Tema 5 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Artículo 3. Capacidad de obrar

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuyo ejercicio les esté permitido sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Artículo 4. Concepto de interesado

Enumera tres clases de interesado. Primera: quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Segunda: los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión. Tercera: aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento mientras no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Y si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucede en ella cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Artículo 5. Representación

Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, y con él se entienden las actuaciones salvo manifestación expresa en contra. Pueden representar las personas físicas con capacidad de obrar y las jurídicas cuando lo prevean sus estatutos. Hay que acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume. La acreditación admite cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, y se entiende acreditada mediante apoderamiento apud acta presencial o electrónico, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deben inscribirse al menos los poderes de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente. Debe constar también el bastanteo del poder. Los registros generales no impiden que cada Organismo tenga registros particulares para trámites específicos. Todos los registros, generales y particulares, han de ser plenamente interoperables e interconectados entre sí.

Artículo 7. Pluralidad de interesados

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.

Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectadas por la resolución, se les comunicará la tramitación del procedimiento.

Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento

Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados comprobando su nombre y apellidos o razón social según consten en el DNI o documento equivalente. Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, en certificados cualificados de sello electrónico, o mediante cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, siempre que exista registro previo del usuario que garantice su identidad y previa comunicación al órgano estatal competente en administración digital.

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

Los interesados pueden firmar por cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento y la integridad e inalterabilidad del documento. Si optan por relacionarse electrónicamente, son válidos a efectos de firma los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de firma, los de sello electrónico cualificado y avanzado basados en certificados cualificados de sello, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido con registro previo del usuario y previa comunicación al órgano estatal competente.

Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo

Con carácter general, para cualquier actuación del procedimiento basta con que el interesado acredite previamente su identidad. Las Administraciones solo pueden exigir el uso de firma para cinco actuaciones: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

Las Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales, sistemas y aplicaciones necesarios. Deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse por esa vía que lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de ellos no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma puede realizarla válidamente un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

Quienes tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de un catálogo de derechos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, que han de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir responsabilidades a las Administraciones y autoridades; obtener y utilizar los medios de identificación y firma de esta ley; a la protección de datos; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes.

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, y los empleados públicos para los trámites propios de su condición. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican electrónicamente o no.

Artículo 18. Colaboración de las personas

Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable, y en su defecto, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias.

Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo

Los interesados en un procedimiento tienen derecho, entre otros, a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos originales salvo que la norma lo exija, a no aportar datos que ya obren en poder de la Administración, y a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.

Artículo 18

Enumera los derechos y deberes de los vecinos: ser elector y elegible; participar en la gestión municipal; utilizar los servicios públicos y acceder a los aprovechamientos comunales; contribuir con prestaciones económicas y personales; ser informado previa petición razonada (art. 105 CE); pedir consulta popular; exigir el servicio si es competencia propia obligatoria; iniciativa popular (art. 70 bis) y los demás que fijen las leyes. El padrón no prueba la residencia legal del extranjero.

Artículo 69

Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Las formas, medios y procedimientos de participación que establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión de los órganos representativos regulados por la Ley.

Artículo 70

Las sesiones del Pleno son públicas, pero el debate y votación de asuntos que afecten al derecho del artículo 18.1 CE podrán ser secretos si así se acuerda por mayoría absoluta. Las de la Junta de Gobierno Local, no. Las ordenanzas se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta su publicación completa y el plazo del artículo 65.2, salvo presupuestos y ordenanzas fiscales. Los ciudadanos pueden obtener copias y certificaciones de acuerdos y consultar archivos; denegarlo o limitarlo por seguridad y defensa del Estado, delitos o intimidad exige resolución motivada.

Artículo 70 bis

Los ayuntamientos regulan en normas orgánicas procedimientos y órganos de participación vecinal, en el municipio y en los distritos. Iniciativa popular: la ejercen los vecinos con sufragio activo municipal; firmas mínimas: 20 % hasta 5.000 hab., 15 % de 5.001 a 20.000 y 10 % desde 20.001. Se debate y vota en el Pleno, con informe de legalidad del secretario (y del interventor si tiene contenido económico); en los municipios del art. 121, secretario general del Pleno e Interventor general. Puede incluir consulta popular (art. 71). Impulso de las TIC y ventanilla única de servicios.

Artículo 70 ter

Las Administraciones con competencias urbanísticas tendrán a disposición de quien lo pida copias completas de los instrumentos vigentes, documentos de gestión y convenios, y publicarán por medios telemáticos su contenido actualizado y los actos de tramitación relevantes. En municipios menores de 5.000 habitantes podrá publicarse a través de entes supramunicipales de asistencia técnica. Si una alteración no integral aumenta edificabilidad o densidad o cambia usos, constarán los propietarios y titulares de derechos reales de los cinco años anteriores.

Artículo 70 quater

Las Entidades Locales deben facilitar el acceso a los servicios públicos promoviendo las tecnologías de la información, y elaborarán planes para implementar mecanismos digitales que faciliten el acceso de vecinos y empresas. Deben crear y mantener un portal de internet de información y de acceso a los servicios públicos digitalizados, en el que publicarán la información que consideren adecuada y, en su caso, la relación de servicios accesibles o sus vínculos. En municipios de menos de 20.000 habitantes se prestarán con las adaptaciones y plazos que determine la legislación autonómica.

Artículo 71

Los Alcaldes pueden someter a consulta popular asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos. Requisitos: previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma cuando esta tenga competencia estatutariamente atribuida. Quedan excluidos los asuntos relativos a la Hacienda local.

Artículo 72

Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos: les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas, e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del artículo 69.2. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.

Artículo 226

Artículo 227

Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en el artículo 70.1 de la Ley 7/1985. No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni las de las Comisiones Informativas; pero a las de estas últimas podrá convocarse a representantes de las asociaciones o entidades del artículo 72 de esa Ley, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su informe respecto a un tema concreto. Las sesiones de los demás órganos complementarios que establezca el Reglamento Orgánico Municipal podrán ser públicas.

Artículo 228

La asociación o entidad del artículo 72 de la Ley 7/1985 que quiera exponer ante el Pleno sobre un punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado debe solicitarlo al Alcalde antes de comenzar la sesión. Con su autorización y a través de un único representante expone su parecer durante el tiempo que señale el Alcalde, antes de la lectura, debate y votación de la propuesta. Terminada la sesión, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas del público asistente sobre temas concretos de interés municipal, que él ordena y cierra.

Artículo 229

Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se transmiten a los medios de comunicación social de la localidad y se hacen públicas en el Tablón de Anuncios de la entidad. La Corporación da publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno, así como de las resoluciones del Alcalde y las que por su delegación dicten los Delegados. Además del Tablón, pueden utilizarse un Boletín informativo, con periodicidad mínima trimestral, y los medios de comunicación social del ámbito de la entidad.

Artículo 230

Existirá una Oficina de Información que canaliza la actividad de publicidad del artículo anterior y el resto de la información de la entidad. A ella se solicitan las copias y certificaciones de acuerdos municipales o de sus antecedentes y la consulta de archivos y registros; gestiona de oficio para que se obtenga en el plazo más breve posible y sin entorpecer los servicios municipales. Puede estructurarse de forma desconcentrada. Las peticiones de información deben ser razonadas, salvo las de certificaciones de acuerdos o resoluciones, que se obtienen en todo caso abonando la tasa.

Artículo 231

Las solicitudes de aclaraciones o actuaciones municipales que los vecinos dirijan a cualquier órgano del Ayuntamiento se cursan necesariamente por escrito. Si se refieren a cuestiones de otras Administraciones o de órgano distinto, el destinatario las dirige a quien corresponda y da cuenta al peticionario. Si formulan una propuesta de actuación municipal, informa del trámite; si llega a tratarse en un órgano colegiado, quien actúe de Secretario remite en el plazo máximo de quince días copia de la parte correspondiente del acta, y el Presidente podrá requerir la presencia del autor.

Artículo 232

En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, por sus gastos generales y por sus actividades. En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida y sus bases de ejecución fijarán los criterios de distribución, que en todo caso contemplarán su representatividad, el grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines, su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas.

Artículo 233

Las asociaciones a que se refiere el artículo anterior podrán acceder al uso de medios públicos municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación, con las limitaciones que imponga la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables del trato dado a las instalaciones. El uso deberá ser solicitado por escrito al Ayuntamiento, con la antelación que se establezca por los servicios correspondientes.

Artículo 234

Las entidades de los artículos anteriores disfrutan, siempre que lo soliciten expresamente, de dos derechos: a) recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales que celebran sesiones públicas cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con su objeto social, y en los mismos supuestos las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos municipales; b) recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que resulten de interés para la entidad, atendido su objeto social.

Artículo 235

Las asociaciones generales o sectoriales canalizan la participación de los vecinos en los Consejos Sectoriales, en los órganos colegiados de gestión desconcentrada y en los de los entes de gestión descentralizada de servicios municipales, cuando lo prevean las reglamentaciones o acuerdos municipales por los que se rijan. El grado de participación de cada una atiende a la especialización sectorial de su objetivo social y a su representatividad. En principio sólo se admite en órganos deliberantes o consultivos, salvo que la Ley autorice la integración de sus representantes en órganos decisorios.

Artículo 236

Los derechos de los artículos 232 a 235 solo los ejercen las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, independiente del Registro General de Asociaciones. Se lleva en la Secretaría General de la Corporación y sus datos son públicos. El Ayuntamiento notifica el número de inscripción en quince días desde la solicitud. Las modificaciones se notifican dentro del mes siguiente al que se produzcan; el presupuesto y el programa anual de actividades, en enero de cada año. El incumplimiento permite al Ayuntamiento dar de baja a la asociación.

Artículo 1. Objeto

La Ley regula el derecho de participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales de Andalucía, en igualdad y de manera real y efectiva, directamente o mediante entidades de participación ciudadana, y fomenta su ejercicio, en el marco de la Constitución, el Estatuto y los tratados comunitarios. Comprende en todo caso el derecho a participar plenamente en las decisiones derivadas de las funciones de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas.

Artículo 2. Finalidades

Finalidades de la Ley: promover la participación y la cultura participativa; mejorar la eficacia mediante la construcción colectiva; fortalecer la comunicación gobierno-ciudadanía; facilitar la iniciativa ciudadana; establecer mecanismos de rendición de cuentas; fomentar especialmente la participación de mujeres, menores, mayores y colectivos vulnerables; difundir hábitos participativos desde la infancia; vertebrar la sociedad civil; y favorecer la colaboración autonómica-local, preferentemente mediante convenios de cooperación.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica al ejercicio de las competencias de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales de Andalucía. Se aplica a: la Administración de la Junta, incluidos sus órganos superiores de gobierno; sus agencias (administrativas, de régimen especial o públicas empresariales) y las entidades de derecho público de la DA 2.ª de la Ley 9/2007; las entidades locales, incluidos sus órganos de gobierno; y los entes instrumentales de derecho público locales, en particular sus agencias.

Artículo 4. Principios básicos

Principios para interpretar y aplicar la Ley: universalidad, transversalidad, transparencia, veracidad, eficacia, perdurabilidad (participación continua y sostenida), facilidad y comprensión, perspectiva de género, accesibilidad y no discriminación tecnológica, gobernanza democrática, rendición de cuentas (evaluación ciudadana de las políticas), buena fe (exigible a ciudadanía y Administraciones), igualdad de oportunidades y accesibilidad de personas con discapacidad, y vertebración social.

Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos

Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos de su ámbito competencial a través de alguno o algunos de estos canales: presencial (oficinas de asistencia que se determinen), portales de internet y sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015.

Artículo 50. Participación de la ciudadanía en el Pleno

Antes o después de la sesión, a criterio de la Presidencia, hay un turno del público sobre temas de interés municipal, con un máximo de siete intervenciones, que ordena y cierra la Presidencia. Se solicita por escrito a la Alcaldía con al menos diez días naturales de antelación, indicando el objeto. Si hay más solicitudes, se prioriza por número de registro de entrada y por no haber intervenido antes. Cada intervención dura como máximo tres minutos; las preguntas o ruegos se contestan por escrito en treinta días. A quien ofenda se le retira la palabra tras un primer apercibimiento.

Artículo 51. Intervención en el Pleno de colectivos ciudadanos y órganos de participación ciudadana

Los colectivos ciudadanos pueden exponer su opinión ante el Pleno, dentro del primer turno del grupo proponente y si este lo acuerda, cuando los autorice la Presidencia por cumplir dos requisitos: que el asunto esté en el orden del día (no los de toma de conocimiento) y que el colectivo esté registrado o haya comunicado su constitución y representantes. Intervienen tras la lectura del punto por la Secretaría General y antes de los Grupos y de las votaciones. Se les retira la palabra si ofenden, tras un apercibimiento, y la denegación debe motivarse.

Preámbulo

El preámbulo recuerda que la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, regula las bases del régimen jurídico, del procedimiento común y de la responsabilidad de las Administraciones. El Reglamento dota al Registro General de normativa propia, parte de las normas de la Ley 30/92 (su artículo 38) y de la incorporación de medios informáticos y telemáticos, y establece medidas organizativas para informar, presentar escritos, obtener copias, formular sugerencias y reclamaciones y normalizar el telefax, incorporando los buzones de documentos y la «ventanilla única».

Artículo 1

El Reglamento regula el régimen de funcionamiento de las Oficinas del Registro del Ayuntamiento de Cádiz. Su fin es facilitar a todos los ciudadanos la presentación de escritos, comunicaciones y documentos y la obtención de copias de éstos, tanto si van dirigidos al propio Ayuntamiento como si se dirigen a otras Administraciones Públicas a través del procedimiento denominado «ventanilla única».

Artículo 2. Registros generales y auxiliares

El Ayuntamiento tiene un Registro General en la planta baja de la Casa Consistorial (Plaza de San Juan de Dios) que admite y anota los escritos dirigidos al Ayuntamiento, sus organismos autónomos o cualquier órgano de las Administraciones estatal, autonómica o locales, y los que salen hacia particulares u otros órganos. Hay dos Registros Auxiliares (Servicios Sociales Municipales y Tráfico y vía Pública), que comunican toda anotación al General. Las unidades administrativas dan cuenta al Registro de lo que reciben. Los asientos siguen el orden temporal y los escritos se cursan sin dilación.

Artículo 3. Soporte informático de los registros

Todos los registros municipales, el General y los Auxiliares, funcionan en soporte informático. Su mantenimiento y el control de su funcionamiento corresponden al Centro Municipal de Informática. El sistema garantiza que el contenido de los asientos se ajusta a lo exigido por la Ley 30/1992 y que las anotaciones de los registros auxiliares quedan integradas informáticamente en el Registro General.

Artículo 4. Secciones

Cada registro tiene dos secciones: la de entrada, donde se asientan los escritos y documentos recibidos, y la de salida, donde se asientan los emitidos a otros órganos o particulares. En entrada pueden presentarse los escritos dirigidos a cualquier órgano del Ayuntamiento y también los destinados a la Administración General del Estado, a otra Administración autonómica o local y a sus entidades de Derecho Público, que se remiten por medios telemáticos. En salida se asientan los documentos oficiales de los órganos municipales dirigidos a otras administraciones o a particulares.

Artículo 5. Efectos

Los plazos para iniciar los procedimientos se cuentan a partir del día de la fecha en que la solicitud entró en cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Cádiz, sea el General o uno auxiliar. Además, los asientos se practican respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y comunicaciones.

Artículo 6. Operaciones de registro

El registro consiste en: estampar el sello de recepción o salida con fecha y número (una serie para recibidos y otra para emitidos, correlativa), en el espacio reservado o, si no lo hay, en la primera hoja sin dificultar la lectura; puede sustituirse por impresión mecánica o etiqueta. Los controles internos van en hoja anexa, sin nuevos sellos. La copia que acompañe al escrito se sella con fecha (y hora si se pide) y es justificante. Se formaliza el asiento y se remite sin dilación; lo dirigido a otras Administraciones, en las cuarenta y ocho horas siguientes.

Artículo 7. Asientos

En la sección de recepción el asiento recoge: identificación del interesado, fecha del documento, unidad u órgano de destino, epígrafe de la naturaleza del escrito, descripción sucinta del asunto, órgano donde se presentó, hora y forma de presentación, número de registro de recepción y fecha de entrada. En la sección de salida: unidad administrativa municipal de procedencia, fecha de salida, interesado u órgano destino, epígrafe, descripción sucinta, forma de salida y número del registro de salida.

Artículo 8. Horario

El Registro General atiende de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas. Excepcionalmente, con motivo de jornadas laborales especiales acordadas para el personal municipal, el horario de atención al público puede reducirse en treinta minutos, siempre a última hora de la jornada y con la debida publicidad para informar a los usuarios.

Artículo 9. Ubicación del telefax

Los interesados pueden presentar documentos por el telefax del Registro General (956 24 10 56) si el procedimiento lo permite. Solo cabe a iniciativa del interesado y si no se exigen originales, copias auténticas ni firma original. En las emisiones se extiende diligencia del resultado; si se notifica por telefax, el recibo se devuelve por el mismo medio en dos días o se notifica por vía ordinaria. El correo electrónico solo vale si consta transmisión, recepción, fechas, contenido e identidades, a juicio del órgano receptor.

Artículo 10. Ventanilla Única

Por un Convenio con la Administración General del Estado, cualquier ciudadano puede presentar en el Registro General del Ayuntamiento escritos dirigidos a esa Administración o a sus entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes. Para el cumplimiento de plazos vale la fecha de presentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Una vez asentados, se remiten con inmediatez por medios informáticos a su destino, siempre dentro de los tres días siguientes a su recepción.

Artículo 11. Buzón de documentos

Para recibir documentos fuera del horario de atención existe un buzón en la fachada de entrada de la Casa Consistorial. Se pueden depositar desde que termina la atención al público hasta las veinticuatro horas de los días hábiles. Se registran con la fecha del día en que se recuperan, pero sus efectos se refieren al día en que se depositaron. Para ello, el responsable del Registro, el Secretario General o persona en quien delegue levanta acta de los documentos depositados el día hábil anterior.

Artículo 12. Presentación de documentos

Los documentos presentados ante la Administración Municipal irán dirigidos a la Alcaldesa-Presidenta; el texto de 2002 exige además fotocopia del documento de identidad. Las dependencias municipales se abstendrán de exigir documentos no exigidos por las normas del procedimiento o que ya obren en poder del Ayuntamiento, y la acreditación de lo que les conste; el interesado indicará órgano, fecha y procedimiento (el texto, redactado sobre el art. 35 f) de la Ley 30/1992, añade un límite de cinco años).

Artículo 13. Aportación de documentos originales al procedimiento

Si una norma exige aportar originales, el ciudadano puede obtener en la Oficina de Registro una copia sellada al presentarlos; no hay obligación de sellar copias de originales que no acompañen a una solicitud. El ciudadano aporta original y copia; la Oficina coteja, une el original al escrito, entrega la copia diligenciada y lleva un registro de copias selladas. La copia sellada acredita que el original está en poder del Ayuntamiento y sirve para pedir su devolución; si se pierde, se sustituye por una declaración escrita del ciudadano.

Artículo 14. Aportación de copias compulsadas al procedimiento

Cuando una norma exija copias compulsadas, el ciudadano tiene derecho a la devolución inmediata del original en la Oficina de Registro donde presente el escrito, sea cual sea el destinatario. Aporta original y copia; la Oficina coteja, devuelve el original y une la copia compulsada al escrito. El sello de compulsa expresa la fecha y la identificación del órgano y de la persona que la expiden. La copia compulsada vale como el original en el procedimiento concreto, sin acreditar la autenticidad del original.

Artículo 15. Tipos de copias de documentos

En el Ayuntamiento hay dos tipos de copias: las copias auténticas de documentos administrativos, expedidas por el mismo órgano que emitió el original, que pueden ser una transcripción íntegra o una copia por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, y en las que consta la acreditación de la autenticación con el órgano, archivo y dependencia que la expide y la persona responsable; y las copias autenticadas de documentos privados y públicos mediante cotejo con el original.

Artículo 16. Obtención de copias de documentos administrativos

Los ciudadanos pueden pedir en cualquier momento copias auténticas de documentos administrativos municipales válidamente emitidos. Las auténticas las expide el órgano que emitió el original; las autenticadas, sus jefaturas que tramiten o custodien el expediente. Con datos nominativos, pueden pedirla los titulares o terceros con interés legítimo; si afectan a la intimidad, solo los titulares, y con consentimiento de otros afectados. La denegación, por interés público o de terceros si una norma lo dispone, es por resolución motivada que pone fin a la vía administrativa.

Artículo 17. Validez de las copias

Las copias auténticas y autenticadas de documentos administrativos del Ayuntamiento, emitidas por los órganos y en la forma establecida, tienen, según este artículo redactado sobre el artículo 46 de la Ley 30/1992, la misma validez y eficacia que los originales en el procedimiento para el que se expidieron. La validez de las copias expedidas por otras Administraciones, autoridades y fedatarios públicos será la que corresponda según el procedimiento vigente.

Artículo 18. Operaciones de cotejo

Los responsables administrativos competentes velarán por el cumplimiento de estas normas de funcionamiento, sobre todo en el cotejo de copias con los originales. Adoptarán las medidas necesarias y no practicarán diligencias de compulsa cuando las copias ofrezcan dudas sobre su correspondencia con el original o cuando se dude de la autenticidad del original.

Preámbulo

El preámbulo presenta el Reglamento como compromiso municipal para fomentar la participación democrática y la transparencia, conforme a la Constitución y a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos a las ciudades. Destaca el papel de las asociaciones sin ánimo de lucro, extiende la participación a toda la gestión local (Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas) y fija tres objetivos de la reforma: incluir la nueva realidad colectiva, profundizar la participación y crear nuevos niveles para estructurarla. El Reglamento se divide en un Título Preliminar y cinco Títulos.

Artículo 1

El Reglamento regula las formas, medios y procedimientos de información y participación de los vecinos de Cádiz en la gestión municipal, en cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de Autonomía Local. Parte de que la participación no puede menoscabar las facultades decisorias de los órganos representativos. Lo aprueba el Ayuntamiento Pleno de Cádiz.

Artículo 2

El Reglamento persigue cuatro objetivos, que actúan como criterios reguladores: dar la más amplia información sobre actividades, obras y servicios y establecer cauces de participación; facilitar la participación de vecinos y entidades en la gestión municipal a través de sus órganos de representación; fomentar la vida asociativa, fortaleciendo a las Asociaciones y declarándolas de Utilidad Pública Municipal; y facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos del Reglamento.

Artículo 3

El Reglamento se aplica a los residentes y personas sin hogar inscritos en el Padrón de Cádiz y a las entidades ciudadanas con domicilio y ámbito en el Municipio, inscritas previamente en el Registro General de Asociaciones. La Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa es declarada Entidad de Interés Público Municipal e interlocutora general. Si en un barrio hay dos o más asociaciones, es representativa la que tenga más socios y cumpla la LO 1/2002; si hay varias, la interlocución rota por consenso y, sin consenso, recae en un representante de la Federación.

Artículo 4

El Ayuntamiento informa de su gestión a través de los medios de comunicación social y con publicaciones, folletos, bandos, carteles, vallas, tablones y paneles, vídeos, actos informativos y cualquier otro medio necesario. Además, puede recoger la opinión de los vecinos y sus asociaciones mediante campañas de información, debates, asambleas, reuniones, consultas, encuestas y sondeos de opinión.

Artículo 5

Las normas, acuerdos y, en general, las actuaciones municipales deben divulgarse de la forma más sencilla y apropiada para que los ciudadanos puedan realmente conocerlas y comprenderlas y, en consecuencia, ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones.

Artículo 6

El Ayuntamiento informa mensualmente y por escrito a las federaciones y asociaciones de vecinos de las decisiones, proyectos y otros asuntos que afecten directamente a sus ámbitos de actuación, para que puedan participar activamente aportando datos, ideas y sugerencias.

Artículo 7

Las sesiones del Pleno son públicas, salvo los casos del artículo 70.1 LRBRL, y se facilita la asistencia o información del público, con acceso preferente para los medios de comunicación. No son públicas las de la Junta de Gobierno Local ni las de las Comisiones Informativas, aunque a estas últimas puede convocarse a representantes de asociaciones del artículo 72 LRBRL para oír su parecer o recibir su informe sobre un tema concreto. Son públicas las de los demás órganos complementarios, según su normativa.

Artículo 8

Si una federación, asociación o entidad que fue interesada en la tramitación de un asunto del orden del día quiere exponer ante el Pleno, debe pedirlo por escrito al Alcalde 48 horas antes del comienzo de la sesión. Con su autorización y mediante un único representante, puede exponer su parecer el tiempo necesario, antes de la lectura, debate y votación de la propuesta.

Artículo 9

Las convocatorias y órdenes del día del Pleno se envían a los medios locales y se publican en el tablón de anuncios. El Ayuntamiento da publicidad resumida de todos los acuerdos del Pleno y de la Junta de Gobierno Local y de las resoluciones del Alcalde y Concejales Delegados mediante: tablón de anuncios, remisión a medios de comunicación, publicación en Boletines Oficiales y medios cuando sea preceptivo o se acuerde, y remisión de los acuerdos a la Asociación de Vecinos afectada y a la Federación.

Artículo 10

Los ciudadanos pueden pedir por escrito información sobre actuaciones, servicios y actividades municipales. Las peticiones deben ser razonadas, salvo las de copias y certificaciones de acuerdos municipales y sus antecedentes. Si el asunto es de otra Administración, la Oficina Municipal de Información la remite a quien corresponda y lo comunica al peticionario. Plazo máximo de contestación: 15 días; si no es posible, el órgano receptor debe justificar la demora.

Artículo 11

Los ciudadanos de Cádiz pueden acceder a la documentación de archivos y registros municipales sobre asuntos de competencia municipal, mediante petición escrita a la Oficina Municipal de Información y en la forma fijada por los órganos competentes. El acceso tiene lugar en un plazo máximo de treinta días, comunicándose al interesado, y solo puede denegarse por razones legales.

Artículo 12

Las federaciones y asociaciones vecinales inscritas en el Registro Municipal, si lo piden expresamente, tienen derecho a: recibir convocatorias y órdenes del día de órganos colegiados con sesiones públicas (y de Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas si afectan a su ámbito); recibir publicaciones municipales; reunirse con Concejales Delegados en un máximo de siete días desde la petición escrita; formar comisiones de seguimiento, y celebrar cuatro reuniones anuales con el Alcalde. Se crea una Comisión Paritaria con la Federación.

Artículo 13

Para facilitar la información ciudadana y cumplir el Reglamento, el Ayuntamiento cuenta con un Departamento Técnico de Ordenación e Información, que tiene encomendada la Oficina de Información en su Sección de Información y Registro. La Oficina de Información es un servicio básico al ciudadano que debe responder de forma correcta y eficaz a las demandas de ciudadanos y entidades.

Artículo 14

Las Asociaciones de Vecinos pueden usar medios públicos municipales, sobre todo locales y medios de comunicación, y recibir los medios necesarios para funcionar, con los límites que imponga el uso coincidente por varias asociaciones o por el propio Ayuntamiento. En todo caso, se canaliza a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, y se da publicidad a las ayudas concedidas.

Artículo 15

El Ayuntamiento de Cádiz se compromete a impulsar la creación y mejora de locales socio-culturales de barrio debidamente acondicionados, con el fin de acercar la cultura y el bienestar social, favorecer el encuentro vecinal y fomentar el Asociacionismo Vecinal y la Participación Ciudadana.

Artículo 16

Los centros cívicos, casas de cultura, centros sociales y dotaciones similares del Ayuntamiento se coordinan estrechamente con las asociaciones de vecinos del barrio a través de la Comisión de Seguimiento. Las Asociaciones de Vecinos participan, por medio de sus representantes, desde el inicio en todos los proyectos, su ejecución, desarrollo y gestión general.

Artículo 17

Los derechos del artículo 72 LRBRL para las asociaciones de defensa de intereses vecinales solo pueden ejercerlos las inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. Pueden inscribirse las que defiendan o mejoren intereses generales o sectoriales de los vecinos, sin ánimo de lucro, con funcionamiento democrático y ajustadas a la ley. El Registro sirve para conocer número, fines y representatividad de las entidades y es independiente del Registro Provincial de Asociaciones, en el que también deben inscribirse todas.

Artículo 18

El Registro Municipal de Asociaciones se lleva en la Secretaría General, a través de la Concejalía o Delegación de Participación Ciudadana, y sus datos son públicos. Para inscribirse, la asociación lo solicita y aporta: estatutos, número de inscripción en el Registro General y otros registros, acta de la Asamblea Constituyente, nombres de los cargos directivos y número de socios activos certificado por el Secretario de la Asociación.

Artículo 19

En quince días desde la solicitud de inscripción, el Ayuntamiento notifica a la entidad su número de inscripción, y desde ese momento se considera de alta a todos los efectos. El plazo se interrumpe si hay que aportar documentación no incluida inicialmente. El incumplimiento de obligaciones y requisitos permite al Ayuntamiento dar de baja a la entidad en el Registro.

Artículo 20

El Registro Municipal está vinculado a la aplicación del artículo 72 de la Ley de Régimen Local, que permite declarar de Utilidad Pública Municipal a las asociaciones vecinales. Esa declaración debe ser consecuencia de una ejecutoria acreditada en el servicio de la comunidad vecinal.

Artículo 21

Los Consejos Sectoriales son órganos colegiados, consultivos y no vinculantes de participación sectorial. Su fin es canalizar la participación de los ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales de un determinado sector de actividad de la ciudad.

Artículo 22

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento acordar el establecimiento de cuantos Consejos Sectoriales estime oportunos, atendiendo a razones de organización, funcionamiento y servicio a los ciudadanos, y de acuerdo con los principios del Reglamento Orgánico Municipal.

Artículo 23

Los Consejos Sectoriales tienen dos objetivos: establecer un cauce reglamentario para canalizar las demandas planteadas por las entidades sectoriales, y crear un foro sectorial de encuentro, consulta, impulso y asesoramiento permanente que participe en las decisiones y actuaciones.

Artículo 24

Competencias de los Consejos Sectoriales: presentar iniciativas, propuestas o sugerencias al Ayuntamiento a través de la Concejalía de adscripción; emitir informes y estudios no vinculantes a propuesta del gobierno municipal; informar, previa petición razonada, sobre los asuntos que les demanden; diseñar estrategias sectoriales; impulsar acciones de fomento, difusión y formación; seguir las actuaciones municipales en que hayan intervenido y elaborar una memoria anual.

Artículo 25

Los Consejos Sectoriales actúan a través de cuatro órganos: el Plenario, la Presidencia, la Secretaría y las Comisiones de trabajo. El artículo no prevé otros órganos, como una Vicepresidencia o una Comisión Permanente.

Artículo 26

Para el Ayuntamiento de Cádiz, la Participación Ciudadana es la colaboración de los ciudadanos en la preparación de los asuntos que sirven de base para la toma de decisiones corporativas. Se amplían los niveles de participación ya existentes en los órganos de decisión de Fundaciones y Patronatos Municipales y en los Consejos de Administración de empresas y servicios municipalizados.

Artículo 27

Los Estatutos de las Empresas, Fundaciones, Patronatos y otros organismos municipales regulan la participación ciudadana en su actividad y en relación con la Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa. La participación en los órganos desconcentrados de gestión la regula el Pleno de la Corporación en el momento de su constitución.

Artículo 28

El Pleno de la Corporación ratifica a los representantes de las Asociaciones de Vecinos, designados a través de sus representantes en la Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa, en los Consejos de Administración y otros órganos ejecutivos de Patronatos, Sociedades, Empresas Públicas, Fundaciones, Organismos Autónomos y demás formas de gestión de los servicios públicos municipales (por ejemplo, Procasa, Carnaval o Aguas de Cádiz).

Artículo 29

El Ayuntamiento incluirá en sus presupuestos partidas de ayudas económicas a las Asociaciones de Vecinos inscritas en el Registro de Asociaciones de Vecinos de la Junta de Andalucía y en el Registro Municipal, revisables anualmente y aumentadas en el mismo porcentaje que los presupuestos, para sus actividades y el fomento del asociacionismo y la participación. Las bases de ejecución fijan los criterios de otorgamiento. No se subvenciona a entidades sin funcionamiento democrático (asamblea anual, elecciones periódicas, participación de socios, cumplimiento del objeto social).

Artículo 30

Pueden solicitar ayudas económicas al Ayuntamiento las entidades inscritas en el Registro Municipal que cumplan las obligaciones del Reglamento. Con la solicitud deben adjuntar el acta de la Asamblea General Anual y, si no la han presentado antes, la justificación del empleo de las subvenciones municipales recibidas el año anterior.

Artículo 31

La convocatoria y la resolución de las solicitudes de ayudas económicas las acuerda el órgano municipal competente con la participación de los representantes asociativos, previos los informes preceptivos o los que se consideren necesarios, y según las características de las entidades solicitantes y el tipo de ayuda.

Artículo 32

Las entidades que reciban ayudas económicas deben justificar el uso de los fondos con facturas originales por el valor de la subvención concedida. Si no lo justifican, deben devolver a la Hacienda Municipal las cantidades no justificadas y quedan inhabilitadas para nuevas subvenciones.

Artículo 33

Las Asociaciones de Vecinos inscritas en el Registro Municipal pueden ser reconocidas como Entidades de Utilidad Pública Municipal cuando su objeto social y actividades sean complementarios de las competencias municipales legales y desarrollen una actuación continuada de fomento del asociacionismo vecinal y de la Participación Ciudadana en asuntos de interés público.

Artículo 34

El reconocimiento de Utilidad Pública Municipal de una Asociación de Vecinos se inicia a petición de la propia entidad, dirigida al Alcalde, con: exposición de motivos, datos actualizados si han cambiado respecto al Registro Municipal, memoria de actividades de los dos años inmediatamente anteriores y documentos y testimonios que avalen su Utilidad Pública Municipal.

Artículo 35

Con la petición y la documentación, y previos los informes que se estimen necesarios, el Alcalde o la Comisión Informativa correspondiente elevan al Pleno una propuesta de acuerdo sobre el reconocimiento de Utilidad Pública Municipal para que resuelva. El reconocimiento de una federación, unión, consejo u otra agrupación de asociaciones de vecinos supone el reconocimiento simultáneo de todas las entidades que la integran.

Artículo 36

Para valorar el reconocimiento de Utilidad Pública Municipal se atiende a: el interés público municipal y social de la entidad; su objeto social y actividad, cuando complementan las competencias municipales; su grado de implantación y proyección social y la participación ciudadana en sus actividades; su participación en los cauces del Reglamento; la previa declaración de Utilidad Pública Municipal conforme a la normativa, y la de la agrupación de asociaciones a la que pertenezca.

Artículo 37

Una vez acordado por el Pleno el reconocimiento de Utilidad Pública Municipal, se inscribe de oficio en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Cádiz y se hace público en los Boletines Oficiales, en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en los medios de comunicación municipales.

Artículo 38

El reconocimiento de Utilidad Pública Municipal da a las Federaciones y Asociaciones de Vecinos cuatro derechos: usar la mención «Utilidad Pública Municipal» en sus documentos; preferencia en ayudas económicas y en el uso de medios públicos municipales, locales y medios de comunicación; ser consultadas en asuntos municipales que afecten a su objeto y ámbito, y participar en los programas y proyectos municipales de su ámbito.

Artículo 39

El reconocimiento de Utilidad Pública Municipal puede ser revisado en cualquier momento por el Pleno del Ayuntamiento, que puede retirarlo por incumplimiento de los deberes que conlleva, por mal uso de los derechos adquiridos o por no ajustarse la actividad a los criterios en que se basó. La retirada exige audiencia previa de la asociación afectada.

Artículo 40

Artículo 41

Conforme al artículo 71 de la Ley 7/1985, el Ayuntamiento Pleno puede someter a consulta popular, por vía de referéndum, los asuntos de competencia municipal de especial relevancia para los intereses de los vecinos. Quedan excluidos los asuntos relativos a la Hacienda Local.

Artículo 42

Toda consulta popular debe contemplar tres derechos: el de todo ciudadano censado a ser consultado; el de que la consulta exprese las posibles soluciones alternativas con la máxima información escrita y gráfica, y el de participación de los ciudadanos a través de sus representantes en la Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa.

Artículo 43

El Ayuntamiento convocará consulta popular por petición colectiva, mediante pliego de firmas, de ciudadanos censados en Cádiz, mayores de edad, en número no inferior al 3 % del Censo Electoral Municipal. Corresponde al Ayuntamiento hacer los trámites para celebrar la consulta sobre materias de su competencia.

Artículo 44

El resultado del referéndum debe tratarse en una sesión plenaria extraordinaria de la Corporación, que se celebra como máximo un mes después del referéndum. En ella se adopta acuerdo atendiendo exclusivamente al objeto de la consulta, al porcentaje de participación y al resultado.

Artículo 45

El Referéndum Revocatorio es un mecanismo de control ciudadano de los representantes políticos municipales, articulado como consulta ciudadana. Su resultado no es vinculante legalmente, pero todos los grupos municipales lo asumen como compromiso ético, de transparencia y de participación.

Artículo 46

La audiencia pública es una forma de participación directa, verbal y en unidad de acto, convocada por el Ayuntamiento para tratar asuntos de competencia municipal, a la que pueden asistir los ciudadanos del ámbito territorial interesado.

Artículo 47

La audiencia pública puede ser: de Municipio, distrito o barrio, según los asuntos y el acuerdo de convocatoria; de información y consulta sobre actuaciones o proyectos municipales; de oficio o por petición colectiva de ciudadanos, y a petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa.

Artículo 48

Para el ámbito de todo el Municipio pueden pedir audiencia pública: la Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa; Asociaciones de Vecinos inscritas que reúnan en conjunto al menos dos mil asociados, y al menos el 3 % del Censo Electoral mediante pliego de firmas. Para un distrito o barrio, las entidades inscritas de ese ámbito con un mínimo de socios según su censo (500, 400, 200 o 50). La audiencia debe celebrarse en un máximo de 30 días desde la solicitud si nada lo impide.

Artículo 49

Partiendo de que la Participación Ciudadana es el único medio para potenciar las instituciones democráticas, el Reglamento constituye tres órganos de participación: los Consejos de Barrios, los Consejos de Zona o de Distrito y el Consejo Local.

Artículo 50

Los Consejos de Barrios los forman miembros de la Asociación de Vecinos, las entidades ciudadanas del barrio inscritas en el Registro de Asociaciones y Entidades Ciudadanas Municipal y los colaboradores que se estimen oportunos. Los coordina y preside el Presidente de la Asociación de Vecinos Representativa de su ámbito de actuación.

Artículo 51

Funciones de los Consejos de Barrios: fomentar el diálogo y el trabajo conjunto entre Ayuntamiento y vecinos; ser observatorio permanente del barrio, emitiendo dictámenes facultativos para el Ayuntamiento; fomentar la participación directa y descentralizada; seguir el Plan de Actuación Municipal en el barrio; facilitar información sobre urbanismo, obras, servicios, participación y presupuestos que afecten al barrio; colaborar y exigir soluciones a sus problemas, y trasladar propuestas a las Delegaciones a través del presidente.

Artículo 52

Artículo 53. El/la Presidente/a

Preside el Consejo de Barrio el Presidente de la Asociación de Vecinos del barrio o la persona en quien delegue. Sus atribuciones: representar al barrio ante el Ayuntamiento; dirigir y fiscalizar las actividades del Consejo; servir de canal de comunicación; preparar el orden del día, convocar y dirigir el Pleno del Consejo con voto de calidad; velar por servicios y dependencias; remitir a la Delegación de Participación Ciudadana órdenes del día, actas y acuerdos; coordinar comisiones y nombrar a sus miembros, y decidir en urgencias con ratificación del Pleno del Consejo.

Artículo 54. El Pleno del Consejo de Barrio

El Pleno es el órgano supremo colegiado y decisorio del Consejo de Barrio. Se constituye con un tercio del número legal de miembros, quórum que debe mantenerse, y siempre con el Presidente. Se reúne cuando lo convoque el presidente y en sesión extraordinaria si lo pide un tercio de los miembros. Convocatoria escrita con siete días de antelación (ordinaria) o tres (extraordinaria). Acuerdos por mayoría simple de presentes, con voto de calidad del presidente. El secretario levanta acta y la remite a la Concejalía de Participación Ciudadana y a los miembros.

Artículo 55. Participación en las sesiones

Las sesiones del Pleno del Consejo son públicas, salvo restricción en la convocatoria o decisión mayoritaria del pleno. El pleno puede crear comisiones de trabajo temporales o permanentes y fijar su temática; no tienen atribuciones resolutorias y su función es analizar e informar. Las integran los vocales que lo deseen, coordinados por el Presidente o miembro delegado, y pueden participar técnicos, asociaciones y vecinos, previa petición escrita y ratificación. Se constituyen con la mayoría de sus miembros o, si no, con los presentes.

Artículo 56

Los Consejos de Zona o de Distrito están formados por representantes de los distintos Consejos de Barrios de la Zona, conforme a unos estatutos propios que regulan la participación de los colectivos y asociaciones organizadas del Distrito.

Artículo 57

Los Estatutos de cada Consejo de Distrito los elaboran los representantes de las asociaciones de vecinos y otros colectivos, según la idiosincrasia del Distrito. En su composición es obligatoria la presencia del Concejal Delegado de Participación Ciudadana y de un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa.

Artículo 58

El Consejo Local, nivel superior de participación territorial, está compuesto por representantes electos de los distintos Consejos de Distrito, miembros de cada grupo político representado en el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa.

Disposición adicional primera

En lo no previsto por el Reglamento se aplican, como normas supletorias, la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986 (texto refundido de régimen local), el Real Decreto 2568/1986 (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales) y la Ley 5/2010, de Autonomía Local.

Disposición adicional segunda

Cuando el Ayuntamiento ejerza competencias compartidas con otras Administraciones Públicas, ajustará su actuación en materia de formas, medios y procedimientos de Participación Ciudadana a la legislación vigente.

Disposición adicional tercera

Las dudas que surjan al aplicar la normativa sobre información y Participación Ciudadana se resuelven interpretándola de forma que prevalezca la solución más favorable a la mayor participación e información.

Disposición adicional cuarta

La Comisión Paritaria del artículo 12.e (Equipo de Gobierno y Federación de Asociaciones de Vecinos Representativa) se encarga de vigilar la aplicación y desarrollo del Reglamento. Se reúne con carácter ordinario al menos una vez al año, y con carácter extraordinario cada vez que cualquiera de las partes denuncie su incumplimiento.

Disposición derogatoria única

Desde la entrada en vigor del Reglamento quedan derogadas todas las disposiciones de reglamentos o acuerdos municipales que se opongan a lo dispuesto en él. La derogación alcanza solo a lo que contradiga el nuevo Reglamento, no a toda la normativa municipal anterior.

Disposición final única