art. 45Recursos en materia penalAdiciona un ordinal 4.º al artículo 82.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. Para facilitar su conocimiento, y atendiendo al número de asuntos, deberán especializarse una o varias secciones conforme al artículo 98 de esa Ley Orgánica. La especialización se extiende a los supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial enjuiciar en primera instancia asuntos instruidos por esos Juzgados.
Art. 46Recursos en materia civilAdiciona un párrafo al artículo 82.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: las Audiencias Provinciales conocerán, asimismo, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. Para facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones conforme al artículo 98 de esa Ley Orgánica.
Art. 47FormaciónEl Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica sobre igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en esos cursos se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas y se tendrá en cuenta la violencia vicaria.
Art. 48Jurisdicción de los JuzgadosModifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial: los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido. No obstante, atendidas las circunstancias geográficas, de ubicación y población, podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atiendan a más de un partido judicial.
Art. 49Sede de los JuzgadosEl artículo 49 modifica el artículo 9 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Con la nueva redacción, tanto los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen su sede en la capital del partido.
Art. 50Planta de los Juzgados de Violencia sobre la MujerAñade el artículo 15 bis a la Ley 38/1988. La planta inicial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer es la del anexo XIII y se concreta por Real Decreto con tres criterios: crear juzgados donde la carga de trabajo lo aconseje; transformar Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento donde el volumen de asuntos no exija desarrollar la planta; y, si no hace falta un órgano específico, determinar, de existir varios, cuáles asumen la materia junto con el resto de su jurisdicción. Sirven Magistrados los de la capital de provincia y los demás del anexo XIII.
Art. 51Plazas servidas por MagistradosDa nueva redacción al apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988. El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, los de Primera Instancia e Instrucción y los de Violencia sobre la Mujer sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen esa cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija.
Art. 52Constitución de los JuzgadosIncluye el artículo 46 ter en la Ley 38/1988. El Gobierno, dentro del marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la Comunidad Autónoma afectada, procederá de forma escalonada y mediante Real Decreto a la constitución, compatibilización y transformación de Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción. Mientras las Comunidades Autónomas no fijen la sede de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se entiende situada en las poblaciones del anexo XIII.
Art. 53Notificación de las sentencias dictadas por TribunalesAñade un nuevo párrafo al artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la sentencia se le remitirá por testimonio, de forma inmediata y con indicación de si es o no firme.
Art. 54Especialidades en el supuesto de juicios rápidosAñade el artículo 797 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si la competencia es del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, diligencias y resoluciones se hacen en horas de audiencia. La Policía Judicial cita ante ese Juzgado en el día hábil más próximo entre los fijados reglamentariamente, y fija día y hora coordinadamente con él. El detenido se pone a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, solo para regularizar su situación personal, cuando no sea posible presentarlo ante el Juzgado competente. El Consejo General del Poder Judicial dicta los Reglamentos de coordinación.
Art. 55Notificación de las sentencias dictadas por Juzgado de lo PenalAñade un apartado 5 al artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la sentencia se le remite por testimonio de forma inmediata. También se le remiten la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia, esta última cuando sea revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente dictada.
Art. 56Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltasAñade un apartado 5 al artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si la competencia para conocer corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial hará las citaciones ante ese Juzgado en el día hábil más próximo y fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con él. El Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación.
Art. 57Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujerAñade el artículo 49 bis a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el acto de violencia ya dio lugar a proceso penal u orden de protección, el Juez civil de primera instancia se inhibe y remite los autos al Juez de Violencia sobre la Mujer, salvo iniciada la fase del juicio oral. Si no los hubo, cita a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal en las siguientes 24 horas; el Fiscal decide si denuncia o pide orden de protección en las 24 horas siguientes, y el Tribunal sigue conociendo hasta ser requerido de inhibición. La competencia civil de estos Juzgados es exclusiva y excluyente.
Art. 58Competencias en el orden penalModifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los juicios de faltas son del Juez de Instrucción, salvo competencia del Juez de Violencia sobre la Mujer o del Juez de Paz. El Juez de lo Penal falla los delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años, multa de cualquier cuantía u otras penas que no excedan de diez años; el resto, la Audiencia Provincial. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer instruyen los delitos de la lista, adoptan las órdenes de protección, sin perjuicio del Juez de Guardia, y fallan determinadas faltas.
Art. 59Competencia territorialAñade el artículo 15 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial se determina por el lugar del domicilio de la víctima. Ello se entiende sin perjuicio de la orden de protección o de las medidas urgentes del artículo 13 de esa Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.
Art. 60Competencia por conexiónAñade el artículo 17 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extiende a la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas, pero solo cuando la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del artículo 17 de esa misma Ley.
Art. 61Disposiciones generalesLas medidas de protección y seguridad del capítulo son compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento de los procesos civiles y penales. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez competente debe pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de adoptarlas, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de quienes convivan con ellas o estén bajo su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención o acogida, fijando su plazo y su régimen de cumplimiento.
Art. 62De la orden de protecciónRecibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia actúan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El precepto no describe la tramitación: indica quién actúa y a qué norma debe ajustarse.
Art. 63De la protección de datos y las limitaciones a la publicidadEn las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Además, los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.
Art. 64De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicacionesEl Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado del domicilio y prohibirle volver. Con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte con una agencia o sociedad pública la permuta del uso de la vivienda familiar por el de otra. Podrá prohibirle aproximarse a la persona protegida, a su domicilio, lugar de trabajo u otro que frecuente, fijando una distancia mínima, y prohibirle toda clase de comunicación, bajo apercibimiento de responsabilidad penal. Cabe el alejamiento aunque se hubiera abandonado antes el lugar. Pueden acordarse acumulada o separadamente.
Art. 65De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menoresEl Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerán. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.
Art. 66De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menoresEl Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si, en interés superior del menor, no la acordara, deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá ese régimen. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, a través de servicios de atención especializada, y realizará un seguimiento periódico de su evolución, en coordinación con dichos servicios.
Art. 67De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armasEl Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. La suspensión conlleva la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente.
Art. 68Garantías para la adopción de las medidasLas medidas restrictivas de derechos contenidas en el capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad. En todo caso, se adoptarán con intervención del Ministerio Fiscal y con respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa.
Art. 69Mantenimiento de las medidas de protección y seguridadLas medidas del capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. Cuando se mantengan, deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas.
Art. 70Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la MujerAñade el artículo 18 quáter al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado nombra, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala. Practica diligencias e interviene en procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General; interviene por delegación en procesos civiles; supervisa y coordina las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer; coordina criterios de las Fiscalías, y hace un informe semestral. Se le adscriben profesionales y expertos de forma permanente u ocasional.
Art. 71Secciones contra la violencia sobre la mujerModifica el artículo 18.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Habrá una Sección de Menores en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, y una Sección Contra la Violencia sobre la Mujer solo en estas dos últimas. Se adscriben Fiscales de sus plantillas, con preferencia de los especializados. La Sección interviene en los procedimientos penales y directamente en los procesos civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y lleva un registro de procedimientos.
Art. 72Delegados de la Jefatura de la FiscalíaDa nueva redacción al artículo 22.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Previo informe del Consejo Fiscal podrán designarse delegados de la Jefatura. En todo caso, en cada Fiscalía habrá un delegado para violencia de género, delitos contra el medio ambiente y vigilancia penitenciaria, con carácter exclusivo o compartido. Los nombra y releva el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe, oída la Junta de Fiscalía; si discrepa de la propuesta, su resolución debe ser motivada. Antes de la propuesta hay convocatoria entre los Fiscales de la plantilla.