Tema 6 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Artículo 137. Organización territorial del Estado

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138. Solidaridad y equilibrio entre territorios

El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del artículo 2, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139. Igualdad de derechos y libre circulación de bienes

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas ni la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Artículo 140. Autonomía municipal

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones del régimen de concejo abierto.

Artículo 141. La provincia

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de sus límites debe aprobarse por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Su gobierno y administración autónoma se encomienda a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Pueden crearse agrupaciones de municipios distintas de la provincia, y en los archipiélagos las islas tendrán además administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142. Suficiencia financiera de las Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 1

Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos; institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de sus colectividades. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan de idéntica autonomía para gestionar sus intereses respectivos.

Artículo 2

Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben asegurar a Municipios, Provincias e Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles competencias según la actividad pública y su capacidad de gestión, conforme a los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las Leyes básicas del Estado deben determinar las competencias locales en las materias que regulen.

Artículo 3

El artículo 3 distingue dos grupos. Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Gozan también de la condición de Entidades Locales, sin ser territoriales, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a esta Ley y a sus Estatutos de Autonomía), las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.

Artículo 4

Municipios, provincias e islas tienen en todo caso, en su esfera competencial: reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; ejecución forzosa y sancionadora; revisión de oficio; prerrogativas de la Hacienda Pública e inembargabilidad de sus bienes y derechos. A otras entidades locales, las que concreten las leyes autonómicas; a las mancomunidades, las de sus Estatutos o, en su defecto, todas las precisas.

Artículo 5

Para cumplir sus fines y dentro de sus competencias, las Entidades locales tienen, de acuerdo con la Constitución y las leyes, plena capacidad jurídica para: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos; establecer y explotar obras o servicios públicos; obligarse; interponer los recursos establecidos, y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Artículo 6

Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que tienen encomendados y actúan según los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El control de legalidad de sus acuerdos y actos lo ejercen los Tribunales.

Artículo 7

Las competencias locales son propias o atribuidas por delegación. Las propias solo las determina la Ley y se ejercen con autonomía y bajo la propia responsabilidad, coordinadas con las demás Administraciones. El Estado y las CCAA pueden delegar; lo delegado se ejerce según la disposición o acuerdo de delegación, con sujeción al artículo 27. Otras competencias distintas solo si no peligra la sostenibilidad financiera ni hay ejecución simultánea del mismo servicio, con informes previos necesarios y vinculantes.

Artículo 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, las Provincias y las islas pueden realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

Artículo 9

Las normas que desarrollen la Ley 7/1985 y afecten a Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular. Queda a salvo lo que la propia Ley dispone para los regímenes municipales o provinciales especiales.

Artículo 10

La Administración Local y las demás Administraciones se relacionan con cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Procede coordinar las competencias locales cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de la Entidad, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios. En especial, la coordinación asegura el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y es compatible con la autonomía local.

Artículo 11

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Sus elementos son tres: el territorio, la población y la organización.

Artículo 12

Artículo 13

Crear, suprimir o alterar municipios se rige por la ley autonómica, sin tocar límites provinciales; exigen audiencia de los municipios, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico e informe de quien ejerza la tutela financiera. Crear municipios exige núcleos de al menos 4.000 habitantes. Los municipios colindantes de la misma provincia pueden fusionarse por convenio, aprobado por mayoría simple de cada pleno; no cabe segregarse hasta pasados diez años. Las Diputaciones, con la Comunidad Autónoma, coordinan y supervisan la integración de servicios.

Artículo 14

Un cambio de denominación de un Municipio solo tiene carácter oficial cuando, tras anotarse en el Registro creado por la Administración del Estado para inscribir todas las entidades de la Ley, se publica en el «Boletín Oficial del Estado». La denominación puede ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.

Artículo 15

Toda persona que viva en España debe inscribirse en el Padrón del municipio donde resida habitualmente; quien viva en varios, únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de inscritos en el Padrón constituye la población del municipio, y los inscritos son sus vecinos. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón.

Artículo 16

El Padrón es el registro administrativo de los vecinos; sus datos prueban la residencia y el domicilio habitual, y sus certificaciones son documento público y fehaciente. La inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración y ajenos a la UE, al EEE o a Estados asimilados se renueva cada dos años; si no se renueva, caduca sin necesidad de audiencia previa. El artículo enumera los datos obligatorios, admite datos voluntarios (representante, teléfono, correo) y regula la cesión de los obligatorios; los voluntarios no se ceden en ningún caso.

Artículo 17

Formar, mantener, revisar y custodiar el Padrón corresponde al Ayuntamiento, que lo gestiona informáticamente; Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares la asumen en municipios sin capacidad. El INE coordina los Padrones y puede acudir a la ejecución sustitutoria; su Presidente resuelve discrepancias y propone al Gobierno las cifras oficiales. El Consejo de Empadronamiento, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y presidido por el Presidente del INE, funciona en Pleno y Comisión. Los inscritos en el Padrón de españoles residentes en el extranjero son vecinos solo para el sufragio.

Artículo 18

Enumera los derechos y deberes de los vecinos: ser elector y elegible; participar en la gestión municipal; utilizar los servicios públicos y acceder a los aprovechamientos comunales; contribuir con prestaciones económicas y personales; ser informado previa petición razonada (art. 105 CE); pedir consulta popular; exigir el servicio si es competencia propia obligatoria; iniciativa popular (art. 70 bis) y los demás que fijen las leyes. El padrón no prueba la residencia legal del extranjero.

Artículo 19

El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en Concejo Abierto. Los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; el Alcalde, por los Concejales o por los vecinos, según la legislación electoral general. Los municipios del título X se rigen por él y, en lo no previsto, por el régimen común de los artículos siguientes.

Artículo 20

En todos los ayuntamientos existen Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local, en municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Con el mismo umbral, órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno, con participación proporcional de todos los grupos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en los municipios del título X o si lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta o lo dispone el reglamento. La Comisión Especial de Cuentas, en todos.

Artículo 21

El Alcalde preside la Corporación. Entre sus atribuciones: dirigir el gobierno y la administración municipal, convocar y presidir Pleno y Junta de Gobierno Local con voto de calidad, dictar bandos, jefatura superior del personal y de la Policía Municipal, otorgar licencias y concertar créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios. Nombra a los Tenientes de Alcalde. No puede delegar convocar y presidir, voto de calidad, créditos, jefatura del personal, separación, despido ni las letras a), e), j), k), l) y m), aunque la j) sí en la Junta de Gobierno Local.

Artículo 22

Lo integran todos los Concejales y lo preside el Alcalde. Le corresponden en todo caso (y a la Asamblea vecinal en Concejo Abierto), entre otras: control y fiscalización de los órganos de gobierno, alteración del término municipal, aprobación inicial del planeamiento general, reglamento orgánico y ordenanzas, presupuestos y cuentas, lesividad y créditos que excedan del 10 % de los recursos ordinarios. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, públicas y por llamamiento nominal. Puede delegar en Alcalde y Junta de Gobierno Local, salvo 2.a) a i), l), p) y el apartado 3.

Artículo 23

La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y Concejales en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. Asiste al Alcalde y ejerce las atribuciones delegadas o legales. Los Tenientes de Alcalde lo sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad; los designa y remueve el Alcalde entre los miembros de la Junta o, si no existe, entre los Concejales. El Alcalde puede delegar en miembros de la Junta (o Tenientes) y hacer delegaciones especiales en cualquier Concejal.

Artículo 24

Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorarla. Su organización, funciones y competencias son las que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo al asentamiento de la población en el término municipal y sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En los municipios del artículo 121 se aplica el régimen de gestión desconcentrada del artículo 128.

Artículo 24 bis

Las leyes autonómicas de régimen local regulan los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del Municipio para administrar núcleos de población separados (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos…). La iniciativa corresponde indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento, que debe ser oído en todo caso. Solo pueden crearse si resultan una opción más eficiente según la Ley Orgánica 2/2012.

Artículo 25

El Municipio puede promover actividades y prestar servicios públicos para la comunidad vecinal. El apartado 2 enumera, de la a) a la p), las materias en que ejercerá en todo caso competencias propias (urbanismo, medio ambiente urbano, agua, policía local, tráfico, cementerios, cultura, deporte, igualdad, energía…). Esas competencias se determinan por Ley, que irá con memoria económica, no puede suponer mayor gasto, debe evitar atribuciones simultáneas a otra Administración y exige ponderar antes la capacidad de gestión de la entidad local.

Artículo 26

Servicios obligatorios en todo caso. Todos: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable a domicilio, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación. Más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Más de 20.000: protección civil, necesidad y exclusión social, incendios e instalaciones deportivas de uso público. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Con menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios y el Ministerio decide la forma de prestación.

Artículo 27

El Estado y las CCAA pueden delegar competencias en los Municipios. La delegación debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y respetar la estabilidad presupuestaria; fija alcance, condiciones y duración (no inferior a cinco años), con memoria económica y sin mayor gasto. Exige aceptación del Municipio y financiación suficiente, siendo nula sin dotación. La delegante puede dar instrucciones, pedir información, revocar o ejecutar por sí misma. La renuncia la acuerda el Pleno.

Artículo 28

En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos para sus competencias y una prestación de calidad y sostenible de los servicios mínimos obligatorios: racionalización organizativa, gestión común o asociativa, personal en común con otros municipios y fomento del desarrollo. Su aplicación requiere decisión de la Comunidad Autónoma, conformidad previa del municipio afectado e informe de las entidades locales afectadas.

Artículo 29

Funcionan en Concejo Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente tengan ese régimen y aquellos en que lo aconsejen su localización geográfica, la mejor gestión u otras circunstancias; estos últimos requieren petición de la mayoría de los vecinos, mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación autonómica. Gobiernan un Alcalde y una asamblea vecinal de todos los electores. En municipios de menos de 100 residentes el alcalde puede convocar Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia.

Artículo 30

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Ley 7/1985, pueden establecer regímenes especiales para los Municipios pequeños o de carácter rural y para los que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.

Artículo 31

La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Sus fines propios y específicos: garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y en particular asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial y participar en la coordinación de la Administración local con la autonómica y la del Estado. Su gobierno y administración autónoma: la Diputación u otras Corporaciones representativas.

Artículo 32

En todas las Diputaciones existen el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, y también órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno y de seguimiento de la gestión, salvo que la legislación autonómica prevea otra forma organizativa. En ellos participan todos los grupos políticos en proporción a sus Diputados en el Pleno. Los demás órganos complementarios los regula cada Diputación, y las leyes autonómicas pueden prever una organización provincial complementaria.

Artículo 32 bis. Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

El personal directivo que haya en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra según criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional, de cuerpos o escalas del subgrupo A1. Excepción: el Reglamento Orgánico puede permitir que el titular no sea funcionario, en atención a las características específicas de las funciones de esos órganos directivos.

Artículo 33

El Pleno de la Diputación lo forman el Presidente y los Diputados. Le corresponden, entre otras: organización, ordenanzas, presupuestos, planes provinciales, control de los órganos de gobierno, plantilla y RPT, dominio público, conflictos de competencias, acciones judiciales, lesividad, créditos por encima del 10 % de los recursos ordinarios y las de mayoría especial. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, de forma pública y por llamamiento nominal. Puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno, salvo las letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ) y el número 3.

Artículo 34

El Presidente de la Diputación dirige el gobierno y la administración de la provincia, la representa, convoca y preside el Pleno y la Junta de Gobierno y decide los empates con voto de calidad. Concierta créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios (tesorería, hasta el 15 % de los ingresos corrientes liquidados), aprueba la oferta de empleo público, ostenta la jefatura del personal y nombra a los Vicepresidentes. No puede delegar, entre otras, convocar y presidir, el voto de calidad, los créditos, la jefatura de personal y las letras a), i) y j).

Artículo 35

La Junta de Gobierno la forman el Presidente y Diputados en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Presidente, dando cuenta al Pleno. Le corresponde asistir al Presidente y ejercer lo que este le delegue o le atribuyan las leyes. El Presidente puede delegar en sus miembros y hacer delegaciones especiales en cualquier Diputado. Los Vicepresidentes, designados por el Presidente entre miembros de la Junta, le sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 36

Competencias propias de la Diputación: las atribuidas por leyes estatales y autonómicas y, en todo caso: coordinar los servicios municipales; asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica (garantiza secretaría e intervención en menos de 1.000 habitantes); servicios supramunicipales (asume tratamiento de residuos en menos de 5.000 y prevención y extinción de incendios en menos de 20.000, si no los prestan); recaudación, apoyo financiero, administración electrónica y contratación centralizada en menos de 20.000; y seguimiento de costes efectivos. Aprueba cada año el plan provincial.

Artículo 37

Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones y encomendarles la gestión ordinaria de servicios propios según sus Estatutos; en la encomienda, las Diputaciones actúan con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. El Estado puede delegar en ellas competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo. El ejercicio de lo delegado se acomoda al artículo 27.

Artículo 38

Cláusula de extensión: las previsiones que este Capítulo y los restantes de la Ley 7/1985 establecen para la Diputación se aplican también a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

Artículo 39

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Ley 7/1985 no se les aplica de forma directa, sino con carácter supletorio.

Artículo 40

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Comunidad Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que en el régimen ordinario corresponden a las Diputaciones Provinciales. Queda exceptuada la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su propio Estatuto.

Artículo 41

Los Cabildos Insulares Canarios, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por la disposición adicional decimocuarta y, supletoriamente, por las normas de las Diputaciones provinciales, cuyas competencias asumen. Subsisten en Canarias las mancomunidades provinciales interinsulares solo como órganos de representación y expresión de intereses provinciales: las integran los Presidentes de los Cabildos y las preside el del Cabildo de la isla donde está la capital. A los Consejos Insulares de Baleares se les aplican las normas de las Diputaciones.

Artículo 42

Las Comunidades Autónomas, según sus Estatutos, pueden crear comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios; la iniciativa puede partir de estos. No se crea si se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que representen al menos la mitad del censo electoral. Si abarca más de una Provincia, se exige informe favorable de las Diputaciones. Las leyes autonómicas fijan ámbito, órganos (representativos de los Ayuntamientos), competencias y recursos. Los Municipios conservan los servicios del artículo 26 y alguna intervención en las materias del 25.2.

Artículo 43

Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas mediante Ley, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, conforme a sus Estatutos. Son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas con vinculaciones económicas y sociales que exigen planificación conjunta y coordinación de servicios y obras. La ley autonómica fija sus órganos (con todos los Municipios representados), su régimen económico y de funcionamiento y los servicios y obras metropolitanos.

Artículo 44

Los municipios pueden asociarse en mancomunidades para ejecutar obras y servicios determinados de su competencia. Tienen personalidad y capacidad jurídicas y se rigen por sus Estatutos (ámbito, objeto, órganos, recursos, duración…); sus órganos de gobierno representan a los ayuntamientos mancomunados. Estatutos: los elaboran los concejales de los municipios promotores en asamblea, informa la Diputación y los aprueban todos los Plenos; procedimiento similar para modificar o suprimir. Caben municipios de distintas comunidades si sus normativas lo permiten.

Artículo 45

Artículo 49

Procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales: a) aprobación inicial por el Pleno; b) información pública y audiencia a los interesados durante un plazo mínimo de treinta días para reclamaciones y sugerencias; c) resolución de las presentadas en plazo y aprobación definitiva por el Pleno. Si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo provisional se entiende definitivamente adoptado.

Artículo 35

El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter de Corporación de Derecho Público. Sus órganos necesarios son cuatro: el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión de Gobierno. Esta última es necesaria en los Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes; en los de menos, solo cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.

Artículo 36

El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva, los Concejales cesantes, tanto del Pleno como, en su caso, de la Comisión de Gobierno, se reúnen al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión celebrada. Los Secretarios e Interventores toman las medidas precisas para que el día de la constitución se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores y la documentación del inventario del patrimonio de la Corporación y de sus Organismos autónomos.

Artículo 37

Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a las elecciones, o el cuadragésimo si hay recurso contencioso electoral contra la proclamación de los electos. La Mesa de Edad (elegidos de mayor y menor edad presentes, con el Secretario de la Corporación) comprueba las credenciales según las certificaciones de la Junta Electoral de Zona y declara constituida la Corporación si concurre la mayoría absoluta de los Concejales electos; si no, sesión dos días después con cualquier número de presentes. Si no puede constituirse, procede una Comisión Gestora.

Artículo 38

Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convoca la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno precisas para resolver sobre: periodicidad de sesiones del Pleno; creación y composición de las Comisiones informativas permanentes; nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados que sean competencia del Pleno; y conocimiento de las resoluciones del Alcalde sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las Comisiones informativas, y de las delegaciones de la Alcaldía.

Artículo 39

El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir de la fecha de su elección. Una vez finalizado, los miembros de las Corporaciones cesantes continúan sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso pueden adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoría cualificada.

Artículo 40

La elección y destitución del Alcalde se rigen por la legislación electoral. El proclamado toma posesión ante el Pleno; si no está presente en la sesión de constitución, se le requiere para hacerlo en cuarenta y ocho horas. Puede renunciar sin perder su condición de Concejal: por escrito ante el Pleno, que adopta acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes. Vacante la Alcaldía por renuncia, fallecimiento o sentencia firme, la sesión de elección se celebra dentro de los diez días siguientes. Si prospera una moción de censura, cesa en el momento de la adopción del acuerdo.

Artículo 41

El Alcalde preside la Corporación y, entre otras atribuciones, representa al Ayuntamiento; nombra y cesa a los Tenientes de Alcalde y a los miembros de la Comisión de Gobierno; convoca y preside las sesiones y decide los empates con voto de calidad; concede licencias salvo atribución expresa al Pleno o a la Comisión de Gobierno; contrata hasta el 5 por 100 de los recursos ordinarios y el 50 por 100 del límite de la contratación directa; desempeña la jefatura superior de todo el personal; conserva una de las tres llaves del arca de caudales y convoca las consultas populares municipales.

Artículo 42

El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria, para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno.

Artículo 43

El Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las de los artículos 21.3 y 71 de la Ley 7/1985: en la Comisión de Gobierno como órgano colegiado; en sus miembros o, donde no exista, en los Tenientes de Alcalde (delegaciones genéricas, por áreas o materias, que pueden incluir resolver mediante actos que afecten a terceros); y en cualquier Concejal (delegaciones especiales). Estas son de tres tipos: proyecto o asunto determinado, limitada al tiempo de gestión o ejecución; determinado servicio, sin actos que afecten a terceros; y distrito o barrio, circunscrita a su ámbito territorial.

Artículo 44

Todas las delegaciones del artículo anterior se realizan mediante Decreto del Alcalde, que contendrá el ámbito de los asuntos, las facultades que se deleguen y las condiciones específicas de ejercicio. La delegación surte efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia y en el municipal, si existiere. Lo mismo rige para cualquier modificación posterior. De delegaciones y modificaciones se da cuenta al Pleno en la primera sesión posterior.

Artículo 45

Las delegaciones que el Alcalde puede otorgar a tenor del artículo 43.3, párrafo segundo, deberán adaptarse a las grandes áreas en que el Reglamento orgánico distribuya los servicios administrativos del Ayuntamiento. La regla opera en el caso de que el Reglamento orgánico hubiera sido aprobado por la Corporación.

Artículo 46

Los Tenientes de Alcalde son libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde no exista, de entre los Concejales, por resolución de la que se da cuenta al Pleno, que se notifica personalmente y se publica en el «Boletín Oficial» de la Provincia. Su número no puede exceder del de miembros de la Comisión o, si no existe, del tercio del número legal de miembros de la Corporación, sin contar decimales. La condición se pierde por cese, renuncia expresa manifestada por escrito y pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno.

Artículo 47

Los Tenientes de Alcalde sustituyen al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, y desempeñan sus funciones en caso de vacante hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. En los tres primeros casos hace falta expresa delegación, salvo que el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas sin haberla conferido o no haya podido otorgarla por causa imprevista. Si el Presidente ha de abstenerse en un punto concreto de una sesión, la sustitución en la presidencia es automática.

Artículo 48

Cuando un Teniente de Alcalde sustituye al Alcalde por razones de ausencia o enfermedad y asume sus funciones, no puede revocar las delegaciones que el Alcalde hubiera otorgado en virtud de lo dispuesto en el artículo 43. El sustituto ejerce las funciones del Alcalde, pero tiene vedado dejar sin efecto esas delegaciones.

Artículo 49

Artículo 50

Enumera en 25 apartados las atribuciones del Pleno, una vez constituido conforme a la legislación electoral: elegir y destituir al Alcalde; controlar y fiscalizar los órganos de gobierno; aprobar Reglamento Orgánico y Ordenanzas; plantilla, relación de puestos y oferta de empleo; separar del servicio a funcionarios y ratificar el despido del personal laboral; Presupuestos y cuentas; operaciones de crédito; concesión de bienes por más de cinco años si excede del 10 por 100 de los recursos ordinarios; contratos de más de un año; planes urbanísticos y distinciones honoríficas.

Artículo 51

El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en todo o en parte, en el Alcalde y en la Comisión de Gobierno, salvo las del artículo 23.2, b), segundo inciso, de la Ley 7/1985. El acuerdo se adopta por mayoría simple y surte efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia; igual sus modificaciones. Contendrá el ámbito de los asuntos, las facultades concretas y las condiciones específicas de ejercicio. En gestión financiera cabe delegar también a través de las bases de ejecución del Presupuesto.

Artículo 52

La Comisión de Gobierno la integran el Alcalde, que la preside, y los Concejales que él nombra libremente. Su número no puede superar el tercio del número legal de miembros de la Corporación, sin contar los decimales que resulten de dividir por tres el número total de Concejales. El Alcalde puede cesarlos libremente, en todo momento. Nombramientos y ceses siguen las formalidades del número primero del artículo 46, y una sola resolución del Alcalde puede contener el nombramiento como miembro y la delegación de atribuciones del artículo 43.

Artículo 53

La Comisión de Gobierno tiene una atribución propia e indelegable: la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin se le informa de todas las decisiones del Alcalde, con carácter previo a su adopción siempre que la importancia del asunto lo requiera. Además ejerce las atribuciones que le deleguen el Alcalde o el Pleno (artículos 43 y 51) y las que expresamente le asignen las leyes. El régimen de esas delegaciones se rige por los artículos 43, 44 y 51 del Reglamento.

Artículo 54

En los Municipios en régimen de Concejo Abierto, las atribuciones de la asamblea y del Alcalde se rigen por los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, por las leyes de las Comunidades Autónomas sobre Régimen Local y por las normas de las secciones segunda y cuarta del capítulo. El Alcalde puede designar Tenientes de Alcalde, hasta un máximo de tres, entre los electores del Municipio, que se rigen por la sección tercera del mismo capítulo.

Artículo 55

La Diputación es el órgano de gobierno y administración de la Provincia, como entidad local, con carácter de Corporación de Derecho Público. Sus órganos necesarios son cuatro: el Presidente, los Vicepresidentes, el Pleno y la Comisión de Gobierno.

Artículo 56

El tercer día anterior al señalado para la sesión constitutiva de la Diputación, los miembros que deban cesar, tanto del Pleno como de la Comisión de Gobierno, se reúnen en sesión al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión. Los Secretarios e Interventores toman las medidas para que el día de la constitución se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores, depositados en la Caja Provincial o en entidades bancarias, y la documentación del inventario del patrimonio de la Corporación y de sus Organismos Autónomos.

Artículo 57

La sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales se celebra el quinto día posterior a la proclamación de los Diputados electos, a las doce horas, en su sede, previa entrega de credenciales al Secretario. Si concurre menos de la mayoría absoluta de Diputados electos, quedan convocados automáticamente dos días después, en el mismo local y a la misma hora, y se constituye con cualquier número de asistentes. Preside una Mesa de Edad (Diputados de mayor y menor edad presentes), que comprueba las credenciales y declara constituida la Corporación; después se elige al Presidente.

Artículo 58

Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Presidente convoca las sesiones extraordinarias del Pleno precisas para resolver sobre: a) régimen de las sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno; b) creación y composición de las Comisiones Informativas permanentes; c) nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados de competencia del Pleno; d) conocimiento de las resoluciones de la Presidencia sobre nombramiento de Vicepresidentes, miembros de la Comisión de Gobierno y Presidentes de las Comisiones informativas, y de las delegaciones.

Artículo 59

El mandato de los miembros de la Diputación es de cuatro años, contados a partir de la fecha de la elección. Una vez finalizado, los miembros de las Corporaciones cesantes continúan sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso pueden adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.

Artículo 60

La elección y destitución del Presidente de la Diputación se rigen por la legislación electoral. El proclamado toma posesión ante el Pleno; si no está presente en la sesión de constitución, se le requiere para hacerlo en cuarenta y ocho horas. Puede renunciar sin perder la condición de Diputado: por escrito ante el Pleno, que adopta acuerdo de conocimiento en los diez días siguientes. Vacante la Presidencia por renuncia, fallecimiento o sentencia firme, la sesión extraordinaria de elección se celebra en los diez días siguientes. Si prospera una moción de censura, cesa al adoptarse el acuerdo.

Artículo 61

El Presidente de la Diputación preside la Corporación y, entre otras atribuciones: la representa; dirige el Gobierno y la Administración provincial; nombra y cesa a Vicepresidentes y miembros de la Comisión de Gobierno; convoca y preside las sesiones y decide los empates con voto de calidad; publica la convocatoria de las sesiones extraordinarias dos días hábiles antes, por lo menos; desempeña la Jefatura superior de todo el personal; conserva una de las tres llaves del arca de caudales, y ejercita acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta al Pleno.

Artículo 62

El Presidente da cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que haya adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria. Así los Diputados conocen el desarrollo de la Administración Provincial, a los efectos del control y fiscalización de la gestión de los órganos de gobierno a que se refiere el artículo 33.2, e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 63

El Presidente puede delegar sus atribuciones, salvo las del artículo 34.2 de la Ley 7/1985: en la Comisión de Gobierno como órgano colegiado (sus acuerdos valen igual que las resoluciones del Presidente), en sus miembros y, con delegaciones especiales, en cualquier Diputado. Las genéricas se refieren a áreas o materias y pueden incluir resolver con actos que afecten a terceros. Las especiales son de dos tipos: proyecto o asunto determinado (todas las facultades delegables, durante su gestión o ejecución) y servicio determinado (dirección interna y gestión, sin actos frente a terceros).

Artículo 64

Todas las delegaciones del artículo anterior se hacen mediante Decreto del Presidente, que contendrá el ámbito de los asuntos, las facultades delegadas y las condiciones específicas de su ejercicio. La delegación surte efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia. Lo mismo rige para cualquier modificación posterior. De delegaciones y modificaciones se da cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre con posterioridad.

Artículo 65

Las delegaciones que el Presidente puede otorgar a tenor del artículo 63.3, párrafo 2.º, del Reglamento deben adaptarse a las grandes áreas en que el Reglamento Orgánico distribuya los servicios administrativos de la Diputación. La exigencia opera en el caso de que el Reglamento Orgánico hubiera sido aprobado por la Corporación.

Artículo 66

Los Vicepresidentes son libremente nombrados y cesados por el Presidente, de entre los miembros de la Comisión de Gobierno. Nombramientos y ceses se hacen por resolución del Presidente: se da cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, se notifican personalmente a los designados y se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia, pero son efectivos desde el día siguiente al de la firma, si la resolución no dispone otra cosa. La condición se pierde por cese, por renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno.

Artículo 67

Los Vicepresidentes sustituyen al Presidente en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para ejercer sus atribuciones. También desempeñan sus funciones en los supuestos de vacante en la presidencia, hasta que tome posesión el nuevo Presidente. Si durante una sesión el Presidente ha de abstenerse en algún punto concreto, conforme al artículo 76 de la Ley 7/1985, le sustituye automáticamente en la presidencia de la sesión el Vicepresidente a quien corresponda.

Artículo 68

Cuando el Presidente es sustituido por razones de ausencia o enfermedad, el Vicepresidente que asume sus funciones tiene un límite expreso: no puede revocar las delegaciones que el Presidente hubiera otorgado en virtud del artículo 63 del Reglamento.

Artículo 69

Artículo 70

El Pleno, una vez constituido conforme a la legislación electoral, tiene 29 atribuciones. Entre ellas: elegir y destituir al Presidente; controlar y fiscalizar los órganos de gobierno; aprobar el Reglamento Orgánico, las Ordenanzas, la plantilla y los presupuestos; separar del servicio a los funcionarios; ceder el uso de bienes por más de cinco años si la cuantía excede del 10 por 100 de los recursos ordinarios; contratar por más de 1 año o con créditos superiores a los del Presupuesto anual; aprobar el Plan anual provincial de cooperación, y las que exijan mayoría especial.

Artículo 71

El Pleno de la Diputación Provincial puede delegar, en todo o en parte, cualesquiera de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enumeradas en el artículo 35 b), segundo inciso, de la Ley 7/1985 y en el 28.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986. A los requisitos del acuerdo plenario de delegación se aplica lo dispuesto, respecto del Ayuntamiento, en el artículo 51, números 2 y 3. Las delegaciones en materia de gestión financiera pueden conferirse también a través de las bases de ejecución del Presupuesto.

Artículo 72

La Comisión de Gobierno se integra por el Presidente, que la preside, y los Diputados que él nombra libremente. Su número no puede superar el tercio del número legal de miembros de la Corporación, sin contar los decimales que resulten de dividir por tres el número total de Diputados. El Presidente puede cesar libremente, en todo momento, a cualquiera de sus miembros. Nombramientos y ceses siguen las formalidades del artículo 66.1. Una sola resolución del Presidente puede contener el nombramiento como miembro y la delegación de atribuciones del artículo 63.

Artículo 73

La Comisión de Gobierno tiene una atribución propia e indelegable: la asistencia permanente al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. Para ello es informada de todas las decisiones del Presidente, con carácter previo a su adopción siempre que la importancia así lo requiera. Además ejerce las atribuciones que le deleguen el Presidente o el Pleno, en virtud de los artículos 63 y 71, y las que expresamente le asignen las Leyes. El régimen de esas delegaciones se rige por los artículos 63, 64 y 71 del Reglamento.

Artículo 74

La constitución de los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario y la proclamación de su Presidente no tienen reglas propias en este artículo: ambas cuestiones se rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Artículo 75

Las Mancomunidades Provinciales Interinsulares del Archipiélago Canario son órganos de representación y expresión de los intereses provinciales, integrados por los Presidentes de los Cabildos Insulares. Las preside el del Cabildo de la isla en que se halle la capital de la Provincia. Su sesión de constitución se celebra el octavo día siguiente al de la constitución de los Cabildos, a las doce horas, en la sede de ese Cabildo. Su Presidente tiene las atribuciones propias de los Presidentes de órganos colegiados, como convocar y presidir las sesiones y dirigir las deliberaciones.

Artículo 76

Los Consejos Insulares del Archipiélago balear se integran y constituyen con arreglo a lo que disponga el Estatuto de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; de forma supletoria se les aplican las reglas referentes a la sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales. Su organización básica se ajusta a las normas del capítulo anterior, referente a las Diputaciones Provinciales.

Artículo 1. Carácter de la ley

La Ley 5/2010 se dicta en desarrollo de las previsiones estatutarias sobre organización territorial de Andalucía y se aprueba con las prescripciones establecidas en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esas mismas prescripciones estatutarias condicionan también las modificaciones que afecten al régimen jurídico que la ley establece.

Artículo 2. Objeto de la ley

La ley determina las competencias y potestades de los municipios y demás entes locales y las reglas de las eventuales transferencias y delegaciones de competencias de la Comunidad Autónoma. Regula las relaciones entre las entidades locales y las instituciones de la Junta, la concertación y las técnicas de cooperación y colaboración. Contiene el régimen de los bienes, las modalidades de prestación de los servicios locales de interés general y la iniciativa económica, así como la demarcación territorial municipal y la organización administrativa de su territorio.

Artículo 3. Organización territorial de Andalucía

Municipios y provincias, en su relación con la Comunidad Autónoma, integran un único nivel de gobierno. El municipio es la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación política y cauce inmediato de participación ciudadana. La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar las relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma. Por ley, o de acuerdo con esta ley, podrán crearse otras entidades locales complementarias.

Artículo 4. Autonomía local

Municipios y provincias gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes; actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas de su comunidad. La autonomía comprende, en todo caso, sus intereses públicos, órganos de gobierno y administración, territorio, servicios locales, iniciativa económica, personal, patrimonio y recursos de sus haciendas. Cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Municipios y provincias tienen plena personalidad jurídica.

Artículo 5. Potestad de autoorganización

Las entidades locales definen por sí mismas sus estructuras administrativas internas, para adaptarlas a sus necesidades específicas y permitir una gestión eficaz. Municipios y provincias han de contar con los órganos necesarios previstos en la legislación básica sobre régimen local; su funcionamiento, régimen de acuerdos y estatuto de sus miembros se ajustan a esa legislación, garantizándose en todo caso la acción de gobierno y la representación proporcional en los órganos asamblearios. El resto de los órganos complementarios se ajusta a los estatutos de cada entidad local.

Artículo 6. Principios generales

Las competencias de municipios y provincias se determinan por ley. Las que determina esta ley tienen la consideración de propias y mínimas y podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. La determinación de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía, y la legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía.

Artículo 7. Competencias locales

Las competencias locales facultan para la regulación de las correspondientes materias, dentro de la potestad normativa de la entidad. En el ámbito de sus competencias propias, corresponde a la entidad local la ejecución administrativa, incluyendo la incoación y la resolución final de los procedimientos, de acuerdo con las leyes. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos previstos en la sección 4.ª del capítulo.

Artículo 8. Cláusula general de competencia

Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

Artículo 9. Competencias municipales

Enumera en 28 apartados las competencias propias de los municipios andaluces: urbanismo, vivienda, servicios sociales comunitarios, ciclo integral del agua de uso urbano, alumbrado público, residuos, limpieza viaria, transporte urbano, caminos y vías pecuarias, movilidad en vías urbanas, patrimonio histórico, medio ambiente, salud pública, seguridad en espacios públicos, consumo, turismo, cultura, deporte, cementerios, educación, desarrollo económico, actividades económicas, mercadillos, mercados de abastos, eventos menores, participación ciudadana, juzgados de paz e inmigración.

Artículo 10. Ejercicio y titularidad de las competencias locales

Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes. En ningún caso se verán afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.

Artículo 11. Competencias de asistencia a los municipios

Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, la asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrá consistir en: asistencia técnica (información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico), asistencia económica (financiación de inversiones, actividades y servicios municipales) y asistencia material (prestación de servicios municipales). Podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada.

Artículo 12. Asistencia técnica de la provincia al municipio

La provincia presta asistencia técnica al municipio en: planeamiento y gestión urbanística; pliegos y procedimientos de contratación; ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones; tecnologías de la información y administración electrónica; estudios, planes y proyectos; asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la defensa jurídica; personal; formación de representantes locales; igualdad de género, y cualquier otra que determine. Una norma provincial fija los requisitos y la financiación, y la diputación decide motivadamente.

Artículo 13. Asistencia económica de la provincia al municipio

La provincia asiste económicamente a los municipios para inversiones, actividades y servicios municipales. Los planes y programas se regulan por norma provincial y se elaboran, con transparencia y publicidad, en fases: la diputación recaba información, fija criterios básicos (con apoyo preferente a los municipios de menor población), cada ayuntamiento formula su propuesta priorizada, la diputación formula el proyecto, audiencia a los ayuntamientos, modificaciones y aprobación definitiva por la diputación. El rechazo de prioridades municipales será motivado.

Artículo 14. Asistencia material de la provincia al municipio

La provincia presta los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, cuando este lo solicite, y determina la forma de gestión. Según norma provincial presta obligatoriamente, a petición del municipio, al menos: inspección, gestión y recaudación de tributos; disciplina urbanística y ambiental; disciplina del personal; representación y defensa judicial, y suplencias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores de cinco mil habitantes. Si un municipio incumple, la diputación, previo requerimiento, actúa por sustitución.

Artículo 15. Competencias materiales de la provincia

La provincia tiene competencias en tres materias: carreteras provinciales, los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés provincial. En las tres se repite la referencia provincial: carreteras «provinciales» y archivos, museos e instituciones culturales «de interés provincial».

Artículo 16. Disposiciones comunes a la transferencia y la delegación

Respetando la voluntad de las entidades afectadas y por razones de eficacia, eficiencia y economía, la Junta de Andalucía podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter ordinario en estos o en las provincias. Ambas figuras sirven al principio de diferenciación y se fundamentan en las características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los entes locales. Otros entes locales de los que formen parte los municipios podrán ejercerlas si lo prevé expresamente la ley de transferencia o el decreto de delegación.

Artículo 17. Transferencia de competencias

A iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pueden transferirse a los municipios competencias propias de la Comunidad Autónoma mediante ley, que determinará los recursos financieros y los medios personales, materiales y económicos, conforme a los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia y lealtad institucional. Un decreto de transferencia del Consejo de Gobierno, previa negociación con los municipios afectados, concreta el traspaso. La Comunidad Autónoma puede reservarse la ordenación, planificación y coordinación generales.

Artículo 18. Suspensión y revocación de la transferencia

Por razones de interés general, ante grave incumplimiento de las obligaciones asumidas por los municipios o notoria negligencia, ineficacia o gestión deficiente de las competencias transferidas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá suspender el ejercicio de la competencia por tiempo determinado, no superior a un año, previa audiencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la entidad o entidades locales afectadas. La revocación la propone la Comunidad Autónoma al Parlamento y se aprueba por ley, que regula la liquidación de recursos y cargas y la devolución de bienes.

Artículo 19. Delegación del ejercicio de competencias

La Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las provincias o, en su caso, en otras entidades locales. La entidad local ejerce las potestades inherentes a la competencia sin que se altere su titularidad. La delegación respeta en todo caso la potestad de autoorganización local y se ejerce con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control del decreto de delegación. Su efectividad requiere aceptación expresa de la entidad delegada y cesión de uso de medios materiales, dotaciones y, en su caso, recursos humanos.

Artículo 20. El decreto de delegación

El decreto de delegación lo aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia. Contenido mínimo: normas legales que justifican la delegación; funciones delegadas; medios, su valoración y procedimiento de revisión; coste efectivo del servicio; fecha de efectividad y duración; condiciones, instrucciones, directrices, mecanismos de control y supuestos de revocación. La Comunidad Autónoma puede reservarse, entre otras facultades, la potestad reglamentaria, el recurso de alzada y promover la revisión de oficio.

Artículo 21. Obligaciones de la entidad delegada

Los municipios y demás entidades locales que asuman por delegación competencias propias de la Comunidad Autónoma están obligados a: cumplir los programas y directrices que esta pueda establecer; proporcionar información sobre el ejercicio de las competencias y atenerse a los requerimientos de subsanación de deficiencias del órgano competente de la Comunidad Autónoma; mantener el nivel de eficacia en el ejercicio de las competencias que tenían antes de la delegación, y cumplir los módulos de funcionamiento y los niveles de rendimiento mínimo señalados por la Comunidad Autónoma.

Artículo 22. Suspensión, renuncia y extinción de la delegación de competencias

Si se incumplen las obligaciones del decreto de delegación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previa audiencia a la entidad local y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, podrá suspender o dejar sin efecto la delegación y ejecutar directamente las competencias. Las entidades delegadas podrán renunciar en los casos del decreto de delegación o cuando circunstancias sobrevenidas justifiquen suficientemente la imposibilidad de su desempeño sin menoscabo de sus competencias propias o transferidas. El Consejo de Gobierno fija, previo expediente, los mecanismos de liquidación.

Artículo 23. La encomienda de gestión

La Administración de la Junta de Andalucía puede acordar con las entidades locales y con sus entes dependientes o vinculados la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, en el marco de la legislación autonómica, mediante encomienda de gestión. Se formaliza en un convenio interadministrativo que determina, al menos, alcance, habilitación normativa y plazo de vigencia. Su efectividad requiere que vaya acompañada de dotación económica o incremento de financiación a favor de las entidades locales receptoras.

Artículo 24. Colaboración financiera

La Comunidad Autónoma financia las competencias locales propias y transferidas fundamentalmente mediante la participación en sus tributos (artículo 192.1 del Estatuto). Adicionalmente puede establecer programas de colaboración financiera específica para materias concretas: las beneficiarias se determinan con criterios objetivos y previa aceptación. Las entidades locales deben participar en su elaboración y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, en la definición de los parámetros de aplicación de los recursos. Los desarrolla y regula la consejería competente en materia de hacienda.

Artículo 25. Financiación de nuevas atribuciones

Si la Comunidad Autónoma de Andalucía asigna a las entidades locales servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras.

Artículo 26. Servicios locales de interés general

Son servicios locales de interés general los que las entidades locales prestan o regulan y garantizan en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, y también las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas del Estatuto de Autonomía. Las entidades locales, de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.

Artículo 27. Principios informadores de los servicios locales de interés general

El régimen de los servicios locales de interés general se inspira y fundamenta en once principios: universalidad; igualdad y no discriminación; continuidad y regularidad; precio adecuado a los costes del servicio; economía, suficiencia y adecuación de medios; objetividad y transparencia en la actuación administrativa; prevención y responsabilidad por la gestión pública; transparencia financiera y en la gestión; calidad en la prestación; calidad medioambiental y desarrollo sostenible; y adecuación entre forma jurídica y fin de la actividad como límite de la discrecionalidad administrativa.

Artículo 28. Clasificación de los servicios locales de interés general

Las entidades locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado. Hay servicio público cuando la propia entidad local realiza la actividad objeto de la prestación, de forma directa o mediante contrato administrativo. Hay servicio reglamentado cuando la actividad la realizan particulares conforme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.

Artículo 29. Régimen jurídico de los servicios locales de interés general en régimen de servicio reglamentado

Las ordenanzas de servicios reglamentados deben contemplar, entre otros aspectos: del servicio, condiciones técnicas, obligaciones específicas de servicio público, niveles mínimos de calidad en su caso, tarifas o precios y supuestos de subvención; de los usuarios, derechos y deberes; del prestatario, su situación jurídica, sanciones y supuestos de revocación o clausura. Los controles preventivos se rigen por las normas de derecho interno y europeo de la competencia. Los ciudadanos pueden exigir, en vía administrativa o contencioso-administrativa, la vigilancia y cumplimiento de la ordenanza.

Artículo 30. Creación de servicios públicos

Cada servicio público local se crea y regula por ordenanza, y su prestación se inicia al entrar esta en vigor. Solo se excluyen las actuaciones esporádicas o discontinuas (talleres, cursos, jornadas o actividades singulares de cultura, deporte, enseñanza, turismo y similares); si procede exigir precios públicos, son preceptivos los acuerdos de imposición y ordenación. La ordenanza determina al menos: prestaciones, financiación, modalidades de gestión y sanciones al prestador, estándares de calidad, derechos y deberes de los usuarios e inspección. Todo ciudadano puede exigir su prestación.

Artículo 31. Servicios públicos básicos

Los servicios públicos básicos son los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía. En todo caso tienen esa consideración los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 32. Servicios públicos reservados

Se reservan a los municipios los servicios públicos básicos del artículo 92.2.d) del Estatuto; por ley cabe reservar otras actividades y servicios. La reserva habilita para prestarlos en monopolio, que acuerda el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de miembros, previo expediente con memoria justificativa, información pública y audiencia a los directamente afectados e informe provincial, obstativo si la reserva afecta de forma relevante al interés económico supramunicipal. Por ordenanza puede declararse obligatoria la recepción y uso de los servicios reservados.

Artículo 33. Modalidades de prestación en régimen de servicio público

Los servicios públicos locales se gestionan de forma directa (por la entidad o sus entes vinculados o dependientes) o indirecta, mediante modalidades contractuales de colaboración. Modalidades directas: propia entidad, agencia pública administrativa, agencia pública empresarial, agencia especial, sociedad mercantil, sociedad interlocal y fundación pública local. Los servicios con ejercicio de autoridad no pueden prestarse por contrato, sociedad mercantil local o interlocal ni fundación. Constituir las entidades de las letras b a g exige memoria de ventajas con estudio económico financiero.

Artículo 34. Agencia pública administrativa local

Las agencias administrativas locales son entidades públicas regidas por el Derecho Administrativo. Realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia local, salvo las potestades expropiatorias. No pueden crearse para ejercer actividades económicas en régimen de mercado. Su régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad es el de las entidades locales. Tienen las potestades que sus estatutos les atribuyan de manera expresa y un consejo rector.

Artículo 35. Agencia pública empresarial local

Las agencias empresariales locales son entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestionan servicios o producen bienes de interés público susceptibles de contraprestación. No pueden crearse para actividades administrativas. Se rigen por el Derecho Privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas atribuidas expresamente en sus estatutos y lo regulado en la legislación de haciendas locales, sus estatutos y demás disposiciones generales. Las rige un consejo de administración.

Artículo 36. Agencia local en régimen especial

Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas que asumen actividades propias de las agencias administrativas y empresariales locales, siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad y requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por el Derecho Privado, con excepciones. Actúan conforme a un plan de acción anual y a un contrato plurianual de gestión, que aprueba el pleno de la entidad local. Una comisión de control, regulada en los estatutos, informa sobre la ejecución del contrato de gestión.

Artículo 37. Disposiciones comunes a las agencias locales

La creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas administrativas locales, de las agencias públicas empresariales locales y de las agencias especiales corresponde al pleno de la entidad local, que deberá aprobar sus estatutos. Los estatutos han de aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo. Su contenido mínimo es: denominación, funciones y competencias, con expresa indicación de las potestades atribuidas, y determinación de los máximos órganos de dirección del organismo.

Artículo 38. Sociedad mercantil local

Las sociedades mercantiles locales tienen por objeto realizar actividades o gestionar servicios de competencia de la entidad local. Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias sujetas a la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una forma de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital es íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local. El pleno aprueba los estatutos y se constituye como junta general; se publican antes de funcionar.

Artículo 39. Sociedad interlocal

Las entidades locales pueden crear sociedades interlocales, o participar en ellas, para prestar conjuntamente actividades y servicios de su competencia. Esa prestación se considera gestión propia si se cumplen cinco requisitos: capital exclusivo público local, con prohibición expresa de capital privado; control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios; acuerdos por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la componen; no tener encomendadas actividades de mercado; y prestar su actividad solo en el territorio de las entidades locales que la crean.

Artículo 40. Fundación pública local

Es fundación pública local aquella en la que concurra alguna de estas circunstancias. Primera: aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, o patrimonio fundacional formado, con carácter de permanencia, en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por ellas. Segunda: representación mayoritaria de la entidad local, que existe cuando nombra, directamente o a través de sus entidades o empresas, a más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia.

Artículo 41. Creación, modificación y extinción de la fundación pública local

Requieren acuerdo previo del pleno de la entidad: la creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria y la modificación de sus fines fundacionales. Ese acuerdo determina las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y designa a la persona que ha de actuar por la entidad en el acto de constitución y, en su caso, a su representación en el patronato.

Artículo 42. Régimen jurídico de la fundación pública local

Las fundaciones públicas locales no pueden ejercer potestades públicas. Solo pueden realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras y deben contribuir a la consecución de sus fines, sin asumir la titularidad de las competencias de estas. En todo caso, las entidades locales designan a la mayoría de los miembros del patronato. En lo no regulado específicamente en el capítulo se rigen, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de aplicación.

Artículo 43. La empresa mixta de colaboración pública-privada

Los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general constituyendo empresas mixtas o participando en ellas. La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local. En todo caso, su proceso de constitución debe asegurar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado se sujeta a los procedimientos de concurrencia aplicables según la legislación de contratos del sector público.

Artículo 44. Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés económico general

Las empresas a las que las administraciones locales hayan atribuido la gestión de servicios de interés económico general o concedido derechos especiales o exclusivos quedan sujetas a obligaciones de transparencia cuando realicen además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público. Deben llevar cuentas separadas e informar sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los métodos de asignación empleados, en los términos de la legislación estatal y del Derecho europeo.

Artículo 45. Iniciativa económica local

Las entidades locales andaluzas pueden ejercer la iniciativa pública para desarrollar actividades económicas, en los términos del artículo 128.2 de la Constitución Española, en el marco de sus políticas propias y en régimen de libre concurrencia. Para ejercer actividades económicas en ese régimen hace falta un acuerdo de la entidad local adoptado por mayoría.

Artículo 46. Empresa pública local

Para ejercer actividades económicas, las entidades locales adoptarán preferentemente la forma de empresa pública local. Lo es cualquier sociedad mercantil con limitación de responsabilidad en la que los entes locales ostenten, directa o indirectamente, una posición dominante por la propiedad, la participación financiera o las normas que la rigen. Su objeto son actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, bajo el principio de la libre competencia. En ningún caso podrán ejercer potestades públicas.

Artículo 47. Creación de la empresa pública local

Crear una empresa pública local exige autorización del pleno por acuerdo adoptado por mayoría, previo expediente que acredite la conveniencia y oportunidad. El acuerdo se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y recoge como mínimo: denominación, forma jurídica, actividades del objeto social, facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles, participación local en el capital, líneas básicas de organización y adscripción. Incorpora y aprueba el proyecto de estatutos y el plan inicial de actuación. Los estatutos se aprueban y publican antes de la entrada en funcionamiento.

Artículo 48. Régimen jurídico

La empresa pública local se rige por el ordenamiento jurídico privado, cualquiera que sea su forma jurídica, salvo en las materias en que se aplique la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación. Los estatutos determinan el funcionamiento del consejo de administración y de los restantes órganos de dirección. El personal se rige por el Derecho Laboral; el nombramiento del no directivo va precedido de convocatoria pública y procesos selectivos basados en igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 49. Transparencia de las relaciones financieras

Las empresas públicas locales deben suministrar información a la administración local de la que dependan, en los plazos que establezcan sus estatutos, sobre la recepción de fondos enviados por las distintas administraciones públicas, para garantizar la transparencia de las relaciones financieras. Además, en la memoria anual deben incluir información específica sobre la puesta a disposición de fondos por las administraciones públicas, directa o indirectamente, los objetivos perseguidos y su utilización efectiva.

Artículo 1. Objeto y naturaleza

El Reglamento regula la organización y el régimen de funcionamiento de los órganos de Gobierno y de la Administración del municipio de Cádiz. Su contenido goza de especial protección jurídica frente a Resoluciones y Bandos de Alcaldía, acuerdos del Pleno o de la Junta de Gobierno Local, Ordenanzas y Reglamentos: ninguno de ellos puede contener disposiciones organizativas o de funcionamiento que lo contradigan.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La organización y el funcionamiento del Ayuntamiento de Cádiz se rigen por este Reglamento, dentro de los términos de la legislación estatal y autonómica aplicable. Sus normas se aplican con preferencia a cualesquiera otras que no tengan rango de Ley del Estado o de Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Principios de la organización municipal

El Ayuntamiento se organiza en Órganos Básicos y Órganos Complementarios. Básicos: Pleno, Alcaldía, Junta de Gobierno Local, Tenientes de Alcaldía, Comisiones Informativas y Comisión Especial de Cuentas. Complementarios: Concejales Delegados, Junta de Portavoces, otras Comisiones Especiales y los demás órganos que cree el Pleno al amparo del artículo 24 de la Ley 7/1985. La Corporación colabora estrechamente con los Empleados Públicos.

Artículo 4. Régimen

Artículo 5. Prerrogativa y honores

Los miembros de la Corporación gozan de los honores, prerrogativas y distinciones propios del cargo que establezca la Ley Estatal o Autonómica, pero solo una vez que toman posesión. Al mismo tiempo, están obligados al estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a su condición.

Artículo 6. Derecho y deber de asistencia

Los concejales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de los demás órganos colegiados de los que formen parte. Solo una justa causa les dispensa, y deben comunicarla al Presidente del órgano de que se trate con la antelación suficiente.

Artículo 7. Observancia de las normas

Los miembros de la Corporación deben observar la necesaria cortesía y decoro en los debates del Pleno y de las Comisiones, respetar las normas que regulan su orden y funcionamiento y guardar secreto sobre las actuaciones y debates de asuntos que pudieran afectar al derecho fundamental de la ciudadanía del artículo 18 de la Constitución Española.

Artículo 8. Retribuciones

Los miembros de la Corporación tienen derecho a percibir las retribuciones que correspondan a su régimen de dedicación, con arreglo al artículo 75 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a las disposiciones que dicte el Pleno en su desarrollo.

Artículo 9. Indemnizaciones

Los miembros de la Corporación perciben indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados por el ejercicio del cargo, según las normas generales de las Administraciones Públicas y previa autorización de la Presidencia de la Corporación. El Pleno, en las Bases de Ejecución de los Presupuestos, fija la forma de justificar esos gastos según su naturaleza y cuantía.

Artículo 10. Abstención y recusación

Además de las incompatibilidades legales, los concejales deben abstenerse de deliberar, votar, decidir y ejecutar cualquier asunto en que concurra una causa prevista en la legislación de procedimiento administrativo y de contratos. Si intervienen pese a ello y su actuación es determinante, los actos son inválidos. Los interesados pueden recusarlos, y el Pleno resuelve las recusaciones contra el Alcalde o los concejales.

Artículo 11. Responsabilidad

Los concejales responden civil y penalmente por sus actos u omisiones en el cargo, ante los tribunales competentes y por el procedimiento ordinario. Responden de los acuerdos quienes votaron a favor. El Ayuntamiento puede exigirles responsabilidad por dolo o culpa grave si causaron daños a la Corporación o a terceros indemnizados por ella. La responsabilidad civil y patrimonial se cubre con seguro, salvo actos dolosos, fraudulentos o con intención de infringir el Ordenamiento.

Artículo 12. Uso del cargo de Concejal

Los miembros de la Corporación no pueden invocar ni usar su condición de concejal para ejercer cualquier actividad mercantil, industrial o profesional, ni colaborar en el ejercicio de esas actividades por terceros, ante la Entidad Local a la que pertenecen.

Artículo 13. Ejercicio general del derecho

Los concejales pueden obtener de la Alcaldía y de los órganos y servicios municipales los antecedentes, datos o informaciones precisos para su función. La petición se entiende concedida por silencio si no hay resolución o acuerdo denegatorio en cinco días naturales desde la solicitud. Pasado el plazo, el servicio debe facilitar la información, salvo que exija un informe específico, que debe autorizar la Delegación del Área. La denegación es excepcional y debe ser motivada.

Artículo 14. Ejercicio automático del derecho

Los servicios municipales deben facilitar la información sin autorización previa en tres casos: a los concejales con delegaciones o responsabilidades de gestión, sobre la información propia de ellas; a cualquier concejal, sobre los asuntos que vayan a tratar los órganos colegiados de que forme parte y sobre las resoluciones o acuerdos de cualquier órgano municipal; y a los concejales, sobre la información de libre acceso para los ciudadanos y la incluida en la Ley 19/2013 y la Ley 1/2014.

Artículo 15. Normas para el ejercicio del derecho a la información

El Ayuntamiento está obligado a proporcionar a los concejales cuanta información soliciten, entregándola en el mismo formato en que la posea la Administración y usando los medios técnicos más idóneos para que la transmisión al solicitante sea efectiva.

Artículo 16. Declaración de incompatibilidad y de actividades y bienes patrimoniales

Los concejales declaran sus causas de posible incompatibilidad, actividades que den ingresos, bienes patrimoniales, participaciones en sociedades y liquidaciones de Renta, Patrimonio y Sociedades. Se hace en modelos aprobados por el Pleno antes de tomar posesión, al cesar, al acabar el mandato y cuando cambien las circunstancias; salvo las primeras, en el plazo máximo de un mes. Además hay declaración anual abreviada. Se inscriben en los Registros de Actividades y de Bienes Patrimoniales de la Secretaría General, que son públicos.

Artículo 17. Registro de intereses: contenido y normas de procedimiento

La Secretaría General lleva y custodia los Registros de Intereses. Los modelos aprobados por el Pleno deben recoger, entre otros: cargos, pensiones, actividades, inmuebles, saldo medio en cuentas, valores (actualizados a 31 de diciembre), objeto social de sociedades, bienes muebles de más de 6.000 €, seguros de vida de más de 30.000 € y deudas. De los inmuebles se omite la localización. Copia diligenciada al interesado, copia certificada en Secretaría y original al Archivo; al terminar el mandato se encuadernan y archivan.

Artículo 18. Publicidad de las declaraciones de incompatibilidad y de actividades y bienes patrimoniales

Los Registros de intereses son públicos. El contenido de las declaraciones inscritas en ellos se pone a disposición en la sede electrónica o en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, mediante el modelo abreviado, que se actualiza anualmente.

Artículo 19. Constitución

Para actuar en la Corporación, los electos se constituyen en Grupos Políticos. Son miembros no adscritos quienes no se integran en el Grupo de la formación por la que fueron elegidos o abandonan su grupo. Para constituir y mantener grupo propio hacen falta al menos dos concejales; los de listas que no lleguen a ese número pasan al Grupo Mixto. Nadie puede pertenecer a la vez a más de un Grupo.

Artículo 20. Formalización y adscripción

Los Grupos se constituyen por escrito dirigido a la Alcaldía, firmado por todos sus integrantes y presentado en la Secretaría General en los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación, con su denominación y Portavoz (y, si se quiere, suplentes). El Presidente da cuenta al Pleno. Quien adquiera la condición de concejal después se integra en su Grupo en cinco días hábiles. A falta de normas internas, los acuerdos del Grupo se adoptan por mayoría, con voto dirimente del Portavoz.

Artículo 21. Grupo Mixto

El Grupo Mixto lo forman los concejales de partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que no alcanzan dos representantes para tener Grupo propio. Puede estar integrado por un solo miembro. Sus integrantes pueden rotar en la portavocía según el orden que fijen y, si lo eligen, repartir a partes iguales el tiempo de intervención que les corresponda en los Plenos.

Artículo 22. Miembros no adscritos

Son no adscritos los concejales que no se integran en el grupo de la formación por la que fueron elegidos o que abandonan su grupo. Sus derechos económicos y políticos no pueden superar los que tendrían en su grupo de procedencia. No son Grupo ni tienen dotación económica como tal, no tienen Portavoz ni asisten a la Junta de Portavoces, aunque conservan el derecho de información. Pueden participar e intervenir en los Plenos y en las Comisiones Informativas.

Artículo 23. Dotación económica

El Pleno asigna a los Grupos Políticos, con cargo a los presupuestos anuales, una dotación con un componente fijo igual para todos y otro variable según el número de miembros, dentro de los límites de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. No puede destinarse a pagar personal al servicio de la Corporación ni a adquirir activos fijos patrimoniales. Los Grupos llevan contabilidad específica y la ponen a disposición del Pleno cuando este la pida.

Artículo 24. Medios personales y materiales

Los Grupos Municipales cuentan, en igualdad, con el personal asesor y administrativo aprobado en el Pleno de organización o fijado con el Presupuesto. Cada Grupo tiene un local o despacho, preferentemente en la Casa Consistorial según los espacios disponibles, para centralizar sus actividades y atender a la ciudadanía, dotado de medios informáticos, telefónicos, reprográficos, limpieza y material no inventariable como el resto de oficinas municipales.

Artículo 25. Naturaleza y composición

La Junta de Portavoces la preside el Alcalde, la integran los Portavoces de los Grupos Municipales y la asiste el Secretario General. No adopta acuerdos ni resoluciones que obliguen a terceros, salvo por delegación de otros órganos o atribución específica del Reglamento. Se constituye por resolución de la Presidencia cuando se formaliza la designación de sus miembros, y sus cambios siguen el mismo trámite.

Artículo 26. Convocatoria

El Alcalde convoca la Junta de Portavoces con al menos veinticuatro horas de antelación, salvo urgencia motivada. Puede hacerlo por iniciativa propia o a petición de cualquier Grupo Municipal, que debe indicar el asunto a tratar. Si deniega la convocatoria pedida por un Grupo, la denegación ha de ser siempre motivada.

Artículo 27. Sesión obligatoria

La Junta de Portavoces se reúne con carácter ordinario el día anterior a cada sesión ordinaria y extraordinaria del Pleno, para que los Portavoces traten el Orden del Día y den su opinión. En las sesiones urgentes este trámite se omite cuando materialmente no sea posible celebrarla.

Artículo 28. Funciones

La Junta de Portavoces recibe información de la Presidencia para difundirla (pasadas 24 horas se presume conocida por todos los concejales de los Grupos); delibera sobre peticiones de los Grupos y protocolo; consensúa el régimen de debates; evacua consultas de la Alcaldía; celebra la sesión preparatoria proponiendo cambios en el orden del día; adopta por unanimidad pronunciamientos o acuerdos políticos sobre asuntos graves; formula Declaraciones institucionales; y ejerce las funciones atribuidas o delegadas.

Artículo 29. Régimen jurídico

La Junta de Portavoces resuelve sus propuestas por voto ponderado, según la representación que cada Grupo tenga en el Pleno del Ayuntamiento. Con carácter supletorio se le aplica el régimen jurídico propio de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 30. Composición y competencias

El Pleno lo integran el Alcalde y los Concejales y es el máximo órgano de representación política de la ciudadanía en la Administración Municipal. Lo convoca y preside el Alcalde, salvo en los supuestos legalmente previstos. Le corresponden las atribuciones del artículo 22 de la Ley 7/1985 y las que le atribuyan expresamente otras leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 31. Presidencia del Pleno

La Presidencia, que corresponde al Alcalde, dirige el Pleno con la asistencia de la Secretaría General: convoca y preside las sesiones, dirige y ordena los debates, asegura la marcha de los trabajos y hace cumplir el Reglamento, interpretándolo y supliéndolo. Si el Alcalde falta y no la ha delegado, la ejerce un Teniente de Alcalde por orden de nombramiento, alterable si el sustituto es ponente. Si está delegada, se sigue la delegación. La suplencia es automática y se da cuenta al Pleno.

Artículo 32. Propuestas

Pueden proponer acuerdos al Pleno la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local y sus miembros, los concejales con responsabilidades de gobierno, los Grupos, los no adscritos y, en su caso, organizaciones ciudadanas. Las propuestas se presentan en la Secretaría General con diez días naturales de antelación al Pleno Ordinario. Cada Grupo puede llevar tres propuestas por sesión ordinaria y una más por cada cinco componentes; los no adscritos, una. No computan las conjuntas de todos los Grupos ni las de gestión del gobierno.

Artículo 33. Propuestas de urgencia

Pueden presentarse propuestas urgentes sin respetar el plazo general de presentación, pero siempre antes del comienzo de la sesión ordinaria. Para admitirlas, la urgencia debe acordarse por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Es urgente aquello cuya aprobación no puede demorarse por razones objetivas.

Artículo 34. Declaraciones Institucionales

Las Declaraciones Institucionales expresan la postura del Pleno, como órgano máximo de representación política municipal, sobre cuestiones de interés general. La Presidencia lleva el texto definitivo a la Junta de Portavoces para que lo suscriban todos los grupos; después se presenta en la Secretaría General con diez días naturales de antelación al Pleno Ordinario, salvo urgencia (artículo 33). En el Pleno se lee sin debate.

Artículo 35. Lugar de las sesiones

El Pleno celebra sus sesiones en la Casa Consistorial. Solo en casos de fuerza mayor la Presidencia del Pleno puede disponer que se celebren en otro edificio habilitado al efecto.

Artículo 36. Duración

Las sesiones siguen el principio de unidad de acto: deben terminar el mismo día en que empiezan. Si no, se interrumpen y quedan automáticamente convocadas para el primer día hábil siguiente a la misma hora de inicio, lo que notifica el Secretario con el Orden del Día, fecha y hora. La Presidencia puede acordar interrupciones para deliberar o por otros motivos y dar descansos; ante circunstancias excepcionales, puede interrumpir y decidir, previa consulta a las portavocías, cuándo se reanuda o si los asuntos pasan al Pleno siguiente.

Artículo 37. Publicidad y difusión de las sesiones

Las sesiones del Pleno son públicas. Siempre que sea posible se retransmiten en directo y en su integridad por todos los medios de radio, televisión e internet de titularidad pública municipal. En la retransmisión debe facilitarse el seguimiento de los debates a las personas con discapacidad auditiva.

Artículo 38. Tipos de sesiones

Artículo 39. Sesiones ordinarias

Las sesiones ordinarias tienen periodicidad preestablecida, que fija el propio Pleno en una sesión extraordinaria convocada por el Alcalde en los treinta días siguientes a la sesión constitutiva. Hay sesión ordinaria como mínimo cada mes; agosto puede exceptuarse si lo acuerda la Junta de Portavoces. El Pleno fija y puede modificar día y hora, y el Presidente, por iniciativa propia o a petición de los Portavoces y previo acuerdo de la Junta de Portavoces, puede variarlos en alguna sesión por causa justificada.

Artículo 40. Sesiones extraordinarias

Hay Pleno extraordinario cuando lo decide el Presidente o lo pide al menos la cuarta parte del número legal de miembros, por escrito con los asuntos y, si se busca un acuerdo, su texto. No puede demorarse más de quince días hábiles desde la solicitud, ni incorporarse el asunto a otro Pleno sin autorización de los solicitantes. Si el Presidente no lo convoca, queda convocado para el décimo día hábil siguiente al fin del plazo, a las doce horas, y la Secretaría General lo notifica al día siguiente. Los presupuestos se aprueban en sesión extraordinaria y especial.

Artículo 41. Sesiones extraordinarias y urgentes

El Presidente puede convocar sesiones extraordinarias urgentes cuando la urgencia de los asuntos impida respetar la antelación mínima del Reglamento. El primer punto del orden del día es pronunciarse sobre la urgencia, que debe aprobarse por mayoría absoluta del número legal de miembros. Si el Pleno no la aprecia, la sesión se levanta acto seguido.

Artículo 42. Convocatoria

Las sesiones plenarias se convocan con al menos dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias urgentes, cuya urgencia ratifica el Pleno. La convocatoria indica lugar, día y hora, y lleva el orden del día y el borrador del acta anterior. La documentación íntegra está en la Secretaría General desde el día de la convocatoria; concejales y secretarías de Grupos pueden examinarla y obtener copias, sin sacar los originales. La notificación es electrónica con aviso por correo o mensajería, y la convocatoria se entiende hecha desde que está disponible.

Artículo 43. Orden del día

La Presidencia fija el Orden del día, oída la Junta de Portavoces y asistida por la Secretaría General (y, si quiere, por la Junta de Gobierno Local). Estructura posible de la sesión ordinaria: acta anterior; parte resolutiva (propuestas del Alcalde y del gobierno, proposiciones de grupos y no adscritos, Declaraciones Institucionales, iniciativas ciudadanas); mociones de urgencia; e información, impulso y control (preguntas, ruegos e información del Gobierno). Lo resolutivo debe pasar antes por Comisión Informativa, salvo urgencias.

Artículo 44. Constitución de las sesiones

El Pleno se constituye válidamente con un tercio del número legal de miembros y, en todo caso, con el Presidente y el Secretario o sus sustitutos legales; el quórum debe mantenerse toda la sesión. Los Tenientes de Alcalde sustituyen al Alcalde por orden de nombramiento. Quien no pueda asistir lo comunica a la Presidencia a través de la Secretaría General. Si falta el quórum una vez iniciada, se levanta la sesión; lo ya acordado vale y el resto pasa al primer día hábil. Si falta la mayoría absoluta exigida para un acuerdo, puede alterarse el orden o dejarse el asunto sobre la mesa.

Artículo 45. Apertura de las sesiones

La Presidencia abre la sesión y el Secretario General comprueba el quórum. Si pasa media hora desde la hora señalada sin quórum, la Presidencia ordena a la Secretaría General levantar diligencia con los asistentes, los excusados y la falta de quórum. Constituida la sesión, se propone aprobar el acta o actas anteriores: sin observaciones queda aprobada; si las hay, las resuelve la Corporación y se incorporan al Acta definitiva. Nunca puede cambiarse el fondo de los acuerdos; solo subsanar errores materiales o de hecho.

Artículo 46. Desarrollo de las sesiones

Los asuntos se debaten y votan en el orden del día establecido, aunque la Presidencia puede alterarlo previo acuerdo de la Junta de Portavoces, sin perjuicio del artículo 44.7. Los asuntos relacionados pueden debatirse conjuntamente si lo decide la Presidencia de acuerdo con el grupo proponente, oída la Junta de Portavoces, pero cada uno se vota por separado.

Artículo 47. Asuntos retirados o sobre la mesa

Los autores pueden retirar sus iniciativas antes de que empiece la votación. La Presidencia puede retirar un asunto si no puede obtenerse la mayoría especial exigida. Cualquier concejal puede pedir en el debate la retirada de un expediente para incorporar documentos o informes, o que quede sobre la mesa; se vota tras el debate y antes del fondo, y con mayoría simple a favor no se vota la propuesta. Si falta un informe preceptivo de Secretaría o Intervención en un asunto fuera del orden del día, se pide aplazarlo; si no se atiende, consta en acta.

Artículo 48. Orden de colocación

Los miembros de la Corporación se sientan en el Salón de Sesiones agrupados con su Grupo. El orden de colocación lo determina la Alcaldía, oídos los Portavoces, con preferencia para el grupo de la lista más votada y facilitando, en todo caso, la emisión y el recuento de votos.

Artículo 49. Ordenación de los debates

Artículo 50. Participación de la ciudadanía en el Pleno

Antes o después de la sesión, a criterio de la Presidencia, hay un turno del público sobre temas de interés municipal, con un máximo de siete intervenciones, que ordena y cierra la Presidencia. Se solicita por escrito a la Alcaldía con al menos diez días naturales de antelación, indicando el objeto. Si hay más solicitudes, se prioriza por número de registro de entrada y por no haber intervenido antes. Cada intervención dura como máximo tres minutos; las preguntas o ruegos se contestan por escrito en treinta días. A quien ofenda se le retira la palabra tras un primer apercibimiento.

Artículo 51. Intervención en el Pleno de colectivos ciudadanos y órganos de participación ciudadana

Los colectivos ciudadanos pueden exponer su opinión ante el Pleno, dentro del primer turno del grupo proponente y si este lo acuerda, cuando los autorice la Presidencia por cumplir dos requisitos: que el asunto esté en el orden del día (no los de toma de conocimiento) y que el colectivo esté registrado o haya comunicado su constitución y representantes. Intervienen tras la lectura del punto por la Secretaría General y antes de los Grupos y de las votaciones. Se les retira la palabra si ofenden, tras un apercibimiento, y la denegación debe motivarse.

Artículo 52. Comportamiento del público asistente

El público asistente no puede intervenir en las sesiones ni manifestar agrado o desagrado por ningún medio. La Presidencia debe expulsar del Salón de Plenos a quien incumpla esta norma o impida el normal desarrollo de la sesión. Si el incumplimiento se reitera, conlleva la prohibición de asistir a la siguiente o siguientes sesiones, a criterio de la Presidencia.

Artículo 53. Informe preceptivo de la Secretaría General y de la Intervención

Es preceptivo el informe previo de la Secretaría General y, en su caso, de la Intervención (o sus sustitutos legales) para los acuerdos plenarios: cuando lo considere la Presidencia o lo pida al menos un tercio de los miembros con antelación suficiente; siempre que la materia exija mayoría especial; y cuando una Ley lo exija en materias del Pleno. Los informes se emiten por escrito, indicando la legislación aplicable y la adecuación de las propuestas a la legalidad.

Artículo 54. Lectura de los asuntos incluidos en el orden del día

Cada punto empieza con la lectura por la Secretaría General del texto que figura en el orden del día. Después, la Presidencia observa si algún Portavoz pide la palabra; si nadie la pide, el asunto se somete directamente a votación.

Artículo 55. Reglas del debate

Si hay debate, lo ordena el Presidente: solo se habla con su autorización. Primer turno: empieza el grupo proponente y siguen los demás por orden creciente de representación, con un máximo de seis minutos, repartibles entre miembros del grupo. Réplica, si algún Grupo la pide: tres minutos en orden creciente, y el proponente cierra con dos minutos adicionales; después se concluye el debate. Alusiones: dos minutos al aludido y otros dos al autor. Los turnos pueden ampliarse en asuntos de especial trascendencia (Presupuestos, Ordenanzas Fiscales, PGOU y los que acuerde la Junta de Portavoces).

Artículo 56. Cuestión de orden

En cualquier momento del debate, los miembros de la Corporación pueden pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando la norma de procedimiento cuya aplicación reclaman. La Presidencia la resuelve de plano, sin que se abra debate. Quien la plantea puede pedir que consten en acta su planteamiento y la resolución.

Artículo 57. Llamada al orden

La Presidencia puede llamar al orden al concejal que profiera palabras ofensivas o atentatorias al decoro de la Corporación, sus miembros, las instituciones u otras personas o entidades; que interrumpa o altere el orden de las sesiones; o que pretenda hablar sin tener la palabra o tras habérsela retirado. Tras tres llamadas en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de la tercera, puede ordenarle abandonar el Salón y adoptar medidas para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 58. Abstención y abandono obligado de la sesión

El miembro de la Corporación que deba abstenerse de participar en la deliberación y votación tiene que abandonar el salón del Pleno mientras se discuta y vote el asunto. La excepción es cuando se debata su actuación como miembro de cualquier órgano de la Corporación: entonces tiene derecho a permanecer y defenderse.

Artículo 59. Enmiendas, ruegos y preguntas

La enmienda es un proyecto de modificación de una propuesta que cualquier concejal presenta en el Registro hasta 24 horas antes de la sesión; puede ser de sustitución o de adición, se expone tras la propuesta (dos minutos) y se debate con ella. Se vota primero la de sustitución, luego la propuesta si aquella no prospera, y, si prospera alguna de ellas, la de adición. In voce, solo de los proponentes para subsanar errores o transaccionar. Ruegos y preguntas: por escrito en Secretaría tres días antes; los ruegos no se debaten ni votan; orales, hasta tres por grupo en dos minutos.

Artículo 60. Asesoramiento técnico

La Secretaría General y la Intervención Municipal pueden intervenir en el Pleno cuando la Presidencia se lo requiera, para asesorar técnicamente o aclarar conceptos. Además, en cualquier momento, si consideran que en el asunto debatido se incurre en ilegalidad o en desviación presupuestaria, pueden pedir a la Presidencia intervenir.

Artículo 61. Planteamiento de los términos de la votación

Terminado el debate, se vota el asunto. Si el Grupo proponente lo acepta, pueden votarse por separado los puntos o apartados de la propuesta, de modo que unos se aprueben y otros se rechacen. Antes de votar, la Presidencia expone con claridad los términos de la votación y la forma de votar. El voto es personal e indelegable.

Artículo 62. Tipos de votación

Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales o secretas, y también telemáticas. Ordinarias: por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. Nominales: por llamamiento en orden alfabético de apellidos, respondiendo cada miembro en voz alta «sí», «no» o «me abstengo»; la Presidencia vota siempre en último lugar. Secretas: depositando cada miembro una papeleta en una urna.

Artículo 63. Procedencia de cada tipo de votación

La votación ordinaria es el sistema normal. La nominal se usa a solicitud de un Grupo Municipal, aprobada por el Pleno en votación ordinaria por mayoría simple, y siempre en la Moción de Censura y la Cuestión de Confianza. La secreta se utiliza para elegir al Alcalde. Las telemáticas, en los casos del artículo 73.

Artículo 64. Interrupción de las votaciones

Una vez iniciadas, las votaciones no pueden interrumpirse. Mientras duran, ningún miembro de la Corporación puede incorporarse a la sesión ni abandonarla, y quien no esté en su escaño al empezar la votación no puede participar en ella. Durante la votación, el Presidente no concede la palabra.

Artículo 65. Voto de calidad

Si una votación termina en empate, se repite. Si el empate persiste en la nueva votación, decide el voto de calidad del Presidente, sin perjuicio del deber de abstención en los supuestos previstos en la ley.

Artículo 66. Quórum para la adopción válida de acuerdos

Como regla general, el Pleno adopta sus acuerdos por mayoría simple de los miembros presentes: más votos afirmativos que negativos. Hay mayoría absoluta cuando los votos afirmativos superan la mitad del número legal de miembros. Si, aplicando el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, no quedan candidatos o suplentes que nombrar, los quórum de asistencia y votación se refieren al número de hecho de miembros subsistentes.

Artículo 67. Proclamación de acuerdos

Tras una votación ordinaria, la Presidencia proclama directamente lo acordado. En la votación nominal o secreta, al concluir, la Secretaría computa los sufragios emitidos y anuncia en voz alta el resultado; a la vista de él, la Presidencia proclama el acuerdo adoptado.

Artículo 68. Explicación del voto

Una vez proclamado el acuerdo, solo los Grupos que no hubieran intervenido en el debate pueden pedir a la Presidencia un turno de explicación de voto. Ese turno ha de ser breve y conciso y la intervención no puede superar los dos minutos.

Artículo 69. Pleno extraordinario sobre el “Estado de la Ciudad”

Cada año, en el primer semestre, se celebra una sesión extraordinaria sobre el “Estado de la Ciudad”, salvo acuerdo unánime de la Junta de Portavoces. La Alcaldía adjunta a la convocatoria una memoria de valoraciones y actividades. Debate: la Alcaldía-Presidencia lo abre (máximo veinte minutos), cada Grupo dispone de veinte minutos en orden creciente y la Alcaldía-Presidencia lo cierra (máximo diez minutos). No se vota ninguna cuestión surgida en la sesión.

Artículo 70. Publicación de los acuerdos

Los acuerdos del Pleno, sus Comisiones, la Junta de Gobierno Local y la Alcaldía se publican cuando lo establezca la normativa vigente. Las Ordenanzas, los Reglamentos y las normas de los Planes urbanísticos se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y, una vez aprobados definitivamente, no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido, en su caso, el plazo del art. 65.2 de la Ley 7/1985.

Artículo 71. Ejecutividad de los acuerdos

Los actos y acuerdos de los Órganos Municipales adoptados con los requisitos necesarios son inmediatamente ejecutivos. Hay dos excepciones: que una disposición legal establezca lo contrario o que se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.

Artículo 72. Recursos y reclamaciones

Contra los actos y acuerdos de las Entidades Locales que ponen fin a la vía administrativa cabe acudir a la Jurisdicción competente, con recurso de reposición previo y potestativo. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno, del Alcalde, de la Junta de Gobierno Local y, en su caso, de las Comisiones del Pleno y otros cargos con atribuciones delegadas, salvo que una Ley sectorial exija aprobación ulterior del Estado o de la Comunidad Autónoma o proceda recurso ante estas (art. 27.4 de la Ley 7/1985). Para órganos descentralizados o desconcentrados rigen sus normas reguladoras.

Artículo 73. Solicitud de participación no presencial

Los concejales con permiso de maternidad o paternidad y los que padezcan enfermedad grave que claramente impida su asistencia pueden pedir a la Presidencia participar en el Pleno por medios telemáticos. La solicitud se hace por escrito con al menos cuarenta y ocho horas de antelación; la denegación ha de estar suficientemente motivada. El medio debe asegurar identidad, contenido y momento de las manifestaciones e interactividad, y el voto telemático debe garantizar identidad, integridad y no repudio.

Artículo 74. Constitución, composición y funciones

Las Comisiones Informativas, integradas solo por miembros de la Corporación, no tienen atribuciones resolutorias: estudian, informan o consultan los asuntos que decidirá el Pleno (salvo acuerdos urgentes) y los de la Junta de Gobierno Local y la Alcaldía si lo piden o actúan por delegación del Pleno. El Pleno fija su número y denominación en los treinta días siguientes a su constitución. Preside el Alcalde y es secretario el Secretario General (ambos pueden delegar); composición proporcional, al menos un miembro por Grupo salvo renuncia, y titular y suplente.

Artículo 75. Tipos de Comisión

Las Comisiones pueden ser permanentes o especiales. Las permanentes se constituyen con carácter general y se reparten las materias que van al Pleno; su número y denominación los decide el Pleno a propuesta del Alcalde, procurando que coincidan con las grandes áreas de los servicios. Las especiales las crea el Pleno para un asunto concreto y se extinguen automáticamente cuando dictaminan o informan sobre él, salvo que el acuerdo plenario que las creó disponga otra cosa.

Artículo 76. Periodicidad de las sesiones

La periodicidad de las sesiones ordinarias de las Comisiones del Pleno la acuerdan las propias Comisiones, en los días y horas que fije su Presidente, con un mínimo de una sesión ordinaria al mes. Las Comisiones Informativas ordinarias se celebran al menos 48 horas antes del Pleno ordinario. Caben sesiones extraordinarias si lo decide el Presidente o lo pide al menos la cuarta parte de los miembros, sin que un concejal pueda pedir más de tres al año.

Artículo 77. Convocatoria

El Presidente de la Comisión convoca las sesiones con al menos dos días hábiles de antelación. Convocatoria, orden del día y borradores de actas se remiten a los concejales miembros en la sede de su Grupo Municipal, en horario de oficina, y pueden usarse medios telemáticos. En el orden del día se incluyen, para su previo dictamen, los asuntos que vayan a la convocatoria del Pleno. Las sesiones ordinarias incluyen siempre un punto de ruegos y preguntas.

Artículo 78. Documentación a disposición de los miembros de las Comisiones

Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria, la documentación íntegra de los asuntos que va a tratar la Comisión debe estar a disposición de todos sus miembros en la Secretaría General desde el mismo día de la convocatoria.

Artículo 79. Válida constitución

Cada Comisión Informativa se constituye válidamente con al menos un tercio del número legal de sus miembros, nunca menos de tres, y ese quórum debe mantenerse toda la sesión. Si no se alcanza o no se mantiene, la sesión se entiende convocada automáticamente treinta minutos más tarde. En todo caso se exige la presencia del Presidente y del Secretario General o de quienes válidamente les sustituyan, con un mínimo de tres miembros. El Interventor asiste cuando, por la materia, sea necesario para su función de control y fiscalización.

Artículo 80. Debates

El Presidente dirige y ordena los debates de la Comisión respetando los principios generales de los debates plenarios. Ninguna Comisión puede examinar asuntos de otra, salvo que se trate de materias o problemas comunes; en ese caso, el Presidente designa la Comisión que ha de dictaminar el asunto.

Artículo 81. Dictámenes

Los dictámenes de las Comisiones son preceptivos y no vinculantes. Se aprueban por mayoría simple y votación ordinaria; el voto puede ser afirmativo o negativo y cabe abstenerse. Si hay empate se repite la votación y, si persiste, decide el voto de calidad de la Presidencia.

Artículo 82. Actas

De cada sesión de las Comisiones Informativas se levanta acta con: lugar; día, mes y año; hora de comienzo; nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes, de los ausentes excusados y de los que falten sin excusa; carácter ordinario o extraordinario y si es primera o segunda convocatoria; asuntos examinados, opiniones sintetizadas de quienes intervengan e incidencias; votaciones; y hora en que el Presidente levanta la sesión.

Artículo 83. Comisión Especial de Cuentas

Siempre existe una Comisión Especial de Cuentas, que examina, estudia e informa todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno. Se reúne necesariamente antes del 1 de junio de cada año para examinar las cuentas generales del ejercicio anterior, con reuniones preparatorias si lo decide su Presidente o lo pide al menos un cuarto de sus miembros. Las cuentas están a su disposición al menos quince días antes de la primera reunión. Actúa como Comisión de economía y hacienda, asiste el Interventor y su documentación va al Portal de Transparencia.

Artículo 84. Comisiones de Investigación

El Pleno puede crear una Comisión Especial de Investigación a propuesta de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local, de dos Grupos Políticos o de la cuarta parte de los miembros del Pleno. Sus conclusiones se plasman en un dictamen que debate y vota el Pleno, y sus sesiones no son públicas. La Comisión elige a su Presidente, se reúne en la Casa Consistorial, cita a los comparecientes con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, actúa con carácter reservado hasta el dictamen final y obliga a comparecer a funcionarios y empleados municipales.

Artículo 85. Naturaleza y funciones

La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que corresponde al Alcalde, y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que le confieren la Ley y el Reglamento Orgánico.

Artículo 86. Sesión constitutiva

La Junta de Gobierno Local celebra su sesión constitutiva, convocada por la Alcaldía, dentro de los diez días siguientes a aquel en que el Alcalde haya designado a sus miembros.

Artículo 87. Composición

La Alcaldía nombra y separa libremente a los integrantes de la Junta de Gobierno Local, formada por el propio Alcalde y un número de concejales no superior a un tercio del número legal de miembros de la Corporación. Su Secretario es el Secretario General del Ayuntamiento, que puede delegar en funcionario con habilitación de carácter estatal o en funcionario de carrera licenciado en derecho con facultades de asesoramiento legal. El Interventor asiste a las sesiones en ejercicio de su función de control y fiscalización.

Artículo 88. Sesiones

La Junta de Gobierno Local se reúne previa convocatoria de la Alcaldía en sesiones ordinarias o extraordinarias, que pueden además ser urgentes. La Alcaldía fija por decreto el régimen de sesiones y el día y hora de las ordinarias. Las extraordinarias y urgentes se celebran cuando la Alcaldía las convoca con ese carácter. Las sesiones se celebran en la Casa Consistorial, salvo fuerza mayor.

Artículo 89. Desarrollo de las sesiones

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguen las reglas del Pleno, con particularidades: entre convocatoria y sesión deben mediar al menos veinticuatro horas, salvo en las extraordinarias y urgentes, cuya urgencia declara la mayoría de los vocales presentes; las sesiones no son públicas; para constituirse se requiere el Alcalde, el Secretario y al menos un tercio de sus miembros; y el Alcalde dirige los debates. En los diez días hábiles siguientes, el Secretario remite a los Grupos un extracto de los acuerdos, que se publica en el tablón de edictos y en el Portal de Transparencia.

Artículo 90. Actas

Las actas de la Junta de Gobierno Local se transcriben en un libro distinto del de las sesiones del Pleno. Cada acta recoge como mínimo la fecha y hora de comienzo y de finalización, los nombres del Presidente y demás asistentes, los asuntos tratados, el resultado de los votos y los acuerdos adoptados. Se aprueban en la siguiente sesión que se celebre o, en caso de urgencia, en el mismo acto.

Artículo 91. Reuniones deliberantes

La Alcaldía puede reunir en cualquier momento a la Junta de Gobierno Local para conocer su parecer o pedir su asistencia antes de dictar resoluciones en ejercicio de sus propias atribuciones. En estas reuniones deliberantes la Junta no puede adoptar ningún acuerdo, y el resultado de las deliberaciones se formaliza, en su caso, en forma de dictámenes.

Artículo 92. Aplicación subsidiaria de las normas reguladoras del Pleno

Artículo 93. Competencias

La Junta de Gobierno Local ejerce las competencias que le deleguen la Alcaldía o el Pleno y las que tenga atribuidas directamente por la Ley. Cuando ejerce competencias delegadas por el Pleno, es preceptivo el previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.

Artículo 94. Responsabilidad

La Junta de Gobierno Local responde políticamente de su gestión ante el Pleno, de forma solidaria. Esa responsabilidad colectiva no excluye la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su propia gestión.

Artículo 95. Nombramiento y cese

El Alcalde puede nombrar Tenientes de Alcalde de entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local; le sustituyen, por el orden de su nombramiento, en casos de vacante, ausencia o enfermedad. Se nombran y cesan mediante Decreto. La condición de Teniente de Alcalde se pierde por el cese, por la renuncia y por la pérdida de la condición de Concejal.

Artículo 96. Funciones

Los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituyen al Alcalde en la totalidad de sus funciones en caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite ejercerlas. Si durante una sesión el Alcalde se ausenta o se abstiene en un punto, le sustituye automáticamente en la presidencia el Teniente al que corresponda. Si se ausenta más de 24 horas, puede designar por resolución expresa al Teniente que le sustituirá; sin esa designación, o si no pudo hacerla por imposibilidad física, le sustituye el que corresponda, dando cuenta al Pleno.

Artículo 97. Prohibición de revocación de delegaciones

Cuando el Alcalde es sustituido por ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asume sus funciones no puede revocar ni modificar las delegaciones que el Alcalde hubiera otorgado.

Artículo 98. Normas supletorias

En lo no previsto en el Reglamento Orgánico se aplican, como normas supletorias, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986 (texto refundido de Régimen Local); el Real Decreto 2568/1986 (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales); el Real Decreto Legislativo 2/2004 (texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) y demás normativa aplicable.

Artículo 99. Actas por medios electrónicos de Órganos Colegiados

Las sesiones de los Órganos Colegiados del Ayuntamiento de Cádiz pueden grabarse en formato de audio. El fichero de la grabación, con la certificación del Secretario sobre su autenticidad e integridad, y los documentos electrónicos usados en la sesión pueden acompañar al acta; en ese caso no es necesario hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

Disposición adicional única. Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género

La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género es un órgano colegiado cuya función primordial es trabajar la prevención de la violencia de género en el municipio. La integran, entre otros, representantes de los Grupos Políticos Municipales.

Disposición transitoria primera. Adaptación de medios técnicos

La Presidencia del Pleno debe adoptar una resolución que regule el funcionamiento del sistema de asistencia a distancia por videoconferencia. En ella se determinan los medios informáticos y de todo tipo que se utilizarán y las garantías necesarias para que la Secretaría General del Pleno ejerza adecuadamente la fe pública.

Disposición transitoria segunda. Adaptación del registro de intereses y de actividades y bienes

Durante los tres meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento Orgánico, los miembros de la Corporación deben adecuar y actualizar sus declaraciones de intereses, actividades, incompatibilidades y bienes a lo dispuesto en el Título II, Capítulo III.

Disposición derogatoria única

La disposición derogatoria única deroga el anterior Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, aprobado en la sesión plenaria celebrada el 3 de abril de 1998 y publicado en el BOP de 2 de mayo de 1998.