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Ley 7/2017, de Participación Ciudadana de Andalucía

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Art. 1ObjetoLa Ley regula el derecho de participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales de Andalucía, en igualdad y de manera real y efectiva, directamente o mediante entidades de participación ciudadana, y fomenta su ejercicio, en el marco de la Constitución, el Estatuto y los tratados comunitarios. Comprende en todo caso el derecho a participar plenamente en las decisiones derivadas de las funciones de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas.
Art. 2FinalidadesFinalidades de la Ley: promover la participación y la cultura participativa; mejorar la eficacia mediante la construcción colectiva; fortalecer la comunicación gobierno-ciudadanía; facilitar la iniciativa ciudadana; establecer mecanismos de rendición de cuentas; fomentar especialmente la participación de mujeres, menores, mayores y colectivos vulnerables; difundir hábitos participativos desde la infancia; vertebrar la sociedad civil; y favorecer la colaboración autonómica-local, preferentemente mediante convenios de cooperación.
Art. 3Ámbito de aplicaciónLa Ley se aplica al ejercicio de las competencias de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales de Andalucía. Se aplica a: la Administración de la Junta, incluidos sus órganos superiores de gobierno; sus agencias (administrativas, de régimen especial o públicas empresariales) y las entidades de derecho público de la DA 2.ª de la Ley 9/2007; las entidades locales, incluidos sus órganos de gobierno; y los entes instrumentales de derecho público locales, en particular sus agencias.
Art. 4Principios básicosPrincipios para interpretar y aplicar la Ley: universalidad, transversalidad, transparencia, veracidad, eficacia, perdurabilidad (participación continua y sostenida), facilidad y comprensión, perspectiva de género, accesibilidad y no discriminación tecnológica, gobernanza democrática, rendición de cuentas (evaluación ciudadana de las políticas), buena fe (exigible a ciudadanía y Administraciones), igualdad de oportunidades y accesibilidad de personas con discapacidad, y vertebración social.
Art. 5Órganos y mecanismos de participación existentes de las entidades localesPara garantizar el desarrollo eficaz y la colaboración y coordinación de la Ley, se tendrán en cuenta los órganos y mecanismos de participación ya existentes en las entidades locales, como consejos, comisiones y mesas de debate, porque tienen la finalidad de canalizar y propiciar la implicación ciudadana en la toma de decisiones.
Art. 6El derecho a la participación ciudadanaTienen derecho a participar en los asuntos públicos autonómicos y locales, directamente o mediante entidades, quienes tengan capacidad de obrar y la condición política de andaluces, y los extranjeros residentes en Andalucía. Son entidades de participación: entidades privadas sin ánimo de lucro constituidas válidamente, que actúen en Andalucía y con fines participativos o sobre la materia; entidades representativas de intereses colectivos; agrupaciones sin personalidad jurídica (con comisión y representante); y sindicatos, organizaciones empresariales y colegios profesionales.
Art. 7Participación de los andaluces y andaluzas en el exteriorLa Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para fomentar y facilitar la participación efectiva de la ciudadanía andaluza en el exterior, conforme al Estatuto de Autonomía y a la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo.
Art. 8Otros derechos en los procesos de participación ciudadanaEl derecho de participación de personas y entidades incluye: la iniciativa para promover procesos participativos en los supuestos de la Ley; recabar la colaboración de las Administraciones andaluzas en esos procesos; y que se publique la información sobre los procedimientos con participación de forma gratuita, comprensible y accesible durante todo el proceso. Todas las personas y entidades del artículo 6 disponen de la información pública sobre la materia, según los títulos II y III de la Ley 1/2014 (publicidad activa y acceso).
Art. 9Obligaciones de las Administraciones Públicas andaluzas respecto a la participación ciudadanaEn los procesos de participación, las Administraciones andaluzas deben: integrar la participación individual o colectiva, presencial o telemática; garantizar el acceso, adaptando estructuras y facilitándolo a los colectivos vulnerables; promover la participación por TIC (espacios interactivos en sedes, portales o webs y sistemas de votación y encuesta electrónicos); fomentar las TIC en colectivos con dificultades y disponer cauces alternativos; impulsar convenios, en especial con ONG y voluntariado; cumplir la protección de datos; y dar publicidad a la participación.
Art. 10DefiniciónProcesos de participación ciudadana: conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el tiempo, desarrollados por las Administraciones Públicas andaluzas en el ámbito de sus competencias, para posibilitar el ejercicio del derecho de participación, en igualdad y de forma real y efectiva, individual o colectiva, en la dirección y gestión de los asuntos públicos autonómicos y locales.
Art. 11Consideraciones generales básicasEn los procesos de participación de las entidades locales se garantiza, en todo caso, el principio de autonomía local. Todos los procesos de la Ley, cualquiera que sea su tipo u objeto (artículos 12 y 13), deben ajustarse al ordenamiento jurídico y respetar las competencias atribuidas a las distintas Administraciones Públicas.
Art. 12Procesos de participación ciudadanaLos procesos de participación ciudadana son cinco: deliberación participativa; participación en la elaboración de presupuestos; participación mediante consultas populares; participación en la proposición de políticas públicas y elaboración de normas; y participación en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la prestación de los servicios públicos.
Art. 13Objeto de los procesos de participación ciudadanaLos procesos de participación pueden versar, siempre que no sean contrarios al ordenamiento, sobre: proposición, adopción, seguimiento y evaluación de políticas públicas de singular impacto o relevancia; elaboración de instrumentos de planificación; priorización sobre aspectos puntuales del gasto; elaboración de leyes y reglamentos; y prestación, seguimiento y evaluación de los servicios públicos.
Art. 14Inicio de los procesos de participación ciudadanaLas Administraciones andaluzas pueden iniciar los procesos de participación de oficio o a instancia de las personas físicas o entidades de participación del artículo 6, cuando así lo prevea la ley. Si transcurren tres meses desde la presentación de la iniciativa ciudadana sin acordarse el inicio, podrá entenderse rechazada la petición.
Art. 15Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de procesos de participación ciudadanaNo pueden convocarse ni desarrollarse procesos de participación: entre la convocatoria de elecciones a Cortes Generales y la constitución de las nuevas Cámaras; entre la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y 90 días después de la toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta; y entre la convocatoria y la celebración de un referéndum que afecte a su ámbito territorial. Los procesos locales, tampoco entre la convocatoria de elecciones municipales y 90 días después de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal.
Art. 16Eficacia de los procesos de participación ciudadanaLos procesos participativos no alteran ni menoscaban las potestades y competencias del ámbito de gobierno correspondiente. Si el proceso no se inicia o no concluye, la Administración debe justificar o motivar las causas; si sus resultados no se asumen total o parcialmente, el órgano que decide debe motivarlo. Complementan los procesos de las normas generales y sectoriales. La Ley es directamente exigible, pero su omisión o infracción no afecta en ningún caso a la validez y eficacia del acto o decisión.
Art. 17Procesos de participación ciudadana en el ámbito localCada entidad local debe fijar, mediante reglamento u ordenanza, los requisitos y el procedimiento de los procesos de participación ciudadana en su ámbito. Esa regulación local ha de ajustarse a las previsiones de la Ley 7/2017 y a la demás normativa aplicable.
Art. 18Definición y ámbitoEl proceso de deliberación participativa es el contraste de argumentos y motivaciones expuestos en un debate público, integrado en un procedimiento de decisión o de formulación o adopción de una política pública, en los supuestos del artículo 13.a) y b). En él, los órganos competentes de la Administración pública andaluza o de las entidades locales abren un espacio para conocer los intereses, posiciones y propuestas de la ciudadanía.
Art. 19Inicio de los procesos de deliberación participativaLos procesos de deliberación participativa se hacen inmediatamente después del inicio del procedimiento de decisión o de formulación y adopción de una política pública. Su inicio exige acuerdo expreso del centro directivo competente por razón de la materia, del presidente de la entidad local afectada o del órgano competente de esa entidad. Excepcionalmente caben en fases sucesivas si la política adquiere una trascendencia imprevista o sus características se transforman sustancialmente.
Art. 20Tramitación de la iniciativa ciudadana para realizar procesos de deliberación participativaEn el ámbito autonómico, la iniciativa ciudadana para pedir un proceso de deliberación participativa exige al menos 20.000 firmas válidas de personas físicas con derecho de participación (art. 6). En el local, las que fijen los reglamentos de participación, que pueden tomar como referencia el art. 48.3 y nunca superar el mínimo autonómico. Los promotores se dirigen al órgano del art. 19.1 con una breve descripción del asunto y un cauce de comunicación, preferentemente telemático. Acordado el proceso, se inicia en 30 días como máximo desde la resolución.
Art. 21Acuerdo Básico ParticipativoEl Acuerdo Básico Participativo lo adopta el órgano competente para iniciar el proceso, una vez acordado su inicio. Debe fijar como mínimo: el tipo de proceso; el asunto, concretado en una propuesta o proyecto inicial; el órgano responsable de la coordinación; la duración máxima de la deliberación, que no puede pasar de cuatro meses desde la publicación de su apertura en el boletín oficial (ampliable de forma motivada a seis en casos de especial complejidad); y las vías de información del proceso.
Art. 22Desarrollo del proceso de deliberación participativaAprobado el Acuerdo Básico Participativo, se hace público en la sede electrónica, portal o web del órgano que acordó el inicio (con su texto íntegro) y se publica en el BOJA o en el boletín oficial de la provincia; caben otros instrumentos para garantizar accesibilidad y no discriminación tecnológica. Concluida la deliberación, el centro directivo competente por razón de la materia o el órgano competente elabora un informe final con conclusiones y valoración, que se publica en sede, portal o web y, si se considera oportuno, en boletines oficiales.
Art. 23Procesos de participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto de la Comunidad AutónomaLas consejerías, dentro de su ámbito competencial, pueden establecer procesos de participación ciudadana para priorizar aspectos puntuales del gasto que prevean incorporar a sus anteproyectos de estados de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Estos procesos se desarrollan reglamentariamente conforme a los principios del capítulo II del título III, sin perjuicio de las particularidades del procedimiento presupuestario.
Art. 24Procesos de presupuestos participativos de las entidades localesLas entidades locales pueden iniciar procesos de participación, como presupuestos participativos, para priorizar aspectos determinados de sus presupuestos, de modo que la asignación del gasto tenga en cuenta las prioridades manifestadas por la ciudadanía oída previamente. La Junta de Andalucía fomenta su promoción y difusión con base en los principios de universalidad y autorreglamentación, y colabora en su impulso mediante acciones positivas, información, formación y sensibilización.
Art. 25Consultas popularesLas Administraciones Públicas andaluzas pueden recabar la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas de su competencia mediante las consultas populares del artículo 78 del Estatuto de Autonomía, conforme a esta Ley y sus reglamentos, para valorar los efectos reales de sus actuaciones públicas u orientar decisiones sobre ellas.
Art. 26Instrumentos de consulta popularLas consultas populares pueden adoptar seis modalidades: encuestas (técnicas demoscópicas); audiencias públicas (procedimiento oral y público para escuchar a los afectados antes de decidir); foros de participación (espacios de debate creados por la Administración sobre los efectos de una política pública); paneles ciudadanos (espacios de información temporales que responden a consultas de la Administración, en especial sobre expectativas de futuro); jurados ciudadanos (grupos que analizan los efectos de una acción, proyecto o programa); y consultas participativas.
Art. 27Iniciativa ciudadana para proponer políticas públicasLas personas y entidades del artículo 6 pueden proponer políticas públicas en competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas. En el ámbito autonómico la iniciativa exige al menos 20.000 firmas de personas físicas con derecho de participación; en el local, las firmas válidas que fijen los reglamentos de participación, que pueden tomar como referencia el artículo 48.3 y no pueden exceder el mínimo autonómico. Requisitos y procedimiento, por reglamento.
Art. 28Participación en los procesos de elaboración de leyes y reglamentos en la Administración de la Junta de Andalucía a través de sugerenciasLa participación en la elaboración de leyes y reglamentos de la Junta se rige por la legislación básica estatal y la pueden ejercer las personas y entidades del artículo 6. Antes de iniciar el procedimiento se hace una consulta pública a través del Portal de la Junta de Andalucía, con un tiempo no inferior a quince días naturales. Puede omitirse en normas presupuestarias u organizativas, por razones graves de interés público, si la propuesta no tiene impacto significativo, no impone obligaciones relevantes, regula aspectos parciales o en tramitación urgente, justificándolo en el expediente.
Art. 29Propuestas de iniciativas reglamentariasLas personas y entidades de participación ciudadana del artículo 6 pueden presentar a la Administración de la Junta de Andalucía, en materias de su competencia, propuestas para que tramite iniciativas reglamentarias. Quedan exceptuadas las disposiciones de carácter organizativo del Gobierno y la Administración de la Junta. Requisitos y procedimiento, por reglamento.
Art. 30Participación en los procesos de elaboración de ordenanzas localesEl órgano competente de la Administración local puede acordar procesos de participación ciudadana para elaborar los anteproyectos de ordenanzas y reglamentos locales, en los que participan las personas del artículo 6. Las entidades locales fomentan en ellos la participación de los colectivos más directamente afectados. Terminado el proceso, la ordenanza o reglamento se aprueba según el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Art. 31Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicasLas personas y entidades del artículo 6 pueden participar en el seguimiento de las políticas públicas de la Junta a través de los órganos colegiados sectoriales de participación ciudadana, ante los que los titulares de los órganos directivos responsables presentan un informe explicativo, con el contenido y la periodicidad que fije el reglamento o, en su defecto, esos órganos. La participación directa se regula por reglamento, sin perjuicio de la Ley 1/2014. La evaluación se hace en el marco de la ley del sistema de evaluación (art. 138 del Estatuto).
Art. 32Participación ciudadana en la prestación de los servicios públicosLas personas y entidades de participación ciudadana pueden participar en la prestación de los servicios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo que establece la Ley 7/2017 y la normativa sectorial que sea aplicable a cada servicio.
Art. 33ObjetoEl capítulo VII regula las consultas participativas autonómicas y locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al artículo 78 del Estatuto de Autonomía. Quedan fuera de la Ley las consultas reguladas por la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía.
Art. 34DefiniciónLa consulta participativa, autonómica o local, es el instrumento de participación que busca conocer la opinión de un sector o colectivo de la población, mediante votación de contenido no referendario, sobre asuntos de interés público que le afecten. La autonómica versa sobre competencias de la Comunidad Autónoma y la local sobre competencias de las entidades locales andaluzas (atendiendo a la Ley 7/1985). Si la consulta popular local es de carácter general, el municipio pide autorización al Gobierno de la nación.
Art. 35Participación en las consultas participativasCon carácter general pueden participar en las consultas participativas autonómicas o locales todas las personas mayores de 16 años del sector o colectivo con interés directo en el tema consultado que reúnan los requisitos del artículo 6.1. Este límite de edad puede obviarse en asuntos que afecten directamente a la infancia y a sus derechos.
Art. 36Sistema de votaciónEn las consultas participativas se participa mediante un sistema de votación, universal para el sector o colectivo de la población con interés directo en el tema consultado, en el que el voto es igual, libre, directo y secreto, en la forma que se determine reglamentariamente.
Art. 37Asuntos objeto de consulta participativaLas consultas participativas solo pueden plantearse sobre asuntos de interés público de la competencia de la Administración convocante, sobre cuestiones motivadas por el ejercicio de esa competencia y que tengan relevancia para la vida ordinaria de un determinado sector o colectivo de la población.
Art. 38Asuntos excluidos de la consulta participativaNo pueden someterse a consulta participativa asuntos contrarios al ordenamiento jurídico; ajenos a la competencia de la Comunidad Autónoma o de las entidades locales andaluzas; que cuestionen la dignidad de la persona o los derechos fundamentales y libertades públicas; referidos a la organización institucional autonómica o local o a los recursos de la Hacienda Pública autonómica o de las Haciendas locales; ni, en general, los asuntos cuya gestión por la ciudadanía constituye el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución.
Art. 39Vinculación de la consulta participativaLas consultas participativas son consultivas y no vinculantes. Si el órgano competente autonómico o local se aparta del resultado o lo asume, debe motivar expresamente las razones o intereses públicos de su decisión en el plazo máximo de 30 días desde la finalización del proceso de consulta. La motivación se publica, al menos, en la sede electrónica, portal o web del órgano que tiene la iniciativa de la convocatoria y, si se considera oportuno, en los boletines oficiales.
Art. 40Ámbito territorialEn las consultas autonómicas el ámbito es la Comunidad Autónoma o uno inferior. En las locales de las diputaciones, la provincia o un ámbito superior al municipal e inferior al provincial. En las de los ayuntamientos, el término municipal o un ámbito inferior: pueden convocarse consultas de distrito en municipios de gran población, o en el ámbito de una entidad de gestión descentralizada o de un ente desconcentrado, conforme a la Ley 7/1985.
Art. 41Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de la consulta participativaLas consultas participativas no pueden convocarse ni desarrollarse: entre la convocatoria de elecciones a Cortes Generales y la constitución de las nuevas Cámaras; entre la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y 90 días después de la toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta; entre la convocatoria y la celebración de un referéndum que afecte a su ámbito territorial. Las locales, además, tampoco entre la convocatoria de elecciones municipales y 90 días después de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal.
Art. 42Registro de consultas participativasLa Administración de la Junta de Andalucía establecerá un registro de consultas participativas, adscrito al centro directivo competente en materia de participación ciudadana, para inscribir las consultas realizadas o promovidas al amparo de esta Ley. Su funcionamiento se regulará por reglamento.
Art. 43Iniciativa para la convocatoria de consultas participativasLas consultas participativas autonómicas y locales pueden ser de iniciativa institucional o ciudadana (del sector o colectivo con interés directo en el tema). La iniciativa es informada por los órganos competentes por razón de la materia, y el Consejo Consultivo de Andalucía dictamina, una vez promovida, la adecuación al ordenamiento jurídico de la propuesta y el cumplimiento de las exigencias de esta Ley.
Art. 44Iniciativa institucional para las consultas participativas autonómicasLa iniciativa institucional de las consultas participativas autonómicas corresponde al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, o al diez por ciento de los ayuntamientos andaluces por acuerdo de mayoría absoluta de sus plenos, que deben representar en conjunto al menos 500.000 habitantes empadronados mayores de 16 años e incluir al menos un ayuntamiento de cada provincia.
Art. 45Iniciativa ciudadana para las consultas participativas autonómicasPara solicitar una consulta participativa autonómica por iniciativa ciudadana hace falta el apoyo de al menos 30.000 firmas válidas de personas con derecho a participar en ella según el artículo 35.
Art. 46Convocatoria de la consulta participativa autonómicaConvoca las consultas participativas autonómicas el presidente o presidenta de la Junta, previo acuerdo del Consejo de Gobierno; si la iniciativa es suya, da cuenta al Consejo de Gobierno. La convocatoria se hace por decreto de la Presidencia en el plazo de 45 días desde el acuerdo del Consejo de Gobierno. El decreto se publica en el BOJA con al menos 45 días de antelación al inicio de la votación y, en los cinco días siguientes, en la web de la Administración convocante y en al menos un medio de comunicación de mayor difusión.
Art. 47Limitaciones a la realización de consultas participativas autonómicasPor la complejidad de las consultas participativas autonómicas, el reglamento fijará cuántas pueden hacerse cada año según el asunto y el colectivo destinatario, con un máximo de tres consultas anuales. Sobre el mismo objeto no pueden promoverse otras consultas hasta pasados dos años desde la celebración de la consulta o desde la inadmisión de la iniciativa.
Art. 48Iniciativa para las consultas participativas localesLa iniciativa institucional local la ejerce la corporación por acuerdo de mayoría simple, a propuesta del presidente, de al menos dos grupos políticos del pleno o de un tercio de sus miembros. La ciudadana exige firmas según la población: hasta 5.000 habitantes, el 10 %; de 5.001 a 50.000, 500 más el 7 % del exceso; de 50.001 a 100.000, 3.650 más el 5 %; más de 100.000, 6.150 más el 3 %, con tope de 30.000. En ámbitos acotados, el reglamento local, sin superar el 10 % de los vecinos a consultar.
Art. 49Competencia para convocar la consulta participativa localConvoca las consultas participativas locales la alcaldía o, en su caso, la presidencia de la diputación provincial, previo acuerdo motivado del pleno por mayoría absoluta. La convocatoria se hace por decreto en el plazo de 45 días desde el acuerdo del pleno. El decreto se publica en el boletín oficial de la provincia con al menos treinta días de antelación al inicio de la votación y, en cinco días desde esa publicación, íntegramente en el tablón de anuncios y, en su caso, en la web de la corporación.
Art. 50Limitaciones a la realización de consultas participativas localesPor la complejidad de las consultas participativas locales, el reglamento determinará cuántas pueden hacerse cada año según el asunto y el colectivo destinatario. Una vez publicado el decreto de convocatoria, no pueden promoverse otras consultas sobre el mismo objeto hasta pasados dos años desde la celebración de la consulta o desde la inadmisión de la iniciativa.
Art. 61Coordinación administrativa generalEn la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, la coordinación general en participación ciudadana corresponde a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. Cuenta con una secretaría de soporte para preparar sus trabajos y que actúa como oficina administrativa de relación con las unidades de participación ciudadana. La Comisión establece la planificación directiva, puede dictar instrucciones y fijar criterios sobre la implementación de la participación y el seguimiento de la planificación operativa de cada consejería.
Art. 62Coordinación operativaLa promoción transversal de los derechos de la ciudadanía y el fomento de la participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas corresponden a la persona titular del centro directivo competente en participación ciudadana. Sus funciones: fomentar la cultura participativa; relacionarse con las entidades de participación; asesorar en los procesos; formar; favorecer la cultura participativa en centros educativos (con la consejería de educación) y en la infancia y adolescencia (con la de infancia); coordinar los mecanismos de las consejerías y agencias; y otras afines.
Art. 63Unidades de participación ciudadanaEn cada consejería habrá una unidad de participación ciudadana, cuyas funciones se asignan a una unidad con nivel orgánico mínimo de servicio, que actúa bajo la dependencia de la viceconsejería para impulsar la participación en la consejería y sus entidades instrumentales y aplicar los criterios e instrucciones que se establezcan. Su funcionamiento se regula por decreto del Consejo de Gobierno.
Art. 64Participación ciudadana en las Administraciones locales andaluzasLas Administraciones locales andaluzas, en uso de su potestad de autoorganización, encomiendan las funciones de coordinación, impulso y fomento de la participación ciudadana a órganos o áreas concretas de su estructura. Las entidades locales que por insuficiente capacidad económica y de gestión no puedan ejercerlas pueden pedir asistencia técnica a la diputación provincial, conforme a la normativa básica de régimen local.
Art. 65Sistema público de participación digitalLa Junta creará un sistema público de participación digital. El centro directivo de política digital aplicada al gobierno abierto asume, de forma transversal, la dirección técnica y el desarrollo de las plataformas TIC de participación. Habrá una plataforma en software libre con herramientas de información, deliberación, voto y seguimiento; autenticación que asegure que cada usuario es un sujeto del artículo 6; el portal de la Junta como punto de acceso general; gestión de cada proceso por el centro directivo proponente; y acceso en edificios públicos y con unidades móviles.
Art. 66Colaboración administrativa para la puesta en marcha del sistema público de participación digitalLa Administración de la Junta de Andalucía, a través del centro directivo competente en dirección, impulso y gestión de la política digital en lo relativo a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto, puede suscribir acuerdos de colaboración con las entidades locales para poner en marcha y utilizar las plataformas de participación ciudadana necesarias para ejercer este derecho.