Tema 10 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Artículo 105

1. De conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para cumplir los fines de las entidades locales. 2. Se nutren de tributos propios, de las participaciones reconocidas en los tributos del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, y de los otros recursos que prevea la Ley.

Artículo 106

Las entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos conforme a la legislación estatal de Haciendas locales y a las Leyes autonómicas en los supuestos que aquella prevea. Su potestad reglamentaria tributaria se ejerce mediante Ordenanzas fiscales (de sus tributos propios) y Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección, y pueden dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias. La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios es competencia suya, sin perjuicio de delegaciones y fórmulas de colaboración.

Artículo 107

1. Las Ordenanzas fiscales de los tributos locales empiezan a aplicarse al publicarse definitivamente en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que ellas mismas señalen otra fecha. 2. Obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.

Artículo 108

Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y de los demás ingresos de Derecho Público de las entidades locales (prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias) se formula el recurso de reposición específico de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En los municipios del título X de esta ley ese recurso es potestativo.

Artículo 109

Las deudas entre el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y sus entidades de Derecho público dependientes y las Entidades Locales, o viceversa, pueden extinguirse total o parcialmente por compensación si son vencidas, líquidas y exigibles, conforme a la normativa de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública. Igual cabe con las deudas de derecho público entre las Comunidades Autónomas y sus entidades dependientes y las entidades o sociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las Entidades Locales.

Artículo 110

1. El Pleno de la Corporación declara la nulidad de pleno derecho y revisa los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y por el procedimiento de los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 2. En los demás casos, las entidades locales no pueden anular sus propios actos declarativos de derechos: su revisión exige la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Artículo 111

Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, y las modificaciones de las Ordenanzas fiscales, se aprueban, publican y entran en vigor conforme a las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales. No se les aplica lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la propia Ley 7/1985.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Los preceptos de la ley son bases del régimen jurídico financiero de la Administración local (art. 149.1.18.ª CE), salvo los apartados 2 y 3 del art. 186 y salvo los que regulan el sistema tributario local (art. 133 CE) y los que desarrollan las participaciones en los tributos del Estado (art. 142 CE); todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado del art. 149.1.14.ª CE. Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales del País Vasco y Navarra y de los tratados y convenios internacionales.

Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales

La hacienda local se nutre de: a) ingresos de su patrimonio y demás de derecho privado; b) tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos) y recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales; c) participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas; d) subvenciones; e) precios públicos; f) operaciones de crédito; g) multas y sanciones en su ámbito competencial; h) demás prestaciones de derecho público. Para cobrar los ingresos de derecho público tiene las prerrogativas legales de la hacienda del Estado.

Artículo 3. Definición

Son ingresos de derecho privado los rendimientos o productos del patrimonio local y las adquisiciones por herencia, legado o donación. El patrimonio lo forman los bienes y los derechos reales o personales valorables económicamente no afectos al uso o servicio público. Nunca lo son los que procedan de bienes de dominio público local. Sí lo es lo obtenido al vender bienes desafectados del dominio público, aunque estuvieran en concesión; salvo otra previsión autonómica, el último concesionario tiene derecho preferente de adquisición directa sin subasta.

Artículo 4. Régimen jurídico

Los derechos de la hacienda local comprendidos en el capítulo de ingresos de derecho privado se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.

Artículo 5. Limitación de destino

Lo obtenido por enajenar o gravar bienes y derechos patrimoniales no puede financiar gastos corrientes. Solo hay dos excepciones: las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y los efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

Artículo 6. Principios de tributación local

Los tributos locales establecidos al amparo del art. 106.1 de la Ley 7/1985 deben respetar tres principios: a) no gravar bienes, actividades, rendimientos ni gastos de fuera del territorio de la entidad; b) no gravar negocios, actos o hechos realizados fuera de ese territorio ni bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni deban cumplirse en él; c) no obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales ni la fijación de residencia o la ubicación de empresas, sin impedir la ordenación urbanística.

Artículo 7. Delegación

Conforme al art. 106.3 de la Ley 7/1985, las entidades locales pueden delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas la gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público. El acuerdo del Pleno fija alcance y contenido y, aceptada la delegación, se publica en los boletines oficiales de la provincia y de la comunidad autónoma. Los actos son impugnables según el procedimiento del ente gestor y, en último término, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 8. Colaboración

Estado, comunidades autónomas y entidades locales colaboran en la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales y demás ingresos de derecho público locales: se facilitan información, se prestan asistencia, se comunican de inmediato hechos con trascendencia tributaria y pueden hacer planes de inspección conjunta. Las actuaciones de inspección o recaudación ejecutiva fuera del territorio de la entidad local las practica la comunidad autónoma si son en su ámbito y el Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación.

Artículo 9. Beneficios fiscales, régimen y compensación

Solo caben los beneficios fiscales en tributos locales previstos en normas con rango de ley o derivados de tratados internacionales, y los que establezcan las ordenanzas fiscales en los supuestos previstos por la ley; en particular, una bonificación de hasta el 5 % de la cuota por domiciliar deudas de vencimiento periódico, anticipar pagos o colaborar en la recaudación. Las leyes que creen beneficios fijarán su compensación, salvo para los de ordenanza. Si el Estado otorga moratorias o aplazamientos, debe compensar o anticipar a la entidad local.

Artículo 10. Recargos e intereses de demora

Los recargos e intereses de demora de los tributos y demás ingresos de derecho público locales se exigen en los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado. Si la ordenanza fiscal lo prevé, no se exige interés de demora en los aplazamientos o fraccionamientos solicitados en período voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y el pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias

En los tributos locales se aplica el régimen de infracciones y sanciones de la Ley General Tributaria y de las disposiciones que la complementen y desarrollen. Ese régimen se aplica con las especificaciones que resulten del propio texto refundido y con las que, en su caso, establezcan las Ordenanzas fiscales al amparo de la ley.

Artículo 12. Gestión

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se rigen por la Ley General Tributaria, las demás leyes del Estado reguladoras de la materia y sus disposiciones de desarrollo. Las entidades locales pueden adaptar esa normativa, mediante sus ordenanzas fiscales, a su régimen de organización y funcionamiento interno, pero sin contravenir su contenido material.

Artículo 13. Consultas

En la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, la competencia para evacuar las consultas del artículo 88 de la Ley 58/2003, General Tributaria, corresponde a la entidad que ejerza dichas funciones.

Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa

Revisión especial de actos tributarios locales: artículo 110 LRBRL; devolución de ingresos indebidos y rectificación de errores por los arts. 32 y 220 LGT; no son revisables los actos confirmados por sentencia firme. Contra los actos de aplicación solo cabe reposición: la resuelve el órgano que dictó el acto; plazo de un mes para interponer y otro para resolver; sin abogado ni procurador; no suspende salvo sanciones; silencio desestimatorio; notificación en 10 días; después, contencioso-administrativo.

Artículo 15. Ordenanzas fiscales

Salvo en los supuestos del artículo 59.1, las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar sus ordenanzas fiscales. En los impuestos del artículo 59.1, los ayuntamientos que quieran usar sus facultades para fijar los elementos de las cuotas deben acordarlo y aprobar ordenanzas. La potestad del artículo 12.2 se ejerce en las ordenanzas de cada tributo o en ordenanzas específicas de gestión, liquidación, inspección y recaudación.

Artículo 16. Contenido de las ordenanzas fiscales

Las ordenanzas de los tributos del artículo 15.1 contendrán al menos: los elementos del tributo (hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, bases, tipo o cuota, período impositivo y devengo), los regímenes de declaración e ingreso y las fechas de aprobación y de comienzo de aplicación. Se aprueban simultáneamente a la imposición; las del 15.2, a la fijación de sus elementos. Las modificaciones incluyen la nueva redacción y las fechas.

Artículo 17. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales

Los acuerdos provisionales sobre tributos y ordenanzas se exponen en el tablón de anuncios treinta días como mínimo para examen y reclamaciones, con anuncio en el boletín oficial de la provincia; diputaciones, entidades supramunicipales y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes publican además en un diario. Sin reclamaciones, el acuerdo queda definitivo sin acuerdo plenario. El acuerdo definitivo y el texto íntegro se publican en el boletín y no entran en vigor sin publicación.

Artículo 18. Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales

Para reclamar contra los acuerdos provisionales del artículo 17.1 son interesados: a) quienes tengan un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos; b) los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

Artículo 19. Recurso contencioso administrativo

Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas. Contra ellas solo cabe recurso contencioso-administrativo desde su publicación en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial. Si una sentencia firme las anula o modifica, la entidad debe adecuar a la sentencia las actuaciones posteriores a su notificación, y se mantienen los actos firmes o consentidos salvo que la sentencia lo prohíba expresamente.

Artículo 20. Hecho imponible

Las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y por servicios o actividades de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo. Son tasas si el servicio no es de solicitud o recepción voluntaria (impuesta por ley o reglamento, o imprescindible para la vida privada o social) o si no lo presta el sector privado. Enumera supuestos y la tasa por matrimonios civiles.

Artículo 21. Supuestos de no sujeción y de exención

Las entidades locales no pueden exigir tasas por seis servicios: abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública y enseñanza en los niveles de educación obligatoria. Estado, comunidades autónomas y entidades locales no pagan tasas por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente ni por los que interesen inmediatamente a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 22. Compatibilidad con las contribuciones especiales

Artículo 23. Sujetos pasivos

Son contribuyentes en las tasas las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT que usen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular (art. 20.3) o que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por servicios o actividades locales (art. 20.4). Sustitutos: propietarios de inmuebles (servicios a ocupantes), constructores y contratistas (licencias urbanísticas), aseguradoras del riesgo (incendios, ruinas, salvamentos) y propietarios de fincas (entradas de vehículos). Los propietarios pueden repercutir las cuotas.

Artículo 24. Cuota tributaria

Tasas por dominio público: valor de mercado de la utilidad; en licitación, el valor económico de la proposición; para empresas de suministros de interés general, el 1,5 % de sus ingresos brutos de facturación anual en cada municipio (excluida la telefonía móvil y sin repercusión a los usuarios). Por servicios, no pueden exceder el coste real o previsible. Cuota: tarifa, cantidad fija o ambas. Los daños al dominio público se reintegran con depósito previo y no se condonan. Cabe bonificar hasta el 95 % la tasa de residuos a ciertas empresas de alimentación y restauración.

Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico

Los acuerdos de establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente nuevos servicios, deben adoptarse a la vista de informes técnico-económicos. En el primer caso el informe pone de manifiesto el valor de mercado; en el segundo, la previsible cobertura del coste. El informe se incorpora al expediente del acuerdo.

Artículo 26. Devengo

Según su hecho imponible y lo que determine la ordenanza fiscal, la tasa se devenga al iniciarse el uso, el aprovechamiento, el servicio o la actividad (con posible depósito previo total o parcial) o al presentarse la solicitud, que no se tramita sin pago. Si es periódica, se devenga el 1 de enero y el período es el año natural, salvo inicio o cese, con prorrateo de la cuota. Si por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio o el aprovechamiento no se presta o desarrolla, procede devolver el importe.

Artículo 27. Gestión

Las entidades locales pueden exigir las tasas en régimen de autoliquidación. También pueden establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos para simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de las tasas o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Artículo 28. Hecho imponible

El hecho imponible de las contribuciones especiales es que el sujeto pasivo obtenga un beneficio o un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

Artículo 29. Obras y servicios públicos locales

Son obras y servicios locales: los que realicen las entidades locales en su ámbito de competencias para sus fines (salvo los ejecutados como dueñas de sus bienes patrimoniales); los atribuidos o delegados por otras entidades públicas o asumidos conforme a la ley; y los de otras entidades públicas o sus concesionarios con aportaciones de la entidad local. Los primeros siguen siendo locales aunque los realicen organismos autónomos, sociedades de capital íntegramente local, concesionarios con aportaciones o asociaciones de contribuyentes. Lo recaudado solo se destina a esa obra o servicio.

Artículo 30. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT especialmente beneficiadas por las obras o servicios locales. Se consideran especialmente beneficiados: los propietarios, si afectan a bienes inmuebles; los titulares de explotaciones empresariales, si derivan de ellas; en extinción de incendios, además de los propietarios, las compañías de seguros del ramo en el término municipal; y, en galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Artículo 31. Base imponible

La base imponible de las contribuciones especiales es, como máximo, el 90 % del coste soportado por la entidad local. El coste incluye trabajos periciales y proyectos, importe de las obras, valor de los terrenos ocupados permanentemente (salvo excepciones), indemnizaciones por derribos y a arrendatarios, e intereses del crédito. El presupuesto es mera previsión: se toma el coste real. En obras de otras entidades o concesionarios, la base depende de la aportación local, con el mismo 90 %. Se restan subvenciones; la de un sujeto pasivo compensa primero su cuota.

Artículo 32. Cuota tributaria

La base imponible de las contribuciones especiales se reparte entre los sujetos pasivos según la clase y naturaleza de obras y servicios. Regla general: metros lineales de fachada, superficie, volumen edificable y valor catastral (IBI), conjunta o separadamente. Extinción de incendios: entre las entidades que cubran el riesgo, según primas del año anterior; lo que exceda del 5 % de sus primas pasa a ejercicios sucesivos. Los beneficios fiscales no se reparten entre los demás. Fraccionamiento o aplazamiento: máximo cinco años.

Artículo 33. Devengo

Las contribuciones especiales se devengan cuando las obras se han ejecutado o el servicio ha comenzado a prestarse; si la obra es fraccionable, por tramos. Aprobado el acuerdo de imposición y ordenación, puede exigirse por anticipado el coste previsto del año siguiente, pero no una nueva anualidad sin ejecutar las obras del anticipo anterior. Obligado al pago: quien lo sea al devengo. Quien figure como sujeto pasivo, notificado, y transmita los bienes antes del devengo debe comunicarlo en un mes desde la transmisión. Los anticipos indebidos o excesivos se devuelven de oficio.

Artículo 34. Acuerdos de imposición y de ordenación

Cobrar contribuciones especiales exige un acuerdo de imposición en cada caso concreto. La obra o el servicio que se costee con ellas no puede ejecutarse hasta aprobar su ordenación concreta. El acuerdo de ordenación es de inexcusable adopción y fija coste previsto, cantidad a repartir y criterios de reparto; puede remitirse a la ordenanza general si la hay. Las cuotas se notifican individualmente o, en su defecto, por edictos, y cabe recurso de reposición ante el ayuntamiento.

Artículo 35. Gestión y recaudación

Si una entidad local realiza obras o presta servicios de competencia local con la colaboración económica de otra y se imponen contribuciones especiales, la gestión y recaudación corresponden a la entidad que asume la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios. Cada entidad conserva su competencia para los acuerdos de imposición y de ordenación. Si una de ellas no aprueba el acuerdo concreto de ordenación, se rompe la unidad de actuación y cada una decide por separado.

Artículo 36. Colaboración ciudadana

Los propietarios o titulares afectados por las obras pueden constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover obras o servicios de la entidad local, comprometiéndose a pagar la parte que debería aportar la entidad cuando su situación financiera no lo permita, además de la suya. También pueden constituirse en asociación, respecto de obras o servicios promovidos por la entidad local, durante el período de exposición al público del acuerdo de ordenación.

Artículo 37. Asociación administrativa de contribuyentes

Para constituir una asociación administrativa de contribuyentes, el acuerdo debe tomarlo la mayoría absoluta de los afectados, y estos deben representar, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. Se exigen los dos requisitos a la vez: mayoría de personas y peso en las cuotas.

Artículo 38. Impuestos y recargos

Las entidades locales exigen los impuestos previstos en esta ley sin necesidad de acuerdo de imposición, salvo cuando la propia ley lo requiera. Fuera de los supuestos que prevé expresamente esta ley, pueden establecer recargos sobre los impuestos propios de su comunidad autónoma y de otras entidades locales en los casos expresamente previstos en las leyes de la comunidad autónoma.

Artículo 39. Participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas

Las entidades locales participan en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios que establece esta ley. Participan también en los tributos propios de las comunidades autónomas, en la forma y cuantía que determinen las leyes de sus respectivos Parlamentos.

Artículo 40. Subvenciones

Las subvenciones que obtengan las entidades locales para sus obras y servicios no pueden aplicarse a fines distintos de los de su concesión, salvo los sobrantes no reintegrables cuyo uso no estuviera previsto. Las entidades públicas otorgantes pueden verificar su destino; si no se destinaron a sus fines, la otorgante exigirá el reintegro o podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tenga derecho la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.

Artículo 41. Concepto

Las entidades locales pueden establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley.

Artículo 42. Servicios y actividades excluidas

Artículo 43. Obligados al pago

Artículo 44. Cuantía

El importe de los precios públicos debe cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Excepción: si existen razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que lo aconsejen, la entidad puede fijarlos por debajo de ese límite, pero entonces debe consignar en sus presupuestos las dotaciones oportunas para cubrir la diferencia resultante, si la hubiera.

Artículo 45. Gestión

Artículo 46. Cobro

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque las entidades pueden exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Si el servicio o la actividad no se presta o desarrolla por causas no imputables al obligado al pago, procede devolver el importe correspondiente. Las deudas por precios públicos pueden exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 47. Fijación

Establecer o modificar precios públicos corresponde al Pleno de la corporación, que puede delegar en la Comisión de Gobierno (art. 23.2.b de la Ley 7/1985). La entidad puede atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos que ella haya establecido para los servicios a su cargo, salvo si no cubren su coste; también a los consorcios, salvo que sus estatutos digan otra cosa. Deben enviar al ente local copia de la propuesta y del estado económico que acredite que cubren el coste.

Artículo 48. Ámbitos subjetivo y objetivo

En los términos de la ley, pueden concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, a corto y a largo plazo, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes. También pueden concertar operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.

Artículo 48 bis. Principio de prudencia financiera

Todas las operaciones financieras de las Corporaciones Locales se sujetan al principio de prudencia financiera: condiciones para minimizar su riesgo y coste. Son financieras las que tienen por objeto activos financieros, pasivos financieros y avales, reavales u otras garantías públicas o medidas de apoyo extrapresupuestario. Las condiciones de los pasivos las fija Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera; las de activos y garantías, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

Artículo 49. Finalidad, instrumentos y garantías reales y financieras

Para financiar inversiones o sustituir operaciones preexistentes, las entidades locales y sus entes dependientes no financiados mayoritariamente con ingresos de mercado pueden acudir al crédito a largo plazo: emisión de deuda, préstamos o créditos, otra apelación al crédito o conversión de operaciones. Se detallan las garantías a corto y largo plazo. Las corporaciones pueden avalar a sus contratistas y concesionarios y a sociedades con participación privada en que tengan al menos el 30 %, sin avalar más del porcentaje de participación.

Artículo 50. Inclusión de las operaciones de crédito en el presupuesto aprobado

Para concertar cualquier crédito previsto en la ley, salvo el del artículo 149, la corporación debe tener aprobado el presupuesto del ejercicio en curso y justificarlo al firmar el contrato o documento, ante la entidad financiera y el fedatario público. Con presupuesto prorrogado solo caben: operaciones de tesorería dentro de los límites legales, si las concertadas se han reembolsado, y crédito a largo plazo para inversiones vinculadas a modificaciones de crédito de los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.

Artículo 51. Operaciones de crédito a corto plazo

Para necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales pueden concertar crédito a corto plazo (no más de un año) si en conjunto no supera el 30 % de los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejercicio anterior; si se hace en el primer semestre sin liquidar ese ejercicio, se toma la liquidación del anterior. Son crédito a corto plazo, entre otras: anticipos a cuenta de impuestos liquidados por padrón o matrícula, préstamos para desfases transitorios de tesorería y emisiones de deuda a un año o menos.

Artículo 52. Concertación de operaciones de crédito: régimen jurídico y competencias

Concertar o modificar cualquier operación de crédito exige informe previo de la Intervención, que analiza sobre todo la capacidad de la entidad para atender las obligaciones derivadas. El Presidente puede concertar el largo plazo previsto en el presupuesto si el acumulado del ejercicio no supera el 10 % de los recursos ordinarios previstos, y el corto plazo si las operaciones vivas, incluida la nueva, no superan el 15 % de los recursos corrientes liquidados del ejercicio anterior. Superados esos límites, aprueba el Pleno.

Artículo 53. Operaciones de crédito a largo plazo: régimen de autorización

Requieren autorización del Ministerio de Hacienda (o de la comunidad autónoma competente, en operaciones en euros en la UE) el largo plazo, avales y sustituciones con ahorro neto negativo, que exige además plan de saneamiento a no más de tres años aprobado por el Pleno, o si el capital vivo supera el 110 % de los ingresos corrientes liquidados. Las entidades de más de 200.000 habitantes pueden optar por un escenario de consolidación presupuestaria. Siempre autoriza Hacienda las operaciones en el exterior y las emisiones de deuda.

Artículo 54. Operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos y sociedades mercantiles

Los organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes necesitan dos requisitos para concertar operaciones de crédito a largo plazo: la previa autorización del Pleno de la corporación y el informe de la Intervención.

Artículo 55. Central de información de riesgos

El Ministerio de Hacienda mantiene una central de riesgos sobre las operaciones de crédito de las entidades locales y sus cargas financieras; bancos, cajas, demás entidades financieras y Administraciones públicas le remiten los datos, que son públicos en la forma que el Ministerio señale. El Banco de España colabora aportando la información de su Servicio Central de Información de Riesgos (art. 16 del Decreto Ley 18/1962) y Hacienda puede pedirle otros datos concretos. Las corporaciones locales informan del resto de su endeudamiento.

Artículo 56. Recursos de los municipios

La hacienda de los municipios está constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de la ley, en los términos y con las especialidades que recoge este título (el de los recursos de los municipios).

Artículo 57. Tasas

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas de la sección 3.ª del capítulo III del título I de la ley.

Artículo 58. Contribuciones especiales

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, según las normas de la sección 4.ª del capítulo III del título I de la ley.

Artículo 59. Enumeración de impuestos

Los ayuntamientos exigirán tres impuestos: sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Además, podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con la ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales.

El artículo 31 de la Constitución: contenido, ubicación y antecedentes

El artículo 31 CE recoge en su apartado 1 los criterios de reparto de la carga tributaria (capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad y no confiscación), en el 2 la justicia material del gasto y en el 3 la legalidad tributaria. Está en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I, con las garantías del artículo 53.1. El deber de contribuir tiene antecedentes desde 1812; el gasto y la reserva de ley, no. Fuentes Quintana enmendó el apartado segundo.

El principio de generalidad

La generalidad nace del «Todos contribuirán…» del artículo 31.1 CE. Según la STC 96/2002, «todos» incluye a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio exteriorizan capacidad económica. Tiene doble significado: el deber no se limita a los españoles y se prohíben los privilegios. No impide exenciones: según la STC 10/2005 son válidas si responden a fines de interés general; no caben las intuitu personae.

El principio de igualdad tributaria

La igualdad (arts. 9 y 14 CE) exige en lo tributario tratar igual situaciones económicamente iguales. No prohíbe toda desigualdad, solo la artificiosa o injustificada (STC 76/1990). La lección 3 de la Universidad de Cantabria describe el razonamiento del Tribunal Constitucional en cuatro pasos: situaciones homogéneas, trato distinto, ausencia de justificación objetiva y razonable, y proporcionalidad. La STC 62/2023 lo resume en tres exigencias. También rige la igualdad en la aplicación de la ley.

El principio de capacidad económica

La capacidad económica es la regla básica del reparto de la carga tributaria. Cumple tres funciones: fundamento de la imposición (buscar la riqueza donde está), límite para el legislador (solo gravar circunstancias reveladoras de capacidad y modular la carga según su intensidad) y programa u orientación (el sistema debe reflejar la capacidad global). Índices: renta, patrimonio y consumo; Arranz añade el tráfico de riqueza. Hay que respetar el mínimo vital.

Los principios de progresividad y de no confiscatoriedad

Progresividad: al aumentar la riqueza, la contribución crece en proporción superior; cumple función redistributiva y se predica del sistema en su conjunto, por lo que un tributo proporcional no es inconstitucional. Su límite es no tener alcance confiscatorio. No confiscatoriedad: ligada a la capacidad económica y a la propiedad (art. 33 CE), impide agotar la riqueza imponible. Según la STC 150/1990, un IRPF con tipo medio del 100 % sería confiscatorio. Afecta a cada tributo y al sistema.

El principio de legalidad tributaria: fundamento y ámbito

La reserva de ley tributaria exige una ley para establecer tributos (arts. 31.3 y 133 CE). Se funda en la autoimposición («No taxation without representation»), la democracia en el reparto, la igualdad y la garantía de la propiedad. El artículo 31.3 habla de «prestación patrimonial de carácter público», concepto más amplio que «tributo», cuya nota es la coactividad (STC 185/1995): solicitud o recepción obligatoria, bien o servicio indispensable, o prestación en monopolio de hecho o de derecho.

El principio de legalidad tributaria: reserva relativa y colaboración del reglamento

Para el Tribunal Constitucional la reserva de ley tributaria es relativa: por ley van la creación del tributo, sus elementos esenciales (hecho imponible, sujeto pasivo, base, tipo y cuota) y las exenciones y beneficios fiscales. La concreción exigida a la ley es máxima en el hecho imponible y menor en el tipo o la base. Cabe la colaboración del reglamento si es indispensable y subordinada; es mayor en las tasas, en los elementos del quantum y en los municipios.

Principios del gasto público: asignación equitativa, eficiencia y economía, y legalidad

El artículo 31.2 CE pide una asignación equitativa de los recursos públicos y que la programación y ejecución del gasto respondan a la eficiencia y la economía. Según la sinopsis, es más un principio de ordenación del gasto que de justicia tributaria, con dos postulados: equidad en la asignación (juicio de valor sobre los fines, guiado por los arts. 39 a 52 CE) y eficiencia y economía (principio técnico). El artículo 133.4 CE añade la legalidad del gasto y de las obligaciones financieras.

El poder tributario del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales

Según la sinopsis del artículo 133 CE, Estado, Comunidades Autónomas y entes locales son titulares del poder financiero, pero no con la misma naturaleza. Sainz de Bujanda distinguió el poder originario del Estado y el derivado de Comunidades y entes locales; Cazorla Prieto, Martín Queralt y Lozano Serrano ven desfasado ese debate; Ferreiro Lapatza considera originario el del Estado y las Comunidades y derivado el local. Los tres sistemas forman un todo unitario y coordinado.

Los tributos locales en el sistema tributario

Los entes locales tienen autonomía financiera (art. 142 CE) y pueden establecer y exigir tributos, pero no crearlos ex novo: carecen de potestad legislativa. La ley, estatal o autonómica, fija hecho imponible y sujeto pasivo, y la corporación decide su entrada en vigor y los reglamenta. Sus tributos propios son tasas, contribuciones especiales e impuestos, más recargos. Son obligatorios tres impuestos (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica) y potestativos dos (Construcciones e Incremento de Valor de los Terrenos).

Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 133. La potestad tributaria

La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. Y las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 142. Suficiencia financiera de las Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.