Tema 69 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral

El personal laboral de las Administraciones públicas se rige por la legislación laboral, por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan. Excepción: en los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto, y no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensiones del contrato de trabajo por esos mismos supuestos de hecho.

Artículo 11. Personal laboral

Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas; el contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijarán los criterios para determinar los puestos que puede desempeñar, respetando el artículo 9.2. La selección es pública y se rige por igualdad, mérito y capacidad; en el laboral temporal, también por celeridad, para atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Artículo 14. Derechos individuales

Derechos individuales de los empleados públicos: inamovilidad del funcionario de carrera; desempeño efectivo de sus funciones; progresión en la carrera y promoción interna; retribuciones e indemnizaciones; participar en los objetivos de su unidad y ser informado; defensa jurídica ante cualquier orden jurisdiccional; formación continua, preferentemente en horario laboral; respeto a la intimidad y dignidad; no discriminación; conciliación; intimidad y desconexión digital; libertad de expresión; seguridad y salud; vacaciones y permisos; jubilación; Seguridad Social; libre asociación profesional.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Los empleados públicos tienen cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos del artículo 46 del Estatuto.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral

El personal laboral tiene derecho a la promoción profesional. Su carrera profesional y su promoción se hacen efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral

Las retribuciones del personal laboral se determinan conforme a tres fuentes: la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. En todo caso debe respetarse lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

El régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral no se detalla en este artículo: se limita a indicar que se estará a lo establecido en este capítulo del Estatuto y en la legislación laboral correspondiente. Son, por tanto, dos fuentes a la vez: el capítulo y la legislación laboral.

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 53. Principios éticos

Principios éticos: respetar la Constitución y el ordenamiento; perseguir los intereses generales con objetividad, imparcialidad e interés común; lealtad y buena fe; respeto de los derechos fundamentales sin discriminación; abstenerse si hay interés personal; no contraer obligaciones económicas con conflicto de intereses; no aceptar tratos de favor de personas físicas o entidades privadas; eficacia, economía y eficiencia; no influir en la agilización de trámites sin justa causa; diligencia y resolver en plazo; dedicación al servicio público; secreto de las materias clasificadas y discreción.

Artículo 54. Principios de conducta

Principios de conducta: tratar con atención y respeto a ciudadanos, superiores y demás empleados; cumplir jornada y horario; obedecer las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento, que se comunica inmediatamente a los órganos de inspección; informar a los ciudadanos; administrar los bienes públicos con austeridad; rechazar regalos que excedan de los usos habituales, sociales y de cortesía; garantizar la constancia de los documentos; mantener actualizada la formación; observar la seguridad y salud laboral; proponer mejoras; atender en la lengua oficial solicitada.

Artículo 55. Principios rectores

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones, entidades y organismos del artículo 2 seleccionan a su personal funcionario y laboral garantizando esos principios y estos: publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en su actuación; adecuación entre el contenido de los procesos y las funciones o tareas; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

Artículo 61. Sistemas selectivos

Procesos abiertos y de libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y la discriminación positiva. Si se valoran méritos, su puntuación será proporcionada y no determinará por sí misma el resultado. Funcionarios de carrera: oposición y concurso-oposición; concurso solo por ley y con carácter excepcional. Laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso. No pueden proponerse más aprobados que plazas, salvo que lo prevea la convocatoria; ante renuncias, el órgano convocante puede pedir al de selección una relación complementaria.

Artículo 77. Clasificación del personal laboral

Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral

La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se realizan, en primer lugar, de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación. En su defecto, se acude al sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación. Los convenios colectivos pueden determinar que este capítulo se aplique al personal incluido en su ámbito de aplicación, pero solo en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 1. Ambito funcional

El ámbito funcional del Convenio abarca toda la actividad propia de la Administración de la Junta de Andalucía, sea cual sea el lugar donde se realice: todos sus centros y dependencias, sus Organismos Autónomos y los servicios que dependen de ella.

Artículo 2. Ambito personal

El Convenio regula las condiciones de trabajo de todo el personal con relación jurídico laboral que preste sus servicios y perciba sus retribuciones con cargo a las dotaciones presupuestarias aprobadas para el personal laboral en el Estado de Gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del ámbito funcional señalado en el artículo anterior.

Artículo 3. Exclusiones

Quedan fuera del Convenio: a) el personal laboral de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud; b) el contratado laboral de Empresas públicas, sea cual sea la participación de la Junta; c) los profesionales con contratos para trabajos específicos por minuta o presupuestos, sin carácter de contratado laboral; d) el personal de empresas con contrato de obras o servicios con la Junta o sus Organismos Autónomos, aunque trabaje en sus locales; e) el temporero eventual agrícola, ganadero, forestal o pesquero; f) becarios, colaboración social y fórmulas no estrictamente laborales.

Artículo 4. Ambito temporal

El Convenio entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y su duración llega hasta el 31 de diciembre de 2006. Son dos datos: el momento de entrada en vigor, ligado a la publicación, y la fecha final de su duración.

Artículo 5. Denuncia, prórroga y revisión

Cualquiera de las partes firmantes puede pedir la revisión del Convenio mediante denuncia notificada por escrito a la otra, con al menos un mes de antelación al vencimiento de la vigencia o de cualquiera de las prórrogas. Sin denuncia en plazo, se prorroga tácitamente por períodos anuales completos, en sus cláusulas normativas y obligacionales. Denunciado, la Comisión Negociadora se constituye en el plazo máximo de un mes y fija el calendario en su primera reunión; hasta que se logre acuerdo que lo sustituya sigue vigente en todas sus cláusulas.

Artículo 6. Igualdad de oportunidades y no discriminación

Las partes firmantes se obligan a tres cosas: promover el principio de igualdad de oportunidades; eliminar toda disposición, medida o práctica laboral discriminatoria por nacimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y cualquier obstáculo que impida acceder y desempeñar en igualdad las funciones y puestos de trabajo públicos; y desarrollar la legislación vigente sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Artículo 7. Absorción y compensación

Todas las condiciones establecidas en el Convenio, cualquiera que sea su naturaleza, sustituyen, compensan y absorben a las que existían en la fecha de su entrada en vigor, fuese cual fuese su naturaleza, origen o denominación. La operación se hace en su conjunto y en cómputo anual.

Artículo 8. Indivisibilidad del Convenio

Las condiciones pactadas en el Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, se consideran global y conjuntamente. Por eso, si algunas de sus disposiciones resultan anuladas judicialmente o no aprobadas administrativamente, se procede a renegociar el Convenio en su totalidad.

Artículo 9. Comisión del Convenio

La Comisión del Convenio se constituye en un plazo no superior a quince días desde la publicación en el BOJA. La forman 10 representantes del personal (5 UGT, 4 CC.OO., 1 CSI-CSIF) y 10 de la Junta, incluido el Presidente: quien ostente la titularidad de la Secretaría General para la Administración Pública o persona en quien delegue. El Secretario o Secretaria tiene voz pero no voto. Acuerda por mayoría de cada una de las partes. El plenario se reúne una vez al trimestre y la Permanente una vez al mes. La información se le suministra en un máximo de quince días hábiles.

Artículo 10. Subcomisiones de la Comisión del Convenio

Hay una Subcomisión por cada Consejería, limitada a las facultades de la letra c) del apartado 3 del artículo anterior: carece de eficacia todo acuerdo suyo que ejerza otras competencias. Existen además las Subcomisiones de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo (modificación y revisión de Relaciones de Puestos de Trabajo y cuantificación del complemento de puesto), de Formación Profesional y Perfeccionamiento, de Salud Laboral, de Acción Social y para la Igualdad; su composición y funciones se determinan en la Comisión del Convenio, que también puede crear Grupos de trabajo.

Artículo 11. Organización del trabajo

La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Administración, que la ejerce a través de su personal directivo. Ello se entiende sin perjuicio del reconocimiento del derecho a la negociación colectiva y del mantenimiento y mejora de los cauces de participación colectiva de las organizaciones sindicales firmantes del Convenio.

Artículo 12. Criterios inspiradores de la organización del trabajo

Criterios inspiradores de la organización del trabajo: mejora del rendimiento de los servicios públicos adecuando plantillas a las necesidades reales; mejora de la calidad del empleo (profesionalización, promoción y formación); racionalización y mejora de procesos operativos; valoración de puestos; evaluación del desempeño; salud y seguridad. Las Organizaciones Sindicales firmantes participan donde se establezcan o modifiquen condiciones de trabajo, con previa negociación necesaria. Se fomenta la participación de Comités de Empresa, Delegadas y Delegados de Personal y Secciones Sindicales.

Artículo 13. Grupos profesionales

Hay cinco Grupos profesionales, según la titulación (o equivalente). I: Doctor/a, Licenciado/a, Arquitecto/a o Ingeniero/a. II: Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a Universitario/a o Arquitecto/a Técnico/a. III: Bachiller Superior o Formación Profesional de Segundo Grado. IV: Bachiller Elemental, Graduado Escolar o Formación Profesional de Primer Grado. V: Certificado de Escolaridad. En los Grupos III, IV y V vale la formación laboral equivalente: experiencia profesional específica en la categoría de al menos tres meses o curso de al menos 300 horas (III), 200 (IV) o 50 (V).

Artículo 14. Categorías profesionales

Las definiciones de las distintas categorías profesionales son las recogidas en el Anexo I del Convenio. Ello se entiende sin perjuicio de las propuestas que en su día pueda realizar la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo y que apruebe la Comisión del Convenio, las cuales se anexarán al Convenio.

Artículo 15. Oferta de Empleo Público

La Oferta de Empleo Público, en lo relativo al personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del Convenio, se negocia en el seno de la Comisión del Convenio. Esa oferta debe indicar las plazas de que constarán los procesos de promoción y de selección.

Artículo 16. Selección del personal

La selección se efectúa anualmente, con igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se accede a personal laboral fijo por concurso o concurso-oposición: con carácter general, concurso-oposición para los Grupos I y II y concurso para los III, IV y V. Convoca y resuelve la Consejería competente en materia de Función Pública. La oposición, previa y eliminatoria, supone el 55 % de la puntuación total y el concurso el 45 %. La reserva para personas con discapacidad no será inferior al 4 %. Los temarios los elabora el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Artículo 17. Promoción

Promoción: el personal fijo o fijo-discontinuo accede a otra categoría del mismo Grupo o de uno superior. Exige una permanencia mínima de un año como fijo en la categoría de origen. Se hace por concurso, que convoca y resuelve la Consejería competente en materia de Función Pública, y requiere superar un curso de habilitación del Instituto Andaluz de Administración Pública, salvo categorías del grupo V que determine la Comisión del Convenio. El concurso de promoción específico se realiza en todo caso para puestos de naturaleza directiva; cabe el cese por causa justificada, previa audiencia.

Artículo 18. Contratación temporal

Los puestos de la RPT dotados que queden vacantes o cuyo titular deba ser sustituido podrán cubrirse con contratación temporal. La Bolsa de Trabajo, centralizada en la Dirección General de la Función Pública y gestionada por las Delegaciones Provinciales, se usa para interinidad por vacante, excedencia por cuidados de familiares y excedencia forzosa. Las demás sustituciones (incapacidad temporal, maternidad, vacaciones, permisos…) van por oferta genérica al Servicio Público de Empleo o listas de sustituciones. Se entrega copia básica de todos los contratos a los representantes.

Artículo 19. Período de prueba

El período de prueba dura dos meses en los Grupos I y II y un mes en los Grupos III, IV y V. No se exige si ya se han desempeñado las mismas funciones en el ámbito del Convenio, con cualquier modalidad de contratación laboral u ocupación, durante al menos el tiempo del período de prueba, ni si se ha superado una prueba de aptitud o curso de habilitación para la categoría a la que se opta.

Artículo 20. Provisión de puestos

Los puestos vacantes y dotados se proveen por concurso de traslados entre personal fijo o fijo discontinuo con al menos un año de antigüedad en la categoría. Lo convoca, tramita y resuelve la Consejería competente en Función Pública. Máximo 30 puntos: permanencia en el puesto (12), experiencia en la categoría (12) y antigüedad en las Administraciones Públicas (6). No cabe renunciar al puesto adjudicado, salvo más de seis meses entre lista provisional y definitiva, ni concursar de nuevo hasta dos años de desempeño efectivo, excepto dentro de la propia Consejería y sus Organismos Autónomos.

Artículo 21. Movilidad funcional

Movilidad funcional en el mismo Grupo: limitada por la titulación, por razones técnicas y/u organizativas, máximo seis meses y con rotación. A Grupo superior: no más de seis meses, sin repetir hasta un año después; se elige al de mayor antigüedad en la Junta de Andalucía; no consolida salario ni categoría, pero se cobra la diferencia y vale como mérito. A Grupo inferior: tiempo imprescindible, nunca más de quince días, por necesidades perentorias o imprevisibles, y sin repetir hasta un año después. Siempre se informa previamente a los representantes de los trabajadores.

Artículo 22. Movilidad geográfica

El traslado forzoso con cambio de residencia exige probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y notificarse con al menos treinta días naturales de antelación. Se traslada preferentemente a quien tenga menor antigüedad en la Junta. Aceptado, se abonan ocho dietas por miembro de la unidad familiar y la mudanza; si no se acepta, decide la Comisión del Convenio. Los traslados colectivos necesitan acuerdo de esa Comisión. Entre dos movilidades geográficas deben pasar al menos 4 años. Los cambios sin cambio de residencia que alejen más de 10 km se negocian en la Comisión.

Artículo 23. Otras formas de movilidad

Por disminución de capacidad cabe pasar a otra categoría del mismo Grupo o inferior, o a otro puesto de la misma categoría; resuelve la Consejería competente en Función Pública, previo informe del Tribunal Médico y acuerdo de la Subcomisión de Salud Laboral. Por razones objetivas (salud del trabajador, cónyuge o pareja, hijos o familiares de primer grado a su cargo) puede concederse traslado. El traslado por razones objetivas y, en la disminución de capacidad, el cambio a otra localidad dependen de que haya vacante. En el embarazo y la lactancia la petición, con informe médico, se dirige a la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 24. Permutas

La Consejería competente en Función Pública podrá autorizar permutas entre personal laboral fijo, fijo discontinuo o fijo con destino provisional si: son del mismo Grupo y categoría; llevan un año de servicio continuado y les restan al menos cinco años para la jubilación forzosa; hay informe previo de los órganos de representación (o, en su defecto, de la Comisión del Convenio) e informe previo y favorable del órgano de personal de cada uno. Deben pasar tres años para otra permuta y dos de desempeño efectivo para concursar, salvo destino provisional. No genera indemnización ni gastos.

Artículo 25. Jornada y horario ordinarios

La jornada ordinaria es de treinta y cinco horas semanales, que pueden compensarse en períodos de cómputo anual. La jornada ordinaria anual máxima, descontadas vacaciones y fiestas oficiales, es de 1.582 horas. El horario ordinario en la Administración General es de ocho a quince horas, de lunes a viernes.

Artículo 26. Jornadas y horarios especiales

Son jornadas y horarios especiales los distintos de la ordinaria. El horario especial lo fija la Consejería, Delegación Provincial u Organismo Autónomo, previa negociación con la representación del personal. Domingo o festivo: complemento o, a elección, siete horas de descanso adicional. Turnos: máximo diez horas y dos semanas seguidas de noche, salvo adscripción voluntaria. Tarde: de 14 a 22 horas. Partida: en general, de 9 a 14 y de 15 a 18. Implantarlas exige negociación en la Comisión del Convenio y autorización de la Secretaría General para la Administración Pública.

Artículo 27. Jornada nocturna

La jornada nocturna es la realizada entre las veintidós y las ocho horas; no puede exceder de ocho horas diarias de promedio en un período de quince días ni admite horas extraordinarias. Es personal nocturno quien realiza normalmente de noche al menos tres horas de su jornada diaria o quien se prevé que hará al menos un tercio de su jornada anual. Se retribuye por horas según el Anexo V, salvo salario fijado por ser trabajo nocturno o compensación por descansos. En puesta en marcha o cierre de menos de una hora: mitad del complemento hasta 30 minutos y entero si es superior.

Artículo 28. Otras jornadas especiales

En centros no fijos o itinerantes la jornada cuenta desde el lugar de recogida o reunión, o centro de control, a la entrada y a la salida. La de quien pone en marcha o cierra el centro, si no puede alternarse con otros, puede ampliarse lo estrictamente necesario y se compensa en cómputo anual multiplicado por 1,3. Si pueden hacerlo varias personas, el tiempo de entrada se reduce al final de la jornada y el de cierre al inicio de la siguiente. Ese tiempo no cuenta para la jornada máxima ni para las horas extraordinarias. La contratación para jornadas inferiores a la pactada es a tiempo parcial.

Artículo 29. Disposiciones comunes

Descanso diario de 30 minutos computable como trabajo efectivo; en jornada partida, dos períodos de 20 minutos, mañana y tarde. Entre jornadas, mínimo de doce horas. Descanso semanal de dos días ininterrumpidos, que puede hacerse efectivo en cómputo de hasta dos semanas. Reducciones: una hora durante cuatro días al año en la feria local, en el período navideño (24 de diciembre a 6 de enero) y en Semana Santa; media hora del 1 de julio al 15 de septiembre. También se aplican al personal a turnos y con horario fijo distinto al ordinario.

Artículo 30. Flexibilidad horaria

En todos los tipos de distribución del tiempo de trabajo, si la organización y funcionamiento del centro lo permite, hay flexibilidad de horario de hasta una hora, al inicio o al final de la jornada; el resto es de obligada permanencia. Las recuperaciones se hacen a opción del personal, si el centro lo permite y según las necesidades de trabajo fijadas en la planificación previa a través del calendario laboral. No hay flexibilidad en los casos de reducción de jornada del artículo 29.3.

Artículo 31. Calendario laboral

Cada centro de trabajo elabora anualmente un calendario laboral con, al menos, distribución de la jornada, horario, turnos y descansos, días festivos y circunstancias previsibles que incidan en la organización del servicio. Se negocia con la representación del personal, tiene vigencia anual y debe estar elaborado antes del 30 de noviembre de cada año. El período de vacaciones, una vez negociado, se une como Anexo. La Dirección del centro mantiene expuesto un ejemplar en el tablón de anuncios.

Artículo 32. Horas extraordinarias

Son horas extraordinarias las que superan la jornada ordinaria anual máxima; se prohíben las que no sean estructurales o de fuerza mayor. Las de siniestros y daños urgentes son obligatorias; las estructurales, de libre aceptación. Se informa mensualmente a la representación del personal y trimestralmente a la Comisión del Convenio. Se registran día a día y se totalizan mensualmente. Se compensan primordialmente con descanso: dos horas por cada hora, tres en domingo o festivo. Valor: (salario ordinario/1.582) x 1,75; coeficiente 2 en domingos y festivos.

Artículo 33. Permisos y reducciones de jornada por motivos familiares

Permisos: matrimonio o pareja de hecho, 15 días; nacimiento, adopción o acogimiento, 3 días naturales (5 fuera de la localidad); adopción internacional, hasta 3 meses con salario base; tras las 16 semanas (18 si es múltiple), 4 semanas más; hijo menor de 16 meses, una hora diaria; guarda legal de menor de 9 años, reducción de un tercio o la mitad cobrando el 80 o el 60 %; accidente o enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento hasta segundo grado, 4 días (5 fuera); enfermedad infecto-contagiosa de hijo menor de 9 años, 3 días. Para volver a la jornada ordinaria, preaviso de 15 días.

Artículo 34. Excedencias por cuidado de familiares

El personal tiene derecho a una excedencia no superior a tres años por cada hijo o hija (naturaleza, adopción o acogimiento), desde el nacimiento o la resolución judicial o administrativa, y a otra de igual duración máxima para cuidar del cónyuge o pareja o de un familiar hasta segundo grado que no pueda valerse y no tenga actividad retribuida. Es un derecho individual; la Administración puede limitar su ejercicio simultáneo por el mismo sujeto causante por razones justificadas. Computa a efectos de antigüedad, con reserva de puesto, turno y centro de trabajo, y no devenga retribuciones.

Artículo 35. Vacaciones

Las vacaciones anuales retribuidas duran un mes (proporcionales si no se ha cumplido un año completo de trabajo). Se disfrutan preferentemente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre; si por razones de servicio debidamente justificadas no es posible, son cuarenta días naturales. La petición individual se concreta en marzo. Cabe fraccionarlas en dos períodos, preferentemente por quincenas naturales. No se sustituyen por dinero ni se acumulan a las siguientes; solo la Comisión del Convenio puede autorizar, en supuestos excepcionales, su disfrute fuera del año natural.

Artículo 36. Otros permisos

Permisos: traslado de domicilio (un día en la misma localidad, dos en otra localidad de la misma provincia, cuatro en otra provincia); hasta ocho días al año de asuntos particulares, no acumulables a las vacaciones; permisos sin retribución de quince días como mínimo y hasta tres meses cada dos años, con un año de servicio activo; deber inexcusable; hasta diez días al año para preparar exámenes; estudios hasta un año con salario base; ONG hasta seis meses sin retribución; reducción de un tercio de jornada con el 75% de las retribuciones.

Artículo 37. Excedencias

Con independencia de la excedencia regulada en el artículo 34 del Convenio, las excedencias para el personal laboral fijo podrán ser de tres clases: excedencia voluntaria, excedencia forzosa y excedencia por incompatibilidad.

Artículo 38. Excedencia voluntaria

Puede pedir la excedencia voluntaria el personal fijo con al menos un año de antigüedad con tal carácter. Dura entre uno y cinco años, o hasta diez si la fijeza supera los tres años; para volver a pedirla han de pasar dos años desde el final de la anterior. El reingreso se solicita en cualquier momento entre el mínimo y el máximo, con al menos dos meses de antelación; se asigna una vacante de la misma categoría con destino provisional, que se comunica a la Comisión del Convenio, y hay obligación de participar en el primer concurso de traslado.

Artículo 39. Excedencia forzosa

La excedencia forzosa da derecho a conservar el mismo puesto y al cómputo de la antigüedad. Se concede por designación o elección para un cargo público o para función sindical electiva de ámbito provincial o superior que imposibilite la asistencia al trabajo. También quedan en ella quienes pasen a ser personal eventual del Defensor del Pueblo Andaluz o de cualquier organismo de la Junta de Andalucía y quienes sean designados para puestos de personal funcionario. El reingreso se realiza en el plazo de un mes a partir del cese en el cargo.

Artículo 40. Excedencia por incompatibilidad

Quien, por la normativa de incompatibilidades en el sector público, deba optar o haya optado por un puesto distinto al que ocupaba con relación laboral fija o fija discontinua en la Junta de Andalucía, estando el otro puesto dentro del ámbito de la Ley de Incompatibilidades, queda en excedencia voluntaria aunque no haya cumplido un año de antigüedad en el servicio. Conserva indefinidamente el derecho al reingreso en cualquier plaza vacante de igual categoría que hubiera o se produjera en la Junta de Andalucía.

Artículo 41. Suspensión del contrato de trabajo

El contrato puede suspenderse por las causas y con los efectos del Estatuto de los Trabajadores. Quien esté en incapacidad temporal o riesgo durante el embarazo y perciba prestación de la Seguridad Social recibe una cuantía, inalterable durante todo el período, igual a la diferencia entre esa prestación y sus retribuciones íntegras, excluido el plus de distancia o transporte, calculada sobre la media de los últimos seis meses anteriores a la baja (o del tiempo trabajado, si es menor). Las subidas salariales se perciben con efectos retroactivos al desaparecer la causa de suspensión.

Artículo 42. Disposiciones generales

El personal puede ser sancionado por quien tenga atribuida la competencia disciplinaria en los respectivos centros de trabajo o unidades orgánicas, cuando incumpla sus obligaciones contractuales y conforme a la graduación de faltas y sanciones del Capítulo, sin perjuicio del Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes. Todo trabajador o trabajadora puede dar cuenta por escrito, a través de sus representantes, de las faltas de respeto a su intimidad o dignidad. Las faltas pueden ser leves, graves o muy graves.

Artículo 43. Faltas muy graves

Enumera catorce faltas muy graves, entre ellas: la discriminación; los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; el fraude, la deslealtad y el abuso de confianza; la disminución continuada y voluntaria del rendimiento; la falta de asistencia no justificada durante más de tres días al mes; los malos tratos de palabra u obra; la simulación de enfermedad o accidente con incapacidad superior a tres días trabajando por cuenta propia o ajena; incumplir las normas sobre incompatibilidades; tres faltas graves sancionadas en un año, y el acoso moral y el acoso sexual.

Artículo 44. Faltas graves

Enumera quince faltas graves, entre ellas: la falta de obediencia debida; el abuso de autoridad; la falta de consideración y respeto; la falta de asistencia sin causa justificada de hasta tres días al mes; presentar los partes de baja pasados siete días desde su expedición, salvo fuerza mayor; el abandono del puesto; evadir los sistemas de control de horarios; las faltas reiteradas de puntualidad durante más de cinco días al mes; tres faltas leves sancionadas en tres meses; no guardar el debido sigilo, y tolerar o encubrir faltas muy graves o graves del personal subordinado.

Artículo 45. Faltas leves

Son faltas leves: el incumplimiento injustificado del horario cuando no suponga falta grave; la incorrección con el público, superiores, compañeros o compañeras o personal subordinado; el retraso, descuido o negligencia en el cumplimiento del trabajo; la falta injustificada de asistencia de uno a dos días al mes; no comunicar previamente la falta justificada, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo, y el descuido y negligencia en la conservación de locales, material y documentación de los servicios.

Artículo 46. Sanciones

Sanciones. Faltas leves: apercibimiento escrito o suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. Graves: suspensión de tres días a seis meses o suspensión del derecho a participar en el primer procedimiento de promoción convocado en los dos años siguientes. Muy graves: suspensión de más de seis meses hasta doce, suspensión para participar en dos procedimientos de promoción en los tres años siguientes, traslado forzoso sin indemnización o despido. Se notifican por escrito motivado; las graves y muy graves exigen expediente disciplinario previo.

Artículo 47. Prescripción

Las faltas leves prescriben a los diez días, las graves a los veinte y las muy graves a los sesenta, contados desde la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de su comisión; en todos los casos, a los seis meses de haberse cometido. Los plazos se interrumpen por cualquier acto propio del expediente instruido, mientras la duración de este en su conjunto no supere seis meses sin mediar culpa de la persona expedientada.

Artículo 48. Procedimiento sancionador

Las faltas graves y muy graves exigen expediente. Quien es competente para acordar la incoación designa al Instructor o Instructora. Pliego de cargos: dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la incoación; contestación: diez días; admisión o rechazo de pruebas: diez días; propuesta de resolución: diez días; alegaciones: diez días como máximo. El Instructor eleva la propuesta y el expediente en dos meses desde la incoación, prorrogables hasta tres. El órgano competente para resolver puede acordar la suspensión preventiva de empleo y sueldo.

Artículo 49. Formación y perfeccionamiento profesional

La formación es elemento fundamental de la gestión de los recursos humanos. Quien curse estudios tiene preferencia para elegir turno y vacaciones y derecho a adaptar la jornada, si acredita que los cursa con regularidad. Los cursos de capacitación y reconversión cuentan como trabajo efectivo. El personal tiene derecho, como mínimo cada dos años, a un curso específico relacionado con su puesto, con reducción de jornada igual a la mitad de las horas de clase. La asistencia a seminarios, mesas redondas o congresos es voluntaria.

Artículo 50. Actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales

La Administración de la Junta de Andalucía debe promover, formular y aplicar una política de prevención de riesgos laborales, facilitar la participación del personal y garantizar una formación práctica y adecuada; el personal está obligado a seguir las enseñanzas y a realizar las prácticas, dentro de la jornada o en otras horas con descuento del tiempo invertido. Los Servicios de Prevención propios son los instrumentos de la acción preventiva y prestan asesoramiento y apoyo. Anualmente se proporciona la formación especializada necesaria.

Artículo 51. Participación en materia de seguridad y salud laboral

El personal tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una adecuada política de seguridad y salud en el trabajo, y el deber correlativo de observar y poner en práctica las medidas de prevención. También tiene derecho a participar en la formulación de la política de prevención en su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas. Esa participación se ejerce a través de los representantes legales del personal, los Delegados y Delegadas de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud, así como en la Subcomisión de Salud Laboral.

Artículo 52. Delegados y Delegadas de Prevención

Los Delegados y Delegadas de Prevención representan al personal en materia preventiva y gozan de las garantías de los representantes legales. Los designan los representantes del personal entre la representación legal, si son liberados totales o tienen crédito parcial suficiente. Su número sigue la escala del artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin bajar de cuatro ni pasar de ocho. Guardan secreto profesional y emiten sus informes en quince días, o en el tiempo imprescindible ante riesgos inminentes; sin informe, la Administración pondrá en práctica su decisión.

Artículo 53. Comités de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, de consulta regular y periódica sobre las actuaciones preventivas de la Administración. Lo forman los Delegados y Delegadas de Prevención del ámbito e igual número de representantes de la Administración, y adopta sus propias normas de funcionamiento. En cada provincia se constituyen tres: el de Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente; el de Asuntos Sociales y el Instituto Andaluz de Servicios Sociales; y el de Administración General de las demás Consejerías que enumera.

Artículo 54. Equipos de trabajo y medios de protección

La Administración adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados y proporcionar equipos de protección individual, velando por su uso efectivo; estos se utilizan cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente con protección colectiva o con la organización del trabajo. Cada trabajador o trabajadora vela por su seguridad y la de quienes pueda afectar su actividad, y debe: usar adecuadamente los medios, utilizar los equipos de protección, no anular los dispositivos de seguridad, informar de inmediato a su superior jerárquico directo y contribuir a cumplir las obligaciones.

Artículo 55. Vigilancia de la salud

La vigilancia periódica de la salud es voluntaria: requiere el consentimiento del personal. Solo se exceptúan, previo informe de la representación del personal, los reconocimientos imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo o para verificar si la salud de la persona es un peligro, y los que imponga una disposición legal. Los resultados se comunican al afectado y no se facilitan sin su consentimiento expreso. En todo caso hay reconocimiento: al nuevo ingreso, periódicos y específicos, una vez al año para todos y tras más de treinta días de baja por enfermedad.

Artículo 56. Vestuario de trabajo

Al personal del Convenio se le dota del vestuario íntegro durante el segundo trimestre de cada ejercicio, según el Acuerdo de la Comisión de Interpretación y Vigilancia de 18 de mayo de 1989. La Subcomisión de Salud Laboral adaptará ese Acuerdo a la clasificación profesional del Convenio, incluirá nuevas categorías (entre ellas Médico Geriatra, Médico Rehabilitador, Educador Especial, Analista de Laboratorio y Auxiliar Sanitario) y previsiones para situaciones especiales, como las trabajadoras embarazadas. En el plazo de un año hará un estudio para unificar criterios de calidad y económicos.

Artículo 57. Salario base

El salario base es la parte de la retribución fijada para la jornada de trabajo establecida en el artículo 25 del Convenio, y se determina en función del Grupo profesional en que se encuadre el personal. Su cuantía para 2002 es la que figura en el Anexo II.

Artículo 58. Complementos y pluses salariales

Antigüedad: cantidad por cada tres años de servicios efectivos, para personal fijo o temporal con servicios por tiempo superior a tres años. Dos pagas extraordinarias (salario base más antigüedad), devengadas el día uno de junio y diciembre. Complementos de categoría y de Convenio: doce mensualidades. El de puesto de trabajo no es consolidable. Productividad: 339,72 euros en la nómina de octubre. Plus de penosidad, toxicidad o peligrosidad: 20% del salario base, reconocido por la Comisión del Convenio a propuesta de la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo.

Artículo 59. Revisión salarial

Para 2003, 2004 y 2005 la revisión salarial del personal laboral es igual a la del Acuerdo de 12 de noviembre de 2002 de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General; para 2006, igual a la que se acuerde para el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. Las cantidades de los Anexos están referidas a 2002 y quedan sujetas a esas revisiones. Además, las partes se comprometen a estudiar el conjunto del sistema retributivo mediante un grupo de trabajo técnico en el seno de la Comisión del Convenio, cuyas conclusiones se unirán como Anexo.

Artículo 60. Acción social

La Subcomisión de Acción Social determina la cantidad del Fondo de Acción Social que corresponde anualmente al personal laboral, atendiendo al número de personas del colectivo. Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, la ratio no será inferior al 0,65% de la masa salarial, con el objetivo de alcanzar el 0,8% durante la vigencia del Convenio. Las ayudas las fija el Reglamento de Acción Social, modificable por acuerdo de la Comisión del Convenio a propuesta de la Subcomisión. Todo el personal laboral se asegurará y adherirá a la póliza de accidentes individuales.

Artículo 61. Jubilación forzosa

La jubilación es obligatoria al cumplir sesenta y cinco años, y la Administración se compromete a cubrir las plazas vacantes que fueran necesarias, en idéntica categoría profesional o en otras creadas por transformación de las vacantes. Si a esa edad no se han completado los períodos de carencia, la jubilación obligatoria se produce al completarse en la cotización a la Seguridad Social. La Administración debe informar puntualmente a la Comisión del Convenio de las jubilaciones, sus categorías y el plazo de provisión de vacantes; la Comisión podrá emitir informe.

Artículo 62. Jubilación voluntaria

El personal puede jubilarse voluntariamente al cumplir sesenta y cuatro años, conforme al Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. Desde el cese hasta cumplir los sesenta y cinco percibe un premio de jubilación equivalente a la diferencia entre la pensión de jubilación y el salario percibido, sin computar los pluses de penosidad, toxicidad o peligrosidad, el de distancia o transporte ni los del artículo 58,15. Además percibe 150 euros por año de servicio o fracción superior a seis meses. La solicitud debe formalizarse, al menos, dos meses antes de cumplir los sesenta y cuatro años.

Artículo 63. Asamblea de trabajadores y trabajadoras

Fuera de las horas laborables pueden convocar asambleas los Comités de Empresa, los Delegados y Delegadas de Personal, las Secciones Sindicales o al menos el 20% de la plantilla del centro. Dentro del horario, Comités y Delegados disponen de 40 horas anuales; las Secciones Sindicales, de 20 con un 10% de afiliación, 10 con un 5% y 5 si es inferior al 5%; con aviso a la Dirección 24 horas antes como mínimo. Preside el Comité de Empresa o los Delegados de Personal mancomunadamente. Las convocadas media hora antes del fin o del inicio de la jornada no se contabilizan: máximo, dos mensuales.

Artículo 64. Derechos de los Comités de Empresa y Delegados o Delegadas de Personal

Crédito mensual retribuido según la unidad electoral: hasta 250 personas, cuarenta horas; de 251 a 500, cincuenta; más de 500, setenta y cinco. Las ausencias que requieran sustitución se comunican a la Dirección con veinticuatro horas de antelación mínima. Las horas pueden acumularse en una o varias personas; si ello supone la liberación, es necesaria la comunicación previa al Centro Directivo, y la liberación total exige 115 horas. La protección va desde la proclamación de la candidatura hasta tres años después del cese. Tienen derecho a local, tablones de anuncios, documentación y dietas.

Artículo 65. Derechos de las Organizaciones Sindicales y afiliados

Las Organizaciones Sindicales firmantes pueden solicitar a la Consejería competente en materia de Función Pública la dispensa total de asistencia al trabajo de hasta cincuenta y cinco personas: 27 por UGT, 21 por CC.OO. y 7 por CSI-CSIF. El personal afiliado puede pedir el descuento de la cuota en nómina y constituir Secciones Sindicales. Si la plantilla excede de cien, las Secciones con presencia en los órganos de representación tienen local y un Delegado o Delegada Sindical hasta 250 trabajadores, y uno más con 251 o más. Estos Delegados asisten al órgano unitario con voz pero sin voto.

Artículo 66. Mediación, arbitraje y conciliación

Todo conflicto colectivo en el ámbito del Convenio requiere, para su consideración de licitud, el previo conocimiento de la Comisión del Convenio, instancia previa en cuyo seno debe intentarse la solución. Debe tratarse en la Comisión en el plazo de un mes desde la entrada en su Registro; pasado ese plazo sin tratarse, la parte que lo presentó puede acudir al SERCLA. Si en la Comisión no se llega a una solución, el conflicto se somete a la mediación y conciliación del SERCLA; a sus procesos de arbitraje puede acudirse previo acuerdo de las dos partes.

Artículo 67. Plus de distancia o transporte

El plus de distancia o transporte es la cantidad que percibe el personal por los recorridos que deba hacer para acudir al trabajo en medios de transporte no facilitados por la Administración, cuando el centro laboral está a más de dos kilómetros del límite del casco de la población en cuyo término municipal radica, con independencia de donde resida el personal. No tiene naturaleza salarial: compensa los gastos de desplazamiento al centro de trabajo. Su cuantía es la que establezca el Decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 68. Indemnizaciones por razón del servicio

El personal tiene derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones que le resarzan de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención que se vea precisado a realizar cuando, por orden de un superior, tenga que desplazarse a lugares distintos al de su trabajo habitual. Las cuantías son las que se recogen en el Decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio, en sus correspondientes actualizaciones.

Artículo 1. Objeto

El Decreto regula dos cosas: las competencias y el procedimiento en materia de autorización y reconocimiento de compatibilidad. Se dirige al personal comprendido en su ámbito de aplicación que pretenda ejercer una segunda actividad, sea pública o privada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Decreto se aplica al personal de: a) la Administración General de la Junta, sus agencias y demás entidades de Derecho Público; b) las sociedades mercantiles del sector público andaluz; c) los consorcios y fundaciones cuyo presupuesto se dote ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros ingresos de la Junta o de sus agencias y entidades; d) el docente y sanitario de la Junta; e) el de Justicia de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial que preste servicios en Andalucía. Incluye a todo el personal, sea cual sea su relación de empleo.

Artículo 3. Autorización o reconocimiento de compatibilidad

Ejercer una segunda actividad pública o privada exige, antes de iniciarla, autorización o reconocimiento de compatibilidad del órgano competente, salvo las exceptuadas en el artículo 19 de la Ley 53/1984. El reconocimiento genérico para actividades privadas de Arquitectura, Ingeniería u otras titulaciones se completa con otro específico por cada proyecto, trabajo técnico o intervención que requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial. Los reconocimientos no modifican jornada ni horario y quedan automáticamente sin efecto al cambiar de puesto en el sector público.

Artículo 4. Competencias del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno: a) determina por Decreto los supuestos en que, por interés público, cabe un segundo puesto o actividad en el sector público; b) autoriza por acuerdo expreso superar los límites anuales de remuneraciones, por especial interés para el servicio; c) autoriza excepcionalmente, para supuestos concretos y por acuerdo, pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de Gobierno; d) y e) determina con carácter general los puestos sanitarios (hasta su regulación por norma con rango de Ley) y los exclusivamente investigadores susceptibles de tiempo parcial.

Artículo 5. Competencias de la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública

Autorizar, reconocer o denegar la compatibilidad, tanto la genérica como la específica a la que alude el artículo 3.2, del personal incluido en el ámbito de aplicación del Decreto, para desempeñar un segundo puesto o actividad pública o privada, corresponde a la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Artículo 6. Competencias en las Universidades Públicas de Andalucía

Cuando el primer puesto de trabajo del personal depende de las Universidades Públicas de Andalucía, la competencia para autorizar, reconocer o denegar la compatibilidad corresponde a la persona titular del Rectorado, conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Artículo 7. Instrucción de los procedimientos

Las solicitudes de compatibilidad genérica y específica se cumplimentan en los modelos normalizados de los Anexos I, II y III y se presentan, preferentemente, en el Registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía (para lo que se necesita firma electrónica reconocida), sin perjuicio de los demás lugares del artículo 38.4 de la Ley 30/1992. La instrucción corresponde a la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía. Los órganos de gestión de personal de donde se desempeñe el primer puesto o actividad facilitan la tramitación a la persona solicitante.

Artículo 8. Informe y propuesta de resolución

Si los puestos o actividades públicas dependen de la Junta o de los entes del artículo 2, el informe preceptivo es del Inspector o la Inspectora General de Servicios responsable de tramitar los expedientes, y la propuesta, de la persona titular de la Dirección General competente en materia de incompatibilidades. La información sale del SIRhUS y, en su caso, de donde estén adscritos ambos puestos, que la facilitan en diez días desde que se recaba. Si el primer puesto es de otra Administración y el segundo de la Junta, ese Inspector o Inspectora emite el informe preceptivo y favorable.

Artículo 9. Plazos de resolución

Tres plazos para resolver y notificar: tres meses para las solicitudes de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público; dos meses para las referidas a actividades privadas; y un mes para el reconocimiento específico de compatibilidad para cada proyecto, trabajo técnico o intervención profesional a que se refiere el artículo 3.2.

Artículo 10. Silencio administrativo

Si transcurre el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución, las solicitudes de compatibilidad podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 2.1 y el Anexo II de la Ley 9/2001, de 12 de julio. Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de dictar y notificar resolución expresa.

Artículo 11. Declaración de actividades y ejercicio de opción

Quien acceda por cualquier título a un nuevo puesto del sector público debe declarar las actividades públicas y privadas que viniere desempeñando. Si el nuevo puesto es incompatible con el anterior, ha de optar por uno dentro del plazo de toma de posesión; si no opta, se entiende que elige el nuevo y pasa en el anterior a la situación que corresponda. Si los puestos son susceptibles de compatibilidad, previa autorización, debe instarla en los diez primeros días del plazo de toma de posesión, que se entiende prorrogado en tanto se notifique la resolución de compatibilidad.

Artículo 12. Prevención y control

Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios en las Consejerías, organismos, entidades y centros docentes y sanitarios públicos dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía cuidarán, bajo su responsabilidad, de velar por el cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades en que pueda incurrir el personal a su cargo. Ello sin perjuicio de la intervención de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía en la coordinación e impulso del control de las incompatibilidades.

Artículo 13. Régimen disciplinario

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el incumplimiento de lo dispuesto en esa Ley será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.

Artículo 14. Comunicaciones

Las resoluciones de compatibilidad que se concedan las comunica la Dirección General competente en materia de incompatibilidades a la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública, para su inscripción en el Registro General de Personal. Esa inscripción es requisito indispensable, en los casos de segundo puesto o actividad en el sector público, para que puedan acreditarse haberes por él. También las comunica a la Consejería, organismo, entidad, centro o Administración del primer puesto o actividad y, en su caso, a la del segundo.

Artículo 44. Selección de personal laboral temporal

La cobertura de puestos con personal laboral temporal en la Administración General de la Junta de Andalucía requiere cumplir los requisitos y trámites que legalmente se establezcan. La selección debe garantizar la idoneidad de la persona seleccionada y hacerse por procedimientos ágiles que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. En la cobertura se está a la normativa laboral y a los convenios colectivos de aplicación.

Artículo 45. Directrices en materia de temporalidad en el empleo público

Para situar y mantener la tasa de temporalidad estructural en los límites fijados por la normativa estatal de carácter básico, la persona titular de la Secretaría General competente en materia de Administración Pública podrá dictar, por resolución, directrices para la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal funcionario interino, personal estatutario interino y sustituto y personal docente no universitario.

Artículo 1

Regla general: el personal incluido en la Ley no puede desempeñar, por sí o mediante sustitución, un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, ni percibir más de una remuneración pública, salvo en los supuestos de la propia Ley. Remuneración es cualquier derecho económico derivado de una prestación o servicio personal, fijo o variable, periódico u ocasional. Además, el puesto es incompatible con cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

Artículo 2

La Ley se aplica, entre otros, al personal civil y militar del Estado, al de las Comunidades Autónomas y sus Asambleas, al de las Corporaciones Locales, al retribuido por arancel, al de la Seguridad Social, al del Banco de España y las instituciones financieras públicas, al de entidades cuyo presupuesto se dote en más de un 50 por cien con fondos públicos y al de empresas con participación pública superior al 50 por 100. Incluye a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo.

Artículo 3

Solo cabe un segundo puesto o actividad pública en los supuestos de la Ley para las funciones docente y sanitaria, en los de los artículos 5 y 6 y en los que, por interés público, determine el Consejo de Ministros por Real decreto o el órgano de gobierno autonómico; en este último caso, solo en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada. Exige autorización previa y expresa. El puesto público es incompatible con cobrar pensión de jubilación o retiro, que queda en suspenso; salvo, en el ámbito laboral, la jubilación parcial con un puesto a tiempo parcial.

Artículo 4

Puede autorizarse la compatibilidad como Profesor universitario asociado con dedicación no superior a tiempo parcial. El personal docente e investigador universitario puede compatibilizar un segundo puesto sanitario o exclusivamente investigador en el sector público, dentro del área de su departamento y si ambos puestos son a tiempo parcial, y a la inversa. También cabe para profesores de Enfermería en el sector sanitario y, a tiempo parcial y salvo la prohibición del artículo 16.1, en el sector público cultural y en formación profesional.

Artículo 5

Por excepción, cabe compatibilizar el puesto con ser miembro de una Asamblea Legislativa autonómica, salvo que cobre retribuciones periódicas por esa función o que se establezca la incompatibilidad, y con el de miembro de una Corporación local, salvo que desempeñe cargos retribuidos con dedicación exclusiva. Solo cobra la retribución de una de las dos actividades, más dietas, indemnizaciones o asistencias por la otra. Con dedicación parcial local puede cobrar por ella si la ejerce fuera de su jornada y sin superar los límites generales.

Artículo 6

Excepcionalmente puede autorizarse la compatibilidad para investigación no permanente o asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos que no correspondan a funciones del personal de la Administración. La excepción se acredita por asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales calificaciones que solo tengan personas incluidas en la Ley. El personal investigador de Organismos Públicos de Investigación, Universidades públicas y otras entidades públicas de investigación puede ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por ellos.

Artículo 7

Para autorizar dos actividades públicas, lo cobrado por ambas no puede superar la remuneración del Director General en los Presupuestos Generales del Estado, ni la del puesto principal en dedicación ordinaria incrementada en un 30 % (grupo A), 35 % (B), 40 % (C), 45 % (D) o 50 % (E). Superar estos límites anuales exige acuerdo expreso del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno local por especial interés del servicio. El segundo puesto no computa para trienios ni derechos pasivos; pagas extraordinarias y prestaciones familiares solo por un puesto.

Artículo 8

Quien, en representación del sector público, forme parte de Consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas solo puede cobrar dietas o indemnizaciones por asistencia, según el régimen general de las Administraciones Públicas; lo devengado por otros conceptos lo ingresa la entidad en la Tesorería pública. No se puede pertenecer a más de dos de esos órganos, salvo autorización excepcional para supuestos concretos por acuerdo del Gobierno, órgano autonómico competente o Pleno de la Corporación Local.

Artículo 9

Autoriza o deniega la compatibilidad para un segundo puesto público el Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Corporación Local al que esté adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de Organismos, Entes y Empresas públicas. Se necesita además informe previo favorable del órgano autonómico o Pleno según la adscripción del segundo puesto; si ambos son del Estado, lo emite la Subsecretaría del Departamento del segundo puesto.

Artículo 10

Quien accede a un nuevo puesto público incompatible con el que ya ocupa debe optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Si no opta, se entiende que elige el nuevo y pasa a excedencia voluntaria en el anterior. Si los puestos pueden compatibilizarse con autorización, debe pedirla en los diez primeros días del plazo de toma de posesión, que se entiende prorrogado mientras no se resuelva.

Artículo 11

El personal no puede ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o ajena, que se relacionen directamente con las que desarrolle su Departamento, Organismo o Entidad de destino. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. El Gobierno, por Real Decreto, puede declarar con carácter general funciones, puestos o colectivos incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas.

Artículo 12

En todo caso el personal no puede: a) ejercer actividades privadas en asuntos en que intervenga, haya intervenido en los dos últimos años o deba intervenir por su puesto, ni atender profesionalmente a quienes deba atender en él; b) pertenecer a consejos de administración de empresas privadas cuya actividad se relacione directamente con la que gestione su Departamento; c) ocupar cargos en concesionarias, contratistas o empresas con participación o aval público; d) tener más del 10 % de su capital. Las privadas de media jornada semanal o más solo caben con un puesto público a tiempo parcial.

Artículo 13

A quien tenga autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública no se le puede reconocer ninguna compatibilidad para actividades privadas si la suma de las jornadas de ambos puestos públicos es igual o superior a la jornada máxima en las Administraciones Públicas.

Artículo 14

Ejercer actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración exige el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución, motivada, se dicta en dos meses y corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento; al órgano autonómico competente o al Pleno de la Corporación Local. No puede modificar jornada ni horario y queda sin efecto si se cambia de puesto público. Quien ya tenga un segundo puesto público debe pedirlo para ambos.

Artículo 15

El personal incluido en la Ley no puede invocar ni hacer uso de su condición pública para ejercer una actividad mercantil, industrial o profesional. La prohibición alcanza tanto a invocar esa condición como a hacer uso de ella, y se refiere a esas tres clases de actividad.

Artículo 16

No puede autorizarse ni reconocerse compatibilidad al personal cuyas retribuciones complementarias incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel ni al personal directivo, incluido el de alta dirección. Se exceptúan el Profesor asociado del artículo 4.1 y la investigación o asesoramiento del artículo 6, salvo para el docente universitario a tiempo completo. Puede reconocerse compatibilidad privada a quien cobre complemento específico no superior al 30 % de su retribución básica, sin contar la antigüedad.

Artículo 17

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, respecto del personal de los servicios periféricos regionales, y los Gobernadores civiles, respecto del de los servicios periféricos provinciales, ejercen las facultades que la Ley atribuye a los Subsecretarios sobre el personal de la Administración Civil del Estado, sus Organismos autónomos y la Seguridad Social. En las Universidades, las facultades de Subsecretarías y órganos autonómicos corresponden al Rector, respecto de su personal y en el marco de su Estatuto.

Artículo 18

Todas las resoluciones de compatibilidad, tanto para un segundo puesto o actividad pública como para actividades privadas, se inscriben en los Registros de Personal correspondientes. En el caso del segundo puesto público, la inscripción es requisito indispensable para que puedan acreditarse haberes por ese puesto o actividad.

Artículo 19

Quedan exceptuadas de la Ley: administrar el patrimonio personal o familiar; dirigir seminarios o dar cursos en centros oficiales de formación de funcionarios o profesorado si no son permanentes ni habituales ni pasan de 75 horas al año, y preparar oposiciones según reglamento; formar parte de tribunales de selección; ciertas pruebas del personal docente; ser miembro no retribuido de juntas de mutualidades o patronatos de funcionarios; la creación literaria, artística, científica y técnica no derivada de un empleo; y la participación o colaboración ocasional en medios, congresos y cursos.

Artículo 20

Incumplir la Ley se sanciona según el régimen disciplinario aplicable, sin perjuicio de que la incompatibilidad se ejecute. Una actividad compatible no excusa el deber de residencia, la asistencia al trabajo ni el atraso, negligencia o descuido; si esas faltas se califican de graves o muy graves, la compatibilidad queda revocada automáticamente. Los órganos de dirección, inspección o jefatura deben prevenir o corregir las incompatibilidades, y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública coordina e impulsa a los órganos de inspección en la Administración del Estado.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Se aplica a quienes voluntariamente prestan servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de un empleador o empresario. Se excluyen: funcionarios, prestaciones personales obligatorias, meros consejeros de sociedades, trabajos de amistad, benevolencia o buena vecindad, trabajos familiares (convivientes hasta el segundo grado, salvo que se demuestre que son asalariados) y mediadores mercantiles que asumen el riesgo y ventura. Centro de trabajo: unidad productiva con organización específica dada de alta ante la autoridad laboral; en el mar, el buque.

Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial

Relaciones laborales de carácter especial: alta dirección no incluida en el artículo 1.3.c), servicio del hogar familiar, penados, deportistas profesionales, artistas y su personal técnico o auxiliar, mediadores mercantiles que no asumen el riesgo y ventura, trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, menores sometidos a medidas de internamiento, residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, abogados en despachos y cualquier otra declarada por una ley. Su regulación respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución.

Artículo 3. Fuentes de la relación laboral

La relación laboral se regula por: disposiciones legales y reglamentarias del Estado, convenios colectivos, voluntad de las partes manifestada en el contrato (sin condiciones menos favorables o contrarias a las anteriores) y usos y costumbres locales y profesionales. Los conflictos entre normas se resuelven por lo más favorable para el trabajador, apreciado en su conjunto y en cómputo anual respecto de los conceptos cuantificables. Los usos y costumbres solo se aplican en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, salvo recepción o remisión expresa.

Artículo 15. Duración del contrato de trabajo

El contrato se presume indefinido; el de duración determinada solo cabe por circunstancias de la producción o por sustitución. Circunstancias de la producción: máximo de seis meses, o un año por convenio sectorial, con una única prórroga; para situaciones ocasionales y previsibles, noventa días en el año natural (120 en el agrario y agroalimentario), no continuados. Sustitución: coincidencia máxima de quince días; cobertura durante un proceso de selección, tres meses. Es fija quien acumule más de dieciocho meses en veinticuatro con dos o más contratos por circunstancias de la producción.

Artículo 15. Funciones del personal funcionario y laboral en la Administración de la Junta de Andalucía

Reserva al personal funcionario las funciones que impliquen participación directa o indirecta en potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales y, además, una lista: fe pública, constatación de hechos con presunción de veracidad, registros con efecto constitutivo, órdenes de policía, medidas cautelares, control económico-financiero, reintegro de subvenciones, deslinde… Los puestos se desempeñan con carácter general por funcionarios; el personal laboral puede ocupar los del apartado 4 (no permanentes, oficios, instrumentales, de apoyo…).

Artículo 16. Concepto y clases

Personal laboral: presta servicios profesionales retribuidos en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito. Por la duración del contrato es fijo (proceso selectivo con igualdad, mérito, capacidad y publicidad), por tiempo indefinido (sentencia judicial firme o normativa básica estatal) o temporal (necesidad y urgencia; se añade la celeridad). Por la jornada, a tiempo completo o parcial. Su clasificación profesional se fija mediante negociación colectiva.

Artículo 103. Clasificación del personal laboral

El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral y el respectivo convenio colectivo. Además, la Administración orientará la negociación colectiva hacia el objetivo de una clasificación profesional equiparable al sistema nacional de cualificaciones, a fin de garantizar la homogeneidad de todo el personal.

Artículo 115. Selección de personal funcionario interino y personal laboral temporal

El personal funcionario interino y el laboral temporal se seleccionan por procedimientos ágiles que garanticen igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Las bolsas de empleo son el instrumento preferente y su criterio preferente de ordenación es la mayor puntuación en la fase de oposición. Agotadas las bolsas, se remite oferta al órgano gestor de las políticas de empleo. Los puestos vacantes así ocupados se incluyen en la oferta de empleo público del ejercicio del nombramiento o contrato y, si no fuera posible, en el siguiente, salvo supresión o amortización.

Artículo 122. Adquisición y pérdida de la condición de personal laboral fijo

La condición de personal laboral fijo se adquiere cumpliendo sucesivamente cinco requisitos: superar el proceso selectivo; formalizar el contrato por el órgano competente (su inscripción en el Registro General de Personal es el momento en que la Junta manifiesta su voluntad de contratar); acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento; incorporarse al puesto en plazo, y superar el período de prueba que corresponda. Se pierde por las causas de extinción del contrato de la normativa laboral y del convenio, incluida la no superación del período de prueba.

Artículo 164. Situaciones administrativas del personal laboral

Los convenios colectivos podrán determinar que al personal laboral incluido en su ámbito de aplicación se le apliquen las situaciones administrativas previstas en el título de la ley dedicado a ellas, pero solo en todo aquello que resulte compatible con la legislación laboral. Es una posibilidad que queda en manos del convenio, no una aplicación directa.