Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

Artículo 429

Libro II. Delitos y sus penas›Título XIX. Delitos contra la Administración pública›Capítulo VI. Del tráfico de influencias

En pocas palabras

El particular que influye en un funcionario o autoridad prevaliéndose de su relación personal con éste o con otro funcionario, para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico propio o ajeno, es castigado con prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido y prohibición de contratar con el sector público, más la pérdida de subvenciones y ayudas públicas y de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, por seis a diez años. Si obtiene el beneficio, penas en su mitad superior.

Explicación sencilla

Extiende el tráfico de influencias al particular. Como no tiene cargo que perder, en lugar de la inhabilitación para empleo público se le aparta de la contratación pública, de las subvenciones y de los beneficios fiscales y de la Seguridad Social, y las penas suben a su mitad superior si consigue el beneficio.

Regla mnemotécnica

Particular que influye: sin cargo que perder, pierde al sector público (contratos, subvenciones, incentivos) de 6 a 10 años.

Trampa típica de examen

Imponer al particular la inhabilitación especial para empleo o cargo público: su pena es la prohibición de contratar con el sector público y la pérdida de subvenciones y beneficios fiscales y de la Seguridad Social.

Texto del artículo 429 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

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