Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

Capítulo ILa capacidad de obrar y el concepto de interesado

• Art. 3Capacidad de obrarTendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuyo ejercicio les esté permitido sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
• Art. 4Concepto de interesadoEnumera tres clases de interesado. Primera: quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Segunda: los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión. Tercera: aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento mientras no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Y si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucede en ella cualquiera que sea el estado del procedimiento.
• Art. 5RepresentaciónLos interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, y con él se entienden las actuaciones salvo manifestación expresa en contra. Pueden representar las personas físicas con capacidad de obrar y las jurídicas cuando lo prevean sus estatutos. Hay que acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume. La acreditación admite cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, y se entiende acreditada mediante apoderamiento apud acta presencial o electrónico, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.
• Art. 6Registros electrónicos de apoderamientosLa Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deben inscribirse al menos los poderes de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente. Debe constar también el bastanteo del poder. Los registros generales no impiden que cada Organismo tenga registros particulares para trámites específicos. Todos los registros, generales y particulares, han de ser plenamente interoperables e interconectados entre sí.
• Art. 7Pluralidad de interesadosCuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.
• Art. 8Nuevos interesados en el procedimientoSi durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectadas por la resolución, se les comunicará la tramitación del procedimiento.

Capítulo IIIdentificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo

• Art. 9Sistemas de identificación de los interesados en el procedimientoLas Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados comprobando su nombre y apellidos o razón social según consten en el DNI o documento equivalente. Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, en certificados cualificados de sello electrónico, o mediante cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, siempre que exista registro previo del usuario que garantice su identidad y previa comunicación al órgano estatal competente en administración digital.
• Art. 10Sistemas de firma admitidos por las Administraciones PúblicasLos interesados pueden firmar por cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento y la integridad e inalterabilidad del documento. Si optan por relacionarse electrónicamente, son válidos a efectos de firma los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de firma, los de sello electrónico cualificado y avanzado basados en certificados cualificados de sello, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido con registro previo del usuario y previa comunicación al órgano estatal competente.
• Art. 11Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativoCon carácter general, para cualquier actuación del procedimiento basta con que el interesado acredite previamente su identidad. Las Administraciones solo pueden exigir el uso de firma para cinco actuaciones: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.
• Art. 12Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesadosLas Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales, sistemas y aplicaciones necesarios. Deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse por esa vía que lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de ellos no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma puede realizarla válidamente un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia.

Capítulo INormas generales de actuación

• Art. 13Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones PúblicasQuienes tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de un catálogo de derechos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, que han de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir responsabilidades a las Administraciones y autoridades; obtener y utilizar los medios de identificación y firma de esta ley; a la protección de datos; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes.
• Art. 14Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones PúblicasEstarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, y los empleados públicos para los trámites propios de su condición. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican electrónicamente o no.
• Art. 15Lengua de los procedimientosLa lengua de los procedimientos de la Administración General del Estado será el castellano. Los interesados que se dirijan a órganos de la AGE con sede en una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua cooficial de esa Comunidad.
• Art. 16RegistrosCada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que se asiente todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo o entidad vinculada, pudiendo anotarse también la salida de documentos oficiales. Los organismos vinculados pueden tener su propio registro, interoperable e interconectado con el general, que funciona como portal de acceso a todos ellos. Las disposiciones de creación de los registros se publican en el diario oficial. Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico de la Administración a la que se dirijan o de cualquier otro sujeto del artículo 2.1, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes. Lo presentado presencialmente deberá ser digitalizado por la oficina de asistencia en materia de registros para incorporarlo al expediente electrónico, devolviéndose los originales al interesado.
• Art. 17Archivo de documentosCada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados. Los documentos se conservarán en un formato que garantice la autenticidad, integridad y conservación, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido, asegurando la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. Su eliminación deberá ser autorizada conforme a la normativa aplicable. Los medios o soportes contarán con las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación, e identifiquen a los usuarios y controlen los accesos.
• Art. 18Colaboración de las personasLas personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable, y en su defecto, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias.
• Art. 19Comparecencia de las personasLa comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Cuando proceda, la citación hará constar expresamente lugar, fecha, hora, medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Las Administraciones entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.
• Art. 20Responsabilidad de la tramitaciónLos titulares de las unidades administrativas y el personal que tenga a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración de la que dependa el personal afectado.
• Art. 21Obligación de resolverLa Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. El plazo máximo será el fijado por la norma reguladora del procedimiento; cuando no lo fije, será de tres meses.
• Art. 22Suspensión del plazo máximo para resolverRecoge dos listas distintas. El apartado 1 enumera los casos en que el plazo máximo para resolver se podrá suspender: requerimiento de subsanación al interesado, pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, procedimiento europeo pendiente que condicione la resolución, solicitud de informes preceptivos a otro órgano —con un tope de tres meses—, pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados, negociaciones para un pacto o convenio, y pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional. El apartado 2 enumera aquellos en que se suspenderá: requerimiento entre Administraciones del artículo 39.5, actuaciones complementarias del artículo 87 y recusación.
• Art. 23Ampliación del plazo máximo para resolver y notificarExcepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales a los que se refiere el artículo 21.5, el órgano competente para resolver puede acordar de forma motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. Esa ampliación no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo, que debe notificarse a los interesados, no cabe recurso alguno.
• Art. 24Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesadoEn los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, vencido el plazo máximo sin notificar resolución expresa, la regla general es que el silencio es estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o internacional disponga lo contrario. Es desestimatorio en el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, en los procedimientos cuya estimación transfiriera facultades sobre el dominio público o el servicio público, en los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial; también en la impugnación de actos y disposiciones y en la revisión de oficio a solicitud del interesado. La estimación por silencio es un acto administrativo que finaliza el procedimiento; la desestimación solo permite recurrir. El certificado del silencio se expide de oficio en quince días.
• Art. 25Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficioEn los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce: si pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, silencio desestimatorio; si la Administración ejercita potestades sancionadoras o de intervención desfavorables, caducidad del procedimiento.
• Art. 26Emisión de documentos por las Administraciones PúblicasDocumento público administrativo es el válidamente emitido por un órgano de una Administración Pública. Se emiten por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma. Para que un documento electrónico sea válido necesita cinco cosas: información archivada en soporte electrónico con formato identificable, datos de identificación, referencia temporal, los metadatos mínimos exigidos y la firma electrónica que corresponda.
• Art. 27Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones PúblicasCada Administración determinará los órganos competentes para expedir copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las realizadas por una Administración tienen validez en las restantes. Pueden hacerse mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada, manteniéndose un registro actualizado de funcionarios habilitados, interoperable e interconectado con los de las demás Administraciones, en el que constarán al menos los que presten servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros.
• Art. 28Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativoLos interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que se opongan a ello.

Capítulo IITérminos y plazos

• Art. 29Obligatoriedad de términos y plazosLos términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para tramitar los asuntos, y también a los interesados.
• Art. 30Cómputo de plazosSi el plazo se señala por horas, son hábiles todas las del día hábil; se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación y no pueden superar veinticuatro horas, en cuyo caso se expresan en días. Si se señala por días, se entienden hábiles y se excluyen del cómputo sábados, domingos y festivos; los días se cuentan a partir del siguiente a la notificación, publicación o silencio. Si se fija en meses o años, se cuentan también desde el día siguiente, pero el plazo concluye el mismo día del mes o año de vencimiento, y si no existe día equivalente, el último del mes. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. Y si un día es hábil en el municipio del interesado e inhábil en la sede del órgano, o al revés, se considera inhábil en todo caso.
• Art. 31Cómputo de plazos en los registrosEl registro electrónico se rige, a efectos de cómputo, por la fecha y hora oficial de su sede electrónica. Permite presentar documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos de los plazos que cumple el interesado, lo presentado en día inhábil se entiende hecho en la primera hora del primer día hábil siguiente, y lo presentado en inhábil se reputa anterior a lo presentado ese primer día hábil. El plazo que debe cumplir la Administración arranca en la fecha y hora efectiva de presentación, que se comunica a quien presentó. El calendario de la sede es el único aplicable en los registros.
• Art. 32AmpliaciónLa Administración puede conceder, de oficio o a petición del interesado, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero. Se aplica siempre el máximo en los procedimientos de misiones diplomáticas y oficinas consulares y en los que exijan trámites en el extranjero o intervengan interesados residentes fuera de España. Tanto la petición como la decisión han de producirse antes del vencimiento: un plazo ya vencido no puede ampliarse. Contra el acuerdo de ampliación o su denegación no cabe recurso. También cabe ampliar los plazos no vencidos ante una incidencia técnica o un ciberincidente.
• Art. 33Tramitación de urgenciaCuando razones de interés público lo aconsejen, se puede acordar de oficio o a petición del interesado la tramitación de urgencia, que reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Contra el acuerdo que la declara no cabe recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Capítulo IRequisitos de los actos administrativos

• Art. 34Producción y contenidoLos actos administrativos se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, bien de oficio o a instancia del interesado. Su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines del acto.
• Art. 35MotivaciónSerán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: los actos que limiten derechos, los de revisión de oficio, los que se separen del criterio en actuaciones precedentes, y los que pongan fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
• Art. 36FormaLos actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Capítulo IIEficacia de los actos

• Art. 37Inderogabilidad singularLas resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición. Son nulas las resoluciones que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como las que incurran en alguna de las causas del artículo 47.
• Art. 38EjecutividadLos actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
• Art. 39EfectosLos actos sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. La eficacia se demora cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente cabe eficacia retroactiva: cuando el acto sustituye a otro anulado, o cuando produce efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho ya existieran y no se lesionen derechos de terceros.
• Art. 40NotificaciónSe notifica a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados. La notificación debe cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dictó el acto, y contener el texto íntegro de la resolución, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo. Si falta alguno de esos requisitos pero está el texto íntegro, surte efecto desde que el interesado actúe demostrando que conoce el contenido o interponga cualquier recurso.
• Art. 41Condiciones generales para la práctica de las notificacionesLas notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos, y siempre que el interesado esté obligado a esa vía. Solo caben en papel dos supuestos: la comparecencia espontánea del interesado que pide la notificación personal en ese momento, y la entrega directa por un empleado público cuando sea necesaria para asegurar la eficacia de la actuación. Sea cual sea el medio, la notificación vale si permite acreditar el envío o puesta a disposición, la recepción o acceso, las fechas y horas, el contenido íntegro y la identidad de remitente y destinatario. Nunca se practican electrónicamente las que lleven elementos no convertibles a formato electrónico ni las que contengan medios de pago como cheques. Si el interesado es notificado por varios cauces, vale la fecha de la primera.
• Art. 42Práctica de las notificaciones en papelToda notificación en papel se pone además a disposición del interesado en la sede electrónica, para que pueda acceder voluntariamente. Practicada en el domicilio, si el interesado no está puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre allí y acredite su identidad. Si nadie se hace cargo, se hace constar el día y la hora y se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes: si el primero fue antes de las quince horas el segundo ha de ser después, y al revés, dejando al menos tres horas de diferencia. Si el segundo intento también falla, se acude al artículo 44.
• Art. 43Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicosLas notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única, o por ambos sistemas. Se entienden practicadas en el momento en que se accede a su contenido. Cuando la notificación electrónica sea obligatoria o el interesado la haya elegido expresamente, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella. Los interesados pueden acceder a sus notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico.
• Art. 44Notificación infructuosaCuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o, intentada, no se haya podido practicar, la notificación se hace mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Previamente y con carácter facultativo, las Administraciones pueden publicar un anuncio en el boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio o en el consulado correspondiente. Cualquier otra forma complementaria de difusión no excluye la obligación de publicar en el BOE.
• Art. 45PublicaciónLos actos se publican cuando lo establezcan las normas de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público. En todo caso se publican, y la publicación surte los efectos de la notificación, en dos supuestos: cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas —o cuando la Administración estime insuficiente la notificación individual, en cuyo caso la publicación es adicional—, y cuando se trate de actos de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, donde la convocatoria debe indicar el medio de las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las realizadas en lugar distinto. La publicación se hace en el diario oficial que corresponda a la Administración de la que proceda el acto.
• Art. 46Indicación de notificaciones y publicacionesSi el órgano competente aprecia que la notificación por anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limita a publicar en el diario oficial una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer, en el plazo que se establezca, para conocer el contenido íntegro y dejar constancia de ese conocimiento. Las formas complementarias de difusión no excluyen la publicación en el diario oficial.

Capítulo IIINulidad y anulabilidad

• Art. 47Nulidad de pleno derechoLos actos son nulos de pleno derecho, entre otros casos: cuando lesionan derechos susceptibles de amparo constitucional, cuando los dicta un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, o cuando tienen contenido imposible.
• Art. 48AnulabilidadSon anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Y realizar actuaciones fuera del tiempo establecido solo implica anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
• Art. 49Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actosLa nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los actos sucesivos del procedimiento que sean independientes del primero. Y la nulidad o anulabilidad de parte de un acto no arrastra a las partes independientes de la viciada, salvo que esa parte sea de tal importancia que sin ella el acto no se hubiera dictado.
• Art. 50Conversión de actos viciadosLos actos nulos o anulables que, pese a su vicio, contengan los elementos constitutivos de otro acto distinto producirán los efectos de este último.
• Art. 51Conservación de actos y trámitesEl órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
• Art. 52ConvalidaciónLa Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo la retroactividad que permite el artículo 39.3. Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación la realiza el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. Y si consiste en la falta de una autorización, se convalida otorgándola el órgano competente.

Capítulo IGarantías del procedimiento

• Art. 53Derechos del interesado en el procedimiento administrativoLos interesados en un procedimiento tienen derecho, entre otros, a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos originales salvo que la norma lo exija, a no aportar datos que ya obren en poder de la Administración, y a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.

Capítulo IIIniciación del procedimiento

Capítulo IIIOrdenación del procedimiento

• Art. 70Expediente AdministrativoEl expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Tiene formato electrónico y se forma agregando ordenadamente documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, con un índice numerado cuando se remita, y debe constar en él copia electrónica certificada de la resolución. Al remitirlo se envía completo, foliado, autentificado y con índice también autentificado. No forma parte del expediente la información de carácter auxiliar o de apoyo —notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos— ni los juicios de valor.
• Art. 71ImpulsoEl procedimiento está sometido al principio de celeridad y se impulsa de oficio en todos sus trámites y por medios electrónicos, respetando la transparencia y la publicidad. En el despacho se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario del titular de la unidad de la que quede constancia; incumplirlo da lugar a responsabilidad disciplinaria y puede ser causa de remoción del puesto. El instructor o el titular de la unidad con esa función son responsables directos de la tramitación y, en especial, del cumplimiento de los plazos.
• Art. 72Concentración de trámitesPor el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan impulso simultáneo y cuyo cumplimiento sucesivo no sea obligado. Al solicitar trámites que deban cumplir otros órganos, hay que consignar en la comunicación el plazo legal establecido al efecto.
• Art. 73Cumplimiento de trámitesLos trámites que deban cumplimentar los interesados se realizarán en el plazo de diez días desde el siguiente al de la notificación, salvo que la norma fije otro. Si la Administración considera que algún acto del interesado no reúne los requisitos, se lo comunicará concediéndole diez días para cumplimentarlo. A quien no cumpla se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite; no obstante, se admitirá su actuación y producirá efectos si se realiza antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tiene por transcurrido el plazo.
• Art. 74Cuestiones incidentalesLas cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación, salvo la recusación.

Capítulo IVInstrucción del procedimiento

Capítulo VFinalización del procedimiento

Capítulo VIDe la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

• Art. 96Tramitación simplificada del procedimiento administrativo comúnCuando razones de interés público o la falta de complejidad lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada. En cualquier momento anterior a la resolución puede acordarse continuar por la vía ordinaria. Si la simplificada se acuerda de oficio, debe notificarse a los interesados, y si alguno manifiesta oposición expresa se seguirá la ordinaria. Si la solicita el interesado y no concurren las razones, el órgano puede desestimarla en cinco días, y transcurrido ese plazo se entenderá desestimada. Los procedimientos simplificados deberán resolverse en treinta días, y constarán únicamente de los trámites que el artículo enumera.

Capítulo VIIEjecución

• Art. 97TítuloLas Administraciones no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material está obligado a notificar al interesado la resolución que autoriza la actuación.
• Art. 98EjecutoriedadLos actos sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo cuatro excepciones: que se suspenda la ejecución; que se trate de una resolución sancionadora contra la que quepa recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; que una disposición establezca lo contrario; o que se necesite aprobación o autorización superior. Cuando de la resolución nazca una obligación de pago a la Hacienda pública, se efectuará preferentemente por medios electrónicos: tarjeta, transferencia, domiciliación o cualquier otro autorizado.
• Art. 99Ejecución forzosaLas Administraciones, a través de sus órganos competentes, podrán proceder previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución conforme a la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
• Art. 100Medios de ejecución forzosaLa ejecución forzosa se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por estos medios: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Si fueran admisibles varios, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en lugares que requieran autorización de su titular, habrá que obtener su consentimiento o, en su defecto, la autorización judicial.
• Art. 101Apremio sobre el patrimonioSi en virtud de un acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida, se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
• Art. 102Ejecución subsidiariaCabe la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. La Administración realizará el acto, por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado. El importe de gastos, daños y perjuicios se exige por la vía de apremio del artículo anterior, y podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
• Art. 103Multa coercitivaCuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones pueden imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, en tres supuestos: actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa; actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente; y actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas.
• Art. 104Compulsión sobre las personasLos actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ejecutarse por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si se trata de obligaciones personalísimas de hacer y no se realiza la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, cuya liquidación y cobro se hacen en vía administrativa.
• Art. 105Prohibición de acciones posesoriasNo se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

Capítulo IRevisión de oficio

• Art. 106Revisión de disposiciones y actos nulosLas Administraciones, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declararán de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1. Con el mismo dictamen podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados, sin dictamen, cuando no se basen en alguna causa de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento. Iniciado de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce la caducidad; iniciado a solicitud, el silencio es desestimatorio.
• Art. 107Declaración de lesividad de actos anulablesLas Administraciones podrán impugnar ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48, previa declaración de lesividad para el interés público. La declaración no podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados. No es susceptible de recurso, aunque puede notificarse a efectos informativos. Transcurridos seis meses desde la iniciación sin declararse la lesividad, el procedimiento caduca.
• Art. 108SuspensiónIniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
• Art. 109Revocación de actos y rectificación de erroresLas Administraciones podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos.
• Art. 110Límites de la revisiónLas facultades de revisión del Capítulo no podrán ser ejercidas cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
• Art. 111Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del EstadoEn el ámbito estatal son competentes para la revisión de oficio: el Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los dictados por los Ministros; los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado; los Secretarios de Estado, respecto de los órganos directivos que de ellos dependan; y en los organismos públicos y entidades de derecho público, los órganos a los que estén adscritos respecto de los actos de su máximo órgano rector, y los máximos órganos rectores respecto de los demás.

Capítulo IIRecursos administrativos