Tema 29 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social

Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social

El sistema de la Seguridad Social está configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, y se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la ley.

Artículo 3. Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social

Artículo 4. Delimitación de funciones

El apartado 1 atribuye al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social. El apartado 2 dispone que los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la Seguridad Social en los términos previstos en la presente ley, sin perjuicio de otras formas de participación de los interesados establecidas por las leyes, de acuerdo con el artículo 129.1 de la Constitución. El apartado 3 establece que en ningún caso la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil.

Artículo 5. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros departamentos ministeriales

Las funciones no jurisdiccionales del Estado en Seguridad Social que no sean propias del Gobierno las ejerce el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otros departamentos ministeriales. Le corresponden: proponer al Gobierno los reglamentos generales; la restante potestad reglamentaria; las funciones económico-financieras, salvo las encomendadas en la Ley 47/2003, y la dirección y tutela de las entidades; la inspección a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y los supuestos y condiciones de notificación electrónica obligatoria.

Artículo 6. Coordinación de funciones afines

Corresponde al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para coordinar la acción de los organismos, servicios y entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con la de los que cumplen funciones afines. Las funciones afines que cita el artículo son de previsión social, sanidad, educación y asistencia social.

Artículo 7. Extensión del campo de aplicación

Contributivas: españoles que residan en España y extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, si ejercen su actividad en territorio nacional y son trabajadores por cuenta ajena, autónomos mayores de dieciocho años, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes o funcionarios públicos, civiles y militares. No contributivas: todos los españoles residentes en territorio español y los extranjeros que residan legalmente en él. El Gobierno podrá, a instancia de los interesados, excluir a personas cuyo trabajo por cuenta ajena pueda considerarse marginal.

Artículo 8. Prohibición de inclusión múltiple obligatoria

Apartado 1: las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social no podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema. Apartado 2: los sistemas de previsión obligatoria distintos de los regulados en la ley, que pudieran tener constituidos determinados grupos profesionales, se integrarán en el Régimen General o en los regímenes especiales, según proceda, siempre que resulte obligatoria la inclusión de esos grupos en el campo de aplicación de dichos regímenes.

Artículo 9. Estructura del sistema de la Seguridad Social

El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General, que se regula en el título II de la ley, y por los regímenes especiales a que se refiere el artículo 10. Los regímenes especiales se regularán conforme al artículo 10, apartados 3 y 4. Reglamentariamente se establecerán el tiempo, alcance y condiciones para conservar los derechos en curso de adquisición de quienes pasen de unos regímenes a otros, mediante la totalización de los períodos de permanencia en cada uno, siempre que no se superpongan.

Artículo 10. Regímenes especiales

Se establecerán regímenes especiales en actividades donde, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso. Encuadran a autónomos; trabajadores del mar; funcionarios públicos, civiles y militares; estudiantes; y los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los del mar y funcionarios se rigen por leyes específicas. El Gobierno, a propuesta del Ministerio, podrá disponer la integración de los demás en el Régimen General, si es posible por sus características y la homogeneidad alcanzada.

Artículo 11. Sistemas especiales

Además de los sistemas especiales regulados en la propia ley, en aquellos regímenes de la Seguridad Social en que así resulte necesario podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de estas materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos.

Artículo 12. Familiares

A efectos del artículo 7.1, salvo prueba en contrario, no son trabajadores por cuenta ajena el cónyuge y los parientes del empresario por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. Los autónomos podrán contratar como trabajadores por cuenta ajena a sus hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos, sin cobertura por desempleo; igual tratamiento para los hijos mayores de 30 años con especiales dificultades de inserción laboral (grupos a, b y c).

Artículo 13. Trabajadores con discapacidad

Los trabajadores con discapacidad empleados en los centros especiales de empleo quedarán incluidos como trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a su actividad. Por el Gobierno se aprobarán normas específicas relativas a sus condiciones de trabajo y de Seguridad Social, en atención a las peculiares características de su actividad laboral.

Artículo 14. Socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas

Cooperativas de trabajo asociado: la cooperativa puede optar por que sus socios trabajadores figuren a) como asimilados a trabajadores por cuenta ajena (Régimen General o algún régimen especial, según proceda, de acuerdo con su actividad) o b) como autónomos en el régimen especial correspondiente. Opción en los estatutos, modificable solo en los supuestos y condiciones que el Gobierno establezca. Socios trabajadores de cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y socios de trabajo del art. 13.4 de la Ley 27/1999: asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

Artículo 15. Obligatoriedad y alcance de la afiliación

La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para las personas a que se refiere el artículo 7.1, y es única para toda su vida y para todo el sistema. Esto se entiende sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que integran el sistema, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación.

Artículo 16. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos

La afiliación podrá practicarse a petición de los obligados, a instancia de los interesados o de oficio. Si los obligados incumplen, el interesado podrá instar su afiliación, alta, baja o variación de datos. La Administración podrá actuar de oficio ante el incumplimiento y revisar de oficio, en cualquier momento, sus actos no conformes con las leyes; procede rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho y aritméticos. En contratas y subcontratas del apartado 6, el empresario debe comprobar la afiliación y alta antes del inicio, salvo lo previsto en el apartado 7.

Artículo 17. Obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la información

Los organismos competentes de la Administración de la Seguridad Social mantendrán al día los datos de las personas afiliadas y de los obligados por esta sección. Empresarios y trabajadores tienen derecho a ser informados de los datos a ellos referentes, igual que quienes acrediten un interés personal y directo. La Administración informará a cada trabajador sobre su futura jubilación ordinaria (artículo 205.1), a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen, a efectos meramente informativos, sin originar derechos ni expectativas de derechos.

Artículo 18. Obligatoriedad

La cotización es obligatoria en todos los regímenes del sistema. La de desempleo, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional y demás conceptos de recaudación conjunta, en los regímenes, supuestos y alcance que fijen esta ley, su desarrollo y sus normas reguladoras. La obligación nace al iniciarse la actividad. Responden los obligados directos y, además, los responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa, por el procedimiento recaudatorio. Si la obligación corresponde al empresario, podrá dirigirse contra quien efectivamente reciba los servicios.

Artículo 19. Bases y tipos de cotización

Bases y tipos de cotización (Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta): los establece cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tope máximo: el fijado cada año por esa ley, actualizado anualmente en ella en el porcentaje de revalorización de las pensiones contributivas (art. 58.2). Tope mínimo: SMI vigente incrementado en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. AT y EP se cotizan por la tarifa de primas, que tienen la condición de cuotas; su base es la de desempleo, FOGASA y formación profesional.

Artículo 19 bis. Cotización adicional de solidaridad

El importe de las retribuciones del artículo 147 que supere la base máxima de cotización establecida para las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que resulte de aplicación dicho artículo queda sujeto, en toda liquidación de cuotas, a una cotización adicional de solidaridad por tramos: 5,5 % entre la base máxima y la cantidad que la supera en un 10 %; 6 % entre el 10 % superior a la base máxima y el 50 %; 7 % a la parte que supere el anterior porcentaje. Se distribuye entre empresario y trabajador en la misma proporción que el tipo por contingencias comunes.

Artículo 20. Adquisición, mantenimiento, pérdida y reintegro de beneficios en la cotización

Solo obtienen beneficios en la cotización las empresas y sujetos responsables al corriente con la Seguridad Social en la fecha de su concesión. Adquirirlos y mantenerlos exige, en todo caso, suministrar los datos por medios electrónicos (la TGSS podrá autorizar otro soporte, excepcionalmente y con carácter transitorio). El impago en plazo de cuotas posteriores causa únicamente su pérdida automática en los períodos no ingresados, salvo error de la Administración. El reintegro de beneficios no deducidos se pide en tres meses desde la presentación de la liquidación.

Artículo 21. Competencia

La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema, lleva a efecto la gestión liquidatoria y recaudatoria bajo la dirección y tutela del Estado. La función liquidatoria se ejerce sin perjuicio de las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, respecto a determinados recursos distintos a cuotas, de otros organismos u órganos administrativos. Podrá concertar servicios de recaudación con administraciones públicas o entidades particulares habilitadas: habilitación temporal en todo caso; conciertos autorizados por el Consejo de Ministros.

Artículo 22. Liquidación e ingreso de las cuotas y demás recursos

Las cuotas se liquidan por alguno de tres sistemas: autoliquidación por el sujeto responsable; liquidación directa por la TGSS, por cada trabajador, a solicitud del sujeto responsable (no de trabajadores que no figuren en alta en el período, aunque se den sus datos); y liquidación simplificada (autónomos, Trabajadores del Mar, Hogar y Agrarios en inactividad, Seguro Escolar, convenios especiales y cualquier otra cuota que pueda liquidarse así). El ingreso se hace en la TGSS, en entidades concertadas o en las autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con iguales efectos.

Artículo 23. Aplazamiento de pago

La TGSS, a solicitud del deudor y en los términos reglamentarios, podrá conceder aplazamiento, que suspende el procedimiento recaudatorio. No comprende la aportación de los trabajadores ni AT y EP; su eficacia queda supeditada al ingreso de las que pudieran adeudarse en el plazo máximo de un mes desde la notificación. Exige garantías suficientes, salvo excepciones. Devenga interés de demora, +2 puntos si se eximió de garantías por causas extraordinarias. Si se incumple, se sigue el apremio y la deuda no apremiada lleva recargo del 20 % o del 35 %.

Artículo 24. Prescripción

Prescriben a los cuatro años: el derecho de la Administración a liquidar deudas por cuotas y conceptos de recaudación conjunta, la acción para exigir su pago y la de imponer sanciones por incumplir normas de Seguridad Social. En recursos distintos a cuotas, rigen las normas aplicables según su naturaleza jurídica. Interrumpen la prescripción las causas ordinarias, toda actuación administrativa conducente a liquidar o recaudar la deuda con conocimiento formal del responsable (especialmente, reclamación de deuda o acta de liquidación) y el inicio de actuaciones del art. 20.6 de la Ley 23/2015.

Artículo 25. Prelación de créditos

Los créditos por cuotas y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, sus recargos o intereses gozan, en su totalidad, del mismo orden de preferencia que los créditos del artículo 1924.1.º del Código Civil; los demás créditos de la Seguridad Social, del orden del apartado 2.º E) de ese precepto. En concurso, todos quedan sometidos a la legislación concursal. Sin perjuicio del orden de prelación legal, si el apremio administrativo concurre con otras ejecuciones singulares, administrativas o judiciales, es preferente aquella en la que primero se hubiera efectuado el embargo.

Artículo 26. Devolución de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las garantías y pago de cantidades declaradas por sentencia

Los obligados a cotizar o al pago de otras deudas con la Seguridad Social tienen derecho, en los términos y supuestos que reglamentariamente se establezcan, a la devolución total o parcial de lo ingresado por error: el ingreso indebido reconocido, los recargos, intereses, en su caso, y costas si fue por vía de apremio, y el interés de demora del artículo 31.3 hasta la propuesta de pago. No se devuelve lo ingresado maliciosamente. El derecho prescribe a los cuatro años desde el día siguiente al del ingreso. Se reembolsa el coste de las garantías de la deuda declarada improcedente con firmeza.

Artículo 27. Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social

No cabe transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a arbitraje las contiendas sobre ellos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado. En los procesos concursales la TGSS tiene derecho de abstención, pero puede suscribir los acuerdos o convenios de la legislación concursal y acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, condiciones singulares de pago no más favorables para el deudor que las del convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial.

Artículo 28. Efectos de la falta de pago en plazo reglamentario

La falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos establecidos en esta ley. El recargo y los intereses de demora, cuando sean exigibles, se ingresarán conjuntamente con las deudas sobre las que recaigan. Cuando el ingreso fuera del plazo reglamentario sea imputable a error de la Administración, sin que esta actúe en calidad de empresario, no se aplicará recargo ni se devengarán intereses.

Artículo 29. Cumplimiento de obligaciones en materia de liquidación de cuotas y compensación

En la autoliquidación (letra a) del artículo 22.1), los sujetos responsables deben transmitir por medios electrónicos a la TGSS las liquidaciones de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, salvo cuando proceda presentar documentos de cotización, hasta el último día natural del plazo reglamentario de ingreso. En la liquidación directa (letra b) del artículo 22.1) deben solicitar el cálculo y transmitir los datos hasta el penúltimo día natural. En la liquidación simplificada (letra c) del artículo 22.1) no se exigen estas obligaciones si el alta se solicitó en plazo.

Artículo 30. Recargos por ingreso fuera de plazo

Pasado el plazo reglamentario de pago de las cuotas sin ingreso, y sin perjuicio de las especialidades de los aplazamientos, se devengan recargos. a) Si el responsable cumplió en plazo las obligaciones del art. 29.1 y 29.2: 10 % si abona dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento; 20 % a partir del segundo mes natural siguiente. b) Si no las cumplió: 20 % antes de terminar el plazo de ingreso de la reclamación de deuda o acta de liquidación; 35 % a partir de su terminación. Deudas de derecho público por recursos distintos a cuotas no abonadas en plazo: 20 %.

Artículo 31. Interés de demora

Los intereses de demora son exigibles, en todo caso, si la deuda no se abona transcurridos quince días desde la notificación de la providencia de apremio o desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción; también en el supuesto de resoluciones desestimatorias de recursos cuya ejecución se suspenda en vía contencioso-administrativa. Se devengan sobre el principal desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso y sobre el recargo aplicable. Tipo: interés legal del dinero más un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.

Artículo 32. Imputación de pagos

Sin perjuicio de las especialidades previstas en la ley para los aplazamientos y en el ordenamiento jurídico para el deudor incurso en procedimiento concursal, el cobro parcial de la deuda apremiada se imputará, en primer lugar, al pago de la deuda que hubiera sido objeto del embargo o garantía cuya ejecución haya producido ese cobro y, luego, al resto de la deuda. En ambos casos, el cobro se aplicará primero a las costas y luego a los títulos más antiguos, distribuyéndose proporcionalmente el importe entre principal, recargo e intereses.

Artículo 33. Reclamaciones de deudas

Pasado el plazo reglamentario sin ingreso, la TGSS reclama las cuotas al sujeto responsable con el recargo que proceda en los supuestos del apartado 1. También reclama a responsables solidarios (principal, recargos, intereses y costas hasta la emisión), subsidiarios (principal exigible al deudor inicial, excluidos recargos, intereses y costas, salvo que su responsabilidad se halle limitada por ley) y al responsable por muerte del deudor originario. Pago: notificadas del 1 al 15, hasta el día 5 del mes siguiente; del 16 al último, hasta el día 20 (o el inmediato hábil posterior).

Artículo 34. Actas de liquidación de cuotas

Proceden actas de liquidación por deudas de cuotas originadas por falta de afiliación o alta, diferencias de cotización, derivación de responsabilidad o aplicación indebida de bonificaciones de formación profesional para el empleo. Extendidas y notificadas por la ITSS, son liquidaciones provisionales; las eleva a definitivas la Dirección General o la respectiva Dirección Provincial de la TGSS, a propuesta preceptiva y no vinculante de la ITSS, tras audiencia al interesado. Pago: hasta el último día del mes siguiente al de su notificación.

Artículo 35. Determinación de las deudas por cuotas

Reclamaciones de deudas y providencias de apremio por cuotas: a) si el sujeto responsable cumple dentro de plazo las obligaciones del artículo 29.1 y 2, se emiten según las bases de cotización de la liquidación efectuada; b) si las incumple, con la media entre la base mínima y máxima del último grupo de cotización conocido, salvo bases únicas. Actas de liquidación: remuneración total a que tenga derecho el trabajador o la efectivamente percibida si es superior; si la Inspección no puede conocer las remuneraciones, esa misma media, salvo bases únicas.

Artículo 36. Facultades de comprobación

La Tesorería General podrá comprobar las liquidaciones de cuotas calculadas con los sistemas del artículo 22.1 y requerir los datos o documentos precisos. Diferencias: en los sistemas del artículo 22.1.a) y b), por reclamación de deuda o acta de liquidación de la Inspección de Trabajo; en el del 22.1.c), por la Tesorería con liquidación de cuotas complementaria, sin recargos, cobrada por domiciliación en cuenta cuando sea obligatoria o se aplique voluntariamente; si hay impago, se continúa con el procedimiento de recaudación. Sin perjuicio de las facultades de la Inspección.

Artículo 37. Medidas cautelares

La TGSS podrá adoptar medidas cautelares provisionales si hay indicios racionales de que el cobro se verá frustrado o gravemente dificultado; han de ser proporcionadas y en ningún caso se adoptarán las que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Pueden ser retención de pagos, embargo preventivo o cualquier otra legalmente prevista. Se levantan, aunque no se haya pagado, si desaparecen sus causas o se sustituyen por otra garantía suficiente; si no pasan a definitivas en el apremio, se levantan de oficio sin prorrogarse más de seis meses.

Artículo 38. Providencia de apremio, otros actos del procedimiento ejecutivo y procedimiento de deducción

Pasado el plazo reglamentario y firme en vía administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación, cuando procedan, sin pago, se inicia el apremio con la providencia de apremio, título ejecutivo suficiente con la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales. Sin ingreso en los quince días siguientes a su recepción o publicación, se exigen intereses de demora y se embarga. La alzada contra la providencia solo se admite por los motivos que enumera y suspende sin garantía; contra otros actos ejecutivos no se suspende sin pago, aval suficiente o consignación.

Artículo 39. Tercerías

Resuelve las tercerías del procedimiento de apremio la Tesorería General de la Seguridad Social. Solo pueden fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al perseguido. La de dominio suspende el apremio; en la de mejor derecho el procedimiento prosigue y el producto se deposita. No se admite la de dominio tras la escritura pública, la venta consumada o la adjudicación en pago a la Seguridad Social, ni la de mejor derecho tras recibir el recaudador el precio.

Artículo 40. Deber de información por parte de las personas y entidades sin personalidad, entidades financieras, funcionarios públicos, profesionales oficiales y autoridades

Personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad deben proporcionar a la TGSS y al Instituto Social de la Marina, cuando lo requieran, datos con incidencia en las competencias de la Administración de la Seguridad Social. El incumplimiento no puede ampararse en el secreto bancario; los requerimientos sobre movimientos de cuentas exigen autorización previa del titular de la Dirección General de la TGSS o, en su caso y en las condiciones reglamentarias, del titular de la Dirección Provincial competente. La cesión de datos personales no requiere el consentimiento del afectado.

Artículo 41. Levantamiento de bienes embargables

Las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento previo del embargo practicado por la Seguridad Social conforme al procedimiento administrativo de apremio reglamentariamente establecido, colaboren o consientan en el incumplimiento de las órdenes de embargo o en el levantamiento de los bienes serán responsables solidarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.

Artículo 42. Acción protectora del sistema de la Seguridad Social

La acción protectora comprenderá: la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo; la recuperación profesional; las prestaciones económicas de la letra c); las prestaciones familiares, contributivas y no contributivas, y las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse. Como complemento podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. Toda prestación pública cuya finalidad sea complementar, ampliar o modificar las contributivas forma parte del sistema y está sujeta a los principios del artículo 2.

Artículo 43. Mejoras voluntarias

La modalidad contributiva de la acción protectora que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas comprendidas en el artículo 7.1 podrá ser mejorada voluntariamente en la forma y condiciones que se establezcan en las normas reguladoras del Régimen General y de los regímenes especiales. Sin otra excepción que el establecimiento de mejoras voluntarias, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 43, la Seguridad Social no podrá ser objeto de contratación colectiva.

Artículo 44. Caracteres de las prestaciones

Las prestaciones de la Seguridad Social y los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social no pueden ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo por obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos u obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social. El embargo se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las percepciones tributan según las normas de cada impuesto. No se exige tasa fiscal ni derecho alguno por las informaciones o certificaciones sobre esas prestaciones y beneficios.

Artículo 45. Responsabilidad en orden a las prestaciones

Apartado 1: las entidades gestoras de la Seguridad Social serán responsables de las prestaciones cuya gestión les esté atribuida, siempre que se hayan cumplido los requisitos generales y particulares exigidos para causar derecho a ellas en las normas de esta ley y en las específicas aplicables a los distintos regímenes especiales. Apartado 2: para imputar responsabilidades por prestaciones contributivas a entidades o personas distintas, se estará a lo dispuesto en la ley, en sus disposiciones de desarrollo y aplicación o en las normas reguladoras de los regímenes especiales.

Artículo 46. Pago de las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes y de las pensiones no contributivas

Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en junio y noviembre. Asimismo, el pago de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación se fraccionará en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en junio y noviembre.

Artículo 47. Requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones

Si el trabajador es responsable del ingreso de cotizaciones, para reconocer prestaciones económicas el causante ha de estar al corriente en el pago, aunque se reconozcan por cómputo recíproco en un régimen por cuenta ajena; se aplica la invitación al pago del artículo 28.2 del Decreto 2530/1970. Si incumple el aplazamiento que le permitió estarlo, se suspende de inmediato la prestación, rehabilitable solamente tras saldar toda la deuda. Para pensiones, se presumen ingresadas las cotizaciones del mes del hecho causante y de los dos previos que aún no consten, si se acredita el periodo mínimo.

Artículo 48. Transformación de los plazos en días

Para el acceso a las pensiones de la Seguridad Social, así como para la determinación de su cuantía, los plazos señalados en la presente ley en años, semestres, trimestres o meses serán objeto de adecuación a días. La adecuación a días se hace mediante las correspondientes equivalencias.

Artículo 49. Efecto de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes en orden a las pensiones de la Seguridad Social

Si se acreditan cotizaciones a varios regímenes y no se causa derecho a pensión en uno de ellos, las bases acreditadas en este en régimen de pluriactividad podrán acumularse a las del régimen en que se cause la pensión. La acumulación sirve exclusivamente para determinar la base reguladora de esa pensión, y la suma de bases no puede exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento.

Artículo 50. Cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento o mantenimiento del derecho a prestaciones

Cuando se exija, legal o reglamentariamente, no superar un determinado límite de ingresos para el acceso o el mantenimiento del derecho a prestaciones de la acción protectora de esta ley, distintas de las pensiones no contributivas y de las prestaciones por desempleo, se considerarán ingresos los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas y las ganancias patrimoniales, en los mismos términos en que son computados en el artículo 59.1 para el reconocimiento de los complementos por mínimos de pensiones.

Artículo 50 bis. Resolución provisional de pensiones reconocidas al amparo de normas internacionales

Si al tramitar una pensión al amparo de una norma internacional, el solicitante reúne todos los requisitos computando únicamente las cotizaciones efectuadas en España, se reconoce el derecho sin esperar a los periodos certificados por los demás estados. Es un reconocimiento provisional y puede verse afectado por los periodos o resoluciones de esos estados recibidos luego. Recibida la certificación, la resolución definitiva confirma la provisional o la modifica si varía la cuantía al totalizar. Igual a prorrata temporis con periodos que el otro Estado certifique expresamente como provisionales.

Artículo 51. Residencia a efectos de prestaciones y de complementos por mínimos

Los beneficiarios de prestaciones económicas o complementos por mínimos condicionados a la residencia efectiva en España podrán ser citados a comparecer en la entidad gestora competente con la periodicidad que esta determine. Si se exige residencia en territorio español, esta se mantiene pese a estancias en el extranjero de hasta noventa días naturales por año natural, o por causas de enfermedad debidamente justificadas; el desempleo se rige por su normativa específica. Prestaciones sanitarias que exijan residencia: hasta noventa días naturales por año natural.

Artículo 52. Adopción de medidas cautelares

Si beneficiarios o causantes no presentan en plazo, cuando se les requiera, declaraciones, documentos o datos que no obren en la entidad gestora y puedan afectar a la conservación del derecho o al complemento por mínimos, las entidades gestoras podrán suspender cautelarmente el abono. También podrá suspenderse si no comparecen, citados según el artículo 51.1, beneficiarios cuyo disfrute se condicione a la residencia efectiva en España. Si se presenta o comparece fuera de plazo y concurren los requisitos, hay rehabilitación con retroactividad máxima de noventa días naturales.

Artículo 53. Prescripción

El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe a los cinco años desde el día siguiente al hecho causante, salvo las excepciones de la ley; los efectos del reconocimiento se producen a partir de los tres meses anteriores a la solicitud. En la revisión, la cuantía nueva tiene una retroactividad máxima de tres meses desde la solicitud, salvo rectificación de errores o reintegro de indebidos. La prescripción se interrumpe (artículo 1973 del Código Civil, reclamación, expediente de la Inspección) y queda en suspenso durante la acción judicial contra un presunto culpable.

Artículo 54. Caducidad

El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento. Cuando se trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento.

Artículo 55. Reintegro de prestaciones indebidas

Quienes hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social deben reintegrar su importe. Quienes por acción u omisión contribuyeron a hacerlo posible responden subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada. La obligación prescribe a los cuatro años desde la fecha del cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir la devolución, con independencia de la causa, incluidos los supuestos de revisión por error imputable a la entidad gestora. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda.

Artículo 56. Consideración como pensiones públicas

Las pensiones abonadas por el Régimen General y los regímenes especiales, así como las no contributivas de la Seguridad Social, tendrán la consideración de pensiones públicas a efectos de lo previsto en la sección en que se ubica el artículo, a tenor de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

Artículo 57. Limitación de la cuantía inicial de las pensiones

El importe inicial de las pensiones contributivas no puede superar la cuantía íntegra mensual que fije anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si queda limitado a esa cuantía máxima en el ejercicio en que se causa, se revaloriza el año siguiente con el porcentaje del artículo 58.2, y las sucesivas revalorizaciones anuales, sobre el importe revalorizado del año anterior. Concurrentes: la suma no puede superar la cuantía máxima vigente en la fecha del hecho causante de la nueva pensión. Si se extingue una: la vigente en el ejercicio en que se reconoció la última pensión en vigor.

Artículo 58. Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones

Las pensiones contributivas mantendrán su poder adquisitivo en los términos de esta ley. Todas, incluido el complemento de brecha de género, se revalorizan al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior. En ese porcentaje, la Ley de Presupuestos Generales del Estado actualiza anualmente las cuantías máxima (art. 57) y mínima (art. 59). Si el valor medio es negativo, el importe no variará al comienzo del año. El apartado 5 regula las pensiones de normas internacionales.

Artículo 59. Complementos para pensiones inferiores a la mínima

Los beneficiarios de pensiones contributivas sin rendimientos del trabajo, capital, actividades económicas, atribución de rentas y ganancias patrimoniales (concepto del IRPF), o que no excedan la cuantía anual fijada por la Ley de Presupuestos, tienen derecho a complementos hasta la cuantía mínima, siempre que residan en territorio español en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. El importe de los complementos en ningún caso podrá superar la cuantía fijada en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

Artículo 60. Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género

Las mujeres con uno o más hijos o hijas que sean beneficiarias de pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad tienen derecho a un complemento por cada hijo o hija. Los hombres deben cumplir alguno de estos requisitos: pensión de viudedad con algún hijo con derecho a orfandad, o carrera interrumpida o afectada por nacimiento o adopción (más de 120 días sin cotizar, hijos hasta 1994; bases de 24 meses inferiores en más de un 15 %, desde 1995). Es pensión pública contributiva, con tope de cuatro veces el importe mensual por hijo, y se paga en catorce pagas.

Artículo 61. Pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo

Las pensiones extraordinarias que reconozca la Seguridad Social, originadas por actos de terrorismo, no están sujetas a los límites de reconocimiento inicial y de revalorización de pensiones previstos en la LGSS. Su importe mínimo mensual, para las que se reconozcan y abonen por la Seguridad Social, equivale al triple del IPREM vigente en cada momento. Las diferencias entre lo que hubiera correspondido y lo abonado se financian con cargo a los Presupuestos del Estado. A estos efectos, las pensiones por muerte y supervivencia causadas por un mismo hecho se computan conjuntamente.

Artículo 62. Revalorización

Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social serán actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Serán actualizadas, al menos, en el mismo porcentaje que dicha ley establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

Artículo 63. Objeto

Como complemento de las prestaciones correspondientes a las situaciones específicamente protegidas por la Seguridad Social, esta extenderá su acción a las prestaciones de servicios sociales, establecidas legal o reglamentariamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1.e). Lo hará con sujeción a lo dispuesto por el departamento ministerial que corresponda y en conexión con sus respectivos órganos y servicios.

Artículo 64. Concepto

La Seguridad Social, con cargo a los fondos que se determinen, podrá dispensar a las personas de su campo de aplicación y a los familiares o asimilados dependientes los servicios y auxilios económicos precisos ante situaciones de necesidad, previa demostración, salvo en casos de urgencia, de carecer de los recursos indispensables. En separación judicial o divorcio, igual derecho del cónyuge o ex cónyuge y los descendientes beneficiarios por matrimonio o filiación. Las entidades gestoras la conceden con el límite de los Presupuestos correspondientes, sin comprometer el ejercicio siguiente.

Artículo 65. Contenido de las ayudas asistenciales

Las ayudas asistenciales comprenderán, entre otras: las que se dispensen por tratamientos o intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo o en determinada institución; las que se dispensen por pérdida de ingresos como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis; y cualesquiera otras análogas cuya percepción no esté regulada en esta ley ni en las normas específicas aplicables a los regímenes especiales.

Artículo 66. Enumeración

La gestión y administración de la Seguridad Social se efectúa, bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, por estas entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (prestaciones económicas, salvo las del apartado c)); el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (servicios sanitarios); y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación y servicios complementarios de las prestaciones). Las entidades coordinarán su actuación en la utilización de instalaciones sanitarias.

Artículo 67. Estructura y competencias

El Gobierno, a propuesta del departamento ministerial de tutela, reglamentará la estructura y competencias de las entidades a que se refiere el artículo anterior. Las entidades gestoras desarrollarán su actividad en régimen descentralizado, en los diferentes ámbitos territoriales. Los centros asistenciales de las entidades gestoras podrán ser gestionados y administrados por las entidades locales.

Artículo 68. Naturaleza jurídica

Las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados. El régimen jurídico de dichas entidades será el establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Artículo 69. Participación en la gestión

Se faculta al Gobierno para regular la participación en el control y vigilancia de la gestión de las entidades gestoras, que se efectuará desde el nivel estatal al local, por órganos en los que figurarán, fundamentalmente, por partes iguales, representantes de las organizaciones sindicales, de las organizaciones empresariales y de la Administración Pública.

Artículo 70. Relaciones y servicios internacionales

Las entidades gestoras, con la previa conformidad del departamento ministerial de tutela, podrán: pertenecer a asociaciones y organismos internacionales; concertar operaciones; establecer reciprocidad de servicios con instituciones extranjeras de análogo carácter; y participar, en la medida y con el alcance que se les atribuya, en la ejecución de los convenios internacionales de Seguridad Social.

Artículo 71. Suministro de información a la Administración de la Seguridad Social

Enumera los supuestos de suministro de información a la Administración de la Seguridad Social por organismos y entidades como los órganos tributarios, el Ministerio de Justicia, los empresarios, el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio del Interior, las mutuas colaboradoras o las comunidades autónomas. Los datos remitidos por transmisión telemática surten plenos efectos, con la misma validez que la certificación en soporte papel; los suministros no precisan consentimiento previo del interesado. Regula también la remisión y el acceso a informes, historia clínica y datos médicos.

Artículo 72. Registro de Prestaciones Sociales Públicas

Corresponde al INSS la gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, que integra las prestaciones sociales públicas de carácter económico destinadas a personas o familias enumeradas en las letras a) a ñ) del apartado 2: entre ellas, pensiones no contributivas, subsidios de desempleo de mayores de cincuenta y cinco años, asignaciones por hijo a cargo con dieciocho o más años y discapacidad igual o superior al 65 por ciento, e ingreso mínimo vital. Los gestores deben facilitar datos al INSS y podrán consultar el Registro en los términos reglamentarios.

Artículo 73. Creación

Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el establecimiento de servicios comunes. También corresponde al Gobierno, con esa misma propuesta, la reglamentación de la estructura y competencias de esos servicios comunes.

Artículo 74. Tesorería General de la Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social es un servicio común con personalidad jurídica propia en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Tendrá a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema. Le será de aplicación lo previsto para las entidades gestoras en el artículo 70.

Artículo 74 bis. Gerencia de Informática de la Seguridad Social

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social es un servicio común para la gestión y administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema de Seguridad Social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Es dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, está adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y tiene rango de Subdirección General. Su régimen jurídico es el de la disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015 para las entidades gestoras y servicios comunes.

Artículo 75. Reserva de nombre

Ninguna entidad pública o privada podrá usar en España el título o los nombres de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de añadirles algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, de las principales que los constituyen. Tampoco podrán incluir en su denominación la expresión «Seguridad Social», salvo expresa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Artículo 76. Exenciones tributarias y otros beneficios

Entidades gestoras y servicios comunes: en la misma medida que el Estado y con las limitaciones y excepciones de la legislación fiscal vigente, exención tributaria absoluta (incluidos derechos y honorarios notariales y registrales) por actos o bienes afectados a sus fines, si el tributo recae directamente sobre ellos como contribuyentes y no cabe legalmente trasladar la carga a otras personas. También, como el Estado, franquicia postal y telegráfica. Todo ello alcanza a las entidades gestoras en cuanto afecte a la gestión de las mejoras voluntarias del artículo 43.

Artículo 77. Reserva de datos

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social tienen carácter reservado: solo pueden usarse para los fines de sus entidades gestoras, servicios comunes y órganos, y no pueden cederse a terceros salvo en los supuestos enumerados, entre ellos los delitos públicos, las Administraciones tributarias, las comisiones parlamentarias de investigación, el Tribunal de Cuentas o los jueces y tribunales. El acceso del personal para fines distintos de sus funciones es siempre falta disciplinaria grave; la infracción del deber de sigilo, siempre falta muy grave.

Artículo 78. Régimen de personal

Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social se regirán por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y las demás disposiciones que les sean de aplicación (apartado 1). Corresponde al Gobierno, a propuesta del ministro competente, el nombramiento y cese de los cargos directivos con categoría de director general o asimilada (apartado 2).

Artículo 79. Enumeración

La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas, de acuerdo con lo establecido en el capítulo en que se encuentra este artículo. La colaboración en la gestión se podrá realizar también por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro público.

Artículo 80. Definición y objeto

Las mutuas colaboradoras son asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en su registro especial, que colaboran en la gestión de la Seguridad Social bajo su dirección y tutela, sin ánimo de lucro y con responsabilidad mancomunada de sus asociados en los supuestos y con el alcance de esta ley. Constituidas, adquieren personalidad jurídica y actúan en todo el territorio del Estado. Integran el sector público estatal de carácter administrativo, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Artículo 81. Constitución de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Constituir una mutua colaboradora exige: a) un mínimo de cincuenta empresarios, con un mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a veinte millones de euros; b) limitar su actividad a las funciones del artículo 80; c) prestar fianza en la cuantía que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley; d) autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previa aprobación de los estatutos, e inscripción en su registro. Desde la publicación en el BOE de la orden de autorización, adquiere personalidad jurídica.

Artículo 82. Particularidades de las prestaciones y servicios gestionados

Las prestaciones y servicios gestionados por las mutuas forman parte de la acción protectora y se dispensan con el mismo alcance que los de las entidades gestoras, con particularidades. En contingencias profesionales, la mutua hace la determinación inicial del carácter profesional, sin perjuicio de su revisión por la entidad gestora competente. En la incapacidad temporal por contingencias comunes, la mutua declara, deniega, suspende, anula y extingue el derecho; los pagos son provisionales durante dos meses; puede proponer el alta a la Inspección Médica, que contesta en cinco días hábiles.

Artículo 83. Régimen de opción de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos

Al cumplir ante la Tesorería General sus obligaciones de inscripción de empresa, afiliación y alta, empresarios y trabajadores por cuenta propia harán constar la entidad gestora o la mutua elegida para las contingencias profesionales, la incapacidad temporal por contingencias comunes y el cese de actividad. Los empresarios formalizan un convenio de asociación y los autónomos un documento de adhesión, ambos de un año prorrogable por periodos de igual duración. Las mutuas deberán aceptar toda proposición de asociación y de adhesión, aunque falte el pago de las cotizaciones.

Artículo 84. Régimen económico-financiero

Las mutuas se financian con las cuotas de la Seguridad Social adscritas a ellas, los rendimientos de su inversión y de los bienes adscritos y cualquier ingreso obtenido por la colaboración. Sus créditos por prestaciones a no protegidos, a cargo de terceros o indebidamente satisfechas son recursos públicos: las mutuas los liquidan y reclaman, y la Tesorería General los recauda. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá autorizar el pago en forma distinta al metálico y, si debe una administración pública por asistencia sanitaria, mediante dación de bienes.

Artículo 85. Enumeración

Los órganos de gobierno de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente. El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento. La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 96.1.b).

Artículo 86. La Junta General

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la mutua: todos los empresarios asociados, una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos reglamentarios y un representante de los trabajadores dependientes de la mutua. Sin voto: empresarios asociados y representantes de los adheridos que no estén al corriente en el pago de cotizaciones. Se reúne con carácter ordinario una vez al año y extraordinario las veces que la convoque la Junta Directiva, cumplidos los requisitos reglamentarios. Impugnar acuerdos: caduca en un año desde su adopción.

Artículo 87. La Junta Directiva

La Junta Directiva gobierna directamente la mutua. La forman entre diez y veinte empresarios asociados (el treinta por ciento, empresas con mayor número de trabajadores según tramos reglamentarios) y un trabajador por cuenta propia adherido, designados por la Junta General, más el representante de los trabajadores del artículo anterior. El nombramiento requiere confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo el del representante de los trabajadores. Las indemnizaciones del Presidente no podrán superar en su conjunto las retribuciones del Director Gerente.

Artículo 88. El Director Gerente y el resto de personal de la mutua

El Director Gerente ejerce la dirección ejecutiva de la mutua, sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, den la Junta Directiva y el Presidente. Lo nombra la Junta Directiva (contrato de alta dirección) y la eficacia del nombramiento y del contrato queda supeditada a la confirmación ministerial. No pueden serlo, entre otros, quienes tengan una participación igual o superior al 10 por ciento del capital de una empresa asociada. La retribución total no puede exceder del doble de la básica, y ningún miembro del personal puede cobrar retribuciones totales superiores a las suyas.

Artículo 89. La Comisión de Control y Seguimiento

La Comisión de Control y Seguimiento, órgano de participación de los agentes sociales, conoce e informa de la gestión e informa el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales. Anualmente elabora recomendaciones para la Junta Directiva y el órgano de dirección y tutela. Máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. La preside el Presidente de la Junta Directiva; no podrán formar parte otros miembros de esta ni quien trabaje para la entidad.

Artículo 90. La Comisión de Prestaciones Especiales

La Comisión concede los beneficios de la Reserva de Asistencia Social a trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido accidente de trabajo o enfermedad profesional y estén en especial estado o situación de necesidad. Son potestativos e independientes de la acción protectora de la Seguridad Social. Miembros (número reglamentario): por partes iguales, representantes de trabajadores de empresas asociadas y de empresarios asociados, estos designados por la Junta Directiva; también se representa a los adheridos. Presidente: lo designa la Comisión entre sus miembros.

Artículo 91. Incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de los órganos de gobierno y de participación

No pueden formar parte de la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento ni la Comisión de Prestaciones Especiales de una mutua quienes estén en estos órganos en otra mutua o ejerzan funciones ejecutivas en otra entidad. Estos cargos y los ejecutivos no pueden comprar ni vender para sí activos de la entidad ni celebrar contratos de obras, servicios o suministros (salvo empresas de servicios financieros o suministros esenciales, con autorización previa del Ministerio). Los cargos son gratuitos. Hay responsabilidad directa por dolo o culpa grave, solidaria en la Junta Directiva.

Artículo 92. Patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas

Los ingresos del artículo 84.1, los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse y los derechos, acciones y recursos relacionados forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las mutuas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La adquisición y enajenación de inmuebles la acuerdan las mutuas, previa autorización del Ministerio; la formaliza la Tesorería General y se inscriben a nombre del Servicio Común. Acciones posesorias: mutuas; dominicales: Tesorería General.

Artículo 93. Patrimonio histórico

Forman el patrimonio histórico de las mutuas, cuya propiedad les corresponde como asociación de empresarios (sin perjuicio de la tutela del artículo 98.1): los bienes incorporados antes del 1 de enero de 1967; los incorporados entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, y los procedentes de recursos distintos de las cuotas de Seguridad Social. Está afectado estrictamente al fin social, y ni los bienes ni sus rendimientos pueden desviarse hacia actividades mercantiles.

Artículo 94. Contratación

Las mutuas ajustan su actividad contractual a las normas de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprueba los pliegos generales y las instrucciones para contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Pueden licitar empresarios asociados y trabajadores adheridos, que entonces no podrán formar parte de los órganos de contratación; ni los parientes del licitador hasta el cuarto grado.

Artículo 95. Resultado económico y reservas

El resultado económico patrimonial se determina cada año en tres ámbitos: contingencias profesionales (con riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave y actividades preventivas), incapacidad temporal por contingencias comunes y cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. Cada ámbito tiene su Reserva de Estabilización: la de Contingencias Profesionales, mínimo del 20 % de la media anual de cuotas del último trienio, elevable al 30 %; las de Comunes y Cese de Actividad, mínimo del 5 %, elevable al 20 %.

Artículo 96. Excedentes

El excedente tras dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales se aplica así: 5 % (del obtenido en el ámbito del artículo 95.1.a) al Fondo de Contingencias Profesionales, antes del 31 de julio; 5 % a la Reserva Complementaria, con un máximo del 25 % del nivel máximo de la Reserva de Estabilización; 10 % a la Reserva de Asistencia Social; y 80 % al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, antes del 31 de julio. El excedente de contingencias comunes va al Fondo de Reserva; el de cese de actividad, a la Tesorería General.

Artículo 97. Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social

Integran el Fondo el metálico de la cuenta especial, los valores mobiliarios y demás bienes en que se inviertan esos fondos y, en general, los recursos, rendimientos e incrementos con origen en el excedente de los recursos de la Seguridad Social generado por las mutuas. Está sujeto a la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Tesorería General podrá materializar sus fondos en activos financieros emitidos por personas jurídicas públicas y disponer de ellos con carácter transitorio, en las condiciones que el Ministerio determine o establezca.

Artículo 98. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Dirección y tutela de las mutuas: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del órgano al que se atribuyan las funciones. Auditoría de cuentas anual (art. 168.a Ley 47/2003) por la Intervención General de la Seguridad Social, que también realiza anualmente una auditoría de cumplimiento (art. 169). Anteproyectos de presupuestos anuales remitidos al Ministerio; régimen contable del título V de la Ley 47/2003 y cuentas rendidas al Tribunal de Cuentas. Inspección: Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio edita anualmente un informe de actividades.

Artículo 99. Derecho de información, quejas y reclamaciones

Los empresarios asociados, sus trabajadores y los trabajadores por cuenta propia adheridos tienen derecho a que las mutuas les informen de sus datos que obren en ellas y podrán dirigir quejas y peticiones al órgano de dirección y tutela. Las mutuas mantienen en todos sus centros administrativos o asistenciales un Libro de Reclamaciones, sin perjuicio de otros medios. La mutua contesta directamente y comunica queja y respuesta a dicho órgano. Las reclamaciones sobre prestaciones y servicios de la colaboración, incluidas las indemnizatorias, van al orden jurisdiccional social.

Artículo 100. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social puede adoptar medidas cautelares en dos situaciones: a) Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales bajo el 80 % de su cuantía mínima; b) desequilibrio económico-financiero comprobado por la AGE que ponga en peligro la solvencia o liquidez, intereses u obligaciones, o contabilidad o administración insuficiente o irregular que impida conocer la situación real. Medidas: plan de viabilidad en un mes (máx. tres años), convocar órganos de gobierno, suspender directivos, medidas correctoras, intervención y cese por infracción muy grave.

Artículo 101. Disolución y liquidación

Las mutuas cesan y se disuelven por: acuerdo de Junta General Extraordinaria; fusión o absorción; ausencia de requisitos de constitución o funcionamiento; acuerdo ministerial por incumplimiento del plan del artículo 100.2.a) dentro del plazo de la resolución que lo apruebe; el supuesto del artículo 100.2.f); o insuficiencia del patrimonio del artículo 93 para la responsabilidad mancomunada del artículo 100.5, o incumplimiento del plan de viabilidad o del aplazamiento del artículo 100. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social acuerda la disolución y aprueba la liquidación.

Artículo 102. Colaboración de las empresas

Las empresas, individualmente y respecto de su propio personal, podrán colaborar exclusivamente: a) asumiendo a su cargo el pago de la incapacidad temporal por accidente de trabajo y enfermedad profesional y de la asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente; b) pagando a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o mutua obligada, la incapacidad temporal y las demás que puedan determinarse reglamentariamente. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer con carácter obligatorio la colaboración en el pago.

Artículo 103. Patrimonio

Cuotas, bienes, derechos, acciones y demás recursos de la Seguridad Social forman un patrimonio único, afecto a sus fines y distinto del del Estado. Sus inmuebles, afectos prioritariamente a esos fines, admiten fines de utilidad pública por adscripción o cesión de uso. Rigen esta ley y sus normas de aplicación y desarrollo y, en lo no previsto, la Ley 33/2003, donde Delegaciones de Economía y Hacienda, DG del Patrimonio del Estado y Ministerio de Hacienda y Función Pública equivalen a Direcciones Provinciales de la TGSS, DG de la TGSS y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Artículo 104. Titularidad, adscripción, administración y custodia

Titular del patrimonio único: la Tesorería General de la Seguridad Social. El titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá adscribir sus inmuebles a órganos de la AGE o sus Organismos públicos, a otras administraciones o a entidades de derecho público, sin alterar la titularidad. Salvo otra previsión en el acuerdo de adscripción o traspaso, quien los tenga adscritos repara, mejora, ejerce acciones posesorias y asume por subrogación los tributos; revierten a la Tesorería por no uso o cambio de destino, salvo autorización de ese cambio por el titular del Ministerio.

Artículo 105. Adquisición de bienes inmuebles

Los inmuebles de la Seguridad Social se adquieren a título oneroso, para el cumplimiento de sus fines, por la Tesorería General mediante concurso público, salvo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social autorice la adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad o la urgencia. Los contratos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria los autoriza su Director General, previo informe de la Tesorería General; según la cuantía que fije la Ley de Presupuestos, se precisa autorización del Ministro de Sanidad. Para bienes de las mutuas, el procedimiento lo determina Empleo.

Artículo 106. Enajenación de bienes inmuebles y de títulos valores

Enajenar inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social requiere autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social si su valor, según tasación pericial, no excede las cuantías de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, o del Gobierno en los restantes casos. Se hace por subasta pública, salvo que el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio, autorice la enajenación directa; esta podrá autorizarla el titular del Ministerio si los bienes no superan el valor fijado en esa ley. Los títulos valores se enajenan previa autorización en esos términos.

Artículo 107. Arrendamiento y cesión de bienes inmuebles

Los arrendamientos de inmuebles que deba efectuar la Seguridad Social se conciertan por concurso público, salvo que, a juicio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sea necesario o conveniente el modo directo. Los del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria los autoriza su Director General, y la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad si el importe supera la renta anual fijada en la Ley de Presupuestos. Los inmuebles no necesarios podrán cederse gratuitamente en uso para fines de utilidad pública o de interés de la Seguridad Social.

Artículo 108. Inembargabilidad

Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Seguridad Social son inembargables. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra esos bienes y derechos, ni contra sus rentas, frutos o productos, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto sobre esta materia en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 109. Recursos generales

Recursos: aportaciones progresivas del Estado, cuotas, recargos y sanciones, rendimientos de los recursos patrimoniales y otros ingresos. La modalidad no contributiva y universal: aportaciones del Estado (sin perjuicio del artículo 10.3), salvo sanidad y servicios sociales transferidos a las comunidades autónomas (financiación autonómica). Las contributivas: básicamente letras b) a e) y, en su caso, aportaciones del Estado para atenciones específicas. Contributivas: prestaciones económicas no incluidas en la letra b) y todas las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 110. Sistema financiero

Todos los regímenes aplican el reparto para todas las contingencias y situaciones amparadas, sin perjuicio del apartado 3. En la Tesorería General se constituye un fondo de estabilización único para todo el sistema, para atender desviaciones entre ingresos y gastos. Las pensiones por incapacidad permanente o muerte derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional a cargo de mutuas colaboradoras o, en su caso, empresas declaradas responsables se capitalizan y esas entidades constituyen en la Tesorería General, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los capitales coste.

Artículo 111. Inversiones

Las reservas de estabilización que no hayan de destinarse de modo inmediato al cumplimiento de las obligaciones reglamentarias serán invertidas. Serán invertidas de forma que se coordinen las finalidades de carácter social con la obtención del grado de liquidez, rentabilidad y seguridad técnicamente preciso.

Artículo 112

El Presupuesto de la Seguridad Social se rige por el título II de la Ley 47/2003 y su contabilidad e intervención, por los títulos V y VI, respectivamente; en ambos casos, también por las normas de esta sección. El Gobierno, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado y a iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social, aprueba las normas para que esta última ejerza el control en las entidades del sistema. En los centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la función interventora podrá sustituirse por control financiero permanente.

Artículo 113. Modificación de créditos, remanentes e insuficiencias presupuestarias en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Pese a la Ley 47/2003, todo incremento del gasto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (salvo el que pueda resultar de generaciones de crédito) que no pueda financiarse con redistribución interna ni con el remanente afecto se financia durante el ejercicio por aportación del Estado. Los remanentes por menor realización de dotaciones y por incremento de ingresos previstos por asistencia sanitaria financian gastos de la entidad. El titular de Hacienda puede reflejar con ampliaciones de crédito las variaciones de la aportación del Estado y autoriza las modificaciones con cargo al remanente.

Artículo 114. Amortización de adquisiciones

El inmovilizado de la Seguridad Social deberá ser objeto de la amortización anual. Esa amortización anual se hará dentro de los límites que fije el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por los principios y procedimientos establecidos en el Plan General de la Contabilidad Pública.

Artículo 115. Plan anual de auditorías

El plan anual de auditorías de la IGAE incluirá el de la IGSS, que abarca entidades gestoras, servicios comunes y mutuas colaboradoras (art. 98.2). Ante insuficiencia de servicios de la IGSS cabe recabar empresas privadas, que seguirán las normas e instrucciones del centro directivo mencionado, facultado para las revisiones y controles de calidad oportunos. Exige autorización en la orden de la DA 2.ª de la Ley 47/2003 y, si se paga con créditos de entidades y servicios adscritos a uno u otro, orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o del de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Artículo 116. Cuentas de la Seguridad Social

Las cuentas de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social se formarán y rendirán de acuerdo con los principios y normas del título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que pueda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.

Artículo 117. Constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Su finalidad es atender las necesidades financieras en materia de prestaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social, en la forma y condiciones previstos en esta ley.

Artículo 118. Dotación del Fondo

Van al Fondo de Reserva de la Seguridad Social: los excedentes de ingresos que financian las prestaciones contributivas y sus gastos de gestión que, en su caso, resulten de la consignación o liquidación presupuestaria de cada ejercicio, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan; el excedente de las mutuas tras dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes (art. 96.3); el importe del porcentaje del excedente de contingencias profesionales del art. 96.1.d), y los ingresos de la cotización finalista (art. 127 bis.1).

Artículo 119. Determinación del excedente y de la cotización finalista

El excedente del art. 118.1 es el de las operaciones que financian prestaciones contributivas (delimitadas en el art. 109.3.a) y demás gastos de gestión del sistema, excluidos el resultado de las mutuas y el importe líquido recaudado por cotización finalista. El de cada ejercicio es la diferencia entre ingresos y gastos de importes reconocidos netos por operaciones no financieras de entidades gestoras y servicios comunes, corregida con criterios de máxima prudencia en la forma que reglamentariamente se establezca. La cotización finalista es la del art. 127 bis.1.

Artículo 120. Procedimiento para la dotación del Fondo

Dotaciones efectivas del Fondo: siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan, las acuerda el Consejo de Ministros al menos una vez por ejercicio, a propuesta conjunta de titulares de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda y Función Pública. Integración automática: lo recaudado por cotización finalista del artículo 127 bis.1 y los rendimientos de cualquier naturaleza de la cuenta del Fondo y de los activos financieros en que se hayan materializado sus dotaciones.

Artículo 121

Los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinan con carácter exclusivo a financiar las pensiones de carácter contributivo, para reforzar el equilibrio y sostenibilidad del sistema. Desde 2033, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece para cada ejercicio económico el desembolso anual del Fondo: el porcentaje del PIB que se determine cada año, con el límite máximo anual que fija la tabla del artículo (0,10 % para 2033; la tabla llega hasta 2053).

Artículo 122. Gestión financiera del Fondo

Los valores en que se materialice el Fondo de Reserva serán títulos emitidos por personas jurídicas públicas. Reglamentariamente se determinarán los valores que han de constituir la cartera del Fondo de Reserva, los grados de liquidez de la cartera, los supuestos de enajenación de los activos financieros que lo integran y los demás actos de gestión financiera del Fondo de Reserva.

Artículo 123. Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Al Comité de Gestión le corresponde el superior asesoramiento, control y ordenación de la gestión económica del Fondo de Reserva. Preside el Secretario de Estado de la Seguridad Social; vicepresidente primero, el de Economía y Apoyo a la Empresa; segundo, el de Presupuestos y Gastos. Además: Director General de la TGSS, Director General del Tesoro e Interventor General de la Seguridad Social. Secretario, sin voz ni voto: el Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la TGSS. Entre sus funciones, elaborar el informe a presentar a las Cortes Generales.

Artículo 124. Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

La Comisión Asesora de Inversiones asesora al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en la selección de los valores de la cartera del Fondo, en propuestas de adquisición y de enajenación de activos y en las demás actuaciones financieras del Fondo. La preside el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la componen además los Directores Generales de la TGSS, del Tesoro y de Política Económica, el Interventor General de la Seguridad Social y el Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la TGSS (secretario, con voz sin voto).

Artículo 125. Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

La Comisión de Seguimiento conoce de la evolución del Fondo de Reserva. La preside el Secretario de Estado de la Seguridad Social o persona que el mismo designe, con: tres representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (designados por dicho Secretario de Estado), uno de Economía y Competitividad, uno de Hacienda y Administraciones Públicas, cuatro sindicales y cuatro empresariales de mayor implantación. Secretario, sin voz ni voto: el Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la TGSS. Conoce semestralmente de su evolución y composición.

Artículo 126. Carácter de las operaciones de gestión e imputación presupuestaria

Las materializaciones, inversiones, reinversiones, desinversiones y demás operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social correspondientes a cada ejercicio tendrán carácter extrapresupuestario. Se imputarán definitivamente, al último día hábil del ejercicio, al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a la situación patrimonial del Fondo en dicha fecha, a cuyo efecto serán objeto de adecuación los créditos presupuestarios.

Artículo 127. Informe anual

El Gobierno presentará a las Cortes Generales un informe anual sobre la evolución y composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Dicho informe será remitido por el Gobierno a las Cortes Generales a través de su Oficina Presupuestaria, que lo pondrá a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.

Artículo 127 bis. Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una cotización finalista aplicable en todos los regímenes y supuestos en que se cotice por la contingencia de jubilación; no computa a efectos de prestaciones y nutre el Fondo de Reserva. Es de 1,2 puntos porcentuales: en trabajadores por cuenta ajena, un punto a la empresa y 0,2 al trabajador, con ajuste si cambia la distribución por contingencias comunes. No admite bonificación, reducción, exención, deducción ni disminución por coeficientes u otras variables, salvo lo previsto para los grupos segundo y tercero del artículo 10 de la Ley 47/2015.

Artículo 128. Contratación

La contratación de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se ajusta al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001 y a otras normas de desarrollo y complementarias, con especialidades: contratan sus directores, con autorización si la cuantía supera el límite de la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado; no pueden delegar ni desconcentrar esa facultad sin autorización previa del titular del ministerio de adscripción; los proyectos de obras, la oficina del departamento del que dependan, salvo oficinas propias.

Artículo 129. Normas de procedimiento, autenticación y firma

La tramitación de prestaciones y demás actos de Seguridad Social, incluido el desempleo, sin carácter recaudatorio o sancionador se ajusta a la Ley 39/2015, con las especialidades que esta prevé para esos actos en impugnación y revisión y las de este capítulo u otras disposiciones. La representación se acredita por cualquier medio válido en Derecho o por comparecencia personal. En procedimientos a solicitud, el silencio es desestimatorio, salvo inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas, variaciones de datos y convenios especiales, donde es estimatorio.

Artículo 130. Tramitación electrónica de procedimientos en materia de Seguridad Social

De acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en la gestión de la protección por desempleo del título III y de las restantes prestaciones de esta ley, excluidas las pensiones no contributivas, y en afiliación, cotización y recaudación. Antes, una resolución de la persona titular de la Dirección General del INSS, del SEPE o de la TGSS, o de la Dirección del ISM, según proceda, establecerá el procedimiento y los órganos competentes sobre el sistema de información, e indicará el órgano responsable a efectos de impugnación.

Artículo 131. Aportaciones de datos de Seguridad Social por medios electrónicos

A efectos de la gestión recaudatoria de los recursos del sistema, el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá determinar los supuestos y condiciones en que las empresas deberán presentar por medios electrónicos los datos relativos a sus actuaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación, así como cualesquiera otros exigidos en su normativa. De igual modo, podrá determinarlos para la presentación electrónica de los partes de baja y alta de incapacidad temporal de los trabajadores a su servicio.

Artículo 132. Notificaciones de actos administrativos por medios electrónicos

Notificación electrónica en la sede electrónica de la Seguridad Social a los sujetos obligados que determine el titular del Ministerio y a quienes opten por ella; los demás, en el domicilio indicado para cada procedimiento o, en su defecto, en el de los registros. Actos derivados de datos del Sistema RED: obligatoriamente en sede a los autorizados. Rechazada si, constando la puesta a disposición, pasan diez días naturales sin acceso. Si no pueden practicarse: anuncio en el BOE. Tablón de Anuncios en la sede, gestionado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Artículo 133. Competencias de la Inspección

La inspección en materia de Seguridad Social se ejerce a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Le corresponde vigilar el cumplimiento de esta ley (en especial fraudes y morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas), inspeccionar a las entidades colaboradoras en la gestión y la asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les sea solicitada. Lo dispuesto en esta ley sobre inspección no se aplica a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Justicia, en tanto el Gobierno no disponga otra cosa.

Artículo 134. Colaboración con la Inspección

Las entidades gestoras y colaboradoras y los servicios comunes de la Seguridad Social prestarán su colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La prestarán en orden a la vigilancia que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuida respecto al cumplimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores establecidas en esta ley.

Artículo 135. Infracciones y sanciones

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la LGSS y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto). Las resoluciones sobre las sanciones que las entidades gestoras de las prestaciones impongan a trabajadores y beneficiarios de prestaciones, conforme al artículo 47 de ese texto refundido, son recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social, previa reclamación ante la entidad gestora competente en la forma prevista en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.

Artículo 136. Extensión

Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen General los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a), salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en algún régimen especial. El apartado 2 declara expresamente comprendidos, entre otros, a los trabajadores de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General, al personal contratado al servicio de notarías y registros de la propiedad y a los altos cargos de las administraciones públicas que no tengan la condición de funcionarios públicos.

Artículo 137. Exclusiones

No dan lugar a inclusión en el Régimen General: los trabajos que se ejecutan ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad; los que dan lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales; y los realizados por los profesores universitarios eméritos (apartado 2 de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) y por el personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco.

Artículo 138. Inscripción de empresas

Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la mutua colaboradora elegida para las contingencias profesionales y, en su caso, la IT por contingencias comunes. Deben comunicar las variaciones de datos y su extinción o cese temporal o definitivo de su actividad. Es empresario, aunque no tenga ánimo de lucro, toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas del art. 136.

Artículo 139. Afiliación, altas y bajas

Los empresarios deben solicitar la afiliación de los trabajadores que ingresen a su servicio y comunicar su ingreso y, en su caso, su cese. Si incumplen, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja al organismo competente, que también podrá actuar de oficio en los supuestos del artículo 16.4 y revisar de oficio sus actos en los del artículo 16.5. El reconocimiento del derecho al alta y a la baja corresponde al organismo que reglamentariamente se establezca. Salvo disposición legal expresa en contrario, el alta condiciona la aplicación de las normas del título.

Artículo 140. Procedimiento y plazos

Apartado 1: el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos anteriores se ajustará, en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a lo establecido reglamentariamente. Apartado 2: la afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrán efecto retroactivo alguno. Cuando tales actos se practiquen de oficio, su eficacia temporal y la imputación de responsabilidades resultantes serán las que se determinan en esta ley y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

Artículo 141. Sujetos obligados

Están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen. La cotización comprende dos aportaciones: de los empresarios y de los trabajadores. No obstante, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cotización completa corre a cargo exclusivamente de los empresarios.

Artículo 142. Sujeto responsable

El empresario es sujeto responsable de cotizar e ingresa en su totalidad sus aportaciones y las de sus trabajadores. Responden también, solidaria, subsidiariamente o mortis causa, las personas o entidades de los artículos 18 y 168.1 y 2. La responsabilidad solidaria por sucesión alcanza todas las deudas anteriores, también si continúa una sociedad laboral. En la sociedad disuelta y liquidada responden los socios o partícipes, solidariamente y hasta su cuota de liquidación. El descuento al trabajador se hace al pagarle; si no se hace entonces, el empresario ingresa todo a su cargo.

Artículo 143. Nulidad de pactos

Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario. Igualmente, será nulo todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización que se fijan en el artículo 147.

Artículo 144. Duración de la obligación de cotizar

La obligación de cotizar nace con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba; la mera solicitud de afiliación o alta surte idéntico efecto. Se mantiene mientras el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste servicios. Solo se extingue con la solicitud en regla de la baja, y no si continúa el trabajo. Continúa en incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, y en las demás situaciones del artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente. Se suspende en huelga y cierre patronal.

Artículo 145. Tipo de cotización

El tipo de cotización tiene carácter único para todo el ámbito de protección del Régimen General. Su establecimiento y su distribución, para determinar las aportaciones respectivas del empresario y del trabajador obligados a cotizar, se efectúan en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se reduce en el porcentaje o porcentajes de las situaciones y contingencias no comprendidas en la acción protectora determinada según el artículo 155.2 LGSS, para quienes sean asimilados a trabajadores por cuenta ajena, así como para otros supuestos establecidos legal o reglamentariamente.

Artículo 146. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Se cotiza por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con los tipos de la tarifa de primas para cada actividad económica, ocupación o situación. Podrán fijarse tipos adicionales por riesgos de enfermedades profesionales. Los tipos podrán reducirse (medios eficaces de prevención) o aumentarse (incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo) sin exceder del 10 por ciento; el aumento podrá llegar al 20 por ciento por reiterado incumplimiento. Con trabajadores con coeficiente reductor de la edad de jubilación se cotiza por el tipo más alto, con las salvedades del apartado 4.

Artículo 147. Base de cotización

La base es la remuneración total mensual, en metálico o en especie, a que tenga derecho el trabajador, o la percibida si es superior; las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratean en doce meses. Las vacaciones no disfrutadas pagadas al final se cotizan aparte, sin prorrateo. Únicamente no computan: ciertos gastos de locomoción, manutención y estancia; ciertas indemnizaciones, con sus límites; prestaciones, mejoras de IT y gastos de estudios exigidos; y horas extraordinarias, salvo para AT y EP. Todo concepto retributivo se comunica a la TGSS.

Artículo 148. Topes máximo y mínimo de la base de cotización

El tope máximo de la base de cotización, único para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias del Régimen General, lo establece para cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, y se aplica también en pluriempleo (trabajar en dos o más empresas distintas, en actividades incluidas en el campo de aplicación del Régimen General). El tope mínimo es la cuantía del artículo 19.2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social adecuará a los días y horas trabajados los topes y bases mínimos cuando la ley establezca expresamente cotizar por días o por horas.

Artículo 149. Cotización adicional por horas extraordinarias

La remuneración por horas extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, está sujeta a una cotización adicional por parte de empresarios y trabajadores, con arreglo a los tipos que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para las horas extraordinarias estructurales que superen el tope máximo de ochenta horas del artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, se aplica el tipo general de cotización establecido para las horas extraordinarias en esa Ley de Presupuestos.

Artículo 150. Normalización

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá la normalización de las bases de cotización. Las bases a las que se refiere son las que resulten con arreglo a lo establecido en la presente sección.

Artículo 151. Cotización adicional en contratos de duración determinada

Los contratos de duración determinada inferior a 30 días generan, al finalizar, una cotización adicional a cargo del empresario: tres veces la cuota de aplicar el tipo general empresarial por contingencias comunes a la base mínima diaria del grupo 8 para contingencias comunes. No se aplica a contratos por sustitución ni a los celebrados con trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena, del de Empleados de Hogar, del Régimen Especial de la Minería del Carbón o de la relación laboral especial de artistas de artes escénicas, audiovisuales y musicales y personal técnico o auxiliar.

Artículo 152. Cotización al Régimen General a partir de la edad de jubilación

Alcanzada la edad de acceso a la pensión de jubilación aplicable según el artículo 205.1.a), empresas y personas trabajadoras quedan exentas de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de ellas, respecto de trabajadores por cuenta ajena y socios trabajadores o de trabajo de cooperativas; también de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. No se aplica en administraciones públicas u organismos públicos de la Ley 40/2015. Esos periodos se computan como cotizados para acceso y cuantía de las prestaciones (base reguladora: artículo 161.4).

Artículo 153. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los términos del artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen. Además, quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos: 7 por ciento a cargo del empresario y 2 por ciento a cargo del trabajador.

Artículo 153 bis. Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato

En la reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato (decisión empresarial al amparo de los artículos 47 o 47 bis del Estatuto de los Trabajadores o resolución judicial concursal), la empresa ingresa la aportación empresarial y, si se causa derecho a la prestación por desempleo o a la de la disposición adicional cuadragésima primera, la entidad gestora ingresa la del trabajador. Base empresarial: promedio de los seis meses naturales inmediatamente anteriores al mes anterior al del inicio de cada situación, reducida en la reducción de jornada según la jornada no realizada.

Artículo 153 ter. Cotización de las personas pensionistas de jubilación cuando realicen actividades artísticas

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena regulado en el artículo 249 quater compatible con la pensión de jubilación, los empresarios estarán obligados a solicitar el alta y cotizar en el Régimen General únicamente por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho régimen. El artículo añade que quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre empresario (7 por ciento) y trabajador (2 por ciento).

Artículo 154. Normas generales

A efectos del capítulo III del título I, los empresarios y, en su caso, las personas señaladas en los artículos 18 y 168.1 y 2 serán los obligados a ingresar la totalidad de las cuotas del Régimen General en el plazo, lugar y forma establecidos en la ley y sus normas de aplicación y desarrollo. Los recargos y el interés de demora de los artículos 30 y 31 serán imputables a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar. El ingreso de las cuotas fuera de plazo reglamentario se efectuará con arreglo al tipo de cotización vigente en la fecha en que las cuotas se devengaron.

Artículo 155. Alcance de la acción protectora

Apartado 1: la acción protectora del Régimen General será la establecida en el artículo 42, con excepción de la protección por cese de actividad y las prestaciones no contributivas. Las prestaciones y beneficios se facilitarán en las condiciones que se determinan en el presente título y en sus disposiciones reglamentarias. Apartado 2: en el supuesto de asimilación a trabajadores por cuenta ajena del artículo 136.2.q), la propia norma en la que se disponga dicha asimilación determinará el alcance de la protección otorgada.

Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo

Es accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. El apartado 2 añade otros supuestos. Se presume, salvo prueba en contrario, que lo son las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo. No lo son los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo ni a dolo o imprudencia temeraria del accidentado. No impiden calificarlo la imprudencia profesional ni la culpabilidad civil o criminal del empresario, un compañero o un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

Artículo 157. Concepto de enfermedad profesional

Es enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que especifique el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que ese cuadro indique para cada enfermedad profesional. Esas disposiciones establecerán el procedimiento para incluir en el cuadro nuevas enfermedades profesionales, que comprenderá en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Artículo 158. Concepto de accidente no laboral y de enfermedad común

Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido en el artículo 156, no tenga el carácter de accidente de trabajo. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 2.e), f) y g) del artículo 156 y en el artículo 157.

Artículo 159. Concepto de las restantes contingencias

El concepto legal de las restantes contingencias será el que resulte de las condiciones exigidas para el reconocimiento del derecho a las prestaciones otorgadas en consideración a cada una de ellas. El artículo no enuncia ese concepto ni dice cuáles son esas contingencias.

Artículo 160. Riesgos catastróficos

Artículo 161. Cuantía de las prestaciones

La cuantía no determinada en la ley se fija en sus normas de desarrollo. Las prestaciones con base reguladora se calculan con la totalidad de las bases cotizadas en los períodos señalados; no computa la cotización adicional por horas extraordinarias (art. 149) y la base reguladora no podrá rebasar el tope máximo del art. 148, tampoco en pluriempleo (suma de bases de las distintas empresas). En períodos sin cotización por contingencias comunes (art. 152), las bases de las mensualidades exentas no podrán superar el promedio del año natural anterior más la variación media del IPC y dos puntos.

Artículo 162. Caracteres de las prestaciones

Las prestaciones del Régimen General tienen los caracteres establecidos genéricamente en el artículo 44. Las que deban satisfacer los empresarios a su cargo, conforme al artículo 167.2 y al párrafo segundo del artículo 173.1, o por su colaboración en la gestión y, en su caso, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en régimen de liquidación, tienen el carácter de créditos privilegiados, con el régimen del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello se aplica también al recargo de prestaciones del artículo 164.

Artículo 163. Incompatibilidad de pensiones

Las pensiones del Régimen General son incompatibles entre sí si coinciden en un mismo beneficiario, salvo que legal o reglamentariamente se disponga expresamente lo contrario. Ante una nueva pensión incompatible con la que se percibía, la entidad gestora inicia o continúa el abono de la de mayor cuantía, en términos anuales, y suspende la otra. El interesado puede pedir la revocación y optar por la suspendida, con efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud. Rige también para la indemnización a tanto alzado del art. 196.2 sustitutiva de la pensión de IP total.

Artículo 164. Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional

Las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentan, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo sin los medios de protección reglamentarios, con ellos inutilizados o en malas condiciones, o no se hayan observado las medidas de seguridad y salud en el trabajo o las de adecuación personal a cada trabajo. Paga directamente el empresario infractor, sin seguro posible; es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal.

Artículo 165. Condiciones del derecho a las prestaciones

Además de los requisitos particulares de cada prestación del Régimen General, para causar derecho a ella hay que estar afiliado y en alta, o en situación asimilada a la de alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida. Si se exigen períodos de cotización, solamente computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las expresamente asimiladas en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias. No se exigen períodos previos para prestaciones derivadas de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional. La exigencia de afiliación y alta y la dispensa de períodos previos operan salvo disposición legal expresa en contrario.

Artículo 166. Situaciones asimiladas a la de alta

Se asimila al alta el desempleo total con prestación y, con cotización (salvo para los subsidios por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural), las vacaciones retribuidas no disfrutadas antes de acabar el contrato. Excedencia forzosa, traslado fuera del territorio nacional, convenio especial y otros que señale el Ministerio podrán asimilarse. Hay alta de pleno derecho para AT, EP, desempleo y asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral; el Gobierno podrá extenderla. Huelga y cierre patronal: alta especial.

Artículo 167. Responsabilidad en orden a las prestaciones

Causado el derecho (art. 165), se imputa la responsabilidad, según sus competencias, a entidades gestoras, mutuas, empresarios colaboradores o, en su caso, servicios comunes. Incumplir afiliación, altas y bajas o cotización determina responsabilidad en el pago, previa fijación de supuestos, alcance y procedimiento. En los casos que fije el reglamento, gestoras, mutuas o servicios comunes pagan, con subrogación. El anticipo no excederá de 2,5 veces el IPREM vigente en el hecho causante o del capital coste, con el límite indicado. Contra el subsidiario: únicamente tras declarar la insolvencia.

Artículo 168. Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones

Si el empresario declarado responsable (art. 167) tenía contratada la obra o industria, el propietario responde si aquel es declarado insolvente, salvo obras exclusivamente de reparación que pueda contratar el titular de un hogar de su vivienda. En la sucesión de explotación, industria o negocio, el adquirente responde solidariamente de las prestaciones causadas antes; igual cedente y cesionario en la cesión temporal de mano de obra. Si hay responsabilidad criminal o civil, la prestación la hace efectiva la entidad gestora, servicio común o mutua, sin perjuicio de esas responsabilidades.

Artículo 169. Concepto

Incapacidad temporal: a) enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, con asistencia sanitaria de la Seguridad Social e impedimento para el trabajo: máximo 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos puede ser dado de alta médica por curación; b) períodos de observación por enfermedad profesional con baja: máximo 180 días, prorrogables por otros 180 cuando se estime necesario para estudio y diagnóstico. Recaída: nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.

Artículo 170. Competencias sobre los procesos de incapacidad temporal

Hasta los 365 días de incapacidad temporal, el INSS, a través de su inspección médica, tiene las mismas competencias que la inspección del servicio público de salud para emitir el alta y considerar que existe recaída; si el alta la expidió el INSS, solo él puede emitir nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días siguientes. Agotados los 365 días, su inspección médica es la única competente para el alta. Frente a ella, el interesado puede discrepar en 4 días naturales ante la inspección del servicio público de salud, que puede proponer la reconsideración en 7.

Artículo 171. Prestación económica

La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y hará efectivo en los términos de la ley y sus normas de desarrollo. No obstante, en la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para su trasplante (párrafo cuarto del artículo 169, apartado 1, letra a)), la prestación consistirá en un subsidio equivalente al cien por ciento de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Artículo 172. Beneficiarios

Son beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas del Régimen General en alguna situación del artículo 169 que, además de la condición general del artículo 165.1, acrediten: por enfermedad común, ciento ochenta días cotizados dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante (sin periodo mínimo en las situaciones de los párrafos segundo y cuarto del artículo 169.1.a); en la del párrafo tercero, los del artículo 178.1 según la edad al inicio del descanso); por accidente, sea o no de trabajo, y enfermedad profesional, ningún período previo.

Artículo 173. Nacimiento y duración del derecho al subsidio

En accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abona desde el día siguiente al de la baja, y el salario íntegro del día de la baja corre a cargo del empresario. En enfermedad común o accidente no laboral, se abona a partir del cuarto día de baja, y del día cuarto al decimoquinto, ambos inclusive, está a cargo del empresario. Se abona mientras el beneficiario esté en incapacidad temporal, conforme al artículo 169. Durante la huelga y el cierre patronal el trabajador no tiene derecho a la prestación económica por incapacidad temporal.

Artículo 174. Extinción del derecho al subsidio

El subsidio de IT se extingue por: 545 días naturales desde la baja; alta por curación o mejoría que permita realizar el trabajo habitual; alta con o sin declaración de incapacidad permanente; pensión de jubilación; incomparecencia injustificada a los reconocimientos del INSS o de la mutua; o fallecimiento. Las recaídas computan. Denegada la IP en un expediente iniciado antes de los 545 días, solo la inspección médica del INSS puede emitir nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días siguientes. Agotados los 545, se califica en 90, demorable hasta 730 en total, sin cotizar.

Artículo 175. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio

El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación o cuando trabaje por cuenta propia o ajena. También podrá ser suspendido cuando, sin causa razonable, rechace o abandone el tratamiento indicado. La incomparecencia a cualquiera de las convocatorias de los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras para examen y reconocimiento médico producirá la suspensión cautelar del derecho, para comprobar si fue o no justificada.

Artículo 176. Periodos de observación y obligaciones especiales en caso de enfermedad profesional

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1.b), se considerará como período de observación el tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones establecidas, o que puedan establecerse en lo sucesivo, a cargo de este Régimen General o de los empresarios, cuando por causa de enfermedad profesional se acuerde respecto de un trabajador el traslado de puesto de trabajo, su baja en la empresa u otras medidas análogas.

Artículo 177. Situaciones protegidas

A efectos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor prevista en esta sección, se consideran situaciones protegidas el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, durante los períodos de descanso que por tales situaciones se disfruten, según los apartados 4, 5 y 6 del artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 49.a), b) y c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 178. Beneficiarios

Son beneficiarios del subsidio las personas del Régimen General, cualquiera que sea su sexo, que disfruten de los descansos del artículo anterior, reúnan la condición del art. 165.1 y las reglamentarias y acrediten cotización mínima según su edad: menos de 21 años, ninguna; de 21 cumplidos a menos de 26, 90 días en los 7 años anteriores al inicio del descanso o 180 en su vida laboral; 26 cumplidos, 180 días en 7 años o 360 en su vida laboral. En nacimiento, cuenta la edad al inicio del descanso, con referente el parto. Al inicio de cada descanso: alta o asimilada.

Artículo 179. Prestación económica

Subsidio del 100 % de la base reguladora. Con carácter general, esta es la base por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividida entre los días a que se refiera; con retribución mensual y alta todo el mes natural, entre treinta. Si la persona ingresó en la empresa el mes anterior al hecho causante, se toma la del mes inmediatamente anterior al inicio del descanso o permiso; si en el mismo mes, la de dicho mes. El INSS podrá reconocerlo por resolución provisional; si la base no varía, esta deviene definitiva en tres meses desde su emisión.

Artículo 180. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor

El derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor podrá ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, así como cuando trabajara por cuenta propia o ajena durante los correspondientes períodos de descanso.

Artículo 181. Personas beneficiarias

Son personas beneficiarias del subsidio por nacimiento y cuidado de menor previsto en esta sección las personas trabajadoras incluidas en el Régimen General que, producida la situación de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar a que se refiere el artículo 177, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor regulada en la sección anterior, salvo el período mínimo de cotización establecido en el artículo 178.

Artículo 182. Prestación económica

Es no contributiva a efectos del artículo 109. Cuantía: 100 por ciento del IPREM, salvo base reguladora inferior calculada conforme al artículo 179 o al 248. Dura el periodo de descanso obligatorio, a jornada completa, de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después del parto, de la resolución judicial de adopción o de la decisión de guarda con fines de adopción o acogimiento. Se incrementa en catorce días naturales por familia numerosa, monoparentalidad, supuesto múltiple o discapacidad igual o superior al 65 %, únicamente catorce aunque concurran varias.

Artículo 183. Situación protegida

Para la prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, es situación protegida la reducción de la jornada en media hora, según el párrafo cuarto del artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, que lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen, desde que el lactante cumpla nueve meses hasta los doce. Se acredita con certificación de la reducción de la jornada por las empresas en que trabajen; sus requisitos, por reglamento.

Artículo 184. Beneficiarios

La prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante exige los mismos requisitos, términos y condiciones que la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la sección 1.ª del capítulo VI. Si en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente concurren las circunstancias para ser beneficiarios, el derecho a percibirla solo podrá reconocerse a uno de ellos. El capítulo no se aplica a los funcionarios públicos, regidos por el artículo 48.f) del Estatuto Básico del Empleado Público y su normativa de desarrollo.

Artículo 185. Prestación económica

La prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado de lactante consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Esta prestación se extinguirá cuando el o la menor cumpla doce meses de edad.

Artículo 186. Situación protegida

A efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo cuando, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto por otro compatible con su estado, en los términos del artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. La prestación tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.

Artículo 187. Prestación económica

La prestación por riesgo durante el embarazo se reconoce a la mujer trabajadora en los términos de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, con particularidades: nace el día en que se inicie la suspensión del contrato y finaliza el día anterior al inicio de la suspensión por maternidad o al de reincorporación a su puesto anterior o a otro compatible con su estado; es un subsidio del 100 por cien de la base reguladora de esa incapacidad temporal; la gestionan y pagan la entidad gestora o la mutua con la que la empresa tenga concertados los riesgos profesionales.

Artículo 188. Situación protegida

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, se considera situación protegida el período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

Artículo 189. Prestación económica

La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se reconoce a la mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta ley para la prestación económica por riesgo durante el embarazo. Se extingue en el momento en que el hijo cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación: en ese caso se extingue el día anterior al de dicha reincorporación.

Artículo 190. Situación protegida

Situación protegida: reducción de jornada de, al menos, un 50 por ciento de progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes, cuando ambos trabajen o en familias monoparentales, para el cuidado directo, continuo y permanente del menor de 18 años afectado por cáncer u otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración. Se mantiene hasta los 23 si persisten la enfermedad, diagnosticada anteriormente, y la necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado, y hasta los 26 si antes de los 23 se acredita, además, discapacidad de al menos el 65 %.

Artículo 191. Beneficiarios

Se exigen los requisitos, términos y condiciones de la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Si ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes reúnen las circunstancias, el derecho solo podrá reconocerse a uno. En nulidad, separación, divorcio, extinción de la pareja de hecho o violencia de género, se reconoce al que conviva con la persona enferma, aunque el otro no trabaje, si se cumplen el resto de requisitos. Si la persona enferma del art. 190.3 se casa o constituye pareja de hecho, tendrá derecho su cónyuge o pareja si acredita las condiciones.

Artículo 192. Prestación económica

Subsidio del 100 por ciento de la base reguladora de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, en proporción a la reducción de jornada. Se extingue cuando, previo informe sanitario, cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente, o a los 23 años; en el supuesto del artículo 190.3, párrafo tercero, si la persona enferma deja de acreditar el grado de discapacidad requerido o, en todo caso, a los 26 años. Gestión y pago: la mutua o, en su caso, la entidad gestora con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.

Artículo 193. Concepto

Incapacidad permanente contributiva: situación de la persona trabajadora que, tras el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta una posibilidad de recuperación médicamente incierta o a largo plazo. El tratamiento previo podrá no ser exigible si las reducciones quedan suficientemente objetivadas y son previsiblemente definitivas. Habrá de derivarse de la incapacidad temporal, salvo en los supuestos que enumera el apartado 2.

Artículo 194. Grados de incapacidad permanente

La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasifica en los grados de parcial, total, absoluta y gran incapacidad, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado. Para determinar el grado se tiene en cuenta la incidencia de esa reducción en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante. El desarrollo reglamentario corresponde al Gobierno, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Artículo 195. Beneficiarios

Parcial: 1.800 días en los diez años inmediatamente anteriores a la extinción de la incapacidad temporal de la que derive. Pensiones: con menos de 31 años, la tercera parte del tiempo entre los 16 años y el hecho causante; con 31 cumplidos, la cuarta parte del tiempo entre los 20 años y el hecho causante, con mínimo de cinco años y al menos la quinta parte en los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante. Absoluta o gran incapacidad por contingencias comunes sin alta ni situación asimilada: quince años. Accidente, sea o no laboral, o enfermedad profesional: ningún período previo.

Artículo 196. Prestaciones económicas

Incapacidad permanente parcial: cantidad a tanto alzado. Total: pensión vitalicia, sustituible excepcionalmente por indemnización a tanto alzado si el beneficiario es menor de sesenta años, incrementada si se presume dificultad para obtener empleo, y con un mínimo si deriva de enfermedad común. Absoluta: pensión vitalicia. Gran invalidez: pensión más un complemento del 45 % de la base mínima de cotización más el 30 % de la última base, no inferior al 45 % de la pensión sin complemento. Regla propia si se accede con sesenta y siete o más años.

Artículo 197. Base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes

En incapacidad permanente por enfermedad común se dividen por 112 las bases de cotización de los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante: las de los 24 meses anteriores a ese mes, en valor nominal; el resto, actualizadas con el IPC. Luego se aplica el porcentaje de la escala del art. 210.1 por años de cotización, contando como cotizados los que falten para la edad ordinaria de jubilación; si no se alcanzan quince años, el 50 %. Meses sin obligación de cotizar: las 48 primeras mensualidades, con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento; el resto, con el 50 %.

Artículo 198. Compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por incapacidad permanente

IP total: la pensión es compatible con el salario en la misma u otra empresa, siempre que las funciones no coincidan con las que dieron lugar a la IP total; podrá determinarse la incompatibilidad del incremento del art. 196.2, párrafo segundo, con trabajos incluidos en el sistema. IP absoluta y gran incapacidad: si el trabajo da lugar a la inclusión en un régimen, la entidad gestora suspende el pago y lo reanuda al cesar; el complemento de gran incapacidad no se suspende. Desde la edad de acceso a la jubilación, incompatibles con trabajo que determine inclusión, en los términos del art. 213.1.

Artículo 199. Norma especial sobre incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional

En cuanto a enfermedades profesionales, las disposiciones de desarrollo de la ley adaptarán las normas de este capítulo a las peculiaridades y características especiales de dicha contingencia.

Artículo 200. Calificación y revisión

El INSS, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declara la incapacidad permanente. La resolución que reconozca el derecho o confirme el grado fijará el plazo para instar la revisión por agravación o mejoría, mientras el beneficiario no cumpla la edad del art. 205.1.a); vincula a quienes puedan promoverla. Si el pensionista trabaja, el INSS podrá promover la revisión haya o no pasado el plazo. Error de diagnóstico: en cualquier momento antes de esa edad. A los 67 años pasan a denominarse de jubilación, sin cambiar condiciones.

Artículo 201. Indemnizaciones por baremo

Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir una incapacidad permanente supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y figuren en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de la ley se indemnizan por una sola vez, con las cantidades alzadas del baremo. Paga la entidad obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.

Artículo 202. Beneficiarios

Serán beneficiarios de las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior los trabajadores integrados en este Régimen General que reúnan la condición general exigida en el artículo 165.1 y hayan sido dados de alta médica.

Artículo 203. Incompatibilidad con las prestaciones por incapacidad permanente

Las indemnizaciones a tanto alzado que procedan por las lesiones, mutilaciones y deformidades que se regulan en el capítulo del artículo 203 serán incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma.

Artículo 204. Concepto

La prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad contributiva, es única para cada beneficiario y consiste en una pensión vitalicia. Le será reconocida, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena.

Artículo 205. Beneficiarios

Tienen derecho a la pensión de jubilación las personas incluidas en el Régimen General que, además de la condición general del artículo 165.1, hayan cumplido sesenta y siete años, o sesenta y cinco con treinta y ocho años y seis meses cotizados, y tengan cubiertos quince años de cotización, al menos dos dentro de los quince inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. También quienes estén en prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal y reúnan esas condiciones. Podrá causarse sin alta ni situación asimilada si se reúnen los requisitos de edad y cotización.

Artículo 206. Jubilación anticipada por razón de la actividad

La edad mínima del art. 205.1.a) podrá rebajarse por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en grupos o actividades de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre con elevados índices de morbilidad o mortalidad, si se acredita el mínimo de actividad que se establezca. Los coeficientes reductores solo proceden si no es posible modificar las condiciones de trabajo, conllevan una cotización adicional de empresa y trabajador, se revisan cada diez años y en ningún caso permiten jubilarse antes de los 52.

Artículo 206 bis. Jubilación anticipada en caso de discapacidad

La edad mínima del artículo 205.1.a) podrá reducirse con discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos del real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o igual o superior al 45 por ciento si son discapacidades reglamentariamente determinadas con evidencias contrastadas de reducción significativa de la esperanza de vida. Los coeficientes reductores no permiten en ningún caso jubilarse antes de los 52 años ni cuentan para la jubilación parcial, el artículo 210.2 u otra jubilación anticipada.

Artículo 207. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador

Requisitos: edad inferior en cuatro años, como máximo, a la del art. 205.1.a) (sin aplicar los coeficientes de los arts. 206 y 206 bis); inscripción como demandante de empleo al menos seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud; 33 años de cotización efectiva, sin pagas extraordinarias (servicio militar, prestación social sustitutoria o servicio social femenino, límite de un año); y cese por una de siete causas. En las causas 1.ª, 2.ª y 6.ª debe acreditarse la indemnización percibida o la demanda interpuesta. La pensión se reduce por mes o fracción de anticipación según el cuadro.

Artículo 208. Jubilación anticipada por voluntad del interesado

Requisitos: edad inferior en dos años, como máximo, a la del art. 205.1.a), sin aplicar los coeficientes reductores de los arts. 206 y 206 bis; 35 años de cotización efectiva, sin la parte proporcional por pagas extraordinarias; y pensión superior a la mínima que correspondería por situación familiar a los 65 años. La pensión se reduce por cada mes o fracción de mes de anticipación según el cuadro de coeficientes. Con subsidio del art. 274 durante al menos tres meses, se aplican los coeficientes de la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador.

Artículo 209. Base reguladora de la pensión de jubilación

La base reguladora es la suma de las bases de 324 meses dividida entre 378. Se toman los 348 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante; en los meses sin obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integran con la base mínima del Régimen General del mes respectivo y el resto con el 50 %. Los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo, en valor nominal; los demás, actualizados con el IPC. De las 348 bases se eligen de oficio las 324 de mayor importe. En pluriempleo, las bases se computan en su totalidad sin que su suma exceda del límite máximo vigente.

Artículo 210. Cuantía de la pensión

Sobre la base reguladora: 50 % por los primeros quince años; desde el año decimosexto, 0,19 % por mes adicional entre los meses 1 y 248 y 0,18 % por cada mes que rebase el 248, sin superar el 100 % salvo el supuesto del apartado 2. Si se accede después de la edad del art. 205.1.a) con el período mínimo del art. 205.1.b), complemento a elección: 4 % por año completo cotizado, cantidad a tanto alzado o combinación reglamentaria. Se elige una sola vez; si no, se aplica la letra a). No cabe en jubilación parcial, flexible del art. 213.1 (párrafo segundo) ni desde situación asimilada al alta.

Artículo 211. Factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación

Artículo 212. Imprescriptibilidad

El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es imprescriptible. Ello es sin perjuicio de que, en los supuestos de jubilación en situación de alta, los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

Artículo 213. Incompatibilidades

La pensión de jubilación es incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen; podrá compatibilizarse con trabajo a tiempo parcial en términos reglamentarios. Es incompatible con un puesto del sector público del art. 1.1, párrafo segundo, de la Ley 53/1984: queda en suspenso mientras dure, sin afectar a sus revalorizaciones (salvo eméritos del art. 137.c)), y con los altos cargos del art. 1 de la Ley 3/2015. Es compatible con trabajo por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI en cómputo anual.

Artículo 214. Pensión de jubilación activa

La pensión contributiva es compatible con cualquier trabajo por cuenta ajena (completo o parcial) o propia si, al cumplir la edad del art. 205.1.a), se tenía el período mínimo del art. 205.1.b) y ha pasado al menos un año hasta el hecho causante. Cuantía según años de demora: 1 año 45 %, 2 años 55 %, 3 años 65 %, 4 años 80 %, 5 o más 100 %; +5 puntos por cada 12 meses ininterrumpidos, máximo 100 %. Por cuenta propia con trabajador indefinido en las condiciones del apartado 3: 75 % con demora de uno a tres años. Sin complementos a mínimos. No aplica a puestos o altos cargos del sector público.

Artículo 215. Jubilación parcial

Sin relevo: con la edad del art. 205.1.a) y los requisitos de la pensión, se podrá reducir la jornada entre un 25 y un 75 %. Con relevo simultáneo, trabajadores a tiempo completo sin la edad ordinaria: edad inferior en tres años como máximo; 33 años cotizados (25 con discapacidad igual o superior al 33 %); seis años de antigüedad; reducción del 25 al 75 % (20-33 % el primer año si se anticipa más de dos años); base del relevista no inferior al 65 % del promedio de los seis últimos meses; relevo indefinido, a tiempo completo y mantenido al menos dos años tras extinguirse la jubilación parcial.

Artículo 216. Prestaciones

En caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, si concurren los requisitos exigibles, se reconocerán, según los supuestos, alguna o algunas de estas: auxilio por defunción, pensión vitalicia de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensión de orfandad y pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares. Si la causa es accidente de trabajo o enfermedad profesional, además, indemnización a tanto alzado. El apartado 3 prevé una prestación de orfandad para hijas e hijos de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer.

Artículo 217. Sujetos causantes

Pueden causar las prestaciones del art. 216 los incluidos en el Régimen General que cumplan la condición del art. 165.1; los perceptores de subsidios de IT, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, con el período de cotización que, en su caso, esté establecido, y los pensionistas contributivos de jubilación e incapacidad permanente. Con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez por AT o EP se reputan de derecho muertos por ellas; si no, debe probarse: en AT, solo si fallecen en los cinco años siguientes al accidente; en EP, sin límite.

Artículo 218. Auxilio por defunción

El fallecimiento del causante da derecho a la percepción inmediata de un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos de sepelio, a quien los haya soportado. Salvo prueba en contrario, se presume que esos gastos han sido satisfechos por este orden: por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el artículo 221, los hijos y los parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente.

Artículo 219. Pensión de viudedad del cónyuge superviviente

Viudedad vitalicia, salvo causas de extinción legales o reglamentarias, para el cónyuge superviviente de las personas del art. 217.1. En alta o asimilada: 500 días cotizados en los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante (o al cese de la obligación de cotizar, si no la había). Accidente, sea o no de trabajo, o enfermedad profesional: sin período previo. Sin alta ni asimilada: 15 años cotizados. Muerte por enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo: matrimonio con un año de antelación o hijos comunes, salvo convivencia (art. 221.2) que, sumada al matrimonio, supere dos años.

Artículo 220. Pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial

Separación o divorcio: derecho de quien, con los requisitos del art. 219, sea o haya sido cónyuge legítimo (ex cónyuge: sin nuevas nupcias ni pareja de hecho), y sea acreedor de la compensatoria del art. 97 CC extinguida a la muerte del causante; si la viudedad es mayor, se reduce hasta ella. Siempre, las mujeres que, sin ser acreedoras de compensatoria, acrediten ser víctimas de violencia de género al separarse judicialmente o divorciarse. Varios tras divorcio: por tiempo vivido, con el 40 % garantizado al cónyuge superviviente o conviviente beneficiario. Nulidad: indemnización art. 98 CC.

Artículo 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho

Tiene derecho a viudedad vitalicia (salvo causas de extinción legales o reglamentarias) quien, con los requisitos del art. 219, esté unido al causante al fallecer como pareja de hecho: sin impedimento para casarse, sin vínculo matrimonial ni otra pareja y con convivencia estable y notoria, acreditada por empadronamiento, inmediata al fallecimiento y no inferior a cinco años, salvo hijos en común. Pareja acreditada por inscripción registral o documento público con dos años de antelación. Extinguida la pareja, se exige además pensión compensatoria, salvo mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 222. Prestación temporal de viudedad

Si el cónyuge o la pareja de hecho superviviente no puede acceder a la pensión de viudedad por no acreditar, respectivamente, un año de duración del matrimonio en los términos del artículo 219.2, o por la inexistencia de hijos comunes, o la inscripción en registro específico o la constitución en documento público de la pareja de hecho con dos años de antelación mínima al fallecimiento, pero concurren los demás requisitos del artículo 219, tiene derecho a una prestación temporal de cuantía igual a la pensión de viudedad que le hubiera correspondido, durante dos años.

Artículo 223. Compatibilidad y extinción de las prestaciones de viudedad

La pensión de viudedad es compatible con cualesquiera rentas de trabajo. La causada en las condiciones del segundo párrafo del artículo 219.1, incluso de parejas de hecho, es incompatible con otra pensión de viudedad en cualquiera de los regímenes, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada régimen se superpongan, al menos, quince años. El derecho se extingue, en todo caso, si el beneficiario contrae matrimonio o constituye pareja de hecho en los términos del artículo 221, sin perjuicio de las excepciones reglamentarias. Estas reglas se aplican también a la prestación temporal de viudedad.

Artículo 224. Pensión de orfandad y prestación de orfandad

Pensión de orfandad: cada hijo o hija, en igualdad y cualquiera que sea su filiación, menor de 21 años o incapacitado para el trabajo, si el causante estaba en alta o asimilada o era pensionista (art. 217.1.c). Prestación de orfandad, si la causante falleció por violencia contra la mujer y hay circunstancias equiparables a una orfandad absoluta: 70 % de la base reguladora si los rendimientos por miembro no superan el 75 % del SMI; si hay varios, el conjunto podrá situarse en el 118 %. Podrá ser beneficiario el hijo menor de 25 años sin trabajo lucrativo o con ingresos inferiores al SMI.

Artículo 225. Compatibilidad de la pensión y prestación de orfandad

La pensión o prestación de orfandad es compatible con cualquier renta del trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante o del propio huérfano y, en su caso, con la pensión de viudedad (sin perjuicio del art. 224.2 LGSS). Se le aplica lo previsto para viudedad en el segundo párrafo del art. 223.1, salvo muerte por violencia contra la mujer: entonces es compatible con otra pensión de orfandad en cualquier régimen. Huérfano incapacitado con otra pensión de la Seguridad Social por la misma incapacidad: podrá optar. Reglamento: concurrencia de orfandades del padre y la madre.

Artículo 226. Prestaciones en favor de familiares

Las normas de desarrollo determinarán qué otros familiares o asimilados, reuniendo las condiciones fijadas y previa prueba de dependencia económica del causante, tendrán derecho a pensión o subsidio por muerte. En todo caso tienen derecho a pensión los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente en quienes se den, en los términos reglamentarios: convivencia con el causante y a su cargo; ser mayores de 45 años y solteros, divorciados o viudos; dedicación prolongada a su cuidado; y carecer de medios propios de vida.

Artículo 227. Indemnización especial a tanto alzado

En caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos del artículo 221 y los huérfanos tienen derecho a una indemnización a tanto alzado, de cuantía uniforme fijada en las normas de desarrollo de la ley. En separación, divorcio o nulidad se aplica, en su caso, el artículo 220. Sin otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, la percibe el padre o la madre que vivieran a expensas del fallecido, si no tienen, por su muerte, derecho a las prestaciones del artículo anterior.

Artículo 228. Base reguladora de las prestaciones por muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes

Para el cálculo de la base reguladora en los supuestos de prestaciones derivadas de contingencias comunes se computa la totalidad de las bases por las que se haya efectuado la cotización durante el periodo establecido reglamentariamente anterior al mes previo al del hecho causante. La prestación de orfandad se calcula aplicando el porcentaje correspondiente a la base mínima de cotización de entre todas las existentes vigente en el momento del hecho causante.

Artículo 229. Límite de las cuantías de las pensiones

La suma de las pensiones por muerte y supervivencia no podrá exceder de la base reguladora que corresponda (art. 161.2), según las cotizaciones del causante. El límite se aplica a la determinación inicial, no a las revalorizaciones periódicas (art. 58). La orfandad tiene preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares, y entre estas: 1.º nietos y hermanos del causante menores de 18 o mayores incapacitados; 2.º padre y madre; 3.º abuelos y abuelas; 4.º hijos y hermanos del titular de pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente mayores de 45 años.

Artículo 230. Imprescriptibilidad

El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia, con excepción del auxilio por defunción, será imprescriptible. Ello es sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

Artículo 231. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia

Sin perjuicio de la disposición adicional primera de la LO 1/2004, no podrá ser beneficiario de prestaciones de muerte y supervivencia quien fuera condenado por sentencia firme por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas si la víctima era el causante. La entidad gestora podrá revisar por sí misma y en cualquier momento el reconocimiento, y el condenado deberá devolver lo percibido. La revisión de oficio no está sujeta a plazo; el reintegro prescribe en el plazo del art. 55.3. Al iniciarla se acordará, si no se hubiera producido antes, la suspensión cautelar del percibo.

Artículo 232. Suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia, en determinados supuestos

La entidad gestora suspende cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubiera reconocido si una resolución judicial arroja indicios racionales de que el investigado es responsable de un delito doloso de homicidio del causante (efectos: día primero del mes siguiente a la comunicación). Si lo sabe antes o durante el trámite, la reconoce (si concurren los restantes requisitos) con el abono suspendido. Condena firme: revisión y, en su caso, reintegro; sentencia absolutoria o no culpabilidad firme: se rehabilita el pago, descontados en su caso los alimentos.

Artículo 233. Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en determinados supuestos

Si, según el artículo 231, el condenado por sentencia firme por delito doloso de homicidio no puede ser beneficiario de la viudedad o la ha perdido, sus hijos con orfandad causada por la víctima tienen el incremento reglamentario de orfandad absoluta; los titulares en favor de familiares podrán tenerlo si no hay otros con derecho a pensión de muerte y supervivencia causada por la víctima. Huérfanos de víctima de violencia contra la mujer: mismo incremento, que alcanzará el 70 % de la base reguladora si los rendimientos por miembro no superan el 75 % del SMI.

Artículo 234. Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos

Si los hijos de quien fue condenado por sentencia firme por un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas (en los términos del artículo 231), siendo menores de edad o mayores de edad con medidas de apoyo a su capacidad jurídica para percibir la pensión, son beneficiarios de pensión de orfandad causada por la víctima, esa pensión no se abonará a la persona condenada. En todo caso, la entidad gestora comunicará al Ministerio Fiscal la existencia de la pensión y toda resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el progenitor es responsable de ese delito.

Artículo 235. Periodos de cotización asimilados por parto

A efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente, se computan a favor de la trabajadora solicitante de la pensión un total de ciento doce días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y catorce días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple. No se computan si, por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las dieciséis semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple.

Artículo 236. Beneficios por cuidado de hijos o menores

Se computa como cotizado a todos los efectos, salvo para el período mínimo de cotización exigido, el periodo de interrupción de la cotización por extinción de la relación laboral o fin del cobro del desempleo producido entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente, y el fin del sexto año posterior. Máximo: 270 días por hijo o menor, sin superar la interrupción real. Solo para uno de los progenitores (en controversia, la madre). Tope: cinco años por beneficiario, también si concurre con el artículo 237.1.

Artículo 237. Prestación familiar en su modalidad contributiva

Hasta tres años de excedencia por cuidado de cada hijo o menor en acogimiento permanente o guarda con fines de adopción son cotización efectiva para jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También los tres primeros años de excedencia por cuidado de familiares hasta el segundo grado que no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida. Las cotizaciones de los tres primeros años de reducción de jornada por cuidado de menor se computan incrementadas hasta el 100 por cien, también si la reducción precede a la excedencia.

Artículo 238. Mejoras de la acción protectora

Las mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen General podrán efectuarse a través de: a) mejora directa de las prestaciones; b) establecimiento de tipos de cotización adicionales. La concesión de mejoras voluntarias por las empresas deberá ajustarse a lo establecido en la sección en la que está el artículo 238 y en las normas dictadas para su aplicación y desarrollo.

Artículo 239. Mejora directa de las prestaciones

Las empresas pueden mejorar directamente las prestaciones del Régimen General, costeándolas a su exclusivo cargo. Excepcionalmente, y previa aprobación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, puede establecerse una aportación económica a cargo de los trabajadores, siempre que se les faculte para acogerse o no, individual y voluntariamente, a esas mejoras. Aunque la implantación es voluntaria para los empresarios, el derecho a la mejora de una prestación periódica ya causado por un trabajador no puede anularse ni disminuirse si no es de acuerdo con las normas que regulan su reconocimiento.

Artículo 240. Modos de gestión de la mejora directa

Las empresas, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, podrán realizar la mejora de prestaciones a que se refiere el artículo anterior por sí mismas o a través de la Administración de la Seguridad Social, fundaciones laborales, montepíos y mutualidades de previsión social o entidades aseguradoras de cualquier clase. Las fundaciones laborales legalmente constituidas para el cumplimiento de los fines que les sean propios gozarán del trato fiscal y de las demás exenciones concedidas, en los términos que las normas aplicables establezcan.

Artículo 241. Mejora por establecimiento de tipos de cotización adicionales

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a instancia de los interesados, podrá aprobar cotizaciones adicionales. Estas se efectúan mediante el aumento del tipo de cotización al que se refiere el artículo 145. Su destino es la revalorización de las pensiones u otras prestaciones periódicas ya causadas y financiadas con cargo al mismo, o mejorar las futuras.

Artículo 242. Incumplimientos en materia de accidentes de trabajo

Si una empresa incumple las órdenes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las resoluciones de la autoridad laboral en materia de paralización de trabajos que no cumplan las normas de seguridad y salud, los accidentes de trabajo que en tal caso pudieran producirse se equipararán a la falta de formalización de la protección por dicha contingencia de los trabajadores afectados. Ello con independencia de cualquier otra responsabilidad o sanción a que hubiera lugar.

Artículo 243. Normas específicas para enfermedades profesionales

Las empresas que hayan de cubrir puestos con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a un reconocimiento médico previo a la admisión y a los periódicos que para cada tipo de enfermedad establezcan las normas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Son a cargo de la empresa y obligatorios para el trabajador, al que la empresa abonará, si hubiera lugar, los gastos de desplazamiento y la totalidad del salario dejado de percibir. No pueden contratar a quien no sea calificado apto ni mantener en su puesto a quien pierda la aptitud en reconocimientos sucesivos.

Artículo 244. Responsabilidades por falta de reconocimientos médicos

Antes de asumir la protección por AT y EP del personal de empresas con riesgo específico de EP, las entidades gestoras y colaboradoras deben conocer el certificado del reconocimiento médico previo (y hacerlo constar) y los resultados de los periódicos. La empresa que no efectúe los reconocimientos es responsable directa de todas las prestaciones de EP que puedan derivarse. La mutua que incumpla el apartado 1: primas al Fondo con recargo que podrá llegar al 100 %; cantidad igual a las responsabilidades a cargo de la empresa; anulación de la autorización en caso de reincidencia; otras.

Artículo 245. Protección social

La protección social de los contratos a tiempo parcial se rige por el principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al de tiempo completo y, específicamente, por este capítulo y, en desempleo, por los artículos 269.2 y 270.1. Las reglas de esta sección se aplican a los trabajadores con contrato a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y fijo-discontinuo (artículos 12 y 16 del Estatuto de los Trabajadores) del Régimen General, incluidos los a tiempo parcial o fijos discontinuos del Sistema Especial para Empleados de Hogar, sin perjuicio de las particularidades de cada modalidad.

Artículo 246. Cotización

La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan conjuntamente con sus cuotas será siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias. Esa base no podrá ser inferior a las cantidades que reglamentariamente se determinen. Las horas complementarias cotizarán sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias.

Artículo 247. Cómputo de los periodos de cotización

Tiempo parcial: para acreditar la cotización de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor se tienen en cuenta los períodos en alta con contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la jornada. Fijos-discontinuos: para jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia se computa todo el período en alta con contrato fijo-discontinuo, multiplicado por 1,5, sin superar los días naturales de cada año; para incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor se tienen en cuenta los períodos en alta con ese contrato.

Artículo 248. Cuantía de las prestaciones económicas

Base reguladora: jubilación e incapacidad permanente, por la regla general; nacimiento y cuidado de menor, bases acreditadas en la empresa en los doce meses naturales inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre 365 (si el período es inferior, entre sus días naturales); incapacidad temporal, bases a tiempo parcial desde la última alta, con un máximo de tres meses, entre los días naturales del período. Lagunas: base mínima correspondiente a las horas contratadas en último término. Fijos discontinuos: su período en alta se multiplica por 1,5 para el porcentaje.

Artículo 249. Acción protectora y cotización

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones de aquella, incluido el desempleo. Respecto a la protección por desempleo, resultará de aplicación lo establecido en el título III con las especialidades previstas en el artículo 290. Los contratos suscritos conforme al apartado 1 estarán exentos de la cotización por formación profesional.

Artículo 249 bis. Cómputo de los periodos de cotización en contratos de corta duración

A los exclusivos efectos de acreditar los periodos mínimos de cotización exigidos para jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en los contratos temporales del artículo 151 cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, cada día de trabajo cuenta como 1,4 días de cotización, sin que al mes puedan computarse más días que los del mes respectivo. No se aplica a contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y fijo-discontinuo.

Artículo 249 ter. Inactividad de artistas en espectáculos públicos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social

Los artistas en espectáculos públicos podrán seguir en el Régimen General durante la inactividad, voluntariamente, si acreditan al menos 20 días en alta con prestación real de servicios en los 12 meses naturales anteriores a la solicitud, con retribuciones superiores a dos veces el SMI mensual. Se solicita a la TGSS en cualquier momento y, si se reconoce, surte efectos el día primero del mes siguiente. Incompatible con otro régimen. Baja a solicitud o de oficio por impago de dos mensualidades consecutivas. Cotiza el propio trabajador cada mes por la base mínima del grupo 7 al 11,50 %.

Artículo 249 quater. Compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística

El percibo del 100 por ciento de la pensión de jubilación contributiva es compatible, en los términos del artículo, con la actividad artística por cuenta ajena y por cuenta propia y con la de autores de obras literarias, artísticas o científicas. Incluye el complemento para pensiones inferiores a la mínima y el de maternidad o reducción de la brecha de género; el beneficiario es pensionista a todos los efectos. Se excluye a quien realice además otro trabajo que dé lugar a su inclusión en la Seguridad Social y la jubilación anticipada hasta la edad ordinaria.

Artículo 250. Ámbito de aplicación

Quedan comprendidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar los trabajadores sujetos a la relación laboral especial del artículo 2.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Quedan excluidos quienes presten servicios domésticos no contratados directamente por los titulares del hogar familiar, sino a través de empresas, conforme a la disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Su régimen jurídico es el del título II y sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellas se establezcan.

Artículo 251. Acción protectora

Los empleados de hogar del Sistema Especial tienen derecho a las prestaciones en los términos y condiciones del Régimen General, con peculiaridades: el subsidio por incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral se abona a partir del noveno día de la baja, y el abono de la prestación de los días cuarto al octavo, ambos inclusive, corre a cargo del empleador; el subsidio lo paga directamente la entidad a la que corresponda su gestión, sin pago delegado; y en contingencias profesionales no se aplica el régimen de responsabilidades en orden a las prestaciones del artículo 167.

Artículo 252. Ámbito de aplicación

Quedan comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios quienes realicen labores agrarias (propiamente agrícolas, forestales o pecuarias, o complementarias o auxiliares de ellas) en explotaciones agrarias, y los empresarios a los que presten servicios, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No son labores agrarias el manipulado, empaquetado, envasado y comercialización del plátano del artículo 136.2.g). Su régimen jurídico es el del título II y sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellas se establezcan.

Artículo 253. Reglas de inclusión

La inclusión en el Sistema Especial Agrario se produce con el alta y obliga a cotizar en actividad e inactividad. Hay inactividad en un mes si las jornadas reales son inferiores al 76,67 % de los días naturales en el sistema especial, salvo un mínimo de cinco jornadas reales semanales para un mismo empresario según convenio. Para la inactividad: 30 jornadas reales en 365 días continuados y solicitud en los tres meses naturales siguientes al de la última jornada. Exclusión a solicitud o de oficio por la TGSS (menos de 30 jornadas o impago de dos mensualidades consecutivas).

Artículo 254. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos

La afiliación y las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores agrarios por cuenta ajena se tramitan en los términos, plazos y condiciones de los artículos 139 y 140 y sus disposiciones de aplicación y desarrollo. Si se contrata a eventuales o fijos discontinuos el mismo día en que comienzan a prestar servicios y no ha sido posible formalizar el alta antes del inicio de la jornada, la solicitud puede presentarse hasta las doce horas de ese día; si la jornada termina antes de las doce horas, antes de que termine la jornada.

Artículo 255. Cotización

La cotización del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios se ajusta a la del Régimen General con particularidades. En actividad: responde el empresario (en los términos del artículo 142), que comunica las jornadas reales; cotiza por bases diarias o mensuales a su opción y, sin opción expresa, por bases mensuales (obligatorias con contrato indefinido, salvo fijos discontinuos). FOGASA 0,10 % a cargo exclusivo del empresario; formación profesional 0,18 %. En inactividad: responde el propio trabajador, cotización mensual, base mínima del grupo 7 y tipo del 11,50 %.

Artículo 256. Acción protectora

Prestaciones del Régimen General, con peculiaridades. Para las prestaciones económicas deben estar al corriente de las cotizaciones de los períodos de inactividad, en los que se protegen maternidad, paternidad, incapacidad permanente y muerte y supervivencia comunes, y jubilación. Jubilación anticipada (arts. 207 y 208): de los últimos diez años cotizados, al menos seis de actividad efectiva en el sistema. IT por enfermedad común: base reguladora no superior al promedio mensual de la base de cotización de los días efectivamente trabajados en los doce meses anteriores a la baja médica.

Artículo 257. Gestión y colaboración en la gestión

La gestión del Régimen General de la Seguridad Social se regirá por lo dispuesto en los capítulos V y VI del título I. Por lo dispuesto en esos mismos capítulos se regirá la colaboración en la gestión por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas.

Artículo 258. Conciertos para la prestación de servicios administrativos y sanitarios

Los organismos de la Administración de la Seguridad Social, de acuerdo con sus respectivas competencias, podrán concertar con entidades públicas o privadas la mera prestación de servicios administrativos, sanitarios o de recuperación profesional. Los conciertos serán aprobados por los departamentos ministeriales competentes. La compensación económica que se estipule no podrá consistir en la entrega de un porcentaje de las cuotas del Régimen General ni entrañar, en forma alguna, sustitución en la función gestora encomendada a esos organismos.

Artículo 259. Sistema financiero

El sistema financiero del Régimen General de la Seguridad Social será el previsto en el artículo 110, con las particularidades que se establecen en «el artículo siguiente» en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 260. Normas específicas en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Las mutuas colaboradoras y, en su caso, las empresas responsables constituyen en la TGSS, hasta el límite de su responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones por incapacidad permanente o muerte debidas a AT o EP; el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprueba las tablas de mortalidad y la tasa de interés. Ese Ministerio podrá obligar a las mutuas a reasegurar en la TGSS no menos del 10 ni más del 30 % de los riesgos. Por muertos por AT o EP sin familiar con derecho a pensión se ingresan capitales para una renta cierta temporal de veinticinco años del 30 % del salario.

Artículo 261. Derecho supletorio

En lo no previsto expresamente en «el presente título» se estará a lo dispuesto en el título I, así como en las disposiciones que se dicten para su aplicación y desarrollo.

Artículo 262. Objeto de la protección

Protege a quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria (art. 267). Total: cese, temporal o definitivo, en la actividad con privación del salario; incluye el cese por días completos, continuados o alternos, durante al menos una jornada ordinaria, por suspensión o reducción temporal decididas por el empresario (art. 47 ET) o por resolución judicial en procedimiento concursal. Parcial: reducción temporal de la jornada diaria ordinaria entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70 %, con análoga reducción del salario.

Artículo 263. Niveles de protección

La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter público y obligatorio. El nivel contributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de un empleo anterior o de la suspensión del contrato o reducción de la jornada. El nivel asistencial, complementario del anterior, garantiza la protección a los trabajadores desempleados que se encuentren en alguno de los supuestos incluidos en el artículo 274.

Artículo 264. Personas protegidas

Si tienen previsto cotizar por desempleo, se protege a: trabajadores por cuenta ajena del Régimen General y de regímenes especiales que lo protegen (con peculiaridades reglamentarias); emigrantes retornados y liberados de prisión, en las condiciones del título; interinos, personal eventual y contratado en su momento en régimen administrativo; cargos locales, forales, insulares y sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y retribuidos; y altos cargos con dedicación exclusiva, retribuidos y no funcionarios, salvo compensación por cese. El Gobierno podrá ampliar la cobertura.

Artículo 265. Acción protectora

Nivel contributivo: prestación por desempleo total o parcial y abono de la aportación de la empresa a las cotizaciones durante la percepción de las prestaciones, salvo en los supuestos del artículo 273.2. Nivel asistencial: subsidio por desempleo; abono, en su caso, de la cotización por la contingencia de jubilación durante el subsidio, en los supuestos del artículo 280; y derecho a asistencia sanitaria y, en su caso, a prestaciones familiares. Se añaden acciones de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesional y de fomento del empleo estable.

Artículo 266. Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones

Las personas del artículo 264 deberán: a) estar afiliadas y en alta o asimilada al alta en los casos que legal o reglamentariamente se determinen; b) tener cubierto el período mínimo del artículo 269.1 en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al cese de la obligación de cotizar; c) estar en situación legal de desempleo y suscribir el acuerdo de actividad; d) no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo las excepciones de esa letra; e) estar inscritas como demandantes en el servicio público de empleo competente.

Artículo 267. Situación legal de desempleo

Están en situación legal de desempleo, entre otros, quienes ven extinguida su relación laboral por despido colectivo, muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, despido, causas objetivas, resolución voluntaria en los supuestos de los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 ET o expiración del tiempo convenido sin denuncia del trabajador; y quienes retornan del extranjero sin prestación allí y con cotización suficiente antes de salir. No lo están quienes cesen voluntariamente (salvo el 1.a) 5.º) o no acrediten su disponibilidad a través del acuerdo de actividad.

Artículo 268. Solicitud, nacimiento y conservación del derecho a las prestaciones

Quien cumpla los requisitos del artículo 266 debe solicitar la prestación a la entidad gestora competente dentro de los quince días siguientes a la situación legal de desempleo, inscribirse como demandante de empleo, que debe mantenerse toda la prestación, y suscribir el acuerdo de actividad. Si la pide tarde, nace desde la solicitud y pierde los días que medien. Las vacaciones no disfrutadas lo retrasan hasta que transcurran. La decisión empresarial de extinguir es por sí misma situación legal de desempleo. Si hay readmisión, lo percibido es indebido por causa no imputable al trabajador.

Artículo 269. Duración de la prestación por desempleo

La duración de la prestación por desempleo depende de la ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al cese de la obligación de cotizar: la escala va de 120 días de prestación (desde 360 hasta 539 cotizados) a 720 (desde 2.160). El Gobierno podrá modificarla previo informe al Consejo General del SEPE. Cuentan las cotizaciones no computadas para un derecho anterior; no, las del tiempo de abono de la prestación, salvo la del artículo 45.1.n) del Estatuto. Las vacaciones del artículo 268.3 computan. En el desempleo parcial la consunción es por horas.

Artículo 270. Cuantía de la prestación por desempleo

La base reguladora es el promedio de la base cotizada por desempleo en los últimos 180 días del período del apartado 1 del artículo 269, excluidas las horas extraordinarias, que tampoco figuran en el certificado de empresa. Se cobra el 70 % los 180 primeros días y el 60 % desde el día 181. Máximo: 175 % del indicador público de rentas de efectos múltiples, o 200 % y 225 % con uno o más hijos a cargo, respectivamente. Mínimo: 107 % con hijos a cargo y 80 % sin ellos. Se toma el indicador mensual vigente al nacer el derecho, incrementado en una sexta parte.

Artículo 271. Suspensión del derecho

La entidad gestora suspende la prestación por desempleo por: sanción por infracciones leves y graves; nacimiento, adopción, guarda o acogimiento; condena privativa de libertad (con la salvedad de las rentas familiares); trabajo por cuenta ajena inferior a doce meses o por cuenta propia inferior a sesenta (veinticuatro con mutualidad alternativa); traslado al extranjero inferior a doce meses o estancia de hasta noventa días al año; no presentar documentos requeridos; no estar inscrito; incumplir o suspender el acuerdo de actividad; fijos-discontinuos que no se reincorporen.

Artículo 272. Extinción del derecho

Se extingue la prestación por desempleo por: a) agotamiento del plazo; b) sanción según la LISOS; c) trabajo por cuenta ajena igual o superior a doce meses (sin perjuicio de la opción del 269.3), o por cuenta propia igual o superior a sesenta meses con alta en RETA o Mar, o a veinticuatro con alta en mutualidad alternativa al RETA; d) edad ordinaria de jubilación, salvo lo del 266.d); e) pensión de jubilación o de IP total, absoluta o gran incapacidad (podrá optar); f) traslado o estancia en el extranjero, salvo 271.1.f) y g); g) renuncia voluntaria; h) seis años desde la baja sin reanudar.

Artículo 273. Cotización durante la situación de desempleo

Durante la percepción de la prestación por desempleo, la entidad gestora ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social: asume la aportación empresarial y descuenta de la prestación, incluidos los supuestos del artículo 270.3, la aportación del trabajador. En reducción de jornada o suspensión del contrato, ingresa únicamente la aportación del trabajador, tras efectuar ese descuento. Extinguida la relación laboral, la cotización no comprende las cuotas de desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.

Artículo 274. Beneficiarios del subsidio por desempleo

Beneficiarios: desempleados que cumplan el apartado 2 y a) hayan agotado la prestación (si son menores de cuarenta y cinco años sin responsabilidades familiares, de duración igual o superior a trescientos sesenta días) o b) estén en situación legal de desempleo sin el período mínimo para la contributiva, si han cotizado al menos noventa días. Apartado 2: no tener derecho a la contributiva, no estar en supuesto de incompatibilidad y carecer de rentas propias o, alternativamente, acreditar responsabilidades familiares. En todos los casos: inscripción y acuerdo de actividad.

Artículo 275. Carencia de rentas y responsabilidades familiares

Carencia de rentas: rentas propias del mes natural anterior que no superen el 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Responsabilidades familiares: rentas de la unidad familiar (incluido el solicitante) divididas entre sus miembros, con el mismo límite. Unidad familiar: el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho y los hijos menores de 26 años, o mayores con discapacidad, o menores acogidos o en guarda, que convivan o dependan económicamente. Los requisitos deben concurrir al solicitar el subsidio, sus prórrogas o reanudaciones.

Artículo 276. Solicitudes, nacimiento y prórroga del derecho al subsidio

Nace el día siguiente al del hecho causante si se pide en los 15 días hábiles siguientes; pedido después, pero dentro de 6 meses, nace el día de la solicitud; más tarde se deniega, salvo que el último día se estuviera trabajando o cobrando IT o nacimiento y cuidado de menor (plazo ampliado a 15 días hábiles tras su fin). Hecho causante: agotamiento de la prestación contributiva o última situación legal de desempleo si se accede por cotizaciones insuficientes. Prórroga hasta la duración máxima del art. 277: solicitud cada 3 meses devengados, en 15 días hábiles tras el trimestre.

Artículo 277. Duración del subsidio

Art. 274.1.a): la duración máxima depende de la edad al agotar la prestación, de si se acreditan responsabilidades familiares y de la duración de la prestación agotada: sin ellas, 6 meses en los casos de edad y duración de la tabla; con ellas (edad indiferente), 24 o 30 meses según la prestación agotada. Pueden acreditarse después, en los 12 meses siguientes al hecho causante. Art. 274.1.b): 90 días cotizados, 3 meses; 120, 4; 150, 5; 180, 6 sin responsabilidades o 21 con ellas (ampliable a 21 en 12 meses). Esas cotizaciones no valen para un futuro derecho. Siempre por trimestres prorrogables.

Artículo 278. Cuantía del subsidio

La cuantía del subsidio es igual a un porcentaje del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento: el 95 por ciento durante los ciento ochenta primeros días; el 90 por ciento desde el día ciento ochenta y uno al día trescientos sesenta; y el 80 por ciento a partir del día trescientos sesenta y uno.

Artículo 279. Suspensión, reanudación y extinción del derecho al subsidio

El subsidio del 274.1 se suspende por las causas del 271 y se reanuda en su forma y plazos si mantiene los requisitos de acceso. Si al acabar la suspensión no cumple la carencia de rentas o las responsabilidades familiares, podrá pedir la reanudación al cumplirlo, en los seis meses siguientes: efectos desde la solicitud, sin días consumidos. Fuera de plazo no procede (salvo último párrafo del 276.2), sin acumular suspensiones. Se extingue por el 272, salvo su h), y a los seis meses del agotamiento de la prórroga o del fin de la suspensión (276.2: quince días hábiles). Mayores de 52: 280.

Artículo 280. Beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años

Accede quien tenga cincuenta y dos años en la fecha del supuesto del artículo 274.1 y, en la del hecho causante, reúna todos los requisitos, salvo la edad, para cualquier pensión contributiva de jubilación, haya cotizado efectivamente en España por desempleo al menos seis años y carezca de rentas propias, requisito que ha de mantenerse. Cuantía: 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual. Declaración anual de rentas. La entidad gestora cotiza por jubilación sobre el 125 % de la base mínima del Régimen General.

Artículo 281. Automaticidad del derecho a las prestaciones

La entidad gestora competente pagará las prestaciones por desempleo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y de cotización. Lo hará sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y de la responsabilidad que corresponda a esta por las prestaciones abonadas.

Artículo 282. Incompatibilidades

La prestación y el subsidio son incompatibles con el trabajo por cuenta propia y, con carácter general, con las prestaciones contributivas económicas de la Seguridad Social, salvo que fueran compatibles con el trabajo que originó el derecho. La prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial si se solicita, deduciendo la parte proporcional: desde el inicio si se pide en 15 días hábiles; si no, desde la solicitud, siempre que se presente antes de 12 meses. El subsidio se compatibiliza como complemento de apoyo al empleo, con duración máxima de 180 días.

Artículo 283. Prestación por desempleo e incapacidad temporal

Si el contrato se extingue durante una incapacidad temporal por contingencias comunes, esta se sigue cobrando en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta su extinción; si la causa de extinción es del artículo 267.1 y se reúnen los requisitos, se pasa al desempleo, descontando ese tiempo como consumido. La entidad gestora de las prestaciones por desempleo cotiza y asume toda la aportación del trabajador. Si son profesionales: cuantía reconocida, sin descuento. Si surge cobrando desempleo total, tras el período inicial: misma cuantía si es recaída; 80 % del indicador mensual si no.

Artículo 284. Prestación por desempleo y nacimiento y cuidado de menor

Ap. 1: si, estando en nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, el trabajador pasa a un supuesto del art. 267.1, sigue cobrando esa prestación hasta que se extinga; luego pasa a desempleo y cobra, si reúne los requisitos, la prestación por desempleo, sin descontar de la contributiva ese tiempo. Ap. 2: si cobra desempleo total y pasa a esas situaciones, se suspenden el desempleo y la cotización del art. 265.1.a).2.º; extinguida aquella prestación, se reanuda el desempleo por la duración que restaba y la cuantía del momento de la suspensión.

Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 52 años y jubilación

Cuando el trabajador perciba el subsidio por desempleo previsto en el artículo 274.4 y alcance la edad ordinaria que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, los efectos económicos de la pensión se retrotraerán a la fecha de efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad, si la jubilación se solicita en el plazo de los tres meses siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso, la retroactividad máxima será de tres meses desde la solicitud.

Artículo 286. Normas aplicables

Los incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios deben cotizar por desempleo y tienen derecho a su protección, con las especialidades de la sección. No cotizan ni tienen derecho a prestaciones por desempleo, por esos periodos, el cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, del titular de la explotación en la que trabajen, si conviven con él, salvo que se demuestre su condición de asalariados. Durante las prestaciones, la cotización se rige por el artículo 289.

Artículo 287. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales

Acceden a las prestaciones del título con los requisitos del art. 266; si inmediatamente antes estuvieron de alta como autónomos, necesitan 720 días cotizados y luego rige la escala del art. 269.1, aunque el trabajo con situación legal de desempleo no sea eventual agrario, si la mayoría de cotizaciones al desempleo son de ese trabajo. Las jornadas reales computadas para la protección general o el subsidio del art. 274.1.b) no sirven para el subsidio del RD 5/1997 ni la renta agraria, y viceversa para la protección general. Si reúne requisitos de ambos, podrá optar por uno.

Artículo 288. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales residentes en Andalucía y Extremadura

Los eventuales agrarios del Sistema Especial residentes en Andalucía y Extremadura tienen la protección del artículo anterior y, además, el subsidio del RD 5/1997 o la renta agraria del RD 426/2003, si al quedar en desempleo acreditan esa condición y los requisitos. En cotización mensual, un mes completo computa 23 jornadas reales. La entidad gestora cotiza a la TGSS sobre el tope mínimo. El subsidio exige haberlo cobrado en alguno de los tres años naturales inmediatamente anteriores a la solicitud; las personas trabajadoras en esa fecha deben suscribir un acuerdo de actividad.

Artículo 289. Cotización durante la percepción de las prestaciones

La entidad gestora abona la cotización directamente a la TGSS. Prestación contributiva: base de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, calculada según las bases de los períodos de actividad; tipo de los períodos de inactividad (art. 255.3); la entidad gestora asume el 73,50 % de la aportación del trabajador y este el 26,50 %, descontado de la prestación. Subsidio del art. 274: base = tope mínimo vigente en el Régimen General. En los eventuales con cotizaciones computadas a distintos regímenes o sistemas, se cotiza al de mayor período cotizado.

Artículo 290. Trabajadores contratados para la formación y aprendizaje

En el contrato para la formación y el aprendizaje, la cotización por la contingencia de desempleo se efectúa por una cuota fija: la resultante de aplicar a la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el mismo tipo de cotización y distribución entre empresario y trabajador establecidos para el contrato en prácticas. Para determinar la base reguladora y la cuantía de la prestación por desempleo se aplica lo establecido en el artículo 270 de esta ley.

Artículo 291. Trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar

A las bases de cotización para desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar les será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. Esa aplicación es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de esta ley.

Artículo 292. Militares profesionales de tropa y marinería

Los militares profesionales de tropa y marinería con relación de servicios de carácter temporal están en situación legal de desempleo cuando finalice el compromiso suscrito o se resuelva por causas independientes de su voluntad. La prestación o el subsidio por desempleo son compatibles con la asignación de reservista de especial disponibilidad, cuyo importe se computa como renta a efectos del subsidio según el artículo 275.2. En desempleo tendrán un seguimiento activo e individualizado del Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Artículo 293. Financiación

La acción protectora regulada en el título en el que se encuentra el artículo 293 se financiará mediante la cotización de empresarios y trabajadores y la aportación del Estado. La cuantía de la aportación del Estado será cada año la fijada en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 294. Entidad gestora

Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar las funciones y servicios derivados de las prestaciones de protección por desempleo y declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en materia de sanciones. Las empresas colaborarán con la entidad gestora asumiendo el pago delegado de la prestación por desempleo en los supuestos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Artículo 295. Reintegro de pagos indebidos

La entidad gestora competente declara y exige la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario. Transcurrido el plazo sin reintegro, la Tesorería General de la Seguridad Social recauda en vía ejecutiva, con recargo e interés de demora. La entidad gestora podrá concertar servicios con la Tesorería o con cualquier administración pública, y podrá conceder compensación parcial o fraccionamiento, a solicitud del sujeto responsable presentada antes del inicio de la vía ejecutiva.

Artículo 296. Pago de las prestaciones

La entidad gestora deberá dictar resolución motivada sobre las prestaciones por desempleo en los quince días siguientes a la solicitud formulada en tiempo y forma. Pagan la entidad gestora o la propia empresa, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se determinen. Si lo establece algún programa de fomento del empleo, la entidad gestora podrá: abonar de una sola vez la prestación contributiva pendiente, total o parcial; abonarla en pagos parciales para subvencionar la cotización; y, por movilidad geográfica, abonar un mes de prestaciones o tres de subsidio pendientes.

Artículo 297. Control de las prestaciones

La entidad gestora controla el cumplimiento del título y comprueba el fraude. Podrá exigir a quienes cesaron según los párrafos 3.º, 4.º y 5.º del artículo 267.1.a) acreditar que percibieron la indemnización legal. Si no la percibieron ni demandaron judicialmente su pago o impugnaron la decisión extintiva, o si la extinción no lleva aparejada indemnización, se reclamará la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar la involuntariedad del cese. Podrá suspender el abono ante indicios suficientes de fraude apreciados en las investigaciones de los órganos competentes.

Artículo 298. Obligaciones de los empresarios

Obligaciones de los empresarios: a) cotizar por la aportación empresarial a desempleo; b) ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad; c) proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se determinen; d) entregar el certificado de empresa; e) abonar a la entidad gestora las prestaciones si se le declara responsable por incumplir afiliación, alta o cotización; f) en su caso, pago delegado; g) comunicar la readmisión en cinco días e ingresar las prestaciones (art. 268.5); h) comunicar antes las variaciones de calendario u horario (art. 47 ET).

Artículo 299. Obligaciones de los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo

Deben cotizar por desempleo; aportar documentación e información y comunicar su domicilio y cambios; inscribirse como demandantes de empleo y cumplir el acuerdo de actividad; buscar activamente empleo y acreditarlo si se les requiere; comparecer si se les requiere; participar en programas y aceptar la colocación adecuada; devolver en cinco días el justificante de comparecencia; pedir la baja; comunicar situaciones del complemento de apoyo al empleo; reintegrar lo indebido. Son beneficiarios en los quince días hábiles para pedir la prórroga del subsidio y en las suspensiones de su apartado 2.

Artículo 300. Acuerdo de actividad

A los efectos previstos en «este título», por acuerdo de actividad se entiende el así definido en el artículo 3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. El artículo no contiene la definición: remite a la de esa ley.

Artículo 301. Colocación adecuada

A los efectos previstos en «este título», por colocación adecuada se entiende la así definida en el artículo 3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. El artículo no contiene la definición: remite a la de esa ley.

Artículo 302. Infracciones y sanciones

En materia de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en el título en el que se encuentra el artículo 302 y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Artículo 303. Impugnación de actos

Van al orden social las decisiones de la entidad gestora sobre reconocimiento, denegación, suspensión o extinción de las prestaciones por desempleo, y sus resoluciones sobre: a) devolución de prestaciones indebidamente percibidas y reintegro de las que responda directamente el empresario (arts. 268.5.b) y 295.1), salvo la gestión recaudatoria (art. 3.f) Ley 36/2011); b) pago único (art. 296.3); c) sanciones a trabajadores (art. 48.5 LISOS). Para demandar es requisito necesario la reclamación previa ante la entidad gestora (art. 71 LRJS).

Artículo 304. Derecho supletorio

Artículo 305. Extensión

Deben incluirse obligatoriamente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. El apartado 2 enumera, en las letras a) a n), a quienes se declara expresamente comprendidos, entre ellos consejeros o administradores con control efectivo de una sociedad de capital, notarios y registradores.

Artículo 306. Exclusiones

Estarán excluidos de este régimen especial los trabajadores por cuenta propia o autónomos a que se refiere el artículo anterior cuando, por razón de su actividad marítimo-pesquera, deban quedar comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. No estarán comprendidos en el sistema de Seguridad Social los socios, sean o no administradores, de sociedades de capital cuyo objeto social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, sino por la mera administración del patrimonio de los socios.

Artículo 307. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos

Las personas trabajadoras autónomas están obligadas a solicitar su afiliación al sistema de la Seguridad Social y a comunicar sus altas, bajas y variaciones de datos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Deben hacerlo en los términos, plazos y condiciones establecidos en esta ley y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

Artículo 308. Cotización y recaudación

Los autónomos cotizan en función de los rendimientos netos anuales de todas sus actividades. La Ley de Presupuestos fija cada año una tabla general y una reducida, por tramos de rendimientos netos mensuales con base mínima y máxima. Se elige una base provisional según la previsión de rendimientos y se regulariza con los que comunica la Administración tributaria, con deducción por gastos genéricos del 7 % (3 % en las letras b) y e) del artículo 305.2). En estimación directa computa el rendimiento neto incrementado en las cuotas y aportaciones a mutualidades alternativas.

Artículo 309. Cotización en los supuestos de reconocimiento de una prestación económica de la Seguridad Social con anterioridad a la regularización anual

Se excluyen de la regularización del 308.1.c) las cotizaciones de los meses cuyas bases sirvieron para la base reguladora de una prestación reconocida antes de la regularización, y las posteriores hasta el mes del hecho causante: son definitivas y no se revisa la prestación. También es definitiva la base mensual mientras se perciben las prestaciones que enumera el apartado 1 en los supuestos en que deba mantenerse el alta. En IT con derecho a prestación económica, transcurridos sesenta días desde la baja médica, paga las cuotas por todas las contingencias la mutua o, en su caso, el SEPE.

Artículo 310. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia

Autónomo con trabajo compatible con la pensión de jubilación (artículo 214): cotiza a este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, más una cotización especial de solidaridad del 9 % sobre su base por contingencias comunes. Pensionista con actividad por cuenta propia en mutualidad alternativa (disposición adicional decimoctava): solidaridad del 9 % sobre la base mínima del tramo 1 de la tabla general (regla 1.ª del artículo 308.1). En este caso la cuota se deducirá mensualmente de la pensión. Ninguna computa a efectos de prestaciones.

Artículo 310 bis. Cotización de los perceptores de pensión de jubilación cuando realicen actividades artísticas

Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 249 quater, las personas están obligadas a solicitar el alta y cotizar en este régimen especial únicamente por contingencias profesionales. Además quedan sujetas a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre su base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones.

Artículo 311. Cotización al régimen especial a partir de la edad de jubilación

Los trabajadores incluidos en este régimen especial quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, una vez hayan alcanzado la edad de acceso a la pensión de jubilación que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a).

Artículo 312. Base mínima de cotización para determinados trabajadores autónomos

Artículo 313. Cotización en supuestos de pluriactividad

El autónomo en pluriactividad por un trabajo por cuenta ajena simultáneo tiene derecho al reintegro del 50 % del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes (de ambos regímenes) superen la cuantía que fije para cada ejercicio la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en este régimen especial por contingencias comunes. Lo abona la Tesorería General de la Seguridad Social en un plazo máximo de cuatro meses desde la regularización del artículo 308.1.c), salvo especialidades en la cotización o necesidad de datos del interesado.

Artículo 313 bis. Cotización de los artistas con bajos ingresos integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

La base de cotización por contingencias comunes de artistas autónomos de bajos ingresos la fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lo son si sus rendimientos netos anuales no superan los de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 5/2022. Se aplica si la solicitan expresamente, con los efectos generales de los cambios de base o, si se pide con el alta, desde los efectos de esta. Si el promedio no supera ese límite, no se regularizan cuotas salvo que el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social verifique que no es artista. Pueden pedir ingreso trimestral.

Artículo 314. Alcance de la acción protectora

La acción protectora del régimen especial de trabajadores autónomos será la establecida en el artículo 42, con excepción de la protección por desempleo y las prestaciones no contributivas. Las prestaciones y beneficios se reconocerán en los términos y condiciones que se determinan en el presente título y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo. En todo caso, para el reconocimiento y abono de las prestaciones, los trabajadores incluidos en este régimen especial han de cumplir el requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones previsto en el artículo 47.

Artículo 315. Cobertura de la incapacidad temporal

En el régimen especial de autónomos la cobertura de la incapacidad temporal es obligatoria, salvo que se tenga cubierta dicha contingencia en razón de la actividad realizada en otro régimen de la Seguridad Social. En ese supuesto, podrá acogerse voluntariamente a la cobertura y, en su caso, renunciar a ella en los términos establecidos reglamentariamente. Se salvan las excepciones de la disposición adicional vigésima octava respecto a los socios de cooperativas con sistema intercooperativo de prestaciones sociales y a los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica.

Artículo 316. Cobertura de las contingencias profesionales

Las contingencias profesionales del autónomo se cubren obligatoriamente con la misma entidad, gestora o colaboradora, que la incapacidad temporal, y obligan a cotizar en los términos del art. 308; dan las prestaciones del Régimen General en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. Accidente de trabajo: el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo por cuenta propia que determina la inclusión en el régimen, y el sufrido al ir o volver del establecimiento habitual que no coincida con el domicilio y sea el local, nave u oficina declarado afecto a efectos fiscales.

Artículo 317. Acción protectora de los trabajadores autónomos económicamente dependientes

Los trabajadores autónomos económicamente dependientes tienen incluida obligatoriamente la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es accidente de trabajo toda lesión corporal sufrida con ocasión o por consecuencia de la actividad profesional, y también el sufrido al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presume que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate.

Artículo 318. Normas aplicables

El artículo enumera las normas del título II aplicables al régimen especial de autónomos. En nacimiento y cuidado de menor, el capítulo VI del título II, excepto el artículo 179.1 y 2. El subsidio equivale al 100 % de una base reguladora diaria: bases acreditadas a este régimen en los seis meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, divididas entre ciento ochenta; si no estuvo en alta todo ese período, entre los días en alta. Los períodos coinciden con los descansos de los trabajadores por cuenta ajena y cabe jornada parcial en los términos reglamentarios.

Artículo 319. Efectos de las cuotas anteriores al alta

Si, reuniendo los requisitos para estar incluido en el régimen de autónomos, no se solicitó la preceptiva alta en los términos reglamentariamente previstos, las cotizaciones exigibles de períodos anteriores a la formalización del alta producen efectos respecto a las prestaciones una vez ingresadas con los recargos que legalmente procedan. Además, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan por su ingreso fuera de plazo, devengan intereses exigibles desde la fecha en que debieron ser ingresadas, conforme al tipo de interés legal del dinero vigente en el momento del pago.

Artículo 320. Base reguladora en los supuestos de cotización reducida y de cotización con 65 o más años de edad

Ap. 1: conforme al artículo 38 ter de la Ley 20/2007, aplicar la cuota reducida no afectará a la cuantía de las prestaciones que puedan causar los autónomos beneficiados; para su cálculo se aplica la base mínima vigente del tramo 1 de la tabla general de bases (regla 1.ª del artículo 308.1.a)). Ap. 2: por los períodos sin cotizaciones en los términos del artículo 311, las bases de las mensualidades exentas serán el promedio de las bases del año natural inmediatamente anterior incrementado en la variación media conocida del IPC, sin ser inferiores a la base mínima del tramo 1.

Artículo 321. Nacimiento y cuantía de la prestación de incapacidad temporal

En el régimen especial de autónomos, la prestación económica por incapacidad temporal nace, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, a partir del cuarto día de la baja en la correspondiente actividad; si el subsidio se ha originado a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, nace a partir del día siguiente al de la baja. En la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, los porcentajes aplicables a la base reguladora son los vigentes en el Régimen General respecto a los procesos derivados de dichas contingencias.

Artículo 322. Cuantía de la pensión de jubilación

En este régimen especial, la cuantía de la pensión de jubilación se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje de la escala establecida para el Régimen General, en función exclusivamente de los años de cotización efectiva del beneficiario. Si en el período de cálculo de la base reguladora aparecen, con posterioridad a la extinción de la prestación económica por cese de actividad, períodos sin obligación de cotizar, las lagunas de los siguientes seis meses de cada uno de esos períodos se integran con la base mínima de la tabla general de este régimen especial.

Artículo 323. Ámbito de aplicación

Quedarán comprendidos en este sistema especial los trabajadores por cuenta propia agrarios, mayores de 18 años, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente. El régimen jurídico de este sistema especial se ajustará a lo dispuesto en este título y en sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellos se establezcan.

Artículo 324. Reglas de inclusión

Se incluyen en este sistema especial los titulares de explotación agraria que obtengan al menos el 50 % de su renta total de actividades agrarias o complementarias (no menos del 25 % directamente de la actividad agraria en su explotación), con rendimientos netos anuales por titular que no superen el 75 % de la base máxima anual del Régimen General y trabajo personal y directo. Al solicitar la incorporación se presenta declaración justificativa; la validez de la inclusión queda condicionada a la posterior comprobación de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Artículo 325. Especialidades en materia de cotización

La incorporación al Sistema Especial agrario por cuenta propia aplica las normas de cotización del RETA (arts. 308 y ss.) con especialidades. Cobertura obligatoria: base hasta el 120 % de la base mínima del tramo 1, tipo del 18,75 %; base igual o superior, sobre la cuantía que exceda, el tipo vigente en este régimen para contingencias comunes (también en las bases definitivas del art. 308.1.c). Cobertura voluntaria: IT y cese de actividad, tipos de las LPGE; AT y EP, tarifa de primas. Acogidos a contingencias profesionales o cese de actividad: −0,5 puntos en la IT por contingencias comunes.

Artículo 326. Cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias profesionales

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, en este sistema especial la cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional tiene carácter voluntario. Ello es sin perjuicio de lo que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado puedan establecer, en particular, respecto de la protección por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de dichas contingencias profesionales.

Artículo 327. Objeto y ámbito de aplicación

La protección por cese de actividad forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social y es obligatoria. Protege a los autónomos afiliados y en alta en el RETA o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar ante el cese de la actividad que originó el alta, pese a poder y querer ejercer una actividad lucrativa. El cese podrá ser definitivo o temporal; el temporal, total o parcial. Alcanza también a cooperativistas que optaron por cuenta propia y a autónomos en régimen societario, si cumplen los requisitos del título (peculiaridades de los arts. 335 y 336).

Artículo 328. Régimen jurídico

La protección por cese de actividad se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el régimen especial de la Seguridad Social de encuadramiento. Las condiciones y supuestos específicos por los que se rija el sistema de protección de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 329. Acción protectora

La protección por cese de actividad comprende: a) la prestación económica por cese, temporal o definitivo, regida exclusivamente por esta ley y sus normas de desarrollo; b) el abono de la cotización: el órgano gestor se hace cargo de la cuota durante la percepción, sobre la base reguladora del artículo 339, nunca inferior a la base mínima o única del régimen. En los epígrafes 4.º y 5.º del artículo 331.1.a), el órgano gestor asume el 50 % y el trabajador el otro 50 %. En el artículo 331.1.d) no existirá obligación de cotizar.

Artículo 330. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección

Requisitos: a) afiliación y alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen del Mar; b) cotización mínima del art. 338; c) situación legal de cese, acuerdo de actividad y activa disponibilidad; d) en cese definitivo, no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo sin acreditar la cotización requerida; e) estar al corriente de cuotas: si no, el órgano gestor invita al pago en 30 días naturales improrrogables; f) en el cese del art. 331.1.a).4.º y 5.º, no ejercer otra actividad salvo el art. 342.3. Con trabajadores a cargo y causa del art. 331.1, se cumple antes la legislación laboral.

Artículo 331. Situación legal de cese de actividad

Están en situación legal de cese de actividad los autónomos que cesen por: a) motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, concretados en umbrales (pérdidas superiores al 10 %, ejecuciones de al menos el 30 %, jornada o contratos del 60 %, caída de ingresos del 75 %, deudas superiores al 150 %, concurso); b) fuerza mayor; c) pérdida de la licencia administrativa; d) violencia de género o sexual; e) divorcio o separación. No lo están quienes cesen voluntariamente, salvo el artículo 333.1.b), ni los del artículo 333 que vuelvan a contratar con el mismo cliente en un año.

Artículo 332. Acreditación de la situación legal de cese de actividad

La situación legal de cese de actividad se acredita mediante declaración jurada del solicitante con el motivo o motivos y la fecha de efectos del cese, acompañada de los documentos de cada causa: contables, fiscales y otros para los motivos económicos; documentación de la fuerza mayor; resolución de pérdida de la licencia; declaración escrita de la solicitante en caso de violencia de género o sexual; y resolución judicial en caso de divorcio o separación. Reglamentariamente se desarrollará la documentación.

Artículo 333. Trabajadores autónomos económicamente dependientes

Están en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, sin perjuicio del artículo 331.1, cesen por extinción del contrato con el cliente del que dependan económicamente por: terminación de la duración convenida o conclusión de la obra o servicio; incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado; rescisión por el cliente por causa justificada o injustificada, de acuerdo con la Ley 20/2007; o muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad.

Artículo 334. Trabajadores autónomos por su condición de socios de sociedades de capital

Autónomos del artículo 305.2.b): hay situación legal de cese si cesan involuntariamente en el cargo de consejero o administrador o en la prestación de servicios a la sociedad, y esta ha incurrido en pérdidas (artículo 331.1.a).1.º) o bien ha disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes del capital social. Cese en el cargo: acuerdo de junta y certificado de inscripción del Registro Mercantil. Cese en los servicios: documento que lo acredite y acuerdo de la Junta de reducción del capital por pérdidas. En ambos, además, acreditar pérdidas o disminución del patrimonio neto.

Artículo 335. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado

Están en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que cesen, definitiva o temporalmente, en la prestación de trabajo, perdiendo los derechos económicos derivados de ella, por alguna de las causas del apartado 1.a), y los aspirantes cesados en período de prueba por decisión unilateral del Consejo Rector u órgano de administración. No lo están quienes, tras cesar definitivamente y percibir la prestación, reingresen en la misma cooperativa en un año desde que se extinguió la prestación.

Artículo 336. Trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional conjuntamente

Situación legal de cese de los autónomos profesionales que cesen, definitiva o temporalmente, en la profesión ejercida conjuntamente con otros, por: a) motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos del artículo 331.1.a) que hagan inviable proseguir; b) fuerza mayor determinante del cese; c) pérdida de la licencia administrativa que sea requisito de la actividad y no se deba a infracciones penales; d) violencia de género o sexual determinante del cese de la trabajadora; e) divorcio o separación, con resolución judicial, si ejercía ayuda familiar en el negocio del excónyuge.

Artículo 337. Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad

Los autónomos que cumplan los requisitos del artículo 330 solicitan el reconocimiento a su mutua colaboradora o a la entidad gestora que les cubra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El derecho nace: en el 331.1.a), el día siguiente a los efectos de la baja; en el 331.1.a).4.º, el primer día del mes siguiente a la comunicación a la autoridad laboral; en el 331.1.a).5.º, el primer día del mes siguiente al de la solicitud; en la fuerza mayor del 331.1.b), el día en que quede acreditada; en el resto, el día primero del mes siguiente a los efectos de la baja.

Artículo 338. Duración de la prestación económica

Duración según lo cotizado en los 48 meses anteriores a la situación legal de cese (al menos 12 dentro de los 24 inmediatamente anteriores): de 12 a 17 meses cotizados, 4 de protección; 18-23, 6; 24-29, 8; 30-35, 10; 36-42, 12; 43-47, 16; 48 en adelante, 24. Nuevo reconocimiento: si concurren los requisitos legales y han transcurrido 18 meses desde el reconocimiento del último derecho. Computan exclusivamente las cotizaciones por cese de actividad al régimen especial correspondiente no computadas para un derecho anterior de la misma naturaleza; los meses, como completos.

Artículo 339. Cuantía de la prestación económica por cese de la actividad

Base reguladora: promedio de las bases de los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese (en el Régimen del Mar, sin coeficientes correctores y sin computar las vedas obligatorias sin prestación). Cuantía: 70 %; 50 % en el art. 331.1.a).4.º y 5.º y en la suspensión temporal parcial por fuerza mayor, a los que no se aplican la cuantía máxima ni la mínima. Máximo: 175 % del IPREM, o 200 % o 225 %, respectivamente, con uno o más hijos a cargo. Mínimo: 107 % u 80 %, según tenga hijos a cargo o no. IPREM mensual más una sexta parte, vigente al nacer el derecho.

Artículo 340. Suspensión del derecho a la protección

El órgano gestor suspende el derecho: a) durante el período que corresponda por sanción por infracción leve o grave; b) durante el cumplimiento de condena que implique privación de libertad; c) durante un trabajo por cuenta propia o ajena, salvo los ceses de los epígrafes 4.º y 5.º del artículo 331.1.a) o el cese temporal parcial por fuerza mayor, compatibles en los términos del artículo 342.1. La suspensión interrumpe el abono de la prestación y la cotización sin afectar al período de percepción, salvo en la letra a), en que se reduce por tiempo igual al de la suspensión.

Artículo 341. Extinción del derecho a la protección

Se extingue por: a) agotamiento del plazo de duración; b) imposición de sanciones; c) trabajo por cuenta ajena o propia durante doce meses o más (la propia, si genera derecho a la protección como autónomo); d) edad de jubilación ordinaria (teórica, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar), salvo si no reúne los requisitos de la jubilación contributiva; e) pensión de jubilación o de incapacidad permanente, sin perjuicio del artículo 342.1; f) traslado de residencia al extranjero, salvo los casos que reglamentariamente se determinen; g) renuncia voluntaria; h) fallecimiento.

Artículo 342. Incompatibilidades

El cese de actividad es incompatible con el trabajo por cuenta propia (aun sin alta obligatoria en RETA o Mar) y por cuenta ajena, salvo epígrafes 4.º y 5.º del art. 331.1.a) o cese temporal parcial por fuerza mayor, si los rendimientos netos mensuales no superan el SMI (o la base, si es inferior). Excepción: huertos de autoconsumo y mantenimiento de tierras. Incompatible con pensiones o prestaciones del sistema, salvo compatibles con el trabajo que la originó, y (Mar) con ayudas por paralización de la flota. Pluriactividad: compatible si media de 4 meses + prestación es inferior al SMI.

Artículo 343. Cese de actividad, incapacidad temporal, maternidad y paternidad

Si el cese llega estando en incapacidad temporal, se sigue cobrando la IT en la cuantía del cese hasta que se extinga y luego el cese, descontando como consumido el tiempo de IT desde la situación legal de cese; con maternidad o paternidad, se cobran estas hasta su extinción y luego el cese. Si la IT surge cobrando el cese: se cobra en cuantía igual al cese; agotado el período inicial del cese, si es recaída sigue en la misma cuantía y, si no lo es, en el 80 % del IPREM mensual. El período del cese no se amplía; el órgano gestor cotiza en los términos del art. 329.1.b) hasta su agotamiento.

Artículo 344. Financiación, base y tipo de cotización

Se financia exclusivamente con la cotización por cese de actividad. Base: la del RETA elegida como propia por el autónomo o la que le corresponda como cuenta propia en el Régimen del Mar. La LPGE de cada ejercicio fija el tipo con la fórmula TCt = G/BC*100 (1 de agosto de t-2 a 31 de julio de t-1). Se mantiene el vigente si sube o baja menos de 0,5 puntos, o si, bajando más, las reservas del art. 346.2 previstas al cierre de t-1 no superan el gasto presupuestado para t. Entre 0,7 % y 4 %; si excede del 4 %, carencias del art. 338.1 al alza, al menos dos meses. La AIReF podrá emitir opinión.

Artículo 345. Recaudación

La cuota de protección por cese de actividad se recaudará por la Tesorería General de la Seguridad Social conjuntamente con la cuota o las cuotas del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, y se liquidará e ingresará conforme a las normas de gestión recaudatoria de la Seguridad Social para dichos regímenes especiales. A esta cotización se aplicarán las normas de recaudación de cuotas, tanto en vía voluntaria como ejecutiva.

Artículo 346. Órgano gestor

Salvo lo establecido en el artículo anterior y en el apartado 3, gestiona la protección por cese de actividad la mutua colaboradora con la que el autónomo formalizó el documento de adhesión. El resultado positivo anual dota una Reserva de Estabilización: mínimo el 5 % de las cuotas del ejercicio por esta contingencia, ampliable voluntariamente hasta el 25 %; el excedente va a la TGSS para una Reserva Complementaria. No se aplica la responsabilidad mancomunada. Con AT y EP cubiertas por entidad gestora: ISM (Régimen del Mar) o SEPE (RETA). Informe anual al Consejo del Trabajo Autónomo.

Artículo 347. Obligaciones de los trabajadores autónomos

Obligaciones de los autónomos solicitantes y beneficiarios de la protección por cese de actividad: a) solicitar la cobertura a la misma mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que estén adheridos; b) cotizar por la aportación correspondiente; c) aportar la documentación e información precisa para el reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación de la prestación; d) pedir la baja en el momento en que haya suspensión o extinción del derecho o dejen de reunir los requisitos; e) no trabajar por cuenta propia o ajena mientras la perciben; f) reintegrar lo indebidamente percibido.

Artículo 348. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas

Sin perjuicio del artículo 47.3 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000), si se incumple lo dispuesto en los artículos 347.1.e), 331.2.b), 335.3 y en el párrafo segundo del artículo 336.a) de la LGSS, al reintegro de prestaciones indebidamente percibidas se aplica lo establecido en el artículo 55 de la LGSS y en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004). La declaración como indebida de la prestación corresponde al órgano gestor.

Artículo 349. Infracciones

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en esta ley y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El artículo no tipifica infracciones ni fija sanciones: se limita a esa remisión.

Artículo 350. Jurisdicción competente y reclamación previa

El orden social conoce de las decisiones del órgano gestor sobre reconocimiento, suspensión, extinción y pago de las prestaciones por cese de actividad. El interesado podrá formular antes reclamación previa ante el órgano gestor; la resolución indicará la posibilidad de reclamar, el órgano y el plazo. Contra resoluciones de mutuas, antes de resolver informa con carácter vinculante una comisión paritaria (mutuas, asociaciones de autónomos y Administración de la Seguridad Social), presidida por el representante de la Administración. Las demás, el mismo órgano gestor que emitió la resolución.

Artículo 351. Enumeración

Consisten en: a) asignación por hijo a cargo, cualquiera que sea la filiación, menor de 18 años con discapacidad igual o superior al 33 % o mayor de esa edad con una igual o superior al 65 %, y por menores a cargo en acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción que los cumplan; b) pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción en familias numerosas, monoparentales y madres o padres con discapacidad; c) pago único por parto o adopción múltiples. Quien trabaja sigue a cargo si convive con el beneficiario y sus rendimientos del trabajo no superan el 100 % del SMI anual.

Artículo 352. Beneficiarios

Tienen derecho a la asignación por hijo o menor a cargo quienes: residan legalmente en España; tengan a cargo hijos o menores en acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción que reúnan lo exigido en la letra a) del artículo 351 y residan en España; y no tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta naturaleza en otro régimen público. En separación judicial o divorcio, el derecho se conserva para el padre o la madre por los hijos o menores a su cargo. También son beneficiarios ciertos huérfanos, abandonados e hijos con discapacidad mayores de 18 años.

Artículo 353. Cuantía de las asignaciones

La cuantía de la asignación económica del artículo 351.a) se fijará, en su importe anual, en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado. En dicha ley, además de la cuantía general, se establecerá otra cuantía específica en el supuesto de hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Artículo 354. Determinación del grado de discapacidad y de la necesidad del concurso de otra persona

El grado de discapacidad, a efectos del reconocimiento de las asignaciones por hijo o menor a cargo, así como la situación de dependencia y la necesidad del concurso de otra persona a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, se determinarán mediante la aplicación del baremo aprobado por el Gobierno mediante real decreto.

Artículo 355. Declaración y efectos de las variaciones familiares

Todo beneficiario debe declarar las variaciones familiares que deban tenerse en cuenta a efectos del nacimiento, modificación o extinción del derecho. En ningún caso hay que acreditar documentalmente hechos o circunstancias, como el importe de pensiones y subsidios, que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí directamente. Efectos: en el nacimiento del derecho, desde el día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente a la fecha de solicitud del reconocimiento; en la extinción, desde el último día del trimestre natural dentro del cual se produjo la variación.

Artículo 356. Devengo y abono

Apartado 1: las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo se devengarán en función de las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, tenga derecho el beneficiario. Apartado 2: el abono de las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo se efectuará con la periodicidad que se establezca en las normas de desarrollo de esta ley.

Artículo 357. Prestación y beneficiarios

Hay prestación por nacimiento o adopción de hijo en España en familia numerosa (o que lo pase a ser), monoparental o con madre o padre con discapacidad de al menos el 65 %. Beneficiario: requisitos a) y c) del art. 352.1 e ingresos anuales no superiores a la cuantía de la LPGE, +15 % por hijo a cargo desde el segundo. No obstante, las familias numerosas (Ley 40/2003) también tienen derecho si no superan el importe que la LPGE fije para tres hijos a cargo, incrementado por hijo desde el cuarto. Si conviven ambos progenitores y la suma supera el límite, ninguno es beneficiario.

Artículo 358. Cuantía de la prestación

La prestación por nacimiento o adopción de hijo regulada en esta sección consistirá en un pago único de 1.000 euros. Cuando los ingresos anuales percibidos, de cualquier naturaleza, superen el límite del artículo 357.3 pero sean inferiores al resultado de sumar a dicho límite el importe de la prestación, la cuantía será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y el resultado de esa suma. No se reconocerá la prestación cuando esa diferencia sea inferior al importe establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 359. Beneficiarios

Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples producidos en España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien reglamentariamente se establezca, que reúnan los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 352.1. Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o adoptados sea igual o superior a dos.

Artículo 360. Cuantía

La cuantía de la prestación económica por parto o adopción múltiples se expresa en número de veces el salario mínimo interprofesional según el número de hijos nacidos o adoptados: con 2 hijos, 4 veces; con 3 hijos, 8 veces; con 4 y más hijos, 12 veces.

Artículo 361. Incompatibilidades

Si padre y madre reúnen las condiciones de beneficiarios de las prestaciones del capítulo, el derecho solo podrá reconocerse a favor de uno de ellos. Estas prestaciones son incompatibles con que el padre o la madre perciba cualquier otra prestación análoga de los restantes regímenes públicos de protección social; si uno de los padres está incluido en un régimen público de Seguridad Social por su actividad o por ser pensionista, la prestación la reconoce dicho régimen. Las asignaciones por hijo a cargo son incompatibles con que el hijo sea pensionista de invalidez o jubilación no contributiva.

Artículo 362. Revalorización

El criterio de revalorización establecido en el artículo 58 les será de aplicación a las prestaciones familiares en la modalidad no contributiva reguladas en este capítulo.

Artículo 363. Beneficiarios

Tienen derecho a la pensión de incapacidad no contributiva quienes: sean mayores de 18 y menores de 65 años; residan legalmente en España y lo hayan hecho cinco años, dos inmediatamente anteriores a la solicitud; tengan una discapacidad o enfermedad crónica en grado igual o superior al 65 por ciento; y carezcan de rentas o ingresos suficientes. En unidad económica, el límite es la pensión anual más el 70 por ciento de esa cifra por el número de convivientes menos uno; con descendientes o ascendientes en primer grado, dos veces y media esa cuantía.

Artículo 364. Cuantía de la pensión

La cuantía anual de la pensión de incapacidad no contributiva la fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con varios beneficiarios en la unidad económica, se suma el 70 % de esa cuantía tantas veces como beneficiarios menos uno, y el total se divide entre ellos. Es compatible con rentas que no excedan del 35 % de la pensión anual; el exceso se deduce, salvo lo dispuesto en el art. 366. Si, conviviendo con no beneficiarios, se supera el límite de acumulación del artículo anterior, las pensiones se reducen por igual. Mínimo: 25 %. Complemento del 50 % en los casos del apartado 6.

Artículo 365. Efectos económicos de las pensiones

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de incapacidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.

Artículo 366. Compatibilidad de las pensiones

La pensión de invalidez no contributiva (incapacidad, Ley 2/2025) no impide actividades, lucrativas o no, compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo. Si ya la percibía al iniciar una actividad lucrativa, durante los cuatro años siguientes la pensión más los ingresos no pueden superar, en cómputo anual, la suma del indicador público de renta de efectos múltiples (excluidas pagas extraordinarias) y la pensión de incapacidad no contributiva vigentes en cada momento. Si se excede, se minora la pensión, no el complemento del artículo 364.6.

Artículo 367. Calificación

Podrán constituir invalidez las deficiencias previsiblemente permanentes, físicas o psíquicas, congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial. El grado de discapacidad o de enfermedad crónica se determina con un baremo aprobado por el Gobierno que valora factores físicos, psíquicos o sensoriales y factores sociales complementarios. La dependencia y la necesidad de tercera persona del artículo 364.6, con otro baremo del Gobierno. A los 65 años, las pensiones de invalidez pasan a llamarse de jubilación, sin modificar las condiciones de la prestación.

Artículo 368. Obligaciones de los beneficiarios

Los perceptores de pensiones de incapacidad no contributiva deben comunicar a la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de aquellas. En todo caso, el beneficiario debe presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente.

Artículo 369. Beneficiarios

Tienen derecho a la jubilación no contributiva quienes, habiendo cumplido sesenta y cinco años, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites del artículo 363, residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre los dieciséis años y la edad de devengo, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Las rentas e ingresos propios y los ajenos computables por convivencia en una misma unidad económica, y la residencia en territorio español, condicionan el derecho, su conservación y, en su caso, su cuantía.

Artículo 370. Cuantía de la pensión

Para la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva se estará a lo dispuesto para la pensión de invalidez en el artículo 364. El artículo no da ninguna cifra: remite al artículo 364.

Artículo 371. Efectos económicos del reconocimiento del derecho

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva se producen a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.

Artículo 372. Obligaciones de los beneficiarios

Los perceptores de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva estarán obligados al cumplimiento de lo establecido para la pensión de incapacidad no contributiva en el artículo 368.

Artículo 373. Gestión

Las prestaciones no contributivas las gestiona el INSS, salvo las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, que gestiona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y podrán gestionar, en su caso, las comunidades autónomas estatutariamente competentes con esos servicios transferidos. Con las demás comunidades, el Gobierno podrá celebrar conciertos para que puedan gestionar las pensiones no contributivas. Estas pensiones figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas (art. 72); sus gestores comunicarán al INSS los datos de las pensiones concedidas que fije el reglamento.

Disposición adicional tercera. Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos y de otro personal de nuevo ingreso

Con efectos de 1 de enero de 2011, el personal del art. 2.1 de la Ley de Clases Pasivas (salvo la letra i) que acceda a su condición desde esa fecha entra obligatoriamente en el Régimen General. Se respetan la edad de jubilación forzosa y los tribunales médicos de cada colectivo, lo propio del militar no permanente y las pensiones extraordinarias de Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Quien estaba en Clases Pasivas a 31-12-2010 y pasa sin solución de continuidad a otro Cuerpo de ese régimen sigue en él, igual que el personal de la letra i).

Artículo 1. Ambito de aplicación

El Reglamento se aplica a la inscripción de empresas, la apertura de cuentas de cotización y la afiliación, altas, bajas y variaciones de las personas incluidas en el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva. No se aplica a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se rigen por sus normas específicas.

Artículo 2. Funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

En las materias del Reglamento, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponde: proponer y ejecutar las directrices generales del Gobierno; dictar las normas de ejecución y desarrollo del Reglamento y proponer al Gobierno los Reglamentos Generales; dirigir y controlar en grado superior las funciones de la Tesorería General, impulsando su ordenación jurídica e interpretando con carácter general las disposiciones; y las demás funciones que tenga atribuidas.

Artículo 3. Funciones atribuidas a la Tesorería General de la Seguridad Social

La Tesorería General dirige, propone al Ministerio y ejecuta y controla la gestión de la inscripción de empresas, cuentas de cotización, cobertura y tarifación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extinción de empresas, afiliación, altas, bajas, variaciones y número de la Seguridad Social. La función inspectora se ejerce a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que informa a petición de la Tesorería. Esta se coordina con las entidades gestoras y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Artículo 4. Competencia orgánica: reglas generales

La Tesorería General ejerce sus funciones en todo el Estado por sus órganos centrales y, en cada provincia, por los órganos directivos de la Dirección Provincial, incluidas sus Administraciones, bajo la autoridad del Director provincial. Si no se especifica el órgano, son competentes los órganos inferiores por razón de la materia y del territorio y, si hay varios, su superior jerárquico común. Delegación, avocación, encomienda, suplencia y demás se rigen por el capítulo I del Título II de la Ley 30/1992.

Artículo 5. Obligatoriedad de la inscripción y de otras comunicaciones del empresario

Antes de iniciar su actividad, como requisito previo e indispensable, el empresario debe solicitar a la Tesorería General su inscripción en el Régimen que corresponda. En esa misma solicitud indica la entidad gestora o colaboradora elegida para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y para la incapacidad temporal por contingencias comunes. Después debe comunicar las actividades distintas no integradas en la principal, los datos de trabajadores con especialidades de cotización y las variaciones de datos.

Artículo 6. La afiliación al sistema de la Seguridad Social

Con la afiliación, la Tesorería General reconoce como incluida en el sistema a la persona física que por primera vez realiza una actividad que la hace entrar en él. Es obligatoria para todos los comprendidos en el campo de aplicación, única y general para todos los Regímenes aunque se cambie de uno a otro, se extiende a toda la vida y es exclusiva. Por sí sola o con otros requisitos es título jurídico para adquirir derechos y nacer obligaciones.

Artículo 7. El alta en los Regímenes del sistema de la Seguridad Social

Con el alta, la Tesorería General reconoce a quien inicia una actividad o está en situación conexa su inclusión en el Régimen que proceda. El alta es obligatoria en la modalidad contributiva. Si una persona da lugar a su alta obligatoria en dos o más Regímenes hay pluriactividad; si trabaja por cuenta ajena para dos o más empresas con alta en un mismo Régimen, pluriempleo. Solo cabe optar entre Regímenes cuando una norma lo reconozca expresamente.

Artículo 8. Opción previa al alta de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado se dan de alta como asimilados a trabajadores por cuenta ajena o como autónomos, en el Régimen que corresponda a la actividad, según la opción de la cooperativa. La opción alcanza a todos los socios y se ejercita en los estatutos; solo se cambia modificando los estatutos, para todos los socios y pasados cinco años desde la anterior. Si se opta por autónomos, la cooperativa responde solidariamente de su cotización.

Artículo 9. Efectos generales de las afiliaciones y altas debidas e indebidas

Si se cumplen los requisitos generales y específicos establecidos, la afiliación y el alta producen los derechos y obligaciones previstos en la Ley General de la Seguridad Social, en las normas de cada Régimen, en el propio Reglamento y en sus disposiciones complementarias. La afiliación y el alta indebidas producen los efectos que fijan los artículos 59 y 60 del Reglamento.

Artículo 10. Concepto de empresario en la Seguridad Social

Es empresario, aunque no tenga ánimo de lucro, toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten servicios trabajadores por cuenta ajena o asimilados de cualquier Régimen. Se concreta para colectivos especiales: club u organizador para deportistas; organizador y casas musicales para artistas; Diócesis y organismos supradiocesanos para clérigos católicos; titular del hogar familiar para empleados de hogar; naviero o armador en el Mar; la cooperativa para sus socios asimilados a cuenta ajena.

Artículo 11. Solicitudes de inscripción y comunicaciones de modificación de datos

La solicitud de inscripción recoge la identidad del interesado y su representante y el medio y lugar de notificaciones; denominación, domicilio y actividad de la empresa, otras actividades, cuentas de cotización y convenio; centros de trabajo; lugar y fecha; firma; y órgano al que se dirige. Se acompaña DNI o pasaporte si es persona física y, si es jurídica, escritura o certificación registral, libro de actas en comunidades de propietarios, etc. Si falta algo, hay diez días para subsanar.

Artículo 12. Tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción, de la opción de cobertura y demás comunicaciones del empresario

La solicitud de inscripción, la opción de cobertura y las demás comunicaciones se dirigen a la Dirección Provincial de la Tesorería General o Administración del domicilio del empresario, aunque pueden presentarse en otras Direcciones, registros, Correos u oficinas consulares, que las remiten en el mismo día o al siguiente hábil. El interesado puede exigir justificante de la fecha. Tramita y resuelve la Dirección Provincial o Administración del domicilio del empresario, que es el fijado a efectos recaudatorios.

Artículo 13. Práctica de la inscripción

La inscripción se practica en el acto de presentar la solicitud; si falta algo, hay diez días para subsanar. Si no se tienen por ciertos los hechos, cabe prueba, informes y audiencia. La Tesorería asigna un número único de inscripción, que es el primer y principal código de cuenta de cotización, y puede asignar otros. El empresario con varias cuentas puede designar cualquiera como principal en cualquier momento posterior. Se le entrega justificante y todo consta en el Registro de Empresarios.

Artículo 14. Formalización del documento de asociación y de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal

Al pedir la inscripción, el empresario indica la entidad gestora o mutua elegida para contingencias profesionales e incapacidad temporal por contingencias comunes. Si elige entidad gestora, formaliza el documento la Dirección Provincial; si elige mutua, la mutua. La Tesorería practica la tarifación según la actividad; la mutua remite el documento de asociación en 15 días. Los documentos surten efectos desde el inicio de la actividad o, si la inscripción se pide después, desde la presentación, y duran un año prorrogable.

Artículo 15. Efectos generales de la inscripción y de la formalización de la cobertura de las contingencias profesionales y por la prestación económica por incapacidad temporal

La inscripción del empresario es única y válida, en los Regímenes que se determine, para todo el territorio del Estado y para toda la vida de la persona física o jurídica titular. Identifica al empresario a efectos de incluir a sus trabajadores. Formalizar la protección hace responsable de las prestaciones a la entidad gestora o colaboradora, si se cumplen la cotización y los demás requisitos. Sin protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las cuotas se devengan a favor de la Tesorería General.

Artículo 16. Registro de Empresarios

El Registro de Empresarios lo lleva la Tesorería General. En él figuran los empresarios del artículo 10 con trabajadores por cuenta ajena o asimilados del Régimen General, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de la Minería del Carbón (los números 2.º y 5.º están suprimidos). También recoge los datos de los centros docentes con estudiantes del Seguro Escolar. Contiene los datos necesarios para la gestión del sistema.

Artículo 17. Comunicación de variaciones de datos

El empresario debe comunicar las variaciones de nombre o denominación, domicilio legal, entidad que cubre contingencias profesionales e incapacidad temporal, deber de información de contratistas y subcontratistas, convenio colectivo, actividad económica y demás datos de la inscripción, y apertura y cierre de centros de trabajo. Se comunican a la dirección provincial o administración de la provincia de inscripción, en modelo oficial, en tres días naturales; el cambio de entidad, con diez días naturales de antelación.

Artículo 18. Extinción de la empresa y cese en la actividad

El empresario comunica la extinción de la empresa o el cese temporal o definitivo de su actividad a la dirección provincial o administración de la provincia en que se inscribió, en modelo oficial y en los tres días naturales siguientes, junto con las bajas de sus trabajadores. Si da de baja a todos sin comunicar extinción o cese, queda en baja temporal; a los doce meses sin demostrar continuidad se abre expediente de oficio. Si sigue habiendo trabajo, la comunicación sola no extingue sus obligaciones.

Artículo 19. Sucesión en la titularidad o en la actividad

Cuando cambia el titular de la empresa o de la actividad de sus centros de trabajo, en el Registro de Empresarios se toma razón de la extinción o cese del anterior y se hace una nueva inscripción y anotación a nombre del nuevo titular, o solo una nueva anotación si ya estaba inscrito. Debe solicitarse dentro de los seis días naturales siguientes a la sucesión, con la documentación del artículo 11.

Artículo 20. Actuación de oficio

Si la Tesorería General conoce, por sus datos, los de las entidades gestoras, la Inspección u otro medio, que el empresario ha incumplido sus obligaciones, actúa de oficio y se lo comunica. Si la empresa se extingue o cesa sin comunicarlo ni dar de baja a sus trabajadores, la dirección provincial lo anota de oficio, previa comunicación individual o, si no es posible, anuncio en el BOE. Surte efectos desde la actuación inspectora o la recepción de datos, salvo prueba de otra fecha.

Artículo 21. Número de la Seguridad Social

La Tesorería General asigna un número de la Seguridad Social a cada ciudadano como afiliado y en alta, por cuenta propia o ajena; a los beneficiarios de pensiones o prestaciones, contributivas o no; y a los sujetos responsables del ingreso de cuotas. Quien no lo tenga debe pedirlo a la Dirección Provincial o Administración, con su DNI o documento de extranjero, antes de solicitar afiliación y alta o cualquier prestación o servicio. Al pedir afiliación y alta hay que indicarlo.

Artículo 22. Documento identificativo de situaciones en la Seguridad Social

La Tesorería General facilita a cada afiliado, pensionista y beneficiario un documento identificativo con su número de la Seguridad Social y los demás datos que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fija las condiciones de expedición. El documento acredita los datos que contiene ante todas las entidades gestoras y servicios comunes y ante las demás Administraciones públicas y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes.

Artículo 23. Formas de promover la afiliación a la Seguridad Social

La afiliación a la Seguridad Social puede promoverse de tres formas: a instancia de los empresarios, a petición de los trabajadores o de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social. Se practica en los términos y condiciones de este capítulo y, en su caso, del capítulo VI del mismo Título.

Artículo 24. Afiliación a instancia del empresario

El empresario está obligado a pedir la afiliación de quienes, sin estar afiliados, entran a su servicio. La solicitud se hace en modelo oficial u otro sistema establecido, con el DNI o equivalente (o fotocopias), el número de la Seguridad Social y, en su caso, otra documentación. Pedir la afiliación implica pedir el alta inicial en el Régimen que corresponda. Si no se usa el modelo o falta documentación, se procede según el artículo 31.2 y puede aplicarse el artículo 26.

Artículo 25. Afiliación a instancia del trabajador

Los trabajadores por cuenta propia o asimilados que inician su actividad sin estar afiliados deben pedir ellos mismos su afiliación. Los trabajadores por cuenta ajena cuyo empresario incumpla su obligación pueden pedir directamente su afiliación y alta inicial a la Dirección Provincial o Administración de la Tesorería General en cualquier momento posterior a constatar el incumplimiento; la Dirección Provincial lo comunica a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 26. Afiliación de oficio

Las Direcciones Provinciales de la Tesorería General o sus Administraciones pueden afiliar de oficio cuando, por actuación de la Inspección de Trabajo, por los datos de las entidades gestoras y servicios comunes o por cualquier otro medio, se compruebe que trabajadores o empresarios obligados no han solicitado la afiliación. Si la afiliación de oficio no deriva de la Inspección, la Dirección Provincial le da cuenta para las comprobaciones que procedan.

Artículo 27. Lugar y plazo para solicitar la afiliación

La solicitud de afiliación de cada trabajador se dirige a la Dirección Provincial o Administración de la provincia del domicilio de la empresa (cuenta ajena) o del establecimiento del autónomo o, en su defecto, de su domicilio. Puede presentarse en otra Dirección o en los lugares del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, que la remiten en el mismo día o al siguiente hábil. Se puede exigir justificante. Debe formularse antes de que empiece la prestación de servicios o la actividad.

Artículo 28. Variación de datos de la afiliación

Si cambian los datos facilitados al afiliarse, el empresario y, en su caso, el trabajador los comunican a cualquier dirección provincial de la Tesorería General o administración de la Seguridad Social, dentro de los tres días naturales siguientes, mediante modelos oficiales o el sistema establecido. La comunicación la firma el trabajador y debe acompañarse de la documentación que la acredite para surtir efectos. Si no se cumple, la Dirección Provincial da cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 29. Formas de promover las altas y bajas de los trabajadores

Las altas y bajas se piden a nombre de cada trabajador ante la Tesorería General. El empresario comunica el inicio y el cese de servicios; el traslado a otra provincia exige baja en la de origen y alta en la de destino, igual que el cambio a otra cuenta de cotización. Si el empresario incumple, el trabajador puede instarlas y la Tesorería actuar de oficio. Para accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo y riesgos de embarazo y lactancia hay alta de pleno derecho. La incapacidad temporal no es cese.

Artículo 30. Solicitudes de alta y baja

Comunicar el inicio o el cese de servicios o actividad, por medios electrónicos o modelos de la Tesorería General, equivale a pedir el alta o la baja. El alta de asalariados recoge datos del empresario y del trabajador (grupo de cotización, convenio, formación, ocupación, centro). La de autónomos añade su actividad, sede y otros datos, como rendimientos netos previstos. La baja incluye fecha, causa y, si procede, fin de vacaciones no disfrutadas retribuidas. Firma el empresario o el autónomo.

Artículo 31. Documentación para acreditar la profesionalidad y demás requisitos a efectos de las altas, bajas y variaciones de datos

Quien debe pedir altas, bajas o variaciones acredita la prestación de servicios, la actividad y los demás requisitos, o su pérdida o cambio, con los documentos que pida la Tesorería si no los tiene ya y son necesarios. Si la solicitud está incompleta, hay diez días para subsanar; si no, se le tiene por desistido, se actúa de oficio y se notifica a la Inspección. La Tesorería puede pedir informes; el de la Inspección es preceptivo en las bajas de trabajadores dados de alta de oficio a instancia de ella.

Artículo 32. Forma, lugar y plazo de las solicitudes de altas, bajas y variaciones de datos

El inicio o cese de servicios o actividad se comunica con los modelos oficiales y documentos exigidos. Las altas se dirigen a la Dirección Provincial del domicilio de la empresa o del establecimiento del autónomo; bajas y variaciones, a aquella en que se dio el alta. El alta se pide antes de empezar a trabajar, pero no más de 60 días naturales antes; bajas y variaciones, en los seis días naturales siguientes. El Director General de la Tesorería puede autorizar otros plazos a empresarios con dificultades justificadas.

Artículo 33. Reconocimiento del derecho

Reconoce el derecho a la afiliación, al alta o a la baja la Dirección Provincial de la TGSS o su Administración de la provincia donde esté abierta la cuenta de cotización del empresario (trabajador por cuenta ajena) o donde radique el establecimiento del trabajador por cuenta propia o, en su defecto, su domicilio, salvo las peculiaridades del artículo 39. Se reconoce en el acto de presentación de la solicitud, tras comprobarla. Si se desestima, se dicta resolución motivada con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y con la forma y el plazo de impugnación.

Artículo 34. Efectos de la afiliación: registro, número y documentos de afiliación

La afiliación se registra en un fichero general de afiliación, a cargo de la TGSS, con todos los incluidos en el sistema. A cada trabajador se asigna su mismo número de la Seguridad Social, vitalicio y válido en todo el territorio del Estado. En el autónomo, el código de cuenta de cotización coincide con ese número o, en su defecto, con el de afiliación. Ser afiliado da derecho al documento de afiliación, que expide y renueva la Dirección Provincial de la TGSS o su Administración; la TGSS puede facilitar en su lugar el documento identificativo del artículo 22.

Artículo 35. Efectos especiales de las altas y bajas de los trabajadores

El alta reconocida sitúa al trabajador en alta en su Régimen. Las altas previas surten efectos desde el inicio de la actividad; las pedidas fuera de plazo, desde la solicitud (salvo ingreso de cuotas en plazo); las defectuosas, si se subsanan en diez días. Las de oficio se retrotraen a cuando se conocen los hechos o a la actuación inspectora. La baja surte efectos desde el cese, pero sin comunicación en plazo y forma se cotiza hasta que la TGSS conozca el cese. Los justificantes de alta y baja se conservan cuatro años.

Artículo 36. Situaciones asimiladas a la de alta

Quien cese en la actividad sigue en su Régimen, en situación asimilada al alta, si está, entre otras, en desempleo con inscripción como desempleado, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de hijos con reserva de puesto, traslado fuera del territorio nacional, convenio especial o inactividad entre trabajos de temporada; en el RETA, los noventa días naturales siguientes al último día del mes de la baja; y las que determine el Ministro. La asimilación opera respecto de las contingencias y con los efectos que fije cada norma.

Artículo 37. Efectos de las variaciones de datos de los trabajadores

Las variaciones de datos de los trabajadores en alta surten efectos desde que se producen si se comunican en tiempo y forma conforme al artículo 28. Si no, desde el día de su comunicación; pero si la variación anterior repercute en la cotización, se retrotrae al día en que tuvo lugar, con reclamación de las cuotas exigibles o devolución de las indebidas, siempre que no sean anteriores a los últimos cuatro años. Los obligados responden de las sanciones y responsabilidades anteriores a la comunicación.

Artículo 38. Relativas a la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos

La inscripción del empresario, la afiliación, el alta y la baja del trabajador y la variación de datos de uno y otro pueden formalizarse también por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Quien quiera usarlos debe ajustarse a las condiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, si no están establecidas, a las que fije la Dirección General de la TGSS, con sujeción siempre al artículo 45 de la Ley 30/1992 y sus normas de desarrollo.

Artículo 39. Relativas a la práctica de las inscripciones, afiliaciones, altas, bajas y variaciones presentadas por medios técnicos o en Administración de la Seguridad Social distinta a la del domicilio

Las solicitudes de inscripción, afiliación, alta, baja y variación presentadas por medios electrónicos, informáticos y telemáticos se consideran presentadas y resueltas en la Administración de la Dirección Provincial de la TGSS en la que el solicitante esté autorizado para usarlos. Si se presentan en modelos normalizados en una Administración distinta de la del domicilio del obligado, esta puede practicarlas; solo se remiten a la del domicilio las que no puedan resolverse en el acto por haber hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos.

Artículo 40. Relativas a los familiares del empresario y del trabajador autónomo y a los socios de sociedades colectivas y a los socios colectivos de sociedades comanditarias, así como a los de determinadas sociedades cooperativas

Para dar de alta como trabajador por cuenta ajena a un familiar del empresario se acompaña una declaración de ambos sobre su condición, categoría, puesto, retribución, centro y horario; puede pedirse informe de la Inspección. No hace falta para hijos menores de 30 años contratados por autónomos, aunque convivan; al cumplir 30 años se presenta en los 30 días naturales siguientes, y hasta esa edad los hijos convivientes no cotizan por desempleo. El autónomo titular y ciertas sociedades responden subsidiariamente, con un plazo de seis días.

Artículo 41. De la pluriactividad, pluriempleo y opción previa a la inclusión en diversos Regímenes

En pluriactividad se piden tantas altas y bajas como regímenes. Varias actividades simultáneas en el RETA dan un alta y una cotización únicas; si una incluye en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, el alta se practica por esa. En pluriempleo, empresarios y trabajadores comunican la situación. Para socios de cooperativas de trabajo asociado se aportan certificado de inscripción y estatutos con la opción de encuadramiento. En cooperativas hay tiempo parcial si la jornada es inferior al 77 por 100 de la completa.

Artículo 42. De la afiliación y alta de los extranjeros

Para la afiliación y el alta se equiparan a los españoles los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España y tengan autorización previa para trabajar cuando sea exigible. Sus solicitudes llevan la documentación de nacionalidad y, salvo normativa comunitaria, la autorización o el documento de excepción. Los trabajadores por cuenta ajena de países que ratificaron el Convenio 19 de la OIT, aun sin autorización, se consideran en alta solo frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 43. De determinados colectivos integrados en el Régimen General o en los Sistemas Especiales

Profesionales taurinos: la inclusión en el censo de activos supone el alta durante cada año natural y la exclusión, la baja automática. Personal español al servicio de la Administración en el extranjero y funcionarios de organismos internacionales: sus normas especiales y, en lo no previsto, este Reglamento. Funcionarios con cambio de destino: el alta surte efectos el día primero del mes siguiente al cese y la baja, el último día del mes del cese. Empleados de hogar: el alta incluye cuenta bancaria, tipo de contrato, horas y salario.

Artículo 44

Artículo 45. En el Régimen Especial Agrario

Los trabajadores del Régimen Especial Agrario deben inscribirse en el censo desde que reúnen las condiciones de inclusión. La petición de inscripción por el empresario equivale a la afiliación y al alta. El empresario comunica las jornadas reales dentro de los seis primeros días de cada mes. Más de seis meses naturales consecutivos de inactividad motivan la baja, que el trabajador pide en seis días. Tras más de seis meses en otro régimen, puede volver al censo si lo pide en tres meses. La TGSS reconoce la inscripción y la baja.

Artículo 46. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Afiliación, altas y bajas

En el RETA la afiliación, altas, bajas y variaciones se efectúan por medios electrónicos. La afiliación y hasta tres altas por año natural surten efectos desde el día en que concurren los requisitos, si se piden en plazo; el resto de altas y las pedidas fuera de plazo, desde el día primero del mes natural en que se reúnen. Hasta tres bajas por año valen desde el cese; las demás, al vencimiento del último día del mes del cese. Con varias actividades, el alta es única. La TGSS puede requerir documentos de prueba.

Artículo 47. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Cobertura de determinadas contingencias

Los autónomos deben cubrir obligatoriamente, de forma conjunta con una mutua, la incapacidad temporal por contingencias comunes, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el cese de actividad, al causar alta. La adhesión vence el 31 de diciembre y se prorroga salvo denuncia antes del 1 de octubre, con efectos el 1 de enero siguiente. En el alta de oficio se asigna la mutua con más autónomos adheridos en la provincia del domicilio, salvo opción por otra en diez días. Hay reglas propias para pluriactivos y económicamente dependientes.

Artículo 47 bis

Artículo 48. En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido dentro del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

La inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios sigue los efectos del artículo 46.2; si ya se estaba en alta en el RETA, surte efectos el día primero del mes siguiente a la solicitud. Los requisitos se acreditan con declaración responsable en la propia solicitud y la TGSS los comprueba; si en la inclusión inicial no se cumplían, exclusión de oficio desde la incorporación. La incapacidad temporal y el cese de actividad son voluntarios; de las contingencias profesionales es obligatoria la incapacidad permanente y la muerte y supervivencia.

Artículo 49. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar cada embarcación, plataforma fija, instalación o artefacto flotante es un centro de trabajo con código de cuenta de cotización propio, anotado en el rol o licencia. Afiliación, altas, bajas y variaciones siguen las reglas generales; los efectos para los trabajadores por cuenta propia, los del artículo 46. Estos protegen IT común, contingencias profesionales y cese de actividad con el ISM o una mutua; los del grupo tercero, la IT común con el ISM. En el alta de oficio, con el ISM salvo opción por mutua.

Artículo 50. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón

En el Régimen Especial para la Minería del Carbón, el empresario debe hacer constar en los documentos de alta de sus trabajadores la categoría profesional y el coeficiente reductor de la edad de jubilación aplicable. En el plazo del artículo 32.3.2.º debe comunicar a la TGSS las variaciones de esos datos, sea cual sea su causa, y los días de ausencia al trabajo distintos de la baja médica por enfermedad o accidente y de las ausencias autorizadas con derecho a retribución.

Artículo 51. Libro de Matrícula

El empresario debe llevar en orden y al día un Libro de Matrícula con todos sus trabajadores, inscritos al iniciar la prestación de servicios, y uno por cada centro de trabajo. Debe constar el número de la Seguridad Social, y el trabajador firma al empezar y al cambiar de categoría. Las bajas se anotan cronológicamente. Los Libros se habilitan en las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social; en las embarcaciones los sustituye el Rol, y la Dirección General de la Inspección puede autorizar otro sistema con iguales garantías.

Artículo 52. Conservación de datos y sistemas de documentación. Efectos

Empresarios y, en su caso, autónomos conservan al menos cuatro años los justificantes de inscripción, cobertura y tarifación de contingencias profesionales, cobertura de incapacidad temporal, afiliación, altas, bajas y variaciones. La TGSS lleva un fichero general automatizado con el registro de empresarios y cuentas de cotización, el de trabajadores y los que determine el Ministerio; lo mantiene al día, y sus asientos y documentos electrónicos valen como originales si se garantiza su autenticidad, integridad y conservación.

Artículo 53. Reserva de datos, derecho a la información y protección de los datos personales automatizados

Los datos de los registros de la TGSS los usan las entidades gestoras y servicios comunes para sus fines, y se facilitan a otras Administraciones (en especial, las tributarias), a las comisiones parlamentarias de investigación, a los sindicatos con capacidad de promoción de elecciones y en los demás casos previstos por ley. Empresarios, trabajadores o asimilados, y quienes acrediten interés personal y directo, pueden ser informados y acceder a registros y archivos. Los datos personales automatizados se sujetan a la Ley Orgánica 5/1992.

Artículo 54. Facultades de control

La autoridad laboral comunica a la entidad gestora o colaboradora interesada y a la TGSS los hechos que conozca y afecten a las obligaciones del Reglamento, para que se adopten medidas de oficio. La TGSS puede comprobar en todo momento la exactitud de sus datos y requerir datos o documentos para acreditar que se mantienen los requisitos. Si hacen falta visitas a centros de trabajo o domicilios, insta su realización a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que le da cuenta de los resultados. Antes, debe usar los datos que ya tiene.

Artículo 55. Facultades de revisión: límites. Rectificación de errores

Si la inscripción, protección de contingencias profesionales, tarifación, cobertura de IT, afiliación, altas, bajas y variaciones que constan en la TGSS no se ajustan a las normas, la TGSS puede adoptar las medidas necesarias, incluida la revisión de oficio de sus actos. Esa revisión no puede afectar a actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, salvo que obedezca a omisiones o inexactitudes en sus solicitudes y declaraciones. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos se rectifican en cualquier momento.

Artículo 56. Procedimiento de revisión de oficio

El procedimiento de revisión puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado, siempre que no afecte a actos declarativos de derechos, salvo los debidos a omisiones o inexactitudes del beneficiario. Se notifica su iniciación y los interesados pueden alegar y aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. La Dirección Provincial o Administración puede acordar prueba y pedir informes. Antes de redactar la propuesta de resolución hay audiencia. Las resoluciones son motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho.

Artículo 57. Efectos de la inscripción indebida del empresario

La inscripción indebida del empresario se anota en el Registro con efectos desde la fecha que fije la resolución administrativa que la declare indebida. Quien haya obrado con dolo, negligencia o morosidad en esa inscripción queda sujeto a las responsabilidades que procedan; la TGSS da cuenta de los hechos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que levante las actas de infracción y ejercita las demás acciones que le asistan.

Artículo 58. Efectos de las formalizaciones indebidas de la protección y tarifaciones en la protección de las contingencias profesionales o de la cobertura por incapacidad temporal

Si se declara indebida la formalización de la protección de contingencias profesionales, su tarifación o la cobertura de IT, la entidad formaliza, si procede, un nuevo documento con efectos desde el inicio del procedimiento en que se declaró. Si la tarifación indebida es imputable al empresario, surte efectos desde que concurrió la causa, con reclamación o devolución de cuotas. Si es por error de la TGSS o de la administración no empleadora, no hay recargo o se devuelve el exceso. Con dolo, negligencia o morosidad, no se devuelven las cuotas ingresadas maliciosamente.

Artículo 59. Efectos de las afiliaciones indebidas

La afiliación indebida de personas excluidas del sistema se deshace reponiendo la situación anterior a ella. Las cotizaciones ingresadas por esas personas no surten efecto alguno y, salvo ingreso malicioso, se devuelven, hayan causado o no prestaciones, previa deducción en todo caso de las prestaciones indebidamente percibidas, siempre que unas y otras no sean anteriores a los últimos cuatro años. Todo ello sin perjuicio de las remuneraciones, indemnizaciones y responsabilidades que procedan y de lo previsto en el artículo 57.2.

Artículo 60. Efectos de las altas indebidas

Las altas indebidas de quienes no deben estar en ningún Régimen tienen los efectos de la afiliación indebida. El alta indebida en un Régimen de quien pertenece a otro es válida hasta la fecha que fije la resolución que la declare indebida o, en su defecto, hasta el último día del mes de su notificación; las cotizaciones se computan recíprocamente con las del Régimen procedente. Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones o devoluciones de cuotas y prestaciones que procedan según la causa de nulidad o anulabilidad.

Artículo 61. Efectos de las bajas indebidas

Declarada indebida una baja, el trabajador se considera en alta a todos los efectos. Si la causa es grave (lesión de derechos susceptibles de amparo, órgano manifiestamente incompetente, contenido imposible, infracción penal, prescindir totalmente del procedimiento o carecer de requisitos esenciales), desde que concurrió esa causa; por cualquier otra, desde que se inició el procedimiento que la declaró indebida. Subsiste la obligación de cotizar y, si continúa la actividad, se reclaman las cuotas no anteriores a los últimos cuatro años.

Artículo 62. Efectos de la variación de datos indebida

Cuando las variaciones de los datos de los empresarios y de los trabajadores o asimilados sean indebidas, la TGSS rectifica los datos en sus sistemas de documentación con efectos desde la comunicación de los mismos o, en su caso, desde la fecha señalada en la resolución que las haya declarado indebidas. Ello sin perjuicio de aplicar, en su caso, el apartado 2 del artículo 57.

Artículo 63. Regla general

En los procedimientos sobre las materias reguladas en este Reglamento (inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos) debe dictarse resolución en el plazo máximo de cuarenta y cinco días. Los actos de la TGSS en estas materias pueden impugnarse en la forma, plazos y condiciones de la Ley 30/1992 y de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 1. Objeto

La liquidación de las deudas con la Seguridad Social comprende los actos que determinan esas deudas y permiten cobrarlas: primero por cumplimiento voluntario y, en su defecto, de forma forzosa en vía de apremio. Identifica cuantía, objeto, motivación y declaración liquidatoria, y su notificación, la hagan sujetos privados o la Administración. La gestión liquidatoria corresponde a la Tesorería General y demás órganos que fija el Reglamento, sin perjuicio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la recaudación la hace la Tesorería General.

Artículo 2. Ámbito

El Reglamento se aplica a la liquidación de las deudas por recursos de la Seguridad Social y por frutos, rentas e intereses de su patrimonio, y a cuotas de desempleo, FOGASA, formación profesional y demás conceptos que se liquiden e ingresen con ellas. No se aplica a: ingresos por asistencia sanitaria a usuarios sin derecho (los reclama el INSALUD por cuenta del Estado), actos de liquidación en el apremio, aportaciones del Estado y deudas con las Entidades gestoras de los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia.

Artículo 3. Competencia material y su regulación

La gestión liquidatoria la realiza la Tesorería General de la Seguridad Social bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la Inspección de Trabajo y de otros órganos con funciones expresas. Se rige por este Reglamento, los Reales Decretos de las demás deudas y sus normas de desarrollo, salvo especialidades por Ley o Real Decreto. Son supletorias las normas generales del Derecho Administrativo, Tributario, Laboral o Común. Los sujetos obligados liquidan conforme a este Reglamento.

Artículo 4. Competencia funcional y territorial

Las funciones de gestión liquidatoria de la Tesorería General las ejercen, en su ámbito territorial, sus Direcciones Provinciales y las Administraciones de estas, según la distribución de competencias, salvo las materias que el Reglamento, el Real Decreto 1314/1984, el Reglamento General de Recaudación o el Director general (por instrucciones publicadas en el BOE) reserven a los Servicios Centrales. Las funciones liquidatorias de la Inspección y de otros órganos se ejercen según sus propias normas de competencia.

Artículo 5. Presunción de legalidad y carácter reglado de la gestión liquidatoria

Los actos de la Administración que determinan sujetos, objeto, cuantía y contenido de las deudas con la Seguridad Social gozan de presunción de legalidad. Su efectividad solo queda afectada por una resolución administrativa o judicial que declare su ilegalidad y los anule o modifique. La gestión liquidatoria es actividad reglada y sus actos son impugnables en vía administrativa y jurisdiccional según el artículo 91 del Reglamento y demás normas.

Artículo 6. La obligación de cotizar. Objeto

Cotizar a la Seguridad Social es obligatorio. La cuota es el importe de esa obligación durante un tiempo reglamentariamente delimitado, llamado período de liquidación. Se calcula aplicando un porcentaje (tipo de cotización) a una cantidad fijada por las normas (base de cotización) y deduciendo, en su caso, bonificaciones y/o reducciones. Las normas de cotización de cada Régimen pueden fijar directamente la cuantía de la cuota.

Artículo 7. Sujetos de la cotización

El sujeto activo de la obligación de cotizar es la Tesorería General de la Seguridad Social, que transfiere a otras entidades o Administraciones las cuotas y conceptos de recaudación conjunta de los que sean titulares, si no se aplican al Presupuesto de la Seguridad Social. Están obligadas a cotizar las personas físicas o jurídicas en los términos de cada Régimen; para desempleo, FOGASA y formación profesional, quienes señalen sus normas. Es nulo todo pacto individual o colectivo por el que un obligado asuma la cuota del otro o renuncie a derechos u obligaciones de cotización.

Artículo 8. Bases de cotización

Las bases de cotización de cada Régimen y contingencia, sean de cuantía fija o calculadas sobre remuneraciones, productos u otras circunstancias, resultan de las reglas de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, de este Reglamento y de sus normas de desarrollo. Dentro de los límites relativos, pueden ajustarse por exceso o por defecto hasta la unidad de euro más próxima, en los términos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin rebasar los topes absolutos. Es nulo cualquier acto o pacto que pretenda alterar las bases, salvo disposición legal.

Artículo 9. Límites absolutos, máximo y mínimo, y límites relativos de la base de cotización. Pluriempleo y pluriactividad

Las bases no pueden superar el límite máximo absoluto, fijado cada año por la Ley de Presupuestos, único para todas las actividades y contingencias, que se aplica también en pluriempleo pero no en pluriactividad. En pluriempleo se reparte entre empresas en proporción a las retribuciones (o según el criterio del Ministerio). Pluriempleo: por cuenta ajena para dos o más empresarios en un mismo Régimen; pluriactividad: alta en dos o más Regímenes. Mínimo: SMI incrementado en un sexto, también prorrateado. Los prorrateos se hacen a solicitud de empresas o trabajadores.

Artículo 10. Tipos únicos para contingencias comunes y conceptos de recaudación conjunta

En cada Régimen los tipos de cotización son únicos y no se fraccionan para financiar las distintas contingencias, salvo, en su caso, las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La cuota íntegra por contingencias comunes puede fraccionarse, incrementarse o reducirse mediante partes o coeficientes cuando lo prevean las normas. Los tipos y su distribución, así como los de desempleo, FOGASA y formación profesional, los fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Artículo 11. Tipos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Empresarios (y empleados de hogar que lo hayan asumido) cotizan por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aplicando la tarifa de primas vigente según actividad y ocupación; los trabajadores por cuenta propia, por el tipo que fije cada año la Ley de Presupuestos, salvo los agrarios del Sistema Especial, que usan la tarifa. El Gobierno puede fijar primas adicionales por riesgo de enfermedad profesional. La cuota puede reducirse a empresas que se distingan en prevención o aumentarse a las que incumplan: hasta el 10 %, o hasta el 20 % de aumento si el incumplimiento es reiterado.

Artículo 12. Nacimiento

La obligación de cotizar nace con el comienzo de la actividad o de la situación incluida en el Régimen. La mera solicitud de afiliación y/o alta produce el mismo efecto, presumiéndose iniciada la actividad desde la fecha de efectos indicada en la solicitud, que puede desestimarse por resolución motivada. No pedir el alta no impide que nazca la obligación, sin perjuicio de la prescripción. En accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se cotiza aunque la empresa no tenga concertada la protección; esas cuotas se devengan a favor de la Tesorería General.

Artículo 13. Duración de la obligación de cotizar

Se cotiza durante todo el tiempo en que el trabajador o asimilado desarrolle la actividad, preste los servicios o esté en situación conexa con ellos. La obligación continúa en incapacidad temporal (cualquier causa), maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural; en deberes públicos y cargos sindicales, siempre que no den lugar a excedencia o cese; en convenio especial, desempleo contributivo y asistencial, en su caso, y en los demás casos previstos, como los de la Orden de 27 de octubre de 1992 para funcionarios.

Artículo 14. Extinción de la obligación de cotizar

La obligación de cotizar se extingue con el cese en el trabajo, actividad o situación, siempre que la baja se comunique en tiempo y forma. Si no se pide la baja o se pide fuera de plazo o de forma, se mantiene hasta el día en que la Tesorería General conozca el cese. Si la Tesorería da la baja de oficio, se extingue desde el día de la actuación inspectora o de la recepción de los datos que acrediten el cese. Los interesados pueden probar otra fecha de inicio o cese. Pedir la baja no extingue la obligación si continúa el trabajo o hay situación asimilada con obligación de cotizar.

Artículo 15. Liquidación de las cuotas como contenido de la obligación de cotizar

Cotizar implica las operaciones para determinar cuotas, recargos e intereses (base por tipo, menos deducciones). Hay tres sistemas: autoliquidación (calcula el sujeto responsable y transmite por medios electrónicos, salvo documentos de cotización), liquidación directa (calcula la Tesorería General a solicitud y con datos del responsable, por medios electrónicos) y liquidación simplificada (la hace la Tesorería General si el alta se pidió en plazo; si se pidió fuera de plazo, solo para los períodos posteriores a la solicitud). Sin perjuicio del control de la Tesorería y de la Inspección.

Artículo 16. Período de liquidación

El período de liquidación es el plazo al que se refieren las operaciones para determinar las cuotas a efectos de su pago. Salvo que el Ministerio autorice períodos superiores o inferiores, son mensualidades naturales completas. Las retribuciones por horas, días o semanas se refieren al mes natural de su devengo; las de vencimiento superior al mensual o no periódicas cobradas en el ejercicio se prorratean en las liquidaciones mensuales; los atrasos de meses ya liquidados y los incrementos con efectos retroactivos van en liquidaciones complementarias, mes a mes, con las condiciones de cada mes.

Artículo 17. Deducciones

Las cuotas íntegras o fijas solo pueden deducirse mediante corrección de la base, minoración del tipo, reducción o bonificación, por las causas legalmente previstas, sin perjuicio de la compensación. En autoliquidación las aplica el sujeto responsable en las liquidaciones transmitidas en plazo, ingresando solo la cuota líquida, y puede pedir después el resarcimiento a quien asuma su coste. En liquidación directa y simplificada las aplica la Tesorería General en las liquidaciones dentro de plazo. La Tesorería puede comprobarlas; las indebidas generan liquidaciones, reclamaciones y sanciones.

Artículo 18. Forma y plazos de las liquidaciones de cuotas

En autoliquidación, las liquidaciones se transmiten o presentan hasta el último día natural del plazo de ingreso, se paguen o no. En liquidación directa, el responsable pide el cálculo y aporta datos hasta el penúltimo día natural; la Tesorería aplica deducciones y compensaciones y emite el documento de pago; si los datos fallan, informa en 48 horas como máximo y el responsable puede corregirlos hasta el penúltimo día. En la simplificada, la Tesorería liquida sin solicitud previa. Desempleo, FOGASA y formación profesional siguen la misma forma y plazo.

Artículo 19. Control de las liquidaciones

La Tesorería General puede comprobar la exactitud de las operaciones y datos de cualquier liquidación y pedir informes y documentación, con la salvedad del artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015. Las entidades gestoras y colaboradoras también controlan y comprueban las compensaciones por pago delegado y las deducciones a cargo de su presupuesto; si son indebidas, piden a la Tesorería el inicio del procedimiento recaudatorio con datos que se consideran ciertos. Sin perjuicio de la Inspección. Si el control no está atribuido expresamente a nadie, corresponde a la Tesorería General.

Artículo 20. Formas de las liquidaciones administrativas de cuotas

Si las cuotas no se ingresan en plazo y procede su reclamación administrativa, se liquidan de dos formas, según corresponda: mediante reclamación de deuda expedida por la Tesorería General, o mediante acta de liquidación (con o sin acta de infracción) practicada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y elevada a definitiva por la Tesorería General. Supuestos, formalidades y alcance: artículos 30 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social y 61 y siguientes del Reglamento general de recaudación.

Artículo 21. Normas generales. Regímenes y supuestos especiales

Las normas comunes de la sección 1.ª se aplican a las operaciones, declaraciones y actos de liquidación para el pago y control, tanto si hay ingreso como si falta, de las deudas por cuotas de todos los Regímenes del sistema, por los conceptos de recaudación conjunta del artículo 2.2 y por los recargos sobre ambos. Ello sin perjuicio de las especialidades que fijan las secciones siguientes del capítulo para cada Régimen y para supuestos especiales.

Artículo 22. Sujetos de la obligación de cotizar

En el Régimen General cotizan los trabajadores incluidos y sus empresarios. Por contingencias comunes hay dos aportaciones, la del empresario y la del trabajador; por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales paga todo exclusivamente el empresario. La aportación del trabajador es de su exclusivo cargo y el empresario la descuenta al pagar el salario; si no lo hace entonces, no puede después y asume toda la cuota. Si descuenta y no ingresa, responde ante el trabajador, las entidades gestoras y la Tesorería. El responsable del ingreso de la totalidad es el empresario.

Artículo 23. Base de cotización

La base es la remuneración total mensual a la que el trabajador tiene derecho, o la percibida si es mayor; las pagas de vencimiento superior al mensual se prorratean en doce meses. Incluye dinero y especie (especie, por coste medio; educación y guardería, por coste marginal; préstamos, por la diferencia con el interés legal). Únicamente se excluyen dietas y locomoción con límites, ciertas indemnizaciones, prestaciones y mejoras de IT, estudios exigidos por el puesto y horas extraordinarias (salvo para AT y EP). El exceso de indemnizaciones se prorratea en los doce meses anteriores.

Artículo 24. Cotización adicional por horas extraordinarias

La remuneración por horas extraordinarias, además de cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, está sujeta a una cotización adicional destinada a incrementar los recursos generales del sistema, que no computa para la base reguladora de las prestaciones. Si las horas se deben a fuerza mayor se aplica el tipo especial que fije cada año la Ley de Presupuestos; las demás horas extraordinarias, el tipo general que fije esa misma Ley.

Artículo 25. Límites máximo y mínimo

En el Régimen General las bases de cotización no pueden ser superiores al límite máximo ni inferiores a los límites mínimos absolutos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 9. El límite máximo tiene carácter mensual o diario, sin perjuicio de lo que con carácter de especialidad disponen los artículos 32 y 33 del Reglamento. El límite mínimo es mensual o diario según que la retribución del trabajador tenga uno u otro carácter, sin perjuicio de los supuestos especiales del Reglamento y de sus normas de desarrollo.

Artículo 26. Bases por categorías

Salvo desempleo y contingencias profesionales, la base está sujeta a las bases mínimas y máximas de cada grupo. Once grupos: 1 Ingenieros y Licenciados y alta dirección no incluida en el art. 1.3.c) ET; 2 Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados; 3 Jefes administrativos y de Taller; 4 Ayudantes no titulados; 5 Oficiales administrativos; 6 Subalternos; 7 Auxiliares administrativos; 8 Oficiales de primera y segunda; 9 Oficiales de tercera y Especialistas; 10 Peones; 11 menores de dieciocho años. Asimila categorías la Dirección General de la Tesorería, previo informe de la Inspección.

Artículo 27. Tipo de cotización

En el Régimen General, los tipos de cotización por contingencias comunes y por desempleo, el porcentaje para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el de horas extraordinarias son los fijados en las disposiciones a que se refieren los artículos 10.3 y 4, 11.1 y 24.2 del propio Reglamento. El artículo no fija ninguna cifra: se limita a remitir a esas disposiciones.

Artículo 28. Contenido de la obligación de cotizar y circunstancias de la misma

En el Régimen General, el nacimiento, la duración y la extinción de la obligación de cotizar se refieren siempre a días naturales; la liquidación de las cuotas y el período de liquidación se efectúan por meses naturales. Todo ello, y la forma, lugar, plazo, comprobación y control de la liquidación, se rige por los artículos 12 y siguientes del Reglamento y, en su caso, por las normas de supuestos especiales de la subsección siguiente y de la sección 10.ª.

Artículo 29. Clérigos de la Iglesia Católica y demás Ministros de otras Iglesias y Confesiones

Para clérigos católicos, ministros de culto evangélicos, de comunidades israelitas, dirigentes religiosos islámicos e imanes y ministros de otras confesiones inscritas, incluidos en el Régimen General: la base es única y mensual para todas las contingencias e igual al tope mínimo absoluto vigente para mayores de dieciocho años, salvo otra cosa en sus normas de integración. La cuota se reduce deduciendo las fracciones de las contingencias excluidas mediante coeficientes reductores. Diócesis, Iglesias, Comunidades u organismos que fije el Ministerio asumen las obligaciones del empresario.

Artículo 30. Jugadores profesionales de fútbol

La base de los futbolistas profesionales, para todas las contingencias, se determina según los artículos 23 y 24, con estas particularidades: para contingencias comunes no puede superar ni quedar por debajo de las bases máxima y mínima del grupo que corresponda a la categoría del club: Primera División, grupo 2; Segunda División A, grupo 3; Segunda División B, grupo 5; restantes categorías, grupo 7. Para contingencias profesionales y recaudación conjunta rigen los topes absolutos del artículo 9 y la tarifa de primas vigente.

Artículo 31. Cotización de los representantes de comercio

Los representantes de comercio cotizan al Régimen General, por todas las contingencias y conceptos de recaudación conjunta, conforme a las normas generales de las subsecciones anteriores, con una sola particularidad: su base mensual por contingencias comunes no puede ser inferior ni superior a las bases mínima y máxima fijadas en cada momento para el grupo 5 de la escala del artículo 26.2, en el que quedan incluidos a esos efectos.

Artículo 32. Artistas en espectáculos públicos

Los artistas y su personal técnico y auxiliar cotizan por las normas generales con particularidades: bases de su grupo (la mínima, no inferior a la del RETA) y tope máximo anual. Las empresas comunican los salarios y cotizan mensualmente de forma provisional por bases diarias; al final del ejercicio la Tesorería practica la liquidación definitiva y reclama diferencias, que se ingresan en el mes siguiente a la notificación (aplazables hasta seis meses). El artista puede pagar o pedir regularizar según bases cotizadas; si calla, se entiende esto último.

Artículo 33. Profesionales taurinos

Los profesionales taurinos cotizan por las normas generales con particularidades: bases mínima y máxima del grupo asimilado (matadores y rejoneadores A y B, grupo 1; C, grupo 3; picadores y banderilleros de matadores del grupo A, grupo 2; restantes picadores y banderilleros, grupo 3; mozos de estoque, ayudantes, puntilleros, novilleros y toreros cómicos, grupo 7). Tope máximo anual. Se cotiza provisionalmente por base fija diaria; la Tesorería hace la liquidación definitiva al final del ejercicio. El organizador del espectáculo es empresario a efectos de cotización.

Artículo 34. Ciclistas, jugadores de baloncesto y demás deportistas profesionales

La base de ciclistas profesionales, jugadores profesionales de baloncesto y demás deportistas profesionales (según el Real Decreto 1006/1985 y la Ley 10/1990 del Deporte) cuya integración en el Régimen General se haya acordado expresamente se determina, para todas las contingencias, según los artículos 23 y 24. Para las bases mínimas y máximas quedan encuadrados en el grupo 3 del artículo 26.2. Por contingencias profesionales se aplica la tarifa de primas vigente. Todo, sin perjuicio de las especialidades del Real Decreto de inclusión.

Artículo 34 bis

Artículo 35. Régimen jurídico

La cotización al Régimen General se rige por las normas específicas que los establezcan y desarrollen en cinco supuestos: 1.º exclusión de alguna o algunas contingencias o inclusión solo respecto de algunas; 2.º colaboración en la gestión; 3.º reducción o mejora voluntaria de bases en los supuestos previstos en la Ley; 4.º incapacidad temporal y asimilación al alta; 5.º deducciones por correcciones de bases, reducciones o bonificaciones de cuotas o cotizaciones complementarias. En su defecto, rigen la sección 10.ª del capítulo y las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 1. Concepto y objeto de la gestión recaudatoria

La gestión recaudatoria de la Seguridad Social es la actividad administrativa dirigida a cobrar sus créditos y derechos. El artículo enumera los recursos que abarca: cuotas, aportaciones de mutuas y empresas colaboradoras, capitales coste, sanciones, recargos sobre prestaciones, reintegros de préstamos y de prestaciones indebidas, costas procesales y demás ingresos de derecho público, con sus recargos e intereses. La TGSS cobra además las cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional para entidades ajenas al sistema.

Artículo 2. Competencia y atribución de funciones

La recaudación de los recursos de la Seguridad Social es competencia exclusiva de la TGSS, bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo, y se ejerce a través de sus direcciones provinciales salvo atribución expresa a otros órganos. Las unidades de recaudación ejecutiva son competentes para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor, pueden embargar bienes situados fuera de su demarcación y su personal tiene la consideración de agentes de la autoridad pública.

Artículo 3. Colaboradores en la gestión recaudatoria

Colaboran con los órganos de recaudación de la TGSS: las entidades financieras autorizadas como oficinas recaudadoras (bancos y cajas de ahorro, acreditados con certificación del Banco de España; cajas rurales, con certificación del Registro especial de cooperativas de crédito; y otras cooperativas si se aprecia su capacidad), otros entes o agentes autorizados y las Administraciones o entidades con funciones recaudatorias por concierto o disposición especial. Ninguno de ellos adquiere el carácter de órgano de recaudación.

Artículo 4. Autorizaciones de colaboración en la gestión recaudatoria

El Secretario de Estado de la Seguridad Social concede o deniega las autorizaciones de colaboración en seis meses desde la entrada en su registro; sin resolución, se entienden desestimadas. Fija las condiciones de la colaboración y puede suspender, revocar o restringir la autorización, previo expediente, por las causas que enumera. El colaborador que quiera cesar lo pide con 30 días de antelación y se resuelve en tres meses (silencio estimatorio). Las resoluciones se publican en el BOE y surten efectos el día primero del mes siguiente.

Artículo 5. Conciertos de colaboración en la gestión recaudatoria

Los conciertos de la TGSS para la gestión recaudatoria requieren autorización previa del Ministerio de Trabajo si se celebran con Administraciones públicas y del Consejo de Ministros si se celebran con entidades particulares. Deben fijar como mínimo: servicios y órganos, procedimiento, compensaciones económicas, plazos y formas de ingreso, vigencia y resolución, revisión por cambios legislativos y la protección de los datos personales. La habilitación a entidades particulares es siempre temporal.

Artículo 6. Desarrollo del procedimiento

El período voluntario empieza con el plazo reglamentario de ingreso y dura, si no hay pago u otra causa de extinción, hasta la emisión de la providencia de apremio, que abre la vía ejecutiva. Vencido el plazo sin pago se aplican recargos y empiezan a devengarse intereses, exigibles solo en vía ejecutiva. El procedimiento se impulsa de oficio, se suspende solo en los casos previstos y termina por anulación o extinción de la deuda. Puede no iniciarse si la deuda es inferior a la cuantía que fije el Ministro por antieconómica.

Artículo 7. Presunción de legalidad

Los actos que dicta la Tesorería General de la Seguridad Social para determinar y recaudar la deuda con la Seguridad Social gozan de presunción de legalidad y son inmediatamente ejecutivos. Es decir, se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario y pueden ejecutarse desde que se dictan.

Artículo 8. Cómputo de plazos

Los plazos del reglamento se computan conforme a la Ley 30/1992 con dos particularidades para los plazos de pago: si se fijan por días sin decir otra cosa, son hábiles y se excluyen sábados, domingos y festivos; si se fijan por días naturales, meses o años y el último día es inhábil, el plazo termina el día hábil anterior, no el siguiente.

Artículo 9. Notificaciones

Las notificaciones recaudatorias se practican por medios electrónicos o en el domicilio. Los incorporados al Sistema RED, y quienes opten por la vía electrónica, son notificados obligatoriamente por comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social; la notificación se entiende practicada al acceder a su contenido y rechazada si no se accede en diez días naturales desde la puesta a disposición. Los demás, en su domicilio. Si no se puede notificar, se publica anuncio gratuito en el BOE.

Artículo 10. Recargos

Las cuotas no abonadas en plazo reglamentario llevan recargo. Si se presentó la liquidación en plazo: 10 % pagando en el primer mes natural siguiente al vencimiento y 20 % a partir del segundo. Si no se presentó: 20 % pagando antes de que acabe el plazo de la reclamación de deuda o acta de liquidación y 35 % después. Las deudas por recursos distintos de cuotas llevan un 20 %. No hay recargo sobre recargos o intereses ni si el retraso se debe a error de la Administración.

Artículo 11. Intereses

El principal devenga intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso; el recargo, solo desde que vencen los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio. Los intereses no se acumulan para calcular nuevos intereses ni se suspenden por impugnar. Solo son exigibles pasados 15 días naturales desde la providencia de apremio o desde el inicio del procedimiento de deducción sin pago. El tipo es el interés legal del dinero más un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos fije otro.

Artículo 12. Responsables de pago: normas comunes

Responden de las cuotas y demás recursos quienes estén directamente obligados a ingresarlos y, además, los responsables solidarios, subsidiarios y sucesores mortis causa. Los órganos de recaudación declaran esa responsabilidad y exigen el pago por el procedimiento del reglamento. Puede dirigirse el procedimiento contra el empresario efectivo aunque no figure formalmente. Salvo norma legal en contra, a estos responsables no se les pueden exigir sanciones pecuniarias ni recargos sobre prestaciones, salvo declaración de responsabilidad de la entidad gestora para estos últimos.

Artículo 13. Responsables solidarios

Si varias personas responden solidariamente, puede reclamarse a todas o a cualquiera, y seguir contra una no impide seguir contra otra hasta extinguir el crédito. Si el deudor liquidó en plazo sin pagar o ya tiene reclamación o acta, a otro solidario solo se le exige por reclamación de deuda por derivación (TGSS) o acta de liquidación (Inspección). Antes se dicta acuerdo de iniciación con audiencia de 15 días; la reclamación se notifica en un máximo de seis meses desde ese acuerdo. Comprende principal, recargos, intereses y costas.

Artículo 14. Responsables subsidiarios

Constatada la insolvencia del deudor principal, puede emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable subsidiario. Antes, la TGSS dicta acuerdo de iniciación con audiencia de 15 días, y la reclamación se notifica en seis meses como máximo. Comprende toda la deuda exigible al principal, sin recargos, intereses ni costas. Basta para tener por insolvente al deudor la insuficiencia de bienes, la insolvencia declarada en otro procedimiento o el concurso en fase de liquidación. Alegar bienes del principal solo suspende la ejecución.

Artículo 15. Sucesores mortis causa

Los herederos responden solidariamente entre sí de la deuda del causante desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, con los bienes de esta y con su propio patrimonio, salvo aceptación a beneficio de inventario, en que responden solo con los bienes adjudicados. Tras el fallecimiento, lo ya embargado se ejecuta con el representante de la herencia yacente o los sucesores; para otros bienes hay que emitir reclamación por derivación al sucesor. Sin herederos conocidos o aceptantes, se sigue contra los bienes de la herencia.

Artículo 16. Domicilio del responsable de pago

Domicilio a efectos recaudatorios: el empresario, el de la efectiva gestión administrativa y dirección del negocio, que figura en su inscripción; el trabajador, el de su solicitud de alta. Si falta, el de residencia habitual para personas naturales y el domicilio social para jurídicas si allí está centralizada su gestión. Quien resida en el extranjero más de seis meses al año debe designar representante con domicilio en España. Los cambios de domicilio se comunican y, si no, pueden modificarse de oficio.

Artículo 17. Legitimación para el pago

Puede pagar las deudas con la Seguridad Social el propio responsable, los administradores de bienes o negocios intervenidos o administrados judicialmente y, en general, cualquier persona, tenga o no interés y lo sepa o no el responsable. Pero el tercero que paga nunca puede ejercer ante la Administración de la Seguridad Social los derechos del responsable del pago; solo le quedan las acciones de repetición del derecho privado.

Artículo 18. Legitimación para el cobro

Las deudas se pagan directamente a los órganos de recaudación de la TGSS o a través de los colaboradores autorizados o habilitados, con los mismos efectos en ambos casos. El pago hecho a órganos o personas no legitimados para recibirlo no libera nunca al deudor, sin perjuicio de la responsabilidad del perceptor no autorizado. La Administración no responde en los casos de usurpación de la función recaudatoria.

Artículo 19. Integridad y efectos del pago

El pago solo extingue la deuda si cubre su totalidad. Esto no impide compensaciones y deducciones ni el ingreso separado de las aportaciones de los trabajadores retenidas, pero la deuda no se extingue hasta pagarla entera. Salvo en aplazamientos y compensación, las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no pueden ingresarse aparte de las de contingencias comunes. En vía ejecutiva se aplican los pagos parciales y lo obtenido por embargo. El pago con los requisitos del reglamento libera a los responsables.

Artículo 20. Pago por consignación

Si el órgano de recaudación rechaza indebidamente el pago ofrecido o no puede admitirlo por fuerza mayor, el responsable puede consignarlo a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando se acuerde la procedencia del pago o cese la fuerza mayor, la consignación se aplica al pago de la deuda con efectos retroactivos a la fecha en que se formalizó la consignación.

Artículo 21. Medios de pago

Las deudas con la Seguridad Social se pagan en efectivo, mediante dinero de curso legal, cheque, transferencia o domiciliación bancaria, o con cualquier otro medio que autorice la TGSS. El pago sigue el procedimiento de ingreso que esta determine según el tipo de deuda y el período de recaudación. El pago en dinero de curso legal se hace, en todo caso, a través de las entidades colaboradoras autorizadas o habilitadas.

Artículo 22. Cheque

Los cheques para pagar a la Seguridad Social deben ser nominativos a favor de la TGSS y cruzados a la entidad donde tenga cuenta el órgano o colaborador; librados contra entidades financieras autorizadas situadas en España; fechados el mismo día de la entrega o en los dos anteriores; conformados, visados o certificados, con retención del importe al menos 30 días desde su emisión; e indicar nombre y NIF del librador. Si un cheque conformado o certificado no se cobra, el impago se exige a la entidad que lo conformó o certificó.

Artículo 23. Transferencia bancaria

Las deudas con la Seguridad Social pueden pagarse por transferencia bancaria a las cuentas de la TGSS, cursando el mandato por bancos, cajas u otras entidades financieras inscritas. El mandato debe expresar el concepto concreto, el detalle si abarca varios conceptos y, en su caso, el código de cuenta de cotización. A la vez, el deudor envía al órgano colaborador los documentos exigidos con la fecha, el importe y la entidad usada. El pago se entiende hecho cuando los fondos entran en la entidad financiera destinataria.

Artículo 24. Otros medios de pago

Si alguien pide a la TGSS que autorice un medio de pago distinto del dinero de curso legal, el cheque o la transferencia, la solicitud debe resolverse en tres meses desde su entrada en cualquiera de los registros de la Tesorería. Si pasa ese plazo sin resolución, la solicitud se entiende desestimada.

Artículo 25. Justificantes de pago y deber de información de los empresarios

Quien paga a la Seguridad Social tiene derecho a un justificante: recibos de liquidación y documentos de ingreso validados por colaboradores, recibos de órganos o colaboradores, certificaciones del ingreso u otros documentos a los que dé ese carácter el Director General de la TGSS. Los obligados a cotizar conservan copia cuatro años. El empresario informa a los trabajadores de los datos de cotización dentro del mes siguiente al ingreso. El justificante del colaborador libera al deudor como si hubiera pagado en la TGSS.

Artículo 26. Requisitos formales de los justificantes de pago

Todo justificante de pago debe indicar como mínimo: datos identificativos del responsable, concepto, importe y período del ingreso, fecha de pago y órgano recaudador o colaborador que lo expide. Si es electrónico, estos datos pueden expresarse con códigos o abreviaturas que identifiquen al obligado y la deuda. Además, el deudor con justificante puede pedir a la TGSS una certificación acreditativa del pago, que esta debe expedir.

Artículo 27. Vigencia y ejecución de garantías

Cuando la ley o el reglamento den efectos a una garantía de pago, no se admiten las que no puedan ejecutarse hasta, al menos, seis meses después de que concurra la causa de ejecución. La garantía se libera al pagarse toda la deuda garantizada, con recargos, intereses y costas, o al extinguirse la obligación. Si la deuda se declara parcialmente improcedente por resolución firme, cabe su reducción proporcional. Solo se sustituye por causas extraordinarias y, si se incumple, se ejecuta por los trámites del título III.

Artículo 28. Tipos de garantía

La garantía ordinaria es el aval solidario de entidades financieras de depósito o crédito inscritas, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, inscrito en el Registro especial de avales. Si no es posible por causa justificada y la norma lo permite, valen otras: hipoteca, prenda, seguro de caución, fianza personal u otra suficiente y, con deuda en apremio, la anotación preventiva de embargo. Si su aceptación o cancelación requiere documento público, se hace por documento administrativo del órgano que dicta la resolución vinculada.

Artículo 29. Aval genérico

El sujeto responsable puede presentar un aval genérico como garantía especial de todas sus deudas presentes y futuras con la TGSS. Ese aval no suspende el procedimiento recaudatorio iniciado o que pueda iniciarse, pero hace que se le considere al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social mientras el importe avalado garantice suficientemente la deuda que pueda generarse.

Artículo 30. Reembolso del coste de las garantías

Si se aportaron garantías para suspender el procedimiento de recaudación y la deuda se declara improcedente por sentencia o resolución administrativa firmes, la TGSS reembolsa el coste de las garantías y, en su caso, el interés legal de lo depositado o consignado desde el depósito hasta los 30 días siguientes a la notificación de la resolución o sentencia. Si la improcedencia es parcial, el reembolso es proporcional. Se hace previa acreditación del importe y por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Artículo 31. Normas generales

Los órganos de la TGSS, según el reparto de competencias de su Director General, pueden conceder a petición del responsable aplazamientos de deudas cuando su situación económico-financiera, apreciada discrecionalmente, le impida pagar en plazo. La duración total no puede pasar de cinco años, salvo causas extraordinarias acreditadas, en que resuelve el Director General a propuesta favorable. Cumplido, el aplazamiento suspende el procedimiento y permite considerar al deudor al corriente para subvenciones, bonificaciones, prestaciones o contratación.

Artículo 32. Deudas con la Seguridad Social susceptibles de aplazamiento

Puede aplazarse cualquier deuda de Seguridad Social salvo las cuotas de la aportación de los trabajadores por cuenta ajena o asimilados y las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que deben ingresarse en un mes desde la notificación de la concesión si no se pagaron antes. Los recargos sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad solo se aplazan si se garantiza íntegramente con aval. El aplazamiento incluye todas las deudas aplazables, con sus recargos, intereses y costas, y los pagos se imputan primero a las cuotas inaplazables.

Artículo 33. Garantías

El aplazamiento debe garantizarse con garantía suficiente para cubrir principal, recargos, intereses y costas. Se tiene por incumplido si la garantía no se constituye en 30 días naturales desde la notificación (o el plazo superior fijado, de hasta seis meses). No hace falta garantía cuando el solicitante es una Administración pública o ente de derecho público no societario, la deuda no supera 150.000 euros (o es inferior a 250.000 con pago anticipado de un tercio), se trata de prestaciones indebidas de un pensionista o lo exime el Secretario de Estado.

Artículo 34. Interés

Conceder un aplazamiento hace que se devengue interés desde la concesión hasta el pago, al tipo de interés de demora vigente en cada momento del aplazamiento. Ese interés se incrementa en dos puntos si se eximió al responsable de constituir garantías por causas extraordinarias. Se aplica sobre el principal, los recargos y las costas aplazados.

Artículo 35. Procedimiento

La solicitud de aplazamiento identifica deudor y deuda, motivos, plazos y vencimientos pedidos, medio de notificación y, en su caso, garantías ofrecidas. Si es defectuosa, se requiere subsanar en 10 días bajo apercibimiento de desistimiento. Se resuelve en tres meses como máximo desde su entrada en el registro del órgano competente; sin resolución, puede entenderse desestimada. Pedirla no suspende el procedimiento. Se deniega, en general, por incumplimientos reiterados, enajenación ya autorizada de bienes embargados o deuda no superior al salario mínimo mensual.

Artículo 36. Incumplimiento

Si se incumple cualquier condición o pago del aplazamiento, sigue sin más trámite el apremio ya iniciado y se dicta providencia de apremio por la deuda no apremiada, con recargo del 20 % del principal si se liquidó en plazo o del 35 % si no. Primero se ejecutan las garantías constituidas y los intereses de demora se exigen desde el vencimiento de los plazos reglamentarios de ingreso. El aplazamiento se considera incumplido en cuanto el beneficiario deja de estar al corriente con la Seguridad Social tras su concesión.

Artículo 1. Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

El Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se rige por tres fuentes: esta Ley (el texto refundido), sus normas de aplicación y desarrollo y, además, la legislación de Clases Pasivas del Estado.

Artículo 2. Mecanismos de cobertura

El Régimen especial tiene dos mecanismos de cobertura: el Régimen de Clases Pasivas del Estado (según sus normas específicas) y el Régimen del Mutualismo Administrativo regulado en esta Ley. Excepción: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011 quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones.

Artículo 3. Campo de aplicación

Quedan obligatoriamente incluidos: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en Cuerpos de esa Administración. Quedan excluidos (con sus normas propias): los de Administración Local, organismos autónomos, Administración Militar, Administración de Justicia, Administración de la Seguridad Social, los de nuevo ingreso y en prácticas de las Comunidades Autónomas, los transferidos que ingresen en Cuerpos propios de la Comunidad Autónoma y el personal de administración y servicios propio de las universidades.

Artículo 4. Competencia y adscripción

El mutualismo administrativo se gestiona y presta a través de MUFACE, que depende del ministerio que indica el texto (el de Administraciones Públicas). La gestión es unitaria y corresponde a MUFACE, sin perjuicio de las obligaciones de las Comunidades Autónomas respecto a los funcionarios civiles del Estado transferidos y adscritos a su servicio.

Artículo 5. Naturaleza y régimen jurídico

MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión; se rige por las previsiones de la Ley 6/1997 sobre organismos autónomos. Su régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable, de control de prestaciones y de conciertos sanitarios y farmacéuticos se rige por esta Ley y su desarrollo, por la Ley General Presupuestaria en lo aplicable y, supletoriamente, por la Ley 6/1997. Goza del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Artículo 6. Régimen de personal

El personal al servicio de MUFACE puede ser funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado. No hay un régimen de personal propio de la Mutualidad: se aplica el de la Administración General del Estado.

Artículo 7. Afiliación y altas

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado se incorporan obligatoriamente a MUFACE al tomar posesión, ser rehabilitados o reingresar, y siguen siendo mutualistas en servicios especiales (con salvedades), servicios en Comunidades Autónomas, expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de familiares y suspensión provisional o firme; también los jubilados, según el Reglamento. Quien accede por promoción interna a Escalas de organismos autónomos o a Cuerpos autonómicos pasa al Régimen General, pero puede seguir de mutualista optando en quince días.

Artículo 8. Baja, mantenimiento facultativo y suspensión de la situación de alta

Causan baja como mutualistas obligatorios: los que pasan a excedencia voluntaria (salvo opción del artículo 7.3), los que pierden la condición de funcionario, los que transfieren derechos al régimen de las Comunidades Europeas y los afiliados obligatoriamente al régimen de las Fuerzas Armadas. Los tres primeros pueden seguir como mutualistas voluntarios pagando a su cargo las cuotas del funcionario y del Estado. Quien sirva en la Unión Europea u otra organización internacional, acogido a su previsión, puede suspender el alta mientras dure esa situación.

Artículo 9. Afiliación a más de un Régimen de la Seguridad Social

El Reglamento General del Mutualismo Administrativo regula a quienes pasan de un Cuerpo a otro y a quienes ocupan varias plazas compatibles; por reglamento se fija cómo conservar derechos en curso al pasar del Mutualismo a otros regímenes y a la inversa. Si una única prestación de servicios obliga a estar en más de un régimen, el funcionario puede optar, una sola vez, por pertenecer solo al régimen especial de funcionarios que le corresponda; si son dos regímenes especiales de funcionarios, puede optar también una sola vez por uno de ellos.

Artículo 10. Régimen de cotización de los mutualistas

Cotizar a MUFACE es obligatorio para todos los mutualistas salvo los jubilados y los excedentes voluntarios por cuidado de hijos o familiares. La base es el haber regulador y el tipo lo fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuota mensual se obtiene dividiendo por catorce el resultado anual y se paga doble en junio y diciembre. La obligación de pago prescribe a los cuatro años desde que debieron ingresarse las cuotas, y el derecho a la devolución de ingresos indebidos se ejerce en cuatro años desde que se hicieron efectivas.

Artículo 11. Contingencias protegidas

Los mutualistas y, en su caso, sus familiares o asimilados a cargo están protegidos en cinco contingencias: necesidad de asistencia sanitaria; incapacidad temporal por enfermedad común o profesional o por accidente común o en acto de servicio; incapacidad permanente en esos mismos supuestos; cargas familiares; y la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para trasplante.

Artículo 12. Prestaciones

Prestaciones: asistencia sanitaria; subsidios por incapacidad temporal (incluida la donación de órganos), riesgo en embarazo o lactancia; prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez; pago a quien asiste al gran inválido; indemnizaciones por lesiones; servicios sociales; asistencia social; hijo a cargo minusválido; y parto múltiple. Se pagan solo en cuenta o libreta a nombre del perceptor. En las periódicas o vitalicias anteriores a 2011, el habilitado de Clases Pasivas entrega el importe íntegro y cobra aparte.

Artículo 13. Objeto

La asistencia sanitaria tiene por objeto prestar servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos para conservar o restablecer la salud de los beneficiarios y su aptitud para el trabajo. Además, proporciona los servicios convenientes para completar esas prestaciones y atiende de modo especial a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los incapacitados con derecho a ella.

Artículo 14. Contingencias protegidas

La asistencia sanitaria cubre: la enfermedad común o profesional; las lesiones por accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él (por accidente o riesgo específico del cargo); la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos; y el embarazo, el parto y el puerperio, con la extensión que fijen esta Ley y el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 15. Beneficiarios de asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria se presta a los mutualistas en alta, a los jubilados mutualistas y a sus beneficiarios. El Reglamento General del Mutualismo Administrativo fija quién es beneficiario y la asistencia a viudos y huérfanos. Ser beneficiario de MUFACE es incompatible con ser asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud por otro organismo. MUFACE no atiende a familiares no reconocidos como beneficiarios, salvo al recién nacido de madre mutualista o beneficiaria y en adopción o acogimiento, durante los primeros quince días desde el parto o la decisión correspondiente.

Artículo 16. Contenido de la asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria comprende: atención primaria (incluida la urgente ambulatoria o a domicilio) y especializada (ambulatoria u hospitalaria, con urgencias hospitalarias), con contenido análogo al del Sistema Nacional de Salud; la prestación farmacéutica (fórmulas magistrales, especialidades y efectos y accesorios), en la que los beneficiarios pagan una cantidad porcentual por receta o por medicamento fijada reglamentariamente, con receta oficial establecida por la Mutualidad en papel o electrónica; y las prestaciones complementarias que se determinen reglamentariamente.

Artículo 17. Forma de la prestación

MUFACE presta la asistencia sanitaria directamente o mediante conciertos con entidades o establecimientos públicos o privados, preferentemente con instituciones de la Seguridad Social. No paga los gastos cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, usa servicios médicos distintos de los asignados, salvo en los casos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 18. Contingencias protegidas

Determinan la incapacidad temporal la enfermedad, el accidente y los períodos de observación por enfermedad profesional. Es situación especial de incapacidad temporal la del personal del artículo 3.1 donante de órganos o tejidos, tanto los días de asistencia por la preparación de la cirugía como desde el ingreso hasta el alta por curación. Los permisos por parto, adopción, acogimiento y paternidad del artículo 49 del EBEP no son incapacidad temporal; si al acabar el permiso por parto sigue sin poder incorporarse, se inician las licencias de incapacidad temporal.

Artículo 19. Situación de incapacidad temporal

Hay incapacidad temporal si una enfermedad o lesión impide temporalmente trabajar, o hay observación por enfermedad profesional, con asistencia sanitaria de MUFACE y licencia por enfermedad. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. MUFACE puede controlar la situación desde el inicio con sus Unidades Médicas de Seguimiento: esos reconocimientos son potestativos, pero sus resultados vinculan para conceder o denegar licencias y prórrogas, respetando la intimidad y la confidencialidad.

Artículo 20. Duración y extinción

Duración y extinción, como en el Régimen General, con particularidades. Cada licencia dura lo previsiblemente necesario para curar. Hay nuevo proceso si las enfermedades son distintas o sin relación directa y, en todo caso, tras 6 meses de interrupción de las licencias. Si se prevé incapacidad definitiva, el órgano de jubilación inicia la jubilación por incapacidad permanente. Agotado el plazo máximo del Régimen General, se examina la incapacidad; la calificación puede demorarse sin rebasar ese máximo, prorrogándose la incapacidad temporal.

Artículo 21. Prestación económica

Los tres primeros meses se cobran todas las retribuciones, a cargo del órgano de personal. Desde el cuarto mes: retribuciones básicas, prestación por hijo a cargo y un subsidio fijo de MUFACE, el mayor entre el 80 % de las básicas (más 1/6 de paga extra) y el 75 % de las complementarias, ambos del tercer mes. Por donación de órganos o tejidos, el subsidio es el 100 % de las complementarias. Nunca se supera lo cobrado en el tercer mes, y el derecho se extingue al agotar el plazo máximo del Régimen General.

Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural

El riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de 9 meses se trata como incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional: sin periodo de carencia. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. El reglamento regulará la evaluación médica del riesgo y su acreditación. Los derechos económicos son los del artículo 21, pero el subsidio de MUFACE es el 100 % de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.

Artículo 23. Concepto y grados de la incapacidad permanente

Incapacidad permanente es la del funcionario que, tras el tratamiento y el alta médica, tiene reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad; no la impide una recuperación incierta o a largo plazo, y debe derivar de una incapacidad temporal. Grados: parcial (limita sin llegar a total), total (inhabilita para todas o las fundamentales funciones de su Cuerpo, Escala o plaza), absoluta (inhabilita para toda profesión u oficio) y gran invalidez (absoluta que además necesita ayuda de otra persona para los actos más elementales).

Artículo 24. Efectos de la incapacidad permanente parcial

El funcionario con incapacidad permanente parcial cobra la totalidad de los haberes del puesto de trabajo que efectivamente desempeñe. En los supuestos que señale el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, deberá someterse a procesos de rehabilitación.

Artículo 25. Efectos de la incapacidad permanente total y absoluta

La incapacidad permanente total y la absoluta llevan a la jubilación del funcionario conforme a la legislación en vigor. Si hay posibilidad razonable de recuperación, el funcionario tiene además derecho a prestaciones recuperadoras a cargo de MUFACE.

Artículo 26. Efectos de la gran invalidez

La gran invalidez produce la jubilación del funcionario y le da derecho a una cantidad mensual igual al 50 por 100 de la pensión de jubilación que le corresponda por Clases Pasivas, destinada a pagar a la persona encargada de su asistencia.

Artículo 27. Revisión de las situaciones de incapacidad permanente

La calificación y la revisión de la incapacidad permanente siguen las normas del sistema de derechos pasivos y, cuando proceda, las de rehabilitación de funcionarios de la Administración General del Estado, y producen efectos respecto de todas las prestaciones que puedan derivarse de esa situación. En las incapacidades no previstas en Clases Pasivas, califican los órganos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 28. Lesiones permanentes no invalidantes

Las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio (por accidente o riesgo específico del cargo) que, sin llegar a incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, alteren o disminuyan la integridad física del funcionario dan derecho a cobrar, por una sola vez, las cantidades que fije el reglamento.

Artículo 29. Prestaciones económicas

Las prestaciones familiares son periódicas (hijo a cargo) o de pago único (parto múltiple y nacimiento), e incompatibles con otras análogas de otros regímenes. La de hijo menor de 18 años no minusválido la gestionan las unidades de la antigua ayuda familiar (a pensionistas les paga Clases Pasivas); la de hijo a cargo minusválido la gestiona MUFACE. El subsidio especial por maternidad en parto múltiple es como en el Régimen General, y el pago único por parto múltiple es compatible con él.

Artículo 30. Servicios sociales

La acción protectora de este Régimen puede incluir los servicios sociales del Sistema de la Seguridad Social, siempre que las contingencias que atiendan no estén cubiertas por otras prestaciones. Su incorporación se decide por Orden ministerial (el texto cita al Ministro de Administraciones Públicas), previo informe del ministerio de trabajo y asuntos sociales, y en ella se regulan su alcance y su régimen financiero.

Artículo 31. Asistencia social

MUFACE dispensa servicios y auxilios económicos ante estados y situaciones de necesidad. Su límite son los créditos consignados en su presupuesto de gastos, y su concesión no puede comprometer recursos del ejercicio siguiente. Las ayudas incluyen, entre otras, las de tratamientos o intervenciones especiales excepcionales por un facultativo, las debidas a falta o insuficiencia de prestaciones, los gastos urgentes de importancia extraordinaria justificados y otras análogas no reguladas. Son independientes de las del artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Artículo 32. Beneficiarios

Pueden acogerse a las prestaciones de servicios sociales y asistencia social (sección 5.ª), siempre que reúnan las condiciones exigidas en cada caso, todos los mutualistas y los beneficiarios que el reglamento determine para cada prestación.

Artículo 33. Régimen financiero

Salvo las excepciones de sus normas reguladoras, el sistema financiero del Régimen especial es de reparto, con cuota revisable periódicamente. Cuando la naturaleza de las prestaciones lo requiera, se constituirán fondos de garantía para cubrir posibles déficit de cotización o casos anormales de siniestralidad.

Artículo 34. Recursos económicos

Los recursos económicos de MUFACE son: las aportaciones del Estado del artículo 35; las cuotas de los mutualistas; las subvenciones estatales y otros recursos públicos que le correspondan; los bienes, derechos y acciones de las Mutualidades y Montepíos integrados en su Fondo especial; los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales; y cualesquiera otros recursos privados obtenidos para sus fines.

Artículo 35. Aportaciones y subvenciones estatales

El Estado consigna de modo permanente en sus presupuestos las aportaciones anuales a MUFACE para financiar las prestaciones del artículo 12, salvo la de hijo a cargo minusválido (letra h). Su cuantía se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como porcentaje sobre los haberes reguladores. Aparte se consignan subvenciones para las prestaciones por hijo a cargo minusválido y para el déficit del Fondo especial; las aportaciones son independientes de estas y de otras subvenciones.

Artículo 36. Régimen patrimonial

El régimen patrimonial de MUFACE es el del artículo 48 de la Ley 6/1997, y puede disponer de sus bienes patrimoniales propios que resulten innecesarios para sus fines. En lo no regulado allí, su patrimonio se rige por esta Ley y su desarrollo y, en defecto de estas, por la legislación del Patrimonio del Estado; las competencias que esa legislación atribuye a Hacienda y a la Dirección General del Patrimonio se entienden referidas al ministerio del que depende MUFACE y a su Dirección General, sin perjuicio de delegaciones y de las competencias del Consejo General de MUFACE.

Artículo 37. Recursos y régimen jurisdiccional

Los actos del Director general de MUFACE no agotan la vía administrativa: cabe alzada ante el ministro (el texto cita el de Administraciones Públicas) y, después, contencioso. Agotan la vía las resoluciones de los párrafos a) y b) del artículo 109 de la Ley 30/1992 y las del Director general en materia de personal: contra ellas, reposición potestativa y contencioso. La revisión sigue el artículo 118 de esa Ley. Las reclamaciones previas civiles y laborales las resuelve el Director general.