Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo

Artículo 10

Título I. El derecho de huelga›Capítulo I. La huelga

En pocas palabras

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y valorando la duración o consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave a la economía nacional, puede acordar la reanudación del trabajo en el plazo que fije, por un máximo de dos meses o, de forma definitiva, mediante arbitraje obligatorio. En huelgas en servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad con circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa puede acordar medidas para asegurar su funcionamiento, y el Gobierno, medidas de intervención.

Explicación sencilla

Recoge las facultades excepcionales de los poderes públicos ante huelgas especialmente dañinas: la reanudación de la actividad acordada por el Gobierno y las medidas para asegurar servicios públicos o de inaplazable necesidad.

Regla mnemotécnica

Reanudación forzosa: dos meses como máximo, o definitiva con arbitraje obligatorio.

Trampa típica de examen

Atribuir a la Autoridad laboral las medidas para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos: el artículo las encomienda a la Autoridad gubernativa.

Texto del artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977 (RDLRT)

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. El incumplimiento de este acuerdo podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16. Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas.

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