Tema 99 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 14. Derechos individuales

Derechos individuales de los empleados públicos: inamovilidad del funcionario de carrera; desempeño efectivo de sus funciones; progresión en la carrera y promoción interna; retribuciones e indemnizaciones; participar en los objetivos de su unidad y ser informado; defensa jurídica ante cualquier orden jurisdiccional; formación continua, preferentemente en horario laboral; respeto a la intimidad y dignidad; no discriminación; conciliación; intimidad y desconexión digital; libertad de expresión; seguridad y salud; vacaciones y permisos; jubilación; Seguridad Social; libre asociación profesional.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Los empleados públicos tienen cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos del artículo 46 del Estatuto.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional. Carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso. Las leyes de Función Pública pueden aplicar, aislada o simultáneamente: carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto), carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical (a un Subgrupo o Grupo superior) y promoción interna horizontal (cuerpos o escalas del mismo Subgrupo). Cabe progresar a la vez en ambas carreras si se implantan en un mismo ámbito.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera

Las leyes de Función Pública podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera aplicando, entre otras, dos reglas: a) un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, con remuneración fijada para cada uno y ascensos consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales; b) se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, y podrán incluirse otros méritos y aptitudes por la especificidad de la función y la experiencia adquirida.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera

La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que garanticen igualdad, mérito y capacidad y los principios del artículo 55.2. El funcionario debe poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener al menos dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y superar las pruebas selectivas. Las leyes de Función Pública articularán los sistemas de promoción interna y podrán determinar los cuerpos y escalas accesibles desde otros del mismo Subgrupo. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral

El personal laboral tiene derecho a la promoción profesional. Su carrera profesional y su promoción se hacen efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño

Las Administraciones Públicas establecerán sistemas de evaluación del desempeño, procedimiento que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Criterios: transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Sus efectos: carrera horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias. La continuidad en un puesto obtenido por concurso queda vinculada a la evaluación, con audiencia al interesado y resolución motivada. Carrera horizontal, complemento del 24 c) y cese del puesto de concurso exigen aprobar antes sistemas objetivos.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

Para cada ejercicio presupuestario, la correspondiente ley de presupuestos debe reflejar tres cosas: las cuantías de las retribuciones básicas de los funcionarios, el incremento de las cuantías globales de sus retribuciones complementarias y el incremento de la masa salarial del personal laboral. Además, no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios

Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas y complementarias. Básicas: retribuyen según la adscripción del cuerpo o escala a un Subgrupo o Grupo y la antigüedad en él; incluyen sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Complementarias: retribuyen las características del puesto, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados. Pagas extraordinarias: dos al año, cada una de una mensualidad de básicas y todas las complementarias, salvo las del artículo 24 c) y d). No cabe percibir participación en tributos u otros ingresos públicos ni premio en multas.

Artículo 23. Retribuciones básicas

Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y están integradas única y exclusivamente por dos conceptos: el sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (Grupo cuando no tenga Subgrupo), y los trienios, que son una cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y la estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios las establecen las correspondientes leyes de cada Administración Pública, atendiendo, entre otros, a estos factores: a) la progresión alcanzada en el sistema de carrera administrativa; b) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad del puesto o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o resultados obtenidos; d) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción (Grupo si no tiene Subgrupo). También perciben las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en que se les nombre. Se reconocen los trienios por servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente a partir de esa entrada en vigor.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas las determinan las Administraciones Públicas. El artículo solo fija un mínimo: deben corresponderse, al menos, con las del sueldo del Subgrupo o Grupo (Grupo cuando no tenga Subgrupo) en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral

Las retribuciones del personal laboral se determinan conforme a tres fuentes: la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. En todo caso debe respetarse lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.

Artículo 28. Indemnizaciones

Artículo 29. Retribuciones diferidas

Las Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial que fijen las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos y conforme a la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones

La parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y se aplica sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengan ni perciben las retribuciones del tiempo en que hayan permanecido en esa situación; esa deducción de haberes tampoco tiene carácter de sanción ni afecta al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

Artículo 31. Principios generales

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.

Artículo 33. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.

Artículo 34. Mesas de Negociación

Hay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.

Artículo 37. Materias objeto de negociación

Se negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos

Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación

Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Pueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.

Artículo 46. Derecho de reunión

Además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Las Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de sus funcionarios; la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Además, adoptarán medidas de flexibilización horaria para la conciliación de los empleados públicos con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y de quienes tengan necesidades de cuidado respecto de hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

Artículo 47 bis. Teletrabajo

El teletrabajo es la prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, si las necesidades del servicio lo permiten, fuera de las dependencias de la Administración mediante tecnologías de la información y comunicación. Requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y es voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. Quien teletrabaja tiene los mismos deberes y derechos, salvo los inherentes a la presencia. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos

Enfermedad grave u hospitalización de cónyuge, pareja, primer grado o conviviente, 5 días hábiles; segundo grado, 4. Fallecimiento: primer grado, 3 días hábiles en la misma localidad y 5 en distinta; segundo grado, 2 y 4. Traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Lactancia de hijo menor de doce meses, una hora de ausencia. Prematuros hospitalizados, hasta 2 horas diarias retribuidas. Familiar de primer grado con enfermedad muy grave, reducción de hasta el 50 %, retribuida, máximo un mes. Asuntos particulares, 6 días al año. Matrimonio o pareja de hecho, 15 días.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Nacimiento, adopción y progenitor distinto de la madre biológica: 19 semanas (32 en monoparentalidad): 6 obligatorias, 11 (22) dentro de los doce meses y 2 (4) hasta los ocho años. Hospitalización del neonato: hasta 13 semanas más. Discapacidad del hijo: 2 semanas más. Preaviso de quince días en el disfrute interrumpido. Adopción internacional: hasta dos meses con retribuciones básicas. Violencia de género: retribuciones íntegras si la jornada se reduce un tercio o menos. Cáncer: reducción de al menos la mitad, hasta los 23 años. Permiso parental: hasta ocho semanas, no retribuido.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos

Los funcionarios tienen derecho, cada año natural, a veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas, o a la parte proporcional si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no son hábiles a estos efectos. Si un permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o el embarazo impide disfrutarlas, pueden disfrutarse después, siempre que no pasen más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron. No se sustituyen por dinero, salvo conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del funcionario.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

El régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral no se detalla en este artículo: se limita a indicar que se estará a lo establecido en este capítulo del Estatuto y en la legislación laboral correspondiente. Son, por tanto, dos fuentes a la vez: el capítulo y la legislación laboral.

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 53. Principios éticos

Principios éticos: respetar la Constitución y el ordenamiento; perseguir los intereses generales con objetividad, imparcialidad e interés común; lealtad y buena fe; respeto de los derechos fundamentales sin discriminación; abstenerse si hay interés personal; no contraer obligaciones económicas con conflicto de intereses; no aceptar tratos de favor de personas físicas o entidades privadas; eficacia, economía y eficiencia; no influir en la agilización de trámites sin justa causa; diligencia y resolver en plazo; dedicación al servicio público; secreto de las materias clasificadas y discreción.

Artículo 54. Principios de conducta

Principios de conducta: tratar con atención y respeto a ciudadanos, superiores y demás empleados; cumplir jornada y horario; obedecer las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento, que se comunica inmediatamente a los órganos de inspección; informar a los ciudadanos; administrar los bienes públicos con austeridad; rechazar regalos que excedan de los usos habituales, sociales y de cortesía; garantizar la constancia de los documentos; mantener actualizada la formación; observar la seguridad y salud laboral; proponer mejoras; atender en la lengua oficial solicitada.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

Funcionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.

Artículo 96. Sanciones

Sanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.

Artículo 28. Derechos individuales

Reconoce al personal de la Administración de la Junta de Andalucía los derechos individuales del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y enumera, entre otros, inamovilidad del funcionario de carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación continua preferentemente en horario laboral, desconexión digital o vacaciones. Añade otros: participar en valores y tareas de la unidad, información y formación al incorporarse, proyectos transversales, innovación, acceso al expediente personal y movilidad. Garantiza una protección eficaz, homogénea y conjunta en seguridad y salud.

Artículo 29. Derechos individuales ejercidos colectivamente

De acuerdo con el artículo 15 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa básica estatal, el personal de la Administración de la Junta de Andalucía tiene cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos, según la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos de la normativa básica estatal.

Artículo 30. Garantía de derechos y conciliación de la vida profesional con la personal y familiar

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará al personal a su servicio los medios necesarios para hacer efectivos los derechos que la ley le reconoce. Presta especial atención a los que facilitan la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar y a la corresponsabilidad, fundamentalmente respecto de tres ámbitos: la protección de la maternidad y la paternidad, la igualdad de género y la atención a las personas dependientes.

Artículo 31. Protección a las víctimas de violencia de género

En todo caso, cuando una empleada sea víctima de violencia de género, sus ausencias al trabajo, sean totales o parciales, se considerarán justificadas en dos supuestos: por motivos de seguridad, o por el tiempo y en las condiciones que así lo determinen los servicios sociales o de salud.

Artículo 32. Responsabilidad social corporativa y cooperación internacional para el desarrollo

El personal de la Administración de la Junta de Andalucía podrá colaborar en las acciones y medidas que se adopten en materia de responsabilidad social corporativa y cooperación internacional al desarrollo, contribuyendo a su mejora. La Administración fomentará esas conductas y facilitará al personal la participación en las acciones y medidas de ese tipo que se lleven a cabo en el ámbito de su organización.

Artículo 33. Deberes

De conformidad con el artículo 52 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal incluido en el ámbito de la ley debe desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y al resto del ordenamiento, y con respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y promoción del entorno cultural y medioambiental. Son deberes suyos los principios éticos y de conducta; esto último se aplica también al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

Artículo 34. Responsabilidad

El personal responde de la buena gestión pública encomendada y de contribuir a los objetivos de su unidad, equipo o grupo de trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de las personas de superior jerarquía; también por sus funciones como miembro de consejos de administración, patronatos u órganos análogos. Si la Administración debe indemnizar por daño causado por su personal con dolo, culpa o negligencia graves, exigirá de oficio en vía administrativa la responsabilidad, con audiencia de la persona interesada; igual si el daño es a bienes o derechos de la Administración.

Artículo 35. Disposiciones comunes

En el desarrollo normativo de la jornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones deberá impulsarse la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, el interés superior de las personas menores, mayores y dependientes, así como con discapacidad, y la corresponsabilidad entre progenitores. También se impulsarán medidas tendentes a la conciliación, racionalización y adaptación de horarios y la desconexión digital en el ámbito laboral. Ambos apartados se aplican igualmente al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

Artículo 36. Jornada de trabajo y horario del personal funcionario

De acuerdo con la normativa básica estatal, se determinarán y desarrollarán reglamentariamente la jornada general y las jornadas especiales del personal funcionario, los horarios y otras medidas que pudieran adoptarse en el marco de la negociación colectiva. La jornada será a tiempo completo; los puestos que puedan desempeñarse a tiempo parcial se establecerán previa negociación colectiva. Es jornada a tiempo parcial la que requiere prestar servicios un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada del personal funcionario a tiempo completo comparable.

Artículo 37. Teletrabajo y modalidades de prestación del servicio

En la Administración general de la Junta de Andalucía la modalidad presencial es la ordinaria y la modalidad a distancia se articula a través del teletrabajo. Sus supuestos y condiciones se fijan reglamentariamente, previa negociación colectiva, cuando el contenido del puesto lo admita y el servicio lo permita. Ha de autorizarse expresamente, es compatible con la presencial y, en todo caso, voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos y se garantiza la desconexión digital.

Artículo 38. Permisos del personal funcionario

El personal funcionario tiene derecho a los permisos recogidos en la normativa estatal básica, en los términos, alcance y condiciones que se determinen reglamentariamente, y también a los otros permisos o medidas que adopte la Administración, incluidos los acordados en la negociación colectiva. En materia de permisos y reducciones de jornada, la pareja estable se equipara al matrimonio y la persona conviviente al cónyuge, de acuerdo con la legislación andaluza sobre parejas de hecho.

Artículo 39. Vacaciones del personal funcionario

Vacaciones retribuidas cada año según la normativa básica estatal, o las proporcionales al tiempo de servicio activo. Por antigüedad: 15 años, 23 días hábiles; 20 años, 24; 25 años, 25; 30 o más, 26. Los sábados no son hábiles. Pueden disfrutarse fuera del año natural, hasta dieciocho meses desde el final del año en que se originaron, si lo impiden maternidad, paternidad, incapacidad temporal u otras situaciones listadas. No se sustituyen por dinero, salvo cese por causas ajenas a la voluntad del personal; en jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta dieciocho meses.

Artículo 40. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

La jornada de trabajo, los horarios, los permisos y las vacaciones del personal laboral se rigen por tres fuentes: lo dispuesto en el propio capítulo en que se inserta el artículo, la legislación laboral correspondiente y los convenios colectivos que resulten de aplicación.

Artículo 41. Régimen jurídico

El personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley queda sujeto al régimen de incompatibilidades que resulta de cuatro fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley, las disposiciones que las desarrollen y las normas sectoriales que le sean de aplicación.

Artículo 42. Principios del sistema de incompatibilidades

No cabe autorizar compatibilidad para un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, salvo supuestos legalmente previstos. Nunca cabe compatibilizar la actividad pública con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, retribuido o no, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar los intereses generales, ni con actividades privadas directamente relacionadas con las de la Consejería, departamento, entidad o institución de destino. Alcanza al personal contratado por entidades instrumentales.

Artículo 43. Dedicación exclusiva a las funciones públicas

No se reconoce compatibilidad para actividades privadas (dedicación exclusiva) a: personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo; personal funcionario y laboral de la Administración General con factor de incompatibilidad en sus complementos; personal de entidades instrumentales con complemento que incluya expresamente ese factor; docentes no universitarios con complemento específico superior al 30 % de las retribuciones básicas; estatutarios del SAS con complemento específico por dedicación exclusiva, y personal de Justicia cuando lo prevea su normativa.

Artículo 44. Renuncia a la dedicación exclusiva a las funciones públicas

El Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, determina las condiciones y el procedimiento para que el personal al que se refiere el artículo anterior que así se considere pueda renunciar a la dedicación exclusiva a las funciones públicas, así como los puestos, categorías y funciones en que podrá hacerse. La renuncia lleva consigo la del complemento retributivo correspondiente. Los puestos para cuyo desempeño no se admita la renuncia se establecen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 50. Promoción profesional del personal funcionario de carrera

El funcionario de carrera tiene derecho a la promoción profesional, articulada mediante la carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso según los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Sus criterios generales se negocian colectivamente. Es individual, voluntaria, progresiva y retribuida. Modalidades: carrera horizontal (sin cambiar de puesto) y vertical (ascenso en la estructura de puestos por provisión), y promoción interna horizontal (otro cuerpo o especialidad del mismo subgrupo o grupo) y vertical (a otro superior).

Artículo 51. Promoción profesional del personal laboral

La promoción y la carrera profesional del personal laboral se articulan a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto de la legislación estatal de carácter básico, así como en los convenios colectivos que resulten de aplicación, en los que se tendrán en cuenta los criterios regulados en este título de la ley (el dedicado a la promoción profesional).

Artículo 52. Concepto

La carrera horizontal reconoce de forma individualizada el desarrollo profesional y el desempeño mediante el ascenso por tramos, sin cambiar de puesto, según una valoración positiva, objetiva y reglada. Ninguna causa organizativa ni de ordenación de puestos limita este derecho. Los méritos (trayectoria, formación, evaluación del desempeño, entre otros) se concretan por reglamento, previa negociación colectiva. El acceso a los tramos es consecutivo y, alcanzados, quedan consolidados. El funcionario interino tiene derecho a ella como el de carrera, de forma adecuada a su condición temporal.

Artículo 53. Sistema de tramos de la carrera horizontal

Cada grupo o subgrupo tiene una carrera horizontal con los tramos fijados por reglamento, previa negociación colectiva, con un máximo de seis. Para iniciarla y ascender se exigen años completos de permanencia, continuados o no, y superar la valoración; computan los años en el grupo o subgrupo, en el mismo o distinto puesto. Quien accede a un grupo o subgrupo superior empieza en su primer tramo y conserva el complemento del de origen, al que suma los nuevos tramos sin superar el importe del último tramo de su grupo o subgrupo. El tiempo como interino en el mismo grupo o subgrupo computa.

Artículo 54. Reconocimiento

La valoración del desarrollo profesional para reconocer el ascenso a cada tramo la realiza una comisión técnica de carácter colegiado, establecida al efecto en la convocatoria, que garantizará la objetividad y transparencia del procedimiento. No se puede solicitar una nueva valoración para el ascenso al mismo tramo hasta que pase, desde la última realizada, el tiempo que se establezca reglamentariamente. También por reglamento, previa negociación colectiva, se fijará el procedimiento de valoración y se regularán la composición y el funcionamiento de la comisión técnica.

Artículo 55. Efectos

El reconocimiento del ascenso a cada tramo comporta, para el personal en servicio activo en la Administración de la Junta de Andalucía, la percepción mensual del complemento de carrera profesional, según las cuantías contempladas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En todo caso, el complemento se percibe en la nómina del mes siguiente al de reconocimiento de cada tramo, o en el que finalice el plazo máximo reglamentariamente establecido para dictar la resolución de reconocimiento.

Artículo 56. Concepto

La carrera vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante la obtención, con carácter definitivo y a través de la provisión por los procedimientos ordinarios del artículo 124 de la ley, de puestos que, según su clasificación, pueden conllevar una mayor responsabilidad, dedicación o dificultad técnica. Se despliega dentro de un mismo grupo o subgrupo de clasificación y requiere cumplir todos los requisitos exigidos para la cobertura del puesto de trabajo.

Artículo 57. Criterios generales

La promoción interna se rige por la normativa estatal básica, esta ley y sus reglamentos. La Administración la incentiva así: mínimo del 25 % de plazas en la oferta de empleo público; exenciones de pruebas y/o reducción de temarios; preferencia para elegir destino sobre el turno libre; derecho al destino en el puesto que se desempeña si está adscrito al nuevo cuerpo o especialidad; cursos formativos, que podrán sustituir alguna prueba; y procesos mediante cursos selectivos, que solo podrá superar un número de personas equivalente, como máximo, al de plazas convocadas.

Artículo 58. Modalidades de promoción interna

La promoción interna tiene dos modalidades. La horizontal supone el acceso a otro cuerpo o especialidad dentro del mismo subgrupo o grupo de pertenencia. La vertical supone el ascenso desde un subgrupo o grupo de clasificación hasta otro superior, de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico; el personal funcionario de carrera del subgrupo C1 que reúna la titulación exigida podrá promocionar al A2 sin pasar por el grupo B. La promoción interna se lleva a cabo por el sistema selectivo de concurso-oposición o de actividades formativas selectivas.

Artículo 59. Concepto

La evaluación del desempeño mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de resultados, para mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos. Sus normas y criterios generales se negocian colectivamente. Busca mejorar la gestión pública y el rendimiento del personal y se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente. Ocho principios: transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación y publicidad.

Artículo 60. Sistemas y criterios de valoración

Los sistemas de evaluación del desempeño deben ser transparentes, bajo los principios de imparcialidad y objetividad. Reglamentariamente, previa negociación colectiva, se crearán comisiones de seguimiento, colegiadas y paritarias (Administración y organizaciones sindicales), y se fijarán los sistemas, las competencias, la periodicidad y los órganos técnicos colegiados de revisión. La conducta profesional se presume positiva, salvo valoración negativa expresa y motivada. Para funcionar, se exige implementar antes el instrumento de planificación estratégica.

Artículo 61. Efectos de la evaluación del desempeño para el personal funcionario

El resultado positivo en la evaluación es condición necesaria para cobrar las retribuciones vinculadas al desempeño y ascender de tramo en la carrera horizontal; reglamentariamente, previa negociación colectiva, podrá exigirse para valorar la experiencia como mérito. El primer resultado negativo lleva a un programa de formación específico; tres o más negativos y consecutivos pueden dar lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia y con resolución motivada. El interino se evalúa en los mismos términos, de la forma adecuada a su condición temporal. Los resultados individuales se anotan en el Registro de Personal.

Artículo 62. La evaluación del desempeño para el personal laboral

La evaluación del desempeño del personal laboral no sigue un procedimiento propio de esta ley: se articula a través de los procedimientos previstos en los convenios colectivos que resulten de aplicación y en la demás normativa laboral correspondiente. En esos procedimientos se tendrán en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 60, apartado 3.

Artículo 63. Principios del sistema retributivo

El sistema retributivo se funda en tres principios: garantía de las retribuciones y adecuación a responsabilidades, funciones y desempeño de cada puesto; un componente de retribuciones variables vinculado a la evaluación del desempeño; y transparencia y publicidad. El personal funcionario solo cobra por los conceptos de esta ley; el laboral, por los del convenio colectivo aplicable, adecuados a este título. Las Leyes del Presupuesto reflejan cada ejercicio las cuantías de las básicas, el incremento global de las complementarias y el de la masa salarial del personal laboral.

Artículo 64. Retribuciones del personal funcionario

Las retribuciones del personal funcionario se clasifican en básicas personales y complementarias, y en ellas se incluyen las pagas extraordinarias. El personal funcionario no puede percibir participación en tributos ni en otros ingresos de las Administraciones públicas como contraprestación de un servicio, ni participación o premio relacionados con multas, aunque estén normativamente atribuidos a los servicios. El de la Administración General de la Junta solo cobra por los conceptos de esta ley, sin perjuicio de la normativa estatal básica.

Artículo 65. Retribuciones básicas personales del personal funcionario de carrera

Son retribuciones básicas personales el sueldo de cada subgrupo o grupo, los trienios y el componente de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. El trienio es una cantidad igual para cada subgrupo o grupo por cada tres años de servicio. Quien pasa por cuerpos de distinto grupo conserva los trienios devengados y los cobra en su totalidad por la cuantía del grupo en el que esté en servicio activo al devengarlos, o del cuerpo desde el que pasó a servicios especiales, sin percibir menos que la suma de los importes individualizados reconocidos en cada grupo.

Artículo 66. Retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera

Las complementarias retribuyen el puesto, la carrera, el desempeño y los servicios extraordinarios. Son: el de carrera profesional (tramo de carrera horizontal); de nivel competencial (dificultad técnica y responsabilidad; grados del 1 al 20); del puesto (condiciones particulares, incluidas peligrosidad y penosidad); por desempeño (variable, sin derecho adquirido); gratificaciones por servicios extraordinarios (nunca fijas ni periódicas); por horario nocturno, festivo y guardias; y complementos personales transitorios, absorbibles, excluidos con tres o más resultados negativos y consecutivos.

Artículo 67. Pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias son dos al año. Cada una equivale a una mensualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retribuciones complementarias que retribuyan los factores del artículo 66, apartados 2.a), 2.b) y 2.c). Se devengan el día 1 de los meses de junio y diciembre, proporcionalmente a la situación del personal funcionario durante el período de cada paga.

Artículo 68. Retribuciones diferidas

La Administración de la Junta de Andalucía podrá destinar cantidades a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que cubran la contingencia de jubilación del personal incluido en su ámbito. El tope es el porcentaje de la masa salarial que fijen las leyes de presupuestos generales del Estado, y se actúa conforme a la normativa reguladora de los planes de pensiones. Esas cantidades tienen, a todos los efectos, la consideración de retribución diferida.

Artículo 69. Indemnizaciones por razón del servicio

El personal funcionario percibirá las indemnizaciones por razón del servicio en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente. Los tipos y las cuantías de esas indemnizaciones serán únicos por cada concepto para todo el personal.

Artículo 70. Otras retribuciones

El personal funcionario podrá percibir las retribuciones que se fijen reglamentariamente por participar en comisiones de selección y de valoración de procesos de provisión, colaborar en procesos selectivos y participar en actividades formativas o divulgativas organizadas por las Administraciones públicas. Dos condiciones: que la participación cumpla la normativa sobre incompatibilidades y que el total anual no supere el límite reglamentario. También podrá percibir ayudas de acción social y el premio por jubilación por cualquier causa, en los términos reglamentarios.

Artículo 71. Retribuciones del personal funcionario interino

El personal funcionario interino percibe, en proporción a la jornada laboral que tenga establecida, las retribuciones básicas del grupo o subgrupo de adscripción y las pagas extraordinarias por los conceptos que le correspondan. En las mismas condiciones cobra las complementarias del artículo 66.2, letras b), c) y f), el complemento por desempeño cuando proceda y las gratificaciones por servicios extraordinarios. El interino de programas temporales o por exceso o acumulación de tareas percibe el complemento de puesto asimilado a las funciones que deba realizar, según el reglamento.

Artículo 72. Retribuciones del personal funcionario en prácticas

El personal funcionario en prácticas cobra el sueldo del subgrupo o grupo en el que aspira a ingresar y, en su caso, los trienios reconocidos antes del curso selectivo o de las prácticas; si desempeña un puesto, también sus complementarias. Quien ya sea funcionario o laboral de una Administración incluida en la ley puede optar por mantener sus retribuciones. Paga la Administración que convocó el proceso selectivo, salvo que se desempeñe un puesto: entonces paga aquella en la que esté el puesto. Por convenio con reciprocidad cabe abonar las del apartado 2 a personal de otras Administraciones.

Artículo 73. Retribuciones del personal eventual

Según la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo, el personal eventual cobra el sueldo del grupo o subgrupo al que se asimile el puesto, el complemento de puesto de trabajo, el de nivel competencial y, en su caso, el de desempeño (especial rendimiento, interés o iniciativa). Tiene dos pagas extraordinarias al año. Si además es funcionario de carrera de la Junta, percibe el complemento de carrera profesional del tramo reconocido; si lo es de otra Administración, podrá reconocerse su progreso. Se devengan desde el día de toma de posesión hasta el día del cese.

Artículo 74. Retribuciones del personal directivo público profesional

El personal directivo público profesional percibe el sueldo del grupo o subgrupo al que se asimilen sus funciones, los trienios reconocidos (si es funcionario de carrera o laboral de cualquier Administración con derecho a reingreso en la de origen) y el complemento de puesto de trabajo del puesto directivo. Si es funcionario de carrera de la Junta, además el complemento de carrera del tramo reconocido; si lo es de otra, podrá reconocerse su progreso. Puede percibir el complemento de desempeño, que retribuye el cumplimiento de objetivos previamente fijados. Dos pagas extraordinarias al año.

Artículo 75. Retribuciones del personal funcionario pendiente de adscripción

El funcionario removido de un puesto de concurso, cesado en uno de libre designación, reingresado desde servicios especiales (a los que accedió desde servicio activo o desde una situación con reserva de plaza) o cuyo puesto se suprime cobra, hasta que sea adscrito provisionalmente a un puesto: retribuciones básicas del grupo o subgrupo, complemento de carrera, cuantía del nivel competencial y complemento de puesto de trabajo del puesto de referencia, más las pagas extraordinarias. Las abona, con cargo a sus créditos, la Consejería u organismo en el que venía prestando servicios.

Artículo 76. Retribuciones en situación de permiso por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia natural, permiso por cuidado de hijos e hijas afectados por cáncer u otra enfermedad grave e incapacidad temporal

Los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural y cuidado de hijo o hija con cáncer u otra enfermedad grave son servicio efectivo, con plenitud de derechos económicos; las variables salen de la media del año inmediatamente anterior (o del tiempo en el puesto, de ser inferior). En incapacidad temporal no profesional se cobra un complemento por la diferencia entre la prestación de Seguridad Social y las retribuciones fijas y periódicas del mes de la baja; si es profesional, se suma la media de las variables.

Artículo 77. Deducción de retribuciones

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada da lugar, salvo justificación, a una deducción proporcional de haberes no sancionadora, sin perjuicio de la sanción disciplinaria. El valor hora parte de las retribuciones íntegras mensuales, divididas por los días naturales del mes y, a su vez, por las horas que deban cumplirse de media cada día, incrementadas en la parte proporcional del descanso semanal; también se tiene en cuenta para la paga extraordinaria. Quien ejerce el derecho de huelga no devenga ni percibe retribuciones por ese tiempo, sin carácter sancionador ni efecto en su protección social.

Artículo 78. Devengo de retribuciones

Las retribuciones fijas y mensuales se pagan por meses completos según la situación y derechos del primer día hábil del mes. Se liquida por días en la toma de posesión del primer destino, reingreso o cambio de destino; inicio y reincorporación de licencias sin retribución; cese en el servicio activo (salvo fallecimiento, jubilación o retiro con pensión pública por mensualidades completas); reducción de jornada o permiso sin sueldo, y demás supuestos. El importe diario divide el mensual entre los días naturales del mes. Las pagas extraordinarias se devengan el día 1 de junio y diciembre.

Artículo 79. Régimen de la Seguridad Social y derechos pasivos del personal funcionario al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía

El régimen de Seguridad Social del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía será el establecido por la normativa estatal que resulte de aplicación. La regla alcanza a tres colectivos: el personal funcionario propio y de nuevo ingreso, el procedente de otras Administraciones y el que haya ingresado voluntariamente en cuerpos propios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Artículo 80. Prestaciones por incapacidad temporal

Para el personal no funcionario se podrán reconocer, previa negociación colectiva y de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico, los supuestos de enfermedad que, por su naturaleza y gravedad, dan lugar a un complemento. Ese complemento en ningún caso podrá superar el importe medio de sus retribuciones del año inmediatamente anterior al de la fecha de inicio de la incapacidad, actualizado según el incremento retributivo que haya podido producirse.

Artículo 81. Principios generales

El personal incluido en la ley tiene derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo; su ejercicio se rige por la normativa estatal básica, su normativa de desarrollo y esta ley. Para el personal con contrato laboral rige la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del título, de la normativa estatal básica y de los convenios colectivos aplicables. Estos derechos se ejercen a través de los órganos y sistemas específicos del título y de la normativa básica, sin perjuicio de otras formas de colaboración.

Artículo 82. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación, y se efectúa mediante la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales. Se constituirán Mesas de Negociación, en las que están legitimadas la representación de la Administración pública correspondiente y las organizaciones sindicales que determine la normativa estatal básica. La Administración facilita los recursos materiales y humanos.

Artículo 83. Tipología de las Mesas de Negociación

La negociación se estructura en las Mesas de la normativa estatal básica. En la Mesa General común la representación sindical se distribuye según los resultados electorales, y también están las organizaciones de la Mesa General de las Administraciones públicas que hubieran obtenido el diez por ciento de representantes. En la de funcionarios y estatutarios están los sindicatos más representativos estatales y andaluces y los que alcancen el diez por ciento o más. Las Mesas Generales pueden acordar Mesas Sectoriales. Ninguna parte puede superar quince miembros.

Artículo 84. Proceso negociador

Las Administraciones deben negociar las materias de la normativa estatal básica; negociar es el intento de buena fe de llegar a un acuerdo entre la Administración y la representación sindical. El proceso se abre en la fecha fijada de común acuerdo o, en su defecto, en el plazo máximo de un mes desde que lo promueva la mayoría de una de las partes. Las variaciones de representatividad se acreditan cada dos años con certificado de la Oficina Pública de Registro. Sin acuerdo y agotada, en su caso, la solución extrajudicial, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo del funcionario.

Artículo 85. Materias objeto de negociación en relación con el personal funcionario

Enumera trece materias de negociación obligada del personal funcionario (letras a a m): incremento retributivo, retribuciones complementarias, evaluación del desempeño, criterios generales de acceso, carrera y provisión, acción social, ofertas de empleo, calendario, permisos o movilidad, entre otras. Cada materia se negocia en un único órgano: lo común a funcionario, estatutario y laboral, en la Mesa General común; lo común a funcionario y estatutario que no afecte al laboral, en la Mesa General del personal funcionario; lo que afecte a más de un sector sin ser todos, también en esta.

Artículo 86. Órganos de representación

Los órganos de representación del personal funcionario y estatutario son los delegados y delegadas de personal y las juntas de personal. Unidades electorales en la Junta de Andalucía: Administración General, nueve (una por provincia y otra para los servicios centrales con sede en Sevilla); docentes no universitarios, una por provincia; Servicio Andaluz de Salud, una por centro directivo sanitario; Administración de Justicia, una por provincia. En cada Universidad pública, dos. Cada Administración dispondrá de un registro de órganos de representación.

Artículo 87. Garantías, derechos y deberes de la función representativa del personal

Los miembros de las juntas de personal y los delegados y delegadas de personal tienen estas garantías: acceso y libre circulación por su unidad electoral, salvo zonas reservadas; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en procedimientos disciplinarios durante el mandato y el año inmediatamente posterior; crédito de horas mensuales retribuidas; no ser trasladados ni sancionados por causas ligadas al mandato, ni durante su vigencia ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión; y no discriminación. Guardan sigilo aun expirado el mandato.

Artículo 88. Solución extrajudicial de conflictos de carácter general del personal funcionario, estatutario y laboral

En cada ámbito sectorial, la Mesa de Negociación podrá acordar que la solución extrajudicial de los conflictos de carácter general del personal funcionario o estatutario se intente en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. Para el personal laboral, al negociar los convenios colectivos se valorará prever que, si la comisión paritaria no logra una solución, los conflictos colectivos puedan someterse a la mediación y conciliación de ese Sistema y, previo acuerdo de las partes, a sus procesos de arbitraje.

Artículo 165. Responsabilidad disciplinaria

El personal incluido en la ley queda sujeto al régimen disciplinario de la normativa estatal básica y de este título, sin perjuicio de normas sectoriales, laborales y convenios. Responden disciplinariamente las personas autoras de las faltas; inductoras y encubridoras, conforme a la normativa estatal básica. Si la situación administrativa impide cumplir la sanción, se hará efectiva cuando el cambio de situación lo permita, salvo prescripción de la sanción. Perder la condición de funcionario o laboral impide exigir responsabilidad disciplinaria, pero no libera de la patrimonial o penal.

Artículo 166. Principios de la potestad disciplinaria

La potestad disciplinaria se ejerce conforme a siete principios: legalidad y tipicidad de faltas y sanciones (por predeterminación normativa o, para el personal laboral, por convenios colectivos y legislación laboral); irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, también para sanciones pendientes de cumplimiento; proporcionalidad, tanto en la clasificación de infracciones y sanciones como en su aplicación; culpabilidad; presunción de inocencia; responsabilidad; y prescripción.

Artículo 167. Concepto y clasificación de las faltas disciplinarias

Son faltas disciplinarias las acciones u omisiones tipificadas en tres fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley y, en su caso, los convenios colectivos que sean de aplicación. De conformidad con la normativa estatal básica, las faltas se clasifican en tres clases: muy graves, graves y leves.

Artículo 168. Faltas muy graves

Muy graves: las de la normativa estatal básica y, además: delito doloso contra la libertad e indemnidad sexuales con sentencia firme y víctima relacionada con las funciones; actividades personales o profesionales en jornada, reiteradas o con ánimo de lucro; agresión física; menoscabo de fondos públicos declarado firme por jurisdicción ordinaria o contable; incumplimiento muy grave en prevención; abuso de autoridad con perjuicio grave; daños graves al patrimonio; agresión verbal muy grave; tercera falta grave en dos años; tolerancia de faltas muy graves; actuaciones manifiestamente ilegales.

Artículo 169. Faltas graves

Enumera las faltas graves, letras a) a u). Con cifra: tercera falta injustificada de asistencia en seis meses si las dos anteriores se sancionaron como leves; incumplimiento injustificado de jornada de un mínimo de diez horas al mes; mínimo de siete faltas de puntualidad al mes; tercera falta leve en seis meses con dos sanciones firmes en vía administrativa. Entre otras: desobedecer órdenes o incumplir incompatibilidades cuando no sea muy grave, intervenir con causa de abstención por dolo o negligencia inexcusable, tolerar faltas graves, uso indebido reiterado de medios y aceptar regalos.

Artículo 170. Faltas leves

Faltas leves, letras a) a n). Muchas lo son por no llegar a grave: retraso, negligencia o descuido en las funciones; trato irrespetuoso; incumplir normas de prevención, trámites y plazos, discreción, horario o asistencia. Otras: intervenir por negligencia excusable con causa de abstención, no comunicar antes la falta justificada (salvo imposibilidad probada), faltar sin justificar a cursos obligatorios, presentar fuera de plazo sin justificación los partes de baja, uso indebido de medios, descuido en la conservación sin perjuicio grave y cualquier otro incumplimiento no grave ni muy grave.

Artículo 171. Sanciones

Muy graves: suspensión de un año y un día como mínimo (máximo, el de la normativa básica), con pérdida del puesto en todo caso; traslado forzoso, demérito y suspensión en bolsas (accesoria, para interinos y temporales), máximo un año. Graves: suspensión de diez días a un año, con pérdida del puesto si excede de seis meses; traslado, demérito y bolsas, máximo seis meses. Leves: suspensión de hasta siete días, apercibimiento por escrito y bolsas hasta siete días. En todos los casos cabe imponer, como accesoria, la obligación de realizar cursos de formación sobre ética e integridad pública.

Artículo 172. Principio de proporcionalidad, criterios de graduación de las sanciones y exención de la responsabilidad disciplinaria

Al sancionar hay que justificar la proporcionalidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho. Se gradúa con los criterios de la normativa básica estatal. Reiteración: sanción firme por otra falta, sea cual sea su gravedad. Reincidencia: sanción firme por otra falta de la misma naturaleza. En ambas, con antecedentes no cancelados. Infracción continuada: pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo precepto u otros de la misma naturaleza, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión; solo se aplica la sanción de la más grave.

Artículo 173. Prescripción de las faltas y sanciones

La ley andaluza no fija aquí plazos propios: la prescripción de las faltas y de las sanciones, el cómputo del plazo de prescripción y la interrupción de la prescripción se rigen por lo establecido en la normativa estatal de carácter básico.

Artículo 174. Procedimiento disciplinario

Se rige por la normativa básica estatal, esta ley y demás normas aplicables. No hay sanción sin procedimiento; las faltas leves, por procedimiento sumario, de tramitación abreviada y con audiencia (la suspensión del personal laboral por falta leve sigue el de graves y muy graves). Duración máxima: doce meses; después, caducidad de oficio y archivo, que no interrumpe la prescripción ni impide un nuevo procedimiento si la falta no ha prescrito. Las represalias contra la persona denunciante son nulas de pleno derecho, salvo que se acredite su legitimidad y falta de relación causal.

Artículo 175. Derechos del personal en el procedimiento disciplinario

El personal tiene en el procedimiento los derechos del artículo 53.1 de la Ley 39/2015 y, además: ser notificado de la identidad de la persona instructora, de quien ejerza la secretaría, de la autoridad competente para resolver y de la norma que le atribuye la competencia, y recusarlas (la recusación suspende el procedimiento hasta que se resuelva); ser notificado de hechos, faltas, posibles sanciones y resolución final; alegar, proponer pruebas y defenderse; actuar asistido de asesor, persona letrada o representación sindical; y presunción de inexistencia de responsabilidad disciplinaria.

Artículo 176. Inscripción y cancelación de las sanciones

Las sanciones disciplinarias se inscriben en el registro de personal correspondiente, indicando las faltas que las motivaron. La inscripción se cancela a solicitud de la persona interesada o de oficio, una vez transcurridos períodos equivalentes a los de prescripción de las sanciones. Las inscripciones canceladas, o las que hubieran debido cancelarse, no computan a efectos de reincidencia o reiteración.

Artículo 177. Extinción de la responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se extingue por cumplimiento de la sanción, prescripción de la falta o de la sanción, pérdida de la condición de personal funcionario o laboral (salvo los supuestos del artículo 165.5) y fallecimiento. Si esa pérdida ocurre durante el procedimiento, se dicta resolución que lo declara extinguido, salvo que la persona interesada inste su prosecución y así se acuerde; la extinción y archivo comporta el alzamiento de las medidas provisionales. En los supuestos del artículo 165.5, la extinción del procedimiento no comporta la de la responsabilidad disciplinaria.

Artículo 1. Objeto

El decreto regula el sistema de evaluación del desempeño y la carrera horizontal del personal incluido en su ámbito de aplicación. Desarrolla la sección 1.ª del capítulo II y el capítulo III del título V de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en el marco de la normativa estatal de carácter básico. Las definiciones aplicables son las contenidas en el Anexo III.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. Los cuerpos y especialidades con regulación propia se rigen por ella, con la Ley 5/2023 y este decreto como supletorios. El personal interino tiene carrera horizontal y evaluación en los mismos términos que el de carrera, de forma adecuada a su condición temporal. Las del personal laboral van por convenios colectivos y normativa laboral. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y los Consejos Consultivo, Audiovisual, Económico y Social y de Transparencia se rigen por su normativa específica.

Artículo 3. Definición de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de resultados, para mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos, sin menoscabo de los derechos del personal. Su finalidad es la mejora de la gestión pública y del rendimiento del personal, valorando el cumplimiento de objetivos, la profesionalidad y las competencias adquiridas que hayan sido acreditadas o reconocidas. Se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente.

Artículo 4. Definición de la carrera horizontal

La carrera horizontal es el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado y del desempeño, mediante el ascenso en un sistema de tramos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, según una valoración positiva, objetiva y reglada y conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El derecho no se limita por ninguna causa organizativa ni de ordenación de puestos de trabajo. El acceso a los tramos es, en todo caso, consecutivo y, una vez alcanzados, se consideran consolidados.

Artículo 5. Principios y fundamentos de actuación

La evaluación del desempeño se guía por ocho principios: transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación y publicidad. La carrera horizontal se rige por cuatro: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Las personas del artículo 2 tienen derecho en todo momento a acceder a toda información relevante que les afecte, y los datos personales se gestionan conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, con medidas técnicas y organizativas apropiadas.

Artículo 6. Características comunes a la evaluación del desempeño y la carrera horizontal

Evaluación del desempeño y carrera horizontal comparten nueve características: individualizada, objetiva (parámetros y criterios medibles), imparcial, flexible, transparente (factores y criterios conocidos con carácter previo), periódica, retribuida, evaluable e igualdad de oportunidades. La evaluación positiva conlleva el complemento por desempeño, cuyas cuantías globales máximas se prevén cada anualidad en la Ley del Presupuesto; el reconocimiento de cada tramo de carrera comporta la percepción mensual del complemento de carrera profesional.

Artículo 7. Características propias de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño tiene cinco características propias: obligatoria (el personal incluido en el ámbito de aplicación del decreto está sujeto a ella), anual, fundamentada sobre metas y objetivos (se evalúan tanto los objetivos que se logran como la calidad con la que se alcanzan), orientada al desarrollo y no consolidable: en ningún caso la percepción del complemento por desempeño genera el derecho adquirido a su mantenimiento.

Artículo 8. Características propias de la carrera horizontal

La carrera horizontal tiene seis características propias: voluntaria (participar en el reconocimiento de cada tramo lo decide el personal funcionario), abierta (accesible para todo el personal, respetando requisitos y procedimiento), escalonada y de ascenso consecutivo, consolidable (los tramos se consolidan una vez alcanzados), progresiva (esfuerzo progresivamente mayor en cada ascenso y complemento proporcional al número de años del tramo) y basada en méritos (desempeño, formación continua y adquisición de habilidades).

Artículo 9. Características del sistema de competencias

Competencia: conjunto integrado de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Se describen por nombre, definición e indicadores conductuales y se clasifican en básicas, genéricas, técnicas, singulares y digitales. El diccionario reúne todas las competencias; el mapa, las necesarias para un cuerpo, especialidad, ámbito o perfil. Roles: soporte o apoyo, técnico y directivo. El Instituto Andaluz de Administración Pública identifica y describe las básicas, genéricas y digitales; las técnicas y singulares, el órgano directivo al que esté adscrita la unidad del puesto.

Artículo 10. Régimen de acreditación de competencias

La acreditación de competencias es el proceso por el que se reconoce una competencia al personal que presta servicios en la Junta de Andalucía. El órgano competente para su gestión y desarrollo es el Instituto Andaluz de Administración Pública, que puede certificar a personas colaboradoras y asesora y forma, cuando sea necesario, a las personas interesadas. Principios: simplificación administrativa, transparencia, objetividad, igualdad de oportunidades y desarrollo y cualificación profesional permanente. El Instituto evalúa también los resultados de las convocatorias.

Artículo 11. Estructura de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño tiene una dimensión individual y una colectiva por unidad administrativa. La individual considera el logro de los objetivos individuales, la conducta profesional y el nivel de desempeño de las competencias básicas, y se realiza mediante autoevaluación y un proceso colaborativo con doble validación, en el que persona evaluadora y persona colaboradora acuerdan los resultados. La colectiva considera el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la unidad, el impacto de su actividad y la memoria anual de quien la dirija.

Artículo 12. Período de las evaluaciones del desempeño

La evaluación del desempeño individual se realiza con periodicidad anual y seguimiento continuado, y se refiere a la actuación profesional del personal funcionario durante el año natural inmediatamente anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25. La evaluación del desempeño colectiva tiene igualmente carácter anual y es vinculante para todos los miembros de la unidad administrativa evaluada.

Artículo 13. Sujetos de la evaluación del desempeño

Personal evaluado: el funcionario del artículo 2.1 con el período de desempeño efectivo del artículo 25. El personal evaluador debe ser funcionario de carrera: con carácter general, la jefatura de servicio y, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, su superior jerárquico. Colabora otra persona de la unidad, con sistema rotatorio y anual si concurren varias. Las unidades de evaluación son órganos técnicos de evaluación. La evaluación colectiva la realiza la persona superior jerárquica inmediata de la unidad, con apoyo de la Secretaría General Técnica.

Artículo 14. Funciones y responsabilidades

El personal evaluado facilita su evaluación (información veraz, portafolio de desempeño, entrevista y autoevaluación), conoce el instrumento de planificación estratégica y participa en el Plan de Mejora Individual. El personal evaluador valora el desempeño, diagnostica necesidades de formación, realiza las entrevistas inicial y final y el informe de evaluación, y traslada la evaluación a la unidad de evaluación. Las unidades de evaluación resuelven discrepancias, notifican el informe, elevan las alegaciones al Órgano Técnico de Revisión y formulan la propuesta de resolución.

Artículo 15. Áreas de la evaluación del desempeño en su dimensión individual

La evaluación individual valora dos áreas: de tareas y contextual y organizacional. En el área de tareas se valora la consecución de los objetivos y logros del documento de compromisos, suscrito de manera conjunta por el personal evaluador responsable y el personal evaluado durante la entrevista inicial. En el área contextual y organizacional se valora la profesionalidad o conducta profesional mediante el sistema de gestión por competencias. Cada objetivo especifica, como mínimo, descripción, fórmula, metodología de evaluación, tipo cualitativo o cuantitativo, peso y fuente para medirlo.

Artículo 16. Valoración de las áreas en la dimensión individual

El área de tareas se valora con el informe de rendimiento y la contextual y organizacional con el informe de desempeño de competencias básicas (escala de 1 a 4); ambos dan un único valor en base 100. El resultado global es la media ponderada de ambos informes según la categoría de la unidad. El área de tareas pondera entre el 75% y el 85% en unidades de control y auditoría y de tramitación, gestión y resolución, y entre el 30% y el 50% en las de planificación, organización y dirección y órganos consultivos. Calificación positiva: al menos 50 puntos de media ponderada final y 40 en cada área.

Artículo 17. Plan de Mejora Individual y Programa de Formación Específico

Si de las evaluaciones resulta la necesidad de mejora en alguna de las áreas de desempeño individual, la persona evaluadora propone acciones formativas o medidas de apoyo, que se reflejan en el Plan de Mejora Individual; su realización es voluntaria para la persona evaluada, que puede sustituirlas por otras que considere más adecuadas. La obtención por primera vez de un resultado negativo en la evaluación da lugar a la participación en un programa de formación específico, a realizar en el año siguiente al evaluado.

Artículo 18. Áreas de la evaluación en su dimensión colectiva

La evaluación colectiva valora la unidad administrativa en dos áreas: de tareas y contextual. En el área de tareas se valora el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la unidad, siempre que previamente estén definidos y sean cuantificables en su instrumento de planificación estratégica. En el área contextual se valoran la organización y coordinación interna, la innovación y mejora continua y el trabajo en equipo y colaboración, a través de un cuestionario único aprobado por el órgano directivo central competente en materia de función pública.

Artículo 19. Valoración de la evaluación en su dimensión colectiva

La valoración colectiva vincula a la unidad administrativa en su conjunto. Criterios mínimos: en el área de tareas, el cumplimiento de los objetivos definidos, reflejado en la memoria anual de la jefatura de servicio; en el área contextual, organización y coordinación interna, innovación y mejora continua y trabajo en equipo y colaboración. Cada criterio se valora con un único valor en base 100. El informe de desempeño colectivo lo realiza la persona superior jerárquica inmediata, con apoyo técnico de la Secretaría General Técnica; la ponderación de todos los criterios es la misma.

Artículo 20. Instrumentos de planificación estratégica

Para que los sistemas de evaluación del desempeño entren en funcionamiento y produzcan efectos, las Consejerías, agencias y órganos vinculados o dependientes deben implementar antes, y de forma efectiva, su instrumento de planificación estratégica. En él constan los objetivos estratégicos y operativos de cada unidad administrativa para el período que se establezca, que como mínimo tendrá carácter anual. Además debe incluir la clasificación de sus unidades administrativas, la composición del Órgano Técnico de Revisión y la ponderación entre las dimensiones individual y colectiva.

Artículo 21. Criterios de medición de cumplimiento de objetivos

Los objetivos de la evaluación, tanto los del área de tareas (dimensión individual) como los de la dimensión colectiva, se fijan tomando como referencia algunos de estos cinco criterios: eficiencia y eficacia en la gestión, calidad del servicio, productividad, innovación y mejora, y desarrollo del personal. Número de objetivos: en la evaluación individual del área de tareas, no menos de 3 ni más de 8; en la evaluación colectiva, no más de 3.

Artículo 22. Resultados de la evaluación del desempeño

Con carácter general, la valoración global asigna hasta un 85 % a la evaluación individual y un mínimo del 15 % a la colectiva, ponderación modulable según la unidad. En las unidades de las letras c) y d) del artículo 16.3, la persona titular del órgano directivo central competente en función pública puede aumentar el peso colectivo, previo conocimiento y análisis por la Comisión Sectorial. En jefaturas de servicio: hasta 75 % individual y mínimo 25 % colectiva. Los resultados colectivos se usan para mejorar la organización del trabajo, la planificación de recursos humanos y la formación.

Artículo 23. Efectos de la evaluación del desempeño para el personal evaluado

Los resultados positivos son condición necesaria para percibir las retribuciones vinculadas al desempeño. Tres resultados negativos y consecutivos dan lugar al inicio del procedimiento para, si procede, la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia y con resolución motivada del órgano que nombró. La persona funcionaria de carrera removida se adscribe provisionalmente a otro puesto en la misma localidad si es posible y, si no, en la más cercana a la del puesto de origen. El personal interino se evalúa en los mismos términos que el de carrera, pero si cesa no hay adscripción.

Artículo 24. Complemento por desempeño

El complemento por desempeño es una retribución variable y de periodicidad anual, vinculada a la evaluación positiva y proporcional a la puntuación obtenida. Las cuantías globales máximas se fijan para cada anualidad en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del Anexo V. Los remanentes se reparten entre quienes hayan obtenido, como mínimo, un 65 % en la dimensión individual, ponderando según ese resultado. Se abona por la actuación profesional evaluada en el año natural inmediatamente anterior y es proporcional al tiempo de desempeño efectivo.

Artículo 25. Desempeño efectivo de las tareas asignadas

Solo puede evaluarse si se ha desempeñado efectivamente el puesto, de forma continua o discontinua, al menos el 50 % de la jornada anual. Al personal interino se le exigen además 90 días naturales continuados, en uno o varios nombramientos sucesivos. La medición se hace a 31 de diciembre. Los permisos del artículo 76.1 de la Ley 5/2023 cuentan como servicio efectivo. En representación sindical con dispensa o crédito horario se toma la media del mismo grupo o subgrupo, excluidos el 10 % de puntuaciones más altas y el 10 % de las más bajas. Con varios puestos en el año, el cómputo es acumulado.

Artículo 26. Actos preparatorios y entrevistas de evaluación del desempeño

La entrevista inicial, obligatoria, determina los objetivos del área de tareas, que se reflejan en el documento de compromisos, suscrito conjuntamente por personal evaluador y evaluado; este puede añadir observaciones. Tras cada período hay una entrevista final, también obligatoria, en la que la persona evaluada presenta el portafolio de desempeño y su autoevaluación; puede coincidir con la inicial del período siguiente. Durante el período el evaluador hace un seguimiento continuo con herramientas corporativas. En el portafolio deben anonimizarse los datos personales de terceras personas.

Artículo 27. Informe de evaluación del desempeño

El informe de evaluación del desempeño contiene la valoración del personal evaluador y recoge el resultado de los informes de rendimiento y de competencias básicas (ambos individuales) y del informe de desempeño colectivo. Se toma como referencia la composición de las unidades de evaluación a 31 de diciembre. El evaluador que cese antes informa a la unidad de evaluación de sus apreciaciones; si quien cambia de destino es la persona evaluada, su evaluador de origen remite un informe parcial al evaluador competente al finalizar el período.

Artículo 28. Procedimiento de evaluación del desempeño

El órgano directivo central competente en función pública acuerda el inicio por resolución anual, publicada antes del 15 de enero. La unidad de evaluación notifica el informe y el personal evaluado tiene cinco días hábiles para alegar. Si hay alegaciones, la unidad las remite en cinco días hábiles al Órgano Técnico de Revisión, que informa en quince días hábiles con carácter preceptivo y vinculante. La unidad formula propuesta de resolución en siete días. La resolución se dicta y notifica en tres meses como máximo desde el acuerdo de inicio, con silencio desestimatorio.

Artículo 29. Publicidad de los resultados de la evaluación del desempeño

Los órganos competentes en materia de personal de cada Consejería, agencia u órgano vinculado o dependiente, o el órgano en quien deleguen, podrán elaborar y publicar informes agregados de resultados globales del sistema, con fines estadísticos, organizativos y de mejora de la calidad de los servicios públicos. Los órganos de representación de personal y las organizaciones sindicales con representación en los órganos de negociación colectiva podrán obtener, en su ámbito respectivo y previa solicitud, la información necesaria para el ejercicio de sus funciones de representación.

Artículo 30. Órgano Técnico de Revisión

En cada Consejería, agencia u órgano vinculado o dependiente se constituye un Órgano Técnico de Revisión, colegiado, que conoce, analiza e informa las alegaciones del proceso de evaluación. Preside la persona titular de la Secretaría General Técnica, Secretaría General u órgano competente en personal, que dirime los empates. Tiene al menos tres vocalías, de personal funcionario de carrera del grupo A con nivel 26 como mínimo; la secretaría es una de ellas, con voz y voto. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial asisten con voz pero sin voto. Su informe es preceptivo y vinculante.

Artículo 31. Naturaleza y finalidad de las Comisiones

Las Comisiones de Seguimiento de la Evaluación del Desempeño son órganos colegiados y paritarios, con participación de la Administración y las organizaciones sindicales, para la valoración global de los procesos y resultados y para formular propuestas de mejora. Tienen su sede en la Consejería con competencias en función pública y están adscritas a ella. Son las Comisiones Sectoriales de cada ámbito sectorial con sistema de evaluación desarrollado y la Comisión Central Común. Su composición, régimen de funcionamiento y funciones se negocian en cada ámbito sectorial de personal.

Artículo 32. Constitución y composición

La Comisión Sectorial del personal funcionario de la Administración General es un órgano colegiado, paritario y permanente. Sus miembros los designa la persona titular de la Consejería competente en función pública. Preside la persona titular del órgano directivo central competente en función pública, que dirime los empates. Vocalías: dos personas funcionarias de carrera del grupo A con nivel 26 al menos y tres representantes sindicales de la Mesa Sectorial, designados para cada anualidad y con carácter rotatorio. La secretaría, designada por la presidencia, actúa con voz y sin voto.

Artículo 33. Funciones

La Comisión Sectorial del personal funcionario conoce y analiza globalmente los procesos de evaluación y sus resultados; coordina los criterios de actuación y propone medidas de mejora; conoce de las quejas sobre el procedimiento; vela por la transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación; publica el informe anual sobre la naturaleza y volumen de las alegaciones; y conoce y analiza la propuesta sobre aumento del peso de la dimensión colectiva y sobre el modelo de portafolio digital. Puede recabar datos y antecedentes y servirse de asesoramiento técnico.

Artículo 34. Funcionamiento

La Comisión se reúne con carácter ordinario al menos cada seis meses y, con carácter extraordinario, cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la presidencia o a petición de cualquiera de las vocalías. Para su válida constitución deben asistir, presencialmente o a distancia, presidencia y secretaría (o quienes les suplan) y al menos la mitad de sus miembros. Cualquier miembro puede proponer asuntos para el orden del día con una antelación mínima de cuatro días hábiles a la convocatoria. La asistencia no se remunera, salvo indemnizaciones por dietas o desplazamientos.

Artículo 35. Medios personales y materiales

La Consejería competente en materia de Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo no contiene más datos: solo quién aporta esos medios y que son de dos clases, personales y materiales.

Artículo 36. Constitución, composición y funcionamiento

La Comisión Central Común se constituye una vez constituidas las Comisiones Sectoriales, como órgano colegiado y paritario para las cuestiones comunes a todos los colectivos. Preside la persona titular del órgano directivo central competente en Administración Pública, que dirime los empates. Vocalías: una por cada titular de los órganos directivos que enumera y una persona representante por cada sindicato de la Mesa General de Negociación Común. Secretaría con voz y sin voto. Sesión ordinaria al menos cada seis meses; asuntos con cuatro días hábiles de antelación.

Artículo 37. Naturaleza, adscripción y finalidad de la Comisión

Se crea la Comisión de Coordinación y Supervisión de la Evaluación del Desempeño como órgano técnico colegiado interdepartamental de consulta, asesoramiento y participación. Está adscrita a la Consejería competente en materia de función pública y su finalidad es hacer efectiva la coordinación de las políticas y sistemas de la evaluación del desempeño en el ámbito de las Administraciones Públicas de Andalucía.

Artículo 38. Funciones de la Comisión

La Comisión coordina el sistema de evaluación y proporciona directrices de objetividad y equidad; valida con carácter previo los sistemas de evaluación para que puedan producir efectos; propone mejoras y actualizaciones; analiza el impacto de la evaluación en la carrera profesional, la formación y la retribución; elabora los estudios e informes que le soliciten las personas titulares de los órganos superiores o el órgano directivo central competente en Administración Pública; y promueve la participación de los agentes. Sus acuerdos, informes y propuestas no tienen carácter vinculante.

Artículo 39. Composición de la Comisión

Preside la Comisión la persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública, cuyo voto dirime los empates; la vicepresidencia es la titular de la Consejería de Hacienda. Son vocales los titulares del órgano directivo central de Administración Pública, de las Direcciones Generales de función pública y de recursos humanos de docentes no universitarios, estatutarios y Justicia, del órgano presupuestario y de la dirección del IAAP. La secretaría, con voz y sin voto, es personal funcionario de carrera designado por la presidencia.

Artículo 40. Funcionamiento de la Comisión

La Comisión se reúne con carácter ordinario al menos cada seis meses, y con carácter extraordinario cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la presidencia o a petición de cualquiera de las vocalías. Para constituirse válidamente necesita la asistencia de, al menos, la mayoría de sus miembros, incluidas presidencia y secretaría o quienes las sustituyan. Puede constituir grupos de trabajo técnicos y celebrar sesiones a distancia. La asistencia no se remunera, salvo indemnizaciones por dietas o desplazamientos. Elabora y aprueba su reglamento interno.

Artículo 41. Medios personales y materiales

La Consejería competente en materia de Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo solo contiene ese dato: quién los provee y de qué dos clases son los medios.

Artículo 42. Número de tramos de la carrera horizontal

La carrera horizontal se articula en seis tramos para cada uno de los grupos o subgrupos de clasificación profesional del personal funcionario. Por orden son: tramo I inicial, tramo II de desarrollo, tramo III intermedio, tramo IV avanzado, tramo V experto y tramo VI superior.

Artículo 43. Tiempo de permanencia en cada tramo de carrera horizontal

Años completos de permanencia en el grupo o subgrupo, continuados o no: tramos I y II, 3 años; III y IV, 4; V, 5; VI, 6. Cuentan sea cual sea el puesto y el carácter provisional o definitivo de su ocupación. Se computan el servicio activo y, en todo caso, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia forzosa y las excedencias por cuidado de familiares, violencia de género, violencia terrorista y prestación de servicios en el sector público andaluz. El tiempo en esas situaciones es de servicios efectivos a todos los efectos.

Artículo 44. Inicio de la carrera horizontal

La carrera horizontal de cada grupo o subgrupo comienza, en todo caso, en el tramo I inicial, previa solicitud de la persona interesada; para ascender hay que tener reconocido el tramo inmediatamente anterior. Quien accede a otro grupo o subgrupo con un tramo iniciado y no consolidado puede computar el tiempo efectivamente trabajado para el primer tramo del nuevo: con el coeficiente corrector del anexo II si es superior, y sin coeficiente reductor si es inferior. Las puntuaciones de ese período cuentan solo para el tramo inicial y si la última evaluación fue positiva.

Artículo 45. Consolidación del tramo I inicial

Consolidar el tramo I inicial exige tres años completos de permanencia, continuados o no, en puestos de la Administración General de la Junta de Andalucía como personal funcionario del mismo grupo o subgrupo, tres evaluaciones positivas de desempeño —siendo positiva la inmediatamente anterior— y las puntuaciones mínimas del Anexo I. Quien accede a un grupo o subgrupo superior, por acceso libre o promoción interna, inicia allí la carrera; si tenía tramos reconocidos sigue percibiendo su complemento y suma los nuevos, con el tope del importe acumulado del último tramo de su grupo o subgrupo.

Artículo 46. Requisitos de participación

Para participar en las convocatorias de inicio y ascenso de tramo se exigen dos requisitos. Uno: reunir los años completos de permanencia del artículo 43, referidos a la fecha de inicio del plazo de presentación de la solicitud; los años ya tenidos en cuenta para otro tramo no se valoran más de una vez. Dos: disponer de tantas evaluaciones positivas de desempeño como años de permanencia sean exigibles, vinculadas temporalmente a los años alegados, con la excepción de la disposición transitoria primera; la inmediatamente anterior a la consolidación debe ser positiva.

Artículo 47. Valoración de cada tramo de carrera horizontal

Para iniciar la carrera horizontal y para ascender a cada tramo hay que alcanzar las puntuaciones mínimas para todos los grupos y subgrupos, conforme al Anexo I. Si además se alegan factores que tengan establecida una puntuación mínima, también es necesario alcanzar esa puntuación mínima en el factor de que se trate.

Artículo 48. Factores valorables

Los factores valorables se encuadran en tres bloques. Bloque 1 (trayectoria, actuación profesional y calidad de los trabajos): evaluación positiva del desempeño. Bloque 2 (conocimientos y competencias): formación recibida, titulaciones oficiales, docencia impartida, tutorización y mentorización, competencias digitales y profesionales. Bloque 3 (gestión del conocimiento e innovación): difusión y transferencia del conocimiento, innovación, colaboración con otras Administraciones, proyectos institucionales y tribunales, y proyecto de mejora colectiva o memoria.

Artículo 49. Factor de evaluación del desempeño

Con el factor de evaluación del desempeño se valoran las evaluaciones positivas del desempeño que hayan alcanzado la puntuación mínima establecida en el Anexo I para cada tramo, conforme a los criterios establecidos en el Anexo IV. No basta con que la evaluación sea positiva: ha de llegar a la puntuación mínima del tramo.

Artículo 50. Factor de formación recibida

El factor de formación recibida valora las actividades formativas completadas. Cada actividad se valora una sola vez aunque se repita. Solo cuentan: las acciones impartidas u homologadas por el IAAP, el INAP, la Escuela Andaluza de Seguridad Pública, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y la Agencia de Emergencias de Andalucía; las impartidas por organizaciones sindicales financiadas con los acuerdos de Formación para el Empleo; y los diplomas y certificaciones oficiales de idiomas conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Artículo 51. Factor de titulaciones oficiales

Se valoran las titulaciones académicas oficiales distintas de la usada para el acceso, que no sean necesarias para obtener otra superior y de nivel igual o superior al exigido; el nivel se determina según el MECES. En puestos de doble adscripción cuenta la titulación del grupo o subgrupo superior. Solo valen títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional: no los másteres ni los títulos propios o de expertos, salvo los convocados en convenio con una Universidad Pública y homologados por el IAAP. Tres cursos completos de licenciatura no son título.

Artículo 52. Factor de docencia impartida, tutorización y mentorización

Este factor valora la docencia impartida, la tutorización y la mentoría o la participación en actividades formativas estructuradas y formalmente reconocidas en el ámbito de las Administraciones Públicas. Solo cuentan las actividades convocadas, impartidas u homologadas por el IAAP o por el INAP y dirigidas a otro personal empleado público: en el marco de planes de formación interna, o a través de cursos específicos, talleres, seminarios o cualquier otra acción formativa. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 53. Factor de competencias digitales

El factor de competencias digitales valora el conocimiento y uso eficaz de herramientas digitales: programas, aplicaciones y dispositivos que permiten interactuar con tecnologías digitales para acceder, gestionar, compartir y crear información. Se fundamenta en el Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DigComp). Solo cuentan las competencias acreditadas por el IAAP, el INAP y los órganos encargados de la formación en las restantes Administraciones Públicas, y las acreditadas de conformidad con el DigComp. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 54. Factor de competencias profesionales

El factor de competencias profesionales valora la relación interprofesional y el trabajo en equipo, la relación con la ciudadanía, las habilidades de comunicación y el lenguaje claro, y el dominio de protocolos y herramientas técnicas del puesto, mediante competencias genéricas, técnicas y singulares. Cada puesto tendrá entre 4 y 10 competencias. Cada una se evalúa una única vez por tramo, en escala del 1 al 4: 2 es el mínimo para superarla y 4 el máximo. Si durante el tramo se cambia de puesto, la puntuación se determina en proporción al tiempo desempeñado en cada uno.

Artículo 55. Factor de difusión del conocimiento

El factor de difusión del conocimiento valora la capacidad y las acciones del personal para compartir, transferir y comunicar información, experiencias y habilidades. Solo puntúan la participación como ponente en congresos, seminarios, jornadas y conferencias organizados por el IAAP, el INAP y los órganos de formación de las restantes Administraciones Públicas, y la publicación de artículos en revistas oficiales de la Junta de Andalucía, el INAP y cualquier otra Administración Pública, si guardan relación con las funciones desempeñadas y no son valorables en el factor del artículo 52.

Artículo 56. Factor de transferencia del conocimiento

El factor de transferencia del conocimiento valora las acciones para compartir, aplicar y adaptar conocimientos. Solo cuentan cinco: intervenir en grupos de trabajo formalmente constituidos; participar, con la metodología TRANSFER u otra del IAAP, en la formación de quien se incorpora a un puesto, certificada como apta por la persona superior jerárquica con rango mínimo de jefatura de servicio; acompañar a personal funcionario en prácticas o en fase de incorporación; apoyar a personal con discapacidad intelectual y con enfermedad mental; y acciones formativas de Gestión del Conocimiento.

Artículo 57. Factor de innovación

El factor de innovación valora la capacidad, iniciativa y creatividad del personal para generar, desarrollar e implementar ideas, procesos o soluciones novedosas en la gestión pública. Solo cuentan actividades promovidas o acreditadas por los Institutos de Administración Pública o centros públicos de investigación de la Administración Pública: dirigir o participar en equipos de investigación, innovación o calidad; obtener premios de Administraciones Públicas, Universidades Públicas u otras entidades del sector público institucional; y participar en acciones formativas de Innovación Pública.

Artículo 58. Factor de colaboración voluntaria con otras Administraciones a través de convenios u otros instrumentos formalizados de colaboración

El factor de colaboración voluntaria con otras Administraciones valora la participación voluntaria y activa del personal en el diseño, desarrollo e implementación de convenios u otros instrumentos formalizados de colaboración con otras Administraciones Públicas. Se valora conforme a la ponderación establecida en el Anexo IV, teniendo en cuenta la relevancia, alcance, duración y resultados de las acciones desarrolladas.

Artículo 59. Factor de participación voluntaria en proyectos institucionales y en tribunales y comisiones de procesos selectivos para el acceso, promoción o provisión de puestos de trabajo

Este factor valora la participación activa y voluntaria en el diseño, evaluación, desarrollo o ejecución de proyectos institucionales promovidos por la Administración, así como la implicación en la garantía de los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. También valora la participación en tribunales y comisiones de procesos selectivos de acceso, promoción o provisión de puestos y como persona mentorizada, individual o grupal, en iniciativas organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 60. Factor de proyecto de mejora colectiva o memoria

El factor valora la puntuación obtenida en el proyecto de mejora colectiva o memoria del artículo 48.1.c).6.º. Proyecto de mejora colectiva: conjunto de acciones, iniciativas o propuestas que contribuyen de manera significativa a mejorar el funcionamiento, eficiencia o calidad de los servicios de la unidad administrativa. Memoria: documento estructurado y reflexivo con actuaciones, aportaciones o propuestas, sin requerir alta complejidad técnica. Lo califica la unidad de evaluación mediante informe motivado, únicamente con «apto» o «apta». Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 61. Forma de acreditación de los factores

Los factores alegados para el inicio o ascenso en un tramo deben constar inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, salvo los de los artículos 56.2.d), 59.1 y 60. El proyecto o memoria, con el informe del artículo 60.4. El factor del artículo 56.2, letras b), c) y d), lo acredita el Instituto Andaluz de Administración Pública a partir de certificación del superior jerárquico con rango mínimo de jefatura de servicio. La participación en procesos selectivos, con certificación del Instituto o, en su caso, del órgano directivo central de función pública.

Artículo 62. Competencia para el reconocimiento de la carrera horizontal

Convocar, tramitar y resolver los procedimientos de ascenso en los tramos de carrera horizontal corresponde a la persona titular de cada Consejería respecto de todo el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía que, a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes, ocupe un puesto adscrito a ella, en sus servicios centrales o periféricos o en sus agencias. En los órganos dependientes o vinculados corresponde a las personas titulares de los órganos que ejerzan la jefatura superior de personal, salvo que su normativa disponga otra cosa.

Artículo 63. Convocatoria y presentación de solicitudes

El proceso se articula mediante una convocatoria única por cada órgano competente, de vigencia anual, con dos plazos de solicitudes al año: el primero comienza el primer día hábil de la tercera semana de abril y el segundo el primer día hábil de octubre. En ambos rigen los mismos criterios, condiciones, baremos, plazos de resolución y requisitos. Contenido mínimo: órgano destinatario y competente para resolver; inicio y fin de los dos períodos; requisitos de cada tramo; puntuación necesaria y baremo; plazos de trámites y de resolución; composición de la comisión técnica de valoración.

Artículo 64. Designación y composición

Las comisiones técnicas de valoración son órganos colegiados de carácter temporal que evalúan y califican el inicio y ascenso en la carrera horizontal. Cada convocatoria designa una, dependiente de la Secretaría General Técnica de cada Consejería o, en los órganos del artículo 62.2, del que determine la convocatoria. Las forma personal funcionario de carrera del grupo A con puesto de, al menos, nivel 26, en número impar no inferior a cinco, con presidencia, secretaría y tantos suplentes como titulares. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial pueden asistir con voz, pero sin voto.

Artículo 65. Funciones

Las comisiones técnicas de valoración: a) comprueban los requisitos de participación y elaboran la lista de personas excluidas con las causas; b) verifican si quedan acreditados los factores alegados, pudiendo pedir informe donde la persona también haya prestado servicios; c) elaboran la lista de quienes cumplen lo exigido para el tramo solicitado; d) la elevan al órgano competente para resolver; e) adoptan las medidas precisas según las directrices de la comisión técnica central. La convocatoria puede encomendar a otras unidades las tareas materiales y puramente regladas de baremación.

Artículo 66. Funcionamiento

Las comisiones técnicas de valoración se ajustan a las reglas de imparcialidad, objetividad, confidencialidad de la información, transparencia y protección de datos personales. Para su válida constitución se requiere la asistencia, al menos, de la mayoría de sus miembros, incluidos necesariamente quienes ostenten la presidencia y la secretaría o quienes les sustituyan. La asistencia no genera derecho a remuneración, salvo, en su caso, indemnizaciones por razón del servicio por dietas o desplazamientos. Se les aplican los preceptos que el artículo cita de la Ley 40/2015 y de la Ley 9/2007.

Artículo 67. Composición y funcionamiento

Con una antelación mínima de un mes al inicio de presentación de solicitudes, el órgano directivo central competente en función pública convoca, por resolución, la Comisión Técnica Central de Valoración interdepartamental. Presidencia: titular de ese órgano, que dirime con su voto los empates. Vocalías: titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, con igual número de suplentes. Secretaría: titular del servicio de personal de la Consejería competente en función pública, sustituible por otra persona con nivel mínimo de jefatura de servicio adscrita a ella.

Artículo 68. Funciones

La Comisión Técnica Central de valoración: a) coordina las comisiones técnicas de valoración; b) determina y homogeneiza sus criterios de actuación; c) resuelve las dudas e incidentes que le planteen sobre lo dispuesto en las convocatorias y los supuestos no previstos; d) establece los criterios para el reconocimiento del progreso consolidado en el sistema de carrera profesional; e) emite los informes que se le soliciten. Sus criterios son vinculantes para esas comisiones, que los aplican de forma homogénea. Puede solicitar informe al órgano directivo central competente en función pública.

Artículo 69. Tramitación electrónica del procedimiento

El personal que participe en los procedimientos de inicio y ascenso en los tramos de la carrera horizontal está obligado a relacionarse con la Administración mediante el uso de medios electrónicos. El artículo lo formula como obligación, no como posibilidad.

Artículo 70. Forma y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes de participación se presentan en el Registro Electrónico Único, a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, cumplimentando el formulario electrónico del sistema normalizado de solicitud de participación. El plazo de presentación es de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al establecido en la convocatoria. Solo pueden valorarse los factores expresamente alegados en la solicitud.

Artículo 71. Tramitación

Finalizado el plazo de solicitudes, las comisiones técnicas de valoración publican en la Sede electrónica general la lista provisional de personas excluidas, con las causas, y la de personas baremadas, con la puntuación total desglosada por factores. Se otorgan cinco días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación, para alegaciones y vista del expediente. Las alegaciones no tienen carácter de recurso y se entienden resueltas con la resolución que ponga fin al procedimiento. La comisión eleva después las listas definitivas al órgano competente para resolver, con propuesta vinculante.

Artículo 72. Resolución

La resolución del primer plazo de solicitudes se dicta como máximo el 31 de agosto y la del segundo como máximo el 31 de enero del año siguiente, con efectos económicos desde el primer día de agosto y de enero, respectivamente. La falta de resolución expresa conlleva la desestimación por silencio administrativo. La resolución se notifica a las personas interesadas, previa publicación de anuncio en la Sede electrónica general, a efectos informativos. Pone fin a la vía administrativa: cabe recurso potestativo de reposición o impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 73. Complemento de carrera profesional

El reconocimiento de los tramos de la carrera horizontal conlleva la percepción mensual del complemento de carrera profesional. Su reconocimiento despliega efectos administrativos desde la fecha de inicio del plazo de presentación de la solicitud; los efectos económicos se producen conforme al artículo 72.1 del decreto. La cuantía es igual para todo el personal funcionario del mismo cuerpo que tenga reconocido el mismo tramo, según establezca para cada anualidad la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los tramos, una vez alcanzados, se consideran consolidados.

Artículo 74. Derecho a la carrera horizontal del personal funcionario interino

El funcionario interino tiene derecho a la carrera horizontal en las mismas condiciones que el de carrera mientras mantenga su vínculo temporal. Si cesa y es nombrado de nuevo, la reanuda desde su nueva incorporación, y se valoran las evaluaciones positivas con antigüedad máxima de cinco años respecto al nuevo nombramiento aún no valoradas. Si accede a un grupo o subgrupo superior, el tiempo computable se reduce con el coeficiente del anexo II; si es inferior, se computa íntegro. Si pasa a funcionario de carrera en el mismo grupo o subgrupo, se le cuentan los años de interino no utilizados.

Artículo 1. Objeto

El Decreto regula dos cosas: las competencias y el procedimiento en materia de autorización y reconocimiento de compatibilidad. Se dirige al personal comprendido en su ámbito de aplicación que pretenda ejercer una segunda actividad, sea pública o privada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Decreto se aplica al personal de: a) la Administración General de la Junta, sus agencias y demás entidades de Derecho Público; b) las sociedades mercantiles del sector público andaluz; c) los consorcios y fundaciones cuyo presupuesto se dote ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros ingresos de la Junta o de sus agencias y entidades; d) el docente y sanitario de la Junta; e) el de Justicia de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial que preste servicios en Andalucía. Incluye a todo el personal, sea cual sea su relación de empleo.

Artículo 3. Autorización o reconocimiento de compatibilidad

Ejercer una segunda actividad pública o privada exige, antes de iniciarla, autorización o reconocimiento de compatibilidad del órgano competente, salvo las exceptuadas en el artículo 19 de la Ley 53/1984. El reconocimiento genérico para actividades privadas de Arquitectura, Ingeniería u otras titulaciones se completa con otro específico por cada proyecto, trabajo técnico o intervención que requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial. Los reconocimientos no modifican jornada ni horario y quedan automáticamente sin efecto al cambiar de puesto en el sector público.

Artículo 4. Competencias del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno: a) determina por Decreto los supuestos en que, por interés público, cabe un segundo puesto o actividad en el sector público; b) autoriza por acuerdo expreso superar los límites anuales de remuneraciones, por especial interés para el servicio; c) autoriza excepcionalmente, para supuestos concretos y por acuerdo, pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de Gobierno; d) y e) determina con carácter general los puestos sanitarios (hasta su regulación por norma con rango de Ley) y los exclusivamente investigadores susceptibles de tiempo parcial.

Artículo 5. Competencias de la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública

Autorizar, reconocer o denegar la compatibilidad, tanto la genérica como la específica a la que alude el artículo 3.2, del personal incluido en el ámbito de aplicación del Decreto, para desempeñar un segundo puesto o actividad pública o privada, corresponde a la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Artículo 6. Competencias en las Universidades Públicas de Andalucía

Cuando el primer puesto de trabajo del personal depende de las Universidades Públicas de Andalucía, la competencia para autorizar, reconocer o denegar la compatibilidad corresponde a la persona titular del Rectorado, conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Artículo 7. Instrucción de los procedimientos

Las solicitudes de compatibilidad genérica y específica se cumplimentan en los modelos normalizados de los Anexos I, II y III y se presentan, preferentemente, en el Registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía (para lo que se necesita firma electrónica reconocida), sin perjuicio de los demás lugares del artículo 38.4 de la Ley 30/1992. La instrucción corresponde a la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía. Los órganos de gestión de personal de donde se desempeñe el primer puesto o actividad facilitan la tramitación a la persona solicitante.

Artículo 8. Informe y propuesta de resolución

Si los puestos o actividades públicas dependen de la Junta o de los entes del artículo 2, el informe preceptivo es del Inspector o la Inspectora General de Servicios responsable de tramitar los expedientes, y la propuesta, de la persona titular de la Dirección General competente en materia de incompatibilidades. La información sale del SIRhUS y, en su caso, de donde estén adscritos ambos puestos, que la facilitan en diez días desde que se recaba. Si el primer puesto es de otra Administración y el segundo de la Junta, ese Inspector o Inspectora emite el informe preceptivo y favorable.

Artículo 9. Plazos de resolución

Tres plazos para resolver y notificar: tres meses para las solicitudes de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público; dos meses para las referidas a actividades privadas; y un mes para el reconocimiento específico de compatibilidad para cada proyecto, trabajo técnico o intervención profesional a que se refiere el artículo 3.2.

Artículo 10. Silencio administrativo

Si transcurre el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución, las solicitudes de compatibilidad podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 2.1 y el Anexo II de la Ley 9/2001, de 12 de julio. Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de dictar y notificar resolución expresa.

Artículo 11. Declaración de actividades y ejercicio de opción

Quien acceda por cualquier título a un nuevo puesto del sector público debe declarar las actividades públicas y privadas que viniere desempeñando. Si el nuevo puesto es incompatible con el anterior, ha de optar por uno dentro del plazo de toma de posesión; si no opta, se entiende que elige el nuevo y pasa en el anterior a la situación que corresponda. Si los puestos son susceptibles de compatibilidad, previa autorización, debe instarla en los diez primeros días del plazo de toma de posesión, que se entiende prorrogado en tanto se notifique la resolución de compatibilidad.

Artículo 12. Prevención y control

Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios en las Consejerías, organismos, entidades y centros docentes y sanitarios públicos dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía cuidarán, bajo su responsabilidad, de velar por el cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades en que pueda incurrir el personal a su cargo. Ello sin perjuicio de la intervención de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía en la coordinación e impulso del control de las incompatibilidades.

Artículo 13. Régimen disciplinario

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el incumplimiento de lo dispuesto en esa Ley será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.

Artículo 14. Comunicaciones

Las resoluciones de compatibilidad que se concedan las comunica la Dirección General competente en materia de incompatibilidades a la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública, para su inscripción en el Registro General de Personal. Esa inscripción es requisito indispensable, en los casos de segundo puesto o actividad en el sector público, para que puedan acreditarse haberes por él. También las comunica a la Consejería, organismo, entidad, centro o Administración del primer puesto o actividad y, en su caso, a la del segundo.

Artículo 1

El Reglamento de Régimen Disciplinario se aplica al personal funcionario comprendido en el artículo 1, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. El artículo no enumera a ese personal: delimita su ámbito de aplicación por remisión a esa ley.

Artículo 2

Los funcionarios en prácticas también están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento, pero solo en la medida que les sea de aplicación. Esa sujeción se entiende sin perjuicio de las normas especiales que regulen su procedimiento de selección.

Artículo 3

Para los demás funcionarios al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, las disposiciones de este tienen carácter supletorio.

Artículo 4

El régimen disciplinario del Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios. Esa responsabilidad civil o penal se hará efectiva en la forma que determine la Ley.

Artículo 5

Artículo 6

Son faltas muy graves: incumplir la fidelidad a la Constitución; discriminación; abandono de servicio; acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; publicar o usar indebidamente secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento con inhibición; violar la neutralidad política para influir en procesos electorales; incumplir las incompatibilidades; obstaculizar libertades públicas y derechos sindicales; coartar la huelga; hacer huelga teniéndola prohibida por ley; desatender servicios esenciales en huelga; limitar la libre expresión; y tres faltas graves sancionadas en un año.

Artículo 7

Son faltas graves: desobediencia; abuso de autoridad; delito doloso ligado al servicio o dañoso; tolerar faltas muy graves o graves de subordinados; grave desconsideración; daños graves; no abstenerse; informes o acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio; falta de rendimiento; faltar al sigilo; plazos de incompatibilidades; diez horas al mes de jornada incumplida; tercera inasistencia en tres meses tras dos sancionadas como leves; grave perturbación; atentado grave a la dignidad; grave falta de consideración con administrados; evadir el control horario. Mes: del día primero al último.

Artículo 8

Son faltas leves cinco conductas: el incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave; la falta de asistencia injustificada de un día; la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados; el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones; y el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deba calificarse como falta muy grave o grave.

Artículo 9

Artículo 10

Los funcionarios en situación distinta de la de servicio activo pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas del Reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. Si la sanción no puede cumplirse cuando se dicta la resolución, porque la situación administrativa del funcionario lo impide, se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 11

No puede exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. En cambio, perder esa condición no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó.

Artículo 12

Los funcionarios que induzcan a otros a realizar actos o conducta constitutivos de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad que estos. Si la falta no llega a consumarse, también incurren en responsabilidad, de acuerdo con los criterios del artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

Artículo 13

También incurren en responsabilidad los funcionarios que encubran las faltas consumadas muy graves y graves, cuando de ese acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos. Serán sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el artículo anterior.

Artículo 14

Por razón de las faltas a que se refiere el Reglamento pueden imponerse cuatro sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento. La letra d) de la lista figura como derogada.

Artículo 15

Artículo 16

Las sanciones de los apartados b) o c) del artículo 14 pueden imponerse por faltas graves o muy graves. La suspensión de funciones por falta muy grave dura entre tres y seis años; por falta grave no excede de tres. Si la suspensión firme no excede del período de suspensión provisional, no comporta necesariamente pérdida del puesto. El sancionado con traslado con cambio de residencia no puede obtener nuevo destino en la localidad de origen durante tres años (falta muy grave) o uno (falta grave), contados desde que se efectuó el traslado.

Artículo 17

Artículo 18

Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden imponerse en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento del título II del Reglamento. Para sancionar faltas leves no es preceptiva la previa instrucción de ese expediente, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso.

Artículo 19

La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Si durante el procedimiento sancionador el inculpado pierde la condición de funcionario, se dicta resolución que, invocando la causa, declara extinguido el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y ordena el archivo, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. A la vez quedan sin efecto las medidas provisionales adoptadas respecto del inculpado.

Artículo 20

Las faltas muy graves prescriben a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes, contados desde que la falta se hubiere cometido. La prescripción se interrumpe por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución de incoación del expediente debe ser debidamente registrada. El plazo vuelve a correr si el expediente permanece paralizado más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al procedimiento.

Artículo 21

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que impone la sanción, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.

Artículo 22

Artículo 23

Si en cualquier momento del procedimiento el instructor aprecia que la presunta falta puede ser delito o falta penal, lo pone en conocimiento de la autoridad que ordenó la incoación del expediente, para su comunicación al Ministerio Fiscal. Regla general: el expediente disciplinario continúa hasta su resolución y sanción, si procede. Excepción: debe suspenderse hasta que recaiga resolución judicial cuando los hechos puedan ser delitos de funcionarios contra el ejercicio de los derechos de la persona o en el ejercicio de sus cargos (títulos II y VII del Libro segundo del Código Penal).

Artículo 24

El Subsecretario del Departamento puede acordar, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, sea cual sea la causa de este, siempre que no la haya adoptado ya la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. Cuando la declara la autoridad administrativa, la suspensión se rige por los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y puede prolongarse durante todo el procesamiento.

Artículo 25

Artículo 26

La tramitación, las comunicaciones y las notificaciones se ajustan «en todo» a la Ley de Procedimiento Administrativo; en concreto, a su título IV, capítulo II, secciones primera y segunda. El artículo no contiene reglas propias: se limita a remitir a esa parte de la Ley.

Artículo 27

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Ese acuerdo puede nacer de la propia iniciativa del órgano o ser consecuencia de orden superior, de moción razonada de los subordinados o de denuncia. Si se inicia como consecuencia de denuncia, el acuerdo debe comunicarse al firmante de la misma.

Artículo 28

Artículo 29

Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, en todo caso, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario. También pueden acordarla los Directores generales, respecto del personal dependiente de su Dirección General, y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial. La incoación puede acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario.

Artículo 30

En la resolución por la que se incoa el procedimiento se nombra Instructor, que debe ser un funcionario público de un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Si depende de otro Departamento, se requiere la previa autorización del Subsecretario de este. El Secretario solo se nombra cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, y en todo caso debe tener la condición de funcionario.

Artículo 31

La incoación del procedimiento, junto con el nombramiento del Instructor y del Secretario, se notifica a dos tipos de destinatarios: al funcionario sujeto a expediente y a los designados para ostentar los cargos de Instructor y Secretario.

Artículo 32

Al Instructor y al Secretario se les aplican las normas de abstención y recusación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El derecho de recusación puede ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario. La abstención y la recusación se plantean ante la Autoridad que acordó el nombramiento, que debe resolver en el término de tres días.

Artículo 33

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación puede adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La suspensión provisional puede acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento, en los términos y con los efectos de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Límite: no caben medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.

Artículo 34

El Instructor ordena las diligencias adecuadas para determinar y comprobar los hechos y, en particular, las pruebas que puedan conducir a esclarecerlos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Como primeras actuaciones, recibe declaración al presunto inculpado y evacua las diligencias que se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación y de lo alegado por aquel. Todos los Organismos y dependencias de la Administración deben facilitarle los antecedentes e informes necesarios y los medios personales y materiales que precise.

Artículo 35

El Instructor formula el pliego de cargos en un plazo no superior a un mes desde la incoación del procedimiento; por causas justificadas puede solicitar su ampliación. El pliego comprende los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones aplicables, conforme al artículo 14 del Reglamento. Se redacta de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada hecho imputado. Al elaborarlo, el Instructor debe proponer el mantenimiento o levantamiento de la suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

Artículo 36

El pliego de cargos se notifica al inculpado y se le concede un plazo de diez días para contestarlo, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y aportando cuantos documentos considere de interés. En este mismo trámite debe solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que crea necesarias para su defensa.

Artículo 37

Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor puede acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas y de todas aquellas que considere pertinentes. Para practicar las pruebas se dispone del plazo de un mes. El Instructor puede denegar la admisión y práctica de las pruebas dirigidas a averiguar cuestiones que considere innecesarias; debe motivar la denegación, y contra esa resolución no cabe recurso del inculpado.

Artículo 38

Artículo 39

Para la práctica de las pruebas propuestas, y también de las de oficio cuando se estime oportuno, se notifica al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que deberán realizarse. Debe incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.

Artículo 40

La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario. Ello no impide que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.

Artículo 41

Cumplimentadas las diligencias previstas en el título, se da vista del expediente al inculpado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se le facilita copia completa del expediente cuando así lo solicite.

Artículo 42

El Instructor formula la propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes. En ella fija con precisión los hechos, motiva, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado y hace la valoración jurídica de los hechos para determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer.

Artículo 43

La propuesta de resolución la notifica el Instructor al interesado. Con ella se abre un plazo de diez días para que el interesado pueda alegar, ante el propio Instructor, cuanto considere conveniente en su defensa. Tres datos que retener: quién notifica (el Instructor), cuánto tiempo hay (diez días) y ante quién se alega (el Instructor).

Artículo 44

Oído el inculpado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, el expediente completo se remite con carácter inmediato al órgano que acordó la incoación del procedimiento. Ese órgano tiene dos salidas: remitirlo al órgano competente para que dicte la decisión que corresponda o, en su caso, ordenar al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.

Artículo 45

La resolución pone fin al procedimiento disciplinario y debe adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del servicio. Resuelve todas las cuestiones planteadas en el expediente, ha de ser motivada y no puede aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, aunque sí puede darles una valoración jurídica distinta.

Artículo 46

El órgano competente para imponer la sanción puede devolver el expediente al Instructor para que practique las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En ese caso, antes de remitir de nuevo el expediente a dicho órgano, se da vista de lo actuado al funcionario inculpado para que en diez días alegue cuanto estime conveniente.

Artículo 47

Separación del servicio: la impone el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14: Ministros y Secretarios de Estado del Departamento de destino, o Subsecretarios por delegación; si son faltas de incompatibilidades con actividades en diferentes Ministerios, el Ministro de la Presidencia. Sanciones de los apartados d) y e): Subsecretario en todo caso, Directores generales para su personal y Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en su ámbito territorial.

Artículo 48

La resolución debe determinar con toda precisión la falta cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción, y declarar expresamente sobre las medidas provisionales adoptadas. Si aprecia que no hay falta o responsabilidad, hace las declaraciones pertinentes sobre esas medidas. Se notifica al inculpado con los recursos que quepan, el órgano ante el que presentarlos y los plazos; si hubo denuncia, debe notificarse al firmante de esta.

Artículo 49

Las sanciones disciplinarias se ejecutan según los términos de la resolución que las impone y en el plazo máximo de un mes. Ese plazo solo cede cuando, por causas justificadas, la propia resolución establece otro distinto.

Artículo 50

El Ministro de la Presidencia puede acordar la inejecución de la sanción; el órgano competente para resolver puede acordar su suspensión temporal, por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción es de separación del servicio, el acuerdo de inejecución o de suspensión corresponde al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos se adoptan de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada.

Artículo 51

Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios se anotan en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación de esas anotaciones se produce de oficio o a instancia del interesado, en la forma prevista en el número 2 del artículo 93 de la Ley de Funcionarios, de 7 de febrero de 1964. Las sanciones canceladas, o que hubieran podido serlo, en ningún caso se computan a efectos de reincidencia.

Artículo 1

Prestar servicios a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus organismos o a sus instituciones da derecho a que se resarzan los gastos que se ocasionen por razón del servicio. Ese derecho no es ilimitado: se reconoce en las circunstancias, condiciones y límites que regula el propio Decreto.

Artículo 2

Se aplica a: a) titulares de cargos nombrados por Decreto; b) personal funcionario, eventual e interino de la Junta, sus Organismos e Instituciones, y estatutario adscrito al SAS; c) personas ajenas que participen en sus órganos colegiados o en tribunales de selección o de pruebas; d) alta dirección de ciertas entidades de Derecho Público; e) ajenos en órganos arbitrales de consumo. Al personal laboral, solo si lo dispone su convenio colectivo. El personal de otras Administraciones que le preste servicios puede devengar dietas y gastos de desplazamiento, dentro de los créditos asignados.

Artículo 3

Siete supuestos dan derecho a indemnización: comisiones de servicio; desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio; traslados de residencia; asistencia a tribunales de oposiciones, concurso-oposiciones y concursos de acceso; asistencia a comisiones de valoración de concursos de provisión; colaboración no permanente ni habitual en actividades de formación; y participación en órganos arbitrales de consumo, que se devenga con la formalización y firma del laudo. Las indemnizaciones son cuatro: dietas, gastos de desplazamiento, gastos de traslado y asistencias.

Artículo 4

Comisión de servicio: cometido que circunstancialmente se ordena al personal de los apartados a) y b) del artículo 20.1 para desempeñarlo fuera del lugar donde presta ordinariamente su actividad. También, asistir fuera de él a cursos de capacitación, especialización, perfeccionamiento o ampliación de estudios. Se indemniza si causa gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención. Salvo los cursos, no se indemnizan las hechas a petición y conveniencia del interesado, las ya retribuidas o indemnizadas por importe igual o superior, ni las de «bolsas de estudio» si así se ordena expresamente.

Artículo 5

La designación de las comisiones de servicio, tanto las que se desempeñan dentro como las que se desempeñan fuera del territorio de Andalucía, compete a los órganos que tengan atribuida esa competencia en cada Consejería u Organismo. Los titulares de cargos nombrados por Decreto no necesitan orden expresa para realizar comisiones de servicio con derecho a indemnización.

Artículo 6

Las órdenes de comisión de servicio se comunican a los interesados, siempre que sea posible, con cuarenta y ocho horas de antelación. Deben hacer constar: a) el nombre de la persona comisionada; b) el lugar y motivo de la comisión y su duración previsible; c) el medio de transporte a utilizar y, en su caso, las autorizaciones a que se refieren los artículos 19 y 20.

Artículo 7

Ninguna comisión de servicio puede exceder de un año. La única salvedad es la prórroga, que acuerda la autoridad que ordenó la comisión, solo por el tiempo indispensable y sin que la propia prórroga pueda exceder, en ningún caso, de un año.

Artículo 8

Si inicialmente se prevé que los cometidos especiales exigirán un tiempo superior a un año, se tramita la creación del correspondiente puesto de trabajo en el departamento, organismo o entidad de que se trate, de acuerdo con la normativa vigente. El mismo trámite se sigue si la necesidad de crear el puesto surge durante el transcurso de la comisión de servicio.

Artículo 9

Dieta es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio. Se compone de dos factores: gastos de alojamiento y gastos de manutención. De los de manutención puede devengarse la mitad en los casos en que así proceda.

Artículo 10

Reglas de devengo: si la comisión no obliga a hacer ninguna de las dos comidas principales fuera de la residencia habitual, no hay indemnización por ese concepto; si obliga a alguna, media manutención; si exige las dos, manutención completa. Hay gastos de alojamiento si obliga a pernoctar fuera, salvo que el desplazamiento se haga de noche y se pernocte en él. Se entiende que obliga a una comida cuando comienza antes de las veintidós horas o termina después de las quince; a las dos, cuando comienza antes de las catorce y termina después de las veintidós.

Artículo 11

Las personas del grupo primero del Anexo I perciben las dietas conforme al apartado 2, salvo que opten por ser resarcidas por la cuantía exacta de los gastos realizados; ese régimen se aplica también al personal de las delegaciones oficiales presididas por esas autoridades. Las del grupo segundo perciben las dietas según las cuantías de los Anexos II y III y solo excepcionalmente pueden ser resarcidas por la cuantía exacta, con autorización expresa para cada caso concreto del titular de la Viceconsejería o del Presidente o Director del Organismo Autónomo del que dependan.

Artículo 12

Las dietas en territorio extranjero se devengan desde que se pasa la frontera o se sale del último puerto o aeropuerto nacional, y durante el recorrido y la estancia en el extranjero. Dejan de percibirse desde la llegada a la frontera o al primer puerto o aeropuerto español. Durante los recorridos por territorio nacional se abonan las dietas a que se refiere el artículo 10 y que se señalan en el Anexo II.

Artículo 13

Si la duración de la comisión de servicio se prevé, desde que se ordena, superior a tres meses, el límite máximo de la dieta es el ochenta por ciento de las dietas enteras desde el segundo mes de la comisión. En los demás casos, ese límite se aplica a partir del cuarto mes de duración. La asistencia a cursos cuya duración exceda de un mes se indemniza con el límite del punto 1.

Artículo 14

Excepción a los puntos 1 y 2 del artículo anterior: el personal que, estando comisionado durante más de uno o tres meses, respectivamente, tenga que desplazarse del lugar en que presta la comisión percibe, durante los días que dure ese desplazamiento, el cien por cien de las dietas que le correspondan.

Artículo 15

Cuando una comisión para la realización de servicios ya está retribuida o indemnizada, pero por un importe inferior a la cuantía de la dieta que resultaría de aplicar el Decreto, no se abona la dieta entera: se resarce solo la diferencia entre dicha indemnización y el importe de la retribución mencionada.

Artículo 16

Ningún comisionado puede percibir dietas de grupo superiores a las que le correspondan, aunque realice el servicio por delegación o en representación de una autoridad. La única salvedad que recoge el precepto es lo dispuesto en el artículo 11.1.

Artículo 17

Sin perjuicio de las dietas por manutención, los gastos de alojamiento y de desplazamiento pueden concertarse con empresas de servicios: con carácter general, por la Consejería de Hacienda y Planificación; o directamente por las Consejerías y Organismos, previo informe favorable de esa Consejería. En ambos supuestos, el concierto de alojamiento determina el precio por día y tipo de alojamiento, según grupos, y las cuantías del Decreto para tales gastos son orientativas.

Artículo 18

Toda comisión de servicio da derecho a viajar por cuenta de la Administración, en el medio de transporte que se determine al autorizar la comisión. Los desplazamientos se realizan, preferentemente, en líneas regulares de transportes públicos.

Artículo 19

Los titulares de los cargos del Grupo 1º del Anexo I y quienes formen parte de delegaciones oficiales presididas por ellos son resarcidos en la cuantía exacta de los gastos realizados. El personal del grupo segundo: en ferrocarril, billete de clase primera o coche cama; en avión o tren AVE, billete en clase turista, salvo que la autoridad que ordene la comisión autorice clases superiores. Si se usan medios gratuitos del Estado o vehículos oficiales, no hay derecho a indemnización por este concepto.

Artículo 20

Si el servicio lo exige, quien ordena la comisión puede autorizar otros medios. El vehículo particular cabe si la comisión empieza y acaba el mismo día, es itinerante en distintas localidades o es más rápido o eficaz que los medios colectivos o estos no existen; su compensación la fija una Orden de Hacienda y Planificación y solo se devenga una indemnización aunque viajen varios. Distancias: Mapa Oficial de Carreteras. Garajes y aparcamientos no; peaje sí. Medio especial: gasto exacto. En ciudad, medios colectivos o taxi autorizado: lo gastado y justificado.

Artículo 21

El personal al servicio de la Junta de Andalucía tiene derecho a ser resarcido de los gastos de desplazamiento que, por razón del servicio, deba realizar para practicar diligencias, notificaciones, citaciones y emplazamientos dentro del término municipal donde tenga su sede el Centro en que presta servicio, siempre que no se hagan por correo certificado con acuse de recibo u otro medio de comunicación legalmente previsto y que no estén incluidos en los diferentes conceptos retributivos.

Artículo 22

Dentro del término municipal, los desplazamientos por razón del servicio se efectúan en medios de transporte público colectivo, salvo que el titular del Centro en que se preste servicio autorice otro medio, dentro de las disponibilidades presupuestarias. Si se autoriza el uso de vehículos particulares u otros medios especiales de transporte, la cuantía de las indemnizaciones es la establecida para tales supuestos en los puntos 3 y 8 del artículo 20.

Artículo 23

Los titulares de cargos nombrados por Decreto son indemnizados por traslado en cuatro casos: nombramiento, si por ello trasladan de población su domicilio familiar; cese, si han de trasladarlo a otra población dentro del territorio nacional y no tienen derecho a indemnización por la misma causa en su nuevo destino; traslado de la sede oficial o supresión de unidades, dependencias o centros, si obliga a trasladarlo a otra población; y fallecimiento, por el traslado de los familiares del artículo 26 a la población que señalen, dentro del territorio nacional, por una sola vez.

Artículo 24

Para el personal del apartado b) del artículo 2º.1 son traslados de residencia indemnizables: el nombramiento o destino sin que preceda petición de los interesados, si trasladan de población su domicilio familiar; el traslado de la sede oficial o la supresión de unidades, dependencias o centros, con igual condición; la jubilación forzosa por edad o incapacidad; y el fallecimiento en activo (traslado de los familiares del artículo 26). En estos dos últimos, dentro del territorio nacional y por una sola vez. Nunca se indemniza el traslado por sanción disciplinaria.

Artículo 25

Fija la indemnización por traslado según el supuesto del artículo 23 de que se trate. En los supuestos de sus apartados a) y b), los titulares de cargos a que ese precepto se refiere perciben una indemnización equivalente al diez por ciento de las retribuciones íntegras anuales que les correspondan por el cargo. En los supuestos de los apartados c) y d), la indemnización por traslado se percibe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 26

En los supuestos del artículo 24, el personal con traslado de residencia indemnizable tiene derecho: a) al abono de sus gastos de desplazamiento y los de su cónyuge e hijos que convivan con él y a sus expensas, conforme a los artículos 19 y 20; b) a tres dietas por cada miembro de esa familia que efectivamente se traslade; c) al transporte de mobiliario y enseres, con límite de 24 metros cúbicos por el interesado y 6 más por cada restante familiar que efectivamente se traslade, y con la distancia que figure en el Mapa Oficial de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Artículo 27

Define, a los efectos del artículo anterior, quiénes viven a expensas de quien devenga las indemnizaciones por traslado: los familiares que no perciban ingresos superiores al salario mínimo interprofesional de los trabajadores adultos. El familiar puede tener ingresos; lo que cuenta es que no superen ese salario mínimo.

Artículo 28

Artículo 29

El derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 25 y 26 caduca al transcurrir un año desde la fecha en que se devenguen. Las autoridades respectivas pueden conceder, a instancia de los interesados, prórrogas semestrales por un plazo no superior a otros dos años, cuando existieran dificultades para el traslado del hogar.

Artículo 30

Las personas del artículo 2 pueden ser indemnizadas por participar en tribunales de oposiciones y concursos de selección de personal o de pruebas necesarias para ejercer profesiones o actividades, y en comisiones de valoración de concursos de provisión de puestos; se exceptúa a las de los párrafos a) y d) del artículo 2.1. El personal de sus apartados a) y b) puede percibir asistencias por colaborar, sin carácter permanente ni habitual, en los órganos de formación. Las personas ajenas a la Administración de la Junta, por asistir a sesiones de órganos colegiados; las de la letra e), en órganos arbitrales de consumo.

Artículo 31. Regulación de las indemnizaciones a percibir por asistencias a tribunales y órganos de selección

Los tribunales y órganos de selección se clasifican por plazas asignadas: A, más de 1.001; B, entre 501 y 1.000; C, entre 101 y 500; D, entre 26 y 100; E, entre 1 y 25. La asignación del Anexo VI, apartado A), es única para todo el proceso selectivo y para todos los miembros; se reparte según la participación efectiva, que certifica el Secretario con el visto bueno del Presidente, con adicionales para presidencia y secretaría y la asignación del apartado B) por asistir a exámenes. Se cobra en un pago único al finalizar el proceso. El personal colaborador puede cobrar por tareas de apoyo.

Artículo 32. Regulación de las indemnizaciones a percibir por asistencias en los procesos de provisión de puestos de trabajo

Las comisiones de valoración de los concursos de provisión de puestos de personal funcionario y laboral dan derecho a asistencias. Categorías por plazas convocadas: A, 301 o más; B, entre 151 y 300; C, entre 26 y 150; D, entre 1 y 25. La asignación del Anexo VII, en función del número de solicitudes presentadas, es única para todo el proceso de baremación y para todos los miembros; se reparte según la participación efectiva, que certifica el Secretario con el visto bueno del Presidente, y se cobra en un pago único al finalizar la baremación.

Artículo 32 bis. Límites de los importes a percibir por la participación en tribunales y órganos de selección y comisiones de valoración de los concursos de méritos

Pone un tope a lo que se puede percibir por participar en tribunales y órganos de selección y en comisiones de valoración de los concursos de méritos: en ningún caso un importe por año natural superior al 25 % de las retribuciones íntegras anuales del perceptor por su puesto de trabajo principal, cualquiera que sea el número de tribunales u órganos de selección y comisiones de valoración de méritos en que participe.

Artículo 33

Se pueden abonar asistencias al personal al servicio de la Junta de Andalucía por colaborar, sin carácter permanente ni habitual, en actividades de los órganos responsables de la formación (conferencias, cursos, congresos, ponencias, seminarios y análogas), dentro de sus disponibilidades presupuestarias y sin superar individualmente setenta y cinco horas al año. Las remuneraciones siguen los baremos que aprueben esos órganos, previo informe de la Consejería de Hacienda y Planificación. Tope anual: 25 por 100 de las retribuciones íntegras anuales del perceptor por su puesto de trabajo principal.

Artículo 34

La percepción de las asistencias reguladas en esta Sección es compatible con las dietas y gastos de desplazamiento que, en su caso, pudieran corresponder. Percibir una de esas asistencias no impide, por tanto, percibir además las dietas y los gastos de desplazamiento cuando correspondan.

Artículo 34 bis. Indemnizaciones por participación en órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales

Las personas de la letra e) del artículo 2.1 que formen parte de órganos arbitrales de consumo de la Administración de la Junta pueden percibir indemnizaciones en las cuantías del Anexo VII; el derecho al cobro se genera, finalizada la función arbitral, con la formalización y firma del laudo. Se exige ostentar la condición de árbitro y que exista convocatoria acreditada mediante certificación. Es incompatible con cualquier otra dieta, gasto de desplazamiento o indemnización del decreto, y solo cabe una por árbitro y procedimiento. Abona la Consejería de la que dependa o a la que esté adscrito el órgano.

Artículo 35

El importe de las indemnizaciones que se devenguen con ocasión de las comisiones de servicio y de los traslados de residencia puede ser anticipado, en las condiciones que señalan los artículos siguientes. El anticipo es una posibilidad («podrá») y el artículo lo refiere a esos dos supuestos.

Artículo 36

La autoridad que ordena la comisión de servicio autoriza, previa solicitud del interesado, el abono de un anticipo de las indemnizaciones que correspondan por realizarla. La cuantía del anticipo se fija en la propia orden de comisión y en ningún caso puede superar el ochenta por ciento del importe estimado de la indemnización por dietas y gastos de desplazamiento.

Artículo 37

La indemnización a que se refiere el artículo 13 puede cobrarse de forma periódica, por mensualidades anticipadas, pero solo cuando el propio interesado lo solicite. Es una posibilidad («podrá»), no una obligación; el periodo es el mes y el pago es por adelantado.

Artículo 38

En los supuestos del apartado c) del artículo 23 y de los apartados a), b) y c) del artículo 24.1, el personal con derecho a indemnización percibe, previa solicitud, un anticipo no superior al ochenta por ciento del importe estimado. Para estimarlo: el interesado indica en su solicitud el número de familiares que efectivamente se trasladen; los gastos de desplazamiento se estiman según el apartado a) del artículo 26, y los de transporte de mobiliario y enseres según su apartado c), con el presupuesto de la empresa que vaya a efectuarlo.

Artículo 39

Para justificar las indemnizaciones por comisiones de servicio, incluso si hubo anticipo, el interesado presenta: a) orden de servicio; b) declaración del itinerario, con días y horas de salida y llegada; c) certificación del Jefe del Servicio correspondiente de haberse realizado la comisión; d) facturas originales cuando, conforme al artículo 11, se abone la cuantía exacta de los gastos; e) billetes o pasajes originales, facturas de auto-taxi y otras facturas originales de desplazamiento indemnizables; f) en cursos, además, certificación de asistencia.

Artículo 40

Las indemnizaciones previstas en el artículo 13 se justifican mediante una certificación de la autoridad que ordenó la comisión, que acredite que la comisión se ha realizado. Quien certifica es, por tanto, la misma autoridad que la ordenó.

Artículo 41

Justificación de las indemnizaciones por traslado. a) Supuestos de los apartados a) y b) del artículo 23: justificación suficiente del traslado efectivo del domicilio familiar; en el b), además, certificación del órgano correspondiente de que el interesado no tiene derecho a indemnización por traslado en su nuevo destino. b) Supuestos de los apartados c) y d) del artículo 23 y del artículo 24: facturas originales de gastos de desplazamiento y de traslado de mobiliario y enseres, y documentos que justifiquen el número de familiares efectivamente trasladados.

Artículo 42

Las asistencias se justifican mediante certificación expedida por el órgano competente del consejo, comisión o tribunal de que se trate, que acredite la asistencia del interesado a la sesión correspondiente e indique las horas de comienzo y terminación de la sesión. También puede justificarse con copia del acta de la sesión cuya indemnización por asistencia se solicite.

Artículo 43. Justificación de las asistencias a los órganos arbitrales de consumo

Las asistencias a los órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales, se justifican con certificación que acredite la asistencia al órgano y la formalización y firma del laudo arbitral, con indicación del expediente. La expide la persona titular de la secretaría de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, una vez finalizado el ejercicio de la función arbitral del procedimiento. En esa certificación se pueden acumular, para la misma persona integrante del órgano, varios procedimientos arbitrales, para liquidar y pagar conjuntamente varias asistencias.

Artículo 1

Regla general: el personal incluido en la Ley no puede desempeñar, por sí o mediante sustitución, un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, ni percibir más de una remuneración pública, salvo en los supuestos de la propia Ley. Remuneración es cualquier derecho económico derivado de una prestación o servicio personal, fijo o variable, periódico u ocasional. Además, el puesto es incompatible con cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

Artículo 2

La Ley se aplica, entre otros, al personal civil y militar del Estado, al de las Comunidades Autónomas y sus Asambleas, al de las Corporaciones Locales, al retribuido por arancel, al de la Seguridad Social, al del Banco de España y las instituciones financieras públicas, al de entidades cuyo presupuesto se dote en más de un 50 por cien con fondos públicos y al de empresas con participación pública superior al 50 por 100. Incluye a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo.

Artículo 3

Solo cabe un segundo puesto o actividad pública en los supuestos de la Ley para las funciones docente y sanitaria, en los de los artículos 5 y 6 y en los que, por interés público, determine el Consejo de Ministros por Real decreto o el órgano de gobierno autonómico; en este último caso, solo en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada. Exige autorización previa y expresa. El puesto público es incompatible con cobrar pensión de jubilación o retiro, que queda en suspenso; salvo, en el ámbito laboral, la jubilación parcial con un puesto a tiempo parcial.

Artículo 4

Puede autorizarse la compatibilidad como Profesor universitario asociado con dedicación no superior a tiempo parcial. El personal docente e investigador universitario puede compatibilizar un segundo puesto sanitario o exclusivamente investigador en el sector público, dentro del área de su departamento y si ambos puestos son a tiempo parcial, y a la inversa. También cabe para profesores de Enfermería en el sector sanitario y, a tiempo parcial y salvo la prohibición del artículo 16.1, en el sector público cultural y en formación profesional.

Artículo 5

Por excepción, cabe compatibilizar el puesto con ser miembro de una Asamblea Legislativa autonómica, salvo que cobre retribuciones periódicas por esa función o que se establezca la incompatibilidad, y con el de miembro de una Corporación local, salvo que desempeñe cargos retribuidos con dedicación exclusiva. Solo cobra la retribución de una de las dos actividades, más dietas, indemnizaciones o asistencias por la otra. Con dedicación parcial local puede cobrar por ella si la ejerce fuera de su jornada y sin superar los límites generales.

Artículo 6

Excepcionalmente puede autorizarse la compatibilidad para investigación no permanente o asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos que no correspondan a funciones del personal de la Administración. La excepción se acredita por asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales calificaciones que solo tengan personas incluidas en la Ley. El personal investigador de Organismos Públicos de Investigación, Universidades públicas y otras entidades públicas de investigación puede ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por ellos.

Artículo 7

Para autorizar dos actividades públicas, lo cobrado por ambas no puede superar la remuneración del Director General en los Presupuestos Generales del Estado, ni la del puesto principal en dedicación ordinaria incrementada en un 30 % (grupo A), 35 % (B), 40 % (C), 45 % (D) o 50 % (E). Superar estos límites anuales exige acuerdo expreso del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno local por especial interés del servicio. El segundo puesto no computa para trienios ni derechos pasivos; pagas extraordinarias y prestaciones familiares solo por un puesto.

Artículo 8

Quien, en representación del sector público, forme parte de Consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas solo puede cobrar dietas o indemnizaciones por asistencia, según el régimen general de las Administraciones Públicas; lo devengado por otros conceptos lo ingresa la entidad en la Tesorería pública. No se puede pertenecer a más de dos de esos órganos, salvo autorización excepcional para supuestos concretos por acuerdo del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.

Artículo 9

Autoriza o deniega la compatibilidad para un segundo puesto público el Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Corporación Local al que esté adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de Organismos, Entes y Empresas públicas. Se necesita además informe previo favorable del órgano autonómico o Pleno según la adscripción del segundo puesto; si ambos son del Estado, lo emite la Subsecretaría del Departamento del segundo puesto.

Artículo 10

Quien accede a un nuevo puesto público incompatible con el que ya ocupa debe optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Si no opta, se entiende que elige el nuevo y pasa a excedencia voluntaria en el anterior. Si los puestos pueden compatibilizarse con autorización, debe pedirla en los diez primeros días del plazo de toma de posesión, que se entiende prorrogado mientras no se resuelva.

Artículo 11

El personal no puede ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o ajena, que se relacionen directamente con las que desarrolle su Departamento, Organismo o Entidad de destino. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. El Gobierno, por Real Decreto, puede declarar con carácter general funciones, puestos o colectivos incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas.

Artículo 12

En todo caso el personal no puede: a) ejercer actividades privadas en asuntos en que intervenga, haya intervenido en los dos últimos años o deba intervenir por su puesto, ni atender profesionalmente a quienes deba atender en él; b) pertenecer a consejos de administración de empresas privadas cuya actividad se relacione directamente con la que gestione su Departamento; c) ocupar cargos en concesionarias, contratistas o empresas con participación o aval público; d) tener más del 10 % de su capital. Las privadas de media jornada semanal o más solo caben con un puesto público a tiempo parcial.

Artículo 13

A quien tenga autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública no se le puede reconocer ninguna compatibilidad para actividades privadas si la suma de las jornadas de ambos puestos públicos es igual o superior a la jornada máxima en las Administraciones Públicas.

Artículo 14

Ejercer actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración exige el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución, motivada, se dicta en dos meses y corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento; al órgano autonómico competente o al Pleno de la Corporación Local. No puede modificar jornada ni horario y queda sin efecto si se cambia de puesto público. Quien ya tenga un segundo puesto público debe pedirlo para ambos.

Artículo 15

El personal incluido en la Ley no puede invocar ni hacer uso de su condición pública para ejercer una actividad mercantil, industrial o profesional. La prohibición alcanza tanto a invocar esa condición como a hacer uso de ella, y se refiere a esas tres clases de actividad.

Artículo 16

No puede autorizarse ni reconocerse compatibilidad al personal cuyas retribuciones complementarias incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel ni al personal directivo, incluido el de alta dirección. Se exceptúan el Profesor asociado del artículo 4.1 y la investigación o asesoramiento del artículo 6, salvo para el docente universitario a tiempo completo. Puede reconocerse compatibilidad privada a quien cobre complemento específico no superior al 30 % de su retribución básica, sin contar la antigüedad.

Artículo 17

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, respecto del personal de los servicios periféricos regionales, y los Gobernadores civiles, respecto del de los servicios periféricos provinciales, ejercen las facultades que la Ley atribuye a los Subsecretarios sobre el personal de la Administración Civil del Estado, sus Organismos autónomos y la Seguridad Social. En las Universidades, las facultades de Subsecretarías y órganos autonómicos corresponden al Rector, respecto de su personal y en el marco de su Estatuto.

Artículo 18

Todas las resoluciones de compatibilidad, tanto para un segundo puesto o actividad pública como para actividades privadas, se inscriben en los Registros de Personal correspondientes. En el caso del segundo puesto público, la inscripción es requisito indispensable para que puedan acreditarse haberes por ese puesto o actividad.

Artículo 19

Quedan exceptuadas de la Ley: administrar el patrimonio personal o familiar; dirigir seminarios o dar cursos en centros oficiales de formación de funcionarios o profesorado si no son permanentes ni habituales ni pasan de 75 horas al año, y preparar oposiciones según reglamento; formar parte de tribunales de selección; ciertas pruebas del personal docente; ser miembro no retribuido de juntas de mutualidades o patronatos de funcionarios; la creación literaria, artística, científica y técnica no derivada de un empleo; y la participación o colaboración ocasional en medios, congresos y cursos.

Artículo 20

Incumplir la Ley se sanciona según el régimen disciplinario aplicable, sin perjuicio de que la incompatibilidad se ejecute. Una actividad compatible no excusa el deber de residencia, la asistencia al trabajo ni el atraso, negligencia o descuido; si esas faltas se califican de graves o muy graves, la compatibilidad queda revocada automáticamente. Los órganos de dirección, inspección o jefatura deben prevenir o corregir las incompatibilidades, y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública coordina e impulsa a los órganos de inspección en la Administración del Estado.

Artículo 404

Comete este delito la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena es única: inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, de nueve a quince años. El artículo no prevé prisión ni multa.

Artículo 405

Castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propone, nombra o da posesión de un cargo público a quien no reúne los requisitos legalmente establecidos. Penas: multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.

Artículo 406

Quien acepta la propuesta, el nombramiento o la toma de posesión a que se refiere el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles, recibe la misma pena de multa que se impone en ese artículo. El precepto solo le extiende la pena de multa y no menciona ninguna otra.

Artículo 407

La autoridad o funcionario que abandona su destino para no impedir o no perseguir delitos de los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta de seis a diez años. Si es para no impedir o no perseguir cualquier otro delito: inhabilitación especial de uno a tres años. Las mismas penas, respectivamente, si el abandono busca no ejecutar las penas de estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente.

Artículo 408

La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurre en inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Es la única pena prevista: ni prisión ni multa.

Artículo 409

Quienes promueven, dirigen u organizan el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público: multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años. Quienes solo toman parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial, con grave perjuicio de este o de la comunidad: multa de ocho a doce meses.

Artículo 410

Las autoridades o funcionarios que se niegan abiertamente a cumplir resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas en su competencia y con las formalidades legales, incurren en multa de tres a doce meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años. No hay responsabilidad criminal por incumplir un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

Artículo 411

La autoridad o funcionario que suspende la ejecución de órdenes de sus superiores por un motivo distinto del previsto en el apartado segundo del artículo anterior y las desobedece después de que los superiores hayan desaprobado la suspensión incurre en multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Artículo 412

Requerido por autoridad competente, el funcionario que no presta el auxilio debido a la Administración de Justicia u otro servicio público: multa de 3 a 12 meses y suspensión de 6 meses a 2 años; si es autoridad, jefe o responsable de fuerza pública o agente: multa de 12 a 18 meses y suspensión de 2 a 3 años. Requerido por un particular para evitar un delito: contra la vida, multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial de 3 a 6 años; contra integridad, libertad sexual, salud o libertad, multa de 12 a 18 meses y suspensión de 1 a 3 años; otro delito o mal, multa de 3 a 12 meses y suspensión de 6 meses a 2 años.

Artículo 413

La autoridad o funcionario que, a sabiendas, sustrae, destruye, inutiliza u oculta, total o parcialmente, documentos cuya custodia tiene encomendada por razón de su cargo incurre en prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años.

Artículo 414

La autoridad o funcionario que custodia por razón de su cargo documentos de acceso restringido por la autoridad competente y, a sabiendas, destruye o inutiliza los medios puestos para impedir ese acceso, o consiente su destrucción o inutilización: prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial de uno a tres años. El particular que destruye o inutiliza esos medios: multa de seis a dieciocho meses.

Artículo 415

La autoridad o funcionario no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accede o permite acceder a documentos secretos cuya custodia le está confiada por razón de su cargo incurre en multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Artículo 416

Los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del Gobierno o de las autoridades o funcionarios a quienes se hayan confiado por razón de su cargo, que realicen las conductas de los tres artículos anteriores, reciben las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las señaladas en ellos.

Artículo 417

La autoridad o funcionario que revela secretos o informaciones conocidos por razón de su oficio o cargo que no deban divulgarse: multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial de uno a tres años. Si causa grave daño para la causa pública o para tercero: prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de tres a cinco años. Si son secretos de un particular: prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de uno a tres años.

Artículo 418

El particular que aprovecha para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada obtenida de un funcionario o autoridad: multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y pérdida, de uno a tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Con grave daño para la causa pública o para tercero: prisión de uno a seis años y esa pérdida de seis a diez años.

Artículo 419

La autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, recibe o solicita, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución, o acepta ofrecimiento o promesa, para realizar en el ejercicio del cargo un acto contrario a sus deberes o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar: prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de nueve a doce años, más la pena del acto si es delito.

Artículo 420

La autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, recibe o solicita, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o acepta ofrecimiento o promesa, para realizar un acto propio de su cargo incurre en prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo de cinco a nueve años.

Artículo 421

Las penas señaladas en los artículos precedentes se imponen también cuando la dádiva, favor o retribución se recibe o se solicita por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos.

Artículo 422

La autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, admite, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le ofrezcan en consideración a su cargo o función incurre en prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Artículo 423

Las normas de los artículos precedentes sobre cohecho se aplican igualmente a jurados y árbitros, nacionales o internacionales, a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, a administradores concursales y a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública.

Artículo 424

El particular que ofrece o entrega dádiva o retribución a una autoridad, funcionario o persona que participe en la función pública, para un acto contrario a sus deberes o propio del cargo, para que no realice o retrase el debido, o en consideración a su cargo, recibe las mismas penas de prisión y multa que el corrompido, también si entrega atendiendo a su solicitud. Si afecta a contratación, subvenciones o subastas públicas, al particular y, en su caso, a la entidad que represente se les impone inhabilitación para subvenciones, contratos públicos y beneficios fiscales y de Seguridad Social de cinco a diez años.

Artículo 425

Cuando el soborno se produce en una causa criminal a favor del reo y lo realiza su cónyuge, la persona ligada a él de forma estable por análoga relación de afectividad, o un ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, al sobornador se le impone la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 426

Queda exento de pena por cohecho el particular que accedió ocasionalmente a una solicitud de dádiva u otra retribución hecha por autoridad o funcionario y denuncia el hecho a la autoridad que tenga el deber de averiguarlo, siempre que lo haga antes de la apertura del procedimiento y sin que hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.

Artículo 427

Lo dispuesto en los artículos precedentes sobre cohecho se aplica también cuando las conductas las realizan o afectan a: quien ostenta cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la UE o extranjero, por nombramiento o elección; quien ejerce función pública para un país de la UE o extranjero (incluidos organismos y empresas públicas), para la UE o para otra organización internacional pública; funcionarios o agentes de la UE o de una organización internacional pública; y quien gestiona intereses financieros de la UE o decide sobre ellos.

Artículo 427 bis

Si una persona jurídica es responsable (art. 31 bis) de un delito de cohecho, se le impone multa según la pena de la persona física: más de cinco años de prisión, multa de dos a cinco años o del triple al quíntuple del beneficio; más de dos años de privación de libertad, de uno a tres años o del doble al cuádruple; resto de casos, de seis meses a dos años o del doble al triple. En cada caso rige la cantidad proporcional si es más elevada. Además, el juez puede imponer las penas de las letras b) a g) del art. 33.7, atendiendo al art. 66 bis.

Artículo 428

Comete tráfico de influencias el funcionario o autoridad que influye en otro funcionario o autoridad prevaliéndose de las facultades de su cargo o de su relación personal o jerárquica, para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico propio o de un tercero. Penas: prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial (empleo o cargo y sufragio pasivo) de cinco a nueve años. Si obtiene el beneficio, las penas van en su mitad superior.

Artículo 429

El particular que influye en un funcionario o autoridad prevaliéndose de su relación personal con éste o con otro funcionario, para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico propio o ajeno, es castigado con prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido y prohibición de contratar con el sector público, más la pérdida de subvenciones y ayudas públicas y de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, por seis a diez años. Si obtiene el beneficio, penas en su mitad superior.

Artículo 430

Quienes, ofreciéndose a realizar las conductas de los dos artículos anteriores, piden a terceros dádivas, presentes u otra remuneración, o aceptan ofrecimiento o promesa, son castigados con prisión de seis meses a un año; si es autoridad o funcionario, además inhabilitación especial (cargo o empleo y sufragio pasivo) de uno a cuatro años. La persona jurídica responsable (art. 31 bis) recibe multa de seis meses a dos años, y el juez puede añadir las penas b) a g) del art. 33.7, atendiendo al art. 66 bis.

Artículo 431

Artículo 432

Con ánimo de lucro, la autoridad o funcionario que se apropia, o consiente que un tercero se apropie, del patrimonio público a su cargo: prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 6 a 10. Agravado (prisión de 4 a 8 e inhabilitación absoluta de 10 a 20): daño o entorpecimiento graves al servicio, más de 50.000 euros, o bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico o efectos para aliviar una calamidad pública. Más de 250.000 euros: prisión en mitad superior, hasta la superior en grado. Menos de 4.000 euros: prisión de 1 a 2 años, multa e inhabilitación especial de 1 a 5.

Artículo 432 bis

La autoridad o funcionario que, sin ánimo de apropiárselo, destina a usos privados el patrimonio público a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de ellas, incurre en prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. Si no reintegra los mismos elementos distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le imponen las penas del artículo anterior.

Artículo 433

La autoridad o funcionario que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, da al patrimonio público que administra una aplicación pública distinta de la que tiene asignada, sufre: si resulta daño o entorpecimiento graves del servicio, prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de dos a seis años; si no resulta, inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses.

Artículo 433 bis

La autoridad o funcionario que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a su entidad pública y fuera de los casos del art. 390, falsea su contabilidad, los documentos sobre su situación económica o su información, sufre inhabilitación especial de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses. Las mismas penas para quien facilita a terceros información mendaz sobre esa situación económica. Si se llega a causar el perjuicio: prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 433 ter

Definición a efectos de todo el Código Penal: patrimonio público es todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las Administraciones públicas. Tienen que darse dos notas: que los bienes o derechos tengan contenido económico-patrimonial y que pertenezcan a una Administración pública.

Artículo 434

Atenuación para la malversación: si el culpable de cualquiera de los delitos del capítulo repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o colabora activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para identificar o capturar a otros responsables o esclarecer por completo los hechos, los jueces y tribunales le imponen la pena inferior en uno o dos grados.

Artículo 435

El capítulo de la malversación se extiende a: 1.º los encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas; 2.º los particulares designados legalmente depositarios de caudales o efectos públicos; 3.º los administradores o depositarios de bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque sean de particulares; 4.º los administradores concursales (alterar dolosamente el orden de pagos afecta a los acreedores); 5.º las personas jurídicas responsables (art. 31 bis), con multa escalonada según la pena de la persona física.

Artículo 435 bis

Artículo 436

Fraude: la autoridad o funcionario que, interviniendo por su cargo en actos de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a un ente público, sufre prisión de dos a seis años e inhabilitación especial (empleo o cargo y sufragio pasivo) de seis a diez años. Al particular concertado: la misma prisión e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, contratar con el sector público y gozar de beneficios fiscales y de la Seguridad Social, de dos a siete años.

Artículo 437

Exacciones ilegales: la autoridad o funcionario que exige, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no se deben o en cuantía mayor a la legal, es castigado con multa de seis a veinticuatro meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a cuatro años, sin perjuicio de los reintegros a que esté obligado.

Artículo 438

La autoridad o funcionario que, abusando de su cargo, comete estafa o fraude de prestaciones de la Seguridad Social del art. 307 ter, sufre la pena de ese delito en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de tres a nueve años, salvo que los hechos tengan pena más grave en otro precepto del Código.

Artículo 438 bis

Enriquecimiento injustificado: la autoridad que, durante su cargo y hasta cinco años después de cesar, obtiene un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por más de 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se niega abiertamente a cumplir los requerimientos de los órganos competentes para comprobar su justificación, es castigada con prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial (empleo o cargo y sufragio pasivo) de dos a siete años.

Artículo 439

Negociaciones prohibidas: la autoridad o funcionario que, debiendo intervenir por su cargo en un contrato, asunto, operación o actividad, se aprovecha para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en ese negocio, sufre prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial (empleo o cargo y sufragio pasivo) de dos a siete años.

Artículo 440

Se castiga a quienes se conduzcan como en el artículo anterior: peritos, árbitros y contadores partidores respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación intervinieron; tutores, curadores o albaceas respecto de los bienes de sus pupilos o testamentarías; y administradores concursales respecto de la masa del concurso. Pena: multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, de tres a seis años, salvo pena mayor en otro precepto.

Artículo 441

La autoridad o funcionario que, fuera de los casos admitidos en leyes o reglamentos, realiza por sí o por persona interpuesta una actividad profesional o de asesoramiento, permanente o accidental, para entidades privadas o particulares, en un asunto en que deba intervenir o haya intervenido por su cargo, o que se tramite, informe o resuelva en la oficina o centro directivo en que esté destinado o del que dependa, sufre multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de dos a cinco años.

Artículo 442

Quien, siendo autoridad o funcionario, usa un secreto conocido por su cargo o una información privilegiada para obtener un beneficio económico propio o ajeno, sufre multa del tanto al triplo e inhabilitación especial de dos a cuatro años. Si obtiene el beneficio: prisión de uno a tres años, multa del tanto al séxtuplo e inhabilitación de cuatro a seis años. Si resulta grave daño para la causa pública o un tercero: prisión de uno a seis años e inhabilitación de nueve a doce. Información privilegiada: la concreta que se tiene solo por el cargo y no ha sido notificada, publicada o divulgada.

Artículo 443

1: la autoridad o funcionario que solicita sexualmente a quien tiene pretensiones (propias o de cónyuge, pareja estable o parientes) pendientes de su resolución o sobre las que deba informar o consultar a su superior: prisión de uno a dos años e inhabilitación absoluta de seis a doce. 2: el funcionario de prisiones, centros de menores, de internamiento de extranjeros u otros de custodia que lo hace con una persona bajo su guarda: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta de seis a doce. 3: mismas penas si la solicitada es pariente, cónyuge o pareja de quien está bajo su guarda.

Artículo 444

Las penas del artículo anterior, por la solicitud sexual de la autoridad o funcionario, se imponen sin perjuicio de las que correspondan por los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos. Es decir, si además de la solicitud se comete un delito contra la libertad sexual, también se castiga ese delito.

Artículo 445

Disposición común a todo el título de delitos contra la Administración pública: la provocación, la conspiración y la proposición para cometer cualquiera de esos delitos se castigan, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.

Artículo 1. Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

El Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se rige por tres fuentes: esta Ley (el texto refundido), sus normas de aplicación y desarrollo y, además, la legislación de Clases Pasivas del Estado.

Artículo 2. Mecanismos de cobertura

El Régimen especial tiene dos mecanismos de cobertura: el Régimen de Clases Pasivas del Estado (según sus normas específicas) y el Régimen del Mutualismo Administrativo regulado en esta Ley. Excepción: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011 quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones.

Artículo 3. Campo de aplicación

Quedan obligatoriamente incluidos: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en Cuerpos de esa Administración. Quedan excluidos (con sus normas propias): los de Administración Local, organismos autónomos, Administración Militar, Administración de Justicia, Administración de la Seguridad Social, los de nuevo ingreso y en prácticas de las Comunidades Autónomas, los transferidos que ingresen en Cuerpos propios de la Comunidad Autónoma y el personal de administración y servicios propio de las universidades.

Artículo 4. Competencia y adscripción

El mutualismo administrativo se gestiona y presta a través de MUFACE, que depende del ministerio que indica el texto (el de Administraciones Públicas). La gestión es unitaria y corresponde a MUFACE, sin perjuicio de las obligaciones de las Comunidades Autónomas respecto a los funcionarios civiles del Estado transferidos y adscritos a su servicio.

Artículo 5. Naturaleza y régimen jurídico

MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión; se rige por las previsiones de la Ley 6/1997 sobre organismos autónomos. Su régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable, de control de prestaciones y de conciertos sanitarios y farmacéuticos se rige por esta Ley y su desarrollo, por la Ley General Presupuestaria en lo aplicable y, supletoriamente, por la Ley 6/1997. Goza del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Artículo 6. Régimen de personal

El personal al servicio de MUFACE puede ser funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado. No hay un régimen de personal propio de la Mutualidad: se aplica el de la Administración General del Estado.

Artículo 7. Afiliación y altas

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado se incorporan obligatoriamente a MUFACE al tomar posesión, ser rehabilitados o reingresar, y siguen siendo mutualistas en servicios especiales (con salvedades), servicios en Comunidades Autónomas, expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de familiares y suspensión provisional o firme; también los jubilados, según el Reglamento. Quien accede por promoción interna a Escalas de organismos autónomos o a Cuerpos autonómicos pasa al Régimen General, pero puede seguir de mutualista optando en quince días.

Artículo 8. Baja, mantenimiento facultativo y suspensión de la situación de alta

Causan baja como mutualistas obligatorios: los que pasan a excedencia voluntaria (salvo opción del artículo 7.3), los que pierden la condición de funcionario, los que transfieren derechos al régimen de las Comunidades Europeas y los afiliados obligatoriamente al régimen de las Fuerzas Armadas. Los tres primeros pueden seguir como mutualistas voluntarios pagando a su cargo las cuotas del funcionario y del Estado. Quien sirva en la Unión Europea u otra organización internacional, acogido a su previsión, puede suspender el alta mientras dure esa situación.

Artículo 9. Afiliación a más de un Régimen de la Seguridad Social

El Reglamento General del Mutualismo Administrativo regula a quienes pasan de un Cuerpo a otro y a quienes ocupan varias plazas compatibles; por reglamento se fija cómo conservar derechos en curso al pasar del Mutualismo a otros regímenes y a la inversa. Si una única prestación de servicios obliga a estar en más de un régimen, el funcionario puede optar, una sola vez, por pertenecer solo al régimen especial de funcionarios que le corresponda; si son dos regímenes especiales de funcionarios, puede optar también una sola vez por uno de ellos.

Artículo 10. Régimen de cotización de los mutualistas

Cotizar a MUFACE es obligatorio para todos los mutualistas salvo los jubilados y los excedentes voluntarios por cuidado de hijos o familiares. La base es el haber regulador y el tipo lo fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuota mensual se obtiene dividiendo por catorce el resultado anual y se paga doble en junio y diciembre. La obligación de pago prescribe a los cuatro años desde que debieron ingresarse las cuotas, y el derecho a la devolución de ingresos indebidos se ejerce en cuatro años desde que se hicieron efectivas.

Artículo 11. Contingencias protegidas

Los mutualistas y, en su caso, sus familiares o asimilados a cargo están protegidos en cinco contingencias: necesidad de asistencia sanitaria; incapacidad temporal por enfermedad común o profesional o por accidente común o en acto de servicio; incapacidad permanente en esos mismos supuestos; cargas familiares; y la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para trasplante.

Artículo 12. Prestaciones

Prestaciones: asistencia sanitaria; subsidios por incapacidad temporal (incluida la donación de órganos), riesgo en embarazo o lactancia; prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez; pago a quien asiste al gran inválido; indemnizaciones por lesiones; servicios sociales; asistencia social; hijo a cargo minusválido; y parto múltiple. Se pagan solo en cuenta o libreta a nombre del perceptor. En las periódicas o vitalicias anteriores a 2011, el habilitado de Clases Pasivas entrega el importe íntegro y cobra aparte.

Artículo 13. Objeto

La asistencia sanitaria tiene por objeto prestar servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos para conservar o restablecer la salud de los beneficiarios y su aptitud para el trabajo. Además, proporciona los servicios convenientes para completar esas prestaciones y atiende de modo especial a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los incapacitados con derecho a ella.

Artículo 14. Contingencias protegidas

La asistencia sanitaria cubre: la enfermedad común o profesional; las lesiones por accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él (por accidente o riesgo específico del cargo); la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos; y el embarazo, el parto y el puerperio, con la extensión que fijen esta Ley y el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 15. Beneficiarios de asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria se presta a los mutualistas en alta, a los jubilados mutualistas y a sus beneficiarios. El Reglamento General del Mutualismo Administrativo fija quién es beneficiario y la asistencia a viudos y huérfanos. Ser beneficiario de MUFACE es incompatible con ser asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud por otro organismo. MUFACE no atiende a familiares no reconocidos como beneficiarios, salvo al recién nacido de madre mutualista o beneficiaria y en adopción o acogimiento, durante los primeros quince días desde el parto o la decisión correspondiente.

Artículo 16. Contenido de la asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria comprende: atención primaria (incluida la urgente ambulatoria o a domicilio) y especializada (ambulatoria u hospitalaria, con urgencias hospitalarias), con contenido análogo al del Sistema Nacional de Salud; la prestación farmacéutica (fórmulas magistrales, especialidades y efectos y accesorios), en la que los beneficiarios pagan una cantidad porcentual por receta o por medicamento fijada reglamentariamente, con receta oficial establecida por la Mutualidad en papel o electrónica; y las prestaciones complementarias que se determinen reglamentariamente.

Artículo 17. Forma de la prestación

MUFACE presta la asistencia sanitaria directamente o mediante conciertos con entidades o establecimientos públicos o privados, preferentemente con instituciones de la Seguridad Social. No paga los gastos cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, usa servicios médicos distintos de los asignados, salvo en los casos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 18. Contingencias protegidas

Determinan la incapacidad temporal la enfermedad, el accidente y los períodos de observación por enfermedad profesional. Es situación especial de incapacidad temporal la del personal del artículo 3.1 donante de órganos o tejidos, tanto los días de asistencia por la preparación de la cirugía como desde el ingreso hasta el alta por curación. Los permisos por parto, adopción, acogimiento y paternidad del artículo 49 del EBEP no son incapacidad temporal; si al acabar el permiso por parto sigue sin poder incorporarse, se inician las licencias de incapacidad temporal.

Artículo 19. Situación de incapacidad temporal

Hay incapacidad temporal si una enfermedad o lesión impide temporalmente trabajar, o hay observación por enfermedad profesional, con asistencia sanitaria de MUFACE y licencia por enfermedad. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. MUFACE puede controlar la situación desde el inicio con sus Unidades Médicas de Seguimiento: esos reconocimientos son potestativos, pero sus resultados vinculan para conceder o denegar licencias y prórrogas, respetando la intimidad y la confidencialidad.

Artículo 20. Duración y extinción

Duración y extinción, como en el Régimen General, con particularidades. Cada licencia dura lo previsiblemente necesario para curar. Hay nuevo proceso si las enfermedades son distintas o sin relación directa y, en todo caso, tras 6 meses de interrupción de las licencias. Si se prevé incapacidad definitiva, el órgano de jubilación inicia la jubilación por incapacidad permanente. Agotado el plazo máximo del Régimen General, se examina la incapacidad; la calificación puede demorarse sin rebasar ese máximo, prorrogándose la incapacidad temporal.

Artículo 21. Prestación económica

Los tres primeros meses se cobran todas las retribuciones, a cargo del órgano de personal. Desde el cuarto mes: retribuciones básicas, prestación por hijo a cargo y un subsidio fijo de MUFACE, el mayor entre el 80 % de las básicas (más 1/6 de paga extra) y el 75 % de las complementarias, ambos del tercer mes. Por donación de órganos o tejidos, el subsidio es el 100 % de las complementarias. Nunca se supera lo cobrado en el tercer mes, y el derecho se extingue al agotar el plazo máximo del Régimen General.

Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural

El riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de 9 meses se trata como incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional: sin periodo de carencia. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. El reglamento regulará la evaluación médica del riesgo y su acreditación. Los derechos económicos son los del artículo 21, pero el subsidio de MUFACE es el 100 % de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.

Artículo 23. Concepto y grados de la incapacidad permanente

Incapacidad permanente es la del funcionario que, tras el tratamiento y el alta médica, tiene reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad; no la impide una recuperación incierta o a largo plazo, y debe derivar de una incapacidad temporal. Grados: parcial (limita sin llegar a total), total (inhabilita para todas o las fundamentales funciones de su Cuerpo, Escala o plaza), absoluta (inhabilita para toda profesión u oficio) y gran invalidez (absoluta que además necesita ayuda de otra persona para los actos más elementales).

Artículo 24. Efectos de la incapacidad permanente parcial

El funcionario con incapacidad permanente parcial cobra la totalidad de los haberes del puesto de trabajo que efectivamente desempeñe. En los supuestos que señale el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, deberá someterse a procesos de rehabilitación.

Artículo 25. Efectos de la incapacidad permanente total y absoluta

La incapacidad permanente total y la absoluta llevan a la jubilación del funcionario conforme a la legislación en vigor. Si hay posibilidad razonable de recuperación, el funcionario tiene además derecho a prestaciones recuperadoras a cargo de MUFACE.

Artículo 26. Efectos de la gran invalidez

La gran invalidez produce la jubilación del funcionario y le da derecho a una cantidad mensual igual al 50 por 100 de la pensión de jubilación que le corresponda por Clases Pasivas, destinada a pagar a la persona encargada de su asistencia.

Artículo 27. Revisión de las situaciones de incapacidad permanente

La calificación y la revisión de la incapacidad permanente siguen las normas del sistema de derechos pasivos y, cuando proceda, las de rehabilitación de funcionarios de la Administración General del Estado, y producen efectos respecto de todas las prestaciones que puedan derivarse de esa situación. En las incapacidades no previstas en Clases Pasivas, califican los órganos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 28. Lesiones permanentes no invalidantes

Las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio (por accidente o riesgo específico del cargo) que, sin llegar a incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, alteren o disminuyan la integridad física del funcionario dan derecho a cobrar, por una sola vez, las cantidades que fije el reglamento.

Artículo 29. Prestaciones económicas

Las prestaciones familiares son periódicas (hijo a cargo) o de pago único (parto múltiple y nacimiento), e incompatibles con otras análogas de otros regímenes. La de hijo menor de 18 años no minusválido la gestionan las unidades de la antigua ayuda familiar (a pensionistas les paga Clases Pasivas); la de hijo a cargo minusválido la gestiona MUFACE. El subsidio especial por maternidad en parto múltiple es como en el Régimen General, y el pago único por parto múltiple es compatible con él.

Artículo 30. Servicios sociales

La acción protectora de este Régimen puede incluir los servicios sociales del Sistema de la Seguridad Social, siempre que las contingencias que atiendan no estén cubiertas por otras prestaciones. Su incorporación se decide por Orden ministerial (el texto cita al Ministro de Administraciones Públicas), previo informe del ministerio de trabajo y asuntos sociales, y en ella se regulan su alcance y su régimen financiero.

Artículo 31. Asistencia social

MUFACE dispensa servicios y auxilios económicos ante estados y situaciones de necesidad. Su límite son los créditos consignados en su presupuesto de gastos, y su concesión no puede comprometer recursos del ejercicio siguiente. Las ayudas incluyen, entre otras, las de tratamientos o intervenciones especiales excepcionales por un facultativo, las debidas a falta o insuficiencia de prestaciones, los gastos urgentes de importancia extraordinaria justificados y otras análogas no reguladas. Son independientes de las del artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Artículo 32. Beneficiarios

Pueden acogerse a las prestaciones de servicios sociales y asistencia social (sección 5.ª), siempre que reúnan las condiciones exigidas en cada caso, todos los mutualistas y los beneficiarios que el reglamento determine para cada prestación.

Artículo 33. Régimen financiero

Salvo las excepciones de sus normas reguladoras, el sistema financiero del Régimen especial es de reparto, con cuota revisable periódicamente. Cuando la naturaleza de las prestaciones lo requiera, se constituirán fondos de garantía para cubrir posibles déficit de cotización o casos anormales de siniestralidad.

Artículo 34. Recursos económicos

Los recursos económicos de MUFACE son: las aportaciones del Estado del artículo 35; las cuotas de los mutualistas; las subvenciones estatales y otros recursos públicos que le correspondan; los bienes, derechos y acciones de las Mutualidades y Montepíos integrados en su Fondo especial; los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales; y cualesquiera otros recursos privados obtenidos para sus fines.

Artículo 35. Aportaciones y subvenciones estatales

El Estado consigna de modo permanente en sus presupuestos las aportaciones anuales a MUFACE para financiar las prestaciones del artículo 12, salvo la de hijo a cargo minusválido (letra h). Su cuantía se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como porcentaje sobre los haberes reguladores. Aparte se consignan subvenciones para las prestaciones por hijo a cargo minusválido y para el déficit del Fondo especial; las aportaciones son independientes de estas y de otras subvenciones.

Artículo 36. Régimen patrimonial

El régimen patrimonial de MUFACE es el del artículo 48 de la Ley 6/1997, y puede disponer de sus bienes patrimoniales propios que resulten innecesarios para sus fines. En lo no regulado allí, su patrimonio se rige por esta Ley y su desarrollo y, en defecto de estas, por la legislación del Patrimonio del Estado; las competencias que esa legislación atribuye a Hacienda y a la Dirección General del Patrimonio se entienden referidas al ministerio del que depende MUFACE y a su Dirección General, sin perjuicio de delegaciones y de las competencias del Consejo General de MUFACE.

Artículo 37. Recursos y régimen jurisdiccional

Los actos del Director general de MUFACE no agotan la vía administrativa: cabe alzada ante el ministro (el texto cita el de Administraciones Públicas) y, después, contencioso. Agotan la vía las resoluciones de los párrafos a) y b) del artículo 109 de la Ley 30/1992 y las del Director general en materia de personal: contra ellas, reposición potestativa y contencioso. La revisión sigue el artículo 118 de esa Ley. Las reclamaciones previas civiles y laborales las resuelve el Director general.

Artículo 28. Libertad sindical y derecho de huelga

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar ese derecho a las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará sus peculiaridades para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y crear o afiliarse a organizaciones internacionales; y nadie puede ser obligado a afiliarse. Se reconoce además el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 1

Todos los trabajadores pueden sindicarse libremente para promover y defender sus intereses económicos y sociales. Son trabajadores tanto los de relación laboral como los de relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones públicas. Quedan excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar. Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden pertenecer a sindicato alguno mientras estén en activo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no militares se rigen por su normativa específica.

Artículo 2

La libertad sindical comprende fundar sindicatos sin autorización previa (y suspenderlos o extinguirlos democráticamente), afiliarse al de su elección o separarse, sin que nadie pueda ser obligado a afiliarse, elegir libremente a los representantes y la actividad sindical. Los sindicatos pueden redactar sus estatutos, federarse o confederarse, no ser suspendidos ni disueltos salvo por resolución firme de la Autoridad Judicial por incumplimiento grave de las Leyes, y ejercer la actividad sindical: negociación colectiva, huelga, conflictos y candidaturas electorales.

Artículo 3

Los trabajadores por cuenta propia sin trabajadores a su servicio, los parados y quienes hayan cesado por incapacidad o jubilación pueden afiliarse a sindicatos, pero no fundar sindicatos cuyo objeto sea tutelar sus intereses singulares, aunque sí constituir asociaciones según su legislación específica. Quien ostente cargos directivos o de representación en su sindicato no puede desempeñar a la vez, en las Administraciones públicas, cargos de libre designación de categoría de Director General o asimilados, ni otros de rango superior.

Artículo 4

El sindicato adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar a los veinte días hábiles del depósito de sus estatutos en la oficina pública. Los estatutos deben recoger al menos denominación, domicilio y ámbito, órganos y régimen electivo democrático, afiliación, modificación, fusión y disolución, y régimen económico. La oficina, en diez días, publica o requiere una sola vez la subsanación en otros diez días como máximo. Cualquier persona puede examinar los estatutos; la Autoridad Pública y quien acredite interés directo, personal y legítimo pueden impugnarlos judicialmente.

Artículo 5

El sindicato responde por los actos o acuerdos de sus órganos estatutarios dentro de sus competencias. No responde por actos individuales de sus afiliados, salvo que se produzcan en el ejercicio regular de funciones representativas o se pruebe que actuaban por cuenta del sindicato. Las cuotas sindicales son inembargables. Los sindicatos pueden beneficiarse de las exenciones y bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan.

Artículo 6

Son más representativos a nivel estatal los que obtengan en ese ámbito el 10 por 100 o más del total de delegados de personal, miembros de comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas, y los afiliados, federados o confederados a una organización estatal más representativa. A todos los niveles pueden: representación institucional, negociación colectiva, participar en condiciones de trabajo públicas y en solución no jurisdiccional de conflictos, promover elecciones y obtener cesiones de inmuebles públicos.

Artículo 7

Son más representativos a nivel de Comunidad Autónoma los sindicatos de ese ámbito que obtengan al menos el 15 por 100 de delegados de personal y representantes en comités y órganos públicos, con un mínimo de 1.500 representantes y sin federación o confederación estatal, y los integrados en una organización autonómica más representativa. Ejercen en su Comunidad las funciones del artículo 6.3 y representación institucional también ante entidades estatales. Los que logren el 10 por 100 en un ámbito específico ejercen allí las funciones de las letras b), c), d), e) y g) del artículo 6.3.

Artículo 8

Los afiliados pueden, en la empresa o centro: constituir Secciones Sindicales según los Estatutos; reunirse (previa notificación al empresario), recaudar cuotas y distribuir información, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal; y recibir la información de su sindicato. Salvo lo que establezca el convenio, las Secciones de los sindicatos más representativos o con representación tienen derecho a un tablón de anuncios que pone la empresa en el centro de trabajo, a la negociación colectiva y a un local adecuado en empresas o centros de más de 250 trabajadores.

Artículo 9

Quienes ostenten cargos electivos provinciales, autonómicos o estatales en sindicatos más representativos tienen permisos no retribuidos para sus funciones (limitables por acuerdo según el proceso productivo); a excedencia forzosa o situación equivalente en la Función Pública, con reserva de puesto y cómputo de antigüedad, debiendo reincorporarse dentro del mes siguiente al cese; y a acceder a los centros de trabajo, previa comunicación al empresario. Los negociadores de convenios que sigan en activo tienen permisos retribuidos si su empresa está afectada por la negociación.

Artículo 10

En empresas o centros con más de 250 trabajadores, las Secciones de sindicatos con presencia en comités u órganos de representación públicos tienen delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados. Sin acuerdo, si el sindicato obtuvo el 10 por 100 de los votos: de 250 a 750 trabajadores, uno; de 751 a 2.000, dos; de 2.001 a 5.000, tres; de 5.001 en adelante, cuatro. Por debajo del 10 por 100, un solo delegado. Si no forman parte del comité tienen sus mismas garantías, la misma información con sigilo, voz sin voto en reuniones y derecho a ser oídos antes de medidas colectivas.

Artículo 11

Los convenios colectivos pueden incluir cláusulas por las que los trabajadores de su ámbito financien la gestión de los sindicatos representados en la comisión negociadora, con un canon económico y su forma de abono, respetando siempre la voluntad individual del trabajador, expresada por escrito en la forma y plazos que fije la negociación colectiva. El empresario descuenta la cuota sindical del salario y la transfiere a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y siempre con la conformidad previa de este.

Artículo 12

Son nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sea favorable o adversa, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio de actividades sindicales.

Artículo 13

Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionada su libertad sindical puede pedir tutela ante la jurisdicción competente por el proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. La lesión puede venir del empleador, asociación patronal, Administraciones públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada. Son lesiones expresas los actos de injerencia: fomentar sindicatos dominados o controlados por un empleador o asociación empresarial, o sostenerlos económicamente o en otra forma con ese propósito de control.

Artículo 14

En el proceso que inicie el trabajador presuntamente lesionado en su libertad sindical pueden personarse como coadyuvantes dos sujetos: el sindicato al que pertenezca ese trabajador y cualquier sindicato que tenga la condición de más representativo. Intervienen como coadyuvantes en el proceso incoado por el trabajador.

Artículo 15

Si el órgano judicial considera probada la violación de la libertad sindical, decretará dos cosas: el cese inmediato del comportamiento antisindical y la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas. Además, remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos de depuración de eventuales conductas delictivas.

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

La huelga exige acuerdo expreso en cada centro de trabajo. La acuerdan los representantes de los trabajadores (reunión conjunta, decisión mayoritaria, asistencia mínima del 75 % y acta firmada) o los propios trabajadores afectados, si el 25 % de la plantilla pide votación, que será secreta y por mayoría simple. Los representantes la comunican por escrito al empresario y a la autoridad laboral con al menos cinco días naturales de antelación, indicando objetivos, gestiones realizadas, fecha de inicio y composición del comité de huelga.

Artículo 4

Si la huelga afecta a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de la huelga al empresario y a la autoridad laboral ha de ser, como mínimo, de diez días naturales. Además, antes de que empiece, los representantes de los trabajadores deben darle la publicidad necesaria para que la conozcan los usuarios del servicio.

Artículo 5

Solo pueden ser miembros del comité de huelga trabajadores del propio centro de trabajo afectados por el conflicto. El comité no puede superar las doce personas. Le corresponde participar en todas las actuaciones sindicales, administrativas o judiciales que se realicen para solucionar el conflicto.

Artículo 6

La huelga no extingue la relación laboral ni permite sancionar, salvo falta laboral. Suspende contrato y salario. El huelguista sigue en alta especial, sin cotizar ni él ni el empresario, y sin prestación por desempleo ni por incapacidad laboral transitoria. Se respeta a quien no se sume. No cabe sustituir huelguistas por trabajadores ajenos a la empresa al comunicarse la huelga, salvo incumplimiento del apartado siete. Se permite la publicidad pacífica y la recogida de fondos sin coacción. El comité garantiza los servicios de seguridad y mantenimiento; el empresario designa quién los presta.

Artículo 7

La huelga solo puede ejercerse cesando en la prestación de servicios, sin ocupar el centro de trabajo ni ninguna de sus dependencias. Se consideran actos ilícitos o abusivos las huelgas rotatorias, las de trabajadores de sectores estratégicos que buscan interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier alteración colectiva del régimen de trabajo distinta a la huelga.

Artículo 8

Los convenios colectivos pueden fijar normas complementarias sobre los procedimientos de solución de los conflictos que originen la huelga y pueden incluir la renuncia a la huelga mientras estén vigentes. Desde el preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario (o los representantes de los distintos comités y empresarios) deben negociar; los trabajadores pueden terminar la huelga en cualquier momento. El pacto que pone fin a la huelga tiene la eficacia de un convenio colectivo.

Artículo 9

Artículo 10

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y valorando la duración o consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave a la economía nacional, puede acordar la reanudación del trabajo en el plazo que fije, por un máximo de dos meses o, de forma definitiva, mediante arbitraje obligatorio. En huelgas en servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad con circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa puede acordar medidas para asegurar su funcionamiento, y el Gobierno, medidas de intervención.

Artículo 11

La huelga es ilegal en cuatro casos: si se inicia o mantiene por motivos políticos o con fines ajenos al interés profesional de los trabajadores afectados; si es de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promueven o sostienen; si busca alterar, durante su vigencia, lo pactado en convenio colectivo o lo establecido por laudo; y si contraviene este Real Decreto-ley o lo pactado en convenio para la solución de conflictos.

Artículo 17

Las situaciones conflictivas que afecten a intereses generales de los trabajadores pueden solucionarse mediante el procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo. Mientras los trabajadores lo utilicen, no pueden ejercer el derecho de huelga. En cambio, una vez declarada la huelga, pueden desistir de ella y acudir a ese procedimiento.

Artículo 18

Solo pueden instar el inicio de un Conflicto Colectivo de Trabajo los representantes de los trabajadores del ámbito del conflicto, por iniciativa propia o a petición de sus representados, y los empresarios o sus representantes legales, según el ámbito del conflicto. Si el procedimiento lo inician los empresarios y los trabajadores ejercen el derecho de huelga, se suspende y se archivan las actuaciones.

Artículo 19

La competencia para conocer de los Conflictos Colectivos de Trabajo depende de su naturaleza: corresponde al Delegado de Trabajo de la provincia donde se plantea el conflicto, salvo que afecte a trabajadores de varias provincias, en cuyo caso es competente la Dirección General de Trabajo; o al Orden Jurisdiccional Laboral, según esta disposición y la Ley de Procedimiento Laboral.

Artículo 20

Artículo 21

El Conflicto Colectivo de Trabajo se plantea por escrito, firmado y fechado. En él deben constar el nombre, apellidos, domicilio y carácter de quienes lo plantean; los trabajadores y empresarios afectados; los hechos sobre los que versa el conflicto; las peticiones concretas que se formulan, y los demás datos que procedan.

Artículo 22

El escrito de planteamiento del Conflicto Colectivo de Trabajo se presenta ante la Delegación de Trabajo de la provincia en que se plantee el conflicto. Si el conflicto afecta a trabajadores de varias provincias, se presenta ante la Dirección General de Trabajo.

Artículo 23

En las veinticuatro horas siguientes al día en que se presenta el escrito de planteamiento del conflicto, la Autoridad laboral envía copia a la parte frente a la que se plantea y convoca a ambas partes a una comparecencia ante ella, que debe celebrarse dentro de los tres días siguientes.

Artículo 24

En la comparecencia, la Autoridad laboral intenta la avenencia entre las partes. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de las representaciones de cada parte y tienen la eficacia de lo pactado en convenio colectivo. Las partes pueden designar uno o varios árbitros, que si son varios actúan conjuntamente y deben dictar su laudo en cinco días. Su decisión tiene la misma eficacia que si hubiera habido acuerdo entre las partes.

Artículo 25

Si las partes no llegan a un acuerdo ni designan árbitros, la Autoridad laboral actúa según el tipo de conflicto: si deriva de discrepancias sobre la interpretación de una norma preexistente, estatal o de convenio colectivo, remite lo actuado, con su informe, a la Magistratura de Trabajo; si se plantea para modificar las condiciones de trabajo, dicta un laudo de obligado cumplimiento que resuelve todas las cuestiones planteadas.

Artículo 26

Los laudos de obligado cumplimiento se dictan en los cinco días siguientes a la comparecencia, como resolución fundada que decide de forma clara y precisa sobre las cuestiones del escrito inicial y las suscitadas en la comparecencia relacionadas con el conflicto. Tienen fuerza ejecutiva inmediata. Pueden recurrirse en alzada ante la Autoridad laboral de grado superior y, agotada la vía gubernativa, impugnarse ante la jurisdicción competente.

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

Los particulares exigirán directamente a la Administración las indemnizaciones por los daños causados por sus autoridades y personal. La Administración, una vez haya indemnizado, exigirá de oficio en vía administrativa a esas autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el resultado. El mismo procedimiento se instruye por los daños causados en los bienes o derechos de la propia Administración cuando concurra dolo o culpa o negligencia graves.

Artículo 37. Responsabilidad penal

La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá conforme a la legislación correspondiente. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial.