Real Decreto 424/2017, régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

Artículo 7. De las distintas fases de la función interventora

En pocas palabras

La función interventora tiene cuatro fases: fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos económicos, autoricen, dispongan o comprometan gastos o acuerden movimientos de fondos y valores; intervención del reconocimiento de obligaciones y de la comprobación material de la inversión; intervención formal de la ordenación del pago; e intervención material del pago. Se ejerce en dos modalidades: formal, que verifica los requisitos legales examinando los documentos preceptivos del expediente, y material, que comprueba la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Explicación sencilla

Ordena la función interventora siguiendo el ciclo del gasto, desde la fiscalización previa hasta el pago material, y distingue sus dos modalidades: la formal mira los documentos del expediente; la material, la aplicación efectiva de los fondos.

Regla mnemotécnica

Cuatro fases: Fiscalizar → Reconocer la obligación → Ordenar el pago (formal) → Pagar (material). Formal = papeles; material = fondos.

Trampa típica de examen

Confundir la intervención formal y la material: la formal verifica los requisitos legales con los documentos del expediente; la material comprueba la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Texto del artículo 7 del Real Decreto 424/2017 (RCIL)

1. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases: a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores. b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión. c) La intervención formal de la ordenación del pago. d) La intervención material del pago. 2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

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