Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

Capítulo IDisposiciones generales

• Art. 1ObjetoLa ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional.
• Art. 2Ámbito SubjetivoLa ley se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades locales y sector público institucional. Este se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas a lo que específicamente se refiera a ellas —en particular a los principios del artículo 3— y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, regidas por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).
• Art. 3Principios generalesLas Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
• Art. 4Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividadCuando establezcan medidas que limiten derechos o exijan requisitos para desarrollar una actividad, las Administraciones deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación a los fines perseguidos, sin producir diferencias de trato discriminatorias, y deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Para velar por el cumplimiento de la legislación aplicable pueden comprobar, verificar, investigar e inspeccionar, con los límites de la normativa de protección de datos.

Capítulo IIDe los órganos de las Administraciones Públicas

Capítulo IIIPrincipios de la potestad sancionadora

• Art. 25Principio de legalidadLa potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto y conforme a esta Ley y a la Ley 39/2015; y, tratándose de Entidades Locales, de conformidad con el Título XI de la Ley 7/1985. Su ejercicio corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Las disposiciones de este Capítulo sí son extensivas a la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio de las Administraciones, cualquiera que sea la naturaleza de la relación de empleo; y no se aplican a la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial.
• Art. 26IrretroactividadSerán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en la tipificación como en la sanción y en sus plazos de prescripción, incluso respecto de sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
• Art. 27Principio de tipicidadSolo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento previstas como tales por una Ley, sin perjuicio del Título XI de la Ley 7/1985 para la Administración Local. Las infracciones se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. Únicamente por la comisión de infracciones podrán imponerse sanciones, que estarán delimitadas por la Ley. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones ni alterar su naturaleza o límites, contribuyan a identificar mejor las conductas o determinar con más precisión las sanciones. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica.
• Art. 28ResponsabilidadSolo podrán ser sancionadas por infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables a título de dolo o culpa. Las responsabilidades administrativas son compatibles con la exigencia de reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización por los daños y perjuicios causados.
• Art. 29Principio de proporcionalidadLas sanciones administrativas en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que infringir no resulte más beneficioso que cumplir. En su determinación e imposición se observará la idoneidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho, graduándola conforme a cuatro criterios: grado de culpabilidad o intencionalidad, continuidad o persistencia en la conducta, naturaleza de los perjuicios causados y reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme en vía administrativa.
• Art. 30PrescripciónInfracciones y sanciones prescriben según las leyes que las establezcan. En su defecto, las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones por faltas muy graves a los tres años, por graves a los dos y por leves al año. El plazo de las infracciones se cuenta desde su comisión y, si son continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta. Interrumpe la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo si el expediente se paraliza más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El de las sanciones se cuenta desde el día siguiente a que sea ejecutable la resolución o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
• Art. 31Concurrencia de sancionesNo podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente deberá tenerla en cuenta para graduar la que imponga, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

Capítulo IVDe la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Capítulo VFuncionamiento electrónico del sector público

• Art. 38La sede electrónicaLa sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Establecer una sede conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios accesibles a través de ella. Cada Administración determina las condiciones e instrumentos de creación de sus sedes con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, garantizando en todo caso la identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas. Dispondrán de sistemas que permitan comunicaciones seguras cuando sean necesarias, publicarán respetando la accesibilidad y los estándares abiertos, y se identificarán mediante certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
• Art. 39Portal de internetEl portal de internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
• Art. 40Sistemas de identificación de las Administraciones PúblicasLas Administraciones podrán identificarse mediante un sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado. Esos certificados incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente y, en su caso, la identidad de la persona titular cuando se trate de sellos de órganos administrativos. La relación de sellos utilizados por cada Administración, con las características de los certificados y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, y cada Administración facilitará la verificación de sus sellos. Además, se entenderá identificada la Administración respecto de la información que publique como propia en su portal de internet.
• Art. 41Actuación administrativa automatizadaEs actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración en el marco de un procedimiento administrativo en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. En estos casos deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano responsable a efectos de impugnación.
• Art. 42Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizadaPara la actuación administrativa automatizada, cada Administración podrá determinar los supuestos de utilización de dos sistemas de firma electrónica: el sello electrónico de Administración, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, basado en certificado reconocido o cualificado; y el código seguro de verificación (CSV) vinculado a la Administración, órgano, organismo o entidad, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
• Art. 43Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones PúblicasSin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. Cada Administración determinará los sistemas de firma que debe utilizar su personal, que podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en que presta servicios. Por razones de seguridad pública, los sistemas de firma podrán referirse sólo al número de identificación profesional del empleado público.
• Art. 44Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicaciónLos documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones, órganos, organismos públicos y entidades de Derecho Público serán válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores. Si los participantes pertenecen a una misma Administración, será ella quien determine las condiciones y garantías, que comprenderán al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. Si pertenecen a distintas Administraciones, esas condiciones se establecerán mediante convenio suscrito entre ellas. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado y la protección de los datos transmitidos.
• Art. 45Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónicaLas Administraciones podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma. Para favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma, cuando una Administración utilice sistemas de firma distintos de los basados en certificado reconocido o cualificado y remita o ponga a disposición de otros órganos, organismos, entidades de Derecho Público o Administraciones documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en certificado reconocido o cualificado.
• Art. 46Archivo electrónico de documentosTodos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esa naturaleza, en el mismo formato en que se originaron o en otro que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlos, garantizando siempre la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. Los medios o soportes contarán con las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación, aseguren la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de la legislación de protección de datos y la recuperación y conservación a largo plazo.
• Art. 46 bisUbicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datosLos sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, los datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y los datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Esos datos no podrán transferirse a un tercer país u organización internacional, salvo que exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando lo exija el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Capítulo VIDe los convenios

• Art. 47Definición y tipos de conveniosSon convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
• Art. 48Requisitos de validez y eficacia de los conveniosLos convenios deben ser firmados por quienes tengan competencia para ello, incluir un contenido mínimo (objeto, obligaciones, plazo de vigencia...) y, en su caso, contar con las autorizaciones e informes preceptivos previos.
• Art. 49Contenido de los conveniosLos convenios deberán incluir al menos: los sujetos que los suscriben y la capacidad jurídica de cada parte; la competencia en que se funda la actuación; el objeto y las actuaciones de cada sujeto, indicando en su caso la titularidad de los resultados; las obligaciones y compromisos económicos asumidos, con su distribución por anualidades e imputación presupuestaria; las consecuencias del incumplimiento y los criterios de indemnización; los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de su ejecución; y el plazo de vigencia, que no podrá exceder de cuatro años salvo que normativamente se prevea un plazo superior, con posibilidad de prórroga por hasta cuatro años más si los firmantes lo acuerdan unánimemente antes de que expire.
• Art. 50Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectosEl convenio debe acompañarse de una memoria justificativa que analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y el cumplimiento de esta Ley. Los que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos requieren además el informe de su servicio jurídico, que se emitirá en un plazo máximo de siete días hábiles y deberá incorporarse al expediente antes del perfeccionamiento del convenio; no es necesario cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente. También los demás informes preceptivos que establezca la normativa aplicable.
• Art. 51Extinción de los conveniosLos convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: el transcurso del plazo de vigencia sin prórroga; el acuerdo unánime de todos los firmantes; el incumplimiento de las obligaciones por alguno de ellos; la decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio; y cualquier otra causa prevista en el convenio o en otras leyes. Ante el incumplimiento, cualquier parte puede requerir a la incumplidora para que cumpla en un plazo determinado, comunicándolo al responsable del seguimiento y a las demás partes; si persiste, se notifica la concurrencia de la causa y el convenio se entiende resuelto, pudiendo conllevar indemnización.
• Art. 52Efectos de la resolución de los conveniosEl cumplimiento y la resolución dan lugar a la liquidación del convenio para determinar las obligaciones y compromisos de cada parte. En los convenios con compromisos financieros, si de la liquidación resulta que lo ejecutado por una parte es inferior a los fondos recibidos, deberá reintegrar el exceso en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de la liquidación; transcurrido sin reintegro, deberá abonar el interés de demora, también en el plazo de un mes. Si el convenio se resuelve por incumplimiento, podrán continuarse las actuaciones en curso cuando las partes lo acuerden, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
• Art. 53Remisión de convenios al Tribunal de CuentasDentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos superen los 600.000 euros, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas o al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma. Se comunicarán igualmente las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, la alteración de los importes y la extinción de esos convenios. Todo ello sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas o de los órganos autonómicos de fiscalización para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estimen pertinentes.

Capítulo IOrganización administrativa

• Art. 54Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del EstadoLa Administración General del Estado actúa y se organiza según los principios del artículo 3 y, además, los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de titulares de órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección del sector público institucional estatal, conforme a los artículos 55 bis y 84 bis. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios que no estén atribuidas específicamente por Ley a otro órgano ni al Gobierno corresponden al Ministerio de Hacienda.
• Art. 55Estructura de la Administración General del EstadoLa organización responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno. La Administración General del Estado comprende la Organización Central —Ministerios y servicios comunes—, la Organización Territorial y la Administración General del Estado en el exterior. En la organización central son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado; y órganos directivos, los Subsecretarios y Secretarios generales, los Secretarios generales técnicos y Directores generales y los Subdirectores generales. En la organización territorial son directivos los Delegados del Gobierno, con rango de Subsecretario, y los Subdelegados del Gobierno, con nivel de Subdirector general. En el exterior lo son los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Todos ellos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación y a los directivos desarrollarlos y ejecutarlos.
• Art. 55 bisPresencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos de la Administración General del EstadoLas personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial.
• Art. 56Elementos organizativos básicosLas unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades complejas, que agrupen dos o más menores. Los jefes de las unidades son responsables del correcto funcionamiento de estas y de la adecuada ejecución de sus tareas. Las unidades se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un determinado órgano.

Capítulo IILos Ministerios y su estructura interna

• Art. 57Los MinisteriosLa Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo cada uno uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La organización departamental no impide que existan órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados en la estructura general del Ministerio que, con carácter excepcional, se adscriban directamente al Ministro. El número, denominación y ámbito de competencia de los Ministerios y de las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
• Art. 58Organización interna de los MinisteriosEn los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales para la gestión de un sector de actividad, de las que dependen jerárquicamente los órganos directivos adscritos. Los Ministerios contarán en todo caso con una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas, y se organizan en Subdirecciones Generales, que también pueden adscribirse directamente a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores.
• Art. 59Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativasLas Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órganos similares se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
• Art. 60Ordenación jerárquica de los órganos ministerialesLos Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí así: Subsecretario, Director general y Subdirector general. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos, categoría de Director general.
• Art. 61Los MinistrosLos Ministros dirigen los sectores de actividad de su Ministerio y asumen la responsabilidad de esa dirección. Entre sus funciones: ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias del Departamento; fijar objetivos, aprobar planes de actuación y asignar recursos; aprobar las propuestas de estados de gastos; determinar la organización interna; evaluar los planes y ejercer el control de eficacia sobre órganos y organismos dependientes; nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros; mantener relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias Sectoriales; impartir instrucciones y delegar competencias; revisar de oficio los actos y resolver conflictos de atribuciones; celebrar contratos y convenios; administrar los créditos y fijar los límites por debajo de los cuales corresponden a Secretarios de Estado y Subsecretario; resolver recursos y declarar la lesividad; conceder subvenciones; y imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
• Art. 62Los Secretarios de EstadoLos Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica, y pueden ostentar por delegación expresa del Ministro su representación. Dirigen y coordinan las Secretarías y Direcciones Generales bajo su dependencia y responden ante el Ministro. Les corresponde ejercer las competencias que les atribuya la norma de creación o les delegue el Ministro; impulsar objetivos y proyectos, supervisar los órganos adscritos e impartir instrucciones; nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado; mantener relaciones con las Comunidades Autónomas; celebrar contratos y convenios no reservados al Ministro; conceder subvenciones con los límites del titular del Departamento; resolver los recursos contra resoluciones de los órganos directivos que dependan de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, y los conflictos de atribuciones entre ellos; y administrar los créditos de la Secretaría de Estado.
• Art. 63Los SubsecretariosLos Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes. Les corresponde, entre otras: apoyar a los órganos superiores en la planificación; asistir al Ministro en el control de eficacia; establecer los programas de inspección de los servicios; dirigir el funcionamiento de los servicios comunes; asistir en materia de relaciones de puestos de trabajo y presupuestos; desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento; responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro; dirigir la Secretaría General Técnica; administrar créditos y conceder subvenciones con los límites fijados; nombrar y cesar a los Subdirectores dependientes de la Subsecretaría y al personal eventual; convocar y resolver pruebas selectivas y concursos; y ejercer la potestad disciplinaria por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro, entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales del Subgrupo A1.
• Art. 64Los Secretarios generalesCuando las normas de estructura de un Ministerio prevean un Secretario general, deberán determinar sus competencias sobre un sector de actividad administrativa determinado. Ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes —las del artículo 62.2.b)— y las que les asigne el Real Decreto de estructura. Con categoría de Subsecretario, son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro o del Presidente del Gobierno, entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
• Art. 65Los Secretarios generales técnicosLos Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tienen las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Tienen a todos los efectos categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades del artículo siguiente. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro, entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales del Subgrupo A1.
• Art. 66Los Directores generalesLos Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Les corresponde proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos del Ministro, dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento; ejercer las competencias atribuidas y las desconcentradas o delegadas; proponer en los demás casos la resolución procedente; e impulsar y supervisar la gestión ordinaria. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro o del Presidente del Gobierno, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, salvo que el Real Decreto de estructura permita, en atención a las características específicas de las funciones, que su titular no reúna esa condición, lo que deberá motivarse mediante memoria razonada.
• Art. 67Los Subdirectores generalesLos Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados y de la gestión ordinaria de los asuntos de su competencia. Son nombrados —respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad— y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan, entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones cuando lo prevean las normas aplicables, del Subgrupo A1.
• Art. 68Reglas generales sobre los servicios comunes de los MinisteriosLos órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los demás órganos del Ministerio la asistencia precisa y, en particular, la eficiente utilización de los medios asignados. Les corresponde el asesoramiento, apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en materias como planificación, programación y presupuestación; cooperación internacional y acción exterior; organización y recursos humanos; sistemas de información y comunicación; producción normativa; asistencia jurídica; gestión financiera; medios materiales y servicios auxiliares; seguimiento, control e inspección de servicios; estadística para fines estatales; y publicaciones. Funcionan de acuerdo con las directrices de los Ministerios con competencia sobre esas funciones comunes. Mediante Real Decreto puede preverse su gestión compartida, coordinada directamente por el Ministerio de Hacienda o un organismo autónomo suyo —prestándolos a otros Ministerios—, o por la Subsecretaría de cada Ministerio o un organismo autónomo suyo, prestándolos a todo el Ministerio.

Capítulo IIIÓrganos territoriales

Capítulo IVDe la Administración General del Estado en el exterior

• Art. 80El Servicio Exterior del EstadoEl Servicio Exterior del Estado se rige, en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal, por la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.

Capítulo IDel sector público institucional

• Art. 81Principios generales de actuaciónLas entidades del sector público institucional se someten en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al de transparencia en su gestión; en materia de personal, incluido el laboral, quedan sujetas a las limitaciones de la normativa presupuestaria. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, para comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se rigen por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación —en particular los Capítulos I y VI y los artículos 129 y 134— y por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.
• Art. 82El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y LocalEl Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado. Contendrá, al menos, información actualizada sobre naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso la condición de medio propio, los regímenes de contabilidad, presupuestario y de control y la clasificación en términos de contabilidad nacional. Se inscribirán, al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional.
• Art. 83Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y LocalEl titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva de los actos de creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles desde que ocurra el acto inscribible, acompañando la documentación justificativa. Tratándose de la creación, la notificación es electrónica y se acompaña de la copia o enlace a la publicación en el Boletín Oficial, o del acto jurídico de creación, con los Estatutos o el plan de actuación. La inscripción se practicará dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Para que la Administración Tributaria asigne el Número de Identificación Fiscal definitivo y la letra identificativa que corresponda será necesaria la certificación de la inscripción en el Inventario.

Capítulo IIOrganización y funcionamiento del sector público institucional estatal

• Art. 84Composición y clasificación del sector público institucional estatalIntegran el sector público institucional estatal: los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que se clasifican en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales; las autoridades administrativas independientes; las sociedades mercantiles estatales; los consorcios; las fundaciones del sector público; los fondos sin personalidad jurídica; y las universidades públicas no transferidas. El Estado o sus entidades no podrán crear ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas. Se exceptúan la participación en organismos internacionales o de ámbito supranacional, en los organismos de normalización y acreditación nacionales y en las sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984 de reconversión y reindustrialización.
• Art. 84 bisPresencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatalEl principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres se aplica a las personas titulares de presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados de las entidades del sector público institucional estatal que tengan la condición de máximos responsables, así como a quienes tengan contratos de alta dirección, de modo que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta en el ámbito de cada entidad. El principio se garantizará también en la composición de los órganos colegiados de gobierno.
• Art. 85Control de eficacia y supervisión continuaLas entidades del sector público institucional estatal están sometidas a control de eficacia y a supervisión continua. Todas contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación con las líneas estratégicas de su actividad, que se revisarán cada tres años y se completará con planes anuales. El control de eficacia lo ejerce el Departamento al que estén adscritas, a través de las inspecciones de servicios, y evalúa el cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos conforme al plan de actuación. La supervisión continua corresponde al Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, desde su creación hasta su extinción, y verifica al menos la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de causa de disolución. Los resultados se plasman en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que podrá contener recomendaciones de mejora o propuesta de transformación o supresión.
• Art. 86Medio propio y servicio técnicoLas entidades del sector público institucional podrán ser medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades cuando cumplan las condiciones de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Tendrán esa consideración cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos en el sector de actividad correspondiente a su objeto, concurra alguna de estas circunstancias: que sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz aplicando criterios de rentabilidad económica; o que resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia. La comprobación de estos requisitos forma parte del control de eficacia. En la denominación de estas entidades deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.», y crear uno nuevo exige memoria justificativa informada por la Intervención General.
• Art. 87Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatalCualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las citadas. La transformación se produce conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal de derechos y obligaciones; no altera las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni es causa de resolución de las relaciones jurídicas. Se lleva a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación, salvo la transformación en agencias estatales, que deberá efectuarse por ley. Requiere memoria justificativa —con análisis de eficiencia, previsión de ahorro, inexistencia de duplicidades y situación del personal— e informe preceptivo de la Intervención General. La adaptación de personal no atribuye por sí misma la condición de funcionario al personal laboral, ni puede derivarse incremento de la masa salarial.

Capítulo IIIDe los organismos públicos estatales

Capítulo IVLas autoridades administrativas independientes de ámbito estatal

• Art. 109DefiniciónSon autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. Actuarán con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».
• Art. 110Régimen jurídicoLas autoridades administrativas independientes se rigen por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por esta Ley —en particular por lo dispuesto para los organismos autónomos—, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Ley General Presupuestaria, la legislación de contratos, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo. En defecto de norma administrativa, se aplica el derecho común. Están sujetas al principio de sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica 2/2012.

Capítulo VDe las sociedades mercantiles estatales

• Art. 111DefiniciónEs sociedad mercantil estatal aquella sobre la que se ejerce control estatal: bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o de alguna de las entidades del sector público institucional estatal —incluidas otras sociedades mercantiles estatales— sea superior al 50 por 100, sumando a estos efectos las participaciones de todas ellas cuando participen varias; bien porque la sociedad se encuentre en el supuesto de control del artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».
• Art. 112Principios rectoresLa Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de las sociedades mercantiles estatales, y para ello promoverán buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad, conforme a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
• Art. 113Régimen jurídicoLas sociedades mercantiles estatales se rigen por esta Ley, por la Ley 33/2003 y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.
• Art. 114Creación y extinciónLa creación de una sociedad mercantil estatal, o la adquisición sobrevenida de ese carácter, se autoriza por acuerdo del Consejo de Ministros, acompañado de una propuesta de estatutos y un plan de actuación con: las razones que justifican la creación y la constancia del análisis sobre inexistencia de duplicidades con entidades que actúen sobre el mismo territorio y población; el análisis de eficiencia frente a la creación de un organismo público u otras alternativas; y los objetivos anuales con sus indicadores. Se acompañará informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o de la Intervención General. El Programa de Actuación Plurianual incluirá un plan de actuación anual que sirve de base al control de eficacia; su falta de aprobación en plazo por causa imputable a la sociedad paraliza las aportaciones con cargo a los Presupuestos. La liquidación recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o entidad del sector público institucional, y la responsabilidad del empleado público liquidador la asume la Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si hubo dolo, culpa o negligencia grave.
• Art. 115Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del EstadoLa responsabilidad que corresponda al empleado público como miembro del consejo de administración de una sociedad mercantil estatal será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó. Esta podrá exigirle de oficio la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a la legislación de responsabilidad patrimonial.
• Art. 116TutelaAl autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio cuyas competencias guarden relación específica con el objeto social la tutela funcional. En ausencia de atribución expresa, corresponde íntegramente al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de tutela ejerce el control de eficacia, instruye sobre líneas de actuación estratégica, fija prioridades y propone su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital, previa conformidad financiera de la Dirección General del Patrimonio del Estado o del organismo titular del capital. En casos excepcionales debidamente justificados, el titular del departamento podrá dar instrucciones a la sociedad para que realice determinadas actividades de interés público. Si la instrucción implica variación presupuestaria, el órgano de administración no podrá iniciar su cumplimiento sin autorización del órgano competente. Los administradores que ejecuten diligentemente esas instrucciones quedan exonerados de la responsabilidad del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital si se derivaran consecuencias lesivas.
• Art. 117Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personalLas sociedades mercantiles estatales elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación integrado en el Programa Plurianual, que se incorporan al Presupuesto General del Estado; el Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación del artículo 85. Formulan y rinden sus cuentas conforme al Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, su gestión económico-financiera está sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado. Su personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por las normas derivadas de su adscripción al sector público estatal, incluida siempre la normativa presupuestaria y en especial las Leyes de Presupuestos.

Capítulo VIDe los consorcios

• Art. 118Definición y actividades propiasLos consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. Pueden realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras prevean las leyes, y pueden utilizarse para la gestión de servicios públicos en el marco de convenios de cooperación transfronteriza. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».
• Art. 119Régimen jurídicoLos consorcios se rigen por esta Ley, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. En lo no previsto en ellos sobre derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se somete al artículo 97 de esta Ley y, en su defecto, a la Ley de Sociedades de Capital. Las normas sobre consorcios locales de la Ley de Bases del Régimen Local y de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local tienen carácter supletorio respecto de esta Ley.
• Art. 120Régimen de adscripciónLos estatutos determinarán la Administración a la que el consorcio queda adscrito, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien tenga mayor control por normativa especial; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría del órgano de gobierno; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; quien tenga el mayor porcentaje en el fondo patrimonial; y quien tenga mayor número de habitantes o extensión territorial, según los fines se orienten a personas o a territorio. Si participan entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. Todo cambio de adscripción conlleva la modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses desde el inicio del ejercicio siguiente.
• Art. 121Régimen de personalEl personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder de las Administraciones participantes; su régimen jurídico será el de la Administración de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las de puestos equivalentes en aquella. Excepcionalmente —por la singularidad de las funciones, o cuando tras un anuncio público de convocatoria restringida a las Administraciones consorciadas no fuera posible cubrir el puesto—, el Ministerio competente u órgano equivalente de la Administración de adscripción podrá autorizar la contratación de personal por el consorcio.
• Art. 122Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonialLos consorcios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración a la que estén adscritos, sin perjuicio de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Para determinar la financiación de cada Administración consorciada se atiende tanto a los compromisos estatutarios o convencionales como a la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos. El órgano de control interno de la Administración de adscripción deberá auditar las cuentas anuales de los consorcios en que concurran al menos dos de estas tres circunstancias: activo superior a 2.400.000 euros; ingresos superiores a 2.400.000 euros; o más de 50 trabajadores de media. La situación debe repetirse dos ejercicios consecutivos para producir efectos. Los consorcios forman parte de los presupuestos y se incluyen en la cuenta general de la Administración de adscripción, y se rigen por sus normas patrimoniales.
• Art. 123CreaciónLos consorcios se crean mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos o entidades participantes. Cuando participe la Administración General del Estado o sus organismos, se requiere además: que su creación se autorice por ley; que el convenio cuente con autorización previa del Consejo de Ministros, siendo la competencia para suscribirlo indelegable y correspondiendo al titular del departamento ministerial —o, en organismos autónomos, al titular de su máximo órgano de dirección, previo informe del Ministerio de dependencia—; y que del convenio formen parte los estatutos, un plan de actuación conforme al artículo 92, una proyección presupuestaria trienal y el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda. El convenio y los estatutos, así como sus modificaciones, se publican en el BOE.
• Art. 124Contenido de los estatutosLos estatutos determinarán la Administración de adscripción y el régimen orgánico, funcional y financiero, y al menos: la sede, objeto, fines y funciones; la identificación de los participantes y sus aportaciones, incluyendo cláusulas que limiten las actividades del consorcio si alguno incumple sus compromisos de financiación y fórmulas de aseguramiento de las cantidades comprometidas antes de realizar las actividades presupuestadas; los órganos de gobierno y administración, su composición y funcionamiento con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos, pudiendo preverse la suspensión temporal del derecho de voto a quien incumpla manifiestamente sus obligaciones; y las causas de disolución.
• Art. 125Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcioLos miembros de un consorcio podrán separarse en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para su duración. Si el consorcio tiene duración determinada, cualquiera podrá separarse antes del plazo si otro miembro hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias, en particular las que impidan cumplir el fin para el que se creó, como la de realizar aportaciones al fondo patrimonial. Cuando un municipio deje de prestar un servicio que sea de los prestados por el consorcio al que pertenece, podrá separarse. El derecho se ejercita mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno, haciendo constar, si el consorcio tuviera duración determinada, el incumplimiento que lo motiva, el requerimiento previo de cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado.
• Art. 126Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcioEl ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio, salvo que el resto acuerde su continuidad y sigan permaneciendo al menos dos Administraciones, o entidades vinculadas a más de una Administración. Si no hay disolución, se calcula la cuota de separación según la participación que le habría correspondido en el patrimonio neto de haberse liquidado, con el criterio de reparto de los estatutos; en su defecto, atendiendo al porcentaje de aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año, y si el saliente no estaba obligado a aportar, a su participación en los ingresos recibidos. La separación efectiva se produce una vez determinada la cuota si es positiva, o una vez pagada la deuda si es negativa. Si el consorcio estaba adscrito a la Administración que se separa, deberá acordarse a cuál de las restantes se adscribe.
• Art. 127Disolución del consorcioLa disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso es causa de disolución que los fines para los que fue creado hayan sido cumplidos. El máximo órgano de gobierno, al acordar la disolución, nombra un liquidador que será un órgano o entidad de la Administración de adscripción; la responsabilidad del empleado público liquidador la asume la Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si concurrió dolo, culpa o negligencia graves. El liquidador calcula la cuota de liquidación de cada miembro conforme a los estatutos y, en su defecto, según su participación en el patrimonio neto, atendiendo a las aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año. Las entidades consorciadas podrán acordar —con la mayoría estatutaria o, a falta de previsión, por unanimidad— la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público para mantener la continuidad de la actividad, lo que implica la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

Capítulo VIIDe las fundaciones del sector público estatal

• Art. 128Definición y actividades propiasSon fundaciones del sector público estatal las que reúnan alguno de estos requisitos: constituirse con aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal, o recibirla después; que su patrimonio esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente por ellos; o que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a sus representantes. Sus actividades propias son las realizadas sin ánimo de lucro para fines de interés general, se presten gratuitamente o mediante contraprestación, y únicamente pueden versar sobre el ámbito competencial de las entidades fundadoras, coadyuvando a sus fines sin asumir sus competencias propias salvo previsión legal expresa. No podrán ejercer potestades públicas. En su denominación figurará «fundación del sector público» o «F.S.P.», y podrá existir aportación privada de forma no mayoritaria.
• Art. 129Régimen de adscripción de las fundacionesLos estatutos determinarán la Administración de adscripción, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos al primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de mayoría de patronos; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien pueda hacerlo con la mayoría del patronato; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; y quien tenga el mayor porcentaje del fondo patrimonial. Si nada de eso resulta determinante, se adscribe a la Administración General del Estado y, si esta no participa, a la que decida su patronato. El cambio de adscripción conlleva modificar los estatutos en un plazo no superior a tres meses desde el inicio del ejercicio siguiente. Quedan sujetas al régimen presupuestario, económico-financiero y de control de la Administración de adscripción.
• Art. 130Régimen jurídicoLas fundaciones del sector público estatal se rigen por esta Ley, la Ley 50/2002 de Fundaciones, la legislación autonómica aplicable en materia de fundaciones y el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.
• Art. 131Régimen de contrataciónLa contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.
• Art. 132Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personalLas fundaciones del sector público estatal elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital que se integra en el Presupuesto General del Estado, y formulan sus cuentas conforme a la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y a la normativa de fundaciones. Aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de la Ley 47/2003 y, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, están sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado. Su personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por las normas derivadas de su adscripción al sector público estatal, incluida la normativa presupuestaria y las Leyes de Presupuestos.
• Art. 133Creación de fundaciones del sector público estatalLa creación de las fundaciones del sector público estatal, o la adquisición de ese carácter de forma sobrevenida, se realiza por ley, que establecerá sus fines y, en su caso, los recursos económicos con que se la dota. El anteproyecto que se eleve al Consejo de Ministros deberá acompañarse de una propuesta de estatutos, del plan de actuación del artículo 92 y del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o de la Intervención General. Los estatutos se aprueban por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y del que ejerza el protectorado. Por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio de adscripción inicial.
• Art. 134ProtectoradoEl Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, y velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua a que están sometidas conforme a esta Ley.
• Art. 135Estructura organizativaEn las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal. La responsabilidad del empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por la entidad o Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
• Art. 136Fusión, disolución, liquidación y extinciónA las fundaciones del sector público estatal les resulta de aplicación el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97 de esta Ley.

Capítulo VIIIDe los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal

• Art. 137Creación y extinciónLa creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectúa por Ley, y la norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado. Con independencia de su creación por Ley, se extinguirán por norma de rango reglamentario. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».
• Art. 138Régimen jurídicoLos fondos carentes de personalidad jurídica se rigen por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación y en el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación.
• Art. 139Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financieroLos fondos carentes de personalidad jurídica están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Capítulo IPrincipios generales de las relaciones interadministrativas

• Art. 140Principios de las relaciones interadministrativasLas Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia en la gestión de recursos y solidaridad interterritorial.

Capítulo IIDeber de colaboración

• Art. 141Deber de colaboración entre las Administraciones PúblicasLas Administraciones Públicas deben facilitarse la información que precisen para el ejercicio de sus competencias y prestar la cooperación y asistencia activa que las demás pudieran recabar.
• Art. 142Técnicas de colaboraciónLas obligaciones derivadas del deber de colaboración se hacen efectivas a través de estas técnicas: el suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que obren en poder del requerido y que el solicitante precise para ejercer sus competencias; la colaboración para incluir en un sistema integrado de información las áreas personalizadas o carpetas ciudadanas, de modo que el interesado acceda a sus contenidos con independencia del punto de acceso; el desarrollo de la Plataforma Digital de Colaboración entre Administraciones, soporte electrónico del sistema de Conferencias Sectoriales y demás órganos de cooperación; la creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa; el deber de asistencia y auxilio, en especial cuando los efectos de la actividad se extiendan fuera del ámbito territorial propio; y cualquier otra prevista en una Ley.

Capítulo IIIRelaciones de cooperación

Capítulo IVRelaciones electrónicas entre las Administraciones

• Art. 155Transmisiones de datos entre Administraciones PúblicasConforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, cada Administración deberá facilitar el acceso de las demás a los datos de los interesados que obren en su poder, especificando condiciones, protocolos y criterios con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. En ningún caso cabrá un tratamiento ulterior para fines incompatibles con el fin inicial, si bien no se considera incompatible el tratamiento con fines de archivo en interés público, investigación científica e histórica o estadísticos. Fuera de ese caso, la Administración cesionaria que pretenda un tratamiento ulterior para una finalidad que estime compatible deberá comunicarlo previamente a la cedente, que podrá oponerse motivadamente en el plazo de diez días; si la cedente es la Administración General del Estado, podrá además suspender cautelarmente la transmisión por razones de seguridad nacional. Mientras la cedente no comunique su decisión, la cesionaria no podrá emplear los datos para la nueva finalidad.
• Art. 156Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de SeguridadEl Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán tener en cuenta las Administraciones para sus decisiones tecnológicas, de modo que se garantice la interoperabilidad. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.
• Art. 157Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la AdministraciónLas Administraciones pondrán a disposición de cualquiera que lo solicite las aplicaciones desarrolladas por sus servicios o contratadas y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información asociada esté especialmente protegida por una norma; cedente y cesionaria podrán acordar la repercusión del coste. Esas aplicaciones podrán declararse de fuentes abiertas. Con carácter previo a adquirir, desarrollar o mantener una aplicación, las Administraciones deberán consultar el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, para comprobar si existen soluciones reutilizables; y de existir una solución disponible, estarán obligadas a usarla, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria.
• Art. 158Transferencia de tecnología entre AdministracionesLas Administraciones mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión. La Administración General del Estado mantendrá ese directorio general, prestará apoyo para la libre reutilización e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.