Tema 48 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 31. Principios generales

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.

Artículo 33. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.

Artículo 34. Mesas de Negociación

Hay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.

Artículo 37. Materias objeto de negociación

Se negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos

Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación

Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Pueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.

Artículo 46. Derecho de reunión

Además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Artículo 1

Todos los trabajadores pueden sindicarse libremente para promover y defender sus intereses económicos y sociales. Son trabajadores tanto los de relación laboral como los de relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones públicas. Quedan excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar. Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden pertenecer a sindicato alguno mientras estén en activo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no militares se rigen por su normativa específica.

Artículo 2

La libertad sindical comprende fundar sindicatos sin autorización previa (y suspenderlos o extinguirlos democráticamente), afiliarse al de su elección o separarse, sin que nadie pueda ser obligado a afiliarse, elegir libremente a los representantes y la actividad sindical. Los sindicatos pueden redactar sus estatutos, federarse o confederarse, no ser suspendidos ni disueltos salvo por resolución firme de la Autoridad Judicial por incumplimiento grave de las Leyes, y ejercer la actividad sindical: negociación colectiva, huelga, conflictos y candidaturas electorales.

Artículo 3

Los trabajadores por cuenta propia sin trabajadores a su servicio, los parados y quienes hayan cesado por incapacidad o jubilación pueden afiliarse a sindicatos, pero no fundar sindicatos cuyo objeto sea tutelar sus intereses singulares, aunque sí constituir asociaciones según su legislación específica. Quien ostente cargos directivos o de representación en su sindicato no puede desempeñar a la vez, en las Administraciones públicas, cargos de libre designación de categoría de Director General o asimilados, ni otros de rango superior.

Artículo 4

El sindicato adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar a los veinte días hábiles del depósito de sus estatutos en la oficina pública. Los estatutos deben recoger al menos denominación, domicilio y ámbito, órganos y régimen electivo democrático, afiliación, modificación, fusión y disolución, y régimen económico. La oficina, en diez días, publica o requiere una sola vez la subsanación en otros diez días como máximo. Cualquier persona puede examinar los estatutos; la Autoridad Pública y quien acredite interés directo, personal y legítimo pueden impugnarlos judicialmente.

Artículo 5

El sindicato responde por los actos o acuerdos de sus órganos estatutarios dentro de sus competencias. No responde por actos individuales de sus afiliados, salvo que se produzcan en el ejercicio regular de funciones representativas o se pruebe que actuaban por cuenta del sindicato. Las cuotas sindicales son inembargables. Los sindicatos pueden beneficiarse de las exenciones y bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan.

Artículo 6

Son más representativos a nivel estatal los que obtengan en ese ámbito el 10 por 100 o más del total de delegados de personal, miembros de comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas, y los afiliados, federados o confederados a una organización estatal más representativa. A todos los niveles pueden: representación institucional, negociación colectiva, participar en condiciones de trabajo públicas y en solución no jurisdiccional de conflictos, promover elecciones y obtener cesiones de inmuebles públicos.

Artículo 7

Son más representativos a nivel de Comunidad Autónoma los sindicatos de ese ámbito que obtengan al menos el 15 por 100 de delegados de personal y representantes en comités y órganos públicos, con un mínimo de 1.500 representantes y sin federación o confederación estatal, y los integrados en una organización autonómica más representativa. Ejercen en su Comunidad las funciones del artículo 6.3 y representación institucional también ante entidades estatales. Los que logren el 10 por 100 en un ámbito específico ejercen allí las funciones de las letras b), c), d), e) y g) del artículo 6.3.

Artículo 8

Los afiliados pueden, en la empresa o centro: constituir Secciones Sindicales según los Estatutos; reunirse (previa notificación al empresario), recaudar cuotas y distribuir información, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal; y recibir la información de su sindicato. Salvo lo que establezca el convenio, las Secciones de los sindicatos más representativos o con representación tienen derecho a un tablón de anuncios que pone la empresa en el centro de trabajo, a la negociación colectiva y a un local adecuado en empresas o centros de más de 250 trabajadores.

Artículo 9

Quienes ostenten cargos electivos provinciales, autonómicos o estatales en sindicatos más representativos tienen permisos no retribuidos para sus funciones (limitables por acuerdo según el proceso productivo); a excedencia forzosa o situación equivalente en la Función Pública, con reserva de puesto y cómputo de antigüedad, debiendo reincorporarse dentro del mes siguiente al cese; y a acceder a los centros de trabajo, previa comunicación al empresario. Los negociadores de convenios que sigan en activo tienen permisos retribuidos si su empresa está afectada por la negociación.

Artículo 10

En empresas o centros con más de 250 trabajadores, las Secciones de sindicatos con presencia en comités u órganos de representación públicos tienen delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados. Sin acuerdo, si el sindicato obtuvo el 10 por 100 de los votos: de 250 a 750 trabajadores, uno; de 751 a 2.000, dos; de 2.001 a 5.000, tres; de 5.001 en adelante, cuatro. Por debajo del 10 por 100, un solo delegado. Si no forman parte del comité tienen sus mismas garantías, la misma información con sigilo, voz sin voto en reuniones y derecho a ser oídos antes de medidas colectivas.

Artículo 11

Los convenios colectivos pueden incluir cláusulas por las que los trabajadores de su ámbito financien la gestión de los sindicatos representados en la comisión negociadora, con un canon económico y su forma de abono, respetando siempre la voluntad individual del trabajador, expresada por escrito en la forma y plazos que fije la negociación colectiva. El empresario descuenta la cuota sindical del salario y la transfiere a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y siempre con la conformidad previa de este.

Artículo 12

Son nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sea favorable o adversa, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio de actividades sindicales.

Artículo 13

Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionada su libertad sindical puede pedir tutela ante la jurisdicción competente por el proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. La lesión puede venir del empleador, asociación patronal, Administraciones públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada. Son lesiones expresas los actos de injerencia: fomentar sindicatos dominados o controlados por un empleador o asociación empresarial, o sostenerlos económicamente o en otra forma con ese propósito de control.

Artículo 14

En el proceso que inicie el trabajador presuntamente lesionado en su libertad sindical pueden personarse como coadyuvantes dos sujetos: el sindicato al que pertenezca ese trabajador y cualquier sindicato que tenga la condición de más representativo. Intervienen como coadyuvantes en el proceso incoado por el trabajador.

Artículo 15

Si el órgano judicial considera probada la violación de la libertad sindical, decretará dos cosas: el cese inmediato del comportamiento antisindical y la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas. Además, remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos de depuración de eventuales conductas delictivas.

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

La huelga exige acuerdo expreso en cada centro de trabajo. La acuerdan los representantes de los trabajadores (reunión conjunta, decisión mayoritaria, asistencia mínima del 75 % y acta firmada) o los propios trabajadores afectados, si el 25 % de la plantilla pide votación, que será secreta y por mayoría simple. Los representantes la comunican por escrito al empresario y a la autoridad laboral con al menos cinco días naturales de antelación, indicando objetivos, gestiones realizadas, fecha de inicio y composición del comité de huelga.

Artículo 4

Si la huelga afecta a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de la huelga al empresario y a la autoridad laboral ha de ser, como mínimo, de diez días naturales. Además, antes de que empiece, los representantes de los trabajadores deben darle la publicidad necesaria para que la conozcan los usuarios del servicio.

Artículo 5

Solo pueden ser miembros del comité de huelga trabajadores del propio centro de trabajo afectados por el conflicto. El comité no puede superar las doce personas. Le corresponde participar en todas las actuaciones sindicales, administrativas o judiciales que se realicen para solucionar el conflicto.

Artículo 6

La huelga no extingue la relación laboral ni permite sancionar, salvo falta laboral. Suspende contrato y salario. El huelguista sigue en alta especial, sin cotizar ni él ni el empresario, y sin prestación por desempleo ni por incapacidad laboral transitoria. Se respeta a quien no se sume. No cabe sustituir huelguistas por trabajadores ajenos a la empresa al comunicarse la huelga, salvo incumplimiento del apartado siete. Se permite la publicidad pacífica y la recogida de fondos sin coacción. El comité garantiza los servicios de seguridad y mantenimiento; el empresario designa quién los presta.

Artículo 7

La huelga solo puede ejercerse cesando en la prestación de servicios, sin ocupar el centro de trabajo ni ninguna de sus dependencias. Se consideran actos ilícitos o abusivos las huelgas rotatorias, las de trabajadores de sectores estratégicos que buscan interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier alteración colectiva del régimen de trabajo distinta a la huelga.

Artículo 8

Los convenios colectivos pueden fijar normas complementarias sobre los procedimientos de solución de los conflictos que originen la huelga y pueden incluir la renuncia a la huelga mientras estén vigentes. Desde el preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario (o los representantes de los distintos comités y empresarios) deben negociar; los trabajadores pueden terminar la huelga en cualquier momento. El pacto que pone fin a la huelga tiene la eficacia de un convenio colectivo.

Artículo 9

Artículo 10

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y valorando la duración o consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave a la economía nacional, puede acordar la reanudación del trabajo en el plazo que fije, por un máximo de dos meses o, de forma definitiva, mediante arbitraje obligatorio. En huelgas en servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad con circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa puede acordar medidas para asegurar su funcionamiento, y el Gobierno, medidas de intervención.

Artículo 11

La huelga es ilegal en cuatro casos: si se inicia o mantiene por motivos políticos o con fines ajenos al interés profesional de los trabajadores afectados; si es de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promueven o sostienen; si busca alterar, durante su vigencia, lo pactado en convenio colectivo o lo establecido por laudo; y si contraviene este Real Decreto-ley o lo pactado en convenio para la solución de conflictos.