Tema 68 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 53. Principios éticos

Principios éticos: respetar la Constitución y el ordenamiento; perseguir los intereses generales con objetividad, imparcialidad e interés común; lealtad y buena fe; respeto de los derechos fundamentales sin discriminación; abstenerse si hay interés personal; no contraer obligaciones económicas con conflicto de intereses; no aceptar tratos de favor de personas físicas o entidades privadas; eficacia, economía y eficiencia; no influir en la agilización de trámites sin justa causa; diligencia y resolver en plazo; dedicación al servicio público; secreto de las materias clasificadas y discreción.

Artículo 54. Principios de conducta

Principios de conducta: tratar con atención y respeto a ciudadanos, superiores y demás empleados; cumplir jornada y horario; obedecer las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento, que se comunica inmediatamente a los órganos de inspección; informar a los ciudadanos; administrar los bienes públicos con austeridad; rechazar regalos que excedan de los usos habituales, sociales y de cortesía; garantizar la constancia de los documentos; mantener actualizada la formación; observar la seguridad y salud laboral; proponer mejoras; atender en la lengua oficial solicitada.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

Funcionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.

Artículo 96. Sanciones

Sanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.

Artículo 33. Deberes

De conformidad con el artículo 52 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal incluido en el ámbito de la ley debe desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y al resto del ordenamiento, y con respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y promoción del entorno cultural y medioambiental. Son deberes suyos los principios éticos y de conducta; esto último se aplica también al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

Artículo 34. Responsabilidad

El personal responde de la buena gestión pública encomendada y de contribuir a los objetivos de su unidad, equipo o grupo de trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de las personas de superior jerarquía; también por sus funciones como miembro de consejos de administración, patronatos u órganos análogos. Si la Administración debe indemnizar por daño causado por su personal con dolo, culpa o negligencia graves, exigirá de oficio en vía administrativa la responsabilidad, con audiencia de la persona interesada; igual si el daño es a bienes o derechos de la Administración.

Artículo 41. Régimen jurídico

El personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley queda sujeto al régimen de incompatibilidades que resulta de cuatro fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley, las disposiciones que las desarrollen y las normas sectoriales que le sean de aplicación.

Artículo 42. Principios del sistema de incompatibilidades

No cabe autorizar compatibilidad para un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, salvo supuestos legalmente previstos. Nunca cabe compatibilizar la actividad pública con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, retribuido o no, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar los intereses generales, ni con actividades privadas directamente relacionadas con las de la Consejería, departamento, entidad o institución de destino. Alcanza al personal contratado por entidades instrumentales.

Artículo 43. Dedicación exclusiva a las funciones públicas

No se reconoce compatibilidad para actividades privadas (dedicación exclusiva) a: personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo; personal funcionario y laboral de la Administración General con factor de incompatibilidad en sus complementos; personal de entidades instrumentales con complemento que incluya expresamente ese factor; docentes no universitarios con complemento específico superior al 30 % de las retribuciones básicas; estatutarios del SAS con complemento específico por dedicación exclusiva, y personal de Justicia cuando lo prevea su normativa.

Artículo 44. Renuncia a la dedicación exclusiva a las funciones públicas

El Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, determina las condiciones y el procedimiento para que el personal al que se refiere el artículo anterior que así se considere pueda renunciar a la dedicación exclusiva a las funciones públicas, así como los puestos, categorías y funciones en que podrá hacerse. La renuncia lleva consigo la del complemento retributivo correspondiente. Los puestos para cuyo desempeño no se admita la renuncia se establecen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 165. Responsabilidad disciplinaria

El personal incluido en la ley queda sujeto al régimen disciplinario de la normativa estatal básica y de este título, sin perjuicio de normas sectoriales, laborales y convenios. Responden disciplinariamente las personas autoras de las faltas; inductoras y encubridoras, conforme a la normativa estatal básica. Si la situación administrativa impide cumplir la sanción, se hará efectiva cuando el cambio de situación lo permita, salvo prescripción de la sanción. Perder la condición de funcionario o laboral impide exigir responsabilidad disciplinaria, pero no libera de la patrimonial o penal.

Artículo 166. Principios de la potestad disciplinaria

La potestad disciplinaria se ejerce conforme a siete principios: legalidad y tipicidad de faltas y sanciones (por predeterminación normativa o, para el personal laboral, por convenios colectivos y legislación laboral); irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, también para sanciones pendientes de cumplimiento; proporcionalidad, tanto en la clasificación de infracciones y sanciones como en su aplicación; culpabilidad; presunción de inocencia; responsabilidad; y prescripción.

Artículo 167. Concepto y clasificación de las faltas disciplinarias

Son faltas disciplinarias las acciones u omisiones tipificadas en tres fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley y, en su caso, los convenios colectivos que sean de aplicación. De conformidad con la normativa estatal básica, las faltas se clasifican en tres clases: muy graves, graves y leves.

Artículo 168. Faltas muy graves

Muy graves: las de la normativa estatal básica y, además: delito doloso contra la libertad e indemnidad sexuales con sentencia firme y víctima relacionada con las funciones; actividades personales o profesionales en jornada, reiteradas o con ánimo de lucro; agresión física; menoscabo de fondos públicos declarado firme por jurisdicción ordinaria o contable; incumplimiento muy grave en prevención; abuso de autoridad con perjuicio grave; daños graves al patrimonio; agresión verbal muy grave; tercera falta grave en dos años; tolerancia de faltas muy graves; actuaciones manifiestamente ilegales.

Artículo 169. Faltas graves

Enumera las faltas graves, letras a) a u). Con cifra: tercera falta injustificada de asistencia en seis meses si las dos anteriores se sancionaron como leves; incumplimiento injustificado de jornada de un mínimo de diez horas al mes; mínimo de siete faltas de puntualidad al mes; tercera falta leve en seis meses con dos sanciones firmes en vía administrativa. Entre otras: desobedecer órdenes o incumplir incompatibilidades cuando no sea muy grave, intervenir con causa de abstención por dolo o negligencia inexcusable, tolerar faltas graves, uso indebido reiterado de medios y aceptar regalos.

Artículo 170. Faltas leves

Faltas leves, letras a) a n). Muchas lo son por no llegar a grave: retraso, negligencia o descuido en las funciones; trato irrespetuoso; incumplir normas de prevención, trámites y plazos, discreción, horario o asistencia. Otras: intervenir por negligencia excusable con causa de abstención, no comunicar antes la falta justificada (salvo imposibilidad probada), faltar sin justificar a cursos obligatorios, presentar fuera de plazo sin justificación los partes de baja, uso indebido de medios, descuido en la conservación sin perjuicio grave y cualquier otro incumplimiento no grave ni muy grave.

Artículo 171. Sanciones

Muy graves: suspensión de un año y un día como mínimo (máximo, el de la normativa básica), con pérdida del puesto en todo caso; traslado forzoso, demérito y suspensión en bolsas (accesoria, para interinos y temporales), máximo un año. Graves: suspensión de diez días a un año, con pérdida del puesto si excede de seis meses; traslado, demérito y bolsas, máximo seis meses. Leves: suspensión de hasta siete días, apercibimiento por escrito y bolsas hasta siete días. En todos los casos cabe imponer, como accesoria, la obligación de realizar cursos de formación sobre ética e integridad pública.

Artículo 172. Principio de proporcionalidad, criterios de graduación de las sanciones y exención de la responsabilidad disciplinaria

Al sancionar hay que justificar la proporcionalidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho. Se gradúa con los criterios de la normativa básica estatal. Reiteración: sanción firme por otra falta, sea cual sea su gravedad. Reincidencia: sanción firme por otra falta de la misma naturaleza. En ambas, con antecedentes no cancelados. Infracción continuada: pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo precepto u otros de la misma naturaleza, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión; solo se aplica la sanción de la más grave.

Artículo 173. Prescripción de las faltas y sanciones

La ley andaluza no fija aquí plazos propios: la prescripción de las faltas y de las sanciones, el cómputo del plazo de prescripción y la interrupción de la prescripción se rigen por lo establecido en la normativa estatal de carácter básico.

Artículo 174. Procedimiento disciplinario

Se rige por la normativa básica estatal, esta ley y demás normas aplicables. No hay sanción sin procedimiento; las faltas leves, por procedimiento sumario, de tramitación abreviada y con audiencia (la suspensión del personal laboral por falta leve sigue el de graves y muy graves). Duración máxima: doce meses; después, caducidad de oficio y archivo, que no interrumpe la prescripción ni impide un nuevo procedimiento si la falta no ha prescrito. Las represalias contra la persona denunciante son nulas de pleno derecho, salvo que se acredite su legitimidad y falta de relación causal.

Artículo 175. Derechos del personal en el procedimiento disciplinario

El personal tiene en el procedimiento los derechos del artículo 53.1 de la Ley 39/2015 y, además: ser notificado de la identidad de la persona instructora, de quien ejerza la secretaría, de la autoridad competente para resolver y de la norma que le atribuye la competencia, y recusarlas (la recusación suspende el procedimiento hasta que se resuelva); ser notificado de hechos, faltas, posibles sanciones y resolución final; alegar, proponer pruebas y defenderse; actuar asistido de asesor, persona letrada o representación sindical; y presunción de inexistencia de responsabilidad disciplinaria.

Artículo 176. Inscripción y cancelación de las sanciones

Las sanciones disciplinarias se inscriben en el registro de personal correspondiente, indicando las faltas que las motivaron. La inscripción se cancela a solicitud de la persona interesada o de oficio, una vez transcurridos períodos equivalentes a los de prescripción de las sanciones. Las inscripciones canceladas, o las que hubieran debido cancelarse, no computan a efectos de reincidencia o reiteración.

Artículo 177. Extinción de la responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se extingue por cumplimiento de la sanción, prescripción de la falta o de la sanción, pérdida de la condición de personal funcionario o laboral (salvo los supuestos del artículo 165.5) y fallecimiento. Si esa pérdida ocurre durante el procedimiento, se dicta resolución que lo declara extinguido, salvo que la persona interesada inste su prosecución y así se acuerde; la extinción y archivo comporta el alzamiento de las medidas provisionales. En los supuestos del artículo 165.5, la extinción del procedimiento no comporta la de la responsabilidad disciplinaria.

Artículo 1. Objeto

El Decreto regula dos cosas: las competencias y el procedimiento en materia de autorización y reconocimiento de compatibilidad. Se dirige al personal comprendido en su ámbito de aplicación que pretenda ejercer una segunda actividad, sea pública o privada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Decreto se aplica al personal de: a) la Administración General de la Junta, sus agencias y demás entidades de Derecho Público; b) las sociedades mercantiles del sector público andaluz; c) los consorcios y fundaciones cuyo presupuesto se dote ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros ingresos de la Junta o de sus agencias y entidades; d) el docente y sanitario de la Junta; e) el de Justicia de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial que preste servicios en Andalucía. Incluye a todo el personal, sea cual sea su relación de empleo.

Artículo 3. Autorización o reconocimiento de compatibilidad

Ejercer una segunda actividad pública o privada exige, antes de iniciarla, autorización o reconocimiento de compatibilidad del órgano competente, salvo las exceptuadas en el artículo 19 de la Ley 53/1984. El reconocimiento genérico para actividades privadas de Arquitectura, Ingeniería u otras titulaciones se completa con otro específico por cada proyecto, trabajo técnico o intervención que requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial. Los reconocimientos no modifican jornada ni horario y quedan automáticamente sin efecto al cambiar de puesto en el sector público.

Artículo 4. Competencias del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno: a) determina por Decreto los supuestos en que, por interés público, cabe un segundo puesto o actividad en el sector público; b) autoriza por acuerdo expreso superar los límites anuales de remuneraciones, por especial interés para el servicio; c) autoriza excepcionalmente, para supuestos concretos y por acuerdo, pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de Gobierno; d) y e) determina con carácter general los puestos sanitarios (hasta su regulación por norma con rango de Ley) y los exclusivamente investigadores susceptibles de tiempo parcial.

Artículo 5. Competencias de la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública

Autorizar, reconocer o denegar la compatibilidad, tanto la genérica como la específica a la que alude el artículo 3.2, del personal incluido en el ámbito de aplicación del Decreto, para desempeñar un segundo puesto o actividad pública o privada, corresponde a la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Artículo 6. Competencias en las Universidades Públicas de Andalucía

Cuando el primer puesto de trabajo del personal depende de las Universidades Públicas de Andalucía, la competencia para autorizar, reconocer o denegar la compatibilidad corresponde a la persona titular del Rectorado, conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Artículo 7. Instrucción de los procedimientos

Las solicitudes de compatibilidad genérica y específica se cumplimentan en los modelos normalizados de los Anexos I, II y III y se presentan, preferentemente, en el Registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía (para lo que se necesita firma electrónica reconocida), sin perjuicio de los demás lugares del artículo 38.4 de la Ley 30/1992. La instrucción corresponde a la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía. Los órganos de gestión de personal de donde se desempeñe el primer puesto o actividad facilitan la tramitación a la persona solicitante.

Artículo 8. Informe y propuesta de resolución

Si los puestos o actividades públicas dependen de la Junta o de los entes del artículo 2, el informe preceptivo es del Inspector o la Inspectora General de Servicios responsable de tramitar los expedientes, y la propuesta, de la persona titular de la Dirección General competente en materia de incompatibilidades. La información sale del SIRhUS y, en su caso, de donde estén adscritos ambos puestos, que la facilitan en diez días desde que se recaba. Si el primer puesto es de otra Administración y el segundo de la Junta, ese Inspector o Inspectora emite el informe preceptivo y favorable.

Artículo 9. Plazos de resolución

Tres plazos para resolver y notificar: tres meses para las solicitudes de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público; dos meses para las referidas a actividades privadas; y un mes para el reconocimiento específico de compatibilidad para cada proyecto, trabajo técnico o intervención profesional a que se refiere el artículo 3.2.

Artículo 10. Silencio administrativo

Si transcurre el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución, las solicitudes de compatibilidad podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 2.1 y el Anexo II de la Ley 9/2001, de 12 de julio. Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de dictar y notificar resolución expresa.

Artículo 11. Declaración de actividades y ejercicio de opción

Quien acceda por cualquier título a un nuevo puesto del sector público debe declarar las actividades públicas y privadas que viniere desempeñando. Si el nuevo puesto es incompatible con el anterior, ha de optar por uno dentro del plazo de toma de posesión; si no opta, se entiende que elige el nuevo y pasa en el anterior a la situación que corresponda. Si los puestos son susceptibles de compatibilidad, previa autorización, debe instarla en los diez primeros días del plazo de toma de posesión, que se entiende prorrogado en tanto se notifique la resolución de compatibilidad.

Artículo 12. Prevención y control

Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios en las Consejerías, organismos, entidades y centros docentes y sanitarios públicos dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía cuidarán, bajo su responsabilidad, de velar por el cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades en que pueda incurrir el personal a su cargo. Ello sin perjuicio de la intervención de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía en la coordinación e impulso del control de las incompatibilidades.

Artículo 13. Régimen disciplinario

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el incumplimiento de lo dispuesto en esa Ley será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.

Artículo 14. Comunicaciones

Las resoluciones de compatibilidad que se concedan las comunica la Dirección General competente en materia de incompatibilidades a la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública, para su inscripción en el Registro General de Personal. Esa inscripción es requisito indispensable, en los casos de segundo puesto o actividad en el sector público, para que puedan acreditarse haberes por él. También las comunica a la Consejería, organismo, entidad, centro o Administración del primer puesto o actividad y, en su caso, a la del segundo.

Artículo 1

El Reglamento de Régimen Disciplinario se aplica al personal funcionario comprendido en el artículo 1, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. El artículo no enumera a ese personal: delimita su ámbito de aplicación por remisión a esa ley.

Artículo 2

Los funcionarios en prácticas también están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento, pero solo en la medida que les sea de aplicación. Esa sujeción se entiende sin perjuicio de las normas especiales que regulen su procedimiento de selección.

Artículo 3

Para los demás funcionarios al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, las disposiciones de este tienen carácter supletorio.

Artículo 4

El régimen disciplinario del Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios. Esa responsabilidad civil o penal se hará efectiva en la forma que determine la Ley.

Artículo 5

Artículo 6

Son faltas muy graves: incumplir la fidelidad a la Constitución; discriminación; abandono de servicio; acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; publicar o usar indebidamente secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento con inhibición; violar la neutralidad política para influir en procesos electorales; incumplir las incompatibilidades; obstaculizar libertades públicas y derechos sindicales; coartar la huelga; hacer huelga teniéndola prohibida por ley; desatender servicios esenciales en huelga; limitar la libre expresión; y tres faltas graves sancionadas en un año.

Artículo 7

Son faltas graves: desobediencia; abuso de autoridad; delito doloso ligado al servicio o dañoso; tolerar faltas muy graves o graves de subordinados; grave desconsideración; daños graves; no abstenerse; informes o acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio; falta de rendimiento; faltar al sigilo; plazos de incompatibilidades; diez horas al mes de jornada incumplida; tercera inasistencia en tres meses tras dos sancionadas como leves; grave perturbación; atentado grave a la dignidad; grave falta de consideración con administrados; evadir el control horario. Mes: del día primero al último.

Artículo 8

Son faltas leves cinco conductas: el incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave; la falta de asistencia injustificada de un día; la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados; el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones; y el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deba calificarse como falta muy grave o grave.

Artículo 9

Artículo 10

Los funcionarios en situación distinta de la de servicio activo pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas del Reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. Si la sanción no puede cumplirse cuando se dicta la resolución, porque la situación administrativa del funcionario lo impide, se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 11

No puede exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. En cambio, perder esa condición no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó.

Artículo 12

Los funcionarios que induzcan a otros a realizar actos o conducta constitutivos de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad que estos. Si la falta no llega a consumarse, también incurren en responsabilidad, de acuerdo con los criterios del artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

Artículo 13

También incurren en responsabilidad los funcionarios que encubran las faltas consumadas muy graves y graves, cuando de ese acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos. Serán sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el artículo anterior.

Artículo 14

Por razón de las faltas a que se refiere el Reglamento pueden imponerse cuatro sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento. La letra d) de la lista figura como derogada.

Artículo 15

Artículo 16

Las sanciones de los apartados b) o c) del artículo 14 pueden imponerse por faltas graves o muy graves. La suspensión de funciones por falta muy grave dura entre tres y seis años; por falta grave no excede de tres. Si la suspensión firme no excede del período de suspensión provisional, no comporta necesariamente pérdida del puesto. El sancionado con traslado con cambio de residencia no puede obtener nuevo destino en la localidad de origen durante tres años (falta muy grave) o uno (falta grave), contados desde que se efectuó el traslado.

Artículo 17

Artículo 18

Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden imponerse en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento del título II del Reglamento. Para sancionar faltas leves no es preceptiva la previa instrucción de ese expediente, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso.

Artículo 19

La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Si durante el procedimiento sancionador el inculpado pierde la condición de funcionario, se dicta resolución que, invocando la causa, declara extinguido el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y ordena el archivo, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. A la vez quedan sin efecto las medidas provisionales adoptadas respecto del inculpado.

Artículo 20

Las faltas muy graves prescriben a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes, contados desde que la falta se hubiere cometido. La prescripción se interrumpe por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución de incoación del expediente debe ser debidamente registrada. El plazo vuelve a correr si el expediente permanece paralizado más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al procedimiento.

Artículo 21

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que impone la sanción, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.

Artículo 22

Artículo 23

Si en cualquier momento del procedimiento el instructor aprecia que la presunta falta puede ser delito o falta penal, lo pone en conocimiento de la autoridad que ordenó la incoación del expediente, para su comunicación al Ministerio Fiscal. Regla general: el expediente disciplinario continúa hasta su resolución y sanción, si procede. Excepción: debe suspenderse hasta que recaiga resolución judicial cuando los hechos puedan ser delitos de funcionarios contra el ejercicio de los derechos de la persona o en el ejercicio de sus cargos (títulos II y VII del Libro segundo del Código Penal).

Artículo 24

El Subsecretario del Departamento puede acordar, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, sea cual sea la causa de este, siempre que no la haya adoptado ya la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. Cuando la declara la autoridad administrativa, la suspensión se rige por los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y puede prolongarse durante todo el procesamiento.

Artículo 25

Artículo 26

La tramitación, las comunicaciones y las notificaciones se ajustan «en todo» a la Ley de Procedimiento Administrativo; en concreto, a su título IV, capítulo II, secciones primera y segunda. El artículo no contiene reglas propias: se limita a remitir a esa parte de la Ley.

Artículo 27

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Ese acuerdo puede nacer de la propia iniciativa del órgano o ser consecuencia de orden superior, de moción razonada de los subordinados o de denuncia. Si se inicia como consecuencia de denuncia, el acuerdo debe comunicarse al firmante de la misma.

Artículo 28

Artículo 29

Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, en todo caso, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario. También pueden acordarla los Directores generales, respecto del personal dependiente de su Dirección General, y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial. La incoación puede acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario.

Artículo 30

En la resolución por la que se incoa el procedimiento se nombra Instructor, que debe ser un funcionario público de un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Si depende de otro Departamento, se requiere la previa autorización del Subsecretario de este. El Secretario solo se nombra cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, y en todo caso debe tener la condición de funcionario.

Artículo 31

La incoación del procedimiento, junto con el nombramiento del Instructor y del Secretario, se notifica a dos tipos de destinatarios: al funcionario sujeto a expediente y a los designados para ostentar los cargos de Instructor y Secretario.

Artículo 32

Al Instructor y al Secretario se les aplican las normas de abstención y recusación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El derecho de recusación puede ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario. La abstención y la recusación se plantean ante la Autoridad que acordó el nombramiento, que debe resolver en el término de tres días.

Artículo 33

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación puede adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La suspensión provisional puede acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento, en los términos y con los efectos de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Límite: no caben medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.

Artículo 34

El Instructor ordena las diligencias adecuadas para determinar y comprobar los hechos y, en particular, las pruebas que puedan conducir a esclarecerlos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Como primeras actuaciones, recibe declaración al presunto inculpado y evacua las diligencias que se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación y de lo alegado por aquel. Todos los Organismos y dependencias de la Administración deben facilitarle los antecedentes e informes necesarios y los medios personales y materiales que precise.

Artículo 35

El Instructor formula el pliego de cargos en un plazo no superior a un mes desde la incoación del procedimiento; por causas justificadas puede solicitar su ampliación. El pliego comprende los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones aplicables, conforme al artículo 14 del Reglamento. Se redacta de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada hecho imputado. Al elaborarlo, el Instructor debe proponer el mantenimiento o levantamiento de la suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

Artículo 36

El pliego de cargos se notifica al inculpado y se le concede un plazo de diez días para contestarlo, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y aportando cuantos documentos considere de interés. En este mismo trámite debe solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que crea necesarias para su defensa.

Artículo 37

Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor puede acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas y de todas aquellas que considere pertinentes. Para practicar las pruebas se dispone del plazo de un mes. El Instructor puede denegar la admisión y práctica de las pruebas dirigidas a averiguar cuestiones que considere innecesarias; debe motivar la denegación, y contra esa resolución no cabe recurso del inculpado.

Artículo 38

Artículo 39

Para la práctica de las pruebas propuestas, y también de las de oficio cuando se estime oportuno, se notifica al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que deberán realizarse. Debe incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.

Artículo 40

La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario. Ello no impide que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.

Artículo 41

Cumplimentadas las diligencias previstas en el título, se da vista del expediente al inculpado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se le facilita copia completa del expediente cuando así lo solicite.

Artículo 42

El Instructor formula la propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes. En ella fija con precisión los hechos, motiva, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado y hace la valoración jurídica de los hechos para determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer.

Artículo 43

La propuesta de resolución la notifica el Instructor al interesado. Con ella se abre un plazo de diez días para que el interesado pueda alegar, ante el propio Instructor, cuanto considere conveniente en su defensa. Tres datos que retener: quién notifica (el Instructor), cuánto tiempo hay (diez días) y ante quién se alega (el Instructor).

Artículo 44

Oído el inculpado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, el expediente completo se remite con carácter inmediato al órgano que acordó la incoación del procedimiento. Ese órgano tiene dos salidas: remitirlo al órgano competente para que dicte la decisión que corresponda o, en su caso, ordenar al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.

Artículo 45

La resolución pone fin al procedimiento disciplinario y debe adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del servicio. Resuelve todas las cuestiones planteadas en el expediente, ha de ser motivada y no puede aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, aunque sí puede darles una valoración jurídica distinta.

Artículo 46

El órgano competente para imponer la sanción puede devolver el expediente al Instructor para que practique las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En ese caso, antes de remitir de nuevo el expediente a dicho órgano, se da vista de lo actuado al funcionario inculpado para que en diez días alegue cuanto estime conveniente.

Artículo 47

Separación del servicio: la impone el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14: Ministros y Secretarios de Estado del Departamento de destino, o Subsecretarios por delegación; si son faltas de incompatibilidades con actividades en diferentes Ministerios, el Ministro de la Presidencia. Sanciones de los apartados d) y e): Subsecretario en todo caso, Directores generales para su personal y Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en su ámbito territorial.

Artículo 48

La resolución debe determinar con toda precisión la falta cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción, y declarar expresamente sobre las medidas provisionales adoptadas. Si aprecia que no hay falta o responsabilidad, hace las declaraciones pertinentes sobre esas medidas. Se notifica al inculpado con los recursos que quepan, el órgano ante el que presentarlos y los plazos; si hubo denuncia, debe notificarse al firmante de esta.

Artículo 49

Las sanciones disciplinarias se ejecutan según los términos de la resolución que las impone y en el plazo máximo de un mes. Ese plazo solo cede cuando, por causas justificadas, la propia resolución establece otro distinto.

Artículo 50

El Ministro de la Presidencia puede acordar la inejecución de la sanción; el órgano competente para resolver puede acordar su suspensión temporal, por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción es de separación del servicio, el acuerdo de inejecución o de suspensión corresponde al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos se adoptan de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada.

Artículo 51

Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios se anotan en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación de esas anotaciones se produce de oficio o a instancia del interesado, en la forma prevista en el número 2 del artículo 93 de la Ley de Funcionarios, de 7 de febrero de 1964. Las sanciones canceladas, o que hubieran podido serlo, en ningún caso se computan a efectos de reincidencia.

Artículo 1

Regla general: el personal incluido en la Ley no puede desempeñar, por sí o mediante sustitución, un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, ni percibir más de una remuneración pública, salvo en los supuestos de la propia Ley. Remuneración es cualquier derecho económico derivado de una prestación o servicio personal, fijo o variable, periódico u ocasional. Además, el puesto es incompatible con cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

Artículo 2

La Ley se aplica, entre otros, al personal civil y militar del Estado, al de las Comunidades Autónomas y sus Asambleas, al de las Corporaciones Locales, al retribuido por arancel, al de la Seguridad Social, al del Banco de España y las instituciones financieras públicas, al de entidades cuyo presupuesto se dote en más de un 50 por cien con fondos públicos y al de empresas con participación pública superior al 50 por 100. Incluye a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo.

Artículo 3

Solo cabe un segundo puesto o actividad pública en los supuestos de la Ley para las funciones docente y sanitaria, en los de los artículos 5 y 6 y en los que, por interés público, determine el Consejo de Ministros por Real decreto o el órgano de gobierno autonómico; en este último caso, solo en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada. Exige autorización previa y expresa. El puesto público es incompatible con cobrar pensión de jubilación o retiro, que queda en suspenso; salvo, en el ámbito laboral, la jubilación parcial con un puesto a tiempo parcial.

Artículo 4

Puede autorizarse la compatibilidad como Profesor universitario asociado con dedicación no superior a tiempo parcial. El personal docente e investigador universitario puede compatibilizar un segundo puesto sanitario o exclusivamente investigador en el sector público, dentro del área de su departamento y si ambos puestos son a tiempo parcial, y a la inversa. También cabe para profesores de Enfermería en el sector sanitario y, a tiempo parcial y salvo la prohibición del artículo 16.1, en el sector público cultural y en formación profesional.

Artículo 5

Por excepción, cabe compatibilizar el puesto con ser miembro de una Asamblea Legislativa autonómica, salvo que cobre retribuciones periódicas por esa función o que se establezca la incompatibilidad, y con el de miembro de una Corporación local, salvo que desempeñe cargos retribuidos con dedicación exclusiva. Solo cobra la retribución de una de las dos actividades, más dietas, indemnizaciones o asistencias por la otra. Con dedicación parcial local puede cobrar por ella si la ejerce fuera de su jornada y sin superar los límites generales.

Artículo 6

Excepcionalmente puede autorizarse la compatibilidad para investigación no permanente o asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos que no correspondan a funciones del personal de la Administración. La excepción se acredita por asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales calificaciones que solo tengan personas incluidas en la Ley. El personal investigador de Organismos Públicos de Investigación, Universidades públicas y otras entidades públicas de investigación puede ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por ellos.

Artículo 7

Para autorizar dos actividades públicas, lo cobrado por ambas no puede superar la remuneración del Director General en los Presupuestos Generales del Estado, ni la del puesto principal en dedicación ordinaria incrementada en un 30 % (grupo A), 35 % (B), 40 % (C), 45 % (D) o 50 % (E). Superar estos límites anuales exige acuerdo expreso del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno local por especial interés del servicio. El segundo puesto no computa para trienios ni derechos pasivos; pagas extraordinarias y prestaciones familiares solo por un puesto.

Artículo 8

Quien, en representación del sector público, forme parte de Consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas solo puede cobrar dietas o indemnizaciones por asistencia, según el régimen general de las Administraciones Públicas; lo devengado por otros conceptos lo ingresa la entidad en la Tesorería pública. No se puede pertenecer a más de dos de esos órganos, salvo autorización excepcional para supuestos concretos por acuerdo del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.

Artículo 9

Autoriza o deniega la compatibilidad para un segundo puesto público el Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Corporación Local al que esté adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de Organismos, Entes y Empresas públicas. Se necesita además informe previo favorable del órgano autonómico o Pleno según la adscripción del segundo puesto; si ambos son del Estado, lo emite la Subsecretaría del Departamento del segundo puesto.

Artículo 10

Quien accede a un nuevo puesto público incompatible con el que ya ocupa debe optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Si no opta, se entiende que elige el nuevo y pasa a excedencia voluntaria en el anterior. Si los puestos pueden compatibilizarse con autorización, debe pedirla en los diez primeros días del plazo de toma de posesión, que se entiende prorrogado mientras no se resuelva.

Artículo 11

El personal no puede ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o ajena, que se relacionen directamente con las que desarrolle su Departamento, Organismo o Entidad de destino. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. El Gobierno, por Real Decreto, puede declarar con carácter general funciones, puestos o colectivos incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas.

Artículo 12

En todo caso el personal no puede: a) ejercer actividades privadas en asuntos en que intervenga, haya intervenido en los dos últimos años o deba intervenir por su puesto, ni atender profesionalmente a quienes deba atender en él; b) pertenecer a consejos de administración de empresas privadas cuya actividad se relacione directamente con la que gestione su Departamento; c) ocupar cargos en concesionarias, contratistas o empresas con participación o aval público; d) tener más del 10 % de su capital. Las privadas de media jornada semanal o más solo caben con un puesto público a tiempo parcial.

Artículo 13

A quien tenga autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública no se le puede reconocer ninguna compatibilidad para actividades privadas si la suma de las jornadas de ambos puestos públicos es igual o superior a la jornada máxima en las Administraciones Públicas.

Artículo 14

Ejercer actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración exige el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución, motivada, se dicta en dos meses y corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento; al órgano autonómico competente o al Pleno de la Corporación Local. No puede modificar jornada ni horario y queda sin efecto si se cambia de puesto público. Quien ya tenga un segundo puesto público debe pedirlo para ambos.

Artículo 15

El personal incluido en la Ley no puede invocar ni hacer uso de su condición pública para ejercer una actividad mercantil, industrial o profesional. La prohibición alcanza tanto a invocar esa condición como a hacer uso de ella, y se refiere a esas tres clases de actividad.

Artículo 16

No puede autorizarse ni reconocerse compatibilidad al personal cuyas retribuciones complementarias incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel ni al personal directivo, incluido el de alta dirección. Se exceptúan el Profesor asociado del artículo 4.1 y la investigación o asesoramiento del artículo 6, salvo para el docente universitario a tiempo completo. Puede reconocerse compatibilidad privada a quien cobre complemento específico no superior al 30 % de su retribución básica, sin contar la antigüedad.

Artículo 17

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, respecto del personal de los servicios periféricos regionales, y los Gobernadores civiles, respecto del de los servicios periféricos provinciales, ejercen las facultades que la Ley atribuye a los Subsecretarios sobre el personal de la Administración Civil del Estado, sus Organismos autónomos y la Seguridad Social. En las Universidades, las facultades de Subsecretarías y órganos autonómicos corresponden al Rector, respecto de su personal y en el marco de su Estatuto.

Artículo 18

Todas las resoluciones de compatibilidad, tanto para un segundo puesto o actividad pública como para actividades privadas, se inscriben en los Registros de Personal correspondientes. En el caso del segundo puesto público, la inscripción es requisito indispensable para que puedan acreditarse haberes por ese puesto o actividad.

Artículo 19

Quedan exceptuadas de la Ley: administrar el patrimonio personal o familiar; dirigir seminarios o dar cursos en centros oficiales de formación de funcionarios o profesorado si no son permanentes ni habituales ni pasan de 75 horas al año, y preparar oposiciones según reglamento; formar parte de tribunales de selección; ciertas pruebas del personal docente; ser miembro no retribuido de juntas de mutualidades o patronatos de funcionarios; la creación literaria, artística, científica y técnica no derivada de un empleo; y la participación o colaboración ocasional en medios, congresos y cursos.

Artículo 20

Incumplir la Ley se sanciona según el régimen disciplinario aplicable, sin perjuicio de que la incompatibilidad se ejecute. Una actividad compatible no excusa el deber de residencia, la asistencia al trabajo ni el atraso, negligencia o descuido; si esas faltas se califican de graves o muy graves, la compatibilidad queda revocada automáticamente. Los órganos de dirección, inspección o jefatura deben prevenir o corregir las incompatibilidades, y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública coordina e impulsa a los órganos de inspección en la Administración del Estado.

Artículo 404

Comete este delito la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena es única: inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, de nueve a quince años. El artículo no prevé prisión ni multa.

Artículo 405

Castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propone, nombra o da posesión de un cargo público a quien no reúne los requisitos legalmente establecidos. Penas: multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.

Artículo 406

Quien acepta la propuesta, el nombramiento o la toma de posesión a que se refiere el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles, recibe la misma pena de multa que se impone en ese artículo. El precepto solo le extiende la pena de multa y no menciona ninguna otra.

Artículo 407

La autoridad o funcionario que abandona su destino para no impedir o no perseguir delitos de los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta de seis a diez años. Si es para no impedir o no perseguir cualquier otro delito: inhabilitación especial de uno a tres años. Las mismas penas, respectivamente, si el abandono busca no ejecutar las penas de estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente.

Artículo 408

La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurre en inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Es la única pena prevista: ni prisión ni multa.

Artículo 409

Quienes promueven, dirigen u organizan el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público: multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años. Quienes solo toman parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial, con grave perjuicio de este o de la comunidad: multa de ocho a doce meses.

Artículo 410

Las autoridades o funcionarios que se niegan abiertamente a cumplir resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas en su competencia y con las formalidades legales, incurren en multa de tres a doce meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años. No hay responsabilidad criminal por incumplir un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

Artículo 411

La autoridad o funcionario que suspende la ejecución de órdenes de sus superiores por un motivo distinto del previsto en el apartado segundo del artículo anterior y las desobedece después de que los superiores hayan desaprobado la suspensión incurre en multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Artículo 412

Requerido por autoridad competente, el funcionario que no presta el auxilio debido a la Administración de Justicia u otro servicio público: multa de 3 a 12 meses y suspensión de 6 meses a 2 años; si es autoridad, jefe o responsable de fuerza pública o agente: multa de 12 a 18 meses y suspensión de 2 a 3 años. Requerido por un particular para evitar un delito: contra la vida, multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial de 3 a 6 años; contra integridad, libertad sexual, salud o libertad, multa de 12 a 18 meses y suspensión de 1 a 3 años; otro delito o mal, multa de 3 a 12 meses y suspensión de 6 meses a 2 años.

Artículo 413

La autoridad o funcionario que, a sabiendas, sustrae, destruye, inutiliza u oculta, total o parcialmente, documentos cuya custodia tiene encomendada por razón de su cargo incurre en prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años.

Artículo 414

La autoridad o funcionario que custodia por razón de su cargo documentos de acceso restringido por la autoridad competente y, a sabiendas, destruye o inutiliza los medios puestos para impedir ese acceso, o consiente su destrucción o inutilización: prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial de uno a tres años. El particular que destruye o inutiliza esos medios: multa de seis a dieciocho meses.

Artículo 415

La autoridad o funcionario no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accede o permite acceder a documentos secretos cuya custodia le está confiada por razón de su cargo incurre en multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Artículo 416

Los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del Gobierno o de las autoridades o funcionarios a quienes se hayan confiado por razón de su cargo, que realicen las conductas de los tres artículos anteriores, reciben las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las señaladas en ellos.

Artículo 417

La autoridad o funcionario que revela secretos o informaciones conocidos por razón de su oficio o cargo que no deban divulgarse: multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial de uno a tres años. Si causa grave daño para la causa pública o para tercero: prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de tres a cinco años. Si son secretos de un particular: prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de uno a tres años.

Artículo 418

El particular que aprovecha para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada obtenida de un funcionario o autoridad: multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y pérdida, de uno a tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Con grave daño para la causa pública o para tercero: prisión de uno a seis años y esa pérdida de seis a diez años.

Artículo 419

La autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, recibe o solicita, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución, o acepta ofrecimiento o promesa, para realizar en el ejercicio del cargo un acto contrario a sus deberes o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar: prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de nueve a doce años, más la pena del acto si es delito.

Artículo 420

La autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, recibe o solicita, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o acepta ofrecimiento o promesa, para realizar un acto propio de su cargo incurre en prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo de cinco a nueve años.

Artículo 421

Las penas señaladas en los artículos precedentes se imponen también cuando la dádiva, favor o retribución se recibe o se solicita por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos.

Artículo 422

La autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, admite, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le ofrezcan en consideración a su cargo o función incurre en prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Artículo 423

Las normas de los artículos precedentes sobre cohecho se aplican igualmente a jurados y árbitros, nacionales o internacionales, a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, a administradores concursales y a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública.

Artículo 424

El particular que ofrece o entrega dádiva o retribución a una autoridad, funcionario o persona que participe en la función pública, para un acto contrario a sus deberes o propio del cargo, para que no realice o retrase el debido, o en consideración a su cargo, recibe las mismas penas de prisión y multa que el corrompido, también si entrega atendiendo a su solicitud. Si afecta a contratación, subvenciones o subastas públicas, al particular y, en su caso, a la entidad que represente se les impone inhabilitación para subvenciones, contratos públicos y beneficios fiscales y de Seguridad Social de cinco a diez años.

Artículo 425

Cuando el soborno se produce en una causa criminal a favor del reo y lo realiza su cónyuge, la persona ligada a él de forma estable por análoga relación de afectividad, o un ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, al sobornador se le impone la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 426

Queda exento de pena por cohecho el particular que accedió ocasionalmente a una solicitud de dádiva u otra retribución hecha por autoridad o funcionario y denuncia el hecho a la autoridad que tenga el deber de averiguarlo, siempre que lo haga antes de la apertura del procedimiento y sin que hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.

Artículo 427

Lo dispuesto en los artículos precedentes sobre cohecho se aplica también cuando las conductas las realizan o afectan a: quien ostenta cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la UE o extranjero, por nombramiento o elección; quien ejerce función pública para un país de la UE o extranjero (incluidos organismos y empresas públicas), para la UE o para otra organización internacional pública; funcionarios o agentes de la UE o de una organización internacional pública; y quien gestiona intereses financieros de la UE o decide sobre ellos.

Artículo 427 bis

Si una persona jurídica es responsable (art. 31 bis) de un delito de cohecho, se le impone multa según la pena de la persona física: más de cinco años de prisión, multa de dos a cinco años o del triple al quíntuple del beneficio; más de dos años de privación de libertad, de uno a tres años o del doble al cuádruple; resto de casos, de seis meses a dos años o del doble al triple. En cada caso rige la cantidad proporcional si es más elevada. Además, el juez puede imponer las penas de las letras b) a g) del art. 33.7, atendiendo al art. 66 bis.

Artículo 428

Comete tráfico de influencias el funcionario o autoridad que influye en otro funcionario o autoridad prevaliéndose de las facultades de su cargo o de su relación personal o jerárquica, para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico propio o de un tercero. Penas: prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial (empleo o cargo y sufragio pasivo) de cinco a nueve años. Si obtiene el beneficio, las penas van en su mitad superior.

Artículo 429

El particular que influye en un funcionario o autoridad prevaliéndose de su relación personal con éste o con otro funcionario, para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico propio o ajeno, es castigado con prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido y prohibición de contratar con el sector público, más la pérdida de subvenciones y ayudas públicas y de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, por seis a diez años. Si obtiene el beneficio, penas en su mitad superior.

Artículo 430

Quienes, ofreciéndose a realizar las conductas de los dos artículos anteriores, piden a terceros dádivas, presentes u otra remuneración, o aceptan ofrecimiento o promesa, son castigados con prisión de seis meses a un año; si es autoridad o funcionario, además inhabilitación especial (cargo o empleo y sufragio pasivo) de uno a cuatro años. La persona jurídica responsable (art. 31 bis) recibe multa de seis meses a dos años, y el juez puede añadir las penas b) a g) del art. 33.7, atendiendo al art. 66 bis.

Artículo 431

Artículo 432

Con ánimo de lucro, la autoridad o funcionario que se apropia, o consiente que un tercero se apropie, del patrimonio público a su cargo: prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 6 a 10. Agravado (prisión de 4 a 8 e inhabilitación absoluta de 10 a 20): daño o entorpecimiento graves al servicio, más de 50.000 euros, o bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico o efectos para aliviar una calamidad pública. Más de 250.000 euros: prisión en mitad superior, hasta la superior en grado. Menos de 4.000 euros: prisión de 1 a 2 años, multa e inhabilitación especial de 1 a 5.

Artículo 432 bis

La autoridad o funcionario que, sin ánimo de apropiárselo, destina a usos privados el patrimonio público a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de ellas, incurre en prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. Si no reintegra los mismos elementos distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le imponen las penas del artículo anterior.

Artículo 433

La autoridad o funcionario que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, da al patrimonio público que administra una aplicación pública distinta de la que tiene asignada, sufre: si resulta daño o entorpecimiento graves del servicio, prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de dos a seis años; si no resulta, inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses.

Artículo 433 bis

La autoridad o funcionario que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a su entidad pública y fuera de los casos del art. 390, falsea su contabilidad, los documentos sobre su situación económica o su información, sufre inhabilitación especial de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses. Las mismas penas para quien facilita a terceros información mendaz sobre esa situación económica. Si se llega a causar el perjuicio: prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 433 ter

Definición a efectos de todo el Código Penal: patrimonio público es todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las Administraciones públicas. Tienen que darse dos notas: que los bienes o derechos tengan contenido económico-patrimonial y que pertenezcan a una Administración pública.

Artículo 434

Atenuación para la malversación: si el culpable de cualquiera de los delitos del capítulo repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o colabora activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para identificar o capturar a otros responsables o esclarecer por completo los hechos, los jueces y tribunales le imponen la pena inferior en uno o dos grados.

Artículo 435

El capítulo de la malversación se extiende a: 1.º los encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas; 2.º los particulares designados legalmente depositarios de caudales o efectos públicos; 3.º los administradores o depositarios de bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque sean de particulares; 4.º los administradores concursales (alterar dolosamente el orden de pagos afecta a los acreedores); 5.º las personas jurídicas responsables (art. 31 bis), con multa escalonada según la pena de la persona física.

Artículo 435 bis

Artículo 436

Fraude: la autoridad o funcionario que, interviniendo por su cargo en actos de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a un ente público, sufre prisión de dos a seis años e inhabilitación especial (empleo o cargo y sufragio pasivo) de seis a diez años. Al particular concertado: la misma prisión e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, contratar con el sector público y gozar de beneficios fiscales y de la Seguridad Social, de dos a siete años.

Artículo 437

Exacciones ilegales: la autoridad o funcionario que exige, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no se deben o en cuantía mayor a la legal, es castigado con multa de seis a veinticuatro meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a cuatro años, sin perjuicio de los reintegros a que esté obligado.

Artículo 438

La autoridad o funcionario que, abusando de su cargo, comete estafa o fraude de prestaciones de la Seguridad Social del art. 307 ter, sufre la pena de ese delito en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de tres a nueve años, salvo que los hechos tengan pena más grave en otro precepto del Código.

Artículo 438 bis

Enriquecimiento injustificado: la autoridad que, durante su cargo y hasta cinco años después de cesar, obtiene un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por más de 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se niega abiertamente a cumplir los requerimientos de los órganos competentes para comprobar su justificación, es castigada con prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial (empleo o cargo y sufragio pasivo) de dos a siete años.

Artículo 439

Negociaciones prohibidas: la autoridad o funcionario que, debiendo intervenir por su cargo en un contrato, asunto, operación o actividad, se aprovecha para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en ese negocio, sufre prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial (empleo o cargo y sufragio pasivo) de dos a siete años.

Artículo 440

Se castiga a quienes se conduzcan como en el artículo anterior: peritos, árbitros y contadores partidores respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación intervinieron; tutores, curadores o albaceas respecto de los bienes de sus pupilos o testamentarías; y administradores concursales respecto de la masa del concurso. Pena: multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, de tres a seis años, salvo pena mayor en otro precepto.

Artículo 441

La autoridad o funcionario que, fuera de los casos admitidos en leyes o reglamentos, realiza por sí o por persona interpuesta una actividad profesional o de asesoramiento, permanente o accidental, para entidades privadas o particulares, en un asunto en que deba intervenir o haya intervenido por su cargo, o que se tramite, informe o resuelva en la oficina o centro directivo en que esté destinado o del que dependa, sufre multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de dos a cinco años.

Artículo 442

Quien, siendo autoridad o funcionario, usa un secreto conocido por su cargo o una información privilegiada para obtener un beneficio económico propio o ajeno, sufre multa del tanto al triplo e inhabilitación especial de dos a cuatro años. Si obtiene el beneficio: prisión de uno a tres años, multa del tanto al séxtuplo e inhabilitación de cuatro a seis años. Si resulta grave daño para la causa pública o un tercero: prisión de uno a seis años e inhabilitación de nueve a doce. Información privilegiada: la concreta que se tiene solo por el cargo y no ha sido notificada, publicada o divulgada.

Artículo 443

1: la autoridad o funcionario que solicita sexualmente a quien tiene pretensiones (propias o de cónyuge, pareja estable o parientes) pendientes de su resolución o sobre las que deba informar o consultar a su superior: prisión de uno a dos años e inhabilitación absoluta de seis a doce. 2: el funcionario de prisiones, centros de menores, de internamiento de extranjeros u otros de custodia que lo hace con una persona bajo su guarda: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta de seis a doce. 3: mismas penas si la solicitada es pariente, cónyuge o pareja de quien está bajo su guarda.

Artículo 444

Las penas del artículo anterior, por la solicitud sexual de la autoridad o funcionario, se imponen sin perjuicio de las que correspondan por los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos. Es decir, si además de la solicitud se comete un delito contra la libertad sexual, también se castiga ese delito.

Artículo 445

Disposición común a todo el título de delitos contra la Administración pública: la provocación, la conspiración y la proposición para cometer cualquiera de esos delitos se castigan, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

Los particulares exigirán directamente a la Administración las indemnizaciones por los daños causados por sus autoridades y personal. La Administración, una vez haya indemnizado, exigirá de oficio en vía administrativa a esas autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el resultado. El mismo procedimiento se instruye por los daños causados en los bienes o derechos de la propia Administración cuando concurra dolo o culpa o negligencia graves.

Artículo 37. Responsabilidad penal

La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá conforme a la legislación correspondiente. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial.