Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Cádiz

Artículo 11. Responsabilidad

En pocas palabras

Los concejales responden civil y penalmente por sus actos u omisiones en el cargo, ante los tribunales competentes y por el procedimiento ordinario. Responden de los acuerdos quienes votaron a favor. El Ayuntamiento puede exigirles responsabilidad por dolo o culpa grave si causaron daños a la Corporación o a terceros indemnizados por ella. La responsabilidad civil y patrimonial se cubre con seguro, salvo actos dolosos, fraudulentos o con intención de infringir el Ordenamiento.

Explicación sencilla

Ordena la responsabilidad de los concejales: quién responde de los acuerdos (los que votaron a favor), cuándo puede el Ayuntamiento repetir contra ellos (dolo o culpa grave) y qué cubre el seguro, que excluye los actos dolosos, fraudulentos o con intención de infringir el Ordenamiento Jurídico.

Regla mnemotécnica

Responde del acuerdo quien dijo «sí». El Ayuntamiento repite por dolo o culpa grave. El seguro no cubre el dolo ni el fraude.

Trampa típica de examen

Creer que de los acuerdos responden todos los presentes en la sesión; solo responden los miembros que votaron a favor de su adopción.

Texto del artículo 11 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Cádiz (ROM Cádiz)

1. Los concejales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. 2. Son responsables de los acuerdos del Ayuntamiento los miembros de la Corporación que hubiesen votado a favor de su adopción. 3. El Ayuntamiento podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubieran sido indemnizados por aquella. 4. La responsabilidad civil y patrimonial por actos realizados por los miembros de la Corporación Municipal en el ejercicio de sus funciones será cubierta mediante contratación de seguro salvo la que derive de actos realizados con ánimo doloso, fraudulento y, en general, aquellos en los que esté presente la intención de infringir el Ordenamiento Jurídico.

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