Real Decreto Legislativo 4/2000, texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

Artículo 20. Duración y extinción

En pocas palabras

Duración y extinción, como en el Régimen General, con particularidades. Cada licencia dura lo previsiblemente necesario para curar. Hay nuevo proceso si las enfermedades son distintas o sin relación directa y, en todo caso, tras 6 meses de interrupción de las licencias. Si se prevé incapacidad definitiva, el órgano de jubilación inicia la jubilación por incapacidad permanente. Agotado el plazo máximo del Régimen General, se examina la incapacidad; la calificación puede demorarse sin rebasar ese máximo, prorrogándose la incapacidad temporal.

Explicación sencilla

Adapta al funcionario las reglas de duración del Régimen General. El dato examinable es el de 6 meses de interrupción para hablar de nuevo proceso, y que la demora de la calificación nunca rebasa el máximo del Régimen General.

Regla mnemotécnica

Medio año sin licencias = proceso nuevo, sea la enfermedad que sea.

Trampa típica de examen

Creer que la misma enfermedad nunca abre un nuevo proceso; en todo caso lo hay si las licencias se interrumpieron un mínimo de 6 meses.

Texto del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 4/2000 (LSSFCE)

1. La duración y extinción de la situación de incapacidad temporal serán las previstas para el Régimen General de la Seguridad Social con las particularidades que se establecen en los apartados siguientes. 2. La duración de la primera y sucesivas licencias será del tiempo previsiblemente necesario para la curación. Reglamentariamente se determinarán los plazos para la presentación de los partes o informes médicos que acrediten la necesidad de mantener la licencia. A efectos de cómputo de plazos, se considerará que existe nuevo proceso patológico cuando las enfermedades que padezca el funcionario sean diferentes o no tengan relación directa con las del proceso anterior y, en todo caso, cuando se hayan interrumpido las licencias durante un periodo mínimo de 6 meses. 3. En cualquier momento en que se prevea que la enfermedad o lesión por accidente impedirá definitivamente el desempeño de las funciones públicas, el órgano de jubilación competente iniciará, de oficio o a instancia del interesado, el procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos necesarios para coordinar las actuaciones entre la Mutualidad, las Unidades Médicas de Seguimiento o de Valoración de la Incapacidad Permanente y las del órgano de jubilación. 4. Cuando la situación de incapacidad temporal se extinga por el transcurso del plazo máximo establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, se procederá al examen de la situación de incapacidad temporal del funcionario en los mismos términos y plazos establecidos en este Régimen y por parte del correspondiente equipo o unidad de valoración de incapacidades permanentes a la que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado haya encomendado esta función o que resulte procedente de acuerdo con el Cuerpo o Escala del funcionario. Este examen determinará si el estado de incapacitación del funcionario dará lugar a su calificación de incapacitado con carácter permanente para las funciones propias de su Cuerpo o Escala y a la consiguiente declaración de jubilación por incapacidad permanente para el servicio. En aquellos casos en los que se dictamine que, continuando la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del funcionario con vistas a su reincorporación al servicio, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificación, ésta podrá retrasarse por el período preciso, que, en ningún caso, podrá rebasar el tiempo máximo de duración desde la fecha en que se haya iniciado la situación de incapacidad temporal, según lo establecido en el Régimen General. En este período se prorrogarán los efectos de la situación de incapacidad temporal.

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