Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

Artículo 407

Libro II. Delitos y sus penas›Título XIX. Delitos contra la Administración pública›Capítulo II. Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos

En pocas palabras

La autoridad o funcionario que abandona su destino para no impedir o no perseguir delitos de los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta de seis a diez años. Si es para no impedir o no perseguir cualquier otro delito: inhabilitación especial de uno a tres años. Las mismas penas, respectivamente, si el abandono busca no ejecutar las penas de estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente.

Explicación sencilla

Castiga el abandono de destino con un fin concreto: no impedir, no perseguir o no ejecutar las penas de delitos. Tiene dos escalas según el delito: la grave, con prisión e inhabilitación absoluta, para los Títulos XXI a XXIV, y otra solo con inhabilitación especial para los demás.

Regla mnemotécnica

Títulos XXI a XXIV: cárcel 1-4 + inhabilitación absoluta 6-10. Otro delito: solo inhabilitación especial 1-3.

Trampa típica de examen

Aplicar prisión a todo abandono de destino: si se hace para no impedir o no perseguir un delito distinto de los de los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV, la pena es solo inhabilitación especial de uno a tres años.

Texto del artículo 407 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

1. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 2. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente.

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