Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

Artículo 410

Libro II. Delitos y sus penas›Título XIX. Delitos contra la Administración pública›Capítulo III. De la desobediencia y denegación de auxilio

En pocas palabras

Las autoridades o funcionarios que se niegan abiertamente a cumplir resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas en su competencia y con las formalidades legales, incurren en multa de tres a doce meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años. No hay responsabilidad criminal por incumplir un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

Explicación sencilla

Es el delito de desobediencia. Solo castiga la negativa abierta a cumplir órdenes dictadas dentro de la competencia y con las formalidades legales, y deja a salvo a quien no cumple un mandato que infrinja de forma manifiesta, clara y terminante la Ley o una disposición general.

Regla mnemotécnica

Puede desobedecerse la orden MCT: Manifiesta, Clara y Terminantemente contraria a la Ley o a una disposición general.

Trampa típica de examen

Creer que basta con que el mandato sea ilegal para incumplirlo sin responsabilidad: el texto exige una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

Texto del artículo 410 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

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