Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

Artículo 11

Capítulo IV. Actividades privadas

En pocas palabras

El personal no puede ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o ajena, que se relacionen directamente con las que desarrolle su Departamento, Organismo o Entidad de destino. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. El Gobierno, por Real Decreto, puede declarar con carácter general funciones, puestos o colectivos incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas.

Explicación sencilla

Es la regla básica de las actividades privadas: prohíbe las relacionadas directamente con el destino del empleado para evitar conflictos de intereses, con una excepción para gestionar asuntos propios, y habilita al Gobierno para ampliar por Real Decreto las incompatibilidades por colectivos.

Regla mnemotécnica

Lo tuyo, sí; lo de tu Departamento, no: se permite actuar para sí en ejercicio de un derecho, pero no en actividades directamente relacionadas con tu destino.

Trampa típica de examen

Creer que la prohibición solo alcanza a la actividad ejercida personalmente: también se prohíbe ejercerla mediante sustitución.

Texto del artículo 11 de la Ley 53/1984 (LIPAP)

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.

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