Tema 28 del temario de Administrativo del Estado 2026

Artículo 1

Regla general: el personal incluido en la Ley no puede desempeñar, por sí o mediante sustitución, un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, ni percibir más de una remuneración pública, salvo en los supuestos de la propia Ley. Remuneración es cualquier derecho económico derivado de una prestación o servicio personal, fijo o variable, periódico u ocasional. Además, el puesto es incompatible con cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

Artículo 2

La Ley se aplica, entre otros, al personal civil y militar del Estado, al de las Comunidades Autónomas y sus Asambleas, al de las Corporaciones Locales, al retribuido por arancel, al de la Seguridad Social, al del Banco de España y las instituciones financieras públicas, al de entidades cuyo presupuesto se dote en más de un 50 por cien con fondos públicos y al de empresas con participación pública superior al 50 por 100. Incluye a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo.

Artículo 3

Solo cabe un segundo puesto o actividad pública en los supuestos de la Ley para las funciones docente y sanitaria, en los de los artículos 5 y 6 y en los que, por interés público, determine el Consejo de Ministros por Real decreto o el órgano de gobierno autonómico; en este último caso, solo en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada. Exige autorización previa y expresa. El puesto público es incompatible con cobrar pensión de jubilación o retiro, que queda en suspenso; salvo, en el ámbito laboral, la jubilación parcial con un puesto a tiempo parcial.

Artículo 4

Puede autorizarse la compatibilidad como Profesor universitario asociado con dedicación no superior a tiempo parcial. El personal docente e investigador universitario puede compatibilizar un segundo puesto sanitario o exclusivamente investigador en el sector público, dentro del área de su departamento y si ambos puestos son a tiempo parcial, y a la inversa. También cabe para profesores de Enfermería en el sector sanitario y, a tiempo parcial y salvo la prohibición del artículo 16.1, en el sector público cultural y en formación profesional.

Artículo 5

Por excepción, cabe compatibilizar el puesto con ser miembro de una Asamblea Legislativa autonómica, salvo que cobre retribuciones periódicas por esa función o que se establezca la incompatibilidad, y con el de miembro de una Corporación local, salvo que desempeñe cargos retribuidos con dedicación exclusiva. Solo cobra la retribución de una de las dos actividades, más dietas, indemnizaciones o asistencias por la otra. Con dedicación parcial local puede cobrar por ella si la ejerce fuera de su jornada y sin superar los límites generales.

Artículo 6

Excepcionalmente puede autorizarse la compatibilidad para investigación no permanente o asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos que no correspondan a funciones del personal de la Administración. La excepción se acredita por asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales calificaciones que solo tengan personas incluidas en la Ley. El personal investigador de Organismos Públicos de Investigación, Universidades públicas y otras entidades públicas de investigación puede ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por ellos.

Artículo 7

Para autorizar dos actividades públicas, lo cobrado por ambas no puede superar la remuneración del Director General en los Presupuestos Generales del Estado, ni la del puesto principal en dedicación ordinaria incrementada en un 30 % (grupo A), 35 % (B), 40 % (C), 45 % (D) o 50 % (E). Superar estos límites anuales exige acuerdo expreso del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno local por especial interés del servicio. El segundo puesto no computa para trienios ni derechos pasivos; pagas extraordinarias y prestaciones familiares solo por un puesto.

Artículo 8

Quien, en representación del sector público, forme parte de Consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas solo puede cobrar dietas o indemnizaciones por asistencia, según el régimen general de las Administraciones Públicas; lo devengado por otros conceptos lo ingresa la entidad en la Tesorería pública. No se puede pertenecer a más de dos de esos órganos, salvo autorización excepcional para supuestos concretos por acuerdo del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.

Artículo 9

Autoriza o deniega la compatibilidad para un segundo puesto público el Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Corporación Local al que esté adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de Organismos, Entes y Empresas públicas. Se necesita además informe previo favorable del órgano autonómico o Pleno según la adscripción del segundo puesto; si ambos son del Estado, lo emite la Subsecretaría del Departamento del segundo puesto.

Artículo 10

Quien accede a un nuevo puesto público incompatible con el que ya ocupa debe optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Si no opta, se entiende que elige el nuevo y pasa a excedencia voluntaria en el anterior. Si los puestos pueden compatibilizarse con autorización, debe pedirla en los diez primeros días del plazo de toma de posesión, que se entiende prorrogado mientras no se resuelva.

Artículo 11

El personal no puede ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o ajena, que se relacionen directamente con las que desarrolle su Departamento, Organismo o Entidad de destino. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. El Gobierno, por Real Decreto, puede declarar con carácter general funciones, puestos o colectivos incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas.

Artículo 12

En todo caso el personal no puede: a) ejercer actividades privadas en asuntos en que intervenga, haya intervenido en los dos últimos años o deba intervenir por su puesto, ni atender profesionalmente a quienes deba atender en él; b) pertenecer a consejos de administración de empresas privadas cuya actividad se relacione directamente con la que gestione su Departamento; c) ocupar cargos en concesionarias, contratistas o empresas con participación o aval público; d) tener más del 10 % de su capital. Las privadas de media jornada semanal o más solo caben con un puesto público a tiempo parcial.

Artículo 13

A quien tenga autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública no se le puede reconocer ninguna compatibilidad para actividades privadas si la suma de las jornadas de ambos puestos públicos es igual o superior a la jornada máxima en las Administraciones Públicas.

Artículo 14

Ejercer actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración exige el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución, motivada, se dicta en dos meses y corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento; al órgano autonómico competente o al Pleno de la Corporación Local. No puede modificar jornada ni horario y queda sin efecto si se cambia de puesto público. Quien ya tenga un segundo puesto público debe pedirlo para ambos.

Artículo 15

El personal incluido en la Ley no puede invocar ni hacer uso de su condición pública para ejercer una actividad mercantil, industrial o profesional. La prohibición alcanza tanto a invocar esa condición como a hacer uso de ella, y se refiere a esas tres clases de actividad.

Artículo 16

No puede autorizarse ni reconocerse compatibilidad al personal cuyas retribuciones complementarias incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel ni al personal directivo, incluido el de alta dirección. Se exceptúan el Profesor asociado del artículo 4.1 y la investigación o asesoramiento del artículo 6, salvo para el docente universitario a tiempo completo. Puede reconocerse compatibilidad privada a quien cobre complemento específico no superior al 30 % de su retribución básica, sin contar la antigüedad.

Artículo 17

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, respecto del personal de los servicios periféricos regionales, y los Gobernadores civiles, respecto del de los servicios periféricos provinciales, ejercen las facultades que la Ley atribuye a los Subsecretarios sobre el personal de la Administración Civil del Estado, sus Organismos autónomos y la Seguridad Social. En las Universidades, las facultades de Subsecretarías y órganos autonómicos corresponden al Rector, respecto de su personal y en el marco de su Estatuto.

Artículo 18

Todas las resoluciones de compatibilidad, tanto para un segundo puesto o actividad pública como para actividades privadas, se inscriben en los Registros de Personal correspondientes. En el caso del segundo puesto público, la inscripción es requisito indispensable para que puedan acreditarse haberes por ese puesto o actividad.

Artículo 19

Quedan exceptuadas de la Ley: administrar el patrimonio personal o familiar; dirigir seminarios o dar cursos en centros oficiales de formación de funcionarios o profesorado si no son permanentes ni habituales ni pasan de 75 horas al año, y preparar oposiciones según reglamento; formar parte de tribunales de selección; ciertas pruebas del personal docente; ser miembro no retribuido de juntas de mutualidades o patronatos de funcionarios; la creación literaria, artística, científica y técnica no derivada de un empleo; y la participación o colaboración ocasional en medios, congresos y cursos.

Artículo 20

Incumplir la Ley se sanciona según el régimen disciplinario aplicable, sin perjuicio de que la incompatibilidad se ejecute. Una actividad compatible no excusa el deber de residencia, la asistencia al trabajo ni el atraso, negligencia o descuido; si esas faltas se califican de graves o muy graves, la compatibilidad queda revocada automáticamente. Los órganos de dirección, inspección o jefatura deben prevenir o corregir las incompatibilidades, y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública coordina e impulsa a los órganos de inspección en la Administración del Estado.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

Funcionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.

Artículo 96. Sanciones

Sanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.

Artículo 1

El Reglamento de Régimen Disciplinario se aplica al personal funcionario comprendido en el artículo 1, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. El artículo no enumera a ese personal: delimita su ámbito de aplicación por remisión a esa ley.

Artículo 2

Los funcionarios en prácticas también están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento, pero solo en la medida que les sea de aplicación. Esa sujeción se entiende sin perjuicio de las normas especiales que regulen su procedimiento de selección.

Artículo 3

Para los demás funcionarios al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, las disposiciones de este tienen carácter supletorio.

Artículo 4

El régimen disciplinario del Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios. Esa responsabilidad civil o penal se hará efectiva en la forma que determine la Ley.

Artículo 5

Artículo 6

Son faltas muy graves: incumplir la fidelidad a la Constitución; discriminación; abandono de servicio; acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; publicar o usar indebidamente secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento con inhibición; violar la neutralidad política para influir en procesos electorales; incumplir las incompatibilidades; obstaculizar libertades públicas y derechos sindicales; coartar la huelga; hacer huelga teniéndola prohibida por ley; desatender servicios esenciales en huelga; limitar la libre expresión; y tres faltas graves sancionadas en un año.

Artículo 7

Son faltas graves: desobediencia; abuso de autoridad; delito doloso ligado al servicio o dañoso; tolerar faltas muy graves o graves de subordinados; grave desconsideración; daños graves; no abstenerse; informes o acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio; falta de rendimiento; faltar al sigilo; plazos de incompatibilidades; diez horas al mes de jornada incumplida; tercera inasistencia en tres meses tras dos sancionadas como leves; grave perturbación; atentado grave a la dignidad; grave falta de consideración con administrados; evadir el control horario. Mes: del día primero al último.

Artículo 8

Son faltas leves cinco conductas: el incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave; la falta de asistencia injustificada de un día; la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados; el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones; y el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deba calificarse como falta muy grave o grave.

Artículo 9

Artículo 10

Los funcionarios en situación distinta de la de servicio activo pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas del Reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. Si la sanción no puede cumplirse cuando se dicta la resolución, porque la situación administrativa del funcionario lo impide, se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 11

No puede exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. En cambio, perder esa condición no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó.

Artículo 12

Los funcionarios que induzcan a otros a realizar actos o conducta constitutivos de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad que estos. Si la falta no llega a consumarse, también incurren en responsabilidad, de acuerdo con los criterios del artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

Artículo 13

También incurren en responsabilidad los funcionarios que encubran las faltas consumadas muy graves y graves, cuando de ese acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos. Serán sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el artículo anterior.

Artículo 14

Por razón de las faltas a que se refiere el Reglamento pueden imponerse cuatro sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento. La letra d) de la lista figura como derogada.

Artículo 15

Artículo 16

Las sanciones de los apartados b) o c) del artículo 14 pueden imponerse por faltas graves o muy graves. La suspensión de funciones por falta muy grave dura entre tres y seis años; por falta grave no excede de tres. Si la suspensión firme no excede del período de suspensión provisional, no comporta necesariamente pérdida del puesto. El sancionado con traslado con cambio de residencia no puede obtener nuevo destino en la localidad de origen durante tres años (falta muy grave) o uno (falta grave), contados desde que se efectuó el traslado.

Artículo 17

Artículo 18

Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden imponerse en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento del título II del Reglamento. Para sancionar faltas leves no es preceptiva la previa instrucción de ese expediente, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso.

Artículo 19

La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Si durante el procedimiento sancionador el inculpado pierde la condición de funcionario, se dicta resolución que, invocando la causa, declara extinguido el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y ordena el archivo, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. A la vez quedan sin efecto las medidas provisionales adoptadas respecto del inculpado.

Artículo 20

Las faltas muy graves prescriben a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes, contados desde que la falta se hubiere cometido. La prescripción se interrumpe por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución de incoación del expediente debe ser debidamente registrada. El plazo vuelve a correr si el expediente permanece paralizado más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al procedimiento.

Artículo 21

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que impone la sanción, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.

Artículo 22

Artículo 23

Si en cualquier momento del procedimiento el instructor aprecia que la presunta falta puede ser delito o falta penal, lo pone en conocimiento de la autoridad que ordenó la incoación del expediente, para su comunicación al Ministerio Fiscal. Regla general: el expediente disciplinario continúa hasta su resolución y sanción, si procede. Excepción: debe suspenderse hasta que recaiga resolución judicial cuando los hechos puedan ser delitos de funcionarios contra el ejercicio de los derechos de la persona o en el ejercicio de sus cargos (títulos II y VII del Libro segundo del Código Penal).

Artículo 24

El Subsecretario del Departamento puede acordar, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, sea cual sea la causa de este, siempre que no la haya adoptado ya la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. Cuando la declara la autoridad administrativa, la suspensión se rige por los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y puede prolongarse durante todo el procesamiento.

Artículo 25

Artículo 26

La tramitación, las comunicaciones y las notificaciones se ajustan «en todo» a la Ley de Procedimiento Administrativo; en concreto, a su título IV, capítulo II, secciones primera y segunda. El artículo no contiene reglas propias: se limita a remitir a esa parte de la Ley.

Artículo 27

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Ese acuerdo puede nacer de la propia iniciativa del órgano o ser consecuencia de orden superior, de moción razonada de los subordinados o de denuncia. Si se inicia como consecuencia de denuncia, el acuerdo debe comunicarse al firmante de la misma.

Artículo 28

Artículo 29

Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, en todo caso, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario. También pueden acordarla los Directores generales, respecto del personal dependiente de su Dirección General, y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial. La incoación puede acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario.

Artículo 30

En la resolución por la que se incoa el procedimiento se nombra Instructor, que debe ser un funcionario público de un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Si depende de otro Departamento, se requiere la previa autorización del Subsecretario de este. El Secretario solo se nombra cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, y en todo caso debe tener la condición de funcionario.

Artículo 31

La incoación del procedimiento, junto con el nombramiento del Instructor y del Secretario, se notifica a dos tipos de destinatarios: al funcionario sujeto a expediente y a los designados para ostentar los cargos de Instructor y Secretario.

Artículo 32

Al Instructor y al Secretario se les aplican las normas de abstención y recusación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El derecho de recusación puede ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario. La abstención y la recusación se plantean ante la Autoridad que acordó el nombramiento, que debe resolver en el término de tres días.

Artículo 33

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación puede adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La suspensión provisional puede acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento, en los términos y con los efectos de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Límite: no caben medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.

Artículo 34

El Instructor ordena las diligencias adecuadas para determinar y comprobar los hechos y, en particular, las pruebas que puedan conducir a esclarecerlos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Como primeras actuaciones, recibe declaración al presunto inculpado y evacua las diligencias que se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación y de lo alegado por aquel. Todos los Organismos y dependencias de la Administración deben facilitarle los antecedentes e informes necesarios y los medios personales y materiales que precise.

Artículo 35

El Instructor formula el pliego de cargos en un plazo no superior a un mes desde la incoación del procedimiento; por causas justificadas puede solicitar su ampliación. El pliego comprende los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones aplicables, conforme al artículo 14 del Reglamento. Se redacta de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada hecho imputado. Al elaborarlo, el Instructor debe proponer el mantenimiento o levantamiento de la suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

Artículo 36

El pliego de cargos se notifica al inculpado y se le concede un plazo de diez días para contestarlo, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y aportando cuantos documentos considere de interés. En este mismo trámite debe solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que crea necesarias para su defensa.

Artículo 37

Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor puede acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas y de todas aquellas que considere pertinentes. Para practicar las pruebas se dispone del plazo de un mes. El Instructor puede denegar la admisión y práctica de las pruebas dirigidas a averiguar cuestiones que considere innecesarias; debe motivar la denegación, y contra esa resolución no cabe recurso del inculpado.

Artículo 38

Artículo 39

Para la práctica de las pruebas propuestas, y también de las de oficio cuando se estime oportuno, se notifica al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que deberán realizarse. Debe incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.

Artículo 40

La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario. Ello no impide que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.

Artículo 41

Cumplimentadas las diligencias previstas en el título, se da vista del expediente al inculpado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se le facilita copia completa del expediente cuando así lo solicite.

Artículo 42

El Instructor formula la propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes. En ella fija con precisión los hechos, motiva, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado y hace la valoración jurídica de los hechos para determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer.

Artículo 43

La propuesta de resolución la notifica el Instructor al interesado. Con ella se abre un plazo de diez días para que el interesado pueda alegar, ante el propio Instructor, cuanto considere conveniente en su defensa. Tres datos que retener: quién notifica (el Instructor), cuánto tiempo hay (diez días) y ante quién se alega (el Instructor).

Artículo 44

Oído el inculpado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, el expediente completo se remite con carácter inmediato al órgano que acordó la incoación del procedimiento. Ese órgano tiene dos salidas: remitirlo al órgano competente para que dicte la decisión que corresponda o, en su caso, ordenar al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.

Artículo 45

La resolución pone fin al procedimiento disciplinario y debe adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del servicio. Resuelve todas las cuestiones planteadas en el expediente, ha de ser motivada y no puede aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, aunque sí puede darles una valoración jurídica distinta.

Artículo 46

El órgano competente para imponer la sanción puede devolver el expediente al Instructor para que practique las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En ese caso, antes de remitir de nuevo el expediente a dicho órgano, se da vista de lo actuado al funcionario inculpado para que en diez días alegue cuanto estime conveniente.

Artículo 47

Separación del servicio: la impone el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14: Ministros y Secretarios de Estado del Departamento de destino, o Subsecretarios por delegación; si son faltas de incompatibilidades con actividades en diferentes Ministerios, el Ministro de la Presidencia. Sanciones de los apartados d) y e): Subsecretario en todo caso, Directores generales para su personal y Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en su ámbito territorial.

Artículo 48

La resolución debe determinar con toda precisión la falta cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción, y declarar expresamente sobre las medidas provisionales adoptadas. Si aprecia que no hay falta o responsabilidad, hace las declaraciones pertinentes sobre esas medidas. Se notifica al inculpado con los recursos que quepan, el órgano ante el que presentarlos y los plazos; si hubo denuncia, debe notificarse al firmante de esta.

Artículo 49

Las sanciones disciplinarias se ejecutan según los términos de la resolución que las impone y en el plazo máximo de un mes. Ese plazo solo cede cuando, por causas justificadas, la propia resolución establece otro distinto.

Artículo 50

El Ministro de la Presidencia puede acordar la inejecución de la sanción; el órgano competente para resolver puede acordar su suspensión temporal, por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción es de separación del servicio, el acuerdo de inejecución o de suspensión corresponde al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos se adoptan de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada.

Artículo 51

Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios se anotan en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación de esas anotaciones se produce de oficio o a instancia del interesado, en la forma prevista en el número 2 del artículo 93 de la Ley de Funcionarios, de 7 de febrero de 1964. Las sanciones canceladas, o que hubieran podido serlo, en ningún caso se computan a efectos de reincidencia.