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Derecho financiero e ingresos públicos
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Crear cuenta gratisResumen
La Ley General Presupuestaria (art. 5.1) define la Hacienda Pública estatal como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos; derechos y obligaciones equivalen a ingresos y gastos. La actividad financiera es obtener ingresos para gastarlos en las necesidades del común. Según la Universidad de Cantabria es pública, reglada, medial o instrumental, presupuestada, de triple contenido, cíclica y esencialmente política.
Explicación sencilla
Sirve para delimitar el objeto del Derecho financiero: la actividad con la que la Administración obtiene ingresos y los gasta. La sinopsis del artículo 133 de la Constitución la describe como obtención y empleo de medios económicos para sostener los servicios públicos, y llama poder financiero al de regular el ingreso y el gasto público.
Regla mnemotécnica
Los siete rasgos, en el orden de la ficha: «Para Resolver Muchos Problemas Tributarios Con Política» = Pública, Reglada, Medial o instrumental, Presupuestada, de Triple contenido, Cíclica y esencialmente Política.
⚠️ Truco / trampa típica
Colocar la obtención de ingresos como primera etapa del ciclo de la actividad financiera: la ficha sitúa primero el , después la obtención de ingresos y, por último, la satisfacción de necesidades públicas a través del gasto.
El artículo 5.1 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, define la Hacienda Pública estatal como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. Según los materiales de Derecho financiero de la Universidad de Cantabria, la terminología jurídica de «derechos» y «obligaciones» equivale a la económica de «ingresos» y «gastos». La Hacienda puede entenderse también como el conjunto de procedimientos mediante los que esos derechos y obligaciones se convierten en ingresos y gastos; la doctrina denomina a esa labor administradora «actividad financiera», que puede definirse como el conjunto de actos de la Administración financiera consistentes en la obtención de ingresos para ser gastados en la satisfacción de las necesidades del común de los ciudadanos. Características de la actividad financiera según esa fuente: - Pública, porque públicos son los medios, los fines y la Administración que la realiza. - Reglada, porque está sometida a la Ley y al Derecho. - Medial o instrumental, porque procura medios para los fines de los poderes públicos. - Presupuestada, sujeta a un plan económico de ingresos y gastos para un determinado período. - De triple contenido: presupuesto, ingresos y gastos, interrelacionados entre sí. - Cíclica: recorre un circuito de etapas en un orden establecido (presupuesto, obtención de ingresos y satisfacción de necesidades públicas a través del gasto). - Esencialmente política, por la naturaleza de sus fines y por el carácter de los entes que la realizan. La sinopsis del artículo 133 de la Constitución del Congreso llama actividad financiera a la obtención y empleo de los medios económicos para el sostenimiento de los servicios públicos y la consecución de las finalidades públicas, y entiende por poder financiero el poder para regular el ingreso y el gasto público. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 1, diaps. 3-5, y tema 2, diap. 2; Congreso, Sinopsis del art. 133 CE.)
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Resumen
Sobre la actividad financiera concurren la Economía financiera (ciencia positiva, análisis económico), la Política financiera (ciencia normativa, elección de medios para los fines fijados), la Sociología financiera (repercusiones sociales) y el Derecho financiero (aspectos jurídicos). Ingresos, gastos y se estudian juntos bajo los principios de justicia financiera. Para Calvo Ortega, la autonomía nace de unas relaciones sociales que necesitan ordenamiento propio y de principios específicos.
Explicación sencilla
Permite situar el Derecho financiero frente a las demás ciencias que estudian la actividad financiera y justificar que sea una rama autónoma, sin negar su relación con otras: el Derecho administrativo se aplica subsidiariamente, el constitucional fija los principios y el penal regula delitos como el contrabando o el fraude de subvenciones.
Regla mnemotécnica
Economía explica (ciencia positiva); Política elige los medios (ciencia normativa); Sociología mira las repercusiones sociales; el Derecho, los aspectos jurídicos.
⚠️ Truco / trampa típica
Confundir la Economía financiera con la Política financiera: la ciencia positiva que hace el análisis económico es la Economía financiera; la Política financiera es ciencia normativa centrada en la elección de los medios económicos.
Sobre la actividad financiera concurren varias ciencias, cada una ocupada de un aspecto: - La Economía financiera, ciencia positiva que hace el análisis económico de la actividad financiera. - La Política financiera, ciencia normativa que la estudia desde la elección de los medios económicos utilizables para obtener los fines fijados. - La Sociología financiera, que estudia sus repercusiones sociales. - El Derecho financiero, que pertenece a la ciencia normativa del Derecho y tiene por objeto el conocimiento de los aspectos jurídicos de la actividad financiera de los entes públicos. Ingresos, gastos y presupuesto están conectados, por lo que se estudian en una sola disciplina, bajo unos principios comunes: los de justicia financiera. El Derecho financiero se define así como la disciplina jurídica de la actividad financiera, o como el conjunto de normas, criterios y principios jurídicos que ordenan la actividad financiera. Otra presentación de la misma universidad lo describe como el Derecho que regula la actividad financiera pública y que constituye el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública. Autonomía. Tal como justificó el profesor Calvo Ortega, la autonomía del Derecho financiero es consecuencia de dos factores: la existencia de un conjunto de relaciones sociales que necesita un ordenamiento jurídico propio y la existencia de unos principios jurídicos específicamente aplicables a ellas. Ambos concurren, porque la regulación de la actividad financiera no encaja en ninguna otra rama y hay principios propios (reserva de ley, preferencia de ley, justicia financiera). La autonomía no niega la relación con otras ramas: el Derecho administrativo se aplica subsidiariamente; el constitucional fija los principios; el penal regula delitos como el contrabando o el fraude de subvenciones; el civil, el mercantil y el laboral aportan categorías; el internacional público pesa por la Unión Europea y los convenios para evitar la doble imposición, y el internacional privado resuelve conflictos de localización. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 1, diaps. 6-7 y 11-12; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 1, diap. 2.)
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Resumen
El Derecho financiero tiene dos partes. El Derecho tributario, su contenido principal, estudia los ingresos tributarios en una Parte General y una Parte Especial (impuestos, tasas y contribuciones especiales). El Derecho financiero no tributario abarca ingresos no tributarios (crédito público, patrimonio público, precios públicos, monopolios y transferencias entre Administraciones), gastos y . Las multas y sanciones quedan fuera: su función es reprimir y prevenir, no recaudar.
Explicación sencilla
Sirve para ordenar el estudio de la materia: qué ingresos son tributarios y cuáles no, y dónde encajan el y el gasto. El Derecho presupuestario estudia las normas del presupuesto del Estado y demás entes públicos, y el Derecho de los gastos públicos, las de los créditos presupuestarios y las obligaciones públicas.
Regla mnemotécnica
Ingresos no tributarios, cinco: «Con Poco Precio Muchos Tributan» = Crédito público, Patrimonio público, Precios públicos, Monopolios y Transferencias entre Administraciones. Multas, fuera: reprimen, no recaudan.
⚠️ Truco / trampa típica
Confundir el Derecho del crédito público con el Derecho de los gastos públicos por la palabra «crédito»: el crédito público se refiere a los ingresos del endeudamiento (Deuda pública); los créditos presupuestarios pertenecen al Derecho de los gastos públicos.
Dentro del Derecho financiero se distinguen dos partes. El Derecho tributario constituye su contenido principal y tiene por objeto los ingresos tributarios. Se agrupa en una Parte General (delimitación conceptual, fuentes normativas, relación jurídico-tributaria y sus elementos, procedimientos tributarios) y una Parte Especial, que estudia los diferentes tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Otra presentación de la Universidad de Cantabria lo describe como la parte importante del Derecho financiero que regula el establecimiento y aplicación de los tributos, construida sobre su instituto jurídico básico, el tributo, y sitúa en la parte especial el estudio de los sistemas tributarios de los entes públicos territoriales. El Derecho financiero no tributario incluye tres bloques: los ingresos no tributarios, los gastos y el presupuesto. En los ingresos no tributarios se distinguen: - El Derecho del crédito público, referido a los ingresos procedentes del endeudamiento, cuya especie más destacada es la Deuda pública. - El Derecho del patrimonio público, que incluye los ingresos patrimoniales. - Los precios públicos, que, a diferencia de las tasas, carecen de naturaleza tributaria. - Los monopolios, que dan lugar a diversos tipos de ingresos. - Las transferencias entre Administraciones públicas, entregas de dinero de un ente público a otro. Las multas y sanciones también proporcionan ingresos, pero su función no es recaudar, sino reprimir y prevenir; por eso, según esta fuente, no forman parte del Derecho financiero, porque no son actividad financiera. El Derecho presupuestario es la parte del Derecho financiero que estudia las normas relativas al presupuesto del Estado y demás entes públicos. El Derecho de los gastos públicos, estrechamente ligado al presupuesto, se ocupa de las normas sobre los créditos presupuestarios y sobre el nacimiento y cumplimiento de las obligaciones públicas. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 1, diaps. 8-10; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 1, diap. 4.)
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Resumen
El artículo 31 CE recoge en su 1 los criterios de reparto de la carga tributaria (capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad y no confiscación), en el 2 la justicia material del gasto y en el 3 la legalidad tributaria. Está en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I, con las garantías del artículo 53.1. El deber de contribuir tiene antecedentes desde 1812; el gasto y la , no. Fuentes Quintana enmendó el apartado segundo.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEn los tres apartados del artículo 31 CE se condensan, según los materiales de la Universidad de Cantabria: - Los criterios materiales o sustantivos sobre el reparto de la carga tributaria: principios de capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad y no confiscación (apartado 1). - Los principios de justicia material del gasto público (apartado 2). - La norma básica sobre la producción normativa en materia tributaria: el principio jurídico-formal de legalidad tributaria (apartado 3). Del valor normativo inmediato y directo de la Constitución deriva que la violación de estos principios pueda motivar un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La sinopsis del artículo 31 del Congreso añade: - Ubicación: el deber de contribuir está en la Sección segunda («De los derechos y deberes de los ciudadanos», arts. 30 a 38) del Capítulo segundo del Título I, y se configura como un deber de los ciudadanos. Esa ubicación le da las garantías del artículo 53.1 CE: eficacia directa, reserva de ley (ordinaria), respeto a su contenido esencial y una protección jurisdiccional especial. - Antecedentes: el deber de contribuir figura en las Constituciones de 1812 (art. 8), 1837 (art. 6), 1869 (art. 28), 1876 (art. 3) y 1931 (art. 44); en cambio, la ordenación del gasto y la reserva de ley de los apartados 2 y 3 no tienen antecedentes en el constitucionalismo histórico español. La coincidencia más estrecha en Derecho comparado es el artículo 53 de la Constitución italiana de 1947. - Tramitación: la redacción definitiva llegó en la Comisión Mixta Congreso-Senado, donde se reintrodujo la no confiscatoriedad y se fijó que las prestaciones personales o patrimoniales solo pueden establecerse con arreglo a la ley. La enmienda más relevante fue la de Fuentes Quintana al apartado segundo, en la Comisión del Senado: asocia la capacidad de gasto a los recursos ingresados y exige criterios de eficiencia y economía. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 9, diap. 3; Congreso, Sinopsis del art. 31 CE.)
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Resumen
La generalidad nace del «Todos contribuirán…» del artículo 31.1 CE. Según la STC 96/2002, «todos» incluye a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio exteriorizan capacidad económica. Tiene doble significado: el deber no se limita a los españoles y se prohíben los privilegios. No impide exenciones: según la STC 10/2005 son válidas si responden a fines de interés general; no caben las intuitu personae.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl principio de generalidad parte del «Todos contribuirán…» del artículo 31.1 CE: todos están llamados a contribuir al levantamiento de las cargas públicas. En la STC 96/2002, de 25 de abril, el Tribunal Constitucional sostuvo que la expresión «todos» absorbe el deber de cualesquiera personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no residentes, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio (principio de territorialidad) exteriorizan manifestaciones de capacidad económica. Según los materiales de la Universidad de Cantabria y la sinopsis del Congreso, el principio tiene un doble significado: - El deber de contribuir no se reduce a los nacionales españoles. - Prohíbe los privilegios en la distribución de la carga fiscal, que en principio afecta a todos los que tienen capacidad económica. Está conectado con el principio de igualdad. Es además un mandato dirigido al legislador para que tipifique como hecho imponible todo acto, hecho o negocio jurídico indicativo de capacidad económica, y excluye cualquier singularidad no justificada, en el ámbito individual o en el territorial. No impide las exenciones ni los beneficios fiscales. Según la STC 10/2005, de 20 de enero, la exención, como quiebra del principio de generalidad, es constitucionalmente válida siempre que responda a fines de interés general que la justifiquen (por ejemplo, motivos de política económica o social, atender al mínimo de subsistencia o razones de técnica tributaria); en caso contrario queda proscrita. Son admisibles las exenciones con fines extrafiscales; la utilización del tributo como instrumento de política económica la ha reconocido el Tribunal Constitucional, entre otras, en las SSTC 37/1987, 197/1992 y 186/1993. Según la doctrina que recoge la sinopsis, lo que no cabe es establecer exenciones intuitu personae. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 9, diaps. 4-5; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 3, diaps. 4-5; Congreso, Sinopsis del art. 31 CE.)
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Resumen
La igualdad (arts. 9 y 14 CE) exige en lo tributario tratar igual situaciones económicamente iguales. No prohíbe toda desigualdad, solo la artificiosa o injustificada (STC 76/1990). La lección 3 de la Universidad de Cantabria describe el razonamiento del Tribunal Constitucional en cuatro pasos: situaciones homogéneas, trato distinto, ausencia de justificación objetiva y razonable, y proporcionalidad. La STC 62/2023 lo resume en tres exigencias. También rige la igualdad en la aplicación de la ley.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl principio de igualdad es un valor del conjunto del ordenamiento (artículos 9 y 14 CE) que trasciende al ámbito tributario. En él exige que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera, porque la capacidad económica que ponen de relieve es la misma. El principio no prohíbe cualquier desigualdad de trato, sino solo las que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables (STC 76/1990, de 26 de abril). Según la STC 159/1997, citada en la STC 62/2023, la vulneración del artículo 14 por la ley tributaria solo se produce cuando arbitrariamente se establezcan discriminaciones entre contribuyentes entre los que no media ninguna razón objetiva de diferenciación. La lección 3 de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria describe el razonamiento del Tribunal Constitucional en cuatro pasos sucesivos: - 1.º Situaciones homogéneas: los términos de comparación deben ser homogéneos. - 2.º Tratamiento jurídico distinto: diferente contribución de quienes manifiestan idéntica capacidad económica. - 3.º Ausencia de justificación objetiva y razonable: si la diferencia se justifica en un fin constitucionalmente legítimo (por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal), no se vulnera necesariamente la igualdad. - 4.º Proporcionalidad de la medida respecto de la finalidad, sin resultados especialmente gravosos o desmedidos. La STC 62/2023, de 24 de mayo, con cita de la STC 60/2015, lo resume en tres exigencias: que las situaciones comparadas sean iguales, que exista una finalidad objetiva y razonable que legitime el trato desigual y que sus consecuencias sean proporcionadas. A la igualdad ante la ley se suma la igualdad en la aplicación de la ley: los órganos que la aplican no pueden modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 9, diap. 8; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 3, diap. 6; Congreso, Sinopsis del art. 31 CE.)
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Resumen
La capacidad económica es la regla básica del reparto de la carga tributaria. Cumple tres funciones: fundamento de la imposición (buscar la riqueza donde está), límite para el legislador (solo gravar circunstancias reveladoras de capacidad y modular la carga según su intensidad) y programa u orientación (el sistema debe reflejar la capacidad global). Índices: renta, patrimonio y consumo; Arranz añade el tráfico de riqueza. Hay que respetar el mínimo vital.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa capacidad económica es la regla básica del reparto de la carga tributaria; según los materiales de la Universidad de Cantabria, es el objetivo al que sirven de manera instrumental los restantes principios de justicia del sistema tributario. Cumple tres funciones esenciales (así también la sinopsis del Congreso, con cita de la jurisprudencia constitucional): - Fundamento de la imposición: obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra. - Límite para el legislador: solo puede establecer tributos sobre circunstancias reveladoras de capacidad económica y debe modular la carga de cada contribuyente según la intensidad con que se manifieste. Según la STC 221/1992, de 11 de diciembre, un tributo sobre un hecho imponible que no revelara capacidad económica sería inconstitucional; pero basta que esa capacidad exista, como riqueza real o renta potencial, en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador. - Programa u orientación para el legislador: el sistema tributario en su conjunto debe reflejar la capacidad económica global de los sujetos, lo que exige dar más peso a los tributos basados en índices más perfeccionados, como la imposición personal sobre la renta (IRPF e Impuesto sobre Sociedades). Índices reveladores de capacidad económica: la obtención de renta, la posesión de un patrimonio y el consumo de bienes; el tema 9 de Arranz añade el tráfico o circulación de riqueza. Según la sinopsis, el Tribunal Constitucional prohíbe gravar riquezas aparentes o inexistentes, «inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 221/1992 y 193/2004), y en la STC 182/2021, de 26 de octubre (jurisprudencia que, según la misma sinopsis, retiró la STC 98/2025, de 28 de abril), señaló que la proporción de la contribución de cada uno también debe fijarse en atención a su capacidad económica. El hecho imponible debe respetar además la exención del mínimo vital, la renta que no expresa capacidad económica porque se necesita para cubrir las necesidades vitales; su ejemplo paradigmático es el mínimo personal y familiar del IRPF. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 9, diaps. 6-7; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 3, diaps. 7-8; Congreso, Sinopsis del art. 31 CE.)
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Resumen
Progresividad: al aumentar la riqueza, la contribución crece en proporción superior; cumple función redistributiva y se predica del sistema en su conjunto, por lo que un tributo proporcional no es inconstitucional. Su límite es no tener alcance confiscatorio. No confiscatoriedad: ligada a la capacidad económica y a la propiedad (art. 33 CE), impide agotar la riqueza imponible. Según la STC 150/1990, un IRPF con tipo medio del 100 % sería confiscatorio. Afecta a cada tributo y al sistema.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasProgresividad. Es la característica del sistema tributario según la cual, a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de riqueza: los que tienen más contribuyen en proporción superior a los que tienen menos. Cumple una función redistributiva. Se predica del conjunto del sistema tributario y no de cada figura singular, por lo que no es inconstitucional un tributo de tipo proporcional. Según la sinopsis del Congreso, el Tribunal Constitucional ha avalado la progresividad (SSTC 134/1996 y 46/2000) y la considera aceptable por la superación que el artículo 9.2 CE hace de la igualdad formal al reconocer la igualdad material; su límite está en que no tenga alcance confiscatorio. No confiscatoriedad. Está ligada al principio de capacidad económica y al derecho de propiedad privada del artículo 33 CE. Obliga a no agotar la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir. La STC 150/1990, de 4 de octubre, afirma que el sistema fiscal sería confiscatorio si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, y que sería evidente el resultado confiscatorio de un IRPF cuya progresividad alcanzara un tipo medio de gravamen del 100 por 100 de la renta. Según la lección 3 de la Universidad de Cantabria, la prohibición afecta tanto a cada figura tributaria como al sistema en su conjunto: puede vulnerarse porque un tributo incida de forma desproporcionada en la riqueza gravada o por el efecto global de varias figuras. La sinopsis recoge en el mismo sentido la STC 26/2017: aunque el artículo 31.1 refiera el límite al «sistema tributario», exige que el efecto no se produzca «en ningún caso», de modo que todo tributo que agotase la riqueza imponible o gravase una riqueza inexistente sería confiscatorio (doctrina reiterada en la STC 149/2023, de 7 de noviembre). (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 9, diaps. 9-10; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 3, diaps. 9-10; Congreso, Sinopsis del art. 31 CE.)
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Resumen
La tributaria exige una ley para establecer tributos (arts. 31.3 y 133 CE). Se funda en la autoimposición («No taxation without representation»), la democracia en el reparto, la igualdad y la garantía de la propiedad. El artículo 31.3 habla de «prestación patrimonial de carácter público», concepto más amplio que «tributo», cuya nota es la coactividad (STC 185/1995): solicitud o recepción obligatoria, bien o servicio indispensable, o prestación en monopolio de hecho o de derecho.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl principio de reserva de ley o de legalidad en materia tributaria es la regla sobre producción normativa según la cual es necesaria una ley para establecer tributos. Lo consagran el artículo 31.3 CE («Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley») y, desde la perspectiva del poder tributario, el artículo 133 CE. Fundamento. Tradicionalmente se asocia a la autoimposición o consentimiento del tributo a través de la representación de los contribuyentes, resumida en la máxima «No taxation without representation»; garantiza además la democracia en el procedimiento de reparto de la carga tributaria y la igualdad o tratamiento uniforme de los ciudadanos, y en el Estado constitucional cumple una finalidad garantista del derecho de propiedad. La STC 185/1995, de 14 de diciembre (FJ 3), dice que responde a la vieja idea, cuyo origen se remonta a la Edad Media, de garantizar que las prestaciones que los particulares satisfacen a los entes públicos sean previamente consentidas por sus representantes, como garantía de autoimposición de la comunidad sobre sí misma. Ámbito. El artículo 31.3 no habla de «tributos», sino de «prestación patrimonial de carácter público», expresión más amplia que no es sinónima de los «tributos» del artículo 133.1. Para la STC 185/1995, la coactividad es la nota distintiva fundamental de ese concepto, y una prestación es coactiva cuando: - la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria (servicios de solicitud o recepción obligatoria); - el bien, servicio o actividad es objetivamente indispensable para satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social; - o se presta por entes públicos en posición de monopolio de hecho o de derecho. Según la sinopsis del artículo 31, las prestaciones patrimoniales no son solo tributarias: incluyen otras como precios de servicios públicos o cotizaciones a la Seguridad Social. (OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 3, diaps. 11-12; Arranz, «Derecho Financiero», tema 9, diap. 13; STC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 3; Congreso, Sinopsis del art. 31 CE.)
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Para el Tribunal Constitucional la tributaria es relativa: por ley van la creación del tributo, sus elementos esenciales (hecho imponible, sujeto pasivo, base, tipo y cuota) y las exenciones y beneficios fiscales. La concreción exigida a la ley es máxima en el hecho imponible y menor en el tipo o la base. Cabe la colaboración del reglamento si es indispensable y subordinada; es mayor en las tasas, en los elementos del quantum y en los municipios.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasPara el Tribunal Constitucional, la reserva de ley de los artículos 31.3 y 133 CE tiene carácter relativo y no absoluto: no toda la materia tributaria ha de regularse por ley, sino solo sus elementos esenciales. Según la lección 3 de la Universidad de Cantabria, deben regularse por ley: - La creación ex novo del tributo. - Los elementos esenciales o configuradores de su identidad: el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible, el tipo de gravamen y la cuota. - El establecimiento de exenciones y beneficios fiscales en general. El tema 9 de Arranz los agrupa en tres: el supuesto que origina el deber de contribuir (hecho imponible y exenciones), el sujeto obligado al pago y los elementos de cuantificación de la obligación tributaria. Sobre los beneficios fiscales, el artículo 133.3 CE exige ley para todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado; la sinopsis del Congreso explica que se impone una interpretación amplia, reflejada en el artículo 8 de la Ley General Tributaria, que extiende la reserva a la creación, modificación, supresión y prórroga de exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios. La reserva no afecta por igual a todos los elementos: el grado de concreción exigible a la ley es máximo cuando regula el hecho imponible y menor cuando se trata de otros elementos, como el tipo de gravamen o la base imponible (STC 221/1992, FJ 7). Es admisible la colaboración del reglamento, siempre que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades de la Constitución o de la ley, y se produzca en términos de subordinación, desarrollo y complementariedad (SSTC 185/1995 y 150/2003). El alcance de esa colaboración depende, según la lección 3: - De la figura tributaria: es mayor en las tasas. - Del elemento del tributo: es más intensa en los elementos que determinan el quantum. - Del ente que es sujeto activo: es mayor en los municipios, para coordinar la reserva de ley con la autonomía financiera local. (OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 3, diaps. 12-14; Arranz, «Derecho Financiero», tema 9, diap. 12; Congreso, Sinopsis de los arts. 31 y 133 CE.)
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Resumen
El artículo 31.2 CE pide una asignación equitativa de los recursos públicos y que la programación y ejecución del gasto respondan a la eficiencia y la economía. Según la sinopsis, es más un principio de ordenación del gasto que de justicia tributaria, con dos postulados: equidad en la asignación (juicio de valor sobre los fines, guiado por los arts. 39 a 52 CE) y eficiencia y economía (principio técnico). El artículo 133.4 CE añade la legalidad del gasto y de las obligaciones financieras.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 31.2 CE dispone que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y que su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Según la sinopsis del Congreso, es más un principio de ordenación del gasto que de justicia tributaria, y se articula sobre dos postulados: - La equidad en la asignación de los recursos públicos, referida a los fines que constitucionalmente deben dirigir la política del Estado. La lección 3 de la Universidad de Cantabria la describe como un juicio de valor sobre la bondad de los fines a los que se destinan los ingresos y señala como guía los principios rectores de la política social y económica (artículos 39 a 52 CE). - La eficiencia y economía en la programación y ejecución, de carácter más técnico: exige actuar conforme a los criterios que la ciencia y la técnica pongan a disposición en cada momento para gestionar mejor los bienes públicos (SSTC 29/1982, 214/1989 y 13/1992). La lección 3 lo define como principio técnico que impone aplicar procedimientos eficaces en la gestión del gasto para conseguir una óptima asignación de los recursos. En otras palabras, según la sinopsis, debe haber correspondencia entre los fines de las partidas de gasto y su logro efectivo, y optimización de los medios empleados. Según la sinopsis, la exigencia de eficiencia y economía se introdujo por una enmienda de Fuentes Quintana en la Comisión del Senado. Legalidad del gasto. El artículo 133.4 CE proclama el principio de legalidad en el gasto público, que alcanza también a la contracción de obligaciones financieras: las Administraciones públicas solo pueden contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. La sinopsis del artículo 133 lo interpreta como insistencia, en línea con el artículo 31, en la conexión entre ingresos y gastos públicos, y como reafirmación de la unidad funcional de la Hacienda Pública en su triple proyección: general, institucional y territorial. (Congreso, Sinopsis de los arts. 31 y 133 CE; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 3, diap. 15; Arranz, «Derecho Financiero», tema 6, diap. 3.)
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Resumen
La Constitución fija las fuentes formales y materiales y recoge las bases financieras: justicia tributaria (art. 31), (31.3 y 133), potestad tributaria (133), sin iniciativa popular tributaria (87.3), Hacienda general exclusiva del Estado (149.1.14.ª), autonomía financiera autonómica (156 y 157). Tras ella, los tratados: por si atribuyen competencias (art. 93) y con autorización de las Cortes si afectan al deber de contribuir u obligan a la Hacienda. También son fuente las normas de la Unión.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa Constitución determina el esquema básico del sistema de fuentes: las formales (formas que pueden revestir las normas) y las materiales (personas que pueden dictarlas). La Constitución es la norma suprema. En materia financiera recoge, según los materiales de la Universidad de Cantabria: los principios materiales de justicia tributaria (art. 31); la reserva de ley tributaria (arts. 31.3 y 133); la distribución y ejercicio de la potestad tributaria del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales (art. 133); la prohibición de la iniciativa popular en materia tributaria (art. 87.3); la autorización de las Cortes para tratados con obligaciones financieras para la Hacienda Pública (art. 94.1.d); la suficiencia de las Haciendas locales (art. 142); la Hacienda general como competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.14.ª), y la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (arts. 156 y 157). Por debajo de la Constitución, la primera fuente son los tratados internacionales, que, publicados oficialmente, forman parte del ordenamiento interno. Requieren autorización por ley orgánica los tratados que atribuyen a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93 CE); el paradigma es el de adhesión a las Comunidades Europeas, que les atribuyó competencias financieras y tributarias reservadas a las Cortes. Necesitan autorización previa de las Cortes los que afectan a los deberes del Título I, como el de contribuir (por ejemplo, los convenios para evitar la doble imposición), y los que implican obligaciones financieras para la Hacienda Pública. Son fuente las normas de la Unión: directivas (como las del IVA), reglamentos y decisiones. Según la sinopsis del artículo 133, la Unión tiene competencias tributarias en tres planos: recursos tributarios propios (los derechos del arancel aduanero común, que fija el Consejo a propuesta de la Comisión), límites al poder impositivo de los Estados para no obstaculizar el mercado único y armonización de los impuestos indirectos (art. 113 TFUE). (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 10, diaps. 2-6; Congreso, Sinopsis del art. 133 CE.)
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Resumen
La ley es la fuente interna de máximo rango. El artículo 133.1 CE reserva al Estado, mediante ley, la potestad originaria para establecer tributos; el 133.2 permite a Comunidades Autónomas y corporaciones locales establecer y exigir tributos. No hay orgánica tributaria salvo previsión expresa (LOFCA). Cabe el con una precisa. El no puede afectar al deber de contribuir: no puede alterar el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa ley es la fuente de producción de normas internas de máximo rango, condicionada solo a la Constitución y al Derecho internacional. El artículo 133.1 CE atribuye la potestad originaria para establecer tributos exclusivamente al Estado, mediante ley, y el 133.2 permite a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Según los materiales de la Universidad de Cantabria, no existe reserva de ley orgánica en materia tributaria salvo previsión constitucional expresa, como el régimen de financiación autonómica (la ley orgánica del artículo 157.3 CE, que es la LOFCA según la sinopsis del artículo 133). En materia tributaria rige una reserva de ley relativa. Decreto legislativo. En el ámbito tributario ha habido un importante proceso de delegación legislativa para regular determinados impuestos. Según la sinopsis del artículo 133, no hay obstáculo para su uso siempre que la ley de bases delimite con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios de su ejercicio (art. 82.4 CE). Decreto-ley. El deber de contribuir está en el Título I, y el artículo 86.1 CE prohíbe que el decreto-ley afecte a los derechos, deberes y libertades de ese título. Según la doctrina del Tribunal Constitucional que recogen las fuentes: - El límite material del decreto-ley en materia tributaria no viene señalado por la reserva de ley, sino por la prohibición de «afectar» al deber de contribuir. - El decreto-ley no tiene vedada cualquier modificación de normas tributarias, sino solo las que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, alteren sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario (STC 14/2020, con las SSTC 83/2014, 107/2015 y 73/2017). En la práctica, no puede alterar ni el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos que inciden en la carga tributaria, lo que alcanza a su creación. Estos límites se aplican también a los decretos-leyes autonómicos de contenido tributario (STC 107/2015). (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 10, diaps. 7-8; Congreso, Sinopsis de los arts. 31 y 133 CE.)
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Resumen
No hay reserva de reglamento: lo que puede regular se define por lo reservado a la ley; su objeto típico son las materias formales, de gestión o procedimiento y los detalles secundarios. Las órdenes interpretativas las dicta el Ministro de Hacienda y, publicadas en el BOE, vinculan a los órganos de gestión. Las circulares son internas y no vinculan a particulares ni a tribunales. Costumbre, uso y precedente administrativo no son fuente. Son supletorios el Derecho administrativo y el común.
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Crea tu cuenta gratis para verlasReglamento. Las materias que puede regular el reglamento en el ámbito tributario se concretan por referencia a las reservadas a la ley: no existe una reserva de reglamento como ámbito propio de la potestad reglamentaria. El tecnicismo y la complejidad de la materia tributaria favorecen el reglamento como complemento. Son objeto típico del reglamento las materias formales, las de gestión o procedimiento y la concreción de detalles o aspectos secundarios de la prestación tributaria. Órdenes interpretativas. Corresponde al Ministro de Hacienda dictar las órdenes interpretativas, que, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, vinculan a los órganos de gestión de la Administración. Han de concretar los preceptos que interpretan, determinar los aspectos necesitados de interpretación y no pueden afectar a la integridad del precepto aclarado. Circulares. Son disposiciones puramente internas, dictadas en uso de la potestad de organización para fijar directrices y dirigir la actividad de los órganos administrativos. Al carecer de carácter normativo, no vinculan a particulares ni a tribunales. Costumbre y precedente. La costumbre es derecho no escrito, de origen extraestatal, manifestado por un uso reiterado; en el ordenamiento tributario tiene un obstáculo insalvable: la primacía de la ley. El uso o práctica administrativa es la reiteración de conductas de los órganos administrativos, y el precedente administrativo, la norma inducida de varias decisiones de la Administración; ninguno de los dos es fuente del Derecho financiero. Principios generales del Derecho. Son el fundamento del ordenamiento y las bases últimas del Derecho positivo: el conjunto normativo no formulado que no se manifiesta como ley ni como costumbre. Derecho supletorio. Según el artículo 7.2 de la Ley General Tributaria, tienen carácter supletorio las disposiciones generales del Derecho administrativo y los preceptos del Derecho común, y los procedimientos tributarios se rigen supletoriamente por la Ley 39/2015 (disposición adicional primera). El Derecho común no es solo el civil: incluye el mercantil y el del trabajo. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 10, diaps. 9-14.)
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Los ingresos públicos son cantidades de dinero que percibe un ente público para financiar su gasto y atender necesidades públicas. Notas (tema 2 de Arranz): son siempre dinero (en especie solo si está previsto), los percibe un ente público (lo «público» es el titular, no el régimen) y financian el gasto. Se clasifican por régimen jurídico (público o privado), por origen, por el ente que los percibe y por periodicidad (ordinarios y extraordinarios). Entre los de Derecho público, los tributarios son los de más volumen.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa lección 1 de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria describe los ingresos públicos como cantidades de dinero percibidas por un ente público para financiar el gasto que ese ente tenga que afrontar y dar satisfacción a las necesidades públicas que le competan. Notas definitorias del ingreso público según el tema 2 de Arranz: - Es siempre una suma de dinero. Solo cuando está expresamente previsto puede hacerse efectivo en especie, mediante la entrega de bienes del Patrimonio Histórico o la adjudicación de bienes en el procedimiento ejecutivo. - Es percibido por un ente público. El calificativo «público» se refiere al titular del ingreso, no al régimen jurídico que se le aplica. - Tiene como objetivo esencial financiar el gasto público. Clasificaciones: - Por su régimen jurídico: ingresos de Derecho público y de Derecho privado. - Por su origen: tributarios, monopolísticos, patrimoniales, crediticios y transferencias. - Por el ente que los percibe: del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales. - Por su periodicidad: ordinarios y extraordinarios. La lección 1 ordena las clases así: tributos (impuesto, tasa y contribución especial); Deuda pública; ingresos de Derecho público no tributarios (precio público); ingresos de Derecho privado (patrimoniales y de actividades empresariales), y, con un interrogante sobre si son actividad financiera, multas y sanciones. Entre los ingresos de Derecho público, los más importantes por su volumen recaudatorio son los tributarios. Como ejemplo legal de enumeración, el artículo 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluye en la hacienda local los ingresos de su patrimonio y demás de Derecho privado, los tributos propios y recargos, las participaciones en tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, las subvenciones, los precios públicos, el producto de operaciones de crédito, el de multas y sanciones y las demás prestaciones de Derecho público. (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 2, diaps. 2-4 y 7; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 1, diaps. 3 y 5; RDLeg 2/2004, art. 2.)
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Ingresos patrimoniales: proceden de la explotación y enajenación de los bienes patrimoniales (los no afectados al uso general o al servicio público), e incluyen herencias, legados y sucesiones. Si el Estado participa como accionista en sociedades privadas, los beneficios que percibe son ingresos de Derecho privado. Del monopolio derivan ingresos tributarios, patrimoniales y monopolísticos en sentido estricto (Sainz de Bujanda). Las transferencias, entregas de dinero entre entes, comprenden participaciones en tributos y subvenciones.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasIngresos patrimoniales. Son los que proceden de la explotación y enajenación de los bienes que constituyen el patrimonio de los entes públicos. Los bienes patrimoniales son, en principio, los que no pueden calificarse como de dominio o uso público, es decir, los no afectados al uso general o al servicio público. De los artículos 108 y 133 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se extrae que se ingresan en el Tesoro las rentas, frutos o percepciones de cualquier clase producidos por los bienes patrimoniales de la Administración General del Estado y el producto de su enajenación. Se incluyen también las adquisiciones a título de herencia, legado y sucesión. Rendimientos de la actividad empresarial pública. Cuando la Administración asume técnicas de la empresa privada, la forma de gestión del servicio determina la categoría del ingreso. Cuando el Estado es propietario único o partícipe de sociedades privadas como cualquier accionista y percibe parte de sus beneficios en proporción a su participación, mayoritaria o no, se trata de ingresos públicos de Derecho privado. Ingresos de monopolio. Un monopolio supone que un servicio se presta de forma exclusiva por un sujeto o que la adquisición, producción o venta de un producto la realiza un solo sujeto. De él derivan: - Ingresos tributarios: lo que obtiene el Estado al gravar los beneficios de la entidad a la que concedió el monopolio. - Ingresos patrimoniales: cuando el Estado gestiona directamente el monopolio o participa en el capital de la entidad gestora. - Ingresos monopolísticos en sentido estricto, siguiendo a Sainz de Bujanda: la especial participación en los beneficios del monopolio que se reserva el Estado al conceder a un tercero su titularidad o gestión. Transferencias. Son entregas de dinero de un ente público a otro. Comprenden las participaciones en tributos (atribución por ley a un ente público de una parte del producto de un tributo o conjunto de tributos) y las subvenciones (atribuciones patrimoniales a fondo perdido afectadas a un fin). (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 2, diaps. 5-6 y 11-12.)
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El tributo es el ingreso de Derecho público más característico (art. 2.1 LGT): prestación pecuniaria exigida por una Administración por realizar el supuesto al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de sostener el gasto público. Es obligación pecuniaria, a favor de un ente público, nacida del hecho imponible definido por ley. Rasgos: coactividad (obligación ex lege) y fundamento en la capacidad económica. Especies: impuesto, tasa y contribución especial, diferenciadas por el hecho imponible.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl tributo es el ingreso público de Derecho público más característico. Su concepto legal está en el artículo 2.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria (norma ya cargada): ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Según el tema 3 de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Politécnica de Cartagena, el tributo es: - Una obligación pecuniaria: se satisface en dinero y no en otros bienes o servicios. - Una obligación establecida a favor de un ente público. - Una obligación que nace por la realización de un presupuesto definido por una norma con rango de ley, el hecho imponible, que manifiesta riqueza o capacidad económica. - Un ingreso público y de Derecho público, regulado por normas de carácter público y aplicado necesariamente a la satisfacción de necesidades públicas. La lección 2 de la Universidad de Cantabria destaca dos rasgos: - La coactividad: el tributo es una obligación ex lege, nacida de la ley, que surge sin el concurso de la voluntad del obligado cuando realiza el hecho imponible. - Su fundamento es la capacidad económica: el hecho imponible ha de ser revelador de capacidad económica. El tributo es un género con tres especies: el impuesto, la tasa y la contribución especial. El elemento que las diferencia es la distinta estructura del hecho imponible; la categoría fundamental es el impuesto, en el que se aprecian de forma más patente los rasgos del tributo, singularmente el basarse en la capacidad económica. Fines. Según el artículo 2.1 LGT, los tributos, además de medios para obtener recursos, pueden servir como instrumentos de la política económica general y atender a los principios y fines de la Constitución (fines extrafiscales). (OCW U. Politécnica de Cartagena, «Los tributos…», págs. 1 y 4; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 2, diaps. 2-4; Arranz, «Derecho Financiero», tema 2, diap. 8.)
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Impuestos (art. 2.2.c LGT): tributos sin contraprestación cuyo hecho imponible pone de manifiesto la capacidad económica. Son el tributo más sofisticado, más usado y de más recaudación. Clases: directos (renta, patrimonio) e indirectos (consumo); instantáneos (se agotan) y periódicos (tracto sucesivo por períodos); objetivos (no atienden a circunstancias personales y familiares) y subjetivos (sí); reales (cada manifestación por separado) y personales (acumulan en un sujeto). También fiscales y extrafiscales.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 2.2.c) de la Ley General Tributaria define los impuestos como los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Según la Universidad Politécnica de Cartagena, el impuesto es el tributo más sofisticado y más apto para incorporar el principio de capacidad económica, y también el más utilizado y con más capacidad de recaudación. Clases de impuestos: - Directos e indirectos. Los directos gravan manifestaciones directas de capacidad económica, como la obtención de renta o la titularidad de un patrimonio; los indirectos, manifestaciones indirectas, como el consumo. En determinados impuestos indirectos quien realiza el hecho imponible paga el impuesto pero debe repercutir la carga a un tercero. - Instantáneos y periódicos. En los instantáneos, la realización del hecho imponible lo agota (por ejemplo, una compraventa). En los periódicos el hecho imponible es de tracto sucesivo (por ejemplo, la obtención de renta) y la ley lo parcela en períodos, en cada uno de los cuales se devenga el tributo. - Objetivos y subjetivos. Los objetivos no tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares del sujeto para graduar la carga; los subjetivos, sí. - Reales y personales. En los reales, las manifestaciones del hecho imponible quedan independientes y dan lugar a devengos distintos; los personales acumulan todas en un sujeto que sirve de centro de imputación. Ejemplo: si se venden tres inmuebles en un año, el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana grava cada venta por separado, mientras que el IRPF las acumula entre sí y con las demás rentas. La lección 2 de la Universidad de Cantabria clasifica además por el objeto gravado (renta, patrimonio y consumo o adquisición de bienes) y distingue impuestos fiscales y extrafiscales, estos con finalidades como crear empleo, fomentar actividades o desincentivar conductas. (OCW U. Politécnica de Cartagena, «Los tributos…», págs. 1-2; OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 2, diaps. 5-6.)
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Tasa: tributo por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o por servicios o actividades en régimen de Derecho público que afecten o beneficien de modo particular al obligado, si no son de solicitud o recepción voluntaria o no los presta el sector privado. Su núcleo es una actividad administrativa provocada por el particular; el servicio debe prestarse efectivamente (si no, por causa no imputable, se devuelve) y su importe no puede superar el coste. Contribución especial: beneficio o aumento de valor por obras o servicios públicos.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasTasa. Es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o en la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria o no se presten o realicen por el sector privado (art. 2 LGT). Se diferencia del impuesto por la estructura del hecho imponible: en la tasa es elemento central una actividad administrativa provocada por el particular. Lo esencial es la coactividad, que se da cuando el servicio es de solicitud o recepción obligatoria (impuesto por normas legales o reglamentarias, como la renovación del DNI o la retirada del vehículo por la grúa), cuando es imprescindible para la vida privada o social (como el abastecimiento de agua o la recogida de basuras) o cuando se presta en monopolio por la Administración. El servicio debe prestarse efectivamente; si no se presta por causas no imputables al sujeto pasivo, procede la devolución. Debe afectar o beneficiar de forma directa e individualizada al sujeto pasivo. Como todo tributo, la tasa se crea por ley. Su importe no puede exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad o, en su defecto, del valor de la prestación recibida; toda propuesta de nueva tasa o de modificación de su cuantía debe incluir una memoria económico-financiera, y la disposición que lo incumpla es nula. Contribución especial. Es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos (art. 2.2.b LGT). Su hecho imponible tiene dos elementos: una actividad de la Administración y un beneficio especial para una persona o categoría de personas, aparte del beneficio general. Las utiliza principalmente la Administración local. (OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 2, diaps. 7-12 y 16; OCW U. Politécnica de Cartagena, «Los tributos…», pág. 3.)
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Resumen
El precio público es un ingreso de Derecho público no tributario (art. 24 Ley 8/1989): contraprestación por servicios o actividades en régimen de Derecho público que, prestándose también por el sector privado, son de solicitud voluntaria. Frente a la tasa: es ex contractu, no ex lege; no le son aplicables los principios tributarios (, capacidad económica); y debe cubrir como mínimo los costes, mientras que el coste es el máximo de la tasa. La STC 185/1995 anuló parte de su regulación original.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl precio público es un ingreso público de Derecho público no tributario. Según la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos (art. 24), son contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público cuando, prestándose también por el sector privado, sean de solicitud voluntaria. Carece de la nota de coactividad que tienen los servicios que dan lugar a la tasa. Diferencias con la tasa, según la Universidad de Cantabria: - Naturaleza: el precio público no es una obligación ex lege, sino ex contractu; nace de la voluntad del obligado. - Principios: al no ser tributo, no le son aplicables los principios constitucionales tributarios, singularmente la reserva de ley y la capacidad económica. - Cuantía: el coste del servicio es el límite máximo de la tasa; el precio público debe cubrir como mínimo los costes, aunque la ley permite cuantías inferiores por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público. La STC 185/1995, de 14 de diciembre, resolvió el recurso contra la Ley de Tasas y Precios Públicos. Explica que el precio público nació de la división de la anterior figura de la tasa. El fallo declaró inconstitucionales las letras a) y b) del artículo 24.1 en su redacción original (dominio público y servicios postales) e incisos de la letra c); la cuestión central del recurso era si esos precios eran prestaciones patrimoniales de carácter público sometidas a la reserva de ley del artículo 31.3 CE (FJ 2). La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, modificó la disposición adicional primera de la LGT: son prestaciones patrimoniales de carácter público las del artículo 31.3 CE que se exigen coactivamente; son tributarias las tasas, contribuciones especiales e impuestos, y no tributarias las demás que, exigidas coactivamente, respondan a fines de interés general, en particular las exigidas por servicios gestionados mediante personificación privada o gestión indirecta. (OCW U. Cantabria, «Derecho Financiero y Tributario», lecc. 2, diaps. 13-15; STC 185/1995, FJ 1-2 y fallo; Arranz, «Derecho Financiero», tema 2, diap. 9; OCW U. Politécnica de Cartagena, «Los tributos…», pág. 4.)
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Los ingresos crediticios proceden de operaciones de crédito en que el prestatario es un ente público. El artículo 135.3 CE exige autorización por ley al Estado y a las Comunidades para emitir deuda o contraer crédito; el pago de intereses y capital tiene prioridad absoluta. Maastricht fijó el límite del 60 % del PIB. Según la fuente, la Deuda es un contrato real, unilateral, de Derecho público. Por plazo: Letras del Tesoro (hasta doce meses), Bonos (hasta cinco años) y Obligaciones (más de cinco).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLos ingresos crediticios proceden de operaciones de crédito en las que el prestatario es un ente público que acude al crédito para obtener ingresos. El artículo 135.3 CE exige que el Estado y las Comunidades Autónomas estén autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito; los créditos para pagar intereses y capital se entienden siempre incluidos en el estado de gastos y su pago goza de prioridad absoluta, y el volumen de deuda en relación con el PIB no puede superar el valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tratado de Maastricht fijó que el endeudamiento público no debía superar el 60 por 100 del PIB a precios de mercado. La expresión «emitir deuda pública o contraer crédito» abarca tanto los empréstitos documentados en títulos valores ofrecidos al público como los préstamos con un sujeto particular o la apertura de crédito. El artículo 92 de la Ley General Presupuestaria define la Deuda del Estado como el conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado mediante emisión pública, concertación de operaciones de crédito, subrogación en la posición deudora de un tercero o cualquier otra operación financiera, con destino a financiar los gastos del Estado o a constituir posiciones activas de tesorería. Incluye préstamos y empréstitos, avales y depósitos. Naturaleza: frente a la tesis del acto de soberanía está la contractual; la fuente concluye que la Deuda es un contrato real, unilateral, de Derecho público. Clases: - Interior y exterior, según el lugar donde se celebra y ejecuta el contrato. - Según el deudor: del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Administración institucional y de la Administración local. - General (ofertada en un mercado) y singular (con sujetos determinados). - Inscrita y no inscrita; la emitida en el Sistema de Anotaciones en Cuenta (RD 505/1987) se registra en una Central de Anotaciones que gestiona el Banco de España por cuenta del Tesoro. - A corto (hasta doce meses: Letras del Tesoro), medio (hasta cinco años: Bonos del Estado) y largo plazo (más de cinco años: Obligaciones del Estado). (Arranz, «Derecho Financiero», OCW U. Cantabria, tema 4, diaps. 2-13.)
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Según la sinopsis del artículo 133 CE, Estado, Comunidades Autónomas y entes locales son titulares del poder financiero, pero no con la misma naturaleza. Sainz de Bujanda distinguió el poder originario del Estado y el derivado de Comunidades y entes locales; Cazorla Prieto, Martín Queralt y Lozano Serrano ven desfasado ese debate; Ferreiro Lapatza considera originario el del Estado y las Comunidades y derivado el local. Los tres sistemas forman un todo unitario y coordinado.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la sinopsis del artículo 133 de la Constitución del Congreso, en España son titulares del poder financiero el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales, pero no con la misma naturaleza. El artículo 133.1 CE atribuye la potestad originaria para establecer tributos exclusivamente al Estado, mediante ley, y el 133.2 permite a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes; el artículo 4 de la Ley General Tributaria añade que las demás entidades de Derecho público podrán exigir tributos cuando una ley lo determine. Doctrina sobre el poder originario y derivado: - Sainz de Bujanda distinguió el poder financiero originario del Estado y el derivado de Comunidades Autónomas y entes locales. - Para Cazorla Prieto, Martín Queralt y Lozano Serrano, ese debate decimonónico ha quedado desfasado; según la sinopsis, todos los poderes tienen reconocimiento constitucional explícito y la diferencia está en los límites: el Estado solo tiene los de la Constitución, y Comunidades y entes locales también los de la ley estatal (LOFCA y texto refundido de Haciendas Locales). - Ferreiro Lapatza distingue el poder del Estado y de las Comunidades, originario, del de las entidades locales, derivado, porque estas carecen de potestad legislativa. Los tres sistemas, estatal, autonómico y local, se integran en un todo unitario y coordinado: el principio de unidad del sistema tributario, ligado a la solidaridad y la coordinación, se desprende de los artículos 2, 138.1, 149.1.14.ª, 156 y 158.2 CE. El Estado tiene competencia exclusiva sobre la Hacienda general (art. 149.1.14.ª) y se reserva las figuras impositivas básicas, como las que gravan la renta de personas físicas y jurídicas. El poder tributario autonómico se sujeta a la territorialidad y la unidad de mercado (art. 157.2 CE), a la neutralidad (sin privilegios ni barreras fiscales, art. 2.1 LOFCA), a la prohibición de doble imposición (sus tributos no pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado, art. 6.2 LOFCA, ni, como regla, sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales, art. 6.3, que admite excepciones con medidas de compensación) y a la lealtad constitucional. (Congreso, Sinopsis del art. 133 CE.)
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La sinopsis del artículo 31 CE enumera las leyes de los principales impuestos estatales (IRPF, No Residentes, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IVA, Especiales, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Transacciones Financieras y el temporal de solidaridad de las grandes fortunas), más la Ley de Tasas y Precios Públicos y los regímenes especiales. Según la AEAT, en 2025 los ingresos tributarios llegaron a 325.356 millones, un 10,4 % más que en 2024.
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Crea tu cuenta gratis para verlasLa sinopsis del artículo 31 de la Constitución del Congreso enumera, entre las normas más significativas del desarrollo del deber de contribuir, las leyes de los principales impuestos estatales: - Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. - Texto refundido del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004). - Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. - Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal por el Real Decreto-ley 13/2011. - Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. - Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido. - Ley 38/1992, de Impuestos Especiales. - Texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993). - Ley 5/2020, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. - Ley 38/2022, de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. A ellas se suma la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, y los regímenes especiales: Concierto Económico del País Vasco, Convenio Económico de Navarra y Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Según el Informe Anual de Recaudación Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que analiza los ingresos que gestiona por cuenta del Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales del territorio de régimen fiscal común, en 2025 los ingresos tributarios crecieron hasta 325.356 millones de euros, un 10,4 % más que en 2024. Los impuestos directos crecieron un 11,4 % y el conjunto de indirectos, tasas y otros ingresos, un 8,9 %. Por figuras: IRPF, +10,1 %; Impuesto sobre Sociedades, +8,1 %; IVA, +9,9 %; Impuestos Especiales, +4,3 %. El Impuesto sobre la Renta de No Residentes alcanzó 5.397 millones. En 2025 se ingresó por primera vez el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de Determinadas Entidades Financieras (1.423 millones), gestionado por la AEAT pero cedido a las Comunidades Autónomas. (Congreso, Sinopsis del art. 31 CE; AEAT, Informe Anual de Recaudación Tributaria. Ejercicio 2025, págs. 3, 5-6 y 61.)
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Las Comunidades de régimen común se financian según la Ley 22/2009 y cuentan con tributos estatales cedidos: Transmisiones Patrimoniales y AJD, Sucesiones y Donaciones, juego, tasas de servicios transferidos, Medios de Transporte, el 50 % del IRPF (tarifa autonómica), el 50 % del IVA, el 58 % de los Especiales de Fabricación y el 100 % de la Electricidad. La Ley 14/1996 les dio por primera vez competencias normativas, ampliadas por la Ley 21/2001. El juego es el cedido con más capacidad normativa.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEntre los recursos de las Comunidades Autónomas están los tributos estatales cedidos (art. 157.1.a CE). Según el Ministerio de Hacienda, la financiación de las Comunidades de régimen común se rige por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y, entre los recursos que forman su «capacidad tributaria», enumera: - Recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de los tributos sobre el juego y de las tasas afectas a los servicios transferidos. - Recaudación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (la página cita también el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos). - La tarifa autonómica del IRPF, que asciende al 50 % de los residentes en la Comunidad. - El 50 % de la recaudación líquida del IVA. - El 58 % de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la cerveza, el vino y bebidas fermentadas, los productos intermedios, el alcohol y bebidas derivadas, los hidrocarburos y las labores del tabaco. - El 100 % del Impuesto sobre la Electricidad. Competencias normativas. La Ley 14/1996 atribuyó por primera vez a las Comunidades competencias normativas sobre los tributos cedidos; la Ley 21/2001 las amplió. Hoy las regulan el artículo decimonoveno de la LOFCA y los artículos 45 a 53 de la Ley 22/2009. Ejemplos de Tributación Autonómica. Medidas 2025: - IRPF: las Comunidades pueden regular la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, que debe ser progresiva. - Tributos sobre el juego: es el cedido con mayor capacidad normativa autonómica, que alcanza a todos los elementos salvo el hecho imponible y los obligados tributarios. - Medios de transporte: pueden incrementar los tipos estatales; lo han hecho siete Comunidades, entre ellas Andalucía (14,75 % en el epígrafe 4.º y 12 % en el 5.º). - Otros tributos cedidos, como el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, cedido: solo Cataluña y Andalucía ejercen competencias sobre sus tipos. (Ministerio de Hacienda, Financiación autonómica: Régimen común, apartado «Recursos del Sistema de Financiación»; Ministerio de Hacienda, Tributación Autonómica. Medidas 2025, cap. I, págs. 4 y 33-36 del PDF.)
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Resumen
Las Comunidades pueden establecer tributos propios con los límites del artículo 157.2 CE y de la LOFCA, pero su recurso principal es la cesión de tributos estatales. Según Medidas 2025, todas las de régimen común salvo Madrid tienen impuestos propios: sobre el agua, emisión de gases, tierras en deficiente aprovechamiento (Andalucía y Asturias) y bolsas de plástico (solo Andalucía). Si el Estado grava el mismo hecho imponible, la Comunidad debe dejar sin efecto el suyo, con compensación (art. 6.2 LOFCA).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLas Comunidades Autónomas pueden establecer sus propios tributos (arts. 133 y 157.1.b CE y artículos sexto y decimoséptimo de la LOFCA), con los límites del artículo 157.2 CE y de los artículos sexto y noveno de la LOFCA. Según la sinopsis del artículo 133 del Congreso, la figura principal de los recursos de las Comunidades de régimen común es la cesión de tributos estatales; los tributos propios se han limitado a materias concretas como el juego, las aguas o el medio ambiente. Según el informe Tributación Autonómica. Medidas 2025 del Ministerio de Hacienda, todas las Comunidades de régimen común salvo la Comunidad de Madrid tienen impuestos propios vigentes. Los impuestos propios vigentes en 2025 se agrupan en categorías, entre ellas: - Cánones o impuestos sobre el agua, que gravan el consumo real o potencial de agua por la contaminación que puede producir o el vertido de aguas residuales; podrían clasificarse como tributos extrafiscales o medioambientales. - Impuestos sobre la emisión de gases a la atmósfera. - Impuestos sobre tierras en deficiente aprovechamiento (Andalucía y Asturias). - Impuestos sobre las bolsas de plástico (solo Andalucía). Andalucía tiene vigentes en 2025 cánones del agua, impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, impuesto sobre tierras en deficiente aprovechamiento e impuesto sobre las bolsas de plástico. Cuando el Estado grava un hecho imponible ya sometido a un tributo autonómico, la Comunidad debe dejar sin efecto el suyo (art. 6.2 LOFCA), con medidas de compensación o coordinación a su favor. Así ocurrió con los impuestos autonómicos sobre depósitos bancarios (Impuesto estatal sobre Depósitos en Entidades de Crédito, desde 2013) y sobre residuos (impuesto estatal cedido de la Ley 7/2022, desde 2023). En 2025 tienen recargos sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas Asturias, Cantabria, La Rioja y la Región de Murcia; ninguna Comunidad tiene recargos en los tributos sobre el juego. (Ministerio de Hacienda, Tributación Autonómica. Medidas 2025, cap. I, págs. 4 y 36-39 del PDF; Congreso, Sinopsis del art. 133 CE.)
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Resumen
Los entes locales tienen autonomía financiera (art. 142 CE) y pueden establecer y exigir tributos, pero no crearlos ex novo: carecen de potestad legislativa. La ley, estatal o autonómica, fija hecho imponible y sujeto pasivo, y la corporación decide su y los reglamenta. Sus tributos propios son tasas, contribuciones especiales e impuestos, más recargos. Son obligatorios tres impuestos (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica) y potestativos dos (Construcciones e Incremento de Valor de los Terrenos).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la sinopsis del artículo 133 de la Constitución del Congreso, los entes locales tienen su autonomía financiera reconocida en el artículo 142 CE y, en virtud del artículo 133.2, pueden establecer y exigir tributos; pero no pueden crearlos ex novo, porque carecen de potestad legislativa y solo tienen potestad reglamentaria. Por el principio de legalidad tributaria, solo la ley, estatal o autonómica, puede establecer los tributos y determinar sus elementos esenciales (hecho imponible y sujeto pasivo); después la corporación local decide su entrada en vigor y los reglamenta dentro del marco de la ley. Por eso, para Ferreiro Lapatza el término «establecer» tiene distinto sentido para el Estado y las Comunidades, que pueden crear tributos, y para los entes locales, que necesitan la habilitación de una ley que cree el tributo y configure sus rasgos básicos. El sistema de financiación local está regulado en el Título VIII de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004), ya cargado en OPOSUITE. Este fija para los tributos locales límites casi coincidentes con los de las Comunidades Autónomas: territorialidad y neutralidad o no obstáculo a la circulación de personas, bienes, servicios o capitales, sin impedir la ordenación urbanística (art. 6). Los tributos locales propios son tasas, contribuciones especiales e impuestos, a los que se suman los recargos sobre impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales (art. 2.1.b TRLHL). El artículo 59 TRLHL distingue los impuestos que los ayuntamientos exigen obligatoriamente (sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica) y los que pueden establecer y exigir (sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Según la Universidad Politécnica de Cartagena, las contribuciones especiales las utiliza principalmente la Administración local. (Congreso, Sinopsis del art. 133 CE; RDLeg 2/2004, arts. 2 y 59; OCW U. Politécnica de Cartagena, «Los tributos…», pág. 3.)
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