Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

Artículo 440

Libro II. Delitos y sus penas›Título XIX. Delitos contra la Administración pública›Capítulo IX. De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función

En pocas palabras

Se castiga a quienes se conduzcan como en el artículo anterior: peritos, árbitros y contadores partidores respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación intervinieron; tutores, curadores o albaceas respecto de los bienes de sus pupilos o testamentarías; y administradores concursales respecto de la masa del concurso. Pena: multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, de tres a seis años, salvo pena mayor en otro precepto.

Explicación sencilla

Extiende la prohibición de negociar con lo que se gestiona a personas que no son funcionarios, pero que intervienen sobre bienes ajenos por su función. El artículo cede si la conducta tiene mayor pena en otro precepto del Código.

Regla mnemotécnica

Tres grupos: tasan o reparten (peritos, árbitros, contadores partidores), cuidan (tutores, curadores, albaceas) y liquidan (administradores concursales). Pena: multa 12-24 e inhabilitación 3-6.

Trampa típica de examen

Castigar a estas personas con prisión: el artículo solo prevé multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial de tres a seis años.

Texto del artículo 440 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

Los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto en el artículo anterior, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías, y los administradores concursales respecto de los bienes y derechos integrados en la masa del concurso, serán castigados con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, por tiempo de tres a seis años, salvo que esta conducta esté sancionada con mayor pena en otro precepto de este Código.

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