Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

Artículo 412

Libro II. Delitos y sus penas›Título XIX. Delitos contra la Administración pública›Capítulo III. De la desobediencia y denegación de auxilio

En pocas palabras

Requerido por autoridad competente, el funcionario que no presta el auxilio debido a la Administración de Justicia u otro servicio público: multa de 3 a 12 meses y suspensión de 6 meses a 2 años; si es autoridad, jefe o responsable de fuerza pública o agente: multa de 12 a 18 meses y suspensión de 2 a 3 años. Requerido por un particular para evitar un delito: contra la vida, multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial de 3 a 6 años; contra integridad, libertad sexual, salud o libertad, multa de 12 a 18 meses y suspensión de 1 a 3 años; otro delito o mal, multa de 3 a 12 meses y suspensión de 6 meses a 2 años.

Explicación sencilla

Gradúa la denegación de auxilio según quién lo pide y para qué. Si lo pide la autoridad competente, agrava la pena cuando el requerido es autoridad, mando de fuerza pública o agente; si lo pide un particular, la pena crece con la gravedad del delito que se quería evitar.

Regla mnemotécnica

Escalera del particular: vida, 18-24 + inhabilitación 3-6; integridad, libertad sexual, salud o libertad, 12-18 + suspensión 1-3; lo demás, 3-12 + suspensión de 6 meses a 2 años.

Trampa típica de examen

Aplicar inhabilitación especial a todos los casos de requerimiento de un particular: solo la lleva el delito contra la vida; en los demás la pena es de suspensión.

Texto del artículo 412 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años. 3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años. En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

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