Tema 67 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 14. Derechos individuales

Derechos individuales de los empleados públicos: inamovilidad del funcionario de carrera; desempeño efectivo de sus funciones; progresión en la carrera y promoción interna; retribuciones e indemnizaciones; participar en los objetivos de su unidad y ser informado; defensa jurídica ante cualquier orden jurisdiccional; formación continua, preferentemente en horario laboral; respeto a la intimidad y dignidad; no discriminación; conciliación; intimidad y desconexión digital; libertad de expresión; seguridad y salud; vacaciones y permisos; jubilación; Seguridad Social; libre asociación profesional.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Los empleados públicos tienen cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos del artículo 46 del Estatuto.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional. Carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso. Las leyes de Función Pública pueden aplicar, aislada o simultáneamente: carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto), carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical (a un Subgrupo o Grupo superior) y promoción interna horizontal (cuerpos o escalas del mismo Subgrupo). Cabe progresar a la vez en ambas carreras si se implantan en un mismo ámbito.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera

Las leyes de Función Pública podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera aplicando, entre otras, dos reglas: a) un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, con remuneración fijada para cada uno y ascensos consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales; b) se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, y podrán incluirse otros méritos y aptitudes por la especificidad de la función y la experiencia adquirida.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera

La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que garanticen igualdad, mérito y capacidad y los principios del artículo 55.2. El funcionario debe poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener al menos dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y superar las pruebas selectivas. Las leyes de Función Pública articularán los sistemas de promoción interna y podrán determinar los cuerpos y escalas accesibles desde otros del mismo Subgrupo. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral

El personal laboral tiene derecho a la promoción profesional. Su carrera profesional y su promoción se hacen efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño

Las Administraciones Públicas establecerán sistemas de evaluación del desempeño, procedimiento que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Criterios: transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Sus efectos: carrera horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias. La continuidad en un puesto obtenido por concurso queda vinculada a la evaluación, con audiencia al interesado y resolución motivada. Carrera horizontal, complemento del 24 c) y cese del puesto de concurso exigen aprobar antes sistemas objetivos.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

Para cada ejercicio presupuestario, la correspondiente ley de presupuestos debe reflejar tres cosas: las cuantías de las retribuciones básicas de los funcionarios, el incremento de las cuantías globales de sus retribuciones complementarias y el incremento de la masa salarial del personal laboral. Además, no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios

Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas y complementarias. Básicas: retribuyen según la adscripción del cuerpo o escala a un Subgrupo o Grupo y la antigüedad en él; incluyen sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Complementarias: retribuyen las características del puesto, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados. Pagas extraordinarias: dos al año, cada una de una mensualidad de básicas y todas las complementarias, salvo las del artículo 24 c) y d). No cabe percibir participación en tributos u otros ingresos públicos ni premio en multas.

Artículo 23. Retribuciones básicas

Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y están integradas única y exclusivamente por dos conceptos: el sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (Grupo cuando no tenga Subgrupo), y los trienios, que son una cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y la estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios las establecen las correspondientes leyes de cada Administración Pública, atendiendo, entre otros, a estos factores: a) la progresión alcanzada en el sistema de carrera administrativa; b) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad del puesto o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o resultados obtenidos; d) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción (Grupo si no tiene Subgrupo). También perciben las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en que se les nombre. Se reconocen los trienios por servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente a partir de esa entrada en vigor.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas las determinan las Administraciones Públicas. El artículo solo fija un mínimo: deben corresponderse, al menos, con las del sueldo del Subgrupo o Grupo (Grupo cuando no tenga Subgrupo) en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral

Las retribuciones del personal laboral se determinan conforme a tres fuentes: la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. En todo caso debe respetarse lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.

Artículo 28. Indemnizaciones

Artículo 29. Retribuciones diferidas

Las Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial que fijen las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos y conforme a la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones

La parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y se aplica sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengan ni perciben las retribuciones del tiempo en que hayan permanecido en esa situación; esa deducción de haberes tampoco tiene carácter de sanción ni afecta al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

Artículo 31. Principios generales

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.

Artículo 33. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.

Artículo 34. Mesas de Negociación

Hay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.

Artículo 37. Materias objeto de negociación

Se negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos

Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación

Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Pueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.

Artículo 46. Derecho de reunión

Además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Las Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de sus funcionarios; la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Además, adoptarán medidas de flexibilización horaria para la conciliación de los empleados públicos con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y de quienes tengan necesidades de cuidado respecto de hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

Artículo 47 bis. Teletrabajo

El teletrabajo es la prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, si las necesidades del servicio lo permiten, fuera de las dependencias de la Administración mediante tecnologías de la información y comunicación. Requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y es voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. Quien teletrabaja tiene los mismos deberes y derechos, salvo los inherentes a la presencia. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos

Enfermedad grave u hospitalización de cónyuge, pareja, primer grado o conviviente, 5 días hábiles; segundo grado, 4. Fallecimiento: primer grado, 3 días hábiles en la misma localidad y 5 en distinta; segundo grado, 2 y 4. Traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Lactancia de hijo menor de doce meses, una hora de ausencia. Prematuros hospitalizados, hasta 2 horas diarias retribuidas. Familiar de primer grado con enfermedad muy grave, reducción de hasta el 50 %, retribuida, máximo un mes. Asuntos particulares, 6 días al año. Matrimonio o pareja de hecho, 15 días.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Nacimiento, adopción y progenitor distinto de la madre biológica: 19 semanas (32 en monoparentalidad): 6 obligatorias, 11 (22) dentro de los doce meses y 2 (4) hasta los ocho años. Hospitalización del neonato: hasta 13 semanas más. Discapacidad del hijo: 2 semanas más. Preaviso de quince días en el disfrute interrumpido. Adopción internacional: hasta dos meses con retribuciones básicas. Violencia de género: retribuciones íntegras si la jornada se reduce un tercio o menos. Cáncer: reducción de al menos la mitad, hasta los 23 años. Permiso parental: hasta ocho semanas, no retribuido.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos

Los funcionarios tienen derecho, cada año natural, a veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas, o a la parte proporcional si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no son hábiles a estos efectos. Si un permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o el embarazo impide disfrutarlas, pueden disfrutarse después, siempre que no pasen más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron. No se sustituyen por dinero, salvo conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del funcionario.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

El régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral no se detalla en este artículo: se limita a indicar que se estará a lo establecido en este capítulo del Estatuto y en la legislación laboral correspondiente. Son, por tanto, dos fuentes a la vez: el capítulo y la legislación laboral.

Artículo 28. Derechos individuales

Reconoce al personal de la Administración de la Junta de Andalucía los derechos individuales del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y enumera, entre otros, inamovilidad del funcionario de carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación continua preferentemente en horario laboral, desconexión digital o vacaciones. Añade otros: participar en valores y tareas de la unidad, información y formación al incorporarse, proyectos transversales, innovación, acceso al expediente personal y movilidad. Garantiza una protección eficaz, homogénea y conjunta en seguridad y salud.

Artículo 29. Derechos individuales ejercidos colectivamente

De acuerdo con el artículo 15 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa básica estatal, el personal de la Administración de la Junta de Andalucía tiene cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos, según la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos de la normativa básica estatal.

Artículo 30. Garantía de derechos y conciliación de la vida profesional con la personal y familiar

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará al personal a su servicio los medios necesarios para hacer efectivos los derechos que la ley le reconoce. Presta especial atención a los que facilitan la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar y a la corresponsabilidad, fundamentalmente respecto de tres ámbitos: la protección de la maternidad y la paternidad, la igualdad de género y la atención a las personas dependientes.

Artículo 31. Protección a las víctimas de violencia de género

En todo caso, cuando una empleada sea víctima de violencia de género, sus ausencias al trabajo, sean totales o parciales, se considerarán justificadas en dos supuestos: por motivos de seguridad, o por el tiempo y en las condiciones que así lo determinen los servicios sociales o de salud.

Artículo 32. Responsabilidad social corporativa y cooperación internacional para el desarrollo

El personal de la Administración de la Junta de Andalucía podrá colaborar en las acciones y medidas que se adopten en materia de responsabilidad social corporativa y cooperación internacional al desarrollo, contribuyendo a su mejora. La Administración fomentará esas conductas y facilitará al personal la participación en las acciones y medidas de ese tipo que se lleven a cabo en el ámbito de su organización.

Artículo 35. Disposiciones comunes

En el desarrollo normativo de la jornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones deberá impulsarse la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, el interés superior de las personas menores, mayores y dependientes, así como con discapacidad, y la corresponsabilidad entre progenitores. También se impulsarán medidas tendentes a la conciliación, racionalización y adaptación de horarios y la desconexión digital en el ámbito laboral. Ambos apartados se aplican igualmente al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

Artículo 36. Jornada de trabajo y horario del personal funcionario

De acuerdo con la normativa básica estatal, se determinarán y desarrollarán reglamentariamente la jornada general y las jornadas especiales del personal funcionario, los horarios y otras medidas que pudieran adoptarse en el marco de la negociación colectiva. La jornada será a tiempo completo; los puestos que puedan desempeñarse a tiempo parcial se establecerán previa negociación colectiva. Es jornada a tiempo parcial la que requiere prestar servicios un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada del personal funcionario a tiempo completo comparable.

Artículo 37. Teletrabajo y modalidades de prestación del servicio

En la Administración general de la Junta de Andalucía la modalidad presencial es la ordinaria y la modalidad a distancia se articula a través del teletrabajo. Sus supuestos y condiciones se fijan reglamentariamente, previa negociación colectiva, cuando el contenido del puesto lo admita y el servicio lo permita. Ha de autorizarse expresamente, es compatible con la presencial y, en todo caso, voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos y se garantiza la desconexión digital.

Artículo 38. Permisos del personal funcionario

El personal funcionario tiene derecho a los permisos recogidos en la normativa estatal básica, en los términos, alcance y condiciones que se determinen reglamentariamente, y también a los otros permisos o medidas que adopte la Administración, incluidos los acordados en la negociación colectiva. En materia de permisos y reducciones de jornada, la pareja estable se equipara al matrimonio y la persona conviviente al cónyuge, de acuerdo con la legislación andaluza sobre parejas de hecho.

Artículo 39. Vacaciones del personal funcionario

Vacaciones retribuidas cada año según la normativa básica estatal, o las proporcionales al tiempo de servicio activo. Por antigüedad: 15 años, 23 días hábiles; 20 años, 24; 25 años, 25; 30 o más, 26. Los sábados no son hábiles. Pueden disfrutarse fuera del año natural, hasta dieciocho meses desde el final del año en que se originaron, si lo impiden maternidad, paternidad, incapacidad temporal u otras situaciones listadas. No se sustituyen por dinero, salvo cese por causas ajenas a la voluntad del personal; en jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta dieciocho meses.

Artículo 40. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

La jornada de trabajo, los horarios, los permisos y las vacaciones del personal laboral se rigen por tres fuentes: lo dispuesto en el propio capítulo en que se inserta el artículo, la legislación laboral correspondiente y los convenios colectivos que resulten de aplicación.

Artículo 50. Promoción profesional del personal funcionario de carrera

El funcionario de carrera tiene derecho a la promoción profesional, articulada mediante la carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso según los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Sus criterios generales se negocian colectivamente. Es individual, voluntaria, progresiva y retribuida. Modalidades: carrera horizontal (sin cambiar de puesto) y vertical (ascenso en la estructura de puestos por provisión), y promoción interna horizontal (otro cuerpo o especialidad del mismo subgrupo o grupo) y vertical (a otro superior).

Artículo 51. Promoción profesional del personal laboral

La promoción y la carrera profesional del personal laboral se articulan a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto de la legislación estatal de carácter básico, así como en los convenios colectivos que resulten de aplicación, en los que se tendrán en cuenta los criterios regulados en este título de la ley (el dedicado a la promoción profesional).

Artículo 52. Concepto

La carrera horizontal reconoce de forma individualizada el desarrollo profesional y el desempeño mediante el ascenso por tramos, sin cambiar de puesto, según una valoración positiva, objetiva y reglada. Ninguna causa organizativa ni de ordenación de puestos limita este derecho. Los méritos (trayectoria, formación, evaluación del desempeño, entre otros) se concretan por reglamento, previa negociación colectiva. El acceso a los tramos es consecutivo y, alcanzados, quedan consolidados. El funcionario interino tiene derecho a ella como el de carrera, de forma adecuada a su condición temporal.

Artículo 53. Sistema de tramos de la carrera horizontal

Cada grupo o subgrupo tiene una carrera horizontal con los tramos fijados por reglamento, previa negociación colectiva, con un máximo de seis. Para iniciarla y ascender se exigen años completos de permanencia, continuados o no, y superar la valoración; computan los años en el grupo o subgrupo, en el mismo o distinto puesto. Quien accede a un grupo o subgrupo superior empieza en su primer tramo y conserva el complemento del de origen, al que suma los nuevos tramos sin superar el importe del último tramo de su grupo o subgrupo. El tiempo como interino en el mismo grupo o subgrupo computa.

Artículo 54. Reconocimiento

La valoración del desarrollo profesional para reconocer el ascenso a cada tramo la realiza una comisión técnica de carácter colegiado, establecida al efecto en la convocatoria, que garantizará la objetividad y transparencia del procedimiento. No se puede solicitar una nueva valoración para el ascenso al mismo tramo hasta que pase, desde la última realizada, el tiempo que se establezca reglamentariamente. También por reglamento, previa negociación colectiva, se fijará el procedimiento de valoración y se regularán la composición y el funcionamiento de la comisión técnica.

Artículo 55. Efectos

El reconocimiento del ascenso a cada tramo comporta, para el personal en servicio activo en la Administración de la Junta de Andalucía, la percepción mensual del complemento de carrera profesional, según las cuantías contempladas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En todo caso, el complemento se percibe en la nómina del mes siguiente al de reconocimiento de cada tramo, o en el que finalice el plazo máximo reglamentariamente establecido para dictar la resolución de reconocimiento.

Artículo 56. Concepto

La carrera vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante la obtención, con carácter definitivo y a través de la provisión por los procedimientos ordinarios del artículo 124 de la ley, de puestos que, según su clasificación, pueden conllevar una mayor responsabilidad, dedicación o dificultad técnica. Se despliega dentro de un mismo grupo o subgrupo de clasificación y requiere cumplir todos los requisitos exigidos para la cobertura del puesto de trabajo.

Artículo 57. Criterios generales

La promoción interna se rige por la normativa estatal básica, esta ley y sus reglamentos. La Administración la incentiva así: mínimo del 25 % de plazas en la oferta de empleo público; exenciones de pruebas y/o reducción de temarios; preferencia para elegir destino sobre el turno libre; derecho al destino en el puesto que se desempeña si está adscrito al nuevo cuerpo o especialidad; cursos formativos, que podrán sustituir alguna prueba; y procesos mediante cursos selectivos, que solo podrá superar un número de personas equivalente, como máximo, al de plazas convocadas.

Artículo 58. Modalidades de promoción interna

La promoción interna tiene dos modalidades. La horizontal supone el acceso a otro cuerpo o especialidad dentro del mismo subgrupo o grupo de pertenencia. La vertical supone el ascenso desde un subgrupo o grupo de clasificación hasta otro superior, de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico; el personal funcionario de carrera del subgrupo C1 que reúna la titulación exigida podrá promocionar al A2 sin pasar por el grupo B. La promoción interna se lleva a cabo por el sistema selectivo de concurso-oposición o de actividades formativas selectivas.

Artículo 59. Concepto

La evaluación del desempeño mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de resultados, para mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos. Sus normas y criterios generales se negocian colectivamente. Busca mejorar la gestión pública y el rendimiento del personal y se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente. Ocho principios: transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación y publicidad.

Artículo 60. Sistemas y criterios de valoración

Los sistemas de evaluación del desempeño deben ser transparentes, bajo los principios de imparcialidad y objetividad. Reglamentariamente, previa negociación colectiva, se crearán comisiones de seguimiento, colegiadas y paritarias (Administración y organizaciones sindicales), y se fijarán los sistemas, las competencias, la periodicidad y los órganos técnicos colegiados de revisión. La conducta profesional se presume positiva, salvo valoración negativa expresa y motivada. Para funcionar, se exige implementar antes el instrumento de planificación estratégica.

Artículo 61. Efectos de la evaluación del desempeño para el personal funcionario

El resultado positivo en la evaluación es condición necesaria para cobrar las retribuciones vinculadas al desempeño y ascender de tramo en la carrera horizontal; reglamentariamente, previa negociación colectiva, podrá exigirse para valorar la experiencia como mérito. El primer resultado negativo lleva a un programa de formación específico; tres o más negativos y consecutivos pueden dar lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia y con resolución motivada. El interino se evalúa en los mismos términos, de la forma adecuada a su condición temporal. Los resultados individuales se anotan en el Registro de Personal.

Artículo 62. La evaluación del desempeño para el personal laboral

La evaluación del desempeño del personal laboral no sigue un procedimiento propio de esta ley: se articula a través de los procedimientos previstos en los convenios colectivos que resulten de aplicación y en la demás normativa laboral correspondiente. En esos procedimientos se tendrán en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 60, apartado 3.

Artículo 63. Principios del sistema retributivo

El sistema retributivo se funda en tres principios: garantía de las retribuciones y adecuación a responsabilidades, funciones y desempeño de cada puesto; un componente de retribuciones variables vinculado a la evaluación del desempeño; y transparencia y publicidad. El personal funcionario solo cobra por los conceptos de esta ley; el laboral, por los del convenio colectivo aplicable, adecuados a este título. Las Leyes del Presupuesto reflejan cada ejercicio las cuantías de las básicas, el incremento global de las complementarias y el de la masa salarial del personal laboral.

Artículo 64. Retribuciones del personal funcionario

Las retribuciones del personal funcionario se clasifican en básicas personales y complementarias, y en ellas se incluyen las pagas extraordinarias. El personal funcionario no puede percibir participación en tributos ni en otros ingresos de las Administraciones públicas como contraprestación de un servicio, ni participación o premio relacionados con multas, aunque estén normativamente atribuidos a los servicios. El de la Administración General de la Junta solo cobra por los conceptos de esta ley, sin perjuicio de la normativa estatal básica.

Artículo 65. Retribuciones básicas personales del personal funcionario de carrera

Son retribuciones básicas personales el sueldo de cada subgrupo o grupo, los trienios y el componente de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. El trienio es una cantidad igual para cada subgrupo o grupo por cada tres años de servicio. Quien pasa por cuerpos de distinto grupo conserva los trienios devengados y los cobra en su totalidad por la cuantía del grupo en el que esté en servicio activo al devengarlos, o del cuerpo desde el que pasó a servicios especiales, sin percibir menos que la suma de los importes individualizados reconocidos en cada grupo.

Artículo 66. Retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera

Las complementarias retribuyen el puesto, la carrera, el desempeño y los servicios extraordinarios. Son: el de carrera profesional (tramo de carrera horizontal); de nivel competencial (dificultad técnica y responsabilidad; grados del 1 al 20); del puesto (condiciones particulares, incluidas peligrosidad y penosidad); por desempeño (variable, sin derecho adquirido); gratificaciones por servicios extraordinarios (nunca fijas ni periódicas); por horario nocturno, festivo y guardias; y complementos personales transitorios, absorbibles, excluidos con tres o más resultados negativos y consecutivos.

Artículo 67. Pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias son dos al año. Cada una equivale a una mensualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retribuciones complementarias que retribuyan los factores del artículo 66, apartados 2.a), 2.b) y 2.c). Se devengan el día 1 de los meses de junio y diciembre, proporcionalmente a la situación del personal funcionario durante el período de cada paga.

Artículo 68. Retribuciones diferidas

La Administración de la Junta de Andalucía podrá destinar cantidades a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que cubran la contingencia de jubilación del personal incluido en su ámbito. El tope es el porcentaje de la masa salarial que fijen las leyes de presupuestos generales del Estado, y se actúa conforme a la normativa reguladora de los planes de pensiones. Esas cantidades tienen, a todos los efectos, la consideración de retribución diferida.

Artículo 69. Indemnizaciones por razón del servicio

El personal funcionario percibirá las indemnizaciones por razón del servicio en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente. Los tipos y las cuantías de esas indemnizaciones serán únicos por cada concepto para todo el personal.

Artículo 70. Otras retribuciones

El personal funcionario podrá percibir las retribuciones que se fijen reglamentariamente por participar en comisiones de selección y de valoración de procesos de provisión, colaborar en procesos selectivos y participar en actividades formativas o divulgativas organizadas por las Administraciones públicas. Dos condiciones: que la participación cumpla la normativa sobre incompatibilidades y que el total anual no supere el límite reglamentario. También podrá percibir ayudas de acción social y el premio por jubilación por cualquier causa, en los términos reglamentarios.

Artículo 71. Retribuciones del personal funcionario interino

El personal funcionario interino percibe, en proporción a la jornada laboral que tenga establecida, las retribuciones básicas del grupo o subgrupo de adscripción y las pagas extraordinarias por los conceptos que le correspondan. En las mismas condiciones cobra las complementarias del artículo 66.2, letras b), c) y f), el complemento por desempeño cuando proceda y las gratificaciones por servicios extraordinarios. El interino de programas temporales o por exceso o acumulación de tareas percibe el complemento de puesto asimilado a las funciones que deba realizar, según el reglamento.

Artículo 72. Retribuciones del personal funcionario en prácticas

El personal funcionario en prácticas cobra el sueldo del subgrupo o grupo en el que aspira a ingresar y, en su caso, los trienios reconocidos antes del curso selectivo o de las prácticas; si desempeña un puesto, también sus complementarias. Quien ya sea funcionario o laboral de una Administración incluida en la ley puede optar por mantener sus retribuciones. Paga la Administración que convocó el proceso selectivo, salvo que se desempeñe un puesto: entonces paga aquella en la que esté el puesto. Por convenio con reciprocidad cabe abonar las del apartado 2 a personal de otras Administraciones.

Artículo 73. Retribuciones del personal eventual

Según la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo, el personal eventual cobra el sueldo del grupo o subgrupo al que se asimile el puesto, el complemento de puesto de trabajo, el de nivel competencial y, en su caso, el de desempeño (especial rendimiento, interés o iniciativa). Tiene dos pagas extraordinarias al año. Si además es funcionario de carrera de la Junta, percibe el complemento de carrera profesional del tramo reconocido; si lo es de otra Administración, podrá reconocerse su progreso. Se devengan desde el día de toma de posesión hasta el día del cese.

Artículo 74. Retribuciones del personal directivo público profesional

El personal directivo público profesional percibe el sueldo del grupo o subgrupo al que se asimilen sus funciones, los trienios reconocidos (si es funcionario de carrera o laboral de cualquier Administración con derecho a reingreso en la de origen) y el complemento de puesto de trabajo del puesto directivo. Si es funcionario de carrera de la Junta, además el complemento de carrera del tramo reconocido; si lo es de otra, podrá reconocerse su progreso. Puede percibir el complemento de desempeño, que retribuye el cumplimiento de objetivos previamente fijados. Dos pagas extraordinarias al año.

Artículo 75. Retribuciones del personal funcionario pendiente de adscripción

El funcionario removido de un puesto de concurso, cesado en uno de libre designación, reingresado desde servicios especiales (a los que accedió desde servicio activo o desde una situación con reserva de plaza) o cuyo puesto se suprime cobra, hasta que sea adscrito provisionalmente a un puesto: retribuciones básicas del grupo o subgrupo, complemento de carrera, cuantía del nivel competencial y complemento de puesto de trabajo del puesto de referencia, más las pagas extraordinarias. Las abona, con cargo a sus créditos, la Consejería u organismo en el que venía prestando servicios.

Artículo 76. Retribuciones en situación de permiso por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia natural, permiso por cuidado de hijos e hijas afectados por cáncer u otra enfermedad grave e incapacidad temporal

Los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural y cuidado de hijo o hija con cáncer u otra enfermedad grave son servicio efectivo, con plenitud de derechos económicos; las variables salen de la media del año inmediatamente anterior (o del tiempo en el puesto, de ser inferior). En incapacidad temporal no profesional se cobra un complemento por la diferencia entre la prestación de Seguridad Social y las retribuciones fijas y periódicas del mes de la baja; si es profesional, se suma la media de las variables.

Artículo 77. Deducción de retribuciones

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada da lugar, salvo justificación, a una deducción proporcional de haberes no sancionadora, sin perjuicio de la sanción disciplinaria. El valor hora parte de las retribuciones íntegras mensuales, divididas por los días naturales del mes y, a su vez, por las horas que deban cumplirse de media cada día, incrementadas en la parte proporcional del descanso semanal; también se tiene en cuenta para la paga extraordinaria. Quien ejerce el derecho de huelga no devenga ni percibe retribuciones por ese tiempo, sin carácter sancionador ni efecto en su protección social.

Artículo 78. Devengo de retribuciones

Las retribuciones fijas y mensuales se pagan por meses completos según la situación y derechos del primer día hábil del mes. Se liquida por días en la toma de posesión del primer destino, reingreso o cambio de destino; inicio y reincorporación de licencias sin retribución; cese en el servicio activo (salvo fallecimiento, jubilación o retiro con pensión pública por mensualidades completas); reducción de jornada o permiso sin sueldo, y demás supuestos. El importe diario divide el mensual entre los días naturales del mes. Las pagas extraordinarias se devengan el día 1 de junio y diciembre.

Artículo 79. Régimen de la Seguridad Social y derechos pasivos del personal funcionario al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía

El régimen de Seguridad Social del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía será el establecido por la normativa estatal que resulte de aplicación. La regla alcanza a tres colectivos: el personal funcionario propio y de nuevo ingreso, el procedente de otras Administraciones y el que haya ingresado voluntariamente en cuerpos propios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Artículo 80. Prestaciones por incapacidad temporal

Para el personal no funcionario se podrán reconocer, previa negociación colectiva y de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico, los supuestos de enfermedad que, por su naturaleza y gravedad, dan lugar a un complemento. Ese complemento en ningún caso podrá superar el importe medio de sus retribuciones del año inmediatamente anterior al de la fecha de inicio de la incapacidad, actualizado según el incremento retributivo que haya podido producirse.

Artículo 81. Principios generales

El personal incluido en la ley tiene derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo; su ejercicio se rige por la normativa estatal básica, su normativa de desarrollo y esta ley. Para el personal con contrato laboral rige la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del título, de la normativa estatal básica y de los convenios colectivos aplicables. Estos derechos se ejercen a través de los órganos y sistemas específicos del título y de la normativa básica, sin perjuicio de otras formas de colaboración.

Artículo 82. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación, y se efectúa mediante la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales. Se constituirán Mesas de Negociación, en las que están legitimadas la representación de la Administración pública correspondiente y las organizaciones sindicales que determine la normativa estatal básica. La Administración facilita los recursos materiales y humanos.

Artículo 83. Tipología de las Mesas de Negociación

La negociación se estructura en las Mesas de la normativa estatal básica. En la Mesa General común la representación sindical se distribuye según los resultados electorales, y también están las organizaciones de la Mesa General de las Administraciones públicas que hubieran obtenido el diez por ciento de representantes. En la de funcionarios y estatutarios están los sindicatos más representativos estatales y andaluces y los que alcancen el diez por ciento o más. Las Mesas Generales pueden acordar Mesas Sectoriales. Ninguna parte puede superar quince miembros.

Artículo 84. Proceso negociador

Las Administraciones deben negociar las materias de la normativa estatal básica; negociar es el intento de buena fe de llegar a un acuerdo entre la Administración y la representación sindical. El proceso se abre en la fecha fijada de común acuerdo o, en su defecto, en el plazo máximo de un mes desde que lo promueva la mayoría de una de las partes. Las variaciones de representatividad se acreditan cada dos años con certificado de la Oficina Pública de Registro. Sin acuerdo y agotada, en su caso, la solución extrajudicial, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo del funcionario.

Artículo 85. Materias objeto de negociación en relación con el personal funcionario

Enumera trece materias de negociación obligada del personal funcionario (letras a a m): incremento retributivo, retribuciones complementarias, evaluación del desempeño, criterios generales de acceso, carrera y provisión, acción social, ofertas de empleo, calendario, permisos o movilidad, entre otras. Cada materia se negocia en un único órgano: lo común a funcionario, estatutario y laboral, en la Mesa General común; lo común a funcionario y estatutario que no afecte al laboral, en la Mesa General del personal funcionario; lo que afecte a más de un sector sin ser todos, también en esta.

Artículo 86. Órganos de representación

Los órganos de representación del personal funcionario y estatutario son los delegados y delegadas de personal y las juntas de personal. Unidades electorales en la Junta de Andalucía: Administración General, nueve (una por provincia y otra para los servicios centrales con sede en Sevilla); docentes no universitarios, una por provincia; Servicio Andaluz de Salud, una por centro directivo sanitario; Administración de Justicia, una por provincia. En cada Universidad pública, dos. Cada Administración dispondrá de un registro de órganos de representación.

Artículo 87. Garantías, derechos y deberes de la función representativa del personal

Los miembros de las juntas de personal y los delegados y delegadas de personal tienen estas garantías: acceso y libre circulación por su unidad electoral, salvo zonas reservadas; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en procedimientos disciplinarios durante el mandato y el año inmediatamente posterior; crédito de horas mensuales retribuidas; no ser trasladados ni sancionados por causas ligadas al mandato, ni durante su vigencia ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión; y no discriminación. Guardan sigilo aun expirado el mandato.

Artículo 88. Solución extrajudicial de conflictos de carácter general del personal funcionario, estatutario y laboral

En cada ámbito sectorial, la Mesa de Negociación podrá acordar que la solución extrajudicial de los conflictos de carácter general del personal funcionario o estatutario se intente en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. Para el personal laboral, al negociar los convenios colectivos se valorará prever que, si la comisión paritaria no logra una solución, los conflictos colectivos puedan someterse a la mediación y conciliación de ese Sistema y, previo acuerdo de las partes, a sus procesos de arbitraje.

Artículo 1. Objeto

El decreto regula el sistema de evaluación del desempeño y la carrera horizontal del personal incluido en su ámbito de aplicación. Desarrolla la sección 1.ª del capítulo II y el capítulo III del título V de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en el marco de la normativa estatal de carácter básico. Las definiciones aplicables son las contenidas en el Anexo III.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. Los cuerpos y especialidades con regulación propia se rigen por ella, con la Ley 5/2023 y este decreto como supletorios. El personal interino tiene carrera horizontal y evaluación en los mismos términos que el de carrera, de forma adecuada a su condición temporal. Las del personal laboral van por convenios colectivos y normativa laboral. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y los Consejos Consultivo, Audiovisual, Económico y Social y de Transparencia se rigen por su normativa específica.

Artículo 3. Definición de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de resultados, para mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos, sin menoscabo de los derechos del personal. Su finalidad es la mejora de la gestión pública y del rendimiento del personal, valorando el cumplimiento de objetivos, la profesionalidad y las competencias adquiridas que hayan sido acreditadas o reconocidas. Se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente.

Artículo 4. Definición de la carrera horizontal

La carrera horizontal es el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado y del desempeño, mediante el ascenso en un sistema de tramos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, según una valoración positiva, objetiva y reglada y conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El derecho no se limita por ninguna causa organizativa ni de ordenación de puestos de trabajo. El acceso a los tramos es, en todo caso, consecutivo y, una vez alcanzados, se consideran consolidados.

Artículo 5. Principios y fundamentos de actuación

La evaluación del desempeño se guía por ocho principios: transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación y publicidad. La carrera horizontal se rige por cuatro: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Las personas del artículo 2 tienen derecho en todo momento a acceder a toda información relevante que les afecte, y los datos personales se gestionan conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, con medidas técnicas y organizativas apropiadas.

Artículo 6. Características comunes a la evaluación del desempeño y la carrera horizontal

Evaluación del desempeño y carrera horizontal comparten nueve características: individualizada, objetiva (parámetros y criterios medibles), imparcial, flexible, transparente (factores y criterios conocidos con carácter previo), periódica, retribuida, evaluable e igualdad de oportunidades. La evaluación positiva conlleva el complemento por desempeño, cuyas cuantías globales máximas se prevén cada anualidad en la Ley del Presupuesto; el reconocimiento de cada tramo de carrera comporta la percepción mensual del complemento de carrera profesional.

Artículo 7. Características propias de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño tiene cinco características propias: obligatoria (el personal incluido en el ámbito de aplicación del decreto está sujeto a ella), anual, fundamentada sobre metas y objetivos (se evalúan tanto los objetivos que se logran como la calidad con la que se alcanzan), orientada al desarrollo y no consolidable: en ningún caso la percepción del complemento por desempeño genera el derecho adquirido a su mantenimiento.

Artículo 8. Características propias de la carrera horizontal

La carrera horizontal tiene seis características propias: voluntaria (participar en el reconocimiento de cada tramo lo decide el personal funcionario), abierta (accesible para todo el personal, respetando requisitos y procedimiento), escalonada y de ascenso consecutivo, consolidable (los tramos se consolidan una vez alcanzados), progresiva (esfuerzo progresivamente mayor en cada ascenso y complemento proporcional al número de años del tramo) y basada en méritos (desempeño, formación continua y adquisición de habilidades).

Artículo 9. Características del sistema de competencias

Competencia: conjunto integrado de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Se describen por nombre, definición e indicadores conductuales y se clasifican en básicas, genéricas, técnicas, singulares y digitales. El diccionario reúne todas las competencias; el mapa, las necesarias para un cuerpo, especialidad, ámbito o perfil. Roles: soporte o apoyo, técnico y directivo. El Instituto Andaluz de Administración Pública identifica y describe las básicas, genéricas y digitales; las técnicas y singulares, el órgano directivo al que esté adscrita la unidad del puesto.

Artículo 10. Régimen de acreditación de competencias

La acreditación de competencias es el proceso por el que se reconoce una competencia al personal que presta servicios en la Junta de Andalucía. El órgano competente para su gestión y desarrollo es el Instituto Andaluz de Administración Pública, que puede certificar a personas colaboradoras y asesora y forma, cuando sea necesario, a las personas interesadas. Principios: simplificación administrativa, transparencia, objetividad, igualdad de oportunidades y desarrollo y cualificación profesional permanente. El Instituto evalúa también los resultados de las convocatorias.

Artículo 11. Estructura de la evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño tiene una dimensión individual y una colectiva por unidad administrativa. La individual considera el logro de los objetivos individuales, la conducta profesional y el nivel de desempeño de las competencias básicas, y se realiza mediante autoevaluación y un proceso colaborativo con doble validación, en el que persona evaluadora y persona colaboradora acuerdan los resultados. La colectiva considera el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la unidad, el impacto de su actividad y la memoria anual de quien la dirija.

Artículo 12. Período de las evaluaciones del desempeño

La evaluación del desempeño individual se realiza con periodicidad anual y seguimiento continuado, y se refiere a la actuación profesional del personal funcionario durante el año natural inmediatamente anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25. La evaluación del desempeño colectiva tiene igualmente carácter anual y es vinculante para todos los miembros de la unidad administrativa evaluada.

Artículo 13. Sujetos de la evaluación del desempeño

Personal evaluado: el funcionario del artículo 2.1 con el período de desempeño efectivo del artículo 25. El personal evaluador debe ser funcionario de carrera: con carácter general, la jefatura de servicio y, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, su superior jerárquico. Colabora otra persona de la unidad, con sistema rotatorio y anual si concurren varias. Las unidades de evaluación son órganos técnicos de evaluación. La evaluación colectiva la realiza la persona superior jerárquica inmediata de la unidad, con apoyo de la Secretaría General Técnica.

Artículo 14. Funciones y responsabilidades

El personal evaluado facilita su evaluación (información veraz, portafolio de desempeño, entrevista y autoevaluación), conoce el instrumento de planificación estratégica y participa en el Plan de Mejora Individual. El personal evaluador valora el desempeño, diagnostica necesidades de formación, realiza las entrevistas inicial y final y el informe de evaluación, y traslada la evaluación a la unidad de evaluación. Las unidades de evaluación resuelven discrepancias, notifican el informe, elevan las alegaciones al Órgano Técnico de Revisión y formulan la propuesta de resolución.

Artículo 15. Áreas de la evaluación del desempeño en su dimensión individual

La evaluación individual valora dos áreas: de tareas y contextual y organizacional. En el área de tareas se valora la consecución de los objetivos y logros del documento de compromisos, suscrito de manera conjunta por el personal evaluador responsable y el personal evaluado durante la entrevista inicial. En el área contextual y organizacional se valora la profesionalidad o conducta profesional mediante el sistema de gestión por competencias. Cada objetivo especifica, como mínimo, descripción, fórmula, metodología de evaluación, tipo cualitativo o cuantitativo, peso y fuente para medirlo.

Artículo 16. Valoración de las áreas en la dimensión individual

El área de tareas se valora con el informe de rendimiento y la contextual y organizacional con el informe de desempeño de competencias básicas (escala de 1 a 4); ambos dan un único valor en base 100. El resultado global es la media ponderada de ambos informes según la categoría de la unidad. El área de tareas pondera entre el 75% y el 85% en unidades de control y auditoría y de tramitación, gestión y resolución, y entre el 30% y el 50% en las de planificación, organización y dirección y órganos consultivos. Calificación positiva: al menos 50 puntos de media ponderada final y 40 en cada área.

Artículo 17. Plan de Mejora Individual y Programa de Formación Específico

Si de las evaluaciones resulta la necesidad de mejora en alguna de las áreas de desempeño individual, la persona evaluadora propone acciones formativas o medidas de apoyo, que se reflejan en el Plan de Mejora Individual; su realización es voluntaria para la persona evaluada, que puede sustituirlas por otras que considere más adecuadas. La obtención por primera vez de un resultado negativo en la evaluación da lugar a la participación en un programa de formación específico, a realizar en el año siguiente al evaluado.

Artículo 18. Áreas de la evaluación en su dimensión colectiva

La evaluación colectiva valora la unidad administrativa en dos áreas: de tareas y contextual. En el área de tareas se valora el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la unidad, siempre que previamente estén definidos y sean cuantificables en su instrumento de planificación estratégica. En el área contextual se valoran la organización y coordinación interna, la innovación y mejora continua y el trabajo en equipo y colaboración, a través de un cuestionario único aprobado por el órgano directivo central competente en materia de función pública.

Artículo 19. Valoración de la evaluación en su dimensión colectiva

La valoración colectiva vincula a la unidad administrativa en su conjunto. Criterios mínimos: en el área de tareas, el cumplimiento de los objetivos definidos, reflejado en la memoria anual de la jefatura de servicio; en el área contextual, organización y coordinación interna, innovación y mejora continua y trabajo en equipo y colaboración. Cada criterio se valora con un único valor en base 100. El informe de desempeño colectivo lo realiza la persona superior jerárquica inmediata, con apoyo técnico de la Secretaría General Técnica; la ponderación de todos los criterios es la misma.

Artículo 20. Instrumentos de planificación estratégica

Para que los sistemas de evaluación del desempeño entren en funcionamiento y produzcan efectos, las Consejerías, agencias y órganos vinculados o dependientes deben implementar antes, y de forma efectiva, su instrumento de planificación estratégica. En él constan los objetivos estratégicos y operativos de cada unidad administrativa para el período que se establezca, que como mínimo tendrá carácter anual. Además debe incluir la clasificación de sus unidades administrativas, la composición del Órgano Técnico de Revisión y la ponderación entre las dimensiones individual y colectiva.

Artículo 21. Criterios de medición de cumplimiento de objetivos

Los objetivos de la evaluación, tanto los del área de tareas (dimensión individual) como los de la dimensión colectiva, se fijan tomando como referencia algunos de estos cinco criterios: eficiencia y eficacia en la gestión, calidad del servicio, productividad, innovación y mejora, y desarrollo del personal. Número de objetivos: en la evaluación individual del área de tareas, no menos de 3 ni más de 8; en la evaluación colectiva, no más de 3.

Artículo 22. Resultados de la evaluación del desempeño

Con carácter general, la valoración global asigna hasta un 85 % a la evaluación individual y un mínimo del 15 % a la colectiva, ponderación modulable según la unidad. En las unidades de las letras c) y d) del artículo 16.3, la persona titular del órgano directivo central competente en función pública puede aumentar el peso colectivo, previo conocimiento y análisis por la Comisión Sectorial. En jefaturas de servicio: hasta 75 % individual y mínimo 25 % colectiva. Los resultados colectivos se usan para mejorar la organización del trabajo, la planificación de recursos humanos y la formación.

Artículo 23. Efectos de la evaluación del desempeño para el personal evaluado

Los resultados positivos son condición necesaria para percibir las retribuciones vinculadas al desempeño. Tres resultados negativos y consecutivos dan lugar al inicio del procedimiento para, si procede, la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia y con resolución motivada del órgano que nombró. La persona funcionaria de carrera removida se adscribe provisionalmente a otro puesto en la misma localidad si es posible y, si no, en la más cercana a la del puesto de origen. El personal interino se evalúa en los mismos términos que el de carrera, pero si cesa no hay adscripción.

Artículo 24. Complemento por desempeño

El complemento por desempeño es una retribución variable y de periodicidad anual, vinculada a la evaluación positiva y proporcional a la puntuación obtenida. Las cuantías globales máximas se fijan para cada anualidad en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del Anexo V. Los remanentes se reparten entre quienes hayan obtenido, como mínimo, un 65 % en la dimensión individual, ponderando según ese resultado. Se abona por la actuación profesional evaluada en el año natural inmediatamente anterior y es proporcional al tiempo de desempeño efectivo.

Artículo 25. Desempeño efectivo de las tareas asignadas

Solo puede evaluarse si se ha desempeñado efectivamente el puesto, de forma continua o discontinua, al menos el 50 % de la jornada anual. Al personal interino se le exigen además 90 días naturales continuados, en uno o varios nombramientos sucesivos. La medición se hace a 31 de diciembre. Los permisos del artículo 76.1 de la Ley 5/2023 cuentan como servicio efectivo. En representación sindical con dispensa o crédito horario se toma la media del mismo grupo o subgrupo, excluidos el 10 % de puntuaciones más altas y el 10 % de las más bajas. Con varios puestos en el año, el cómputo es acumulado.

Artículo 26. Actos preparatorios y entrevistas de evaluación del desempeño

La entrevista inicial, obligatoria, determina los objetivos del área de tareas, que se reflejan en el documento de compromisos, suscrito conjuntamente por personal evaluador y evaluado; este puede añadir observaciones. Tras cada período hay una entrevista final, también obligatoria, en la que la persona evaluada presenta el portafolio de desempeño y su autoevaluación; puede coincidir con la inicial del período siguiente. Durante el período el evaluador hace un seguimiento continuo con herramientas corporativas. En el portafolio deben anonimizarse los datos personales de terceras personas.

Artículo 27. Informe de evaluación del desempeño

El informe de evaluación del desempeño contiene la valoración del personal evaluador y recoge el resultado de los informes de rendimiento y de competencias básicas (ambos individuales) y del informe de desempeño colectivo. Se toma como referencia la composición de las unidades de evaluación a 31 de diciembre. El evaluador que cese antes informa a la unidad de evaluación de sus apreciaciones; si quien cambia de destino es la persona evaluada, su evaluador de origen remite un informe parcial al evaluador competente al finalizar el período.

Artículo 28. Procedimiento de evaluación del desempeño

El órgano directivo central competente en función pública acuerda el inicio por resolución anual, publicada antes del 15 de enero. La unidad de evaluación notifica el informe y el personal evaluado tiene cinco días hábiles para alegar. Si hay alegaciones, la unidad las remite en cinco días hábiles al Órgano Técnico de Revisión, que informa en quince días hábiles con carácter preceptivo y vinculante. La unidad formula propuesta de resolución en siete días. La resolución se dicta y notifica en tres meses como máximo desde el acuerdo de inicio, con silencio desestimatorio.

Artículo 29. Publicidad de los resultados de la evaluación del desempeño

Los órganos competentes en materia de personal de cada Consejería, agencia u órgano vinculado o dependiente, o el órgano en quien deleguen, podrán elaborar y publicar informes agregados de resultados globales del sistema, con fines estadísticos, organizativos y de mejora de la calidad de los servicios públicos. Los órganos de representación de personal y las organizaciones sindicales con representación en los órganos de negociación colectiva podrán obtener, en su ámbito respectivo y previa solicitud, la información necesaria para el ejercicio de sus funciones de representación.

Artículo 30. Órgano Técnico de Revisión

En cada Consejería, agencia u órgano vinculado o dependiente se constituye un Órgano Técnico de Revisión, colegiado, que conoce, analiza e informa las alegaciones del proceso de evaluación. Preside la persona titular de la Secretaría General Técnica, Secretaría General u órgano competente en personal, que dirime los empates. Tiene al menos tres vocalías, de personal funcionario de carrera del grupo A con nivel 26 como mínimo; la secretaría es una de ellas, con voz y voto. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial asisten con voz pero sin voto. Su informe es preceptivo y vinculante.

Artículo 31. Naturaleza y finalidad de las Comisiones

Las Comisiones de Seguimiento de la Evaluación del Desempeño son órganos colegiados y paritarios, con participación de la Administración y las organizaciones sindicales, para la valoración global de los procesos y resultados y para formular propuestas de mejora. Tienen su sede en la Consejería con competencias en función pública y están adscritas a ella. Son las Comisiones Sectoriales de cada ámbito sectorial con sistema de evaluación desarrollado y la Comisión Central Común. Su composición, régimen de funcionamiento y funciones se negocian en cada ámbito sectorial de personal.

Artículo 32. Constitución y composición

La Comisión Sectorial del personal funcionario de la Administración General es un órgano colegiado, paritario y permanente. Sus miembros los designa la persona titular de la Consejería competente en función pública. Preside la persona titular del órgano directivo central competente en función pública, que dirime los empates. Vocalías: dos personas funcionarias de carrera del grupo A con nivel 26 al menos y tres representantes sindicales de la Mesa Sectorial, designados para cada anualidad y con carácter rotatorio. La secretaría, designada por la presidencia, actúa con voz y sin voto.

Artículo 33. Funciones

La Comisión Sectorial del personal funcionario conoce y analiza globalmente los procesos de evaluación y sus resultados; coordina los criterios de actuación y propone medidas de mejora; conoce de las quejas sobre el procedimiento; vela por la transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación; publica el informe anual sobre la naturaleza y volumen de las alegaciones; y conoce y analiza la propuesta sobre aumento del peso de la dimensión colectiva y sobre el modelo de portafolio digital. Puede recabar datos y antecedentes y servirse de asesoramiento técnico.

Artículo 34. Funcionamiento

La Comisión se reúne con carácter ordinario al menos cada seis meses y, con carácter extraordinario, cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la presidencia o a petición de cualquiera de las vocalías. Para su válida constitución deben asistir, presencialmente o a distancia, presidencia y secretaría (o quienes les suplan) y al menos la mitad de sus miembros. Cualquier miembro puede proponer asuntos para el orden del día con una antelación mínima de cuatro días hábiles a la convocatoria. La asistencia no se remunera, salvo indemnizaciones por dietas o desplazamientos.

Artículo 35. Medios personales y materiales

La Consejería competente en materia de Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo no contiene más datos: solo quién aporta esos medios y que son de dos clases, personales y materiales.

Artículo 36. Constitución, composición y funcionamiento

La Comisión Central Común se constituye una vez constituidas las Comisiones Sectoriales, como órgano colegiado y paritario para las cuestiones comunes a todos los colectivos. Preside la persona titular del órgano directivo central competente en Administración Pública, que dirime los empates. Vocalías: una por cada titular de los órganos directivos que enumera y una persona representante por cada sindicato de la Mesa General de Negociación Común. Secretaría con voz y sin voto. Sesión ordinaria al menos cada seis meses; asuntos con cuatro días hábiles de antelación.

Artículo 37. Naturaleza, adscripción y finalidad de la Comisión

Se crea la Comisión de Coordinación y Supervisión de la Evaluación del Desempeño como órgano técnico colegiado interdepartamental de consulta, asesoramiento y participación. Está adscrita a la Consejería competente en materia de función pública y su finalidad es hacer efectiva la coordinación de las políticas y sistemas de la evaluación del desempeño en el ámbito de las Administraciones Públicas de Andalucía.

Artículo 38. Funciones de la Comisión

La Comisión coordina el sistema de evaluación y proporciona directrices de objetividad y equidad; valida con carácter previo los sistemas de evaluación para que puedan producir efectos; propone mejoras y actualizaciones; analiza el impacto de la evaluación en la carrera profesional, la formación y la retribución; elabora los estudios e informes que le soliciten las personas titulares de los órganos superiores o el órgano directivo central competente en Administración Pública; y promueve la participación de los agentes. Sus acuerdos, informes y propuestas no tienen carácter vinculante.

Artículo 39. Composición de la Comisión

Preside la Comisión la persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública, cuyo voto dirime los empates; la vicepresidencia es la titular de la Consejería de Hacienda. Son vocales los titulares del órgano directivo central de Administración Pública, de las Direcciones Generales de función pública y de recursos humanos de docentes no universitarios, estatutarios y Justicia, del órgano presupuestario y de la dirección del IAAP. La secretaría, con voz y sin voto, es personal funcionario de carrera designado por la presidencia.

Artículo 40. Funcionamiento de la Comisión

La Comisión se reúne con carácter ordinario al menos cada seis meses, y con carácter extraordinario cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la presidencia o a petición de cualquiera de las vocalías. Para constituirse válidamente necesita la asistencia de, al menos, la mayoría de sus miembros, incluidas presidencia y secretaría o quienes las sustituyan. Puede constituir grupos de trabajo técnicos y celebrar sesiones a distancia. La asistencia no se remunera, salvo indemnizaciones por dietas o desplazamientos. Elabora y aprueba su reglamento interno.

Artículo 41. Medios personales y materiales

La Consejería competente en materia de Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo solo contiene ese dato: quién los provee y de qué dos clases son los medios.

Artículo 42. Número de tramos de la carrera horizontal

La carrera horizontal se articula en seis tramos para cada uno de los grupos o subgrupos de clasificación profesional del personal funcionario. Por orden son: tramo I inicial, tramo II de desarrollo, tramo III intermedio, tramo IV avanzado, tramo V experto y tramo VI superior.

Artículo 43. Tiempo de permanencia en cada tramo de carrera horizontal

Años completos de permanencia en el grupo o subgrupo, continuados o no: tramos I y II, 3 años; III y IV, 4; V, 5; VI, 6. Cuentan sea cual sea el puesto y el carácter provisional o definitivo de su ocupación. Se computan el servicio activo y, en todo caso, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia forzosa y las excedencias por cuidado de familiares, violencia de género, violencia terrorista y prestación de servicios en el sector público andaluz. El tiempo en esas situaciones es de servicios efectivos a todos los efectos.

Artículo 44. Inicio de la carrera horizontal

La carrera horizontal de cada grupo o subgrupo comienza, en todo caso, en el tramo I inicial, previa solicitud de la persona interesada; para ascender hay que tener reconocido el tramo inmediatamente anterior. Quien accede a otro grupo o subgrupo con un tramo iniciado y no consolidado puede computar el tiempo efectivamente trabajado para el primer tramo del nuevo: con el coeficiente corrector del anexo II si es superior, y sin coeficiente reductor si es inferior. Las puntuaciones de ese período cuentan solo para el tramo inicial y si la última evaluación fue positiva.

Artículo 45. Consolidación del tramo I inicial

Consolidar el tramo I inicial exige tres años completos de permanencia, continuados o no, en puestos de la Administración General de la Junta de Andalucía como personal funcionario del mismo grupo o subgrupo, tres evaluaciones positivas de desempeño —siendo positiva la inmediatamente anterior— y las puntuaciones mínimas del Anexo I. Quien accede a un grupo o subgrupo superior, por acceso libre o promoción interna, inicia allí la carrera; si tenía tramos reconocidos sigue percibiendo su complemento y suma los nuevos, con el tope del importe acumulado del último tramo de su grupo o subgrupo.

Artículo 46. Requisitos de participación

Para participar en las convocatorias de inicio y ascenso de tramo se exigen dos requisitos. Uno: reunir los años completos de permanencia del artículo 43, referidos a la fecha de inicio del plazo de presentación de la solicitud; los años ya tenidos en cuenta para otro tramo no se valoran más de una vez. Dos: disponer de tantas evaluaciones positivas de desempeño como años de permanencia sean exigibles, vinculadas temporalmente a los años alegados, con la excepción de la disposición transitoria primera; la inmediatamente anterior a la consolidación debe ser positiva.

Artículo 47. Valoración de cada tramo de carrera horizontal

Para iniciar la carrera horizontal y para ascender a cada tramo hay que alcanzar las puntuaciones mínimas para todos los grupos y subgrupos, conforme al Anexo I. Si además se alegan factores que tengan establecida una puntuación mínima, también es necesario alcanzar esa puntuación mínima en el factor de que se trate.

Artículo 48. Factores valorables

Los factores valorables se encuadran en tres bloques. Bloque 1 (trayectoria, actuación profesional y calidad de los trabajos): evaluación positiva del desempeño. Bloque 2 (conocimientos y competencias): formación recibida, titulaciones oficiales, docencia impartida, tutorización y mentorización, competencias digitales y profesionales. Bloque 3 (gestión del conocimiento e innovación): difusión y transferencia del conocimiento, innovación, colaboración con otras Administraciones, proyectos institucionales y tribunales, y proyecto de mejora colectiva o memoria.

Artículo 49. Factor de evaluación del desempeño

Con el factor de evaluación del desempeño se valoran las evaluaciones positivas del desempeño que hayan alcanzado la puntuación mínima establecida en el Anexo I para cada tramo, conforme a los criterios establecidos en el Anexo IV. No basta con que la evaluación sea positiva: ha de llegar a la puntuación mínima del tramo.

Artículo 50. Factor de formación recibida

El factor de formación recibida valora las actividades formativas completadas. Cada actividad se valora una sola vez aunque se repita. Solo cuentan: las acciones impartidas u homologadas por el IAAP, el INAP, la Escuela Andaluza de Seguridad Pública, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y la Agencia de Emergencias de Andalucía; las impartidas por organizaciones sindicales financiadas con los acuerdos de Formación para el Empleo; y los diplomas y certificaciones oficiales de idiomas conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Artículo 51. Factor de titulaciones oficiales

Se valoran las titulaciones académicas oficiales distintas de la usada para el acceso, que no sean necesarias para obtener otra superior y de nivel igual o superior al exigido; el nivel se determina según el MECES. En puestos de doble adscripción cuenta la titulación del grupo o subgrupo superior. Solo valen títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional: no los másteres ni los títulos propios o de expertos, salvo los convocados en convenio con una Universidad Pública y homologados por el IAAP. Tres cursos completos de licenciatura no son título.

Artículo 52. Factor de docencia impartida, tutorización y mentorización

Este factor valora la docencia impartida, la tutorización y la mentoría o la participación en actividades formativas estructuradas y formalmente reconocidas en el ámbito de las Administraciones Públicas. Solo cuentan las actividades convocadas, impartidas u homologadas por el IAAP o por el INAP y dirigidas a otro personal empleado público: en el marco de planes de formación interna, o a través de cursos específicos, talleres, seminarios o cualquier otra acción formativa. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 53. Factor de competencias digitales

El factor de competencias digitales valora el conocimiento y uso eficaz de herramientas digitales: programas, aplicaciones y dispositivos que permiten interactuar con tecnologías digitales para acceder, gestionar, compartir y crear información. Se fundamenta en el Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DigComp). Solo cuentan las competencias acreditadas por el IAAP, el INAP y los órganos encargados de la formación en las restantes Administraciones Públicas, y las acreditadas de conformidad con el DigComp. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 54. Factor de competencias profesionales

El factor de competencias profesionales valora la relación interprofesional y el trabajo en equipo, la relación con la ciudadanía, las habilidades de comunicación y el lenguaje claro, y el dominio de protocolos y herramientas técnicas del puesto, mediante competencias genéricas, técnicas y singulares. Cada puesto tendrá entre 4 y 10 competencias. Cada una se evalúa una única vez por tramo, en escala del 1 al 4: 2 es el mínimo para superarla y 4 el máximo. Si durante el tramo se cambia de puesto, la puntuación se determina en proporción al tiempo desempeñado en cada uno.

Artículo 55. Factor de difusión del conocimiento

El factor de difusión del conocimiento valora la capacidad y las acciones del personal para compartir, transferir y comunicar información, experiencias y habilidades. Solo puntúan la participación como ponente en congresos, seminarios, jornadas y conferencias organizados por el IAAP, el INAP y los órganos de formación de las restantes Administraciones Públicas, y la publicación de artículos en revistas oficiales de la Junta de Andalucía, el INAP y cualquier otra Administración Pública, si guardan relación con las funciones desempeñadas y no son valorables en el factor del artículo 52.

Artículo 56. Factor de transferencia del conocimiento

El factor de transferencia del conocimiento valora las acciones para compartir, aplicar y adaptar conocimientos. Solo cuentan cinco: intervenir en grupos de trabajo formalmente constituidos; participar, con la metodología TRANSFER u otra del IAAP, en la formación de quien se incorpora a un puesto, certificada como apta por la persona superior jerárquica con rango mínimo de jefatura de servicio; acompañar a personal funcionario en prácticas o en fase de incorporación; apoyar a personal con discapacidad intelectual y con enfermedad mental; y acciones formativas de Gestión del Conocimiento.

Artículo 57. Factor de innovación

El factor de innovación valora la capacidad, iniciativa y creatividad del personal para generar, desarrollar e implementar ideas, procesos o soluciones novedosas en la gestión pública. Solo cuentan actividades promovidas o acreditadas por los Institutos de Administración Pública o centros públicos de investigación de la Administración Pública: dirigir o participar en equipos de investigación, innovación o calidad; obtener premios de Administraciones Públicas, Universidades Públicas u otras entidades del sector público institucional; y participar en acciones formativas de Innovación Pública.

Artículo 58. Factor de colaboración voluntaria con otras Administraciones a través de convenios u otros instrumentos formalizados de colaboración

El factor de colaboración voluntaria con otras Administraciones valora la participación voluntaria y activa del personal en el diseño, desarrollo e implementación de convenios u otros instrumentos formalizados de colaboración con otras Administraciones Públicas. Se valora conforme a la ponderación establecida en el Anexo IV, teniendo en cuenta la relevancia, alcance, duración y resultados de las acciones desarrolladas.

Artículo 59. Factor de participación voluntaria en proyectos institucionales y en tribunales y comisiones de procesos selectivos para el acceso, promoción o provisión de puestos de trabajo

Este factor valora la participación activa y voluntaria en el diseño, evaluación, desarrollo o ejecución de proyectos institucionales promovidos por la Administración, así como la implicación en la garantía de los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. También valora la participación en tribunales y comisiones de procesos selectivos de acceso, promoción o provisión de puestos y como persona mentorizada, individual o grupal, en iniciativas organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 60. Factor de proyecto de mejora colectiva o memoria

El factor valora la puntuación obtenida en el proyecto de mejora colectiva o memoria del artículo 48.1.c).6.º. Proyecto de mejora colectiva: conjunto de acciones, iniciativas o propuestas que contribuyen de manera significativa a mejorar el funcionamiento, eficiencia o calidad de los servicios de la unidad administrativa. Memoria: documento estructurado y reflexivo con actuaciones, aportaciones o propuestas, sin requerir alta complejidad técnica. Lo califica la unidad de evaluación mediante informe motivado, únicamente con «apto» o «apta». Se valora conforme al Anexo IV.

Artículo 61. Forma de acreditación de los factores

Los factores alegados para el inicio o ascenso en un tramo deben constar inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, salvo los de los artículos 56.2.d), 59.1 y 60. El proyecto o memoria, con el informe del artículo 60.4. El factor del artículo 56.2, letras b), c) y d), lo acredita el Instituto Andaluz de Administración Pública a partir de certificación del superior jerárquico con rango mínimo de jefatura de servicio. La participación en procesos selectivos, con certificación del Instituto o, en su caso, del órgano directivo central de función pública.

Artículo 62. Competencia para el reconocimiento de la carrera horizontal

Convocar, tramitar y resolver los procedimientos de ascenso en los tramos de carrera horizontal corresponde a la persona titular de cada Consejería respecto de todo el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía que, a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes, ocupe un puesto adscrito a ella, en sus servicios centrales o periféricos o en sus agencias. En los órganos dependientes o vinculados corresponde a las personas titulares de los órganos que ejerzan la jefatura superior de personal, salvo que su normativa disponga otra cosa.

Artículo 63. Convocatoria y presentación de solicitudes

El proceso se articula mediante una convocatoria única por cada órgano competente, de vigencia anual, con dos plazos de solicitudes al año: el primero comienza el primer día hábil de la tercera semana de abril y el segundo el primer día hábil de octubre. En ambos rigen los mismos criterios, condiciones, baremos, plazos de resolución y requisitos. Contenido mínimo: órgano destinatario y competente para resolver; inicio y fin de los dos períodos; requisitos de cada tramo; puntuación necesaria y baremo; plazos de trámites y de resolución; composición de la comisión técnica de valoración.

Artículo 64. Designación y composición

Las comisiones técnicas de valoración son órganos colegiados de carácter temporal que evalúan y califican el inicio y ascenso en la carrera horizontal. Cada convocatoria designa una, dependiente de la Secretaría General Técnica de cada Consejería o, en los órganos del artículo 62.2, del que determine la convocatoria. Las forma personal funcionario de carrera del grupo A con puesto de, al menos, nivel 26, en número impar no inferior a cinco, con presidencia, secretaría y tantos suplentes como titulares. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial pueden asistir con voz, pero sin voto.

Artículo 65. Funciones

Las comisiones técnicas de valoración: a) comprueban los requisitos de participación y elaboran la lista de personas excluidas con las causas; b) verifican si quedan acreditados los factores alegados, pudiendo pedir informe donde la persona también haya prestado servicios; c) elaboran la lista de quienes cumplen lo exigido para el tramo solicitado; d) la elevan al órgano competente para resolver; e) adoptan las medidas precisas según las directrices de la comisión técnica central. La convocatoria puede encomendar a otras unidades las tareas materiales y puramente regladas de baremación.

Artículo 66. Funcionamiento

Las comisiones técnicas de valoración se ajustan a las reglas de imparcialidad, objetividad, confidencialidad de la información, transparencia y protección de datos personales. Para su válida constitución se requiere la asistencia, al menos, de la mayoría de sus miembros, incluidos necesariamente quienes ostenten la presidencia y la secretaría o quienes les sustituyan. La asistencia no genera derecho a remuneración, salvo, en su caso, indemnizaciones por razón del servicio por dietas o desplazamientos. Se les aplican los preceptos que el artículo cita de la Ley 40/2015 y de la Ley 9/2007.

Artículo 67. Composición y funcionamiento

Con una antelación mínima de un mes al inicio de presentación de solicitudes, el órgano directivo central competente en función pública convoca, por resolución, la Comisión Técnica Central de Valoración interdepartamental. Presidencia: titular de ese órgano, que dirime con su voto los empates. Vocalías: titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, con igual número de suplentes. Secretaría: titular del servicio de personal de la Consejería competente en función pública, sustituible por otra persona con nivel mínimo de jefatura de servicio adscrita a ella.

Artículo 68. Funciones

La Comisión Técnica Central de valoración: a) coordina las comisiones técnicas de valoración; b) determina y homogeneiza sus criterios de actuación; c) resuelve las dudas e incidentes que le planteen sobre lo dispuesto en las convocatorias y los supuestos no previstos; d) establece los criterios para el reconocimiento del progreso consolidado en el sistema de carrera profesional; e) emite los informes que se le soliciten. Sus criterios son vinculantes para esas comisiones, que los aplican de forma homogénea. Puede solicitar informe al órgano directivo central competente en función pública.

Artículo 69. Tramitación electrónica del procedimiento

El personal que participe en los procedimientos de inicio y ascenso en los tramos de la carrera horizontal está obligado a relacionarse con la Administración mediante el uso de medios electrónicos. El artículo lo formula como obligación, no como posibilidad.

Artículo 70. Forma y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes de participación se presentan en el Registro Electrónico Único, a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, cumplimentando el formulario electrónico del sistema normalizado de solicitud de participación. El plazo de presentación es de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al establecido en la convocatoria. Solo pueden valorarse los factores expresamente alegados en la solicitud.

Artículo 71. Tramitación

Finalizado el plazo de solicitudes, las comisiones técnicas de valoración publican en la Sede electrónica general la lista provisional de personas excluidas, con las causas, y la de personas baremadas, con la puntuación total desglosada por factores. Se otorgan cinco días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación, para alegaciones y vista del expediente. Las alegaciones no tienen carácter de recurso y se entienden resueltas con la resolución que ponga fin al procedimiento. La comisión eleva después las listas definitivas al órgano competente para resolver, con propuesta vinculante.

Artículo 72. Resolución

La resolución del primer plazo de solicitudes se dicta como máximo el 31 de agosto y la del segundo como máximo el 31 de enero del año siguiente, con efectos económicos desde el primer día de agosto y de enero, respectivamente. La falta de resolución expresa conlleva la desestimación por silencio administrativo. La resolución se notifica a las personas interesadas, previa publicación de anuncio en la Sede electrónica general, a efectos informativos. Pone fin a la vía administrativa: cabe recurso potestativo de reposición o impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 73. Complemento de carrera profesional

El reconocimiento de los tramos de la carrera horizontal conlleva la percepción mensual del complemento de carrera profesional. Su reconocimiento despliega efectos administrativos desde la fecha de inicio del plazo de presentación de la solicitud; los efectos económicos se producen conforme al artículo 72.1 del decreto. La cuantía es igual para todo el personal funcionario del mismo cuerpo que tenga reconocido el mismo tramo, según establezca para cada anualidad la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los tramos, una vez alcanzados, se consideran consolidados.

Artículo 74. Derecho a la carrera horizontal del personal funcionario interino

El funcionario interino tiene derecho a la carrera horizontal en las mismas condiciones que el de carrera mientras mantenga su vínculo temporal. Si cesa y es nombrado de nuevo, la reanuda desde su nueva incorporación, y se valoran las evaluaciones positivas con antigüedad máxima de cinco años respecto al nuevo nombramiento aún no valoradas. Si accede a un grupo o subgrupo superior, el tiempo computable se reduce con el coeficiente del anexo II; si es inferior, se computa íntegro. Si pasa a funcionario de carrera en el mismo grupo o subgrupo, se le cuentan los años de interino no utilizados.

Artículo 1

Prestar servicios a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus organismos o a sus instituciones da derecho a que se resarzan los gastos que se ocasionen por razón del servicio. Ese derecho no es ilimitado: se reconoce en las circunstancias, condiciones y límites que regula el propio Decreto.

Artículo 2

Se aplica a: a) titulares de cargos nombrados por Decreto; b) personal funcionario, eventual e interino de la Junta, sus Organismos e Instituciones, y estatutario adscrito al SAS; c) personas ajenas que participen en sus órganos colegiados o en tribunales de selección o de pruebas; d) alta dirección de ciertas entidades de Derecho Público; e) ajenos en órganos arbitrales de consumo. Al personal laboral, solo si lo dispone su convenio colectivo. El personal de otras Administraciones que le preste servicios puede devengar dietas y gastos de desplazamiento, dentro de los créditos asignados.

Artículo 3

Siete supuestos dan derecho a indemnización: comisiones de servicio; desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio; traslados de residencia; asistencia a tribunales de oposiciones, concurso-oposiciones y concursos de acceso; asistencia a comisiones de valoración de concursos de provisión; colaboración no permanente ni habitual en actividades de formación; y participación en órganos arbitrales de consumo, que se devenga con la formalización y firma del laudo. Las indemnizaciones son cuatro: dietas, gastos de desplazamiento, gastos de traslado y asistencias.

Artículo 4

Comisión de servicio: cometido que circunstancialmente se ordena al personal de los apartados a) y b) del artículo 20.1 para desempeñarlo fuera del lugar donde presta ordinariamente su actividad. También, asistir fuera de él a cursos de capacitación, especialización, perfeccionamiento o ampliación de estudios. Se indemniza si causa gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención. Salvo los cursos, no se indemnizan las hechas a petición y conveniencia del interesado, las ya retribuidas o indemnizadas por importe igual o superior, ni las de «bolsas de estudio» si así se ordena expresamente.

Artículo 5

La designación de las comisiones de servicio, tanto las que se desempeñan dentro como las que se desempeñan fuera del territorio de Andalucía, compete a los órganos que tengan atribuida esa competencia en cada Consejería u Organismo. Los titulares de cargos nombrados por Decreto no necesitan orden expresa para realizar comisiones de servicio con derecho a indemnización.

Artículo 6

Las órdenes de comisión de servicio se comunican a los interesados, siempre que sea posible, con cuarenta y ocho horas de antelación. Deben hacer constar: a) el nombre de la persona comisionada; b) el lugar y motivo de la comisión y su duración previsible; c) el medio de transporte a utilizar y, en su caso, las autorizaciones a que se refieren los artículos 19 y 20.

Artículo 7

Ninguna comisión de servicio puede exceder de un año. La única salvedad es la prórroga, que acuerda la autoridad que ordenó la comisión, solo por el tiempo indispensable y sin que la propia prórroga pueda exceder, en ningún caso, de un año.

Artículo 8

Si inicialmente se prevé que los cometidos especiales exigirán un tiempo superior a un año, se tramita la creación del correspondiente puesto de trabajo en el departamento, organismo o entidad de que se trate, de acuerdo con la normativa vigente. El mismo trámite se sigue si la necesidad de crear el puesto surge durante el transcurso de la comisión de servicio.

Artículo 9

Dieta es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio. Se compone de dos factores: gastos de alojamiento y gastos de manutención. De los de manutención puede devengarse la mitad en los casos en que así proceda.

Artículo 10

Reglas de devengo: si la comisión no obliga a hacer ninguna de las dos comidas principales fuera de la residencia habitual, no hay indemnización por ese concepto; si obliga a alguna, media manutención; si exige las dos, manutención completa. Hay gastos de alojamiento si obliga a pernoctar fuera, salvo que el desplazamiento se haga de noche y se pernocte en él. Se entiende que obliga a una comida cuando comienza antes de las veintidós horas o termina después de las quince; a las dos, cuando comienza antes de las catorce y termina después de las veintidós.

Artículo 11

Las personas del grupo primero del Anexo I perciben las dietas conforme al apartado 2, salvo que opten por ser resarcidas por la cuantía exacta de los gastos realizados; ese régimen se aplica también al personal de las delegaciones oficiales presididas por esas autoridades. Las del grupo segundo perciben las dietas según las cuantías de los Anexos II y III y solo excepcionalmente pueden ser resarcidas por la cuantía exacta, con autorización expresa para cada caso concreto del titular de la Viceconsejería o del Presidente o Director del Organismo Autónomo del que dependan.

Artículo 12

Las dietas en territorio extranjero se devengan desde que se pasa la frontera o se sale del último puerto o aeropuerto nacional, y durante el recorrido y la estancia en el extranjero. Dejan de percibirse desde la llegada a la frontera o al primer puerto o aeropuerto español. Durante los recorridos por territorio nacional se abonan las dietas a que se refiere el artículo 10 y que se señalan en el Anexo II.

Artículo 13

Si la duración de la comisión de servicio se prevé, desde que se ordena, superior a tres meses, el límite máximo de la dieta es el ochenta por ciento de las dietas enteras desde el segundo mes de la comisión. En los demás casos, ese límite se aplica a partir del cuarto mes de duración. La asistencia a cursos cuya duración exceda de un mes se indemniza con el límite del punto 1.

Artículo 14

Excepción a los puntos 1 y 2 del artículo anterior: el personal que, estando comisionado durante más de uno o tres meses, respectivamente, tenga que desplazarse del lugar en que presta la comisión percibe, durante los días que dure ese desplazamiento, el cien por cien de las dietas que le correspondan.

Artículo 15

Cuando una comisión para la realización de servicios ya está retribuida o indemnizada, pero por un importe inferior a la cuantía de la dieta que resultaría de aplicar el Decreto, no se abona la dieta entera: se resarce solo la diferencia entre dicha indemnización y el importe de la retribución mencionada.

Artículo 16

Ningún comisionado puede percibir dietas de grupo superiores a las que le correspondan, aunque realice el servicio por delegación o en representación de una autoridad. La única salvedad que recoge el precepto es lo dispuesto en el artículo 11.1.

Artículo 17

Sin perjuicio de las dietas por manutención, los gastos de alojamiento y de desplazamiento pueden concertarse con empresas de servicios: con carácter general, por la Consejería de Hacienda y Planificación; o directamente por las Consejerías y Organismos, previo informe favorable de esa Consejería. En ambos supuestos, el concierto de alojamiento determina el precio por día y tipo de alojamiento, según grupos, y las cuantías del Decreto para tales gastos son orientativas.

Artículo 18

Toda comisión de servicio da derecho a viajar por cuenta de la Administración, en el medio de transporte que se determine al autorizar la comisión. Los desplazamientos se realizan, preferentemente, en líneas regulares de transportes públicos.

Artículo 19

Los titulares de los cargos del Grupo 1º del Anexo I y quienes formen parte de delegaciones oficiales presididas por ellos son resarcidos en la cuantía exacta de los gastos realizados. El personal del grupo segundo: en ferrocarril, billete de clase primera o coche cama; en avión o tren AVE, billete en clase turista, salvo que la autoridad que ordene la comisión autorice clases superiores. Si se usan medios gratuitos del Estado o vehículos oficiales, no hay derecho a indemnización por este concepto.

Artículo 20

Si el servicio lo exige, quien ordena la comisión puede autorizar otros medios. El vehículo particular cabe si la comisión empieza y acaba el mismo día, es itinerante en distintas localidades o es más rápido o eficaz que los medios colectivos o estos no existen; su compensación la fija una Orden de Hacienda y Planificación y solo se devenga una indemnización aunque viajen varios. Distancias: Mapa Oficial de Carreteras. Garajes y aparcamientos no; peaje sí. Medio especial: gasto exacto. En ciudad, medios colectivos o taxi autorizado: lo gastado y justificado.

Artículo 21

El personal al servicio de la Junta de Andalucía tiene derecho a ser resarcido de los gastos de desplazamiento que, por razón del servicio, deba realizar para practicar diligencias, notificaciones, citaciones y emplazamientos dentro del término municipal donde tenga su sede el Centro en que presta servicio, siempre que no se hagan por correo certificado con acuse de recibo u otro medio de comunicación legalmente previsto y que no estén incluidos en los diferentes conceptos retributivos.

Artículo 22

Dentro del término municipal, los desplazamientos por razón del servicio se efectúan en medios de transporte público colectivo, salvo que el titular del Centro en que se preste servicio autorice otro medio, dentro de las disponibilidades presupuestarias. Si se autoriza el uso de vehículos particulares u otros medios especiales de transporte, la cuantía de las indemnizaciones es la establecida para tales supuestos en los puntos 3 y 8 del artículo 20.

Artículo 23

Los titulares de cargos nombrados por Decreto son indemnizados por traslado en cuatro casos: nombramiento, si por ello trasladan de población su domicilio familiar; cese, si han de trasladarlo a otra población dentro del territorio nacional y no tienen derecho a indemnización por la misma causa en su nuevo destino; traslado de la sede oficial o supresión de unidades, dependencias o centros, si obliga a trasladarlo a otra población; y fallecimiento, por el traslado de los familiares del artículo 26 a la población que señalen, dentro del territorio nacional, por una sola vez.

Artículo 24

Para el personal del apartado b) del artículo 2º.1 son traslados de residencia indemnizables: el nombramiento o destino sin que preceda petición de los interesados, si trasladan de población su domicilio familiar; el traslado de la sede oficial o la supresión de unidades, dependencias o centros, con igual condición; la jubilación forzosa por edad o incapacidad; y el fallecimiento en activo (traslado de los familiares del artículo 26). En estos dos últimos, dentro del territorio nacional y por una sola vez. Nunca se indemniza el traslado por sanción disciplinaria.

Artículo 25

Fija la indemnización por traslado según el supuesto del artículo 23 de que se trate. En los supuestos de sus apartados a) y b), los titulares de cargos a que ese precepto se refiere perciben una indemnización equivalente al diez por ciento de las retribuciones íntegras anuales que les correspondan por el cargo. En los supuestos de los apartados c) y d), la indemnización por traslado se percibe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 26

En los supuestos del artículo 24, el personal con traslado de residencia indemnizable tiene derecho: a) al abono de sus gastos de desplazamiento y los de su cónyuge e hijos que convivan con él y a sus expensas, conforme a los artículos 19 y 20; b) a tres dietas por cada miembro de esa familia que efectivamente se traslade; c) al transporte de mobiliario y enseres, con límite de 24 metros cúbicos por el interesado y 6 más por cada restante familiar que efectivamente se traslade, y con la distancia que figure en el Mapa Oficial de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Artículo 27

Define, a los efectos del artículo anterior, quiénes viven a expensas de quien devenga las indemnizaciones por traslado: los familiares que no perciban ingresos superiores al salario mínimo interprofesional de los trabajadores adultos. El familiar puede tener ingresos; lo que cuenta es que no superen ese salario mínimo.

Artículo 28

Artículo 29

El derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 25 y 26 caduca al transcurrir un año desde la fecha en que se devenguen. Las autoridades respectivas pueden conceder, a instancia de los interesados, prórrogas semestrales por un plazo no superior a otros dos años, cuando existieran dificultades para el traslado del hogar.

Artículo 30

Las personas del artículo 2 pueden ser indemnizadas por participar en tribunales de oposiciones y concursos de selección de personal o de pruebas necesarias para ejercer profesiones o actividades, y en comisiones de valoración de concursos de provisión de puestos; se exceptúa a las de los párrafos a) y d) del artículo 2.1. El personal de sus apartados a) y b) puede percibir asistencias por colaborar, sin carácter permanente ni habitual, en los órganos de formación. Las personas ajenas a la Administración de la Junta, por asistir a sesiones de órganos colegiados; las de la letra e), en órganos arbitrales de consumo.

Artículo 31. Regulación de las indemnizaciones a percibir por asistencias a tribunales y órganos de selección

Los tribunales y órganos de selección se clasifican por plazas asignadas: A, más de 1.001; B, entre 501 y 1.000; C, entre 101 y 500; D, entre 26 y 100; E, entre 1 y 25. La asignación del Anexo VI, apartado A), es única para todo el proceso selectivo y para todos los miembros; se reparte según la participación efectiva, que certifica el Secretario con el visto bueno del Presidente, con adicionales para presidencia y secretaría y la asignación del apartado B) por asistir a exámenes. Se cobra en un pago único al finalizar el proceso. El personal colaborador puede cobrar por tareas de apoyo.

Artículo 32. Regulación de las indemnizaciones a percibir por asistencias en los procesos de provisión de puestos de trabajo

Las comisiones de valoración de los concursos de provisión de puestos de personal funcionario y laboral dan derecho a asistencias. Categorías por plazas convocadas: A, 301 o más; B, entre 151 y 300; C, entre 26 y 150; D, entre 1 y 25. La asignación del Anexo VII, en función del número de solicitudes presentadas, es única para todo el proceso de baremación y para todos los miembros; se reparte según la participación efectiva, que certifica el Secretario con el visto bueno del Presidente, y se cobra en un pago único al finalizar la baremación.

Artículo 32 bis. Límites de los importes a percibir por la participación en tribunales y órganos de selección y comisiones de valoración de los concursos de méritos

Pone un tope a lo que se puede percibir por participar en tribunales y órganos de selección y en comisiones de valoración de los concursos de méritos: en ningún caso un importe por año natural superior al 25 % de las retribuciones íntegras anuales del perceptor por su puesto de trabajo principal, cualquiera que sea el número de tribunales u órganos de selección y comisiones de valoración de méritos en que participe.

Artículo 33

Se pueden abonar asistencias al personal al servicio de la Junta de Andalucía por colaborar, sin carácter permanente ni habitual, en actividades de los órganos responsables de la formación (conferencias, cursos, congresos, ponencias, seminarios y análogas), dentro de sus disponibilidades presupuestarias y sin superar individualmente setenta y cinco horas al año. Las remuneraciones siguen los baremos que aprueben esos órganos, previo informe de la Consejería de Hacienda y Planificación. Tope anual: 25 por 100 de las retribuciones íntegras anuales del perceptor por su puesto de trabajo principal.

Artículo 34

La percepción de las asistencias reguladas en esta Sección es compatible con las dietas y gastos de desplazamiento que, en su caso, pudieran corresponder. Percibir una de esas asistencias no impide, por tanto, percibir además las dietas y los gastos de desplazamiento cuando correspondan.

Artículo 34 bis. Indemnizaciones por participación en órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales

Las personas de la letra e) del artículo 2.1 que formen parte de órganos arbitrales de consumo de la Administración de la Junta pueden percibir indemnizaciones en las cuantías del Anexo VII; el derecho al cobro se genera, finalizada la función arbitral, con la formalización y firma del laudo. Se exige ostentar la condición de árbitro y que exista convocatoria acreditada mediante certificación. Es incompatible con cualquier otra dieta, gasto de desplazamiento o indemnización del decreto, y solo cabe una por árbitro y procedimiento. Abona la Consejería de la que dependa o a la que esté adscrito el órgano.

Artículo 35

El importe de las indemnizaciones que se devenguen con ocasión de las comisiones de servicio y de los traslados de residencia puede ser anticipado, en las condiciones que señalan los artículos siguientes. El anticipo es una posibilidad («podrá») y el artículo lo refiere a esos dos supuestos.

Artículo 36

La autoridad que ordena la comisión de servicio autoriza, previa solicitud del interesado, el abono de un anticipo de las indemnizaciones que correspondan por realizarla. La cuantía del anticipo se fija en la propia orden de comisión y en ningún caso puede superar el ochenta por ciento del importe estimado de la indemnización por dietas y gastos de desplazamiento.

Artículo 37

La indemnización a que se refiere el artículo 13 puede cobrarse de forma periódica, por mensualidades anticipadas, pero solo cuando el propio interesado lo solicite. Es una posibilidad («podrá»), no una obligación; el periodo es el mes y el pago es por adelantado.

Artículo 38

En los supuestos del apartado c) del artículo 23 y de los apartados a), b) y c) del artículo 24.1, el personal con derecho a indemnización percibe, previa solicitud, un anticipo no superior al ochenta por ciento del importe estimado. Para estimarlo: el interesado indica en su solicitud el número de familiares que efectivamente se trasladen; los gastos de desplazamiento se estiman según el apartado a) del artículo 26, y los de transporte de mobiliario y enseres según su apartado c), con el presupuesto de la empresa que vaya a efectuarlo.

Artículo 39

Para justificar las indemnizaciones por comisiones de servicio, incluso si hubo anticipo, el interesado presenta: a) orden de servicio; b) declaración del itinerario, con días y horas de salida y llegada; c) certificación del Jefe del Servicio correspondiente de haberse realizado la comisión; d) facturas originales cuando, conforme al artículo 11, se abone la cuantía exacta de los gastos; e) billetes o pasajes originales, facturas de auto-taxi y otras facturas originales de desplazamiento indemnizables; f) en cursos, además, certificación de asistencia.

Artículo 40

Las indemnizaciones previstas en el artículo 13 se justifican mediante una certificación de la autoridad que ordenó la comisión, que acredite que la comisión se ha realizado. Quien certifica es, por tanto, la misma autoridad que la ordenó.

Artículo 41

Justificación de las indemnizaciones por traslado. a) Supuestos de los apartados a) y b) del artículo 23: justificación suficiente del traslado efectivo del domicilio familiar; en el b), además, certificación del órgano correspondiente de que el interesado no tiene derecho a indemnización por traslado en su nuevo destino. b) Supuestos de los apartados c) y d) del artículo 23 y del artículo 24: facturas originales de gastos de desplazamiento y de traslado de mobiliario y enseres, y documentos que justifiquen el número de familiares efectivamente trasladados.

Artículo 42

Las asistencias se justifican mediante certificación expedida por el órgano competente del consejo, comisión o tribunal de que se trate, que acredite la asistencia del interesado a la sesión correspondiente e indique las horas de comienzo y terminación de la sesión. También puede justificarse con copia del acta de la sesión cuya indemnización por asistencia se solicite.

Artículo 43. Justificación de las asistencias a los órganos arbitrales de consumo

Las asistencias a los órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales, se justifican con certificación que acredite la asistencia al órgano y la formalización y firma del laudo arbitral, con indicación del expediente. La expide la persona titular de la secretaría de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, una vez finalizado el ejercicio de la función arbitral del procedimiento. En esa certificación se pueden acumular, para la misma persona integrante del órgano, varios procedimientos arbitrales, para liquidar y pagar conjuntamente varias asistencias.

Artículo 1. Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

El Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se rige por tres fuentes: esta Ley (el texto refundido), sus normas de aplicación y desarrollo y, además, la legislación de Clases Pasivas del Estado.

Artículo 2. Mecanismos de cobertura

El Régimen especial tiene dos mecanismos de cobertura: el Régimen de Clases Pasivas del Estado (según sus normas específicas) y el Régimen del Mutualismo Administrativo regulado en esta Ley. Excepción: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011 quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones.

Artículo 3. Campo de aplicación

Quedan obligatoriamente incluidos: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en Cuerpos de esa Administración. Quedan excluidos (con sus normas propias): los de Administración Local, organismos autónomos, Administración Militar, Administración de Justicia, Administración de la Seguridad Social, los de nuevo ingreso y en prácticas de las Comunidades Autónomas, los transferidos que ingresen en Cuerpos propios de la Comunidad Autónoma y el personal de administración y servicios propio de las universidades.

Artículo 4. Competencia y adscripción

El mutualismo administrativo se gestiona y presta a través de MUFACE, que depende del ministerio que indica el texto (el de Administraciones Públicas). La gestión es unitaria y corresponde a MUFACE, sin perjuicio de las obligaciones de las Comunidades Autónomas respecto a los funcionarios civiles del Estado transferidos y adscritos a su servicio.

Artículo 5. Naturaleza y régimen jurídico

MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión; se rige por las previsiones de la Ley 6/1997 sobre organismos autónomos. Su régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable, de control de prestaciones y de conciertos sanitarios y farmacéuticos se rige por esta Ley y su desarrollo, por la Ley General Presupuestaria en lo aplicable y, supletoriamente, por la Ley 6/1997. Goza del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Artículo 6. Régimen de personal

El personal al servicio de MUFACE puede ser funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado. No hay un régimen de personal propio de la Mutualidad: se aplica el de la Administración General del Estado.

Artículo 7. Afiliación y altas

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado se incorporan obligatoriamente a MUFACE al tomar posesión, ser rehabilitados o reingresar, y siguen siendo mutualistas en servicios especiales (con salvedades), servicios en Comunidades Autónomas, expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de familiares y suspensión provisional o firme; también los jubilados, según el Reglamento. Quien accede por promoción interna a Escalas de organismos autónomos o a Cuerpos autonómicos pasa al Régimen General, pero puede seguir de mutualista optando en quince días.

Artículo 8. Baja, mantenimiento facultativo y suspensión de la situación de alta

Causan baja como mutualistas obligatorios: los que pasan a excedencia voluntaria (salvo opción del artículo 7.3), los que pierden la condición de funcionario, los que transfieren derechos al régimen de las Comunidades Europeas y los afiliados obligatoriamente al régimen de las Fuerzas Armadas. Los tres primeros pueden seguir como mutualistas voluntarios pagando a su cargo las cuotas del funcionario y del Estado. Quien sirva en la Unión Europea u otra organización internacional, acogido a su previsión, puede suspender el alta mientras dure esa situación.

Artículo 9. Afiliación a más de un Régimen de la Seguridad Social

El Reglamento General del Mutualismo Administrativo regula a quienes pasan de un Cuerpo a otro y a quienes ocupan varias plazas compatibles; por reglamento se fija cómo conservar derechos en curso al pasar del Mutualismo a otros regímenes y a la inversa. Si una única prestación de servicios obliga a estar en más de un régimen, el funcionario puede optar, una sola vez, por pertenecer solo al régimen especial de funcionarios que le corresponda; si son dos regímenes especiales de funcionarios, puede optar también una sola vez por uno de ellos.

Artículo 10. Régimen de cotización de los mutualistas

Cotizar a MUFACE es obligatorio para todos los mutualistas salvo los jubilados y los excedentes voluntarios por cuidado de hijos o familiares. La base es el haber regulador y el tipo lo fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuota mensual se obtiene dividiendo por catorce el resultado anual y se paga doble en junio y diciembre. La obligación de pago prescribe a los cuatro años desde que debieron ingresarse las cuotas, y el derecho a la devolución de ingresos indebidos se ejerce en cuatro años desde que se hicieron efectivas.

Artículo 11. Contingencias protegidas

Los mutualistas y, en su caso, sus familiares o asimilados a cargo están protegidos en cinco contingencias: necesidad de asistencia sanitaria; incapacidad temporal por enfermedad común o profesional o por accidente común o en acto de servicio; incapacidad permanente en esos mismos supuestos; cargas familiares; y la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para trasplante.

Artículo 12. Prestaciones

Prestaciones: asistencia sanitaria; subsidios por incapacidad temporal (incluida la donación de órganos), riesgo en embarazo o lactancia; prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez; pago a quien asiste al gran inválido; indemnizaciones por lesiones; servicios sociales; asistencia social; hijo a cargo minusválido; y parto múltiple. Se pagan solo en cuenta o libreta a nombre del perceptor. En las periódicas o vitalicias anteriores a 2011, el habilitado de Clases Pasivas entrega el importe íntegro y cobra aparte.

Artículo 13. Objeto

La asistencia sanitaria tiene por objeto prestar servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos para conservar o restablecer la salud de los beneficiarios y su aptitud para el trabajo. Además, proporciona los servicios convenientes para completar esas prestaciones y atiende de modo especial a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los incapacitados con derecho a ella.

Artículo 14. Contingencias protegidas

La asistencia sanitaria cubre: la enfermedad común o profesional; las lesiones por accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él (por accidente o riesgo específico del cargo); la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos; y el embarazo, el parto y el puerperio, con la extensión que fijen esta Ley y el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 15. Beneficiarios de asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria se presta a los mutualistas en alta, a los jubilados mutualistas y a sus beneficiarios. El Reglamento General del Mutualismo Administrativo fija quién es beneficiario y la asistencia a viudos y huérfanos. Ser beneficiario de MUFACE es incompatible con ser asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud por otro organismo. MUFACE no atiende a familiares no reconocidos como beneficiarios, salvo al recién nacido de madre mutualista o beneficiaria y en adopción o acogimiento, durante los primeros quince días desde el parto o la decisión correspondiente.

Artículo 16. Contenido de la asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria comprende: atención primaria (incluida la urgente ambulatoria o a domicilio) y especializada (ambulatoria u hospitalaria, con urgencias hospitalarias), con contenido análogo al del Sistema Nacional de Salud; la prestación farmacéutica (fórmulas magistrales, especialidades y efectos y accesorios), en la que los beneficiarios pagan una cantidad porcentual por receta o por medicamento fijada reglamentariamente, con receta oficial establecida por la Mutualidad en papel o electrónica; y las prestaciones complementarias que se determinen reglamentariamente.

Artículo 17. Forma de la prestación

MUFACE presta la asistencia sanitaria directamente o mediante conciertos con entidades o establecimientos públicos o privados, preferentemente con instituciones de la Seguridad Social. No paga los gastos cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, usa servicios médicos distintos de los asignados, salvo en los casos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 18. Contingencias protegidas

Determinan la incapacidad temporal la enfermedad, el accidente y los períodos de observación por enfermedad profesional. Es situación especial de incapacidad temporal la del personal del artículo 3.1 donante de órganos o tejidos, tanto los días de asistencia por la preparación de la cirugía como desde el ingreso hasta el alta por curación. Los permisos por parto, adopción, acogimiento y paternidad del artículo 49 del EBEP no son incapacidad temporal; si al acabar el permiso por parto sigue sin poder incorporarse, se inician las licencias de incapacidad temporal.

Artículo 19. Situación de incapacidad temporal

Hay incapacidad temporal si una enfermedad o lesión impide temporalmente trabajar, o hay observación por enfermedad profesional, con asistencia sanitaria de MUFACE y licencia por enfermedad. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. MUFACE puede controlar la situación desde el inicio con sus Unidades Médicas de Seguimiento: esos reconocimientos son potestativos, pero sus resultados vinculan para conceder o denegar licencias y prórrogas, respetando la intimidad y la confidencialidad.

Artículo 20. Duración y extinción

Duración y extinción, como en el Régimen General, con particularidades. Cada licencia dura lo previsiblemente necesario para curar. Hay nuevo proceso si las enfermedades son distintas o sin relación directa y, en todo caso, tras 6 meses de interrupción de las licencias. Si se prevé incapacidad definitiva, el órgano de jubilación inicia la jubilación por incapacidad permanente. Agotado el plazo máximo del Régimen General, se examina la incapacidad; la calificación puede demorarse sin rebasar ese máximo, prorrogándose la incapacidad temporal.

Artículo 21. Prestación económica

Los tres primeros meses se cobran todas las retribuciones, a cargo del órgano de personal. Desde el cuarto mes: retribuciones básicas, prestación por hijo a cargo y un subsidio fijo de MUFACE, el mayor entre el 80 % de las básicas (más 1/6 de paga extra) y el 75 % de las complementarias, ambos del tercer mes. Por donación de órganos o tejidos, el subsidio es el 100 % de las complementarias. Nunca se supera lo cobrado en el tercer mes, y el derecho se extingue al agotar el plazo máximo del Régimen General.

Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural

El riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de 9 meses se trata como incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional: sin periodo de carencia. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. El reglamento regulará la evaluación médica del riesgo y su acreditación. Los derechos económicos son los del artículo 21, pero el subsidio de MUFACE es el 100 % de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.

Artículo 23. Concepto y grados de la incapacidad permanente

Incapacidad permanente es la del funcionario que, tras el tratamiento y el alta médica, tiene reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad; no la impide una recuperación incierta o a largo plazo, y debe derivar de una incapacidad temporal. Grados: parcial (limita sin llegar a total), total (inhabilita para todas o las fundamentales funciones de su Cuerpo, Escala o plaza), absoluta (inhabilita para toda profesión u oficio) y gran invalidez (absoluta que además necesita ayuda de otra persona para los actos más elementales).

Artículo 24. Efectos de la incapacidad permanente parcial

El funcionario con incapacidad permanente parcial cobra la totalidad de los haberes del puesto de trabajo que efectivamente desempeñe. En los supuestos que señale el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, deberá someterse a procesos de rehabilitación.

Artículo 25. Efectos de la incapacidad permanente total y absoluta

La incapacidad permanente total y la absoluta llevan a la jubilación del funcionario conforme a la legislación en vigor. Si hay posibilidad razonable de recuperación, el funcionario tiene además derecho a prestaciones recuperadoras a cargo de MUFACE.

Artículo 26. Efectos de la gran invalidez

La gran invalidez produce la jubilación del funcionario y le da derecho a una cantidad mensual igual al 50 por 100 de la pensión de jubilación que le corresponda por Clases Pasivas, destinada a pagar a la persona encargada de su asistencia.

Artículo 27. Revisión de las situaciones de incapacidad permanente

La calificación y la revisión de la incapacidad permanente siguen las normas del sistema de derechos pasivos y, cuando proceda, las de rehabilitación de funcionarios de la Administración General del Estado, y producen efectos respecto de todas las prestaciones que puedan derivarse de esa situación. En las incapacidades no previstas en Clases Pasivas, califican los órganos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 28. Lesiones permanentes no invalidantes

Las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio (por accidente o riesgo específico del cargo) que, sin llegar a incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, alteren o disminuyan la integridad física del funcionario dan derecho a cobrar, por una sola vez, las cantidades que fije el reglamento.

Artículo 29. Prestaciones económicas

Las prestaciones familiares son periódicas (hijo a cargo) o de pago único (parto múltiple y nacimiento), e incompatibles con otras análogas de otros regímenes. La de hijo menor de 18 años no minusválido la gestionan las unidades de la antigua ayuda familiar (a pensionistas les paga Clases Pasivas); la de hijo a cargo minusválido la gestiona MUFACE. El subsidio especial por maternidad en parto múltiple es como en el Régimen General, y el pago único por parto múltiple es compatible con él.

Artículo 30. Servicios sociales

La acción protectora de este Régimen puede incluir los servicios sociales del Sistema de la Seguridad Social, siempre que las contingencias que atiendan no estén cubiertas por otras prestaciones. Su incorporación se decide por Orden ministerial (el texto cita al Ministro de Administraciones Públicas), previo informe del ministerio de trabajo y asuntos sociales, y en ella se regulan su alcance y su régimen financiero.

Artículo 31. Asistencia social

MUFACE dispensa servicios y auxilios económicos ante estados y situaciones de necesidad. Su límite son los créditos consignados en su presupuesto de gastos, y su concesión no puede comprometer recursos del ejercicio siguiente. Las ayudas incluyen, entre otras, las de tratamientos o intervenciones especiales excepcionales por un facultativo, las debidas a falta o insuficiencia de prestaciones, los gastos urgentes de importancia extraordinaria justificados y otras análogas no reguladas. Son independientes de las del artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Artículo 32. Beneficiarios

Pueden acogerse a las prestaciones de servicios sociales y asistencia social (sección 5.ª), siempre que reúnan las condiciones exigidas en cada caso, todos los mutualistas y los beneficiarios que el reglamento determine para cada prestación.

Artículo 33. Régimen financiero

Salvo las excepciones de sus normas reguladoras, el sistema financiero del Régimen especial es de reparto, con cuota revisable periódicamente. Cuando la naturaleza de las prestaciones lo requiera, se constituirán fondos de garantía para cubrir posibles déficit de cotización o casos anormales de siniestralidad.

Artículo 34. Recursos económicos

Los recursos económicos de MUFACE son: las aportaciones del Estado del artículo 35; las cuotas de los mutualistas; las subvenciones estatales y otros recursos públicos que le correspondan; los bienes, derechos y acciones de las Mutualidades y Montepíos integrados en su Fondo especial; los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales; y cualesquiera otros recursos privados obtenidos para sus fines.

Artículo 35. Aportaciones y subvenciones estatales

El Estado consigna de modo permanente en sus presupuestos las aportaciones anuales a MUFACE para financiar las prestaciones del artículo 12, salvo la de hijo a cargo minusválido (letra h). Su cuantía se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como porcentaje sobre los haberes reguladores. Aparte se consignan subvenciones para las prestaciones por hijo a cargo minusválido y para el déficit del Fondo especial; las aportaciones son independientes de estas y de otras subvenciones.

Artículo 36. Régimen patrimonial

El régimen patrimonial de MUFACE es el del artículo 48 de la Ley 6/1997, y puede disponer de sus bienes patrimoniales propios que resulten innecesarios para sus fines. En lo no regulado allí, su patrimonio se rige por esta Ley y su desarrollo y, en defecto de estas, por la legislación del Patrimonio del Estado; las competencias que esa legislación atribuye a Hacienda y a la Dirección General del Patrimonio se entienden referidas al ministerio del que depende MUFACE y a su Dirección General, sin perjuicio de delegaciones y de las competencias del Consejo General de MUFACE.

Artículo 37. Recursos y régimen jurisdiccional

Los actos del Director general de MUFACE no agotan la vía administrativa: cabe alzada ante el ministro (el texto cita el de Administraciones Públicas) y, después, contencioso. Agotan la vía las resoluciones de los párrafos a) y b) del artículo 109 de la Ley 30/1992 y las del Director general en materia de personal: contra ellas, reposición potestativa y contencioso. La revisión sigue el artículo 118 de esa Ley. Las reclamaciones previas civiles y laborales las resuelve el Director general.

Artículo 28. Libertad sindical y derecho de huelga

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar ese derecho a las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará sus peculiaridades para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y crear o afiliarse a organizaciones internacionales; y nadie puede ser obligado a afiliarse. Se reconoce además el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 1

Todos los trabajadores pueden sindicarse libremente para promover y defender sus intereses económicos y sociales. Son trabajadores tanto los de relación laboral como los de relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones públicas. Quedan excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar. Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden pertenecer a sindicato alguno mientras estén en activo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no militares se rigen por su normativa específica.

Artículo 2

La libertad sindical comprende fundar sindicatos sin autorización previa (y suspenderlos o extinguirlos democráticamente), afiliarse al de su elección o separarse, sin que nadie pueda ser obligado a afiliarse, elegir libremente a los representantes y la actividad sindical. Los sindicatos pueden redactar sus estatutos, federarse o confederarse, no ser suspendidos ni disueltos salvo por resolución firme de la Autoridad Judicial por incumplimiento grave de las Leyes, y ejercer la actividad sindical: negociación colectiva, huelga, conflictos y candidaturas electorales.

Artículo 3

Los trabajadores por cuenta propia sin trabajadores a su servicio, los parados y quienes hayan cesado por incapacidad o jubilación pueden afiliarse a sindicatos, pero no fundar sindicatos cuyo objeto sea tutelar sus intereses singulares, aunque sí constituir asociaciones según su legislación específica. Quien ostente cargos directivos o de representación en su sindicato no puede desempeñar a la vez, en las Administraciones públicas, cargos de libre designación de categoría de Director General o asimilados, ni otros de rango superior.

Artículo 4

El sindicato adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar a los veinte días hábiles del depósito de sus estatutos en la oficina pública. Los estatutos deben recoger al menos denominación, domicilio y ámbito, órganos y régimen electivo democrático, afiliación, modificación, fusión y disolución, y régimen económico. La oficina, en diez días, publica o requiere una sola vez la subsanación en otros diez días como máximo. Cualquier persona puede examinar los estatutos; la Autoridad Pública y quien acredite interés directo, personal y legítimo pueden impugnarlos judicialmente.

Artículo 5

El sindicato responde por los actos o acuerdos de sus órganos estatutarios dentro de sus competencias. No responde por actos individuales de sus afiliados, salvo que se produzcan en el ejercicio regular de funciones representativas o se pruebe que actuaban por cuenta del sindicato. Las cuotas sindicales son inembargables. Los sindicatos pueden beneficiarse de las exenciones y bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan.

Artículo 6

Son más representativos a nivel estatal los que obtengan en ese ámbito el 10 por 100 o más del total de delegados de personal, miembros de comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas, y los afiliados, federados o confederados a una organización estatal más representativa. A todos los niveles pueden: representación institucional, negociación colectiva, participar en condiciones de trabajo públicas y en solución no jurisdiccional de conflictos, promover elecciones y obtener cesiones de inmuebles públicos.

Artículo 7

Son más representativos a nivel de Comunidad Autónoma los sindicatos de ese ámbito que obtengan al menos el 15 por 100 de delegados de personal y representantes en comités y órganos públicos, con un mínimo de 1.500 representantes y sin federación o confederación estatal, y los integrados en una organización autonómica más representativa. Ejercen en su Comunidad las funciones del artículo 6.3 y representación institucional también ante entidades estatales. Los que logren el 10 por 100 en un ámbito específico ejercen allí las funciones de las letras b), c), d), e) y g) del artículo 6.3.

Artículo 8

Los afiliados pueden, en la empresa o centro: constituir Secciones Sindicales según los Estatutos; reunirse (previa notificación al empresario), recaudar cuotas y distribuir información, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal; y recibir la información de su sindicato. Salvo lo que establezca el convenio, las Secciones de los sindicatos más representativos o con representación tienen derecho a un tablón de anuncios que pone la empresa en el centro de trabajo, a la negociación colectiva y a un local adecuado en empresas o centros de más de 250 trabajadores.

Artículo 9

Quienes ostenten cargos electivos provinciales, autonómicos o estatales en sindicatos más representativos tienen permisos no retribuidos para sus funciones (limitables por acuerdo según el proceso productivo); a excedencia forzosa o situación equivalente en la Función Pública, con reserva de puesto y cómputo de antigüedad, debiendo reincorporarse dentro del mes siguiente al cese; y a acceder a los centros de trabajo, previa comunicación al empresario. Los negociadores de convenios que sigan en activo tienen permisos retribuidos si su empresa está afectada por la negociación.

Artículo 10

En empresas o centros con más de 250 trabajadores, las Secciones de sindicatos con presencia en comités u órganos de representación públicos tienen delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados. Sin acuerdo, si el sindicato obtuvo el 10 por 100 de los votos: de 250 a 750 trabajadores, uno; de 751 a 2.000, dos; de 2.001 a 5.000, tres; de 5.001 en adelante, cuatro. Por debajo del 10 por 100, un solo delegado. Si no forman parte del comité tienen sus mismas garantías, la misma información con sigilo, voz sin voto en reuniones y derecho a ser oídos antes de medidas colectivas.

Artículo 11

Los convenios colectivos pueden incluir cláusulas por las que los trabajadores de su ámbito financien la gestión de los sindicatos representados en la comisión negociadora, con un canon económico y su forma de abono, respetando siempre la voluntad individual del trabajador, expresada por escrito en la forma y plazos que fije la negociación colectiva. El empresario descuenta la cuota sindical del salario y la transfiere a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y siempre con la conformidad previa de este.

Artículo 12

Son nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sea favorable o adversa, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio de actividades sindicales.

Artículo 13

Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionada su libertad sindical puede pedir tutela ante la jurisdicción competente por el proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. La lesión puede venir del empleador, asociación patronal, Administraciones públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada. Son lesiones expresas los actos de injerencia: fomentar sindicatos dominados o controlados por un empleador o asociación empresarial, o sostenerlos económicamente o en otra forma con ese propósito de control.

Artículo 14

En el proceso que inicie el trabajador presuntamente lesionado en su libertad sindical pueden personarse como coadyuvantes dos sujetos: el sindicato al que pertenezca ese trabajador y cualquier sindicato que tenga la condición de más representativo. Intervienen como coadyuvantes en el proceso incoado por el trabajador.

Artículo 15

Si el órgano judicial considera probada la violación de la libertad sindical, decretará dos cosas: el cese inmediato del comportamiento antisindical y la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas. Además, remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos de depuración de eventuales conductas delictivas.

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

La huelga exige acuerdo expreso en cada centro de trabajo. La acuerdan los representantes de los trabajadores (reunión conjunta, decisión mayoritaria, asistencia mínima del 75 % y acta firmada) o los propios trabajadores afectados, si el 25 % de la plantilla pide votación, que será secreta y por mayoría simple. Los representantes la comunican por escrito al empresario y a la autoridad laboral con al menos cinco días naturales de antelación, indicando objetivos, gestiones realizadas, fecha de inicio y composición del comité de huelga.

Artículo 4

Si la huelga afecta a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de la huelga al empresario y a la autoridad laboral ha de ser, como mínimo, de diez días naturales. Además, antes de que empiece, los representantes de los trabajadores deben darle la publicidad necesaria para que la conozcan los usuarios del servicio.

Artículo 5

Solo pueden ser miembros del comité de huelga trabajadores del propio centro de trabajo afectados por el conflicto. El comité no puede superar las doce personas. Le corresponde participar en todas las actuaciones sindicales, administrativas o judiciales que se realicen para solucionar el conflicto.

Artículo 6

La huelga no extingue la relación laboral ni permite sancionar, salvo falta laboral. Suspende contrato y salario. El huelguista sigue en alta especial, sin cotizar ni él ni el empresario, y sin prestación por desempleo ni por incapacidad laboral transitoria. Se respeta a quien no se sume. No cabe sustituir huelguistas por trabajadores ajenos a la empresa al comunicarse la huelga, salvo incumplimiento del apartado siete. Se permite la publicidad pacífica y la recogida de fondos sin coacción. El comité garantiza los servicios de seguridad y mantenimiento; el empresario designa quién los presta.

Artículo 7

La huelga solo puede ejercerse cesando en la prestación de servicios, sin ocupar el centro de trabajo ni ninguna de sus dependencias. Se consideran actos ilícitos o abusivos las huelgas rotatorias, las de trabajadores de sectores estratégicos que buscan interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier alteración colectiva del régimen de trabajo distinta a la huelga.

Artículo 8

Los convenios colectivos pueden fijar normas complementarias sobre los procedimientos de solución de los conflictos que originen la huelga y pueden incluir la renuncia a la huelga mientras estén vigentes. Desde el preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario (o los representantes de los distintos comités y empresarios) deben negociar; los trabajadores pueden terminar la huelga en cualquier momento. El pacto que pone fin a la huelga tiene la eficacia de un convenio colectivo.

Artículo 9

Artículo 10

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y valorando la duración o consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave a la economía nacional, puede acordar la reanudación del trabajo en el plazo que fije, por un máximo de dos meses o, de forma definitiva, mediante arbitraje obligatorio. En huelgas en servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad con circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa puede acordar medidas para asegurar su funcionamiento, y el Gobierno, medidas de intervención.

Artículo 11

La huelga es ilegal en cuatro casos: si se inicia o mantiene por motivos políticos o con fines ajenos al interés profesional de los trabajadores afectados; si es de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promueven o sostienen; si busca alterar, durante su vigencia, lo pactado en convenio colectivo o lo establecido por laudo; y si contraviene este Real Decreto-ley o lo pactado en convenio para la solución de conflictos.

Artículo 17

Las situaciones conflictivas que afecten a intereses generales de los trabajadores pueden solucionarse mediante el procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo. Mientras los trabajadores lo utilicen, no pueden ejercer el derecho de huelga. En cambio, una vez declarada la huelga, pueden desistir de ella y acudir a ese procedimiento.

Artículo 18

Solo pueden instar el inicio de un Conflicto Colectivo de Trabajo los representantes de los trabajadores del ámbito del conflicto, por iniciativa propia o a petición de sus representados, y los empresarios o sus representantes legales, según el ámbito del conflicto. Si el procedimiento lo inician los empresarios y los trabajadores ejercen el derecho de huelga, se suspende y se archivan las actuaciones.

Artículo 19

La competencia para conocer de los Conflictos Colectivos de Trabajo depende de su naturaleza: corresponde al Delegado de Trabajo de la provincia donde se plantea el conflicto, salvo que afecte a trabajadores de varias provincias, en cuyo caso es competente la Dirección General de Trabajo; o al Orden Jurisdiccional Laboral, según esta disposición y la Ley de Procedimiento Laboral.

Artículo 20

Artículo 21

El Conflicto Colectivo de Trabajo se plantea por escrito, firmado y fechado. En él deben constar el nombre, apellidos, domicilio y carácter de quienes lo plantean; los trabajadores y empresarios afectados; los hechos sobre los que versa el conflicto; las peticiones concretas que se formulan, y los demás datos que procedan.

Artículo 22

El escrito de planteamiento del Conflicto Colectivo de Trabajo se presenta ante la Delegación de Trabajo de la provincia en que se plantee el conflicto. Si el conflicto afecta a trabajadores de varias provincias, se presenta ante la Dirección General de Trabajo.

Artículo 23

En las veinticuatro horas siguientes al día en que se presenta el escrito de planteamiento del conflicto, la Autoridad laboral envía copia a la parte frente a la que se plantea y convoca a ambas partes a una comparecencia ante ella, que debe celebrarse dentro de los tres días siguientes.

Artículo 24

En la comparecencia, la Autoridad laboral intenta la avenencia entre las partes. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de las representaciones de cada parte y tienen la eficacia de lo pactado en convenio colectivo. Las partes pueden designar uno o varios árbitros, que si son varios actúan conjuntamente y deben dictar su laudo en cinco días. Su decisión tiene la misma eficacia que si hubiera habido acuerdo entre las partes.

Artículo 25

Si las partes no llegan a un acuerdo ni designan árbitros, la Autoridad laboral actúa según el tipo de conflicto: si deriva de discrepancias sobre la interpretación de una norma preexistente, estatal o de convenio colectivo, remite lo actuado, con su informe, a la Magistratura de Trabajo; si se plantea para modificar las condiciones de trabajo, dicta un laudo de obligado cumplimiento que resuelve todas las cuestiones planteadas.

Artículo 26

Los laudos de obligado cumplimiento se dictan en los cinco días siguientes a la comparecencia, como resolución fundada que decide de forma clara y precisa sobre las cuestiones del escrito inicial y las suscitadas en la comparecencia relacionadas con el conflicto. Tienen fuerza ejecutiva inmediata. Pueden recurrirse en alzada ante la Autoridad laboral de grado superior y, agotada la vía gubernativa, impugnarse ante la jurisdicción competente.