Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

Artículo 8

Capítulo III. Actividades públicas

En pocas palabras

Quien, en representación del sector público, forme parte de Consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas solo puede cobrar dietas o indemnizaciones por asistencia, según el régimen general de las Administraciones Públicas; lo devengado por otros conceptos lo ingresa la entidad en la Tesorería pública. No se puede pertenecer a más de dos de esos órganos, salvo autorización excepcional para supuestos concretos por acuerdo del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.

Explicación sencilla

Evita que la representación pública en consejos de administración se convierta en una fuente de ingresos o en una acumulación de puestos: limita lo que se cobra a dietas o indemnizaciones por asistencia y el número de consejos a dos, con una excepción tasada.

Regla mnemotécnica

Dos consejos y dietas: máximo dos consejos y solo dietas por asistir; el resto, a la Tesorería.

Trampa típica de examen

Pensar que el exceso sobre las dietas lo devuelve el propio empleado: las cantidades devengadas por otros conceptos las ingresa directamente la Entidad o Empresa en la Tesorería pública.

Texto del artículo 8 de la Ley 53/1984 (LIPAP)

1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones Públicas. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto serán ingresadas directamente por la Entidad o Empresa en la Tesorería pública que corresponda. No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere el apartado anterior, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente.

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