Tema 7 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Artículo 89

El personal al servicio de las entidades locales está integrado por tres clases: funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual, que es el que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

Artículo 90

Cada Corporación local aprueba cada año, a través del Presupuesto, la plantilla, con todos los puestos reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Responde a racionalidad, economía y eficiencia, se ajusta a la ordenación general de la economía y los gastos de personal no pueden rebasar los límites generales. Las Corporaciones forman la relación de puestos de trabajo; el Estado fija las normas para confeccionarla, los puestos tipo y la carrera administrativa. Los Registros de personal, según normas del Gobierno, determinan las nóminas.

Artículo 91

Las Corporaciones locales forman públicamente su oferta de empleo según los criterios de la normativa básica estatal. La selección de todo el personal, funcionario o laboral, se hace de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y por concurso, oposición o concurso-oposición libre, garantizando en todo caso igualdad, mérito y capacidad, así como publicidad.

Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local

En lo no dispuesto en esta Ley, los funcionarios locales se rigen por el EBEP (Ley 7/2007), la restante legislación estatal de función pública y la autonómica (art. 149.1.18.ª CE). Con carácter general, los puestos de la Administración local y sus Organismos Autónomos los desempeña personal funcionario. Solo los funcionarios de carrera ejercen las funciones que impliquen participar directa o indirectamente en potestades públicas o en la salvaguardia de intereses generales, las de autoridad y las reservadas para garantizar objetividad, imparcialidad e independencia.

Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Secretaría (fe pública y asesoramiento legal preceptivo) y control y fiscalización interna, contabilidad, tesorería y recaudación son funciones reservadas a habilitados nacionales, en subescalas de Secretaría, Intervención-tesorería y Secretaría-intervención. El concurso estatal es la provisión normal (méritos: mínimo 80% generales, hasta 15% autonómicos, hasta 5% locales), con libre designación excepcional. Incoan la Corporación (leves), la CA (salvo muy graves) y el Ministerio (muy graves); sancionan el Ministro (muy graves), la CA (suspensión y destitución) y el órgano local (leves).

Artículo 93

Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tienen la misma estructura e idéntica cuantía que las fijadas con carácter general para toda la función pública. Las complementarias siguen la estructura y criterios de valoración objetiva del resto de funcionarios públicos; su cuantía global la fija el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que señale el Estado. Las Corporaciones reflejan anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones, en los términos de la legislación básica de función pública.

Artículo 94

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local es, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. También se les aplican las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.

Artículo 95

La participación de los funcionarios locales, a través de sus organizaciones sindicales, en la determinación de sus condiciones de empleo es la establecida con carácter general para todas las Administraciones Públicas en el Estatuto básico de la función pública.

Artículo 96

El Instituto de Estudios de Administración Local desarrollará cursos de perfeccionamiento, especialización y promoción para los funcionarios de las entidades locales. Colaborará en esas funciones con los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas y con las instituciones de este tipo que acuerden constituir las propias Corporaciones.

Artículo 97

Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de trabajo se publican en el «Boletín Oficial del Estado». Las bases se publican en el «Boletín Oficial de la Provincia», salvo las de las pruebas selectivas para obtener la habilitación de carácter nacional, que van al «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

La selección de los funcionarios es competencia de cada Corporación local, salvo la de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. No obstante, la Administración del Estado establece reglamentariamente: a) las reglas básicas y los programas mínimos del procedimiento de selección y formación; b) los títulos académicos exigidos para las pruebas selectivas y los Diplomas del Instituto de Estudios de Administración Local o de los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas que puedan exigirse como complemento.

Artículo 101

Los puestos vacantes que deban cubrir los funcionarios del artículo 100 se proveen en convocatoria pública por concurso de méritos o libre designación, según las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas. Además de los funcionarios propios de la entidad convocante, pueden participar funcionarios de cualquier Administración pública, supeditándose su participación a lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 102

Las pruebas de selección y los concursos de provisión de puestos del Capítulo se rigen por las bases que aprueba el Presidente de la Corporación, que también los convoca. En las pruebas selectivas, el tribunal u órgano similar eleva la relación de aprobados al Presidente, que hace el nombramiento. Al Presidente corresponde además la resolución motivada de los concursos de provisión, previa propuesta de esos órganos de selección.

Artículo 103

El personal laboral de las entidades locales lo selecciona la propia Corporación. Al hacerlo debe atenerse, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y respetar al máximo el principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos.

Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público local

Las Corporaciones locales aprueban cada año la masa salarial del personal laboral del sector público local, con los límites y condiciones básicos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Abarca la Entidad, sus organismos, entidades públicas empresariales, entes y sociedades mercantiles dependientes, consorcios adscritos y fundaciones constituidas con aportación mayoritaria o cuyo patrimonio fundacional permanente proceda en más de un 50 por 100 de esas entidades. Se publica en la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia (o de la Comunidad uniprovincial) en 20 días.

Artículo 104

El Pleno de cada Corporación fija, al comienzo de su mandato, el número, características y retribuciones del personal eventual; solo puede modificarlo al aprobar los presupuestos anuales. Su nombramiento y cese son libres y corresponden al Alcalde o Presidente de la entidad local. Cesan automáticamente cuando cesa o expira el mandato de la autoridad a la que asesoran o prestan confianza. Nombramientos, retribuciones y dedicación se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el de la Corporación.

Artículo 104 bis. Personal eventual de las Entidades Locales

Límites de personal eventual por población: 2.000-5.000, uno excepcionalmente si no hay concejales con dedicación exclusiva; hasta 10.000, uno; hasta 20.000, dos; hasta 50.000, siete; hasta 75.000, la mitad de concejales; hasta 500.000, el número de concejales; más de 500.000, el 0,7% de la plantilla (más seis, doce o dieciocho en el municipio mayor de un Área Metropolitana). Diputaciones: como el municipio más poblado de la provincia. Publicación semestral e informe trimestral del Presidente al Pleno.

Artículo 1. Objeto

El Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito y determinar las normas aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas. Refleja además doce fundamentos de actuación, de la a) a la l): entre ellos, servicio a los ciudadanos, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, transparencia, jerarquía y negociación colectiva. La objetividad, profesionalidad e imparcialidad se garantizan con la inamovilidad del funcionario de carrera.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al laboral de: la Administración General del Estado; las Administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla; las entidades locales; los organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas o dependientes; y las Universidades Públicas. Para el personal de investigación caben normas singulares. Docentes y estatutarios de los Servicios de Salud se rigen por legislación específica estatal y autonómica y por el Estatuto, con excepciones. Es supletorio para el personal no incluido.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales

El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación autonómica, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia

El Estatuto solo se aplica directamente, cuando lo disponga su legislación específica, a ocho colectivos: funcionarios de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas autonómicas; funcionarios de los demás Órganos Constitucionales y de los órganos estatutarios autonómicos; Jueces, Magistrados, Fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia; militares de las Fuerzas Armadas; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; personal retribuido por arancel; Centro Nacional de Inteligencia; y Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se rige por sus normas específicas y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Estatuto. Su personal laboral se rige por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública

En desarrollo del Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral

El personal laboral de las Administraciones públicas se rige por la legislación laboral, por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan. Excepción: en los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto, y no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensiones del contrato de trabajo por esos mismos supuestos de hecho.

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en cuatro clases: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos de la ley de desarrollo de cada Administración.

Artículo 10. Funcionarios interinos

Interinos: nombrados por necesidad y urgencia justificadas por: vacantes (máximo tres años); sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario); programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses por ley de Función Pública); exceso o acumulación de tareas (nueve meses dentro de dieciocho). Selección pública, por igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Cese de oficio y sin compensación. A los tres años la vacante solo la ocupa un funcionario de carrera, salvo proceso desierto; el interino permanece si la convocatoria se publicó en esos tres años.

Artículo 11. Personal laboral

Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas; el contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijarán los criterios para determinar los puestos que puede desempeñar, respetando el artículo 9.2. La selección es pública y se rige por igualdad, mérito y capacidad; en el laboral temporal, también por celeridad, para atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Artículo 12. Personal eventual

Personal eventual: nombrado con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y cobra de créditos consignados para ese fin. Las leyes de Función Pública determinan qué órganos de gobierno pueden tenerlo; el número máximo lo fijan los respectivos órganos de gobierno; número y retribuciones son públicos. Nombramiento y cese libres; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que sirve. No es mérito para el acceso ni para la promoción interna. Se le aplica, en lo adecuado, el régimen de los funcionarios de carrera.

Artículo 13. Personal directivo profesional

El Gobierno y los órganos de gobierno autonómicos podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo y los criterios para determinar su condición. Principios: es directivo quien desarrolla funciones directivas profesionales definidas como tales en las normas de cada Administración; se designa por mérito, capacidad e idoneidad, con publicidad y concurrencia; se evalúa por eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados; sus condiciones de empleo no son materia de negociación colectiva; si es laboral, relación especial de alta dirección.

Artículo 14. Derechos individuales

Derechos individuales de los empleados públicos: inamovilidad del funcionario de carrera; desempeño efectivo de sus funciones; progresión en la carrera y promoción interna; retribuciones e indemnizaciones; participar en los objetivos de su unidad y ser informado; defensa jurídica ante cualquier orden jurisdiccional; formación continua, preferentemente en horario laboral; respeto a la intimidad y dignidad; no discriminación; conciliación; intimidad y desconexión digital; libertad de expresión; seguridad y salud; vacaciones y permisos; jubilación; Seguridad Social; libre asociación profesional.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Los empleados públicos tienen cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos del artículo 46 del Estatuto.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional. Carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso. Las leyes de Función Pública pueden aplicar, aislada o simultáneamente: carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto), carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical (a un Subgrupo o Grupo superior) y promoción interna horizontal (cuerpos o escalas del mismo Subgrupo). Cabe progresar a la vez en ambas carreras si se implantan en un mismo ámbito.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera

Las leyes de Función Pública podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera aplicando, entre otras, dos reglas: a) un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, con remuneración fijada para cada uno y ascensos consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales; b) se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, y podrán incluirse otros méritos y aptitudes por la especificidad de la función y la experiencia adquirida.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera

La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que garanticen igualdad, mérito y capacidad y los principios del artículo 55.2. El funcionario debe poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener al menos dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y superar las pruebas selectivas. Las leyes de Función Pública articularán los sistemas de promoción interna y podrán determinar los cuerpos y escalas accesibles desde otros del mismo Subgrupo. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral

El personal laboral tiene derecho a la promoción profesional. Su carrera profesional y su promoción se hacen efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño

Las Administraciones Públicas establecerán sistemas de evaluación del desempeño, procedimiento que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Criterios: transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Sus efectos: carrera horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias. La continuidad en un puesto obtenido por concurso queda vinculada a la evaluación, con audiencia al interesado y resolución motivada. Carrera horizontal, complemento del 24 c) y cese del puesto de concurso exigen aprobar antes sistemas objetivos.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

Para cada ejercicio presupuestario, la correspondiente ley de presupuestos debe reflejar tres cosas: las cuantías de las retribuciones básicas de los funcionarios, el incremento de las cuantías globales de sus retribuciones complementarias y el incremento de la masa salarial del personal laboral. Además, no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios

Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas y complementarias. Básicas: retribuyen según la adscripción del cuerpo o escala a un Subgrupo o Grupo y la antigüedad en él; incluyen sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Complementarias: retribuyen las características del puesto, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados. Pagas extraordinarias: dos al año, cada una de una mensualidad de básicas y todas las complementarias, salvo las del artículo 24 c) y d). No cabe percibir participación en tributos u otros ingresos públicos ni premio en multas.

Artículo 23. Retribuciones básicas

Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y están integradas única y exclusivamente por dos conceptos: el sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (Grupo cuando no tenga Subgrupo), y los trienios, que son una cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y la estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios las establecen las correspondientes leyes de cada Administración Pública, atendiendo, entre otros, a estos factores: a) la progresión alcanzada en el sistema de carrera administrativa; b) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad del puesto o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o resultados obtenidos; d) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción (Grupo si no tiene Subgrupo). También perciben las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en que se les nombre. Se reconocen los trienios por servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente a partir de esa entrada en vigor.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas las determinan las Administraciones Públicas. El artículo solo fija un mínimo: deben corresponderse, al menos, con las del sueldo del Subgrupo o Grupo (Grupo cuando no tenga Subgrupo) en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral

Las retribuciones del personal laboral se determinan conforme a tres fuentes: la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. En todo caso debe respetarse lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.

Artículo 28. Indemnizaciones

Artículo 29. Retribuciones diferidas

Las Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial que fijen las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos y conforme a la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones

La parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y se aplica sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengan ni perciben las retribuciones del tiempo en que hayan permanecido en esa situación; esa deducción de haberes tampoco tiene carácter de sanción ni afecta al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

Artículo 31. Principios generales

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.

Artículo 33. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.

Artículo 34. Mesas de Negociación

Hay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.

Artículo 37. Materias objeto de negociación

Se negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos

Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación

Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Pueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.

Artículo 46. Derecho de reunión

Además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Las Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de sus funcionarios; la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Además, adoptarán medidas de flexibilización horaria para la conciliación de los empleados públicos con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y de quienes tengan necesidades de cuidado respecto de hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

Artículo 47 bis. Teletrabajo

El teletrabajo es la prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, si las necesidades del servicio lo permiten, fuera de las dependencias de la Administración mediante tecnologías de la información y comunicación. Requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y es voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. Quien teletrabaja tiene los mismos deberes y derechos, salvo los inherentes a la presencia. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos

Enfermedad grave u hospitalización de cónyuge, pareja, primer grado o conviviente, 5 días hábiles; segundo grado, 4. Fallecimiento: primer grado, 3 días hábiles en la misma localidad y 5 en distinta; segundo grado, 2 y 4. Traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Lactancia de hijo menor de doce meses, una hora de ausencia. Prematuros hospitalizados, hasta 2 horas diarias retribuidas. Familiar de primer grado con enfermedad muy grave, reducción de hasta el 50 %, retribuida, máximo un mes. Asuntos particulares, 6 días al año. Matrimonio o pareja de hecho, 15 días.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Nacimiento, adopción y progenitor distinto de la madre biológica: 19 semanas (32 en monoparentalidad): 6 obligatorias, 11 (22) dentro de los doce meses y 2 (4) hasta los ocho años. Hospitalización del neonato: hasta 13 semanas más. Discapacidad del hijo: 2 semanas más. Preaviso de quince días en el disfrute interrumpido. Adopción internacional: hasta dos meses con retribuciones básicas. Violencia de género: retribuciones íntegras si la jornada se reduce un tercio o menos. Cáncer: reducción de al menos la mitad, hasta los 23 años. Permiso parental: hasta ocho semanas, no retribuido.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos

Los funcionarios tienen derecho, cada año natural, a veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas, o a la parte proporcional si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no son hábiles a estos efectos. Si un permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o el embarazo impide disfrutarlas, pueden disfrutarse después, siempre que no pasen más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron. No se sustituyen por dinero, salvo conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del funcionario.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

El régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral no se detalla en este artículo: se limita a indicar que se estará a lo establecido en este capítulo del Estatuto y en la legislación laboral correspondiente. Son, por tanto, dos fuentes a la vez: el capítulo y la legislación laboral.

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 53. Principios éticos

Principios éticos: respetar la Constitución y el ordenamiento; perseguir los intereses generales con objetividad, imparcialidad e interés común; lealtad y buena fe; respeto de los derechos fundamentales sin discriminación; abstenerse si hay interés personal; no contraer obligaciones económicas con conflicto de intereses; no aceptar tratos de favor de personas físicas o entidades privadas; eficacia, economía y eficiencia; no influir en la agilización de trámites sin justa causa; diligencia y resolver en plazo; dedicación al servicio público; secreto de las materias clasificadas y discreción.

Artículo 54. Principios de conducta

Principios de conducta: tratar con atención y respeto a ciudadanos, superiores y demás empleados; cumplir jornada y horario; obedecer las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento, que se comunica inmediatamente a los órganos de inspección; informar a los ciudadanos; administrar los bienes públicos con austeridad; rechazar regalos que excedan de los usos habituales, sociales y de cortesía; garantizar la constancia de los documentos; mantener actualizada la formación; observar la seguridad y salud laboral; proponer mejoras; atender en la lengua oficial solicitada.

Artículo 55. Principios rectores

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones, entidades y organismos del artículo 2 seleccionan a su personal funcionario y laboral garantizando esos principios y estos: publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en su actuación; adecuación entre el contenido de los procesos y las funciones o tareas; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

Artículo 56. Requisitos generales

Para participar en procesos selectivos hay que reunir cinco requisitos: nacionalidad española (sin perjuicio del artículo siguiente), capacidad funcional, dieciséis años cumplidos sin exceder la edad máxima de jubilación forzosa (otra edad máxima, solo por ley), no estar separado por expediente disciplinario ni inhabilitado por resolución judicial, y la titulación exigida. Caben otros requisitos específicos con relación objetiva y proporcionada con funciones y tareas, establecidos de manera abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados

Los nacionales de Estados miembros de la UE acceden como funcionarios en igualdad con los españoles, salvo a empleos que impliquen participar en el ejercicio del poder público o salvaguardar intereses del Estado o de las Administraciones. Se aplica al cónyuge no separado de derecho y a descendientes menores de veintiún años o mayores dependientes, y a personas incluidas en Tratados de la UE ratificados por España con libre circulación de trabajadores. Los extranjeros con residencia legal acceden como personal laboral. Eximir de la nacionalidad: solo por ley.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para que accedan a ellas los funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de las pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para su puesto en el organismo internacional.

Artículo 59. Personas con discapacidad

En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las tareas, hasta alcanzar progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración. Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas es para discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo. Cada Administración adopta adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso y, superado este, en el puesto.

Artículo 60. Órganos de selección

Los órganos de selección son colegiados; su composición se ajusta a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tiende a la paridad entre mujer y hombre. No pueden formar parte de ellos el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia es siempre a título individual: no cabe ostentarla en representación o por cuenta de nadie.

Artículo 61. Sistemas selectivos

Procesos abiertos y de libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y la discriminación positiva. Si se valoran méritos, su puntuación será proporcionada y no determinará por sí misma el resultado. Funcionarios de carrera: oposición y concurso-oposición; concurso solo por ley y con carácter excepcional. Laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso. No pueden proponerse más aprobados que plazas, salvo que lo prevea la convocatoria; ante renuncias, el órgano convocante puede pedir al de selección una relación complementaria.

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera

La condición de funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente cuatro requisitos: superar el proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Quien, superado el proceso, no acredite reunir los requisitos de la convocatoria no podrá ser funcionario y sus actuaciones quedarán sin efecto.

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera

Cinco causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: la renuncia a la condición de funcionario; la pérdida de la nacionalidad; la jubilación total del funcionario; la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia

La renuncia voluntaria a la condición de funcionario se manifiesta por escrito y la Administración la acepta expresamente. No puede aceptarse si el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o se ha dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad

Perder la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento (la española, la de otro Estado miembro de la Unión Europea o la de Estados con libre circulación de trabajadores por tratados celebrados por la Unión Europea y ratificados por España) determina la pérdida de la condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público

La inhabilitación absoluta, como pena principal o accesoria, cuando la sentencia que la impone ha adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. La inhabilitación especial, también principal o accesoria y con sentencia firme, la produce solo respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Artículo 67. Jubilación

La jubilación del funcionario puede ser voluntaria (a solicitud suya, si reúne los requisitos del Régimen de Seguridad Social aplicable), forzosa (de oficio a los sesenta y cinco años) o por incapacidad permanente. Cabe solicitar la prolongación en el servicio activo como máximo hasta los setenta años; la Administración competente resuelve de forma motivada. Se excluye a quienes tengan normas estatales específicas de jubilación. En el Régimen General, la edad forzosa es la de sus normas para la pensión contributiva sin coeficiente reductor por edad.

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario

Hay dos vías de rehabilitación. Si la relación de servicios se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado puede solicitarla una vez desaparecida la causa objetiva, y le será concedida. Si la condición se perdió por condena a pena principal o accesoria de inhabilitación, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán concederla con carácter excepcional, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito; sin resolución expresa en plazo, se entiende desestimada.

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación

La planificación de recursos humanos busca la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos económicos, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Las Administraciones podrán aprobar Planes de ordenación con medidas como: análisis de disponibilidades y necesidades de personal, previsiones sobre organización del trabajo y estructuras de puestos, movilidad, promoción interna, formación y movilidad forzosa, e incorporaciones por Oferta de empleo público.

Artículo 70. Oferta de empleo público

Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso son objeto de la Oferta de empleo público o instrumento similar. Ello obliga a convocar los procesos selectivos de las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo de convocatoria. La ejecución debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años. Se aprueba anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, debe publicarse en el Diario oficial correspondiente y puede contener medidas de planificación.

Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos

Cada Administración Pública constituirá un Registro con los datos del personal de los artículos 2 y 5 del Estatuto, atendiendo a las peculiaridades de determinados colectivos. Los Registros podrán disponer también de información agregada sobre los restantes recursos humanos de su sector público. Por convenio de Conferencia Sectorial se fijan los contenidos mínimos comunes y los criterios de intercambio homogéneo de información, con respeto a la protección de datos. Si una Entidad Local carece de capacidad financiera o técnica, cooperan el Estado y las Comunidades Autónomas.

Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos

Las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos en el marco de sus competencias de autoorganización. Lo hacen de acuerdo con las normas que regulan cuatro materias —la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones— y conforme a lo previsto en el capítulo en el que se inserta el artículo.

Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo

Los empleados públicos tienen derecho a desempeñar un puesto de trabajo según el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del Estatuto. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las de su puesto si son adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen y sin merma en las retribuciones. Los puestos podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad.

Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización mediante relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares. Su contenido mínimo («al menos») es: la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Estos instrumentos serán públicos.

Artículo 75. Cuerpos y escalas

Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. Los cuerpos y escalas se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Toda referencia de la ley a cuerpos y escalas comprende igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.

Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera

Los cuerpos y escalas se clasifican según la titulación exigida para el acceso. Grupo A, con dos Subgrupos (A1 y A2): título universitario de Grado, o el otro título universitario que exija la ley; la clasificación en cada Subgrupo depende del nivel de responsabilidad de las funciones y de las características de las pruebas de acceso. Grupo B: título de Técnico Superior. Grupo C, con dos Subgrupos según la titulación exigida para el ingreso: C1, Bachiller o Técnico; C2, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 77. Clasificación del personal laboral

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

Las Administraciones Públicas proveen los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La provisión se lleva a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Las leyes de Función Pública de desarrollo podrán establecer otros procedimientos para: la movilidad del artículo 81.2, permutas entre puestos, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos y supresión de los mismos.

Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

El concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos: valora méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes, por órganos colegiados de carácter técnico. Su composición responde a profesionalidad y especialización y se adecúa a la paridad entre mujer y hombre; su funcionamiento, a imparcialidad y objetividad. Las leyes de Función Pública fijan el plazo mínimo de ocupación para volver a concursar. Víctimas del terrorismo o amenazados pueden recibir una puntuación que, como máximo, alcance la de la antigüedad. Si hay supresión o remoción, se asigna otro puesto.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera

La libre designación con convocatoria pública es la apreciación discrecional, por el órgano competente, de la idoneidad de los candidatos respecto de los requisitos del puesto. Las leyes de Función Pública de desarrollo fijan los criterios para determinar los puestos que, por su especial responsabilidad y confianza, pueden cubrirse así. El órgano competente para el nombramiento puede recabar la intervención de especialistas. Los titulares pueden ser cesados discrecionalmente, pero tras el cese se les debe asignar un puesto conforme al sistema de carrera de cada Administración.

Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera

Cada Administración puede establecer reglas para ordenar la movilidad voluntaria si aprecia sectores prioritarios con necesidades específicas de efectivos. De manera motivada, por necesidades de servicio o funcionales, puede trasladar a sus funcionarios a unidades, departamentos u organismos o entidades distintos, respetando retribuciones y condiciones esenciales de trabajo. Si excepcionalmente hay cambio de residencia, se prioriza la voluntariedad. El traslado forzoso da derecho a indemnización. En urgente e inaplazable necesidad cabe la provisión provisional, con convocatoria pública.

Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista

Las mujeres víctimas de violencia de género o sexual obligadas a abandonar su puesto en la localidad tienen derecho al traslado a otro puesto de su cuerpo, escala o categoría, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Los funcionarios víctimas del terrorismo y los funcionarios amenazados, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o sentencia judicial firme, lo tienen cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, si no, dentro de la comunidad autónoma. En ambos casos el traslado es forzoso y se protege la intimidad.

Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral

La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se realizan, en primer lugar, de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación. En su defecto, se acude al sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente por convenio de Conferencia Sectorial. Quien obtiene destino en otra Administración queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Si pierde el puesto de concurso, permanece en la de destino. Tras el cese en libre designación, la de destino tiene un mes para adscribirlo o comunicar que no lo hará; luego el funcionario tiene un mes para pedir el reingreso en origen y, si no lo pide, pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera se hallan en servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. Las leyes de Función Pública de desarrollo pueden regular otras situaciones cuando concurra, entre otras, alguna de estas circunstancias: imposibilidad transitoria de asignar puesto por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, o conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo; acceso a otros cuerpos o escalas, o paso al sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Artículo 86. Servicio activo

Están en servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública de desarrollo del Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad de destino, y no les corresponda otra situación. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a sus deberes y responsabilidades. Se rigen por el Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales

Pasa a servicios especiales, entre otros supuestos, quien es miembro del Gobierno o alto cargo, realiza una misión internacional superior a seis meses, es Diputado, Senador o parlamentario autonómico con retribuciones periódicas, desempeña cargos electivos locales retribuidos y de dedicación exclusiva, es personal eventual y no opta por el servicio activo, o es activado como reservista voluntario. Percibe las retribuciones del cargo, más los trienios; el tiempo computa para ascensos, trienios, promoción interna y Seguridad Social, y puede reingresar, al menos, en la misma localidad.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas

Quien obtiene destino en otra Administración por transferencias o por provisión de puestos queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Los transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en su Función Pública, en servicio activo en ella, respetando Grupo o Subgrupo y derechos económicos, y mantienen sus derechos en origen. Los que obtuvieron puesto por provisión se rigen por la legislación de la Administración de destino, conservan su condición de funcionario de la de origen y pueden participar en sus convocatorias; ese tiempo computa como servicio activo en origen.

Artículo 89. Excedencia

Modalidades: voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por violencia de género o sexual y por violencia terrorista. Interés particular: cinco años de servicios inmediatamente anteriores, subordinada a las necesidades del servicio, sin retribuciones ni cómputo. Cuidado de hijo o de familiar hasta segundo grado: máximo tres años, computable, reserva del puesto al menos dos años. Violencia de género: reserva seis meses, prorrogable por tres meses hasta dieciocho, y retribuciones íntegras los dos primeros meses.

Artículo 90. Suspensión de funciones

El funcionario en suspensión queda privado, mientras dure, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. Si la suspensión excede de seis meses, pierde el puesto de trabajo. La suspensión firme se impone por sentencia dictada en causa criminal o por sanción disciplinaria; la disciplinaria no puede exceder de seis años. El suspenso no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en sus organismos, agencias o entidades de derecho público. Cabe también la suspensión provisional durante un procedimiento judicial o expediente disciplinario.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo

Los plazos, procedimientos y condiciones para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera se regulan reglamentariamente, según las situaciones administrativas de procedencia. Esa regulación ha de respetar el derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación. Los convenios colectivos pueden determinar que este capítulo se aplique al personal incluido en su ámbito de aplicación, pero solo en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

Funcionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.

Artículo 96. Sanciones

Sanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.

Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan entre sí, en las materias objeto del Estatuto, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, respetando en todo caso el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

Artículo 100. Órganos de cooperación

La Conferencia Sectorial de Administración Pública es el órgano de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la Administración Local, cuyos representantes designa la Federación Española de Municipios y Provincias. Crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público, órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia: impulsa los principios constitucionales en el acceso, estudia los proyectos de legislación básica y elabora estudios e informes, que se remiten a los sindicatos de la Mesa General. Elabora sus propias normas de organización y funcionamiento.

Disposición adicional séptima. Planes de igualdad

Las Administraciones Públicas deben respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y evitar toda discriminación laboral entre mujeres y hombres. Al inicio de cada legislatura aprobarán un Plan para la Igualdad, que fija objetivos y medidas, se negocia con la representación legal de los empleados públicos y se evalúa anualmente. Se crea, en el plazo de 3 meses, un Registro de Planes de Igualdad adscrito al departamento con competencias en función pública, al que se remiten los planes y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Disposición adicional decimoséptima. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público

Las Administraciones Públicas deben evitar irregularidades en la contratación laboral temporal y en los nombramientos de interinos; las actuaciones irregulares generan responsabilidades. Es nulo de pleno derecho todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria que suponga incumplir los plazos máximos de permanencia como personal temporal. El interino afectado recibe veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, hasta doce mensualidades, salvo cese disciplinario o renuncia voluntaria; el laboral temporal, la diferencia entre ese máximo y su indemnización.

Artículo 126

Las plantillas comprenden todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, y se aprueban anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto. Pueden ampliarse si el incremento del gasto se compensa reduciendo otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables, o si deriva de servicios obligatorios impuestos por disposiciones legales. Modificarlas durante la vigencia del Presupuesto exige los trámites de modificación de este. Las relaciones de puestos se confeccionan según el artículo 90.2 de la Ley 7/1985.

Artículo 127

Aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remite copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días. Ello es sin perjuicio de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen del Presupuesto.

Artículo 128

Las Corporaciones locales aprueban y publican anualmente la oferta de empleo público dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública. No cabe nombrar interinos para plazas no incluidas en la oferta, salvo vacantes realmente producidas con posterioridad a su aprobación. El interino cesa automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados, y los nuevos interinos se nombran para las plazas que continúen vacantes una vez concluidos los procesos selectivos.

Artículo 129

Gobierno, a propuesta del Ministro de Administración Territorial: límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias, límites generales a los gastos de personal, normas básicas de la carrera administrativa y demás normas básicas por Real Decreto. Ministerio: normas para confeccionar las relaciones de puestos y habilitados nacionales. Órganos de la Corporación: las restantes, como aprobar plantillas y relaciones de puestos, escalas, subescalas y clases, e ingreso en Administración Especial; estos acuerdos se comunican al Ministerio y al órgano autonómico en treinta días.

Artículo 130

Son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. Son funcionarios de carrera los que, en virtud de nombramiento legal, desempeñan servicios de carácter permanente en una Entidad local, figuran en las correspondientes plantillas y perciben sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del presupuesto de las Corporaciones.

Artículo 131

Los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se integran en las escalas, subescalas, clases y categorías de cada Corporación, con arreglo a lo que previene la propia Ley. Las subescalas, clases y categorías quedan agrupadas, conforme a la legislación básica del Estado, en los grupos que esta determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso.

Artículo 132

Corresponde a los funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones señaladas en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como las que, en su desarrollo y en orden a la clasificación de puestos, se determinen en las normas estatales sobre confección de las relaciones de puestos de trabajo y descripción de puestos de trabajo-tipo.

Artículo 133

El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local se ajusta a la legislación básica del Estado sobre función pública. Se establece teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, e incluye a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.

Artículo 134

Las convocatorias son siempre libres, pero puede reservarse a promoción interna hasta un máximo del 50 por 100 de las plazas convocadas, para funcionarios que reúnan la titulación y demás requisitos exigidos en la convocatoria. Se aplican las normas de la propia Ley y las que dicte el Estado en uso de las autorizaciones de los artículos 98.1 y 100.2 de la Ley 7/1985; en lo no previsto en ellas, la reglamentación de ingreso en la función pública de la respectiva Comunidad Autónoma, y supletoriamente el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado.

Artículo 135

Para ser admitido a las pruebas de acceso a la Función Pública local es necesario: ser español; tener cumplidos 18 años de edad; estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones; y no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Artículo 136

El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos corresponde al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación que, por delegación de aquel, ostente la jefatura directa de personal. Es nulo el nombramiento como funcionario de la Entidad local de quienes estén incursos en causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente. Idénticas reglas se aplican al personal interino a que se refiere el artículo 128.2.

Artículo 137

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de cuatro requisitos: superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos de formación preceptivos; nombramiento conferido por la autoridad competente; prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida; y tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente.

Artículo 138

La condición de funcionario de carrera de la Administración local se pierde por renuncia, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria de separación del servicio, pena de inhabilitación absoluta o especial y jubilación forzosa o voluntaria. La renuncia no inhabilita para nuevo ingreso. Recuperada la nacionalidad, se puede solicitar la rehabilitación. La pérdida por separación del servicio o por inhabilitación es definitiva, sin perjuicio de los supuestos de rehabilitación. La relación funcionarial cesa durante el tiempo de la condena a la pena de suspensión de cargo público.

Artículo 139

La jubilación de los funcionarios tiene lugar: forzosamente por cumplimiento de la edad; de oficio o a petición del interesado, por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones; y a instancia del interesado, por haber cumplido sesenta años de edad y completado treinta años de servicios efectivos. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir los sesenta y cinco años. Los derechos pasivos se rigen por su legislación específica, que deberá ser homologada a la normativa general de los funcionarios civiles del Estado.

Artículo 140

Los funcionarios de carrera de la Administración local pueden hallarse en estas situaciones: servicio activo, servicio en Comunidades Autónomas, excedencia forzosa o voluntaria, servicios especiales y suspensión. Se regulan por la normativa básica estatal y por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local.

Artículo 141

Se asegura a los funcionarios de carrera en las Entidades locales el derecho al cargo, sin perjuicio de su adscripción a unos u otros puestos de trabajo por los órganos competentes. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional gozan, asimismo, del derecho a la inamovilidad en la residencia; los demás funcionarios también, en cuanto el servicio lo consienta. Las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el ejercicio de sus cargos y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales debidos a su rango y a la dignidad de la función pública.

Artículo 142

Los funcionarios de la Administración local tienen derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva. Supletoriamente, tienen derecho a las previstas en la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.

Artículo 143

Las Entidades locales están obligadas, en los términos de la legislación vigente, a facilitar a sus funcionarios una adecuada asistencia médico-farmacéutica, que incluirá la quirúrgica y de especialidades. Ello se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional de esta Ley y en las disposiciones dictadas en su desarrollo.

Artículo 144

Los funcionarios de Administración local tienen las obligaciones determinadas por la legislación sobre función pública de la correspondiente Comunidad Autónoma y, en todo caso, las previstas en la legislación básica del Estado sobre función pública.

Artículo 145

El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración local es el establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración local.

Artículo 146

Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus cargos se califican de leves, graves y muy graves. Prescriben: las leves, al mes; las graves, a los dos años; las muy graves, a los seis años. La forma de computar esos plazos de prescripción se determinará reglamentariamente.

Artículo 147

Las faltas muy graves son las tipificadas por la legislación básica de la función pública. Las faltas graves y leves son las establecidas en la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, en la legislación de funcionarios civiles del Estado.

Artículo 148

Sanciones: a) apercibimiento, b) deducción proporcional de las retribuciones, c) suspensión de funciones, d) destitución del cargo, e) separación del servicio. Leves: sólo a) y b); las de puntualidad y asistencia leves, deducción proporcional. Graves: b), c) y d). Muy graves: c), d) y e). La d) sólo se aplica a funcionarios con habilitación de carácter nacional; a ellos no se les aplica la suspensión por más de un año, sustituida por destitución con prohibición de nuevo destino por un máximo de tres años. La suspensión firme determina la pérdida del puesto de trabajo.

Artículo 149

No se pueden imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino en virtud de expediente instruido al efecto con audiencia del interesado; la tramitación del expediente se rige por las disposiciones reglamentarias correspondientes. Las faltas leves pueden ser corregidas sin necesidad de instruir expediente, dando audiencia, en todo caso, al interesado.

Artículo 150

Incoan los expedientes disciplinarios: el Presidente de la Corporación, en todo caso, o el miembro que por delegación suya ostente la jefatura directa del personal; y la Dirección General de Administración Local, para funcionarios con habilitación de carácter nacional, por faltas cometidas en Corporación distinta de aquélla en la que presten servicios o cuando, por la gravedad de los hechos, pudiera dar lugar a destitución o separación del servicio. Quien incoa nombra Instructor, decreta o alza la suspensión provisional e instruye diligencias previas.

Artículo 151

Imponen las sanciones por faltas graves o muy graves al resolver el expediente: a) el Ministro de Administraciones Públicas, la destitución del cargo o la separación del servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional, y su suspensión de funciones cuando la falta se cometió en Corporación distinta de la que prestan servicios actualmente; b) el Pleno de la Corporación, las sanciones a funcionarios con habilitación de carácter nacional no comprendidas en a) y la separación del servicio de otros funcionarios cuyo nombramiento esté atribuido a la Corporación.

Artículo 152

Las sanciones disciplinarias se anotan en las hojas de servicios de los funcionarios y, en todo caso, en el Registro de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación se rige por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la de funcionarios civiles del Estado. Los separados del servicio por sanción disciplinaria podrán ser rehabilitados acreditando la cancelación de antecedentes penales, en su caso, el cumplimiento de las responsabilidades y una conducta acreedora a ello a juicio de la autoridad que deba decidir.

Artículo 153

Los funcionarios de Administración local sólo son remunerados por sus Corporaciones respectivas y por los conceptos del artículo 23 de la Ley 30/1984. Por eso no pueden participar en la distribución de fondos de ninguna clase ni cobrar remuneraciones distintas, ni siquiera por confección de proyectos, dirección o inspección de obras, presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes e informes. Las cantidades de esos fondos se incluyen en el presupuesto de ingresos de las Corporaciones. Estructura, criterios de valoración y cuantías se rigen por el artículo 93 de la Ley 7/1985.

Artículo 154

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año fija los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales. Si se refieren a la cuantía global de las retribuciones de los funcionarios, se entienden sin perjuicio de las ampliaciones de plantillas del artículo 126.2 y 3. Aun así, la Ley de Presupuestos u otras leyes especiales o coyunturales pueden fijar reglas específicas o limitar las retribuciones individuales. La ordenación del pago de gastos de personal tiene preferencia sobre cualquier otro con cargo a los fondos de la Entidad.

Artículo 155

Si un funcionario presta servicios sucesivamente en distintos cuerpos o, en su caso, subescalas, clases o categorías, tiene derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los anteriores. Si cambia de cuerpo o, en su caso, de subescala, clase o categoría antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considera tiempo de servicio prestado en el nuevo a que pase a pertenecer.

Artículo 156

El disfrute de las retribuciones complementarias no crea derechos adquiridos en favor de los funcionarios. La salvedad que recoge el artículo es lo establecido legalmente respecto del grado consolidado en relación con el nivel de complemento de destino.

Artículo 157

La ayuda familiar y las indemnizaciones por razón del servicio o por residencia en ciertos lugares del territorio nacional del personal al servicio de las Corporaciones locales que tenga derecho a ellas son las mismas que correspondan al personal al servicio de la Administración del Estado. En ningún caso hay derecho a percibir indemnización por casa-habitación.

Artículo 158

La obtención de la habilitación de carácter nacional se rige por lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por las normas reglamentarias que la desarrollen. El artículo no añade reglas propias: señala dónde está la regulación.

Artículo 159

Crear, suprimir y clasificar los puestos reservados a habilitados de carácter nacional es competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas, según los límites de población, presupuesto y demás circunstancias que fije reglamentariamente la Administración del Estado. A solicitud de ciertos municipios (población muy superior a la residente en importantes temporadas, centro de comarca y otras análogas), la Comunidad Autónoma puede clasificar el puesto en categoría superior a la de su población. El Gobierno regula la situación de los funcionarios cuyo puesto cambie de clasificación.

Artículo 160

La provisión de puestos vacantes reservados a habilitados de carácter nacional se rige por el artículo 99 de la Ley 7/1985; en Madrid y Barcelona se tiene en cuenta su Disposición adicional sexta. Las Comunidades Autónomas pueden hacer nombramientos provisionales, de acuerdo con las Corporaciones afectadas y previa conformidad de los interesados, y revocarlos de acuerdo con la Corporación. También pueden autorizar acumulaciones (vacante, ausencia o enfermedad, en entidad local próxima), conferir comisiones de servicios y autorizar permutas.

Artículo 161

En todas las entidades locales existe, al menos, un puesto con la responsabilidad administrativa de la función del artículo 92.3 a) de la Ley 7/1985. La Administración del Estado determina reglamentariamente cuándo procede agrupar Municipios u otras entidades para sostenerlo en común como puesto único; las agrupaciones las acuerda el órgano competente de la Comunidad Autónoma, que también clasifica los puestos resultantes. Las entidades sin medios y no agrupadas quedan dispensadas cuando lo determine el Estado: sus funciones pasan a los servicios de asistencia o a la acumulación.

Artículo 162

La función de la Secretaría comprende dos cometidos: el asesoramiento legal preceptivo de la Corporación, así como de su Presidencia y Comisiones, y la fe pública de todos los actos y acuerdos. El alcance y contenido de esa función lo determina reglamentariamente la Administración del Estado.

Artículo 163

En las Entidades locales en que lo establezca reglamentariamente la Administración del Estado existe, al menos, un puesto de trabajo distinto del previsto en el artículo 161 con la responsabilidad administrativa de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad. En las restantes Entidades locales, esas funciones forman parte de las que legalmente corresponden a los puestos del artículo 161.

Artículo 164

En las Entidades locales del número 1 del artículo anterior existe también un puesto específico con la responsabilidad administrativa de las funciones de tesorería, que incluye el manejo y custodia de fondos y valores de la Entidad, y recaudación, que implica la Jefatura de los Servicios correspondientes; su alcance y contenido lo determina reglamentariamente la Administración del Estado. El habilitado que lo desempeñe debe constituir fianza antes de entrar en posesión, igual que cualquier otro funcionario o miembro de la Corporación que se haga cargo de esa responsabilidad.

Artículo 165

Además de los puestos mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de los artículos anteriores, las Corporaciones locales pueden crear otros puestos reservados igualmente a esos funcionarios, en los términos que determine reglamentariamente la Administración del Estado. La clasificación de esos puestos corresponde a las Comunidades Autónomas. En todo caso, su provisión se ajusta al sistema general del artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 166

Lo dispuesto en los artículos anteriores no impide asignar a los puestos de trabajo a que se refieren otras funciones distintas o complementarias. Las funciones complementarias se asignan a través de la relación de puestos de trabajo. Mientras esta no haya sido aprobada por el Pleno de la Corporación, el Presidente de la Entidad, en uso de sus atribuciones básicas de dirección de la administración, puede encomendar ese tipo de funciones a los funcionarios que desempeñan dichos puestos.

Artículo 167

Los funcionarios de carrera de la Administración local sin habilitación de carácter nacional se integran en las escalas de Administración General y Administración Especial de cada Corporación, agrupadas en grupos conforme a la legislación básica del Estado sobre función pública, según la titulación exigida para su ingreso. Administración General: subescalas Técnica, De gestión, Administrativa, Auxiliar y Subalterna. Administración Especial: Técnica y De Servicios Especiales. Cada Corporación crea las Escalas, Subescalas y clases y clasifica en ellas a los funcionarios, según esta Ley.

Artículo 168

La provisión de los puestos de trabajo que, de conformidad con la relación aprobada, estén reservados a funcionarios de carrera o puedan ser desempeñados por ellos se rige por las normas que dicte la Administración del Estado en desarrollo de la legislación básica en materia de función pública local.

Artículo 169

La Escala de Administración General desempeña las funciones comunes a la actividad administrativa. Tareas: Técnica, gestión, estudio y propuesta de nivel superior; Gestión, apoyo a esas funciones; Administrativa, trámite y colaboración; Auxiliar, mecanografía, archivo y similares; Subalternos, vigilancia y custodia interior. Ingreso: Técnica, Administrativa y Auxiliar por oposición libre; Subalterna por concurso, oposición o concurso-oposición libre, según acuerdo de la Corporación. Promoción interna: 25 por 100 en la Técnica y 50 por 100 en la Administrativa, con cinco años de servicios.

Artículo 170

Son funcionarios de Administración Especial los que tienen atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio. Los puestos de funcionarios de servicios especiales pueden existir en cualquier clase de Corporación. El personal de los Servicios de Informática de las Corporaciones locales que no resulte incluido en las Subescalas de Administración General se clasifica, según la naturaleza de su especialidad y los títulos exigidos para su ingreso, en la clase que corresponda de las Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales.

Artículo 171

Pertenecen a la Subescala Técnica de Administración Especial quienes desarrollan tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio las leyes exigen determinados títulos académicos o profesionales. Por el carácter y nivel del título se dividen en Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares. Ingreso: oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, con el título correspondiente, sin perjuicio de las normas que pueda dictar la Administración del Estado. Los Médicos de la Beneficencia Provincial: regulación específica o estos procedimientos.

Artículo 172

Pertenecen a la Subescala de Servicios Especiales los funcionarios que desarrollan tareas que requieren una aptitud específica y para cuyo ejercicio no se exige, con carácter general, la posesión de títulos académicos o profesionales determinados. Sin perjuicio de las peculiaridades de cada Corporación, comprende estas clases: Policía Local y sus auxiliares, Servicio de Extinción de Incendios, Plazas de Cometidos Especiales, Personal de Oficios y Agentes forestales y medioambientales. Ingreso: oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva.

Artículo 173

La Policía Local ejerce sus funciones de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo no detalla esas funciones: se limita a esa remisión.

Artículo 174

La clase de cometidos especiales comprende al personal de las Bandas de Música y a los restantes funcionarios que realicen tareas de carácter predominantemente no manual, no comprendidas en el artículo 171.1, en las diversas ramas o sectores de actuación de las Corporaciones locales. Se subdividen en categorías según el nivel de titulación exigido.

Artículo 175

Se integran en la clase de Personal de Oficios los funcionarios que realizan tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Dentro de cada uno se clasifican en Encargado, Maestro, Oficial, Ayudante y Operario, según el grado de responsabilidad o de especialización, siendo necesario en todo caso poseer la titulación exigida para el ingreso. Ello sin perjuicio de que estas tareas no tengan la consideración de funciones públicas del artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 175 bis

Se integran en la clase de agentes forestales y medioambientales las personas funcionarias que tengan asignadas funciones de vigilancia, policía y custodia de bienes medioambientales y forestales. El acceso requiere disponer de la titulación exigida en función del subgrupo de clasificación, de los previstos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el que se incluya la categoría correspondiente.

Artículo 176

El personal eventual se rige por el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Sus puestos reservados deben figurar en la plantilla de personal de la Corporación. Puede desempeñar determinados puestos de carácter directivo incluidos en la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con las normas que dicte el Estado para su confección; en ese caso debe reunir las condiciones específicas exigidas a los funcionarios que puedan desempeñarlos. En ningún caso el desempeño de un puesto reservado a este personal constituye mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna.

Artículo 177

La selección del personal laboral se rige por el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. La contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial y demás modalidades previstas en la legislación laboral, y el régimen de esas relaciones es, en su integridad, el de las normas de Derecho Laboral. Es nulo el contrato laboral por tiempo indefinido celebrado por una Entidad local con persona incursa en alguna de las causas de incapacidad específica que sean de aplicación a los funcionarios y al personal interino.

Artículo 6

Son faltas muy graves: incumplir la fidelidad a la Constitución; discriminación; abandono de servicio; acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; publicar o usar indebidamente secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento con inhibición; violar la neutralidad política para influir en procesos electorales; incumplir las incompatibilidades; obstaculizar libertades públicas y derechos sindicales; coartar la huelga; hacer huelga teniéndola prohibida por ley; desatender servicios esenciales en huelga; limitar la libre expresión; y tres faltas graves sancionadas en un año.

Artículo 7

Son faltas graves: desobediencia; abuso de autoridad; delito doloso ligado al servicio o dañoso; tolerar faltas muy graves o graves de subordinados; grave desconsideración; daños graves; no abstenerse; informes o acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio; falta de rendimiento; faltar al sigilo; plazos de incompatibilidades; diez horas al mes de jornada incumplida; tercera inasistencia en tres meses tras dos sancionadas como leves; grave perturbación; atentado grave a la dignidad; grave falta de consideración con administrados; evadir el control horario. Mes: del día primero al último.

Artículo 8

Son faltas leves cinco conductas: el incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave; la falta de asistencia injustificada de un día; la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados; el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones; y el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deba calificarse como falta muy grave o grave.

Artículo 14

Por razón de las faltas a que se refiere el Reglamento pueden imponerse cuatro sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento. La letra d) de la lista figura como derogada.

Artículo 15

Artículo 16

Las sanciones de los apartados b) o c) del artículo 14 pueden imponerse por faltas graves o muy graves. La suspensión de funciones por falta muy grave dura entre tres y seis años; por falta grave no excede de tres. Si la suspensión firme no excede del período de suspensión provisional, no comporta necesariamente pérdida del puesto. El sancionado con traslado con cambio de residencia no puede obtener nuevo destino en la localidad de origen durante tres años (falta muy grave) o uno (falta grave), contados desde que se efectuó el traslado.

Artículo 17

Artículo 27

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Ese acuerdo puede nacer de la propia iniciativa del órgano o ser consecuencia de orden superior, de moción razonada de los subordinados o de denuncia. Si se inicia como consecuencia de denuncia, el acuerdo debe comunicarse al firmante de la misma.

Artículo 28

Artículo 29

Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, en todo caso, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario. También pueden acordarla los Directores generales, respecto del personal dependiente de su Dirección General, y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial. La incoación puede acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario.

Artículo 30

En la resolución por la que se incoa el procedimiento se nombra Instructor, que debe ser un funcionario público de un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Si depende de otro Departamento, se requiere la previa autorización del Subsecretario de este. El Secretario solo se nombra cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, y en todo caso debe tener la condición de funcionario.

Artículo 31

La incoación del procedimiento, junto con el nombramiento del Instructor y del Secretario, se notifica a dos tipos de destinatarios: al funcionario sujeto a expediente y a los designados para ostentar los cargos de Instructor y Secretario.

Artículo 32

Al Instructor y al Secretario se les aplican las normas de abstención y recusación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El derecho de recusación puede ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario. La abstención y la recusación se plantean ante la Autoridad que acordó el nombramiento, que debe resolver en el término de tres días.

Artículo 33

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación puede adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La suspensión provisional puede acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento, en los términos y con los efectos de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Límite: no caben medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.

Artículo 34

El Instructor ordena las diligencias adecuadas para determinar y comprobar los hechos y, en particular, las pruebas que puedan conducir a esclarecerlos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Como primeras actuaciones, recibe declaración al presunto inculpado y evacua las diligencias que se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación y de lo alegado por aquel. Todos los Organismos y dependencias de la Administración deben facilitarle los antecedentes e informes necesarios y los medios personales y materiales que precise.

Artículo 35

El Instructor formula el pliego de cargos en un plazo no superior a un mes desde la incoación del procedimiento; por causas justificadas puede solicitar su ampliación. El pliego comprende los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones aplicables, conforme al artículo 14 del Reglamento. Se redacta de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada hecho imputado. Al elaborarlo, el Instructor debe proponer el mantenimiento o levantamiento de la suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

Artículo 36

El pliego de cargos se notifica al inculpado y se le concede un plazo de diez días para contestarlo, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y aportando cuantos documentos considere de interés. En este mismo trámite debe solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que crea necesarias para su defensa.

Artículo 37

Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor puede acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas y de todas aquellas que considere pertinentes. Para practicar las pruebas se dispone del plazo de un mes. El Instructor puede denegar la admisión y práctica de las pruebas dirigidas a averiguar cuestiones que considere innecesarias; debe motivar la denegación, y contra esa resolución no cabe recurso del inculpado.

Artículo 38

Artículo 39

Para la práctica de las pruebas propuestas, y también de las de oficio cuando se estime oportuno, se notifica al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que deberán realizarse. Debe incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.

Artículo 40

La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario. Ello no impide que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.

Artículo 41

Cumplimentadas las diligencias previstas en el título, se da vista del expediente al inculpado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se le facilita copia completa del expediente cuando así lo solicite.

Artículo 42

El Instructor formula la propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes. En ella fija con precisión los hechos, motiva, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado y hace la valoración jurídica de los hechos para determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer.

Artículo 43

La propuesta de resolución la notifica el Instructor al interesado. Con ella se abre un plazo de diez días para que el interesado pueda alegar, ante el propio Instructor, cuanto considere conveniente en su defensa. Tres datos que retener: quién notifica (el Instructor), cuánto tiempo hay (diez días) y ante quién se alega (el Instructor).

Artículo 44

Oído el inculpado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, el expediente completo se remite con carácter inmediato al órgano que acordó la incoación del procedimiento. Ese órgano tiene dos salidas: remitirlo al órgano competente para que dicte la decisión que corresponda o, en su caso, ordenar al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.

Artículo 45

La resolución pone fin al procedimiento disciplinario y debe adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del servicio. Resuelve todas las cuestiones planteadas en el expediente, ha de ser motivada y no puede aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, aunque sí puede darles una valoración jurídica distinta.

Artículo 46

El órgano competente para imponer la sanción puede devolver el expediente al Instructor para que practique las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En ese caso, antes de remitir de nuevo el expediente a dicho órgano, se da vista de lo actuado al funcionario inculpado para que en diez días alegue cuanto estime conveniente.

Artículo 47

Separación del servicio: la impone el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14: Ministros y Secretarios de Estado del Departamento de destino, o Subsecretarios por delegación; si son faltas de incompatibilidades con actividades en diferentes Ministerios, el Ministro de la Presidencia. Sanciones de los apartados d) y e): Subsecretario en todo caso, Directores generales para su personal y Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en su ámbito territorial.

Artículo 48

La resolución debe determinar con toda precisión la falta cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción, y declarar expresamente sobre las medidas provisionales adoptadas. Si aprecia que no hay falta o responsabilidad, hace las declaraciones pertinentes sobre esas medidas. Se notifica al inculpado con los recursos que quepan, el órgano ante el que presentarlos y los plazos; si hubo denuncia, debe notificarse al firmante de esta.

Artículo 49

Las sanciones disciplinarias se ejecutan según los términos de la resolución que las impone y en el plazo máximo de un mes. Ese plazo solo cede cuando, por causas justificadas, la propia resolución establece otro distinto.

Artículo 50

El Ministro de la Presidencia puede acordar la inejecución de la sanción; el órgano competente para resolver puede acordar su suspensión temporal, por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción es de separación del servicio, el acuerdo de inejecución o de suspensión corresponde al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos se adoptan de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada.

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

Los particulares exigirán directamente a la Administración las indemnizaciones por los daños causados por sus autoridades y personal. La Administración, una vez haya indemnizado, exigirá de oficio en vía administrativa a esas autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el resultado. El mismo procedimiento se instruye por los daños causados en los bienes o derechos de la propia Administración cuando concurra dolo o culpa o negligencia graves.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Se aplica a quienes voluntariamente prestan servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de un empleador o empresario. Se excluyen: funcionarios, prestaciones personales obligatorias, meros consejeros de sociedades, trabajos de amistad, benevolencia o buena vecindad, trabajos familiares (convivientes hasta el segundo grado, salvo que se demuestre que son asalariados) y mediadores mercantiles que asumen el riesgo y ventura. Centro de trabajo: unidad productiva con organización específica dada de alta ante la autoridad laboral; en el mar, el buque.

Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial

Relaciones laborales de carácter especial: alta dirección no incluida en el artículo 1.3.c), servicio del hogar familiar, penados, deportistas profesionales, artistas y su personal técnico o auxiliar, mediadores mercantiles que no asumen el riesgo y ventura, trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, menores sometidos a medidas de internamiento, residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, abogados en despachos y cualquier otra declarada por una ley. Su regulación respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución.

Artículo 3. Fuentes de la relación laboral

La relación laboral se regula por: disposiciones legales y reglamentarias del Estado, convenios colectivos, voluntad de las partes manifestada en el contrato (sin condiciones menos favorables o contrarias a las anteriores) y usos y costumbres locales y profesionales. Los conflictos entre normas se resuelven por lo más favorable para el trabajador, apreciado en su conjunto y en cómputo anual respecto de los conceptos cuantificables. Los usos y costumbres solo se aplican en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, salvo recepción o remisión expresa.

Artículo 4. Derechos laborales

Derechos básicos (apartado 1): trabajo y libre elección de profesión u oficio, libre sindicación, negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo, huelga, reunión e información, consulta y participación en la empresa. En la relación de trabajo (apartado 2): ocupación efectiva, promoción y formación profesional, no discriminación, integridad física y prevención de riesgos, intimidad y dignidad (con protección frente al acoso), percepción puntual de la remuneración, ejercicio individual de las acciones del contrato y los demás derivados específicamente de este.

Artículo 5. Deberes laborales

Deberes básicos de los trabajadores: cumplir las obligaciones concretas de su puesto conforme a las reglas de la buena fe y diligencia; observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas; no concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en la ley; contribuir a la mejora de la productividad, y cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El Real Decreto 896/1991 se aplica a los procedimientos de selección de los funcionarios al servicio de las Entidades Locales, salvo los comprendidos en el número 3 del artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que quedan fuera de su ámbito.

Artículo 2. Sistemas de acceso

El ingreso en la Función Pública Local se hace, con carácter general, por oposición. Solo cuando la naturaleza de las plazas o de las funciones lo haga más adecuado se puede usar el concurso-oposición o el concurso.

Artículo 3. Bases de la convocatoria

Los procedimientos de selección de funcionarios locales se rigen por las bases de convocatoria. Las aprueba el órgano correspondiente de la Corporación, y debe haber bases para cada una de las Escalas, subescalas y clases de funcionarios.

Artículo 4. Contenido mínimo de las bases

Las bases deben contener al menos: plazas (Escala, subescala, clase y grupo); sistema selectivo; pruebas, con al menos un ejercicio obligatorio práctico, eliminatorias en la oposición y con anonimato en los escritos cuando sea posible; en el concurso-oposición, fase de concurso previa y no eliminatoria; méritos y su valoración; programas; Tribunales predominantemente técnicos, con Presidente, Secretario y Vocales, nunca menos de cinco miembros, presididos por el de la Corporación o en quien delegue y con un vocal de la Comunidad Autónoma; calificación y requisitos.

Artículo 5. Convocatoria

Una vez publicada la oferta de empleo público en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la Comunidad Autónoma (y, en su caso, en otros diarios oficiales), el Presidente de la Corporación convoca las pruebas selectivas dentro del plazo legal. Cada convocatoria fija el número y características de las plazas, con referencia a las bases aprobadas por el Pleno, y especifica las de promoción interna.

Artículo 6. Publicación

Las bases y las convocatorias se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en otros diarios oficiales o en el periódico oficial de la Corporación. El anuncio de la convocatoria se publica en el «Boletín Oficial del Estado» con: Escala, subescala y clase, Corporación convocante, clase y número de plazas (con las reservadas a promoción interna y a personas con minusvalías) y fecha y número del boletín en que se publicaron las bases y la convocatoria.

Artículo 7. Resolución de las pruebas

El Presidente de la Corporación resuelve las pruebas selectivas y hace los nombramientos de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que es vinculante. En ningún caso puede aprobarse ni declararse que han superado las pruebas más aspirantes que plazas convocadas.

Artículo 8. Ejercicios teóricos

Cada Corporación aprueba los programas de los ejercicios teóricos, con materias comunes y específicas. Las comunes son al menos una quinta parte y versan sobre Constitución, Organización del Estado, Estatuto de Autonomía, Régimen Local, Derecho Administrativo General y Hacienda Pública. En Administración General, dos quintas partes desarrollan materias comunes y dos quintas funciones propias; en Administración Especial, cuatro quintas partes miden la capacidad profesional. Temas mínimos: grupo A 90, B 60, C 40, D 20 y E 10. Las Corporaciones pueden añadir temas.

Artículo 9. Ejercicios prácticos

Según la naturaleza y características de las plazas, las pruebas selectivas incluyen uno o varios ejercicios prácticos: tests psicotécnicos, mecanografía, tratamiento de textos, redacción de informes y proyectos, solución de supuestos u otros similares adecuados para juzgar la preparación de los aspirantes para los puestos que van a desempeñar.