Tema 29 del temario de Administrativo del Estado 2026

Artículo 1. Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

El Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se rige por tres fuentes: esta Ley (el texto refundido), sus normas de aplicación y desarrollo y, además, la legislación de Clases Pasivas del Estado.

Artículo 2. Mecanismos de cobertura

El Régimen especial tiene dos mecanismos de cobertura: el Régimen de Clases Pasivas del Estado (según sus normas específicas) y el Régimen del Mutualismo Administrativo regulado en esta Ley. Excepción: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011 quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones.

Artículo 3. Campo de aplicación

Quedan obligatoriamente incluidos: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en Cuerpos de esa Administración. Quedan excluidos (con sus normas propias): los de Administración Local, organismos autónomos, Administración Militar, Administración de Justicia, Administración de la Seguridad Social, los de nuevo ingreso y en prácticas de las Comunidades Autónomas, los transferidos que ingresen en Cuerpos propios de la Comunidad Autónoma y el personal de administración y servicios propio de las universidades.

Artículo 4. Competencia y adscripción

El mutualismo administrativo se gestiona y presta a través de MUFACE, que depende del ministerio que indica el texto (el de Administraciones Públicas). La gestión es unitaria y corresponde a MUFACE, sin perjuicio de las obligaciones de las Comunidades Autónomas respecto a los funcionarios civiles del Estado transferidos y adscritos a su servicio.

Artículo 5. Naturaleza y régimen jurídico

MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión; se rige por las previsiones de la Ley 6/1997 sobre organismos autónomos. Su régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable, de control de prestaciones y de conciertos sanitarios y farmacéuticos se rige por esta Ley y su desarrollo, por la Ley General Presupuestaria en lo aplicable y, supletoriamente, por la Ley 6/1997. Goza del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Artículo 6. Régimen de personal

El personal al servicio de MUFACE puede ser funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado. No hay un régimen de personal propio de la Mutualidad: se aplica el de la Administración General del Estado.

Artículo 7. Afiliación y altas

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado se incorporan obligatoriamente a MUFACE al tomar posesión, ser rehabilitados o reingresar, y siguen siendo mutualistas en servicios especiales (con salvedades), servicios en Comunidades Autónomas, expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de familiares y suspensión provisional o firme; también los jubilados, según el Reglamento. Quien accede por promoción interna a Escalas de organismos autónomos o a Cuerpos autonómicos pasa al Régimen General, pero puede seguir de mutualista optando en quince días.

Artículo 8. Baja, mantenimiento facultativo y suspensión de la situación de alta

Causan baja como mutualistas obligatorios: los que pasan a excedencia voluntaria (salvo opción del artículo 7.3), los que pierden la condición de funcionario, los que transfieren derechos al régimen de las Comunidades Europeas y los afiliados obligatoriamente al régimen de las Fuerzas Armadas. Los tres primeros pueden seguir como mutualistas voluntarios pagando a su cargo las cuotas del funcionario y del Estado. Quien sirva en la Unión Europea u otra organización internacional, acogido a su previsión, puede suspender el alta mientras dure esa situación.

Artículo 9. Afiliación a más de un Régimen de la Seguridad Social

El Reglamento General del Mutualismo Administrativo regula a quienes pasan de un Cuerpo a otro y a quienes ocupan varias plazas compatibles; por reglamento se fija cómo conservar derechos en curso al pasar del Mutualismo a otros regímenes y a la inversa. Si una única prestación de servicios obliga a estar en más de un régimen, el funcionario puede optar, una sola vez, por pertenecer solo al régimen especial de funcionarios que le corresponda; si son dos regímenes especiales de funcionarios, puede optar también una sola vez por uno de ellos.

Artículo 10. Régimen de cotización de los mutualistas

Cotizar a MUFACE es obligatorio para todos los mutualistas salvo los jubilados y los excedentes voluntarios por cuidado de hijos o familiares. La base es el haber regulador y el tipo lo fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuota mensual se obtiene dividiendo por catorce el resultado anual y se paga doble en junio y diciembre. La obligación de pago prescribe a los cuatro años desde que debieron ingresarse las cuotas, y el derecho a la devolución de ingresos indebidos se ejerce en cuatro años desde que se hicieron efectivas.

Artículo 11. Contingencias protegidas

Los mutualistas y, en su caso, sus familiares o asimilados a cargo están protegidos en cinco contingencias: necesidad de asistencia sanitaria; incapacidad temporal por enfermedad común o profesional o por accidente común o en acto de servicio; incapacidad permanente en esos mismos supuestos; cargas familiares; y la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para trasplante.

Artículo 12. Prestaciones

Prestaciones: asistencia sanitaria; subsidios por incapacidad temporal (incluida la donación de órganos), riesgo en embarazo o lactancia; prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez; pago a quien asiste al gran inválido; indemnizaciones por lesiones; servicios sociales; asistencia social; hijo a cargo minusválido; y parto múltiple. Se pagan solo en cuenta o libreta a nombre del perceptor. En las periódicas o vitalicias anteriores a 2011, el habilitado de Clases Pasivas entrega el importe íntegro y cobra aparte.

Artículo 13. Objeto

La asistencia sanitaria tiene por objeto prestar servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos para conservar o restablecer la salud de los beneficiarios y su aptitud para el trabajo. Además, proporciona los servicios convenientes para completar esas prestaciones y atiende de modo especial a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los incapacitados con derecho a ella.

Artículo 14. Contingencias protegidas

La asistencia sanitaria cubre: la enfermedad común o profesional; las lesiones por accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él (por accidente o riesgo específico del cargo); la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos; y el embarazo, el parto y el puerperio, con la extensión que fijen esta Ley y el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 15. Beneficiarios de asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria se presta a los mutualistas en alta, a los jubilados mutualistas y a sus beneficiarios. El Reglamento General del Mutualismo Administrativo fija quién es beneficiario y la asistencia a viudos y huérfanos. Ser beneficiario de MUFACE es incompatible con ser asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud por otro organismo. MUFACE no atiende a familiares no reconocidos como beneficiarios, salvo al recién nacido de madre mutualista o beneficiaria y en adopción o acogimiento, durante los primeros quince días desde el parto o la decisión correspondiente.

Artículo 16. Contenido de la asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria comprende: atención primaria (incluida la urgente ambulatoria o a domicilio) y especializada (ambulatoria u hospitalaria, con urgencias hospitalarias), con contenido análogo al del Sistema Nacional de Salud; la prestación farmacéutica (fórmulas magistrales, especialidades y efectos y accesorios), en la que los beneficiarios pagan una cantidad porcentual por receta o por medicamento fijada reglamentariamente, con receta oficial establecida por la Mutualidad en papel o electrónica; y las prestaciones complementarias que se determinen reglamentariamente.

Artículo 17. Forma de la prestación

MUFACE presta la asistencia sanitaria directamente o mediante conciertos con entidades o establecimientos públicos o privados, preferentemente con instituciones de la Seguridad Social. No paga los gastos cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, usa servicios médicos distintos de los asignados, salvo en los casos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 18. Contingencias protegidas

Determinan la incapacidad temporal la enfermedad, el accidente y los períodos de observación por enfermedad profesional. Es situación especial de incapacidad temporal la del personal del artículo 3.1 donante de órganos o tejidos, tanto los días de asistencia por la preparación de la cirugía como desde el ingreso hasta el alta por curación. Los permisos por parto, adopción, acogimiento y paternidad del artículo 49 del EBEP no son incapacidad temporal; si al acabar el permiso por parto sigue sin poder incorporarse, se inician las licencias de incapacidad temporal.

Artículo 19. Situación de incapacidad temporal

Hay incapacidad temporal si una enfermedad o lesión impide temporalmente trabajar, o hay observación por enfermedad profesional, con asistencia sanitaria de MUFACE y licencia por enfermedad. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. MUFACE puede controlar la situación desde el inicio con sus Unidades Médicas de Seguimiento: esos reconocimientos son potestativos, pero sus resultados vinculan para conceder o denegar licencias y prórrogas, respetando la intimidad y la confidencialidad.

Artículo 20. Duración y extinción

Duración y extinción, como en el Régimen General, con particularidades. Cada licencia dura lo previsiblemente necesario para curar. Hay nuevo proceso si las enfermedades son distintas o sin relación directa y, en todo caso, tras 6 meses de interrupción de las licencias. Si se prevé incapacidad definitiva, el órgano de jubilación inicia la jubilación por incapacidad permanente. Agotado el plazo máximo del Régimen General, se examina la incapacidad; la calificación puede demorarse sin rebasar ese máximo, prorrogándose la incapacidad temporal.

Artículo 21. Prestación económica

Los tres primeros meses se cobran todas las retribuciones, a cargo del órgano de personal. Desde el cuarto mes: retribuciones básicas, prestación por hijo a cargo y un subsidio fijo de MUFACE, el mayor entre el 80 % de las básicas (más 1/6 de paga extra) y el 75 % de las complementarias, ambos del tercer mes. Por donación de órganos o tejidos, el subsidio es el 100 % de las complementarias. Nunca se supera lo cobrado en el tercer mes, y el derecho se extingue al agotar el plazo máximo del Régimen General.

Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural

El riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de 9 meses se trata como incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional: sin periodo de carencia. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. El reglamento regulará la evaluación médica del riesgo y su acreditación. Los derechos económicos son los del artículo 21, pero el subsidio de MUFACE es el 100 % de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.

Artículo 23. Concepto y grados de la incapacidad permanente

Incapacidad permanente es la del funcionario que, tras el tratamiento y el alta médica, tiene reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad; no la impide una recuperación incierta o a largo plazo, y debe derivar de una incapacidad temporal. Grados: parcial (limita sin llegar a total), total (inhabilita para todas o las fundamentales funciones de su Cuerpo, Escala o plaza), absoluta (inhabilita para toda profesión u oficio) y gran invalidez (absoluta que además necesita ayuda de otra persona para los actos más elementales).

Artículo 24. Efectos de la incapacidad permanente parcial

El funcionario con incapacidad permanente parcial cobra la totalidad de los haberes del puesto de trabajo que efectivamente desempeñe. En los supuestos que señale el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, deberá someterse a procesos de rehabilitación.

Artículo 25. Efectos de la incapacidad permanente total y absoluta

La incapacidad permanente total y la absoluta llevan a la jubilación del funcionario conforme a la legislación en vigor. Si hay posibilidad razonable de recuperación, el funcionario tiene además derecho a prestaciones recuperadoras a cargo de MUFACE.

Artículo 26. Efectos de la gran invalidez

La gran invalidez produce la jubilación del funcionario y le da derecho a una cantidad mensual igual al 50 por 100 de la pensión de jubilación que le corresponda por Clases Pasivas, destinada a pagar a la persona encargada de su asistencia.

Artículo 27. Revisión de las situaciones de incapacidad permanente

La calificación y la revisión de la incapacidad permanente siguen las normas del sistema de derechos pasivos y, cuando proceda, las de rehabilitación de funcionarios de la Administración General del Estado, y producen efectos respecto de todas las prestaciones que puedan derivarse de esa situación. En las incapacidades no previstas en Clases Pasivas, califican los órganos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 28. Lesiones permanentes no invalidantes

Las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio (por accidente o riesgo específico del cargo) que, sin llegar a incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, alteren o disminuyan la integridad física del funcionario dan derecho a cobrar, por una sola vez, las cantidades que fije el reglamento.

Artículo 29. Prestaciones económicas

Las prestaciones familiares son periódicas (hijo a cargo) o de pago único (parto múltiple y nacimiento), e incompatibles con otras análogas de otros regímenes. La de hijo menor de 18 años no minusválido la gestionan las unidades de la antigua ayuda familiar (a pensionistas les paga Clases Pasivas); la de hijo a cargo minusválido la gestiona MUFACE. El subsidio especial por maternidad en parto múltiple es como en el Régimen General, y el pago único por parto múltiple es compatible con él.

Artículo 30. Servicios sociales

La acción protectora de este Régimen puede incluir los servicios sociales del Sistema de la Seguridad Social, siempre que las contingencias que atiendan no estén cubiertas por otras prestaciones. Su incorporación se decide por Orden ministerial (el texto cita al Ministro de Administraciones Públicas), previo informe del ministerio de trabajo y asuntos sociales, y en ella se regulan su alcance y su régimen financiero.

Artículo 31. Asistencia social

MUFACE dispensa servicios y auxilios económicos ante estados y situaciones de necesidad. Su límite son los créditos consignados en su presupuesto de gastos, y su concesión no puede comprometer recursos del ejercicio siguiente. Las ayudas incluyen, entre otras, las de tratamientos o intervenciones especiales excepcionales por un facultativo, las debidas a falta o insuficiencia de prestaciones, los gastos urgentes de importancia extraordinaria justificados y otras análogas no reguladas. Son independientes de las del artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Artículo 32. Beneficiarios

Pueden acogerse a las prestaciones de servicios sociales y asistencia social (sección 5.ª), siempre que reúnan las condiciones exigidas en cada caso, todos los mutualistas y los beneficiarios que el reglamento determine para cada prestación.

Artículo 33. Régimen financiero

Salvo las excepciones de sus normas reguladoras, el sistema financiero del Régimen especial es de reparto, con cuota revisable periódicamente. Cuando la naturaleza de las prestaciones lo requiera, se constituirán fondos de garantía para cubrir posibles déficit de cotización o casos anormales de siniestralidad.

Artículo 34. Recursos económicos

Los recursos económicos de MUFACE son: las aportaciones del Estado del artículo 35; las cuotas de los mutualistas; las subvenciones estatales y otros recursos públicos que le correspondan; los bienes, derechos y acciones de las Mutualidades y Montepíos integrados en su Fondo especial; los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales; y cualesquiera otros recursos privados obtenidos para sus fines.

Artículo 35. Aportaciones y subvenciones estatales

El Estado consigna de modo permanente en sus presupuestos las aportaciones anuales a MUFACE para financiar las prestaciones del artículo 12, salvo la de hijo a cargo minusválido (letra h). Su cuantía se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como porcentaje sobre los haberes reguladores. Aparte se consignan subvenciones para las prestaciones por hijo a cargo minusválido y para el déficit del Fondo especial; las aportaciones son independientes de estas y de otras subvenciones.

Artículo 36. Régimen patrimonial

El régimen patrimonial de MUFACE es el del artículo 48 de la Ley 6/1997, y puede disponer de sus bienes patrimoniales propios que resulten innecesarios para sus fines. En lo no regulado allí, su patrimonio se rige por esta Ley y su desarrollo y, en defecto de estas, por la legislación del Patrimonio del Estado; las competencias que esa legislación atribuye a Hacienda y a la Dirección General del Patrimonio se entienden referidas al ministerio del que depende MUFACE y a su Dirección General, sin perjuicio de delegaciones y de las competencias del Consejo General de MUFACE.

Artículo 37. Recursos y régimen jurisdiccional

Los actos del Director general de MUFACE no agotan la vía administrativa: cabe alzada ante el ministro (el texto cita el de Administraciones Públicas) y, después, contencioso. Agotan la vía las resoluciones de los párrafos a) y b) del artículo 109 de la Ley 30/1992 y las del Director general en materia de personal: contra ellas, reposición potestativa y contencioso. La revisión sigue el artículo 118 de esa Ley. Las reclamaciones previas civiles y laborales las resuelve el Director general.

Artículo 1. Régimen de Clases Pasivas del Estado

Por el Régimen de Clases Pasivas, el Estado protege al personal del artículo 2 frente a tres riesgos: vejez, incapacidad, y muerte y supervivencia. Para el personal de las letras a), b), c), f), g) y h) del artículo 2.1, este Régimen es uno de los mecanismos de cobertura de los Regímenes Especiales de Seguridad Social creados por las Leyes 28/1975 y 29/1975, de 27 de junio, y el Real Decreto-ley 16/1978, de 7 de junio.

Artículo 2. Ámbito personal de cobertura

Enumera el personal cubierto por el Régimen de Clases Pasivas: funcionarios de carrera civiles del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales si su legislación lo prevé; personal militar de carrera; ciertos interinos; personal transferido a las Comunidades Autónomas; funcionarios en prácticas y alumnos militares desde su promoción; ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros y otros cargos del artículo 51, entre otros. Este ámbito solo puede ampliarse o restringirse por Ley.

Artículo 3. Legislación reguladora

Reparte la legislación aplicable según la fecha. Por el título I se rigen, entre otros, los funcionarios que después del 31-12-1984 no hubieran sido jubilados o retirados antes de esa fecha, los funcionarios en prácticas desde el 1-1-1986, los alumnos militares desde el 1-1-1985 y los interinos con hecho causante posterior al 31-12-1985. Los derechos anteriores se rigen por la legislación vigente a 31-12-1984, con las modificaciones del título II.

Artículo 4. Gestión unitaria del Régimen de Clases Pasivas del Estado

De acuerdo con el artículo 25.3 de la Ley 12/1983, del Proceso Autonómico, el Régimen de Clases Pasivas del Estado se gestiona de forma unitaria por los órganos de la Administración del Estado que correspondan según la legislación aplicable a cada derecho. Ello no afecta a las obligaciones que contraen las Comunidades Autónomas respecto del personal del Estado transferido y adscrito a su servicio, enumeradas en los artículos 13.1.c), 23.3 y 28.3.c).

Artículo 5. Legalidad en la materia

Rige el principio de legalidad: solamente una Ley puede establecer derechos pasivos distintos de los recogidos en el texto refundido, y también solo por Ley pueden ampliarse, mejorarse, reducirse o alterarse los derechos pasivos ya recogidos en él.

Artículo 6. Naturaleza

Los derechos pasivos son inembargables, irrenunciables e inalienables: no pueden ser objeto de cesiones, convenios ni contratos, y solo nacen, se transmiten y se extinguen por las causas del texto. Además son imprescriptibles, aunque sus efectos pueden caducar en los términos del artículo 7.

Artículo 7. Ejercicio

El reconocimiento de derechos pasivos lo instan los propios interesados o sus representantes legales, por sí o mediante mandatario, salvo los casos en que el reglamento prevea la incoación de oficio. Puede pedirse desde el día siguiente al hecho causante, pero los efectos económicos tienen una retroactividad máxima de tres meses, contados desde el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

Artículo 8. Sucesión en el ejercicio

Si el interesado fallece durante el procedimiento y parte legítima pide continuarlo, se resuelve y lo devengado se abona a los herederos por derecho civil. Los haberes devengados y no percibidos por un beneficiario fallecido se pagan a sus herederos a instancia de parte legítima; resuelven los servicios de Clases Pasivas, y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social puede dictar instrucciones. La solicitud debe hacerse en cinco años desde el día siguiente al fallecimiento; después, el derecho prescribe.

Artículo 9. Derecho de opción por razón de incompatibilidad

Cuando una persona tenga derecho a cobrar más de una prestación de Clases Pasivas, o una de estas y otra del sistema público de protección social, y sean incompatibles en su percibo simultáneo, o cuando, disfrutando de una, adquiera derecho a otra incompatible, el interesado puede optar por cobrar la prestación que estime más conveniente.

Artículo 10

Artículo 11. Competencia para el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce los derechos pasivos y concede las prestaciones de Clases Pasivas causadas por el personal del artículo 3.1, en su favor o en el de sus familiares. Si vence el plazo máximo para resolver y notificar sin resolución expresa, la petición se entiende desestimada por silencio administrativo. Quedan a salvo las funciones de los Servicios Jurídicos, Fiscales o Intervenciones Delegadas.

Artículo 12. Competencia para el pago de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce las obligaciones, propone los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas y administra y dispone de sus créditos. La Tesorería General de la Seguridad Social ordena el pago de esas prestaciones y realiza su pago material.

Artículo 13. Competencia para el reconocimiento de servicios

El reconocimiento de servicios a efectos de Clases Pasivas corresponde a distintos órganos según dónde se prestaron: en la Administración Civil, a los Subsecretarios (servicios centrales) o a los Delegados del Gobierno o Gobernadores civiles (periféricos); en la militar, al Consejo Supremo de Justicia Militar; en las Administraciones Territoriales, a sus autoridades de personal; en Justicia, al CGPJ o a la Dirección General correspondiente del Ministerio de Justicia. El cómputo de los servicios reconocidos es competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Artículo 14. Revisión de actos administrativos por vía de recurso

Los acuerdos del Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de Clases Pasivas ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; antes puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el propio Instituto. No son recursos las solicitudes de reconocimiento o modificación basadas en la desaparición de una incompatibilidad o en hechos o derechos no tenidos en cuenta o inexistentes al dictar el acuerdo primitivo.

Artículo 15. Revisión de oficio de actos administrativos en materia de Clases Pasivas

La revisión de oficio de actos de Clases Pasivas se ajusta a los artículos 109 a 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y sus normas de adaptación militar. La Administración puede reformar en cualquier tiempo, por acuerdo motivado, los actos revisables, condicionales o provisionales que resulten indebidos, si ese carácter consta en el acto o en una disposición general. También puede revisar en cualquier momento la prestación en favor de familiares si el beneficiario es condenado por sentencia firme por homicidio doloso del causante, y reclamar lo percibido.

Artículo 16. Reintegro al Tesoro Público de las cantidades indebidamente percibidas

Lo cobrado indebidamente por los beneficiarios de prestaciones de Clases Pasivas se reintegra según la normativa de reintegro de prestaciones indebidas de la Seguridad Social. Si el perceptor sigue cobrando esa prestación u otra de clases pasivas, puede acordarse el pago de la deuda con cargo a sus sucesivas mensualidades de pensión. No puede exigirse el reintegro sin revisar o reformar antes el acto que originó el pago.

Artículo 17. Interdicción de declaraciones preventivas

Están prohibidas las declaraciones preventivas de derechos pasivos: no proceden en ningún caso si se solicitan antes de que ocurra el hecho causante, ni cuando el eventual titular no reúna todos los requisitos que exige el texto para ser titular de esos derechos.

Artículo 18. Prestaciones de Clases Pasivas

El personal del artículo 3.1, al ser jubilado o retirado, o al fallecer o ser declarado fallecido, causa derecho a prestaciones en su favor o en el de sus familiares, con los requisitos del texto. Estas prestaciones son exclusivamente de carácter económico y pago periódico y consisten en pensiones de jubilación o retiro, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres.

Artículo 19. Clases de pensiones

Las pensiones son ordinarias si el hecho causante se produce en circunstancias ordinarias, y extraordinarias si se debe a lesión, muerte o desaparición en acto de servicio o como consecuencia de él. Las prestaciones reconocidas por Ley a favor de persona determinada dan lugar a pensiones excepcionales, que se rigen primero por su Ley de concesión y, en lo no previsto, por el texto refundido.

Artículo 20. Devengo de las pensiones

Las pensiones se devengan desde el primer día del mes siguiente: al de la jubilación o retiro, en las de jubilación; al del fallecimiento del causante, en las de viudedad y orfandad. En las pensiones en favor de padres, desde el mes siguiente al fallecimiento del causante si no hay cónyuge viudo ni huérfanos con aptitud legal para cobrar, o desde el mes siguiente a la muerte o pérdida de aptitud de estos si existen. Todo ello sin perjuicio de la caducidad del artículo 7.2.

Artículo 21. Embargo de las pensiones y suspensión de su pago

Las pensiones solo pueden embargarse en los casos, proporción y preferencia de las leyes civiles; el juez debe expresar que no hay otros bienes preferentes y que no se excede la porción embargable. Puede suspenderse el pago si el titular, requerido individualmente, incumple deliberadamente el requerimiento. Quien cobre complementos condicionados a residir en España puede ser citado; si no comparece o no aporta la documentación, el complemento se suspende cautelarmente, y si lo hace pasados más de 90 días, puede rehabilitarse con retroactividad máxima de 90 días.

Artículo 22. Percepciones anejas a las pensiones de Clases Pasivas

Con la pensión se cobran las prestaciones de ayuda familiar que correspondan. Además de las doce mensualidades ordinarias hay dos extraordinarias, que se devengan el primer día de junio y de diciembre y se pagan en la nómina de esos meses; tienen la misma cuantía que las ordinarias. En la primera paga tras el arranque o la rehabilitación, y en la siguiente al fallecimiento o pérdida del derecho, se abona una sexta parte por cada mes. Las pensiones compatibles con otras o con salarios públicos lo son en devengos ordinarios y extraordinarios.

Artículo 23. Cuota de derechos pasivos

El personal del artículo 3.1 paga una cuota de derechos pasivos del 3,86 por 100 del haber regulador; es del 1,93 por 100 para el militar profesional que no sea de carrera y el de Escalas de Complemento o Reserva Naval, salvo que haya cubierto la carencia o proceda de Escalas Profesionales. La cuota mensual es la anual dividida entre catorce y se paga doble en junio y diciembre. Se retiene en nómina. Corresponde al Gobierno establecer en lo sucesivo los tipos porcentuales.

Artículo 24. Reglas sobre nacionalidad

Perder la nacionalidad española no hace perder al personal del artículo 3.1 los derechos pasivos que haya causado para sí o para sus familiares. Tampoco pierden sus derechos pasivos los familiares de ese personal que no tengan la nacionalidad española o la pierdan.

Artículo 25. Incompatibilidad interna de pensiones

Es incompatible cobrar a la vez más de tres pensiones ordinarias de Clases Pasivas (jubilación, viudedad, orfandad o en favor de los padres) causadas por personas diferentes. Y es incompatible cobrar a la vez dos o más pensiones ordinarias causadas por la misma persona, en su favor o en el de sus familiares.

Artículo 26. Principio de no duplicidad de cobertura

Quien cause pensión en un Régimen de la Seguridad Social y también en Clases Pasivas por una única prestación de servicios a la Administración debe optar por la que considere más conveniente, sin cobrar ambas. Si opta por la pensión ajena a Clases Pasivas pero acredita otro periodo de servicios no simultáneo, cobra de Clases Pasivas lo que se deduzca exclusivamente de ese periodo.

Artículo 27. Revalorización de pensiones, complementos económicos y limitaciones en el crecimiento de las mismas

Las pensiones de clases pasivas, incluida la mínima, y los haberes reguladores mantienen su poder adquisitivo. Se revalorizan al comienzo de cada año según el valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior; si ese valor es negativo, no varían. Las que no alcancen el mínimo de la Ley de Presupuestos pueden complementarse si el beneficiario reside en España, con el tope de la pensión no contributiva de jubilación e invalidez.

Artículo 28. Hecho causante de las pensiones

El hecho causante es la jubilación o retiro, que puede ser: forzosa, al cumplir la edad legal (con posible prórroga si se tienen 12 años de servicios y faltan para los 15 de carencia); voluntaria, a instancia de parte, con 60 años de edad y 30 de servicios efectivos, o antes si una Ley lo prevé; o por incapacidad permanente para el servicio. La acuerdan, según los casos, el Subsecretario, el Delegado del Gobierno, la Consejería de Función Pública, el Ministro de Defensa (retiros), el CGPJ y otros órganos.

Artículo 29. Período de carencia

Para causar en su favor derecho a la pensión ordinaria de jubilación o retiro, el personal comprendido en este capítulo debe haber completado quince años de servicios efectivos al Estado. Es el periodo de carencia.

Artículo 30. Haberes reguladores

Los haberes reguladores se fijan cada año en la Ley de Presupuestos. Para el personal ingresado después del 1-1-1985 se asignan según el grupo de clasificación por titulación del Cuerpo o Escala; para el ingresado antes, según el índice de proporcionalidad y grado o índice multiplicador a 31-12-1984. Los servicios en jornada reducida durante un año o más minoran proporcionalmente el haber regulador. Las pensiones anejas a cruces, medallas y recompensas no lo incrementan.

Artículo 31. Cálculo de pensiones

Si siempre se ha servido en el mismo Cuerpo, la pensión anual es el haber regulador por el porcentaje de la tabla según los años completos de servicio (100 % con 35 o más). Si se ha servido en varios, se aplica la fórmula P = R1C1 + (R2-R1)C2 + … En la incapacidad permanente se suman los años que faltaban para la jubilación forzosa, salvo excedencia voluntaria o suspensión firme. La pensión mensual es la anual dividida entre catorce. Pueden excluirse periodos que rebajen la pensión.

Artículo 32. Servicios efectivos al Estado

Son años de servicio efectivo al Estado, entre otros: el servicio activo; los servicios especiales, excedencia forzosa y situaciones asimilables; los servicios previos de la Ley 70/1978 no computados en otro régimen; los reconocidos por indulto y amnistía; las cotizaciones a otros regímenes no simultáneas; el tiempo en prácticas o como alumno militar, con un máximo de tres; y los reconocidos por convenio internacional. No cuenta el servicio militar obligatorio ni la prestación social sustitutoria. La lista es taxativa.

Artículo 33. Incompatibilidades

La pensión de jubilación o retiro es incompatible con un puesto o alto cargo en el sector público y con actividades que den alta en la Seguridad Social. Si es forzosa y se accede al menos un año después de la edad, cabe la jubilación activa: 45 % con un año de demora, 55 % con dos, 65 % con tres, 80 % con cuatro y 100 % con cinco, más 5 puntos por cada 12 meses. La actividad artística es compatible. En incapacidad no total, se reduce al 75 % o al 55 % según se superen o no 20 años de servicios.

Artículo 34. Hecho causante de las pensiones

Las pensiones en favor de familiares se causan con el fallecimiento. La declaración de ausencia legal no basta: los derechos nacen con la declaración de fallecimiento y se retrotraen a la fecha de muerte fijada por el juez. Pero si el ausente cobraba jubilación o tenía derecho a ella, los familiares pueden obtener la pensión con carácter provisional desde el día 1 del mes siguiente al de la declaración de ausencia legal. Si reaparece el declarado fallecido, los efectos cesan desde el mes siguiente a que la Administración lo sepa con certeza.

Artículo 35. No exigencia de período de carencia

Para que los familiares del personal comprendido en este capítulo causen sus derechos pasivos (pensiones ordinarias en favor de familiares) no se exige ningún período de carencia: basta con el fallecimiento, sin que el causante tenga que haber completado ningún periodo mínimo de prestación de servicios efectivos al Estado.

Artículo 36. Igualdad jurídica

Igualdad jurídica en Clases Pasivas: la mujer causa en favor de sus familiares los mismos derechos que el varón. Los familiares del causante tienen los mismos derechos cualquiera que sea su sexo o filiación, y la adquisición y pérdida de esos derechos se condicionan por iguales circunstancias en todos los casos.

Artículo 37. Concurrencia con derechohabientes desconocidos o sobrevenidos

Si, ya señaladas las pensiones de familiares, aparecen nuevos derechohabientes, sus efectos económicos se cuentan solo desde el primer día del mes siguiente a su solicitud; lo anterior lo pueden reclamar ante la jurisdicción ordinaria. Los titulares iniciales reintegran lo percibido en más desde esa fecha. No obstante, sin perjuicio de la caducidad del art. 7.2, la Administración abona al nuevo titular las diferencias entre el nacimiento del derecho y los efectos del nuevo señalamiento.

Artículo 37 bis. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares

Sin perjuicio de la disposición adicional primera de la LO 1/2004, no puede ser beneficiario de las prestaciones en favor de familiares quien sea condenado por sentencia firme por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas contra el causante. La Administración puede revisar de oficio y en cualquier momento el reconocimiento y el condenado devuelve lo cobrado; al iniciar la revisión se acuerda, si no se hizo antes, la suspensión cautelar del percibo hasta la resolución.

Artículo 37 ter. Suspensión cautelar del abono de las prestaciones en favor de los familiares, en determinados supuestos

El INSS suspende cautelarmente las prestaciones a favor de familiares si hay resolución judicial con indicios de homicidio doloso del causante por el beneficiario, desde el día 1 del mes siguiente a la comunicación, y hasta sentencia o resolución firme. Si hay condena: revisión y reintegro (art. 37 bis). Si no: se rehabilita el pago. La absolución recurrida alza la suspensión hasta sentencia firme. Durante la suspensión, las demás pensiones se fijan provisionalmente como si no existiera esa persona.

Artículo 37 quáter. Abono de las pensiones en favor de familiares en determinados supuestos

Si hay beneficiarios menores o incapacitados judicialmente cuya patria potestad o tutela tiene una persona con resolución judicial de indicios racionales de criminalidad o sentencia condenatoria firme por homicidio doloso, la pensión no se le abona a esa persona. El INSS comunica al Ministerio Fiscal la pensión y esas resoluciones para que inste medidas; adoptadas estas, la Administración le comunica también el fin del proceso penal y la firmeza o no de la resolución.

Artículo 38. Condiciones del derecho a la pensión

Viudedad: la cobra el cónyuge supérstite. Si la muerte es por enfermedad común previa al matrimonio, se exige un año de matrimonio, salvo hijos comunes o convivencia previa que sumada supere dos años; si falta, prestación temporal de igual cuantía durante dos años. Separados o divorciados: necesitan pensión compensatoria (salvo víctimas de violencia de género); con concurrencia, reparto por tiempo convivido con el 40 % garantizado al cónyuge o pareja actual. Pareja de hecho: cinco años de convivencia (salvo hijos comunes) e inscripción o documento público con dos años de antelación.

Artículo 39. Cálculo de la misma

La base reguladora de la viudedad es la pensión de jubilación o retiro del fallecido (la señalada, actualizada, o la teórica a la edad de jubilación forzosa); si murió en excedencia voluntaria o suspensión firme, solo cuentan los servicios hasta ese pase. Porcentaje: 50 % (25 % si había pensión extraordinaria por inutilidad en acto de servicio), incrementado en 8 o 4 puntos si el beneficiario tiene 65 años o más, no tiene otra pensión pública, no trabaja y no supera el límite de rentas de la pensión mínima. No caben ayudas o subsidios de Clases Pasivas.

Artículo 40

Artículo 41. Condiciones del derecho a la pensión

Pensión de orfandad: hijos menores de 21 años o incapacitados para todo trabajo antes de esa edad o del fallecimiento, haya o no cónyuge supérstite. Hasta 25 años si no trabajan o sus ingresos anuales no llegan al SMI (con estudios, hasta el día 1 del mes siguiente al inicio del siguiente curso). Incapacidad antes de 25: vitalicia. La adopción extingue la pensión desde el día 1 del mes siguiente a la resolución, salvo hijos de víctima de violencia sobre la mujer, cuya pensión solo se suspende si las rentas por miembro superan el 75 % del SMI.

Artículo 42. Cálculo de la misma

Base reguladora de la orfandad: la pensión de jubilación o retiro del fallecido (reglas del art. 39.1 y 2). Porcentaje por pensión: 25 % si hay un solo hijo; 10 % si hay varios, más el prorrateo por cabeza de un único 15 %. Tras pensión extraordinaria por inutilidad en acto de servicio: 12,50 %, 5 % y 7,50 %. Tope conjunto: 50 % o 100 % según haya o no cónyuge (25 % o 50 % si la jubilación fue extraordinaria por acto de servicio). Sin acrecimiento. Hijos de víctimas de violencia contra la mujer: incremento de orfandad absoluta y conjunto hasta el 118 %.

Artículo 43. Incompatibilidades

La pensión de orfandad es incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, entendido según el art. 1.1, párrafo segundo, de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades, con las excepciones del art. 33.1 de este texto. Además se aplican a la orfandad los números 1, 4 y 5 del art. 33.

Artículo 44. Condiciones del derecho a la pensión

Pensión en favor de los padres: la tienen, indistintamente, el padre y la madre del causante, si dependían económicamente de él al fallecer y no hay cónyuge supérstite ni hijos con derecho a pensión. Si los hay, los padres solo la tienen desde que fallece el cónyuge o el último hijo con derecho, o desde que el último beneficiario pierde la aptitud para ser pensionista. La relación paterno-filial incluye la matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva.

Artículo 45. Cálculo de la misma

La base reguladora de la pensión en favor de los padres es la pensión de jubilación o retiro del causante (reglas del art. 39.1 y 2). A cada pensión se aplica el 15 %, o el 7,5 % si el funcionario falleció tras ser declarado inutilizado en acto de servicio con pensión extraordinaria señalada. Si uno de los padres fallece o cesa, su pensión no acrece la del otro. No se abonan con ella ayudas ni subsidios (art. 39.4).

Artículo 46

Artículo 47. Pensiones extraordinarias y hecho causante de las mismas

Las pensiones extraordinarias son de jubilación o retiro y de viudedad, orfandad o a favor de los padres. Las causa la incapacidad o inutilidad, o el fallecimiento, por accidente o enfermedad en acto de servicio o como consecuencia del mismo; la enfermedad debe constar adquirida directamente en acto de servicio o por la naturaleza del servicio. El INSS tiene competencia exclusiva para conceder o no la pensión, sin perjuicio de la del Ministerio de Defensa sobre el acto de servicio. Se presume el acto de servicio, salvo prueba en contrario, si ocurre en el lugar y tiempo de trabajo.

Artículo 48. Condiciones para el disfrute de las pensiones extraordinarias

La pensión extraordinaria de jubilación o retiro se causa sea cual sea el tiempo de servicios prestados. Las extraordinarias en favor de familiares corresponden al cónyuge viudo, huérfanos o padres con la aptitud de los arts. 38, 41 y 44, sin período mínimo de servicio. Si derivan de terrorismo, la orfandad alcanza a hijos menores de 23 años o incapacitados antes; hasta 25 si no trabajan o sus ingresos no llegan al SMI; y es permanente si se incapacitan entre los 23 y los 25. Rigen las incompatibilidades de los arts. 33 y 43.

Artículo 49. Cuantía de las pensiones y cálculo de las mismas

La pensión extraordinaria de jubilación se calcula como la ordinaria (arts. 30 y 31), contando como servidos los años completos que faltaban hasta la jubilación forzosa y tomando los haberes reguladores al 200 %. En favor de familiares, igual (arts. 39, 42 y 45) con la base reguladora al 200 %. Por terrorismo: 200 % del haber regulador para el causante y 200 % de la pensión ordinaria para los familiares; si concurren cónyuge e hijos, la mitad al cónyuge y la otra mitad a partes iguales entre los hijos, con derecho de acrecer. No se suman indemnizaciones, ayudas ni subsidios de Clases Pasivas.

Artículo 50. Régimen de las pensiones extraordinarias

Las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas son incompatibles con las ordinarias que sus beneficiarios pudieran pedir por los mismos hechos causantes. Las originadas en terrorismo son además incompatibles con las extraordinarias que, por los mismos hechos y sin su motivación terrorista, pudieran corresponder. Las de terrorismo no están sujetas a las normas limitativas del número 3 del artículo 27.

Disposición adicional tercera. Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos y de otro personal de nuevo ingreso

Con efectos de 1 de enero de 2011, el personal del art. 2.1 de la Ley de Clases Pasivas (salvo la letra i) que acceda a su condición desde esa fecha entra obligatoriamente en el Régimen General. Se respetan la edad de jubilación forzosa y los tribunales médicos de cada colectivo, lo propio del militar no permanente y las pensiones extraordinarias de Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Quien estaba en Clases Pasivas a 31-12-2010 y pasa sin solución de continuidad a otro Cuerpo de ese régimen sigue en él, igual que el personal de la letra i).