RRD
Real Decreto 33/1986, Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios
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Crear cuenta gratisTítulo IRégimen Disciplinario
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Capítulo IDisposiciones generales
- Art. 1Artículo 1El Reglamento de Régimen Disciplinario se aplica al personal funcionario comprendido en el artículo 1, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. El artículo no enumera a ese personal: delimita su ámbito de aplicación por remisión a esa ley.
- Art. 2Artículo 2Los funcionarios en prácticas también están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento, pero solo en la medida que les sea de aplicación. Esa sujeción se entiende sin perjuicio de las normas especiales que regulen su procedimiento de selección.
- Art. 3Artículo 3Para los demás funcionarios al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, las disposiciones de este tienen carácter supletorio.
- Art. 4Artículo 4El régimen disciplinario del Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios. Esa responsabilidad civil o penal se hará efectiva en la forma que determine la Ley.
Capítulo IIFaltas disciplinarias
- Art. 5Artículo 5
- Art. 6Artículo 6Son faltas muy graves: incumplir la fidelidad a la Constitución; discriminación; abandono de servicio; acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; publicar o usar indebidamente secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento con inhibición; violar la neutralidad política para influir en procesos electorales; incumplir las incompatibilidades; obstaculizar libertades públicas y derechos sindicales; coartar la huelga; hacer huelga teniéndola prohibida por ley; desatender servicios esenciales en huelga; limitar la libre expresión; y tres faltas graves sancionadas en un año.
- Art. 7Artículo 7Son faltas graves: desobediencia; abuso de autoridad; delito doloso ligado al servicio o dañoso; tolerar faltas muy graves o graves de subordinados; grave desconsideración; daños graves; no abstenerse; informes o acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio; falta de rendimiento; faltar al sigilo; plazos de incompatibilidades; diez horas al mes de jornada incumplida; tercera inasistencia en tres meses tras dos sancionadas como leves; grave perturbación; atentado grave a la dignidad; grave falta de consideración con administrados; evadir el control horario. Mes: del día primero al último.
- Art. 8Artículo 8Son faltas leves cinco conductas: el incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave; la falta de asistencia injustificada de un día; la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados; el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones; y el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deba calificarse como falta muy grave o grave.
Capítulo IIIPersonas responsables
- Art. 9Artículo 9
- Art. 10Artículo 10Los funcionarios en situación distinta de la de servicio activo pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas del Reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. Si la sanción no puede cumplirse cuando se dicta la resolución, porque la situación administrativa del funcionario lo impide, se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.
- Art. 11Artículo 11No puede exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. En cambio, perder esa condición no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó.
- Art. 12Artículo 12Los funcionarios que induzcan a otros a realizar actos o conducta constitutivos de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad que estos. Si la falta no llega a consumarse, también incurren en responsabilidad, de acuerdo con los criterios del artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.
- Art. 13Artículo 13También incurren en responsabilidad los funcionarios que encubran las faltas consumadas muy graves y graves, cuando de ese acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos. Serán sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el artículo anterior.
Capítulo IVSanciones disciplinarias
- Art. 14Artículo 14Por razón de las faltas a que se refiere el Reglamento pueden imponerse cuatro sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento. La letra d) de la lista figura como derogada.
- Art. 15Artículo 15
- Art. 16Artículo 16Las sanciones de los apartados b) o c) del artículo 14 pueden imponerse por faltas graves o muy graves. La suspensión de funciones por falta muy grave dura entre tres y seis años; por falta grave no excede de tres. Si la suspensión firme no excede del período de suspensión provisional, no comporta necesariamente pérdida del puesto. El sancionado con traslado con cambio de residencia no puede obtener nuevo destino en la localidad de origen durante tres años (falta muy grave) o uno (falta grave), contados desde que se efectuó el traslado.
- Art. 17Artículo 17
- Art. 18Artículo 18Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden imponerse en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento del título II del Reglamento. Para sancionar faltas leves no es preceptiva la previa instrucción de ese expediente, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso.
Capítulo VExtinción de la responsabilidad disciplinaria
- Art. 19Artículo 19La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Si durante el procedimiento sancionador el inculpado pierde la condición de funcionario, se dicta resolución que, invocando la causa, declara extinguido el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y ordena el archivo, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. A la vez quedan sin efecto las medidas provisionales adoptadas respecto del inculpado.
- Art. 20Artículo 20Las faltas muy graves prescriben a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes, contados desde que la falta se hubiere cometido. La prescripción se interrumpe por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución de incoación del expediente debe ser debidamente registrada. El plazo vuelve a correr si el expediente permanece paralizado más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al procedimiento.
- Art. 21Artículo 21Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que impone la sanción, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.
- Art. 22Artículo 22
Título IITramitación
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Capítulo IDisposiciones generales
- Art. 23Artículo 23Si en cualquier momento del procedimiento el instructor aprecia que la presunta falta puede ser delito o falta penal, lo pone en conocimiento de la autoridad que ordenó la incoación del expediente, para su comunicación al Ministerio Fiscal. Regla general: el expediente disciplinario continúa hasta su resolución y sanción, si procede. Excepción: debe suspenderse hasta que recaiga resolución judicial cuando los hechos puedan ser delitos de funcionarios contra el ejercicio de los derechos de la persona o en el ejercicio de sus cargos (títulos II y VII del Libro segundo del Código Penal).
- Art. 24Artículo 24El Subsecretario del Departamento puede acordar, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, sea cual sea la causa de este, siempre que no la haya adoptado ya la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. Cuando la declara la autoridad administrativa, la suspensión se rige por los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y puede prolongarse durante todo el procesamiento.
Capítulo IIOrdenación
- Art. 25Artículo 25
- Art. 26Artículo 26La tramitación, las comunicaciones y las notificaciones se ajustan «en todo» a la Ley de Procedimiento Administrativo; en concreto, a su título IV, capítulo II, secciones primera y segunda. El artículo no contiene reglas propias: se limita a remitir a esa parte de la Ley.
Capítulo IIIIniciación
- Art. 27Artículo 27El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Ese acuerdo puede nacer de la propia iniciativa del órgano o ser consecuencia de orden superior, de moción razonada de los subordinados o de denuncia. Si se inicia como consecuencia de denuncia, el acuerdo debe comunicarse al firmante de la misma.
- Art. 28Artículo 28
- Art. 29Artículo 29Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, en todo caso, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario. También pueden acordarla los Directores generales, respecto del personal dependiente de su Dirección General, y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial. La incoación puede acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario.
- Art. 30Artículo 30En la resolución por la que se incoa el procedimiento se nombra Instructor, que debe ser un funcionario público de un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Si depende de otro Departamento, se requiere la previa autorización del Subsecretario de este. El Secretario solo se nombra cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, y en todo caso debe tener la condición de funcionario.
- Art. 31Artículo 31La incoación del procedimiento, junto con el nombramiento del Instructor y del Secretario, se notifica a dos tipos de destinatarios: al funcionario sujeto a expediente y a los designados para ostentar los cargos de Instructor y Secretario.
- Art. 32Artículo 32Al Instructor y al Secretario se les aplican las normas de abstención y recusación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El derecho de recusación puede ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario. La abstención y la recusación se plantean ante la Autoridad que acordó el nombramiento, que debe resolver en el término de tres días.
- Art. 33Artículo 33Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación puede adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La suspensión provisional puede acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento, en los términos y con los efectos de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Límite: no caben medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.
Capítulo IVDesarrollo
- Art. 34Artículo 34El Instructor ordena las diligencias adecuadas para determinar y comprobar los hechos y, en particular, las pruebas que puedan conducir a esclarecerlos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Como primeras actuaciones, recibe declaración al presunto inculpado y evacua las diligencias que se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación y de lo alegado por aquel. Todos los Organismos y dependencias de la Administración deben facilitarle los antecedentes e informes necesarios y los medios personales y materiales que precise.
- Art. 35Artículo 35El Instructor formula el pliego de cargos en un plazo no superior a un mes desde la incoación del procedimiento; por causas justificadas puede solicitar su ampliación. El pliego comprende los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones aplicables, conforme al artículo 14 del Reglamento. Se redacta de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada hecho imputado. Al elaborarlo, el Instructor debe proponer el mantenimiento o levantamiento de la suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.
- Art. 36Artículo 36El pliego de cargos se notifica al inculpado y se le concede un plazo de diez días para contestarlo, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y aportando cuantos documentos considere de interés. En este mismo trámite debe solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que crea necesarias para su defensa.
- Art. 37Artículo 37Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor puede acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas y de todas aquellas que considere pertinentes. Para practicar las pruebas se dispone del plazo de un mes. El Instructor puede denegar la admisión y práctica de las pruebas dirigidas a averiguar cuestiones que considere innecesarias; debe motivar la denegación, y contra esa resolución no cabe recurso del inculpado.
- Art. 38Artículo 38
- Art. 39Artículo 39Para la práctica de las pruebas propuestas, y también de las de oficio cuando se estime oportuno, se notifica al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que deberán realizarse. Debe incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.
- Art. 40Artículo 40La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario. Ello no impide que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.
- Art. 41Artículo 41Cumplimentadas las diligencias previstas en el título, se da vista del expediente al inculpado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se le facilita copia completa del expediente cuando así lo solicite.
- Art. 42Artículo 42El Instructor formula la propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes. En ella fija con precisión los hechos, motiva, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado y hace la valoración jurídica de los hechos para determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer.
- Art. 43Artículo 43La propuesta de resolución la notifica el Instructor al interesado. Con ella se abre un plazo de diez días para que el interesado pueda alegar, ante el propio Instructor, cuanto considere conveniente en su defensa. Tres datos que retener: quién notifica (el Instructor), cuánto tiempo hay (diez días) y ante quién se alega (el Instructor).
- Art. 44Artículo 44Oído el inculpado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, el expediente completo se remite con carácter inmediato al órgano que acordó la incoación del procedimiento. Ese órgano tiene dos salidas: remitirlo al órgano competente para que dicte la decisión que corresponda o, en su caso, ordenar al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.
Capítulo VTerminación
- Art. 45Artículo 45La resolución pone fin al procedimiento disciplinario y debe adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del servicio. Resuelve todas las cuestiones planteadas en el expediente, ha de ser motivada y no puede aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, aunque sí puede darles una valoración jurídica distinta.
- Art. 46Artículo 46El órgano competente para imponer la sanción puede devolver el expediente al Instructor para que practique las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En ese caso, antes de remitir de nuevo el expediente a dicho órgano, se da vista de lo actuado al funcionario inculpado para que en diez días alegue cuanto estime conveniente.
- Art. 47Artículo 47Separación del servicio: la impone el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14: Ministros y Secretarios de Estado del Departamento de destino, o Subsecretarios por delegación; si son faltas de incompatibilidades con actividades en diferentes Ministerios, el Ministro de la Presidencia. Sanciones de los apartados d) y e): Subsecretario en todo caso, Directores generales para su personal y Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en su ámbito territorial.
- Art. 48Artículo 48La resolución debe determinar con toda precisión la falta cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción, y declarar expresamente sobre las medidas provisionales adoptadas. Si aprecia que no hay falta o responsabilidad, hace las declaraciones pertinentes sobre esas medidas. Se notifica al inculpado con los recursos que quepan, el órgano ante el que presentarlos y los plazos; si hubo denuncia, debe notificarse al firmante de esta.
- Art. 49Artículo 49Las sanciones disciplinarias se ejecutan según los términos de la resolución que las impone y en el plazo máximo de un mes. Ese plazo solo cede cuando, por causas justificadas, la propia resolución establece otro distinto.
- Art. 50Artículo 50El Ministro de la Presidencia puede acordar la inejecución de la sanción; el órgano competente para resolver puede acordar su suspensión temporal, por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción es de separación del servicio, el acuerdo de inejecución o de suspensión corresponde al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos se adoptan de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada.
- Art. 51Artículo 51Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios se anotan en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación de esas anotaciones se produce de oficio o a instancia del interesado, en la forma prevista en el número 2 del artículo 93 de la Ley de Funcionarios, de 7 de febrero de 1964. Las sanciones canceladas, o que hubieran podido serlo, en ningún caso se computan a efectos de reincidencia.